Debate de control político de seguimiento a la Ley 1788 de 2016 -prima a las trabajadoras domésticas

Bogotá, octubre 4 de 2017

 

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, denunció hoy en debate de control político de seguimiento a la Ley 1788 de 2016 -prima a las trabajadoras domésticas - que el Ministerio de Trabajo, no presenta avances significativos en la puesta en marcha de la ley, no existe una estrategia real de formalización laboral, tampoco campañas de difusión y cambio cultural requeridas por la norma y que apuntan a dignificar la condición laboral y a proteger derechos de las trabajadoras domésticas.

 

“Es evidente la falta de voluntad política del Ministerio de Trabajo que no avanzó siquiera en la puesta en marcha de la mesa de seguimiento a la ley y que según ha indicado el propio Ministerio sólo ha sesionado una vez en todo el año. Es infame sabiendo que el sector del trabajo doméstico es de mujeres afro, desplazadas y campesinas en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza”, dijo la representante Robledo.

 

Cifras del Ministerio de Trabajo indican que, durante la vigencia de la Ley, el pago de prima pasó del 15,2% al 25,5%, es decir, que sólo se aumentó 11 puntos porcentuales en un año.

 

En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo -con estimaciones a partir de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE- entre abril de 2016 y marzo de 2017, aproximadamente 680 mil personas se encontraban ocupadas en servicio doméstico remunerado. De éstas, el 94.6% corresponde a mujeres, y el 5.2% a hombres.

 

“Ha sido una Ley sin impacto, sin medidas para su cumplimiento, sin difusión y sin pedagogía. Del total de trabajadoras sólo 3,8% perciben prima de servicios, datos que no son en realidad verificables”, denunció María Roa de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD).

 

Adicional a lo anterior, persiste baja afiliación al sistema integral de seguridad social en el régimen contributivo - 103.814 personas en promedio entre enero y febrero de 2017-, dificultades para acceder a la información sobre afiliaciones y un pobre cubrimiento del Subsidio Familiar. De acuerdo con Roa sólo 108.864 trabajadoras del servicio doméstico se encontraban afiliadas a mayo de 2017.

 

La congresista Robledo se unió a la voz de las trabajadoras domésticas para solicitar a los ministerios de Trabajo y Salud asumir el cumplimiento de la ley y tomar las medidas del caso para promover una cultura de cumplimiento y de respeto por los derechos laborales de las empleadas domésticas, así como poner a funcionar los mecanismos que previó la Ley para hacer vigilancia, control y pedagogía.

 

Al debate que contó con el apoyo de (UTRASD), la Coordinación Intersindical de Trabajadoras Domésticas, la Escuela Nacional Sindical (ENS), la Fundación Bien Humano, la Mesa de Economía del Cuidado y Fescol, asistieron el Ministros de Trabajo, Fredys Socarrás y la Viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila.

 

Aquí debate: Hacia la garantía de los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos

<http://www.angelarobledo.com/presentacion-debate-control-politico-a-ley-prima-trabajo-domestico-4-de-octubre-de-2017/>

 

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Colombia segundo país del mundo en asesinatos a defensores de derechos ambientales

Bogotá, agosto 25 de 2017

Así lo denunciaron desde el Congreso de la República los representantes a
la Cámara Ángela María Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe
Muñoz (Polo Democrático Alternativo) durante la audiencia pública “Rol
de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre derecho a la
información, participación y justicia ambiental” - Principio 10
Declaración de Río-, citada por los congresistas en coordinación con el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CENSAT Agua Viva, Universidad
de Medellín - Clínica Jurídica de Interés Público y CELEAM.

Según los legisladores la cifra corresponde al informe de Global Witness
(2017) que incluye a Colombia como el segundo país más peligroso en el
mundo para el ejercicio de la defensa de derechos ambientales. La cifra es
preocupante frente a la cada vez mayor conflictividad que se presenta en
los territorios por la defensa del ambiente y contra la exploración y
explotación de recursos minero energéticos en contra de la vida, la salud
y el ambiente de las comunidades.

108 líderes y activistas de todo el mundo suscribieron en 1992 la
Declaración de Rio con el fin de establecer una alianza mundial a favor
del desarrollo sostenible y promover los derechos de acceso a la
información, participación y justicia en asuntos ambientales. En el 2012,
países de Latinoamérica y el Caribe firmaron la Declaración de la
Aplicación del Principio 10, como compromiso para negociar un Acuerdo
Regional vinculante que establecerá las normas mínimas para garantizar el
derecho de acceso a la información, a la participación y el acceso a la
justicia, todos en materia ambiental.

Actualmente 24 países se han sumado a la negociación de este acuerdo con
el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo: “El Estado
colombiano ha demostrado su falta de interés en garantizar un pleno
ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y
la justicia en materia ambiental. Tenemos que estar vigilantes de lo pasa
con la extracción en los territorios en proceso de pos acuerdo. Aquí
tenemos que hacer reformas en minga desde abajo, por la izquierda y con la
tierra”, aseguró.

Por su parte el representante Alirio Uribe afirmó que: “El gobierno
colombiano ha evadido sistemáticamente estos compromisos y se ha empeñado
en introducir al texto lenguaje regresivo que margina al Estado de su rol
de garante, a la vez que condiciona la realización de derechos humanos a
la existencia de recursos económicos”.

Durante la audiencia se llamó la atención en la necesidad de incorporar
el reconocimiento a la legitimidad de la labor de los defensores y
defensoras del ambiente y el territorio, la prevención de agresiones en su
contra, la investigación, judicialización y sanción de las violaciones
que contra ellos se cometan y las garantías necesarias para el desarrollo
de su labor incluyendo el acceso a la información y la participación.

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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“Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015”

La campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra,
liderada por Oxfam en asocio con la Asociación Mujeres y Madres Abriendo
Caminos - AMMAC, la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales,
la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción - FUNSAREP, el
Centro de Promoción y Cultura - CPC, el Centro Regional de Derechos
Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, el Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, la Coalición Contra la Vinculación de Niños,
Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia-COALICO, la Corporación
Casa de la Mujer, la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, la Corporación
Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Ruta Pacífica de
las Mujeres y la Representante a la Cámara Angela María Robledo, se
permiten invitar a una Rueda de Prensa para la presentación de los
resultados de la “Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las
mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2016”, que se
llevará a cabo el próximo jueves 17 de agosto, en la Sala de Medios del
Congreso, Capitolio Nacional.

La encuesta sobre violencia sexual contra las mujeres es una herramienta
que permite visibilizar los factores de amenaza y condiciones de
vulnerabilidad que han tenido las mujeres en este contexto durante los
últimos seis años. Así mismo, contribuye a tener mayor información
sobre la violencia sexual, dar visibilidad a la ocurrencia de este crimen,
y la persistencia del mismo, pese a las denuncias hechas por las mujeres y
sus organizaciones.

La encuesta se realizó desde una perspectiva cuantitativa, para dar cuenta
de la magnitud de este tipo de violencia, sus dinámicas, de las víctimas
y de los autores de la violencia sexual en el contexto del conflicto
armado. Se realizó a mujeres entre los 15 y 44 años, en un conjunto de
municipios con confrontaciones entre la fuerza pública, las guerrillas y
las bandas criminales y/o paramilitares.

En el período de estudio, 875.437 mujeres, fueron víctimas directas de
algún tipo de violencia sexual. Por esto se puede inferir que “la
violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco
del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada
de conformidad con el derecho internacional”.

La medición consideró la violencia sexual en sus múltiples expresiones,
y no solamente como violación o acoso sexual. Para la encuesta se amplió
el espectro de las violencias y se incluyeron algunas tipificadas por el
código penal colombiano y otras que no lo están, como la regulación de
la vida social.

Los resultados, así como las recomendaciones serán presentados por el
grupo de investigación, encabezados por Olga Amparo Sánchez,
Investigadora y Directora de la Casa de la Mujer, Aida Pesquera, Directora
País de Oxfam en Colombia y con los comentarios de Ángela Maria Robledo,
Representante a la Cámara.

RUEDA DE PRENSA

“Encuesta de Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en
el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015”

HORA: 10:30 AM

LUGAR: SALA DE MEDIOS, SENADO, CAPITOLIO NACIONAL

Quienes requieran ingreso al Congreso deberán solicitarlo al jefe de
prensa de Cámara Diego Fernando Monroy Celular: 3166906787 o con Martha
Avila al 3168541811
 

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Decisión de MinAmbiente habría favorecido constructora del Secretario de Planeación de Bogotá

Bogotá, agosto 3 de 2017

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz
Ángela María Robledo señaló hoy en la Audiencia Pública Bogotá y sus
Cerros Orientales, Un pacto para la defensa de los cerros y la vida, que
una decisión del Ministerio del Medio Ambiente del 23 de abril de 2010,
cuando era Ministro Carlos Costa, habría favorecido a la constructora
Contexto Urbano de la que hizo parte Andrés Ortiz, actual Secretario de
Planeación de Bogotá, como fundador y gerente.

“La decisión consistió en que predios ubicados en los cerros orientales
de Bogotá que estaban protegidos por su ubicación y valor ambiental,
fueron habilitados para urbanizarse y en donde la constructora Contexto
Urbano, vinculada con Ortiz, diseñó y promovió la Urbanización Cerros
de los Alpes en donde, al parecer, incluso vive actualmente el Secretario
Ortiz”, dijo Ángela María Robledo.

Robledo solicitó que el Ministerio de Ambiente investigue y explique las
razones y motivaciones por las cuales se produjo esta decisión en
detrimento del ambiente en Bogotá y a favor de la Constructora. (Ver
oficio del Ministerio de Ambiente)
<https://es.scribd.com/document/355457631/Oficio-Ministerio-de-Ambiente-sobre-cerros-orientales>

La audiencia que contó con la asistencia de unas 400 personas fue
convocada por los congresistas Ángela María Robledo, Angélica Lozano,
Alirio Uribe e Ivan Cepeda, y tuvo la participación de la Mesa de Cerros
Orientales, Amigos de la Montaña, la Veeduría Ciudadana y la Fundación
Cerros de Bogotá y la asistencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo;
el Director de la CAR, Néstor Franco y el Magistrado César Palomino,
entre otros.

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Sobre la ley del actor

Por: Angela Robledo | Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde

 

Tras un proceso de cuatro años con distintas organizaciones de actores
interesados en mejorar sus condiciones laborales, se hunde el proyecto de
ley No. 284 de 2017- Cámara, 163 de 2016 SENADO, “Por medio de la cual
se expide la ley del actor para garantizar los derechos laborales,
culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia”.

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo, una de las autoras
y ponente de la iniciativa en la Comisión VII de la Cámara: “El
proyecto se radicó el 20 de abril de 2016 en el Senado y pasó a la
Cámara apenas este mes de junio (2017), es decir, que estuvo más de un
año (14 meses para ser exactos) en Senado”, dijo la congresista.

El Proyecto que contaba con el apoyo de todos los partidos fue radicado a
finales de mayo en la Comisión VII de la Cámara, fue aprobado, con
ponencia positiva de la representante Ángela María Robledo, este
miércoles por unanimidad, sin embargo, no alcanza a surtir el trámite en
la Cámara ya que las sesiones ordinarias terminan este 20 de junio.

“Este ha sido un proyecto ampliamente discutido en todos los escenarios
posibles, esperamos que Colombia apruebe la convención de Beijing que
está en trámite desde 2014 donde se les reconoce a los actores
condiciones de trabajo digno y garantías laborales decentes como las que
pretende este proyecto de ley. Trabajaremos para que vuelva a reiniciar el
trámite en la próxima legislatura y pueda sobreponerse a intereses de
algunas productoras y programadoras”, aseguró Robledo.

Por su parte los actores y actrices de la Asociación Colombiana de Actores
(ACA) que han estado al frente del trámite en el Congreso se mostraron
optimistas del trámite que viene y aseguraron que están acostumbrados a
repetir y repetir los libretos para que todas las obras que emprenden
queden lo mejor posible. Por tanto, insistirán en presentar el proyecto en
la próxima legislatura que arranca el 20 de julio y defender sus derechos
fundamentales.

En el mundo más de 15 países ha aprobado leyes para reconocer los
derechos de actores y actrices que según la OIT son trabajadores
atípicos, laboran en condiciones de esclavitud, con horarios infames y
sufren altas tasas de desempleo.

Termina el tercer acto la obra continúa…
 

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Estado no está preparado para brindar garantías de protección a líderes sociales

BOGOTÁ, 4 DE ABRIL DE 2017

 

El próximo miércoles 5 de octubre se llevará a cabo un debate de control político contra el Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, sobre los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de grupos armados sucesores de los paramilitares y la obligación del Estado de proteger, investigar y sancionar a los responsables.

 

Al debate citado por los congresistas Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo e Iván Cepeda, en virtud del incremento desmedido de asesinatos de líderes sociales, en el marco de la implementación del acuerdo de paz y posterior firma, están convocados además el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto, Defensor del Pueblo, Carlos Negret, Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la Alta Consejera presidencial para los derechos humanos, Paula Gaviria y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Todd Howland, entre otros.

 

Así mismo asistirá Gustavo Gallón de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el coordinador de derechos humanos del Pueblo indígena Wiwa, Pedro Loperena, de la Mesa de Interlocución Agraria del Catatumbo, Olga Quintero, del Comité Ambiental de Cajamarca, Alejandro García y de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Teófilo Acuña. Para el Representante Alirio Uribe Muñoz, “Estos asesinatos de líderes sociales y defensores, demuestra que el Estado colombiano no está preparado para brindar garantías reales de protección no sólo a los líderes, como tampoco a quienes se desmovilizarán y empezarán a defender sus ideas políticas sin armas”.

 

De acuerdo con la congresista Ángela María Robledo, le corresponde al Fiscal General de la Nación investigar a profundidad estos crímenes de lesa humanidad que en los últimos 14 meses han cobrado la vida de 14 mujeres lideresas que cumplen roles muy importantes en sus comunidades y que tienen en común ser defensoras de derechos humanos, estar en territorios donde ha habido violencia y estar involucradas en la defensa de la tierra. “Hemos insistido en que se cumplan las disposiciones del Auto 098 de 2013 que ratifica que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan de forma constante el riesgo de ser objeto de abusos, agresiones, esclavitud sexual, trata de personas, reclutamiento y asesinatos, y pedimos al Gobierno Nacional y a los organismos de control que se cumpla con el plan de protección a las Mujeres y a la Fiscalía General de la Nación que presente avances en las investigaciones”, aseguró Robledo.

 

Finalmente, el Senador Iván Cepeda manifestó su preocupación ya que "Desde hace varios meses vienen ocurriendo una serie de agresiones de suma gravedad en las cuales han perdido la vida decenas de líderes sociales en todo el país. Es imperativo que el Gobierno Nacional adopte medidas y acciones urgentes, tendientes a garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos, en particular, de las personas, comunidades y organizaciones que le apuestan a una paz estable y duradera, con plenas garantías para tan legítimo ejercicio democrático".

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Ángela Robledo pide investigar millonarios contratos de asesoría del Alcalde Peñalosa

Bogotá, febrero 2 de 2017 La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María Robledo pidió a la Contraloría Distrital indagar sobre el objeto y cumplimiento de 38 contratos de prestación de servicios de asesoría suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP cuyo monto total asciende a $ 5.469.911.983 durante la vigencia de 2016. Ver comunicación aquí

De igual manera la congresista Robledo solicitó revisar la
contratación de trece (13) asesores del despacho del Alcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa por un monto de $ 2.068.087.421, en 2016.

En la solicitud de vigilancia fiscal radicada por la parlamentaria al contralor distrital Juan Carlos Granados, se argumenta que: “De acuerdo con la información entregada sobre el monto del contrato y la duración o vigencia del mismo, se pueden identificar de acuerdo con la forma de pago, honorarios mensuales que oscilan entre 29 y 31 millones de pesos. Este es el caso de los contratos de Andrés de Jesús Escobar Uribe, Oscar Edmundo Díaz Molina, Luz María del Socorro Sierra Lopera, y Jean Philippe Pening Gaviria”.
 
 
Según Robledo los montos mensuales que perciben algunos de estos asesores contraviene lo dispuesto en el Decreto 2785 de 2011 que establece como límite la remuneración mensual percibida por el jefe de la entidad, de acuerdo al Artículo 4° así: “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.
 

La parlamentaria dijo que resulta un despropósito por ejemplo el contrato de Andrés Escobar que cuenta entre sus obligaciones específicas: 1. Coordinar los estudios que sean necesarios en el proceso de implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 2. Asesorar al Despacho del Alcalde Mayor y a las entidades distritales relacionadas en los procesos técnicos, administrativos y legales dirigidos a la puesta en marcha de la Empresa Metro de Bogotá, 3. Llevar la vocería del Distrito ante las entidades nacionales relacionadas con la financiación del Metro de Bogotá, entre otras, relacionadas con el tema Metro que le generan a Escobar un ingreso mensual de alrededor de $ 30 millones de pesos mensuales (en total 305 millones de pesos en 2016) pero que los bogotanos aún no vemos por ninguna parte. (Pantallazo de las obligaciones de Andrés Escobar)
<http://listas.angelarobledo.com/lists/lt.php?id=ZUwADA0HVgZTHwIGBRkGVQdSAA%3D%3D>


Entre las pretensiones de la congresista Robledo esta la verificación en el monto de los contratos de prestación de servicios de los asesores de Peñalosa, los cuales no pueden superar el salario mensual del Alcalde, a no ser que tengan una excepcionalidad por especialización; la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de los mismos y de ser el caso, investigar las posibles irregularidades que allí se presentaren.

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Representante Ángela Robledo rechaza mentiras de la Directora del ICBF

 Bogotá, enero 27 de 2017

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de objetar el Proyecto de Ley “Por medio del cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones (…)” y que fue aprobado unanimamente por el Congreso de la República en diciembre pasado, así como las declaraciones entregadas por la Directora del ICBF, Cristina Plazas.



“No es verdad lo que asegura la Directora del ICBF, Cristina Plazas en el sentido de que las mujeres están vinculadas formalmente al Instituto y que gozan de todos los derechos laborales, en tanto que sus contratos dependen de terceros que era lo que la Corte Constitucional ordenó modificar vía la Sentencia T-480 de 2016 que reconoció y pidió al estado pagar a favor de las accionantes los salarios y prestaciones sociales causados, y dejados de percibir, en
razón a la labor de madre comunitaria que realizaron al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF. El Gobierno desacata el llamado de la Corte Constitucional que les reconoce su condición de contrato realidad de trabajadoras con derechos plenos”, aseguró Robledo.



“Tampoco es cierto que exista un programa especial de vivienda para ellas. Por lo menos no lo conozco, así como un plan de formación y promoción académica. Los pocos avances que tienen los han logrado ellas en contravía del ICBF como derechos y no como beneficios tal como señala Plazas”, dijo la congresista.



“Objetar esta ley que reconoce el trabajo de 134 mil madres comunitarias –no de 60 mil como dice Plazas- es objetar el trabajo digno y la labor de cuidado de las mujeres que atienden unos 800.000 menores de edad en todo el país, asumiendo la responsabilidad del ICBF, que les ha delegado esta tarea”, aseguró la congresista Ángela María Robledo quien fue coordinadora ponente del proyecto.

 

La congresista insistió en que esta Ley estaba sustentada en los artículos 10, 13, 14, y 143 del Código Sustantivo del Trabajo que reconoce que a iguales obligaciones, iguales derechos, así como en las leyes 1023 de 2006, 1187 de 2008, 1607 de 2012, que han incluido de manera progresiva el reconocimiento del salario mínimo legal mensual a las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, y su formalización laboral.



“El ICBF apoyó el trámite del proyecto en audiencias públicas, así como los debates en las distintas comisiones y plenarias del Congreso. De igual manera firmó compromisos con los sindicatos de madres comunitarias y ahora se lava las manos diciendo que no hay presupuesto. Lamento profundamente esta decisión del Gobierno que no reconoce los derechos de las mujeres en Colombia y prefiere seguir tercerizando el trabajo de las madres comunitarias que se ocupan del cuidado de los niños por asuntos fiscales”, puntualizó Ángela Robledo.

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Eurodiputados y líderes políticos europeos presentes en el país con motivo de la firma del Acuerdo de paz

 

Rueda de prensa

Eurodiputados y líderes políticos europeos presentes en el país con motivo de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, ofrecerán una rueda de prensa para hablar sobre este Acuerdo y la urgencia de iniciar la fase pública de negociaciones con el Eln.
También darán su opinión frente a la decisión de la Unión Europea de retirar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas.

 

Convocan:

Delegados europeos:
Miguel Urbán Crespo es un activista y político español, cofundador de Podemos y, desde el 5 de marzo de 2015, eurodiputado por esta formación.
Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma es una activista, profesora y abogada española, especialista en derecho penal y de la familia, diputada de la X Legislatura de la Asamblea de Madrid.

 

Congresistas colombianos: 
Ángela María Robledo, representante a la Cámara  y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso.
Iván Cepeda, senador  y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso.
Alirio Uribe, representante a la Cámara  y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso.
Jorge Rojas, director de la campaña nacional “La paz Sí es contigo”.

 

Fecha: Jueves 29 de septiembre
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Sede de la Fundación Fescol,  Calle 71 No. 11-90                        

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Peñalosa no ha resuelto la crisis humanitaria del Bronx

 

La congresista de la Alianza Verde, Ángela María Robledo dijo que a los múltiples problemas sin resolver de Bogotá, Enrique Peñalosa le suma el de los habitantes de la calle, a quienes desplazó del Bronx el pasado 28 de mayo de 2016 en un espectacular operativo policial, en el que priorizó la seguridad, sin ningún contenido humanitario y de atención psicosocial. “No sabemos dónde están hoy en día los habitantes de la calle y cuál es su situación”, aseguró la parlamentaria.

 

Robledo documentó a través de derechos de petición, testimonios, informes periodísticos y datos, el recorrido realizado por un número indeterminado de personas (entre 200 y 500 habitantes de calle) que han sido “arriados, violentados y hostigados por la policía” a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes hoy en día nadie sabe de su paradero. ¿Dónde están los habitantes de calle que salieron del Bronx?, preguntó la congresista de la Alianza Verde a lo largo del debate de control político realizado este martes en la Comisión VII de la Cámara de Representantes. VER RECORRIDO

 

Pasados cuatro meses de la intervención en el sector del Bronx, la Administración Distrital aún no resuelve la contingencia humanitaria dejando a la deriva a la población habitante de calle en contravía a lo dispuesto en la Ley 1641 de 2013 que ordena garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. De igual manera, se desconocen las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que obligan al Estado a garantizar y restablecer de manera inmediata los derechos de estas personas que sufren una violación generalizada de sus derechos humanos y que son sujetos de especial protección.

 

De acuerdo con Ángela María Robledo, la Secretaría de Integración Social del Distrito (SDIS), “no diseñó ni planificó la intervención del sector denominado el Bronx”, asimismo se evidenció que “la capacidad instalada de la entidad fue sobrepasada por la realidad de los habitantes de calle. Mientras la SDIS cuenta con 1404 cupos en 8 centros de atención, la población estimada en el Bronx, de acuerdo con la Administración Distrital, era de 3.500 habitantes de calle”.

 

“La información allegada indica que la entidad encargada de esta población en Bogotá, tomó decisiones a partir de datos de la Policía, bajo la agenda de seguridad, y no contó con información propia de lecturas territoriales de la problemática como lo demanda la Ley 1641 de 2013 y el Proyecto de Inversión 1108 de Habitante de Calle del Plan de Desarrollo de la Administración actual”, aseguró Robledo.

 

“Me parece de la mayor gravedad que la Alcaldía afirme que allí había 700 menores de edad y que en los reportes anuncie que sólo entraron a protección 28 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 20 se evadieron, 5 están bajo medida de protección y 3 siguen en Idipron. ¿Dónde están los demás?”, interroga la congresista.

 

Robledo denunció que el Alcalde de Bogotá, priorizando su idea de ciudad limpia, desconoce que además del derecho a la vida y a la ciudad, los habitantes de calle por su debilidad manifiesta gozan de especial protección, lo cual implica la garantía de la dignidad humana, la atención integral a la salud y a participar de las decisiones que les competen.
La congresista propuso a la Comisión VII de la Cámara de Representantes, la creación de una comisión accidental de seguimiento y acompañamiento a la situación humanitaria de los habitantes de calle y pidió a la Procuraduría que investigue y de ser el caso sancione la responsabilidad disciplinaria por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de calle.

 

Ángela María Robledo, solicitó a la Defensoría del Pueblo evaluar la situación de riesgo de estas personas e implementar las acciones pertinentes para garantizar y proteger sus derechos. Así mismo demandó a la Fiscalía y a la Policía Nacional investigar el paradero de los habitantes de calle y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las 3.500 personas, que según el Subsecretario de Seguridad, de la Secretaría de Gobierno, Daniel Mejía, fueron retirados del Bronx, en la intervención realizada en el mes de mayo de 2016.

 

Al debate asistieron el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el Subsecretario de Integración social del Distrito, Richard Romero; el Subdirector de Seguridad Distrital, Jairo García; la Personera de Bogotá, Carmen Castañeda y como invitados participaron el padre franciscano Fray Gabriel Gutiérrez; el Director del Centro de Formación Parces, Sebastián Lanz y Alberto López de Mesa, ex habitante de calle.

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La Paz la mejor oportunidad para Colombia

 

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo expresó así su alegría tras conocerse el cierre de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc anunciado anoche desde La Habana (Cuba) y que viene desarrollándose desde hace cuatro años.

 

“Es una oportunidad histórica, un momento decisivo este anuncio que se hace desde La Habana, nos compromete como ciudadanos y ciudadanas para crear de verdad la mejor oportunidad para Colombia después de más de 50 años de guerra”, dijo la congresista con emoción.

 

Robledo aseguró que les corresponde ahora a los ciudadanos ayudar a sacar adelante este acuerdo logrado en La Habana para cerrar la guerra con las Farc, por medio de la refrendación que vendrá a través del plebiscito en el que los colombianos esperamos dar el sí.

 

“(…) La mejor oportunidad para que los jóvenes no tengan que tomar un fusil. La mejor oportunidad para que el presupuesto de la Nación pueda hacer realidad el Estado Social de Derecho: Educación, salud, cultura, vivienda para tantas y tantas familias. La mejor oportunidad para conocer una verdad que nos deben los guerreros; la mejor oportunidad para transitar hacia la reconciliación, para abrir espacios de pedir perdón, para que las víctimas otorguen ese perdón; la mejor oportunidad para poder vivir en un país distinto, en un país en paz”, afirmó Ángela María Robledo.

 

Se espera que el acuerdo final se anuncie esta misma noche a las 7 p.m. desde La Habana (Cuba), sede de los diálogos.

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Arranca en el Congreso discusión sobre paz territorial

Con la asistencia de líderes, organizaciones sociales, universidades,
alcaldes y gobernadores de algunas de las regiones que históricamente
han vivido con más intensidad el conflicto armado, se llevará a cabo
mañana viernes 12 de agosto a partir de las ocho de la mañana, la
Audiencia Pública Construcción Social y Territorial de la Paz en el
Congreso de la República.

La audiencia Construcción Social y Territorial de la Paz convocada
por los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe e Iván
Cepeda, en coordinación con la Corporación Enlace Clave, liderada
por Jorge Enrique Rojas, tiene como objetivo conocer a fondo las
problemáticas frente a la implementación de los acuerdos alcanzados
en la Mesa de Diálogo de La Habana, así como las alternativas y
retos que deberán desarrollar los distintos territorios.

Córdoba, Sucre, Cauca, Nariño y Meta, entre otras experiencias,
dialogarán territorialmente para mostrar una radiografía regional en
la que participan gobernadores, alcaldes y rectores de las
universidades así: Experiencia de Córdoba, participan Edwim Besaile
Faya, secretario de gobierno, en diálogo con Jairo Miguel Torres,
rector de la Universidad de Córdoba y los alcaldes de Tierralta,
Pueblo Nuevo y Valencia. (Ver la agenda)
<http://listas.angelarobledo.com/lists/lt.php?id=ZUwAAwQEVAVTHwUACxkGVQdSAA%3D%3D>

De acuerdo con Ángela María Robledo: “Este escenario invita a
escuchar y debatir las preocupaciones y las apuestas que hay desde lo
local, regional y central para la construcción de la paz en los
territorios. Es una apuesta para insertar los programas del nivel
central atendiendo las particularidades regionales y reconociendo que
el conflicto colombiano ha dejado una falta de institucionalidad que
ahora implica nuevos desafíos para todos los actores estatales y para
la sociedad civil en general”

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“Prima para trabajadoras domésticas ya es ley en Colombia”: Ángela Robledo

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo anunció que la ley que ampara el derecho a prima de las trabajadoras domésticas ya es ley de la república de Colombia y debe empezar a aplicarse una vez sea sancionada por el Presidente Santos.

La ley les reconoce a las trabajadoras domésticas el derecho a una prima de servicios tal y como ocurre con todos los demás empleados, lo cual representa un avance en la aplicación del Convenio 189 de la OIT y la Sentencia C-871 de 2014, dirigidos a la formalización del trabajo en igualdad de condiciones para todos y se articula con las medidas de acceso a la seguridad social que adelanta el gobierno nacional.

Ángela Robledo dijo que “esta ley beneficia a más de 710 mil trabajadores del servicio doméstico, de los cuales el 95% son mujeres, quienes principalmente realizan labores de economía del cuidado, es decir, se dedican a la atención de los hogares, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, entre otros. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE) el valor agregado del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado asciende a 138.3 billones de pesos que, en caso de contabilizarse, representaría el 20.8% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que el reconocimiento de la prima es consistente con el aporte de este sector a la generación de ingresos del país”.

La Ley de prima consta de cinco artículos que reconocen “el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, e incluye una modificación al Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo así: “Artículo 306. De la prima de servicios a favor de todo empleado. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Parágrafo. Se incluyen en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicios familiar, trabajadores por días, o trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el Título III del presente Código o a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente”.

Se consideran trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico según la Corte Constitucional (Sentencia C-871 de 2014) a “quienes a cambio de una remuneración prestan su servicio personal de manera directa, habitual y bajo continuada subordinación o dependencia, a una o varias personas naturales, para la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar del empleador. Pueden ser trabajadores internos, externos o por días”.

Ángela Robledo aseguró que un empleador que reconozca un salario mínimo a su empleada doméstica deberá ahorrar diariamente alrededor de $ 1.900 pesos diarios durante el año para reconocer el pago de la prima y cumplir así la ley.

Esta ley crea además, una mesa de seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT con la finalidad de promover de manera concertada una política pública para el trabajo decente en el sector doméstico. Además, establece estrategias de divulgación para que las trabajadoras reconozcan y exijan sus derechos.

Esta ley ha sido posible por el empeño de las mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico –UTRASD-, la Escuela Nacional Sindical, la Fundación Bien Humano, la Mesa de Economía del Cuidado y Fescol, entre otras.

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Ángela Robledo pide al Gobierno Santos amnistía para más de 700 jóvenes remisos

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo pidió hoy al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, acoger la solicitud de 764.161 jóvenes remisos y declarar la medida de punto cero.

La congresista indicó que en el marco del proceso de negociación política para poner fin al conflicto armado que se adelanta en La Habana, el Gobierno Nacional puede declarar una media de punto cero para multas, cuotas de compensación militar y expedición de libretas militares que cobije a todos los hombres en condición de remisos a la fecha de la firma del Acuerdo Final.
Robledo aseguró que esta medida puede aplicarse también a miembros de las fuerzas militares o ciudadanos juzgados por evasión del servicio o el delito de deserción, como una medida de buena voluntad para la paz.

“Preferimos que nuestros jóvenes comprometan su entusiasmo y energía en un servicio social para la paz y dediquen el tiempo a trabajar en hacer pedagogía para la reconciliación y la paz del país, en vez de hacer parte de la máquina de la guerra”, dijo la congresista Ángela Robledo.

Los jóvenes promotores de la iniciativa enviarán una comunicación a la Mesa de Diálogo entre el gobierno y las Farc en La Habana para que la Mesa estudie la alternativa de punto cero.

Vea acá la constancia

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Congresistas piden al Presidente Santos acciones urgentes para atender Minga Agraria

Bogotá, junio 3 de 2016

Frente a los lamentables hechos ocurridos en los últimos días en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la que tres indígenas han perdido la vida y otros 150 se encuentran gravemente heridos, incluidos mujeres y niños, los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo, Luis Evelis Andrade, Oscar Ospina, Inti Asprilla y Alexander López, entre otros, piden al presidente Juan Manuel Santos acciones urgentes para evitar la flagrante violación a los derechos humanos de que han sido víctimas los pueblos indígenas a causa del ejercicio de su derecho a la protesta en 21 departamentos del país.

En cartas al Presidente Juan Manuel Santos; al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; al Comandante del Ejército Nacional, General Alberto José Mejía y al Director de la Policía Nacional General Jorge Hernando Nieto, los parlamentarios piden que:

1. Se instale de manera urgente la mesa de negociación con la Cumbre Agraria,
con el fin de construir la hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos
pactados.
2. Se brinde garantías al ejercicio del derecho a la protesta social que se adelanta
actualmente en 21 departamentos del país y se implementen mecanismos de verificación del cumplimiento a esas garantías.
3. Se disponga de las instituciones del Estado para que se realicen las
investigaciones correspondientes frente a las vulneración de los
derechos humanos, que han ocasionado a la fecha 150 heridos, entre los que se
encuentran cuatro menores de edad, dos mujeres en embarazo, siete detenidos,
dos judicializaciones y tres asesinados, dos de ellos por impactos de armas de
fuego. Hechos en los que presuntamente se encuentran involucrados miembros del ESMAD y del Ejército Nacional.
4. Se retracte públicamente como cabeza del poder ejecutivo y como
comandante de las fuerzas militares de los señalamientos realizados a la Cumbre
Agraria, en relación a que la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular se
encuentra infiltrada por el ELN, en razón a que estas estigmatizaciones atentan contra la integridad y la vida de las personas que se encuentran en protesta.
5. Cese la estigmatización a la protesta social y que si es del caso, se presenten pruebas concretas de las presuntas infiltraciones del ELN a la Minga, según declaraciones del Ministro Luis Carlos Villegas.

Los congresistas instaron a los Comandante de la Fuerza Pública para que se investiguen los presuntos excesos del Ejército y la Policía: “Entre estos hechos encontramos detenciones arbitrarias, hostigamientos, sobrevuelos y excesos de fuerza en los operativos. Se nos ha informado de la presencia de miembros del Ejército Nacional en diferentes puntos de la protesta, actuaciones que no corresponden con los mandatos misionales de esta institución, tratándose de una movilización pacífica adelantada por organizaciones sociales”, anotan.

Finalmente, los parlamentarios exigen además que desde los altos mandos del Ejército y la Policía “se investigue la eventual responsabilidad de integrantes de esas instituciones en los tres asesinatos de miembros de organizaciones indígenas ocurridos en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca (…) hechos en los que se encontraban presentes miembros de la fuerza pública (…) y de ser el caso se sancione de manera ejemplar cualquier irregularidad, exceso o extralimitación (…)”.

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CARTAS ANEXAS

PRENSA: 3202343806. MARGARITA SARMIENTO

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Actores radicaron proyecto que garantiza sus derechos laborales, culturales y de autor

Con la autoría de más de 20 congresistas de todos los partidos políticos, y el apoyo de varias organizaciones, la Asociación colombiana de actores ACA, radicó el proyecto de ley que establece el Estatuto del actor, y la profesionalización de la labor actoral. La iniciativa regula las condiciones de trabajo con garantías de seguridad social para asegurarles una vejez digna a los profesionales de la actuación en Colombia.

La Asociación de Actores Colombianos (ACA) comenzó hace dos años a trabajar en la propuesta que hoy se radicó como proyecto de ley, y que busca garantizar los derechos laborales, culturales y de autor, de ese gremio.

La propuesta contempla reducir la intermitencia e inestabilidad laboral de los actores y crea una Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los actores profesionales.

“El subsidio se concederá para reemplazar los aportes del actor o actriz como trabajador independiente, durante los periodos de tiempo en los que no esté vinculado contractualmente y como excepción a lo contemplado en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 100, la base de cotización será del promedio del valor cotizado en los últimos seis meses”, estipula el proyecto.

Además, este gremio de artistas pide la profesionalización de su labor, que actualmente es considerada como un oficio, con el fin de que en todas las producciones audiovisuales, el 90 % de los actores contratados sean profesionales. Esto, según el proyecto, significa que tenga “un título profesional de maestro en artes escénicas o títulos afines; experiencia de trabajo actoral mayor de 10 años acumulados y certificados o la combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo de cinco años”.

La Asociación ACA explicó que por medio de esta ley serán protegidos los derechos patrimoniales (de autor y materiales) de los actores, pues muchas veces ellos deben ceder estos derechos cuando firman determinados tipos de contrato. “La imagen del actor en promoción de marcas deberá ser reconocida como contrato aparte en sus honorarios”, propone la ley, la cual añade: “La remuneración debe hacerse de forma separada al salario, honorarios o cualquier otra remuneración que corresponda a la labor o servicio desempeñado por el actor o actriz no podrá entenderse como parte de su remuneración”.

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“Funcionarios del gabinete de Peñalosa habrían construido ilegalmente en la reserva Thomas van der Hammen”, dice Ángela Robledo

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso Ángela Robledo aseguró hoy en debate de control político que funcionarios que acompañan la administración de Enrique Peñalosa estarían atentando contra la moralidad administrativa contemplada en la Sentencia de la Corte Constitucional C-046 de 1994 y deberían declarar públicamente su conflicto de intereses.  Ver denuncia

La congresista presentó el caso de Andrés Ortiz quien en su declaratoria de impedimentos  aseguró que  “(…) la parcelación Las Lomitas inició el trámite de legalización el 27 de septiembre de 2002 ante la Dirección de Legalización de Barrios de esta entidad [Secretaría Distrital de Planeación]”, es decir, que el Secretario de Planeación, experto constructor, edificó su predio sin licencia y desconociendo la Ley de Ordenamiento Territorial.  Ver Imagina Bogotá

De acuerdo con la congresista Ángela Robledo las leyes de ordenamiento territorial (Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997) obligan a los constructores a tramitar y obtener licencias: “(…) Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales (…) expedidas por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital (…) ”

Esta norma además establece que “(…) se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento”. 

En similares irregularidades estarían incurriendo la Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá,  Astrid Álvarez, quien públicamente aceptó que posee una casa en la Reserva; el Secretario Distrital de Ambiente, Francisco Cruz y el Asesor del Distrito para el Proyecto Ciudad Norte, Camilo Santamaría. “¿Con qué autoridad moral gobiernan los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que le hacen conejo a las normas para sacar provechos personales?”, dijo.  

Ángela Robledo aseguró que es un deber ético de Peñalosa y su gabinete preservar la reserva forestal Van der Hammer que permita la sostenibilidad ambiental hoy y en el futuro de Bogotá, tal como lo recomendó la Municipalidad de Barcelona (ciudad que cuenta con un reserva natural similar) en una carta dirigida al Alcalde Peñalosa. Ver carta. 

“No tiene ninguna presentación ni ética, ni política que Enrique Peñalosa priorice la construcción sobre el bosque urbano más grande de América Latina y que atente contra el ecosistema hídrico y natural con que cuentan los 1.395 hectáreas que allí subsisten”, aseguró la congresista Ángela Robledo.

La parlamentaria afirmó que no puede ser más importante la urbanización y el crecimiento de la ciudad sobre los bosques y el ecosistema que allí perdura, en un mundo amenazado por el cambio climático, la escasez de agua y la sequía. “No creo que sea tan difícil entender que podemos hacer muchísimas casas y edificios pero si no tenemos aire y agua, la vida no perdurará ni hoy, ni dentro de 50 años que es la preocupación de Enrique Peñalosa de adelantar el proyecto Ciudad Norte”, dijo.

La reserva Van der Hammen aporta a la adaptación y mitigación frente al cambio climático dándole a Bogotá un espacio verde que ayuda a contrarrestar sus emisiones, ser más resiliente y reducir la vulnerabilidad y los riesgos relacionados con la variabilidad climática. “ La tal reserva  -como la llama Peñalosa- es una realidad jurídica avalada por más de 50 estudios académicos que no puede desaparecer para superar el déficit de vivienda en el año 2050 que el Alcalde imagina que necesitaremos”, señaló la congresista.

Ángela Robledo aseguró que si de lo que se trata es de construir viviendas en esa zona, podrían hacerlo en las 2.014 hectáreas del borde norte de la ciudad, en donde se calcula, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Zonal, se pueden construir 180 mil viviendas con todo el soporte urbano requerido sin afectar la Reserva.

“Ahora si lo que quieren es cambiar el uso del suelo de rural a urbano para multiplicar su valor que no nos echen cuentos peregrinos. Que nos digan cuál es el negocio que tiene Peñalosa y algunos de sus funcionarios para quienes todo vale, sobre todo si hay cemento de por medio. Recordemos que más del 50% de la campaña de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá (1.107.500.000 millones) lo aportaron los constructores.

La congresista llamó la atención sobre la participación de Sandra Rozo (Directora de Bienes Raíces del Acueducto) quien suspendió la compra de predios dirigida a preservar la Reserva. “Sandra Rozo es la cuñada del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, procesado por corrupción y con quien Enrique Peñalosa ha tenido estrechos vínculos”, dijo Ángela Robledo.

La congresista puntualizó que tal como señala la Corte Constitucional,  la moralidad administrativa no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca toda la gama de comportamientos que la sociedad, en un momento dado, espera de quienes manejan los recursos de la comunidad, que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad.

PRENSA MARGARITA SARMIENTO 3202343806

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Comisiones de Paz del Congreso reciben con optimismo el proceso de diálogo con el ELN

1- Los miembros de las Comisiones de Paz del Congreso recibimos con entusiasmo el anuncio por parte del Gobierno Nacional y del Ejército Liberación Nacional Eln del inicio formal de diálogos dirigidos a ponerle fin a la confrontación armada. Esta noticia significa un impulso al objetivo de lograr una paz completa en nuestro país. Al mismo tiempo este diálogo en su diversidad viene a enriquecer los avances del proceso en La Habana. Llamamos a las partes a mantener y fortalecer su decisión de alcanzar una solución política al conflicto.

2-En ese espíritu queremos proponerles a las partes, que se dé inicio práctico lo más pronto posible al primer ciclo de las sesiones de diálogo. Consideramos que los tiempos y el contexto político hacen imperioso que este nuevo proceso de diálogo, empiece a arrojar resultados positivos en corto plazo. Las aspiraciones de paz de la sociedad están en un momento clave, en el cual se hace muy necesario de noticias positivas que mantengan en alto la decisión social y política de lograr el fin de la guerra por la vía negociada. En ese sentido, consideramos que una demora en el comienzo de las conversaciones, puede desmotivar el escenario para la paz.

3-Igualmente consideramos importante para el impulso de un acuerdo de paz entre las partes, que el diálogo se pueda desarrollar en un ambiente exento de acciones armadas. Teniendo en cuenta los aportes que para la maduración de los diálogos puede tener una declaración de cese de hostilidades, y la liberación de todos los secuestrados y en ese mismo sentido los anuncios del ELN, favorables a esta posibilidad, hacemos un llamado a las partes para que acuerden lo más pronto posible un cese del fuego y las hostilidades que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad y garantías para las comunidades, líderes sociales y favorezcan un mejor ambiente para el desarrollo de estos diálogos, que siendo diferentes, conducirán a una sola paz.

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“La paz pasa por la tierra y las manos de las mujeres campesinas”, dice Ángela Robledo

Bogotá, marzo 9 de 2016

“En términos generales a las mujeres les va mal en casi todos los indicadores sociales, económicos, políticos y culturales; son las más pobres entre los pobres, las mayores víctimas de la guerra y las que más sufren principalmente violencia en la casa y en la calle”, aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo.

Pero si los indicadores urbanos no dan tregua, en las mujeres campesinas se ensañan todos los males de la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación. “Es en el campo, el principal campo de batalla de esta guerra de casi 60 años, donde se concentra la mayor desigualdad en Colombia con un índice de Gini de 0,82, donde 1 significa la desigualdad total”, dijo la parlamentaria Robledo.

Aunque las mujeres son quienes trabajan la tierra, sólo poseen el 27% de los títulos, frente a un 73% de los hombres (OXFAM 2013). La tierra está concentrada en unas pocas manos dedicadas a la ganadería y a los grandes cultivos. Una de cada cuatro mujeres rurales no ha terminado la primaria y apenas el 9,5% tiene estudios universitarios.

En Colombia hay 5,3 millones de las cuales 2,5 viven en condiciones de pobreza. Más de la mitad, 51,7% han sido víctimas de desplazamiento. El desempleo de las mujeres en la ruralidad en cinco veces más alto que el de los hombres: 18% frente a 3,7%.

La brecha salarial en el campo, entre hombres y mujeres es del 40%, en la Colombia urbana esta brecha es del 20%. En Colombia el 53% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios –según la CEPAL es el porcentaje más alto de América Latina-.

De acuerdo con Ángela Robledo, en el campo las mujeres sufren una triple condición de discriminación: ser mujer, pobre y campesina con una sobrecarga de trabajo de hasta cuatro jornadas que empiezan muy temprano en la madrugada y terminan tarde en la noche. Adicional, son mujeres sobrevivientes en territorios de guerra donde, en muchas ocasiones, les toca asumir el rol de cabezas de familia porque pierden a sus compañeros en la guerra y sufren el reclutamiento, la ausencia y, muchas veces, la muerte de sus hijos.

“No podemos siquiera pensar en que el desarrollo rural integral se diseñe sin las mujeres, ellas tienen que ser las protagonistas de la economía campesina”, dijo la congresista Ángela Robledo. Al tiempo que afirmó que el campo, en el escenario del posconflicto, tiene que construirse de la mano de las mujeres para hacer efectiva la llamada paz territorial; con mayor presencia del Estado, con condiciones y dotaciones para ellas: servicios públicos, salud, educación, empleo digno, acceso a justicia real, seguridad alimentaria, oportunidades reales para los jóvenes, entre otras, que las cobije a ellas y a sus familias”.

La paz territorial tiene que poner el foco en la disminución de las brechas que existen entre las mujeres del campo y las urbanas e igualar a hombres y mujeres en derechos. En particular es clave trabajar en el acceso, la democratización y la titularidad de la tierra, asesoría técnica, capital semilla, flexibilización de los créditos, subsidios y oportunidades de comercialización.

Unas 300 lideresas de organizaciones campesinas y populares, convocadas por los representantes Ángela Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe, se reunieron esta mañana en el Congreso para analizar el pobre cumplimiento de la Ley 731 de 2002 que básicamente se quedó como muchas leyes en el papel.

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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¡Agua! Un derecho para la vida y la paz, dice Ángela Robledo

A pocos días de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, llamó la atención sobre la crisis que enfrentan las comunidades rurales en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad a causa de la falta de políticas estatales dirigidas a atender, proveer y promover el agua como un derecho fundamental, un bien público, para la vida humana y la supervivencia del planeta.

“Queremos desde el Congreso de la República llamar la atención acerca del presente y futuro de este líquido precioso, que cada día se vuelve un bien escaso y costoso que nos venden en botellitas contramarcadas y del cual depende la vida y la sostenibilidad de la especie humana, la vida animal y el medio ambiente. El agua no sólo hace parte de nuestro ser vital sino que es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, nuestra salud y seguridad alimentaria y energética depeden de ella y aún no somos conscientes de que escasea y se privatiza”, dijo la congresista Ángela Robledo.

De acuerdo con el DANE (2011) la cobertura del servicio de acueducto en las zonas rurales apenas llega a la mitad de la población 56.3%. Por ejemplo en La Guajira, la falta de agua golpea a casi todo el departamento: El 90% de la población no cuenta con agua potable. En la Alta y Media Guajira, la cobertura de acueducto y alcantarillado apenas cubre el 5,3% de la población.

“Es decir, que el agua, un derecho fundamental, del cual depende la vida y la sobreviviencia de la gente no está resuelto para una buena mayoría de colombianos, lo cual afecta particularmente a niños, jóvenes y mujeres, sobre quienes recae no sólo sus consecuencias, sino la sobrecarga para proveerla”, dijo la congresista Ángela Robledo en la Audiencia Gestión Comunitaria del Agua, realizada en el Congreso de la República y que convocó a líderes de todo el país para discutir la problemática de cerca de 11 mil prestadores del servicio de acueductos comunitarios que compiten con la minería legal, ilegal, los riegos en plantaciones extensas y la desviación de ríos para la construcción de hidroeléctricas y explotación minera a cielo abierto, entre otros, privilengiando la utilización del agua con fines privados, extractivos y de lucro.

Se estima que en el mundo cada día, unos mil niños mueren por causa de enfermedades asociadas a la falta de agua potable y 750 millones de personas tienen serios problemas para acceder al preciado líquido (Unicef, 2015). Una buena parte de los problemas de desnutrición infantil y muerte de niños, niñas y adolescentes en La Guajira están asociados a las falta de acceso a agua potable.

En La Guajira, por ejemplo, casi 5 mil niños (4.171) murieron en un lapso de seis años por desnutrición y causas asociadas a la misma: 278 por desnutrición, 2.691 por enfermedades prevenibles asociadas a la desnutrición y 1.202 muertes fetales, o sea niños que no alcanzaron a nacer (2008 y 2013). Lo anterior significa que en esos años, dos niños murieron cada día por hambre, sed, pobreza y abandono, en un departamento que es extremadamente rico debido a sus recursos naturales, hídricos y nutrida biodiversidad.

En un departamento donde la gente muere de sed, el desvío de 26 kilómetros del Río Ranchería, que prácticamente atraviesa toda La Guajira, para favorecer la explotación de carbón a cielo abierto que realiza la Empresa Cerrejón y que según estimaciones podría tratarse de la pérdida de 32 millones de metros cúbicos de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea para explotar 500 millones de toneladas de carbón -cuyos recursos se van principalmente a los bolsillos de las multinacionales-, es considerado un crimen de lesa humanidad.

Es frente a este contexto que las comunidades se han organizado en muchos lugares del país para garantizar el suministro de agua a comunidades históricamente marginadas, defendiendo el cuidado de ríos y cuencas y aportando al cuidado de lo público a partir de la autogestión del agua, la organización del trabajo solidario en las comunidades, la solución concertada de conflictos y la apropiación y defensa del territorio, entre otros.

De acuerdo con Angela Robledo “Es urgente recoger las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para construir colectivamente con quienes gestionan en las comunidades el agua a fin de reconocer no sólo sus intereses, fortalezas y necesidades, sino que incluya y garantice las particularidades y los enfoques diferenciales de las minorías y las diversidades étnicas y territoriales, donde se respete la biodiversidad, el medio ambiente y el agua como un derecho fundamental que debe ser provisto y gestionado por el Estado, en un mundo amenzado por la sequía y el cambio climático”.

 

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A la audiencia convocada por los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Víctor Correa y el senador Luis Evelis Andrade, en alianza con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, asistieron unos 300 líderes gestores del agua de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Caribe, Nariño, Meta y Boyacá.

PRENSA 3202343806 MARGARITA 

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Gran movilización de vendedores informales en defensa de sus derechos

El próximo lunes 29 de febrero cerca de 50 mil vendedores y vendedoras informales se darán cita en diversos puntos de la ciudad para movilizarse pacíficamente con el fin de defender sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida en condiciones dignas y debido proceso. Los puntos de partida son: Centro de Memoria Histórica (Avenida calle 26 con carrera 24), Parque de la Mariposa (Avenida Jiménez con Carrera 10), Carrera 11 con calle 72 y Carrera 10 con calle 4 SUR. La movilización iniciará a las 8 de la mañana.

“El propósito es que el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reactive las mesas de concertación con los vendedores informales en todas las localidades de la ciudad y que se respeten nuestros derechos fundamentales. Merecemos una vida digna y que podamos sostener a nuestras familias”, aseguró Félix Palacios, Representante de los vendedores y vendedoras informales ante el Instituto para la Economía Social (IPES).

La representante a la cámara, Ángela Robledo sostuvo que “es obligación del Alcalde de Bogotá darle trámite y cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de buscar alternativas de trabajo digno para estas familias y concertar con ellos alternativas de reubicación, reconociendo sus derechos fundamentales y teniendo en cuenta su condición de exclusión y vulnerabilidad, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de género”.

Por su parte, el representante Inti Asprilla, indicó que: “Esto no es una vía de hecho, es una vía de derecho. La Constitución Política de Colombia le garantiza a los ciudadanos el derecho a la manifestación pacífica y el llamado es al Alcalde Enrique Peñalosa y al Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, para respetar ese derecho y garantizar la seguridad”.

La movilización estará respaldada por los representantes a la Cámara, Ángela Robledo e Inti Asprilla, de la Alianza Verde; y Carlos Guevara, por el Movimiento MIRA. Además por los congresistas del Polo Democrático, Alirio Uribe e Iván Cepeda; y el Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris.

“Seguiremos con tutelatón”

Así lo manifestó el representante de los vendedores, Felix Palacios, luego de conocer que el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá falló a favor de la ciudadana Carmenza Vargas al ordenar su reubicación y exhortar a la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otros, a que operativos como el que se llevó a cabo en la calle 72 contra vendedores ambulantes, el pasado 26 de enero de 2016, se realicen con el acompañamiento de la Personería de Bogotá.

“Vamos a seguir con el mismo proceso de presentar tutelas y hay un equipo de abogados particulares que nos están apoyando y colaborando en este tema a favor de los vendedores ambulantes. Vamos a luchar para defender nuestro trabajo”, puntualizó Palacios.

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Ángela Robledo pide superar diferencias y avanzar en el proceso de negociación de Paz

Bogotá, febrero 23 de 2016

Al término de la reunión del Consejo Nacional de Paz que sesionó en la mañana de hoy, Ángela Robledo, Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso dijo que existe entre los delegados y delegadas, una voluntad de paz para apoyar el proceso de diálogo que pasa por momentos difíciles estos días: “Pedimos que se avance en el proceso de la mejor manera posible. Aquí lo importante es hacer bien la paz”, aseguró la congresista.

La parlamentaria que se refirió al “impasse” por el que pasa la mesa de diálogo en La Habana, aseguró que “a estas alturas donde estamos a punto de finalizar esta negociación no podemos darnos el lujo de profundizar las diferencias que existen. Estamos invitando a los dos lados de la mesa de diálogo en La Habana y a los países garantes de Cuba y Noruega, a que nos ayuden a superar este momento difícil tal como se han superado otros, en otros momentos, y ojalá que en pocas semanas estemos firmando el proceso de negociación con las Farc-Ep”, aseguró Ángela Robledo.

La congresista Ángela Robledo aseguró que desde el Consejo Nacional de Paz se está insistiendo en avanzar y resolver las situaciones difíciles y complejas que se afrontan en las aproximaciones con el ELN para que tengamos una paz completa, estable y duradera en Colombia. “Una paz sin el ELN no es una paz completa para Colombia”, puntualizó.

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Congresistas invitan al Concejo de El Carmen de Chucurí a diálogo por la reconciliación

Luego de lo ocurrido en El Carmen de Chucurí (Santander), en el cual se enfrentaron habitantes del municipio y miembros de una movilización social, los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda, invitaron al Concejo de ese municipio a realizar un encuentro para escuchar las preocupaciones de las víctimas del conflicto.

El senador Cepeda aseguró que la peregrinación que se realizó en memoria de Camilo Torres, se hizo de manera pacífica en la que se buscaba hacerle un llamado al Eln para que inicie cuanto antes el proceso de paz con el Gobierno. Por su parte la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela Robledo aseguró que varias organizaciones de la sociedad civil venían preparando los actos desde hace 8 meses y no previeron la declaratoria de paro armado por parte de la guerrilla.

“La peregrinación fue un mensaje que quisimos dar para que la mesa de diálogo entre Eln y Gobierno se oficialice ya”, afirmó la representante Robledo.

Para ambos congresistas, son inaceptables las acciones violentas emprendidas por el Eln en los últimos días. En ese sentido, expresaron que urge continuar desarrollando los acercamientos con el Eln y enfrentar las expresiones violentas como el paramilitarismo, que, según denuncias de las comunidades, sigue operando en diferentes territorios del país.

“En los próximos años, tendremos que hacer ejercicios serios para escuchar los dolores de unos y otros, víctimas de guerrilla y paramilitares”, puntualizó el senador Cepeda.

Los congresistas aseguraron que están dispuestos a promover la intervención activa por la reconciliación de la población civil en la búsqueda de la paz y le pidieron al Gobierno que brinde las garantías necesarias para lograr ese objetivo. 

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“En Bogotá el metro no es un buen negocio para Peñalosa"

Bogotá, febrero 15 de 2016

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo aseguró hoy que “el metro no es un buen negocio para Enrique Peñalosa porque impulsar Transmilenio sigue beneficiando a los grandes empresarios del transporte de los que Peñalosa hace parte”.

“En Bogotá no vamos a tener metro porque para Enrique Peñalosa el metro es un mal negocio.  La propuesta de Enrique Peñalosa desde que fue Alcalde de Bogotá, ha sido impulsar los buses rápidos, lo que hoy conocemos como Transmilenio. Ello lo llevó a conformar una gran corporación mundial con participación de Volvo, que promueve el uso de buses, que si bien pueden cumplir una tarea importante, es un mecanismo que colapsa como lo estamos viendo en Bogotá”, aseguró Ángela Robledo.

La congresista Robledo dijo que los bogotanos llevamos más de 70 años soñando con un metro que hoy con Enrique Peñalosa vuelve a convertirse en una enorme frustración para la ciudadanía bogotana: “El metro para Bogotá es un derecho ciudadano y un mal negocio para Peñalosa”.  

Robledo aseguró que distintos líderes y presidentes han tenido la responsabilidad histórica de sacar este proyecto adelante y que ha sido frustrado por intereses particulares y gremiales.

De acuerdo con la congresista de la Alianza Verde, “Enrique Peñalosa debería declararse impedido ya que como él mismo reconoce su trabajo en el mundo entero ha sido promover el uso de buses”, dijo  

Según un estudio de Aurelio Suárez de cada 100 pesos que pagamos en Transmilenio 90 van a los empresarios, 5 a los recaudadores y 5 al Distrito Capital.

Datos del economista Aurelio Suárez, recogidos en distintos medios de comunicación,  indican que para el 2015, el recaudo diario en Transmilenio era de 4.000 millones de pesos. Por cada $100, $90 son para dueños de buses, $5 para recaudadores y $5 para el distrito.

Según la Red de Veedurías de Colombia, citada por El Espectador,  “sólo en 2010 el recaudo de Transmilenio fue de $735 mil millones, pero el Distrito apenas facturó $41 millones. Pese a esto, sólo en gastos de funcionamiento, seguridad y aseo, Bogotá invirtió $102 mil millones. Eso sin contar con la inversión en construcción de las troncales: en la Fase I de Transmilenio la ciudad invirtió alrededor de $1 billón y en la Fase II, más de $3 billones”

Ángela Robledo dijo que “Peñalosa de manera irresponsable ha dicho que los estudios en los que se han invertido cerca de 65 millones de dólares y han dado como resultado 37 mil planos sobre estudios geológicos, geotécnicos, tipografía, servicios públicos, estudios urbanos y paisajísticos, tipología de las estaciones, diseño geométrico y puestos centrales de control de un sistema de metro, entre otros,  fueron hechos ¨lavándose los dientes”. Yo más bien creo que fue Peñalosa quien se lavó los dientes mientras revisó esos estudios”

Finalmente la congresista aseguró que “no puede ser que el negocio es para los privados y los gastos son para la ciudad: De acuerdo a información publicada por El Tiempo: En el 2015, las obras de reparación de la troncal de la Caracas costaron de 300 mil millones. Entre el 2003 y el 2015, Bogotá  invirtió 60 mil millones en arreglos”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la audiencia El Mejor Metro para Bogotá,  citada hoy en el Congreso por el Senador Jorge Robledo y el representante Germán Navas del Polo Democrático.

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"La guerra no es un juego de niños"

 Bogotá, febrero 12 de 2016

 En el marco del día internacional de las Manos Rojas que promueve la erradicación del uso y reclutamiento de niños en la guerra, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo pidió garantías de no repetición para niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto.

De acuerdo con Ángela Robledo: “Niños, niñas y jóvenes en Colombia han sido víctimas de una permanente y sistemática violación de sus derechos fundamentales a causa de la guerra que les ha arrebatado sus vidas, sueños y alegrías”.

La guerra ha transformado completamente la vida, las prioridades, el desarrollo físico y psicológico de todos los colombianos pero se ensañó de manera particular en niños y jóvenes: “Han sido víctimas de desplazamiento, reclutamiento, secuestro, desapariciones forzadas, violencia física, psicológica y sexual… han visto cometer crímenes en contra de sus seres queridos, amigos y vecinos; han visto y han sido objeto de torturas, violaciones, mutilaciones y abusos de toda clase”, aseguró Ángela Robledo.

Cifras oficiales indican que 2.237.049 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del conflicto armado (Registro Único de Víctimas, octubre de 2015), o sea el 29.8% del total de los 7 millones 470 mil víctimas. Los niños son el 50% de los desplazados internos que produjo la guerra en los últimos 25 años.

12.628 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio entre 2002 y 2014, de acuerdo con datos de Medicina Legal. Según la Defensoría del Pueblo, cada día 7 menores de edad son víctimas del conflicto armado.

Ángela Robledo ha denunciado en repetidas ocasiones que: “El conflicto impide que la mitad de los niños en el campo terminen sus estudios, sólo en el 2013 se registraron por lo menos 26 incidentes que causaron daños a las escuelas o la suspensión de las clases. El 80% de las seis mil víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niños. 7.722 han sido víctimas de reclutamiento forzado. 981 niños y niñas han sido víctimas de minas antipersonal de los cuales 218 perdieron la vida”.

El informe defensorial ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! (2014) señala que “Entre 2008 y 2012 se registró que 48.915 menores de 18 años fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de ellos 41.313 niñas y adolescentes y 7.602 niños y adolescentes”. Lo anterior, implica que en un día fueron agredidos sexualmente 275 niñas y niños.

Robledo aseguró que frente al inminente acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, “es necesario desarrollar todos los esfuerzos para que se dé cumplimiento con cada uno de los elementos de la Justicia Transicional: Verdad, Justicia, Reparación Integral y garantías de no repetición. Hay que devolverle la infancia a los niños, niñas y adolescentes que puedan vivir, estudiar y construir sus sueños ”, dijo.

Finalmente, Ángela Robledo señaló que si bien el anuncio de las Farc del pasado 10 de febrero, de no reclutar a menores de 18 años es recibido como un gesto de paz, “niños, niñas y adolescentes, nunca debieron hacer parte de esta guerra cruel y degrada en ninguno de los ejércitos, ni en el pasado, ni en el futuro”.

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El "ofensor" del pueblo. Por Angela Robledo

La permanencia en el cargo del Defensor del Pueblo era insostenible. Nadie niega que el señor Jorge Armando Otálora tiene todo su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero los cargos por los cuales se le acusa son de tal gravedad que ya no parecía el defensor sino el “ofensor” de los Derechos Humanos. Con el agravante que el testimonio de Astrid Helena Cristancho no es el único en su contra, pues se han conocido otras denuncias por acoso laboral y maltrato como las de Juan Manuel Osorio y Hernando Toro, dos funcionarios quienes renunciaron y dejaron sendas constancias sobre el maltrato al cual quiso someterlos. Por tanto, atornillarse al cargo habría sido una razón adicional para la desconfianza de la ciudadanía en sus servidores públicos y en las instituciones del Estado.

Pero sorprende que la renuncia de Otálora no se hubiera dado espontáneamente, como un acto de franqueza y dignidad. Por el contrario, fue motivado por la valiente columna del periodista Daniel Coronell y la inmensa movilización de organizaciones de mujeres, movimientos sociales y líderes de opinión que exigieron un cambio urgente en la institución, que sirviera para mandarle un mensaje al país: el acoso laboral, la violencia contra la mujer, el abuso de poder y el acoso sexual son actos de violencia que merecen el reproche nacional. Y, por supuesto, la sanción legal. Porque de poco vale la renuncia del Defensor si no se hace un esfuerzo por esclarecer la verdad de los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley, que castiga con severidad estos delitos.

Aprovecho para hacer un reconocimiento especial al periodista Daniel Coronell, quien viene denunciando este caso con pruebas y argumentos a través de sus columnas en la revista Semana. Es el resultado del periodismo riguroso, con autonomía e independencia, que permite visibilizar las presuntas violaciones a los Derechos Humanos en la entidad encargada de protegerlos y promoverlos. “Estamos para buscar verdades aunque a veces resulten desagradables y casi siempre inconvenientes”, afirma el periodista.

Como dije en mis pronunciamientos públicos, la ascendencia y el desempeño que exige el cargo del Defensor no puede ostentar la más mínima sospecha de abuso de poder y violencia, y le corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación abrir de oficio una investigación que determine los alcances de las denuncias en contra de Otálora, en razón de las leyes 1257 y 1719 que así lo disponen.

Ahora, más allá de la batalla jurídica que seguramente comenzará entre las partes involucradas, la renuncia del “ofensor” del Pueblo abrió la posibilidad para un debate nacional: la necesidad de una terna de mujeres para reemplazarlo en la Defensoría. Así se lo hicimos saber al presidente Juan Manuel Santos en una carta abierta firmada por distintos congresistas de varios partidos políticos y por diversas organizaciones sociales, con quienes expresamos lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta la relevancia de esta institución, especialmente cuando el país se prepara para la resolución política del conflicto armado, consideramos que la terna que deberá entregarse a la Cámara de Representantes por parte de la Presidencia de la República para el nuevo periodo institucional, debería estar conformada por tres mujeres que reúnan la más amplia experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, y que gocen de las mayores calidades éticas y morales, como una forma de avanzar en el déficit de la participación de las mujeres en cargos decisorios y de alto nivel dentro del Estado, y de cerrar brechas de desigualdad histórica entre hombres y mujeres”.

Y quiero que quede claro: no estamos proponiendo nombres concretos, ni estamos desconociendo que hay excelentes hombres preparados para ejercer con responsabilidad la función pública. Lo que estamos impulsando son criterios de selección que garanticen la no repetición de las inequidades en Colombia, donde suelen incluir a las mujeres como un simple relleno de las ternas. Por eso no nos equivoquemos de nuevo. Es hora de construir colectivamente un “nunca más”, un “basta ya” a la falta de independencia, transparencia, idoneidad e igualdad en los altos cargos del Estado. No queremos otro “ofensor” del pueblo. Exijamos una verdadera Defensora. - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/el-ofensor-del-pueblo#sthash.qtlTwQYR.dpuf

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"En el caso de vendedores informales Peñalosa viola la Constitución"

Bogotá, febrero 3 de 2016

Frente a la problemática de más de cien mil vendedores informales y sus familias que sufren el acoso de la Alcaldía de Bogotá, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, dijo que: “Enrique Peñalosa viola la Constitución nacional y desconoce las sentencias y obligaciones del país de proteger a ciudadanos que buscan sus sustento mediante la venta informal”.

“Este dilema entre ciudadanos y ciudadanas que sufren la invasión del espacio público y una ciudadanía en pobreza y falta de oportunidades laborales y de vida, plantea un reto enorme de construcción de política pública y de resolución de conflictos entre derechos por una vía democrática, que ya ha sido revisado por la Corte Constitucional en distintas sentencias, y que en el marco de un Estado Social de Derechos, ordena definir y desarrollar alternativas para este colectivo de personas que necesitan como todos unos mínimos vitales para subsistir”, afirmó Ángela Robledo.

La congresista aseguró que la Alcaldía de Bogotá tiene la obligación y la responsabilidad por mandato constitucional, a través del Instituto para la Economía Social, de convocar a vendedores informales, para diseñar en conjunto políticas  que  no sólo les incluya en las decisiones que les afectan, sino que les permitan alternativas de trabajo en condiciones dignas, así como la obligación de vincularlos a las estrategias y programas de recuperación del espacio público, respetando y reconociendo sus derechos como ciudadanos bogotanos.    

Cifras oficiales del DANE señalan que entre septiembre y noviembre de 2015, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 48,8%. El mismo IPES reporta, en un censo realizado hace cuatros años, que en Bogotá hay 48 mil vendedores informales.

De acuerdo con Robledo, la Alcaldía de Bogotá debe acoger, entre otras, la recomendación 204 de la OTT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, que como uno de sus objetivos dispone el: “facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía informal a la economía formal, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y emprendimiento”.

Estas y otras consideraciones se discutirán hoy 3 de febrero en una audiencia pública convocada por los representantes a la Cámara Angela Robledo e Inti Asprilla, el Senador Iván Cepeda, el Concejal de Bogotá Hollman Morris y las organizaciones sociales de vendedores informales.

 

Audiencia Pública sobre vendedores informales en Bogotá

Fecha: 3 de febrero

Lugar: Salón Boyacá. 

Hora: 2 de la tarde

Tanto la congresista Ángela Robledo como el representante Inti Asprilla anunciaron que se declararán en oposición deliberativa al Gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá.

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Congresistas y organizaciones sociales exigen terna de mujeres para la Defensoría del Pueblo

Ocho congresistas de Polo Democrático Alternativo y de la Alianza Verde, y más de 30 organizaciones sociales, le exigieron al presidente Juan Manuel Santos que presente una terna conformada solo por mujeres para la elección del próximo defensor de Pueblo. Los firmantes argumentan que es necesario resarcir la poca representación que han tenido las mujeres en los altos cargos públicos y recordaron que existen perfiles de alta calidad entre las defensoras de derechos humanos para encabezar la Defensoría.

BOGOTÁ, 01/02/2016. Los congresistas y las organizaciones recalcaron que el defensor del Pueblo tiene el mandato constitucional del artículo 282, que le exige velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, por lo que la persona que sea elegida para este cargo debe contar “con las más altas calidades éticas y morales”.

En concordancia, le pidieron al presidente Juan Manuel Santos que la terna que envíe a la Cámara de Representantes para elegir al nuevo defensor, debe “estar conformada por tres mujeres que reúnan la más amplia experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, y que gocen de las mayores calidades éticas y morales, como una forma de avanzar en el déficit de la participación de las mujeres en cargos decisorios y de alto nivel dentro del Estado, y de cerrar las brechas de desigualdad histórica entre hombres y mujeres”.

Según la Representante Ángela Robledo, “la Defensoría es una institución fundamental para la paz y el posconflicto; por tanto, se va a hacer un seguimiento a la forma como se adelante la campaña para reemplazar al defensor, para así garantizar que la terna esté conformada fundamentalmente por mujeres que no sean tratadas como relleno”. 

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Otálora debería renunciar ¡YA!, dice Ángela Robledo

Bogotá, enero 24 de 2015

Así lo aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, tras conocer las denuncias publicadas hoy por el columnista Daniel Coronell en las que el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ya había sido sindicado de acoso laboral, aparece implicado en un escándalo por acoso sexual.

“Nada justifica la violencia contra las mujeres, ni laboral, ni simbólica y menos sexual como es el caso de Astrid Helena Cristancho, víctima de todas ellas y del abuso de poder de un funcionario público que tiene por mandato defender los derechos humanos de la ciudadanía”.

Ángela Robledo aseguró que no tiene ninguna presentación que un personaje como Otálora permanezca en el cargo ante tan graves denuncias: “La ascendencia y desempeño que exige el cargo del Defensor no puede ostentar la más mínima sospecha de abuso de poder y violencia”, dijo.

Robledo afirmó que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación abrir de oficio una investigación que determine los alcances de las denuncias en contra de Otálora, en razón de las leyes 1257 y 1719 que así lo disponen.

Ángela Robledo hizo además un llamado al Partido Liberal, que avaló la designación del Defensor del Pueblo, para que se haga un juicio político de cara a la ciudadanía en contra de los abusos y violencias de los que se sindica al Defensor.

“Llegó la hora de que Otálora se ocupe de su propia defensa y le aclare al país los alcances de estas denuncias y otras denuncias en su contra”, afirmó Ángela Robledo.

En un país en el que la violencia contra las mujeres es extrema con una tasa de asesinatos contra las mujeres cercana al 6%, (Medicina Legal cifras de 2009-2014), en donde cuatro (4) mujeres son asesinadas al día y 133 fueron maltratadas cada día por violencia interpersonal no podemos tolerar más violencia, aseguró la congresista de la Alianza Verde.

 

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Mi trabajo se paga con recursos públicos; es mi deber rendir cuentas: Angela Robledo

Queridos amigos y amigas: la paz la construimos entre todos y todas desde la fuerza interior de nuestros corazones, con solidaridad y empatía por quienes han sufrido la guerra, la pobreza y la exclusión. Les deseo felices fiestas llenas de amor, perdón y reconciliación, y aprovecho este mensaje para presentarles mi rendición de cuentas sobre lo más importante de mi trabajo en el Congreso en estos años, como un aporte a la paz de Colombia. Como siempre, quedo atenta a sus opiniones y sugerencias. ¡GRACIAS!

http://www.angelarobledo.com/rendiciondecuentas/ 

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Desde el Congreso piden cambiar la doctrina militar

Bogotá, diciembre 10 de 2015

Así lo propuso la representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, en el marco de la Audiencia Pública El día de los derechos humanos hablemos de garantías de no repetición para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia: “Una vez se firme el acuerdo para poner fin al conflicto armado ya no tendrá más asidero la doctrina de la seguridad nacional y por ende la teoría del enemigo interno”, dijo la congresista.

Robledo aseguró que la “doctrina de la seguridad nacional” ha servido de rótulo para, en el marco de una guerra irregular donde todo vale, legitimar acciones criminales y excesos de miembros de la fuerza pública por acción y también por omisión ampliamente conocidos por la ciudadanía.  

De acuerdo con expertos en la materia, la guerra irregular favoreció el desvío de los principios castrenses de la fuerza pública hacia funciones ajenas al quehacer militar conminándola a acciones que deslegitiman su quehacer: persecución, detención arbitraria, tortura,  desaparición, intercepciones ilegales, seguimientos y hostigamientos contra personas a quienes consideraban como ‘blancos legítimos:  políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, sindicalistas y magistrados de las altas cortes. Sin contar la macabra estrategia de los falsos positivos.

Ángela Robledo aseguró que aunque el proceso de modernización de las instituciones castrenses en el posconflicto requerirá recursos, su presupuesto debe revisarse  y acomodarse a la nueva realidad que vivirá el país. Para este año el presupuesto de defensa fue de 27,7 millones, el segundo con más recursos después de educación que contó con 28,4 billones. En 2016 el presupuesto de defensa se incrementa en 8,3%, pasando a 30 billones.

La congresista argumentó que la construcción de una paz estable y duradera exige la profesionalización de la fuerza pública, que implique mejores condiciones para su integrantes, una democratización interna y que permita a sus miembros ascender por méritos y en legítima transparencia a todos por igual. “Son decisiones que tenemos que tomar entre todos como país porque estamos hablando nuestra fuerza pública”.

“Nosotros propusimos desde las comisiones de paz del Congreso la urgencia de  la profesionalización del servicio militar y la prestación de un servicio militar alternativo para la paz; el Ministro de Defensa responde que falta una generación más que preste el servicio militar obligatorio y que incrementará el tiempo. Nosotros propusimos acabar con el ESMAD, por sus excesos y violaciones a los derechos humanos; el Ministro dice que no, que por el contrario hay que fortalecerlo, pues bien, insistimos que son decisiones de país que tendremos que tomar entre todos. No son decisiones de un ministerio y menos de un Ministro”, puntualizó Ángela Robledo. 

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Mujeres en crisis humanitaria. Por Angela Robledo

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En Colombia las mujeres sufren una crisis humanitaria sin precedentes, pero la violencia contra las mujeres no moviliza a toda la sociedad ni a las instituciones del Estado para salvarles la vida, a pesar de las múltiples denuncias que hemos hecho día tras día para intentar evitar la muerte de muchas de ellas. 

En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, decidimos dirigirle una carta abierta al presidente Santos, cuyo texto les comparto en esta columna: “Presidente Juan Manuel Santos Calderón: ¡Declare YA la crisis humanitaria de las mujeres!

Cada día son asesinadas dos mujeres en Colombia, la mayoría por sus parejas o ex. Este es un delito generalizado que sobrepasa cualquier límite, viola los derechos humanos y obedece a una intencionalidad clara de eliminar la voz de las mujeres. Mientras leemos esta carta hay 6.219 mujeres en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Las principales víctimas del conflicto armado son mujeres ¡3.657.438! 438.906 asesinadas, 72.910 desaparecidas y 9.892 víctimas de algún tipo de violencia sexual. (INMLCF 2014/2015).

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Congresistas demandan ampliación del fuero militar

Bogotá, noviembre 23 de 2015 

Mañana martes 24 de noviembre los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Germán Navas e Iván Cepeda presentarán demanda de inconstitucionalidad contra la ley que se promulgó en julio de este año y reestructuró la justicia penal militar para implementar en ella el sistema acusatorio (Ley 1765 de 2015) y contra algunas disposiciones del Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010).

De acuerdo con el texto de la demanda “la reforma planteada resulta violatoria de principios básicos de la administración de justicia como la autonomía e imparcialidad, al tiempo que desconoce la competencia restrictiva para conocer de delitos distintos a los propios del servicio, viola derechos de las víctimas, atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares y la restricción para otorgar funciones de policía judicial a las fuerzas militares”.

De acuerdo con los demandantes “la ley revive aspectos ya declarados inconstitucionales y desconoce estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Es una ley que viola el debido proceso, el carácter de las fuerzas militares en un estado social y democrático de derecho, la prohibición expresa de juzgamiento de civiles por parte de militares, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

Aunque la demanda prevé vicios de forma también se consideraron aspectos de fondo como la ampliación de competencias de la justicia penal militar, la posibilidad de que ésta conozca casos fuera del servicio militar y el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además del debido proceso.

Los legisladores se mostraron contrarios además a la conformación de un Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial y a la Fiscalía General Penal Militar puesto que viola la prohibición constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas militares, al tiempo que desconoce el diseño constitucional que creó una única Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la argumentación “Estas normas violan el principio de separación de poderes, así como el principio de autonomía e independencia judicial”.

La demanda se radicará mañana martes 24 de noviembre a las 9:30 a.m en la Corte Constitucional.

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Dos mujeres son asesinadas cada día en Colombia

25 de noviembre Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres

Dos mujeres son asesinadas cada día en Colombia

Bogotá, noviembre 20 de 2015

En el marco del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres que se conmemora el próximo miércoles 25 de noviembre las mujeres piden al Presidente Juan Manuel Santos que se les declare en Crisis Humanitaria.

Ángela Robledo, representante a la Cámara aseguró que la violencia contra las mujeres sobrepasa todos los límites: “Como bien lo expresan las múltiples cifras y casos diarios de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o exparejas estamos sobrepasando los límites de violación a los derechos humanos, principalmente el derechos a la vida y la integridad de las mujeres en sus propias casas”.

Medicina Legal señala que 6.219 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Según la Defensoría del Pueblo, de esas 6.219 valoraciones “se han identificado 1.658 casos en estado crítico”. La casa y los compañeros sentimentales se han vuelto un peligro para las mujeres: 41.802 mujeres sufrieron violencia de pareja en 2014. Se estima que la afectación a mujeres y niñas en los casos de violencia intrafamiliar es de 85%, en 5939 casos del 2014.

Por su parte Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de al Mujer y promotora de la iniciativa ¡Declare YA la Crisis Humanitaria de las Mujeres! aseguró que la violencia contra las mujeres en todos los escenarios de la vida “es un delito generalizado, sistemático, obedece a una intencionalidad clara de eliminar la voz de las mujeres, es una situación excepcional y repudiable moralmente que exige acciones inmediatas por parte del Estado colombiano”.

Las mujeres son las principales víctimas del conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, a octubre 30 de 2015, de las 7.620.114 víctimas registradas, 3.657.438 son mujeres: 438.906 han sido asesinadas, 72.910 han sufrido desaparición forzada y 9.892 han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual.

Ángela Robledo aseguró que el Estado colombiano ha sido negligente frente a los derechos de las mujeres: “Cómo es posible que se tengan todos los datos de las mujeres en riesgo y no se tomen las medidas urgentes para salvar sus vidas”, dijo.

A partir de hoy varias organizaciones de mujeres, con el apoyo de líderes políticos y de opinión, promueven la recolección de firmas para exigir al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se declare la Crisis Humanitaria de las Mujeres y se tomen medidas urgentes y concretas para atender la emergencia.

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Mujeres invisibles. Por Angela Robledo.

En medio de la indiferencia de la sociedad y la negligencia del Estado, es un hecho que la desaparición forzada en Colombia permanece en la impunidad. Así lo denunciamos el pasado miércoles 4 de noviembre en un debate de control político realizado en el Congreso, donde resalté el drama de las miles de mujeres desaparecidas en los últimos años, especialmente en el marco del conflicto armado. 

En el comunicado de prensa sobre el debate, cuyo texto completo pueden consultar en mi sitio web www.angelarobledo.com, denunciamos que sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres llevan la peor parte: primero porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo porque no hay una política de búsqueda con perspectiva de género y, tercero, porque persisten estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que traen para las mujeres la desaparición forzada, y que están relacionados en la mayoría de los casos con violencia sexual. 

El panorama es desolador, y a manera de reflexión quiero compartir con ustedes las conclusiones más importantes del debate, las cuales reproduzco en esta columna. En Colombia cifras oficiales indican que existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres, hermanas y hermanos (RUV, abril de 2014). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las víctimas directas de la desaparición son unas 22 mil, incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). 

Entre estas escalofriantes cifras están los 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de los cuales 2.493 se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada. Se estima que dentro de este grupo hay 777 casos de niñas en edades de 0 a 17 años (Forensis 2014). Desde el primer momento en que se conocen los casos de desaparición hay negligencia de las autoridades que desestiman el hecho, no se activan las alarmas para la búsqueda efectiva de las mujeres vivas y tampoco consideran importante la investigación de los crímenes atados a la desaparición, como la violencia sexual, la desnudez forzada, la tortura, entre otros. 

Las mujeres además de ser víctimas de la desaparición son también quienes asumen de manera heroica la búsqueda de los hombres desaparecidos. Emprenden cruzadas maratónicas hasta dar por cuenta propia con el paradero de sus hijos, esposos o familiares víctimas de este flagelo, sin que el Estado les responda. Lo más lamentable es que para este crimen como para muchos otros en el país, pero especialmente para aquellos relacionados con las mujeres, la impunidad es total: Según Dejusticia, el 95% de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente está en la impunidad (2012). 

Así lo denunció también la Fundación Nydia Erika Bautista en el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados (…)”. (2015). 

La desaparición forzada de mujeres ha venido aumentando año tras año hasta cuadruplicarse, sin que ello convoque la voluntad política del Gobierno y sus instituciones para tomar medidas en el asunto: “De 1.398 (año 2000) a 7.291 (año 2009) y luego al doble de los años 2010 a 2013 cuando se registraron 12.368 casos. Entre los años 2000 y 2013 se presentaron 19.659 casos de mujeres desaparecidas sin información”. (Informe Desaparición Forzada de Mujeres, Fundación Nydia Erika Bautista. 2015). 

¿Qué nos queda? Exigir el compromiso y la voluntad política para la búsqueda de las personas desaparecidas, y reclamar que jueces y fiscales promuevan su búsqueda efectiva, real y digna, pues la mayoría de los casos de mujeres desaparecidas han sido invisibilizados e ignorados. Duele reconocerlo pero no se equivocan quienes afirman que Colombia es una gran fosa común, donde las desapariciones son como un duelo congelado en el tiempo. Por eso acompañamos a las familias en su lucha diaria: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!  - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/mujeres-invisibles#sthash.K2Rtfnhx.dpuf

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Parlamento europeo convoca a congresistas colombianos para conversar de paz

Bogotá, noviembre 9 de 2015

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo estará entre el 8 y el 14 de noviembre en Bruselas y Berlín, atendiendo una invitación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, para conversar sobre el estado actual del proceso de paz en Colombia y la situación y perspectivas del centro-izquierda en la política colombiana.

“Vamos a trabajar con la comunidad internacional y sobre todo con parlamentarios europeos sobre los avances, los desafíos y los riesgos del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana”, dijo la congresista Ángela Robledo.

En Bruselas, están previstas reuniones con el Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otros invitados convocados por la FES de Bruselas, entre lunes y martes.

En Berlín se reunirán con miembros del Parlamento alemán, del gobierno, de organizaciones sociales, de universidades y medios locales, de miércoles a viernes.

Además de la congresista Ángela Robledo, están en esta comitiva el representante Alirio Uribe (PDA) y el senador Horacio Serpa (Liberal), quienes fueron convocados por el director de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, Lothar Witte.

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Desaparición forzada: el drama de las “mujeres invisibles”

Bogotá, noviembre 4 de 2015

En Colombia cifras oficiales indican que existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres, hermanas y hermanos (RUV, abril de 2014). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica las víctimas directas de la desaparición son unas 22 mil incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). 

Entre estas escalofriantes cifras están los 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de los cuales 2.493 se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada.  Se estima que dentro de este grupo hay 777 casos de niñas en edades de 0 a 17 años (Forensis 2014).

Ángela Robledo denunció hoy en debate de control político que “Sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres, como es frecuente, sistemático y reiterativo, llevan la peor parte: primero porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo porque la ausencia de una política de búsqueda con perspectiva de género es total y, tercero, porque persisten estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que trae para las mujeres la  desaparición forzada y que están relacionados en la mayoría de casos con violencia sexual que hace parte de las estrategias y las tácticas de la guerra en Colombia”.

La congresista aseguró que desde el primer momento en que se conocen los casos de desaparición hay negligencia de las autoridades que desestiman el hecho, no se activan las alarmas para la búsqueda efectiva de las mujeres vivas y tampoco consideran importante en la investigación,  los crímenes atados a la desaparición como la violencia sexual, la desnudez forzada, la tortura, entre otros, como el paradero de los cadáveres.

Las mujeres además de ser víctimas de la desaparición son también quienes asumen de manera heroica la búsqueda de los hombres desaparecidos. Emprenden cruzadas maratónicas hasta dar por cuenta propia con el paradero de sus hijos, esposos o familiares víctimas de este flagelo, sin que el Estado les responda.

Robledo aseguró que lo más lamentable  es que para este crimen como para muchos otros en el país, pero especialmente para aquellos relacionados con las mujeres, la impunidad es total: Según Dejusticia el 95% de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente está en la impunidad (2012).

Así lo denunció también la Fundación Nydia Erika Bautista en el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados (…)”. (2015).

La desaparición forzada de mujeres ha venido aumentando año tras año hasta cuadruplicarse, sin que ello convoque la voluntad política del Gobierno y sus instituciones para tomar medidas en el asunto: “De 1.398 (2000) a 7291 (2009) y luego al doble de los años 2010 a 2013 cuando se registraron 12.368 casos. Entre los años 2000 y 2013 se presentaron 19.659 casos de mujeres desaparecidas sin información”.   (Informe Desaparición Forzada de Mujeres, Fundación Nydia Erika Bautista. 2015).

El caso de las cuatro hermanas Galárraga Meneses, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por paramilitares en La Dorada (Putumayo) en 2001

Yenny Patricia (19 años), Nelsy Milena, Mónica Liliana (gemelas de 18 años) y María Nelly (13 años) Galárraga Meneses, de La Dorada (Putumayo), señaladas por los paramilitares del bloque sur de ser “colaboradoras y tener relaciones sentimentales con la guerrilla”.

Durante el cautiverio fueron víctimas de violencia sexual. La niña y las adolescentes fueron sometidas a interrogatorio ante las cuadrillas paramilitares y sometidas a desnudez forzada.  Nelly, Yenny y María Nelly, fueron desmembradas vivas y Monica murió producto de una lesión por mecanismo contundente en el cráneo. El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que el descuartizamiento fue utilizado como método de tortura. Los cuerpos de estas mujeres fueron hallados en una fosa común, con señales de tortura y con sus partes desmembradas.

El desenlace del caso

En el 2001, seis meses después de los hechos, se dictó resolución inhibitoria y el caso fue archivado. En el 2010, después de que fueron encontrados los cadáveres de las hermanas Galárraga (en fosas clandestinas) se activó el mecanismo de búsqueda.  En 2011, a petición de la parte civil, se revocó la resolución inhibitoria. En el 2013 se realizaron cuatro capturas, sin embargo, en junio de ese año, se decretó la prescripción del delito de violencia sexual.  En 2013 se vincularon al proceso a seis individuos, se decretó la apertura de instrucción por desaparición forzada agravada, secuestro simple, acto sexual violento y desplazamiento forzado y se ordenó su captura. En  2014, se vinculó a tres individuos por desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. Ese mismo año se resolvió la situación jurídica de los captuados, ordenando la detención preventiva  de tres de ellos como autores materiales impropios de un concurso homogéneo y heterogéneo de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y desplazamiento forzado. Este año la mayor parte de estas capturas fueron canceladas.

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Dirección de Mujer Rural será una realidad en MinAgricultura: Bancada de Mujeres del Congreso

Bogotá, octubre 29 de 2015 

La Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República en cabeza de las parlamentarias Ángela Robledo (Alianza Verde), Flora Perdomo, Clara Rojas y Arleth Casado (Partido Liberal), convocaron la voluntad política del Ministerio de Agricultura, dirigida a hacer realidad la demanda de unas 150 organizaciones de mujeres rurales que promueven la instalación de una oficina específica que lidere las políticas que les atañen.

Edilia Mendoza lideresa de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales en Colombia y quien representa a unas 150 organizaciones dijo que llevan muchos años exigiendo que el Ministerio de Agricultura se ponga a tono con las recomendaciones de la Misión Rural y del Censo Agropecuario que propone incluir en las políticas públicas agrarias la perspectiva de género y trabajar en la reducción de la pobreza y las brechas que distancian a estas mujeres del desarrollo.

En Colombia hay 5,3 millones de las cuales 2,5 viven en condiciones de pobreza. Más de la mitad, 51,7% han sido víctimas de desplazamiento. El desempleo de las mujeres en la ruralidad en cinco veces más alto que el de los hombres: 18% frente a 3,7%. Pese a que las mujeres son mayoritariamente quienes trabajan la tierra, para el 2013 la titulación de tierras fue de 73% para hombres y 27% para mujeres.

La congresista Ángela Robledo aseguró que una vez se instale la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, el próximo 8 de diciembre, se comenzará a trabajar en una política pública integral que de manera participativa de curso a las múltiples demandas de las mujeres que tienen que ver con la concreción de los acuerdos para construir la paz en Colombia y que debe estar lista para mediados del año entrante.

“Es un compromiso del Gobierno del Presidente Santos, desde el Plan de Desarrollo, crear la Dirección de Mujer Rural que seguramente servirá para que se trabaje en la disminución de las enormes brechas que existen entre las mujeres del campo y las urbanas. No se puede pensar en construir equidad sin dar la mano a estas mujeres que son las más pobres entre las pobres, tienen denegados todos sus derechos y sufren cotidianamente violencia en la casa y violencia social a causa de la guerra y el desplazamiento. De las mujeres rurales depende en gran parte la economía familiar y la seguridad alimentaria del país. Esta es una prioridad”, aseguró Ángela Robledo.

Los acuerdos de crear la Dirección de Mujer Rural para el próximo 8 de diciembre y trabajar en una política pública participativa que priorice, entre otras, las demandas de las mujeres rurales de acceso a tierra, asesoría técnica, flexibiliación de créditos y capital semilla, para que esté lista a mediados del año entrante, fueron presididos por el Viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados.

En el encuentro estuvieron además las lideresas, Luz Amparo Vásquez, de la Asociacion de Usurios Campesinos de Cundinamarca; Blanca Flor Valencia, de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afro de Colombia, Anmucid, y Ada Marlén Alfonso Consejera Nacional del Sector Mujer Rural. 

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Congresistas denunciarán a Mindefensa por incumplir sentencia de la Corte Constitucional sobre batidas

Bogotá, octubre 28 de 2015

Los representantes a la Cámara Ángela Robledo (Alianza Verde) y Alirio Uribe (Polo Democrático) denunciaron en debate de control político que el Ministerio de Defensa además de violar los derechos humanos de los jóvenes que no han resuelto su situación militar, incurren en el delito de fraude a resolución judicial por no acatar la orden dada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-455 de 2014 en la que indica que: “…las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas…”

Los congresistas aseguraron que las batidas ilegales hacen parte de una estrategia de la fuerza pública dirigida a cumplir las metas anuales de incorporación de jóvenes al servicio militar, centrada en jóvenes de escasos recursos y campesinos a quienes se les vulnera todos sus derechos.    Entre enero de 2010 y octubre de 2015 se han presentado 1.088 denuncias de batidas o redadas – ilegales.

El 100% del servicio militar está sostenido con soldados regulares, bachilleres y campesinos de los  estratos  sociocioeconómicos 0, 1, 2 y 3, con un porcentaje sobresaliente, más del 50%, en todos los casos, para el estrato 2.  Entre 2009 y 2013 prestaron servicio militar 500.236 jóvenes en estas modalidades.

La parlamentaria Ángela Robledo dijo que: “Organizaciones objetoras de conciencia y defensores de derechos humanos han denunciado hasta el cansancio que estos muchachos son recogidos en camiones, muchas veces maltratados física y verbalmente y trasladados a sitios lejanos a sus hogares, donde se les mantiene sin comunicación alguna con sus familiares y al sol o al frío (depende donde los lleven) sin probar alimento por varios días.   Existe un clara discriminación de clase en estas batidas y en el método en el que la fuerza pública copta héroes que luego van como carne de cañón a los campos de batalla”.

Por su parte el representante Alirio Uribe aseguró que la lista de prácticas ilegales y recurrentes fue denunciada el año pasado cuando se analizaron los casos de 973 jóvenes: “Uso inadecuado y mala fe del término ‘compeler’; retención ilegal de documentos para asegurar la detención; capturas ilegales de jóvenes en espacios públicos masivos; participación y complicidad de la policía para realizar capturas ilegales; agresión verbal y física de los jóvenes incorporados; omisión de todas las exenciones legales y aplazamiento; transporte de jóvenes en buses intermunicipales por parte de militares vestidos de civil poniendo en riesgo la vida de militares reclutadores y reclutados; ocultamiento de los camiones en los cuales se hacen las detenciones arbitrarias (camiones sin placas); origen de los militares que realizan el operativo; omisión de procesos previos que vienen adelantando los jóvenes en los distritos militares correspondientes, entre muchas otras”.

La Corte Constitucional es enfática al señalar que: “Las redadas o batidas, están prohibidas por la Constitución y las leyes, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial”. De igual manera indica que “las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos”. 

Según información del Proceso Distrital por Conciencia y la Dirección de Derechos Humanos y apoyo a la Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de enero a la fecha (octubre de 2015), se registraron en Bogotá 88 batidas.

El procedimiento de incorporación a las fuerzas militares y la definición de la situación militar están reguladas por la Ley 48 y el decreto 2048 ambos de 1993.  Asimismo, deben respetarse las causales de exención en todo tiempo, exención en tiempos de paz, y aplazamiento, contempladas en ésta y en otras leyes, como la Ley 1448 de 2011, que exime del servicio a las víctimas del conflicto y la Ley 1106 de 2006, que dispone que procede su aplazamiento respecto de los menores de edad  y por razones de estudio. 

Los congresistas dijeron que “Es necesario revisar la regulación del pago de la cuota de compensación militar y cumplir con los casos de exención del pago, así como revisar lo relacionado con el pago de las multas para los remisos. Como lo señala la Defensoría del Pueblo (Servicio militar obligatorio en Colombia: incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. Informe 2014), deben agilizarse los trámites para la obtención de la libreta militar (no tenerla obstruye el acceso al empleo y al estudio), clarificar los procedimientos y crear una base de datos de libre acceso”.

De igual manera, los congresistas propusieron la creación de una comisión accidental de seguimiento a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, los congresistas afirmaron que estos tiempos de paz exigen reeditar las instituciones, entre otras, fortalecer la formación en derechos humanos de los integrantes de la fuerza pública y profesionalizar el servicio militar.  

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Las memorias del posconflicto en Colombia

Culumna de opinión de la representante Ángela María Robledo

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Colombia ha sido un país de guerras inconclusas y recurrentes. Guerras cuyos referentes históricos están presentes en los recuerdos de muchos de nuestros antepasados, en sus narrativas, en sus comportamientos y hasta en sus temores más infantiles. Guerras que por más de 100 años han estado presentes en las biografías de millones de personas en Colombia. Aureliano Buendía en Cien años de Soledad, del escritor García Márquez, podría encarnar desde la literatura el arquetipo del guerrero que pareciera eterno, por haber participado en 32 guerras civiles y haberlas perdido todas. Guerra que desnuda y exacerba nuestra condición de seres vulnerables.  La nuestra es una Colombia donde hemos crecido en la práctica de una enemistad intemporal, lo dice poéticamente William Ospina. La guerra nos ha transformado a todos de alguna manera, por acción o por omisión, en víctimas y victimarios.

  Esta guerra parecería estar a punto de terminar, quizá como se dijo hace algunas semanas desde La Habana (Cuba), el próximo año podríamos iniciar la transición de la guerra a la paz, transición que exigirá grandes dosis de verdad, de condiciones materiales y simbólicas de reparación a las víctimas, un “nunca más” a la guerra y una justicia que en el marco de la verdad plena y oportuna abrirá las opciones de penas alternativas o de cárcel para los máximos responsables, cuando no se diga la verdad. 

Un común denominador a esta travesía de la guerra a la paz serán los procesos de memoria individual y colectiva para construir una memoria histórica a muchas voces, una memoria democrática, que supere nuestras guerras de vencedores y vencidos, las memorias oficiales cómplices, hegemónicas, oscuras. Como lo dice Tzvetan Todorov un proceso donde “el mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”.  Las memorias colectivas de los procesos de paz negociados, lo plantea el profesor Iván Orozco, son sin duda más congruentes con el multiculturalismo y la pluralidad democrática, más propias del siglo XXI. Estos procesos propician que los guerreros que siempre encuentran razones para acudir a la violencia, porque se autorepresentan como victimarios-inocentes, puedan reconocer sus culpas y sus responsabilidades. 

En los procesos de paz negociados no son solo afloran pulsos militares y jurídicos, también son escenarios para la emergencia de emociones en las complejas tensiones por la redistribución de las culpas, el reconocimiento de odios recíprocos, de rabias, de miedos. También lo señala el profesor Gonzalo Sánchez: las memorias de la guerra y de la paz son campo de tensiones, de poderes, de lucha por fijar en las memorias individuales y colectivas, los motivos, las justificaciones y las comprensiones de la guerra. 

En Colombia la memoria se ha convertido en un factor explícito de denuncia y afirmación de las diferencias. Memorias silenciosas, memorias del ámbito privado, memorias de la indignación y la militancia, memorias de la resistencia. Prácticas de la memoria individuales o colectivas que no solo ponen en escena el dominio de los guerreros, de los poderosos sino que hacen visibles los grupos o colectivos que se enfrentan desde sus posiciones de fuerza, en ocasiones bastante asimétricas, pero siempre en tensión frente a los dominadores. Prácticas de memoria como las de las madres de Soacha, las mujeres de la Ruta Pacífica, las de los familiares de los miles de desaparecidos, que exigen no solo verdad, sino también un “Nunca Más”. 

La obligación de las víctimas será recordar, la pretensión y necesidad de los victimarios será olvidar, en esa tensión de memoria y olvido se podrá o no transitar hacia el camino de la paz. Habrá memorias que atan al odio vindicativo, a la venganza. También memorias que desatan de la macabra atadura de los victimarios y mueven hacia la dignidad. Las Memorias que des-atan de la ira y la venganza -lo dice Hannah Arendt-, son las que permiten cantar no el aniquilamiento, sino la politicidad titilante de estos conflictos, “…presente en el mundo precario pero mundo al fin, construido entre los enemigos en el desierto desertificante de las interacciones armadas (…) en un nuevo pacto entre enemigos”.  - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/las-memorias-del-posconflicto-en-colombia#sthash.3JBs8Oth.dpuf

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Niñez Indígena: Dulce semilla que teje futuro. Por Angela Robledo

El pasado primero de octubre llevamos a cabo en el Congreso de la República un coloquio que denominamos “Niñez Indígena: Dulce semilla que teje futuro”, en un trabajo conjunto con el senador Luis Evelis Andrade, la Organización Nacional Indígena ONIC, DNI y FUCAI, que tuvo como propósito contar con un espacio de reflexión sobre los grandes problemas que afectan a los niños y niñas de los Pueblos Indígenas.

Esa dulce semilla representada en la vida del nuevo ser que llega a la familia, a la comunidad, y que hace parte de nuestra sociedad necesita ser cuidada y protegida por toda la población colombiana. Esta semilla, para los pueblos indígenas que residen en 214 municipios, es el vínculo entrañable con la Madre Tierra, es la identidad, es el pilar de su cultura.

Son los niños y las niñas a través de quienes se perpetúan sus cantos, los saberes, la magia, las cosmovisiones y la pervivencia de los pueblos indígenas. Nuestro país, pluriétnico y multicultural de acuerdo con la Constitución Política que nos rige, tiene la responsabilidad y el deber ético, social y político impostergable de proteger sus vidas y garantizar sus derechos. 

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Niños indígenas que mueren de hambre piden ser semilla para el futuro

Bogotá, septiembre 30 de 2015

En Colombia los niños son los más pobres entre los pobres con indicadores sociales casi todos en rojo, pero son los niños indígenas quienes llevan la peor parte, al punto que sus pueblos están al borde del exterminio a causa de la falta de agua, de enfermedades evitables y prevenibles, pero sobre todo por hambre.

Por ejemplo, en La Guajira 70% de la población vive en pobreza y 1 de cada 3 personas sobrevive a la indigencia. El 27% de la población tiene desnutrición crónica y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100% en la mayoría de sus municipios. Según el DANE la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8% y 90% de la población no cuenta con agua potable. La tasa de mortalidad materna de la región, triplica la tasa nacional, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.

En general, la desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país y los departamentos que presentan indicadores altos de desnutrición, son regiones donde se concentra mayor población de niños indígenas: La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%). Datos de la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010).

En Manaure, por ejemplo, la prevalencia de anemia está en 82%, lo que duplica el promedio nacional. Cifras de Unicef (2010) muestran que la existencia de desnutrición crónica de niños y niñas indígenas de 0 a 59 meses es del 73%; mientras el promedio nacional esta en 8%, o sea nueve veces más alta.

“Esta dolorosa e infame situación de los niños indígenas la hemos denunciado innumerables veces mientras que más de 4.125 niños han muerto de física hambre y de enfermedades relacionadas con bajo peso, desnutrición y falta de agua potable, en los últimos seis años. Hoy 37.000 niños y niñas wayúu están en riesgo de muerte por las mismas causas y no pasa nada!”, dijo Ángela Robledo, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde.

Por su parte el senador Luis Evelis Andrade afirmó que: “Llamamos la atención del gobierno nacional y en especial del Insituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación para que se implementen políticas públicas urgentes y necesarias para la sobreviviencia de nuestros pueblos indígenas patrimonio de la humanidad”.

Estas y otras problemáticas que sufren los niños indígenas se discutirán el próximo jueves 1 de octubre de 8 a.m. a 5 p.m. en el salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República. Primer coloquio de niñez indígena dulce semilla que teje futuro, convocado por los congresistas Ángela Robledo y Luis Evelis Andrade y la ONIC.

En Colombia 3,43% de la población es indígena, o sea 1.392.623 personas de las cuales el 46% son menores de edad que sobreviven a condiciones infrahumanas: 70% sufre desnutrición crónica, 63% vive en pobreza estructural, 47,6% debajo de la línea de miseria y el analfabetismo alcanza el 44%.

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Comisión de Paz del Congreso celebra acuerdo de Justicia en la Mesa de Diálogo

En comunicado, Senadores y Representantes respaldan al Presidente Juan Manuel Santos y piden que se formalicen las conversaciones con el ELN.

Bogotá, septiembre 23 de 2015

Las Comisiones de Paz del Congreso de la República saludamos hoy con esperanza y alegría el anuncio de que el Presidente Santos le entregará esta tarde al país un acuerdo histórico de la Mesa de Diálogo en La Habana (Cuba) sobre justicia transicional.

Desde las Comisiones de Paz hemos trabajado duramente para que el anhelo de un acuerdo de paz con justicia social se haga realidad lo antes posible y podamos entre todos los colombianos comenzar a construir el post conflicto, con verdad, justicia y reparación.

Este anuncio nos llena de ilusión porque significa que avanzamos en el camino de la reconciliación en un mundo convulsionado por la guerra y el odio.

Apoyamos al Presidente de la República, Juan Manuel Santos y  a todo el equipo negociador que se la ha jugado por llevar a feliz término este proceso y pedimos que se formalice e instale lo más pronto posible la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN.

No podemos avanzar realmente en un proceso de post conflicto sin un acuerdo con el ELN. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando como facilitadores de estos procesos tan transcendentales para el país.  

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La política del amor del Centro Democrático. Por Angela Robledo

Columna de opinión de la Representante Ángela Maria Robledo

"Agarrón entre congresistas" fue el titular que utilizaron varios medios de comunicación para dar cuenta de mi discusión con dos congresistas del partido político conocido como Centro Democrático, cuando les pregunté por su silencio frente a las muertes de jóvenes a manos de integrantes del Ejército, mal llamados "falsos positivos", ocurridos especialmente durante el gobierno de su jefe, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. 

Mi reclamo iba igualmente dirigido a la complicidad mostrada frente a las persistentes denuncias sobre jóvenes ajusticiados y desaparecidos durante la macabra Operación Orión, llevada a cabo en octubre de 2002 en las comunas orientales de Medellín, bajo el comando del hoy exgeneral Mario Montoya, acusado de las muertes de jóvenes, quien tuvo que abandonar su cómoda condición de embajador de Colombia en República Dominicana para responder ante la justicia por la acusación de haber intervenido en operaciones del Ejército en las cuales se violaron los Derechos Humanos, en especial de jóvenes pobres y excluidos, casos que hoy permanecen en total impunidad. 

Hoy ante el país y la comunidad internacional se inicia la tarea de buscar entre toneladas de basura, en la zona de Medellín conocida como La Escombrera, los restos de muchos de estos jóvenes. Se dice que estamos frente a una de las fosas comunes más grandes del territorio nacional. Fosa que se alimentó bajo los ojos de los gobernantes locales de turno y la mirada complaciente de un presidente de "corazón grande" cuya primera referencia cuando se habló de la desaparición de los jóvenes, denunciada por sus madres, en la población de Soacha, fue: "De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café".

Ese fue mi reclamo frente a las seguidoras de su jefe político. Se me acusó de estar mintiendo, de ser una persona que odia a su jefe, de ser injusta con mis presuntas acusaciones que, dicho sea de paso, nunca han sido desmentidas, y finalmente se me invitó a militar en la política del amor como la salida y la posibilidad de promover la reconciliación.

Al escucharlas reconocí que están haciendo un llamado sensato, necesario para un país donde la violencia ha permeado nuestras interacciones en los ámbitos más privados, que permean el mundo político y nos han conducido -lamentablemente- a terminar justificando la violencia en sus múltiples expresiones. 

Sin embargo, basta revisar cómo su jefe Álvaro Uribe ha ejercido su tarea política para darse una cuenta que él sería el mejor alumno de la recomendación que me hicieron sus fervientes seguidoras. Y, confieso, no pude evitar recordar algunas de sus más famosas expresiones:  "Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica". "Sea varón y quédese a discutir de frente, porque usted, a veces, insulta en la distancia".  "Pregúntenme lo quiera que hoy estoy cargado de tigre". "Les pido a los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos del Gobierno".  "Muchos de ellos del M19 incendiaron el Palacio de Justicia con dineros de la mafia... recibieron indultos, se quitaron el camuflado y ahora son terroristas vestidos de civil". Con esta afirmación se refería especialmente a Gustavo Petro y Antonio Navarro quienes habían hecho su tránsito de los fusiles a los votos, para defender sus ideas.

Hoy reconozco que si se van a cambiar las armas por los votos, si vamos a hacer la política en medio de la diferencia, vamos a lograr pasar de exterminar al otro a confrontarlo en medio del conflicto, el cual debemos aprender a resolver sin matarnos, ni material, ni simbólicamente.  La invitación entonces a las colegas del Centro Democrático es que así como puedo aceptar su recomendación de promover la convivencia y el debate sereno, el primer "buen muchacho" que debería acoger su receta es su jefe, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/la-politica-del-amor-del-centro-democratico#sthash.tNcuEzPt.dpuf

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Aprobado en primer debate proyecto de ley de prima para trabajadoras domésticas

Bogotá, septiembre 15 de 2015

Ángela María Robledo, representante a la Cámara y co autora del Proyecto de Ley No. 003 de 2015 Cámara, presentó ponencia positiva a la iniciativa por medio de la cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para trabajadoras domésticas, que fue aprobada por la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

Este proyecto está fundamentado, entre otros, en el Convenio 189 de la OIT, ratificado por Colombia y que apunta no sólo a la formalización del trabajo en igualdad de condiciones para todos los trabajadores, sino en la búsqueda de condiciones de trabajo decente.

De igual manera, la iniciativa de la Bancada Verde busca concretar el mandato de la Corte Constitucional en la Sentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al mismo Gobierno para que se avance en el reconocimiento de condiciones dignas, justas y en igualdad de condiciones de las trabajadoras domésticas.

Cifras del Ministerio de Trabajo (2014), indican que en Colombia  hay 709.000 personas dedicadas a trabajar como empleados domésticos, de los cuales 674.000 (95%) correspondían a mujeres y 36.000 (5%) hombres, que ganan menos de un salario mínimo.  Según la Encuesta Integrada de Hogares del mismo año, la mayoría de los trabajadores domésticos el 44% está entre los 41 y 60 años.  Se estima que apenas ocho mil cuentan con contrato de trabajo escrito, es decir, que la mayoría no cuenta con ninguna protección social.   

Es de anotar que un buen porcentaje de estas mujeres provienen de los sectores más desfavorecidos del país, la mayoría han sido víctimas de desplazamiento forzado, violencia sociopolítica y sobrevivientes de violencia sexual.

Ángela Robledo señaló que la familia es el primer lugar donde arranca el cuidado de la vida que le aporta riqueza al país y que el trabajo de las mujeres es también un trabajo productivo y por tanto urge que se le reconozca como sujetos de derechos laborales.  

De acuerdo con la investigadora Sandra Muñoz (2015) es necesario transformar el trabajo doméstico en uno laboralizado y desligado de la esfera de lo reproductivo y de lo privado y garantizar por lo menos cuatro elementos mínimos de trabajo decente que define la OIT: Empleo productivo, protección en seguridad social integral, trabajo con garantía a los derechos fundamentales y diálogo social. 

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

 

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Ángela María Robledo pide sanción contra los congresistas que le agredieron en la plenaria de la Cámara

Bogotá, septiembre 9 de 2015

La representante de la Alianza Verde Ángela María Robledo radicó hoy una solicitud ante la presidencia de la Cámara de Representantes para que se investigue y sancione las agresiones verbales de las que fue objeto  por parte de los representantes Álvaro Hernán Prada y otros, quienes la ultrajaron de palabra, le faltaron  al respeto e  hicieron imputaciones deshonrosas y degradantes en su contra.

El debate se presentó en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, del 8 de septiembre cuando se discutía una proposición de moción de censura contra la Canciller María Ángela Holguín, promovida por el Partido Conservador frente a la cual Robledo alertó sobre posibles vicios de trámite. Enseguida el representante del Centro Democrático, Hernán Prada, la emprendió contra ella con insultos, calificativos personales degradantes y estigmatizaciones sobre su activismo en el proceso de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC.   

La solicitud realizada por la representante Robledo fue respaldada por congresistas de diversos partidos quienes hicieron un llamado a sus colegas para que se respete la deliberación abierta, democrática y respetuosa en el escenario político. 

Por su parte la representante Ángela María Robledo dijo que su vida política está abierta al escrutinio de la ciudadanía y que su único nexo ha sido con la salida política de la guerra centenaria que azota al país.

Ver solicitud dirigida al Presidente de la Cámara de Representantes.

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Duelos suspendidos en el tiempo: el drama de la desaparición forzada. Por Angela Robledo

En Colombia nos hemos acostumbrado a contar muertos, desplazados, violaciones, genocidios… y tenemos casi siempre el deshonroso primer lugar en aquello que significa pobreza, violencia, inequidad, concentración de la riqueza… pero existe un drama que es como estar muerto en vida: la desaparición forzada que nos condena a sobrevivir con duelos aplazados y dolores suspendidos en el tiempo y que convierte al país en una gran fosa común.  

Cifras indeterminadas, indican que en el país existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres y hermanos, según el Registro Único de Víctimas (Abril de 2014). De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica las víctimas directas de la desaparición son unas 22.000 incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). Son unas 45 mil familias esperando razón de sus seres queridos.  

El pasado 30 de abril se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido, la única certeza es que la impunidad es total. Así lo demuestra el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados. De este modo, el sistema judicial no ha sido garantista de los derechos de los desaparecidos y sus familiares”. (Fuente: Fundación Nydia Erika Bautista, febrero de 2015).  

Hasta el momento, según la Fiscalía General de la Nación, se contabilizan 2.292 personas inhumadas como no identificadas en los diferentes cementerios en los que trabaja la problemática la organización Colectivo Orlando Fals Borda. De ellas, 1.421 fueron reportadas por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate, según consta en las actas de levantamiento del cadáver, sin que existan antecedentes penales o sentencias contra las personas inhumadas. Han sido identificados 830, se han exhumado 990 y entregado 77 cuerpos.  

A juicio de la organización Fals Borda, esto supone que en 5 años se han entregado los restos de 77 personas, es decir, 15,4 al año. A este ritmo harían falta 143,83 años para entregar el resto de los cuerpos inhumados solo en cinco cementerios, lo que evidencia que resulta imprescindible acelerar este proceso dotándolo de más recursos humanos, técnicos, financieros y, sobre todo, de voluntad política de las entidades involucradas.  

A pesar de que Colombia aprobó la Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada (Ley 1418 de 2010 puesta en marcha en agosto de 2012), el país no ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, lo que implica que en la práctica la ley no se cumple.  De acuerdo con la organización Equitas que también aborda el tema “el proceso de transición por el que atraviesa Colombia quedaría inacabado si no agotamos toda la capacidad del Estado en determinar el universo de las desapariciones forzadas, saber cuántos son, sus nombres y sus historias; saber el por qué y para qué los desaparecieron y quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Para ello es necesario que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas frente al cumplimiento e implementación de la política pública en materia de desaparición, en los que se cuente con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, de los equipos forenses independientes y de los familiares de las víctimas”.  

Se estima que el 84% de los casos de desapariciones forzadas son a causa del conflicto armado pero su drama se queda en la impunidad, la invisibilidad y la tragedia de cada familia que lo padece.  Solo esperamos que esta guerra termine, que podamos llamar la atención de las autoridades responsables de combatir la impunidad y unirnos al dolor de aquellos que buscan entre escombros a sus seres queridos. Que podamos como dice bellamente el poema de Miguel Hernández:(…) escarbar la tierra con los dientes, apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. (…) minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte…  

(Una versión corta de esta columna circuló en mis redes sociales a propósito del Día Internacional de la Desaparición Forzada) . 

ANGELA ROBLEDO

COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

http://www.lapatria.com/columnas/40/duelos-suspendidos-en-el-tiempo-el-drama-de-la-desaparicion-forzada

 

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Comisiones de paz del Congreso radican proyecto de servicio social alternativo al servicio militar obligatorio

Los miembros de las comisiones conjuntas de paz del Congreso de la República radicaron el proyecto de Acto Legislativo que tiene como propósito crear el Servicio social para la paz. Con esta iniciativa los jóvenes podrían optar por el servicio social en distintas áreas y entidades del Estado, si no se inclinan por el servicio militar.

BOGOTÁ, 26/08/2015. La iniciativa, que consta de dos artículos, recoge en un solo marco jurídico la propuesta de un servicio social que les permita a los jóvenes alternativas distintas a la de las armas, y ser partícipes de la construcción de la paz. El proyecto modifica el artículo 22 de la Constitución Política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, adicionándole un inciso con el que se crea un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, que será reglamentado por la ley, y que sería equivalente o alternativo a la prestación del servicio militar, actualmente obligatorio.

Con este proyecto, los jóvenes podrían optar por el servicio social, si no se inclinan por el militar. Por su carácter civil y social, enfocado en el derecho y el deber de la paz, se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello, y tendrá una duración de 12 meses.

La iniciativa también modifica el artículo 216 de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, permitiendo que solo los colombianos que así lo decidan, podrían tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, sin perjuicio de que una ley reglamente los casos en que debido a una guerra exterior, sea necesario hacer un llamado general a tomar las armas.

La iniciativa legislativa contó con el aporte de las organizaciones de objetores agrupadas en el Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, entre las que se encuentran: Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad Tejuntas, la Asamblea Nacional de Objetores de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación Popular, Disentir, Alborada, entre otras.

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Mujeres en riesgo de ser asesinadas por sus parejas

¿Sabían ustedes que la violencia en los hogares colombianos cobra más víctimas que la guerra? Dicho de otra manera: ¿sabían ustedes que mueren más mujeres en la casa que soldados en el campo de batalla? Las preguntas y las respuestas en sí mismas son aterradoras: a las mujeres en este país las están matando quienes dicen que las aman: sus exesposos o sus parejas. 

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Más de 2 mil mujeres en riesgo de morir a causa de la violencia de pareja

Bogotá, agosto 12 de 2015

 

Así lo denunciaron las congresistas Ángela Robledo y Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, tras conocer un estudio de Medicina Legal que indica que 2.115 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas o exparejas en ciudades como Popayán, Bogotá y Cartagena donde se concentra el número más alto de mujeres en riesgo extremo.

Y es que la violencia en la casa está cobrando más víctimas que la misma guerra: Durante el 2014 Medicina Legal realizó 75.939 peritazgos por violencia intrafamiliar que incluye violencia contra los niños, niñas y adolescentes, violencia contra los viejos y violencia de pareja, frente a la cual, las mujeres y niñas llevan la peor parte con un 85% de los casos. 

De acuerdo con la representante a la cámara, Ángela Robledo: “La violencia contra las mujeres en todos los escenarios es absolutamente intolerable pero lo es más en la casa que hoy constituye el primer campo de batalla. Comparando estadísticas soldados muertos en combate, frente a mujeres asesinadas en sus casas, nos da una cifra escalofriante: mientras en un mes mueren 21 soldados, 63 mujeres son asesinadas por violencia de género. Sólo entre enero y febrero de este año 126 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres”. 

Lo más aterrador del asunto es que la casa y los esposos constituyen un peligro para las mujeres. De acuerdo con Medicina Legal son los esposos, ex esposos, novios, compañeros o ex compañeros permanentes los principales agresores. La frase de “te voy a matar” se ha convertido en una expresión cotidiana que aniquila a las mujeres, las paraliza y las inunda de miedo para denunciar y movilizarse. Para 2014, Forensis reportó que 41.802 mujeres sufrieron violencia de pareja.  

Medicina Legal indicó que muchas de las mujeres que fueron valoradas en exámenes médico legales “regresaron luego muertas”, por lo que decidieron aplicar un cuestionario que permite valorar el riesgo de la violencia mortal contra las mujeres y que arrojó estas cifras. 

¿Cómo es posible que Medicina Legal denuncie que hay 2.115 mujeres en riesgo de ser asesinadas y no exista ya una acción contundente del Estado para salvarlas?  Si tenemos todos los datos, las ciudades, los protocolos… Todo! Dijo la congresista Ángela Robledo. 

Robledo dijo que a pesar de que Colombia cuenta con 1.132 comisarías de familia que son una de las primeras instituciones a las que acuden las mujeres, el acceso de ellas a una justicia real y efectiva aún está en pañales por cuenta de medidas de protección que no se cumplen, ausencia de rutas claras de atención, falta de coordinación y gestión  interinstitucional y sobre todo seguimiento a los casos críticos. La institucionalidad está colapsada.   

Muchos de los casos de mujeres que son asesinadas por su parejas o ex parejas han pasado por  una “conciliación” en comisarías de familia: El 20 de febrero, Gloria denuncia un intento de asfixia por parte de su esposo que fue considerada lesiones personales; el 17 de marzo, el esposo de Gloria intentó lanzarla por la azotea y nuevamente esta agresión fue considerada como lesión personal; en mayo Gloria fue asesinada por su esposo con arma de fuego. Dos meses después Gloria es citada a la comisaría para conciliar con su esposo. (Fuente: eltiempo.com) 

Claudia Román fue asesinada por su esposo quien le propinó siete puñaladas. Claudia estuvo tres veces en la comisaría de familia en Cali por lesiones y allí le recomendaron que conciliara. En esas mismas tres oportunidades debió recurrir al hospital por lesiones en el pómulo, clavícula y extremidades por los golpes. (Fuente: eltiempo.com)

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y la violencia de pareja es una clara violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres con unos costos incalculables en términos de salud física, mental y años de vida perdidos. Según CEDE- FONADE (2008), la violencia intrafamiliar le cuesta al país 8,7 billones de pesos al año, lo que representa el 4% del PIB. 

Lo más grave es que es una pandemia en aumento: De acuerdo con Forensis para el 2014, 41.802 mujeres fueron violentadas por su pareja; 4.105 casos más, que los presentados en el 2013. Sólo en 2010 las comisarías de familia emitieron 171.094 medidas de protección de las cuales el 82% fue para mujeres víctimas. Se estima que solamente el 30% de los hechos son registrados, los demás el 70%, se quedan en el silencio de la casa.

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Corte Constitucional admite demanda al fuero militar

Bogotá, agosto 5 de 2015

 

A partir de mañana jueves 6 de agosto comienzan a correr los plazos que la Corte Constitucional fijó para realizar intervenciones ciudadanas, frente a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo que amplía el Fuero Penal Militar y que fue interpuesta en días pasados por los Congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe e Iván Cepeda (Polo Democrático), por la Mesa técnica sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y familiares de víctimas de falsos positivos.

En el auto admisorio, la Corte les solicitó a varias facultades de derecho de universidades públicas y privadas, que se pronuncien sobre la demanda, así como al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección General de la Policía Nacional y Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares.

Este órgano constitucional anunció además que a partir del 6 de agosto y hasta el 21 del mismo mes, queda abierta la posibilidad de que organizaciones sociales, académicas, jurídicas presenten sus intervenciones ciudadanas.

De acuerdo con los demandantes, la nueva norma constitucional afecta tres principios básicos de la Constitución Política: obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley, argumentos que constituyen en la demanda los tres cargos principales.

Ángela Robledo, representante a la Cámara  de la Alianza Verde, dijo que la Corte dio un paso muy positivo para la justicia en Colombia e invitó a los ciudadanos a que participen de esta convocatoria que abre el alto tribunal para debatir sobre el tema. “Creemos que la ciudadanía en general y los centros académicos van a respaldar esta demanda contra la reforma al fuero penal militar por considerar que al aplicar exclusivamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, y dejar de aplicar las del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o enfrentamientos que reúnan las condiciones del DIH, existe riesgo de que haya impunidad en graves violaciones de derechos humanos”.

El representante Alirio Uribe Muñoz dijo que confía en que la Corte Constitucional dé la razón sobre la demanda presentada “que a todas luces lo único que hace es aumentar la impunidad en casos relacionados con delitos cometidos por la fuerza pública”

Su colega del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda afirmó que: "Espero que la Corte, como lo hizo ya en una oportunidad, declare que el Fuero Penal Militar es inconstitucional y violatorio del derecho de las víctimas y del principio de igualdad ante la justicia".

Esta demanda fue radicada el pasado 15 de julio en coordinación con  la Comisión

Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática

sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación

Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional

de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR y Marcha Patriótica, entre otros.

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Hay que desescalar el conflicto social

COMUNICADO DE PRENSA

Hay que desescalar el conflicto social

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2015

Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de ASCAMCAT por proteger los derechos de los campesinos en el Catatumbo y las alternativas que plantean los campesinos para un proceso de sustitución de la coca.

Es necesario que el gobierno, al  desescalar la guerra  con la insurgencia acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y  no se entre en un proceso de escalamiento máximo del conflicto social por que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o porque no da  salida  a las demandas de las organizaciones y comunidades.  Un paro en el Catatumbo hoy , en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de años de esfuerzos de concertación.

Los garantes rechazamos la estrategia de fumigación que según se dice se entraría a ejecutar en el Catatumbo a partir del mes de agosto. Los garantes pedimos al gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones por sus efectos nocivos contra la salud de las personas y los animales por envenenamiento de los suelos. La fumigación ahora en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro de grandes costos sociales y económicos, y que fácilmente se extendería por todo el país. Fumigar en el Catatumbo donde las aguas vierten al golfo de Maracaibo, traería inevitablemente conflictos con Venezuela.

Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el gobierno tome con toda seriedad y de implementación a la propuesta presentada por los campesinos en la vereda Angalia para una sustitución gradual y eficaz correspondiente al desarrollo que se espera por el gobierno de tal manera que esta sea la alternativa a la erradicación forzada.

Los garantes invitamos a ASCAMCAT y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar los procesos pedagógicos, a partir de iniciativas concretas como la de la vereda Angalia, para que el Catatumbo pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como se ha planteado en los acuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.


Firman,

Padre Francisco de Roux S. J. 

Todd Howland - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ernesto Samper – Secretario General de UNASUR

Congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda

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Congresistas promueven derechos laborales de empleadas domésticas

Bogotá, julio 16 de 2015

Las Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Angélica Lozano y la Senadora Claudia López, de la Alianza Verde, en coordinación con la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Fundación Bien Humano y laEscuela Nacional Sindical (ENS), convocan a la Audiencia Pública: Prima para Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, con el fin de reivindicar los derechos laborales de cerca de un millón de mujeres urbanas del país.

Las congresistas verdes lideran en el Congreso el mandato de la Corte Constitucional de reconocer el derecho a la prima de la empleadas domésticas recogida en laSentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al Gobierno a avanzar en el reconocimiento de esta desigualdad, en desarrollo del cual presentaron el proyecto de ley 199 de 2015, pendiente de trámite.  

El objetivo del encuentro es trazar la ruta para avanzar en los compromisos de las diferentes instituciones frente a la garantía de los derechos laborales, sobre todo de las mujeres que realizan esta labor de cuidado. Por ejemplo, se requiere que el Ministerio del Trabajo gestione la formalización laboral de las empleadas, así como las medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y eliminación de la violencia y la discriminación.

En el encuentro, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentará los hallazgos de la investigación Barriendo la Invisibilidad; los Centro de Atención Laboral (CAL) harán un balance de los casos atendidos en el 2014 para la protección de derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos; ONU Mujeres mostrará su visión de la primacomo avance en la búsqueda de la equidad de género; y la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (Utrasd) dará testimonio de dos años de trabajo sindical en medio de la adversidad económica y social.

De las más de 700.000 trabajadoras domésticas que registran las estadísticas, se estima que apenas unas 8.000 cuentan con contrato de trabajo escrito, de igual forma la protección social es una excepción. En Colombia el trabajo doméstico está signado por la exclusión y la desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las trabajadoras domésticas del país han sido víctimas del conflicto armado, sufriendo desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades en la garantía y el acceso a salud y educación.

De acuerdo con una investigación realizada en Medellín en 2012: 

  • El 98 % tiene hijos, y son madres solteras o separadas, cabeza de familia.
  • El 86 % tiene contrato verbal.
  • El 52 % trabaja por días en diferentes hogares, el 26 % son internas.
  • El 48 % pertenece al estrato uno, el 40.5% al estrato dos.
  • El 91% de las internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias, El 89 % de las externas trabajan entre 9 y 10 horas.
  • No reciben pago por horas extras en el 90.5 % de los casos.
  • El 61.9 % recibe mensualmente entre $300.000 y $566.000. El 21.4 % entre $100.000 y $300.000, y el 2.4% entre $50.000 y $150.000 (cifras de 2012).
  • El 21 % está afiliada a pensiones; el 50% de las afiliadas a salud lo están en régimen subsidiado y el resto en el contributivo como beneficiarias. El 64 % no está afiliado a riesgos laborales.
  • El 55 % ha sufrido discriminación racial.

*Investigación Barriendo la Invisibilidad, Escuela Nacional Sindical – ENS. Estudio realizado para la ciudad de Medellín en 2012. 

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Invitación final Audiencia

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Radicada demanda contra reforma al fuero penal militar por inconstitucional

Bogotá, julio 15 de 2015

Los congresistas  Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda; Lourdes Castro García, secretaría Técnica de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos,  la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR, familiares de víctimas de falsos positivos y víctimas de la violencia sociopolítica, la Marcha Patriótica, entre  otros,  radicaron hoy demanda contra el Acto Legislativo 01 de 2015 que reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia y que busca ampliar el fuero penal militar.

De acuerdo con la demanda este acto legislativo, promulgado por el Presidente Santos, en junio de este año, va en contra vía de al menos tres aspectos fundamentales de nuestra carta política como son: la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos, el principio de autonomía judicial como manifestación del principio de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley.

De acuerdo con Ángela Robledo, representante a la Cámara de la Alianza Verde, “la reforma al fuero penal militar al excluir la aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con ocasión del servicio por parte de los miembros de la fuerza pública, favorece  la impunidad en violaciones de derechos humanos y atenta contra la autonomía de los jueces y fiscales, al imponerles que apliquen exclusivamente el derecho internacional humanitario”.  Robledo puntualizó que esta reforma no le aporta a la paz.

Para el representante del Polo Democrático,  Alirio Uribe, la demanda se interpone, entre otros motivos, porque, además de afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, excluye la aplicación de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado, y les da privilegios injustificados en el caso de cometer delitos en ese marco”. 

El senador  Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “esta reforma constitucional afecta gravemente la autonomía del sistema judicial y los derechos de las víctimas al libre acceso a la justicia, ya que excluye la posibilidad de aplicar los derechos humanos en crímenes cometidos por la fuerza pública”.

Ahora la última palabra la tendrá la Corte Constitucional quien definirá si finalmente la reforma al fuero es constitucional o no.

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Nuestros actores colombianos

Publicada en el periódico La Patria de Manizales

Mucho se dice sobre nuestros actores y actrices de Colombia. Se cree que son millonarios; que gozan de jugosos y numerosos contratos con todas las prestaciones sociales; que la fama y el reconocimiento nacional les da muchas ventajas en su vida cotidiana; que disfrutan una vida laboral, familiar y personal alejada de las crisis económicas y el desempleo; que la actuación no va más allá de una cara bonita y unos cuantos talleres de formación profesional; que se jubilan llenos de lujos y privilegios. En fin. Se dicen y se creen tantas cosas que por momentos se ignora la cruda realidad que actores y actrices sufren tras bambalinas, y se olvida la continua violación de sus derechos humanos. Se olvida así que muchos de ellos trabajan arduamente, nos entregan su vida en muchas de sus actuaciones y hoy trabajan asociados para exigirle al país la garantía de sus derechos.

El panorama actual es alarmante, y así lo expuse en una audiencia pública que organizamos el año pasado en el Congreso de la República. Decía, entonces, que no son pocos los actores, actrices y artistas que viven sin estabilidad laboral, sin pensión ni cesantías, con horarios de trabajo irregulares, en locaciones riesgosas, con cambios de reglas en los contratos, sin derecho a las regalías por las ventas y transmisiones de los productos televisivos en otros países, sin vacaciones o en condiciones de abuso laboral y discriminación. Y, como si fuera poco, comienza a hacer carrera en los canales privados la transmisión de producciones extranjeras en las franjas de mayor audiencia, en detrimento de la televisión pública y nacional, y en contravía de la dignidad y el buen trabajo de nuestros actores colombianos. 

Por eso el próximo 20 de julio vamos a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley con el cual proponemos establecer un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en nuestro país, el cual es fruto del trabajo colectivo y pedagógico entre la Asociación Colombiana de Actores (ACA), diferentes organizaciones de artistas y de gestión cultural, y congresistas de varios partidos políticos. 

El objeto de la ley no es otro que "establecer mecanismos que regulen el ejercicio de la actuación profesional en Colombia de tal manera que protejan los derechos laborales, culturales y de autor de los actores y actrices, que estimulen y exalten la excelencia, garantizando así la función como agentes culturales de los actores para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura, el arte, la creatividad y la libertad de expresión artística". 

Las razones para apoyar este proyecto son varias y de distinta índole, pero quiero citar las más importantes. Cito texto de ACA: 1) "Créanlo, la actuación es una profesión. 2) Los actores somos trabajadores y somos sujetos de derechos laborales y seguridad social. 3) La actuación es un trabajo creativo, como tal genera toda clase de derechos patrimoniales. 4) Con la pensión de los actores no se juega. 5) El teatro y otras disciplinas de la creación escénica son patrimonio cultural y el Estado debe garantizar a sus ejecutantes condiciones dignas para su ejercicio, impulsado de esta manera su desarrollo económico, social y cultural". 

Dicho esto, por supuesto ciertas productoras, empresas privadas, algunos congresistas, empleadores y conglomerados económicos quizá se opondrán al proyecto, pero tengo la seguridad de que organizarse creativamente y movilizarse sin violencia valdrá la pena, como ha quedado demostrado en otras ocasiones anteriores. En esta oportunidad, serán los actores y actrices quienes, con su fuerza serena y potente, logren convocar a la ciudadanía a favor de esta causa. 

Y así, aprobar el llamado "estatuto del actor" será un asunto de justicia, que abogará por una vida laboral y personal en condiciones de dignidad, como se lo merecen todas y todos los artistas, trabajadores, creadores y generadores de patrimonio e identidad cultural en nuestro país. Sin duda, aprobar este proyecto de ley será también un paso fundamental para la paz, la promoción del arte en Colombia y para la garantía de los Derechos Humanos. Por eso yo impulso la ley del actor en Colombia. ¿Y ustedes?

 

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Angela Robledo: su voto por la paz, rinde cuentas (abril a junio 2015)

Fiel a su compromiso con la ciudadanía, la Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Angela Robledo, presenta su más reciente informe de rendición de cuentas sobre su tarea política y legislativa, que corresponden a lo más destacado de los logros, denuncias, proyectos y propuestas presentadas entre abril y julio del 2015.

CLIC AQUÍ PARA VER EL BOLETÍN COMPLETO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

 

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Conocí a Pepe Mujica

Publicado el 23 de junio en La Patria de Manizales

El expresidente Pepe Mujica se hizo célebre en América Latina por su modesto estilo de vida y sus iniciativas progresistas. Suena extraño, pero Mujica se hizo famoso -entre otras cosas- por comprobarle al mundo entero que los altos dignatarios también pueden ejercer sus funciones con austeridad, humildad y honestidad. Suena extraño, decía, porque en Colombia la política suele asociarse en algunas ocasiones con el derroche de recursos públicos, con el consumo desmedido, con la soberbia, las mentiras y el abuso de poder. Pero Mujica es un referente de que la política puede ser otra: más cercana, más justa, más sensible, más digna. 

Su legado será histórico, y por lo mismo quiero citar algunas de sus mejores frases, que en el fondo son reflexiones que impulsan a la toma de conciencia y a la acción colectiva: 

- "Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir". 

- "El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son". 

- "Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida". 

- "La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea". 

- "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro". 

- "Si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida". 

- "Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento". 

- "Despilfarramos dos mil millones de dólares por minuto en presupuesto militar a nivel mundial. Decir que no hay plata es no tener vergüenza". 

La lista es interminable (y admirable), pero quise compartir algunas frases porque fueron pronunciadas por un hombre sabio y sereno, que nos invitó a no perder la esperanza por la paz con justicia social para Colombia. Fue Pepe Mujica, un expresidente que estuvo 14 años en prisión, por pertenecer al grupo guerrillero de los Tupamaros, quien nos recordó que la paz de nuestro país es la causa, el compromiso y el suceso político más importante de América Latina. Y eso no podemos perderlo de vista, a pesar de todas las adversidades que lamentablemente han ocurrido, como es el caso de las muertes de nuestros soldados y policías, que en su mayoría son jóvenes campesinos. 

Pero Mujica nos recuerda, también, que debemos luchar contra el odio, la sed de venganza y la intolerancia que hay en nuestro país. Así me lo dijo personalmente en Uruguay durante el II Foro Latinoamericano por la Paz de Colombia, que reunió diversas redes y organizaciones de jóvenes, mujeres, trabajadores, movimientos sociales, parlamentarios, indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, defensores de Derechos Humanos, comunidades LGBT, académicos, artistas y estudiantes latinoamericanos comprometidos con la vida y el fin de la guerra que desangra nuestros campos desde hace más de 50 años. 

Fue allí donde tuve la oportunidad de conocer a Pepe Mujica, un hombre adusto y amable al mismo tiempo, quien nos abrazó con calidez a las personas que viajamos para impulsar la creación de la red latinoamericana de parlamentarios por la paz de Colombia y quien nos invitó a continuar trabajando hasta lograr el fin del conflicto: "Están locos quienes quieren ponerle obstáculos a este proceso, es ahora o nunca la oportunidad para la paz, ojalá lo entiendan en su país", nos dijo. 

Dirán los enemigos de la paz que Mujica es otro "guerrillero castrochavista", como suelen calificar y estigmatizar a todas las personas que no comulgan con el fascismo y el guerrerismo, pero en el Foro realizado en Montevideo Mujica nos dejó esta otra reflexión: "Tenemos que darnos cuenta de que somos parte de la esperanza de la humanidad. Tenemos la posibilidad de un continente de justicia y de paz donde valga la pena nacer y soñar". Nos invitó a soñar con la paz y a seguir trabajando por ella.

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Mañana martes 23 de junio se presentará la nueva ley de actores

COMUNICADO DE PRENSA

Mañana martes 23 de junio se presentará la nueva ley de actores

Este martes 23 de junio en el Teatro Nacional Fanny Mikey

Presentación del Estatuto del actor

La socialización del proyecto de ley contará con la presencia de los congresistas de distintos partidos políticos, gestores culturales y actores que han participado en su diseño.

¿Qué quieren proponer los actores? ¿Por qué necesitan crear una Ley del Actor? ¿Qué contendría dicha ley? ¿Qué ha pasado en este primer año de la existencia de su sindicato? Estos interrogantes serán respondidos este martes en la presentación de la iniciativa que crearía la Ley del Actor Colombiano, por la cual se establece un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en nuestro país, y que será radicada el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República.

El proyecto es fruto del trabajo mancomunado entre la Asociación Colombiana de Actores ACA (sindicato que reúne a 1271 actores), diferentes organizaciones de artistas y de gestión cultural, y los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Luis Fernando Velasco, Alirio Uribe, Oscar Ospina, Claudia López, Alexander López, Angélica Lozano, Juan Carlos Losada y Víctor Correa.

También asistirán los directivos de las diferentes plataformas laborales de los actores: Canales de Televisión, Salas de Teatro, Entidades Culturales, Productoras de Cine y Contenidos Audiovisuales en Internet.

FECHA: martes 23 de junio de 2015.

HORA: 8:45 a. m.

LUGAR: Teatro Nacional Fanny Mikey. Calle 71 # 10 – 25.

PRENSA ANGELA ROBLEDO 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Reforma al Fuero militar es inconstitucional dicen Congresistas en la Cámara

Bogotá, junio 10 de 2015

Los congresistas Ángela Robledo, Oscar Ospina e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, Germán Navas, Alirio Uribe y Víctor Correa, del Polo Democrático Alternativo, rechazaron este miércoles la aprobación del proyecto de acto legislativo del Fuero Penal Militar por considerar que va en contravía de la Constitución Política de Colombia.     

De acuerdo con los legisladores  este proyecto “(…)  transgrede y contradice los principios constitucionales al establecer que en la investigación y juzgamiento de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario -DIH-“, desconociendo que, de acuerdo con la normatividad internacional,  el DIH está dirigido a la protección de la población y de los bienes fuera de las hostilidades. 

Tal y como fue aprobado, el proyecto amplía el marco de aplicación del DIH a eventos distintos al conflicto armado, lo que podría, a juicio de los legisladores, “derivar en una ampliación del fuero penal militar a escenarios de disturbios, protesta y movilización social y propiciará la continuidad de la guerra, situación contraria a la que se busca a través de los diálogos de paz”.

Los congresistas anotaron que “la ambigüedad en la formulación del texto votado favorablemente por la plenaria de la Cámara permitiría la posterior aprobación de normas que, con base en esta reforma, amplíen el fuero penal militar en su reglamentación, como se quiere hacer con el proyecto de ley 129 de 2014, que mantiene vivas las figuras de blanco legítimo y de daño colateral, lo que vulnera el  derecho de las víctimas a la verdad, justicia  y las garantías de no repetición”.

El proyecto acto legislativo 022 de 2014/Cámara, por medio del cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política,  autoría del Ministerio de Defensa,  fue aprobado hoy por mayoría en la plenaria de la Cámara de Representantes.  

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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¿Por qué las mujeres en Colombia exigen la paz? Por Angela Robledo.

Las mujeres han participado históricamente en la construcción de la paz. Uno de los antecedentes fue el I Congreso Internacional de Mujeres por la Paz realizado en La Haya en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, considerado como un hito porque sentó las bases para la construcción de un movimiento internacional de mujeres por la paz. Este Congreso dio lugar a la conformación de un Comité Internacional de Mujeres para una Paz Permanente, que propuso la formación de una Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, cuyo objetivo era unir dos movimientos: el feminista y el pacifista.

Las mujeres de distintas tendencias políticas confluyeron nuevamente en el Congreso por la Paz en 1931 antes de la II Guerra Mundial. Una vez comenzó la guerra, alrededor de un millar de mujeres se reunieron para elaborar una estrategia de paz, con lo cual demostraron que era posible unirse en la diferencia para defender la solución de los conflictos internacionales de manera pacífica. Así, las dos referencias son ejemplos de la participación histórica de las mujeres en la consecución de la paz a nivel mundial, tendencia que en Colombia no es ajena.

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Ángela Robledo pide a Santos insistir en la paz

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo pide a Santos insistir en la paz

Bogotá, mayo 25 de 2015. La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, hizo un llamado este lunes a los negociadores de paz en La Habana para que insistan en una salida política pronta a la guerra que azota al país y que deja todos los días muerte, desplazamiento, miedo y desolación.

“La guerra afecta a miles de hombres, mujeres y niños que hoy se desplazan en el Cauca y en las zonas donde afecta directamente el conflicto, a las miles de mujeres que sufren la cotidianidad de la violencia  y el horror de la violencia sexual a causa de la guerra y a los cientos de hombres de uno y otro bando que pierden la vida por su causa”, dijo la congresista.   

El escalamiento de la guerra sólo produce muerte y dolor como lo hemos visto en las siete veredas de la zona que fueron bombardeados en el Cauca donde unas 100 personas, entre ellas 40 menores de edad, sufren su impacto, denunció la parlamentaria Ángela Robledo, quien además señaló que la gente tiene miedo a salir, a sembrar, a trabajar, a recoger sus cosechas, a asistir a la escuela y se encuentran encerradas en sus casas.  

Robledo señaló que desde distintas instancias se ha podido documentar que el cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla de las Farc contribuyó a desescalar la guerra y las acciones ofensivas en un 85%: “El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), ha dicho que teniendo en cuenta los promedios históricos, las muertes de civiles se redujeron en 73%, las de la fuerza pública en 64% y los combates con las Farc en 55%”.

“Quiero insistir a todos los sectores políticos que realmente estén comprometidos con el país para que rodeemos el proceso de paz y sumemos voces para acabar esta guerra mediante una salida política que pare la muerte. Insistir también al Presidente para que cumpla con su mandato por la paz que apoyamos muchos sectores que no compartimos su políticas pero que el apostamos a su propuesta de paz”, puntualizó la congresista Ángela Robledo. 

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La Fuerza Pública del posconflicto

Publicado en el periódico La Patria el 20 de mayo de 2015

El país tiene la gran oportunidad de terminar un conflicto armado que lleva más de 50 años. Esto significa una coyuntura histórica que implica cambios en la sociedad y en las instituciones que se han dedicado a la guerra. En ese sentido, uno de los temas de discusión obligatoria será el gasto público destinado al sector de la seguridad. De acuerdo con el investigador Francisco Leal, el gasto militar en 1994 representaba el 2,8% del PIB, y alcanzó el 5,2% en 2009. Según los cálculos, eso correspondía a $24 billones en 2013, lo cual posiciona a Colombia como el país que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB. En el actual Plan de Desarrollo Paz, Equidad y Educación la tendencia creciente de dicho gasto, se mantiene.

Al finalizar el 2010, se calculaba que había 426.014 efectivos de las Fuerzas Armadas: 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional, que en términos comparados las ubica como las más grandes de la región, después de Brasil. En la mayoría de los procesos de paz del mundo y América Latina, con la finalización de los conflictos armados se han realizado una serie de reformas al sector de la Seguridad y la Defensa, entre ellas, la reducción del tamaño de las Fuerzas Militares, pues la continuidad del aumento del gasto hacia el sector no es fiscalmente sostenible para el Estado, por lo cual deben considerarse cambios en los mecanismos de reclutamiento de sus miembros, entre los cuales está la supresión del servicio militar obligatorio

Con la firma del acuerdo de paz, la agenda de seguridad del país cambiaría, abriendo la posibilidad de superar la visión misional de las Fuerzas Militares, y la posterior resignificación de sus funciones. Como primera medida, será necesario modificar el paradigma de la Doctrina de Seguridad, que ha naturalizado la idea de perseguir permanentemente al "enemigo interno". Esto implicará realizar cambios en el proceso de formación y educación de los miembros del Ejército y de la Policía, fortaleciendo un sistema con mayor énfasis en la profesionalización y el fortalecimiento de los valores democráticos, así como en la formación en Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

También será fundamental el diseño de una justicia transicional para las Fuerzas Militares, encargada de procesar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario perpetradas con ocasión del conflicto armado, judicializando a los responsables de estos hechos, en particular aquellos casos como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas "falsos positivos", violencia sexual contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas. Porque sin este proceso sería imposible hablar de verdaderas garantías de justicia y reparación a las víctimas. 

En el posconflicto también habrá que readecuar los roles y las estructuras institucionales que han servido de soporte para el Ejército y la Policía. Como lo han hecho otros países, se podrán separar estas dos instituciones, dado que su finalidad misional es distinta. El Ejército debe concentrarse en la defensa nacional y la integridad de nuestro territorio, mientras la Policía debe enfocarse en la seguridad ciudadana, lo cual hoy en día presenta grandes desafíos. Por ello sería importante iniciar un proceso de desmilitarización de la Policía: fortalecer su carácter como cuerpo civil moderno, adelantar tareas de prevención de la violencia y asumir los retos propios del nuevo escenario. Para tal fin, varios expertos han sugerido crear una nueva entidad como el Ministerio de Seguridad Ciudadana, o incluso han sugerido suscribirla al Ministerio del Interior, con la finalidad de redefinir sus funciones sin interferencias de los sectores castrenses.

En el escenario del posconflicto, se requiere abrir este debate a la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia, vinculando a los sectores progresistas de las Fuerzas Militares para aprender de los éxitos y los fracasos de otros procesos de finalización de conflictos armados, como los experimentados en El Salvador y Guatemala.

Y, con base en eso, la transformación del sector de la seguridad y la defensa podría ser gradual; de cara a una nueva realidad trazada por los retos de la efectividad del proceso de dejación de armas, reincorporación de los insurgentes y la construcción de nuevas esperanzas. Este sería el mejor camino para el mantenimiento y la construcción de una paz duradera, con justicia social.

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¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

Bogotá, mayo 13 de 2015La representante a la Cámara Ángela Robledo denunció hoy que luego de casi 10 años de entrar en vigencia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no existe una política que enfrente el fenómeno de la justicia juvenil, tampoco justicia juvenil específica, diferenciada y pedagógica para jóvenes en conflicto con la ley  y menos, medidas preventivas que disuadan a los muchachos de elegir el camino del delito.

En Colombia el sistema de justicia juvenil que atiende a menos del 1% de la población joven (de acuerdo con datos del 2014 la población joven era de 3.487.787) funciona a través de 34 centros que en su mayoría son organizaciones y fundaciones contratadas – a través de contratos de aporte- por el ICBF. 

18 de estos centros fueron evaluados por una comisión de verificación creada por el Congreso de la República que evidenció una total y permanente violación a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley.

Robledo señaló que: “A pesar de que el gobierno invirtió 25 mil millones de pesos en el 2014 en la operación de estos 18 centros del sistema, se evidencia absoluta negligencia, desidia y en general incumplimiento de las obligaciones que estas organizaciones han contraído con el Estado para llevar a cabo esta misión de aplicar justicia juvenil. Lo anterior ante el silencio y la permisividad del ICBF que no cuenta con procesos de supervisión, seguimiento y correctivos acordes con la misión encomendada”. 

La congresista dijo que persisten los graves problemas que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) desde siempre – denunciados desde 2010- y que tienen que ver, entre otros, con la ausencia de una entidad responsable de su dirección, la asignación de recursos financieros, técnicos y de infraestructura, adecuados, talento humano idóneo y políticas reales de resocialización y justicia restaurativa. 

La parlamentaria Ángela Robledo coincidió con el informe de la Defensoría del Pueblo que señala la urgencia de garantizar de manera efectiva y real  la integración social de los jóvenes en conflicto con la ley y de promover una justicia educativa, diferencial y pedagógica que les permita cambiar su proyecto de vida y superar la situación de conflicto con la ley.  

Robledo aseguró que no tiene ninguna presentación que un sistema que depende de distintos ministerios como Educación, Salud, Justicia, entre otros,  no haya implementado programas, planes o estrategias que garanticen los derechos de estos muchachos y brindarles una segunda oportunidad sobre la tierra.  

“Cifras de la Policía Nacional, indican que la oferta de políticas públicas dirigidas a esta población es precaria, lo que da lugar a un aumento progresivo en el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el período 2010 – 2013, de 24.405 casos registrados en el año 2010, se pasó a 30.843 casos en el año 2013, lo que representa un aumento del 20.8% en la comisión de delitos”, anotó la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el Ministerio Público “(…) La comisión no encontró evidencia de que las/los adolescentes infractores de la ley penal atraviesen un proceso efectivamente pedagógico, ni mantengan contacto con la sociedad a la que se pretenden reintegrar (…)”.

“Es evidente que estos jóvenes provenientes de los sectores más frágiles y excluidos  no logran llamar la atención del gobierno Santos”, aseguró Robledo quien coincide con el ICBF (2012) según el cual, los adolescentes colombianos vinculados al SRPA son en su mayoría jóvenes hombres (88,8%)  urbanos pertenecientes a los estratos 1 y 2, víctimas de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y laboral y con una historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación.

Ángela Robledo insistió en la urgencia de contar con más política social y menos política criminal para los jóvenes en Colombia.  “Voy a solicitar a la Corte que declare el estado de cosas inconstitucional por estas violaciones”, dijo. 

Al debate asistieron Cristina Plazas, Directora del ICBF; el Viceministro de Justicia; María Cristina Hurtado, Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo; Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Familia, y el Viceministro de Educación.  

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Gobierno Santos viola derechos de jóvenes en conflicto con la ley

COMUNICADO DE PRENSA

Gobierno Santos viola derechos de jóvenes en conflicto con la ley

 
Bogotá, mayo 12 de 2015

La representante a la Cámara Ángela Robledo citó mañana miércoles 13 de mayo a debate de control político a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  Cristina Plazas;  al Ministro de Justicia, Yesid Reyes y a la Ministra de Educación, Gina Parody, a fin de que rindan cuentas sobre las insistentes violaciones a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, a quienes el Sistema de Responsabilidad Penal, les reconoce una condición especial que permita no sólo tramitar la sanción penal, sino su resocialización mediante medidas pedagógicas, específicas y diferenciadas en el marco de la justicia restaurativa.

Desde 2010 Robledo viene señalando la urgencia de superar los graves problemas que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y que tienen que ver, entre otros, con la ausencia de una entidad responsable de su dirección, la asignación de recursos financieros, técnicos y de infraestructura, talento humano idóneo y políticas reales de resocialización, entre otras.      

En Colombia la población juvenil en 2014 era de 3.487.787 de los cuales menos del 1% (27.667) fueron infractores entre los 14 y 17 años,  de ellos 2.407 han sido sancionados en Centros de Atención Especializada que en realidad son, a juicio de la congresista Ángela Robledo: “verdaderos infiernos donde se violan de todas las maneras los derechos humanos de los muchachos más pobres de nuestra sociedad”.

De acuerdo con el ICBF (2012) los adolescentes colombianos vinculados al SRPA son en su mayoría jóvenes hombres (88,8%)  urbanos pertenecientes a los estratos 1 y 2, víctimas de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y laboral y con una historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación.  Según la Defensoría de Pueblo, “el 90% de adolescentes en conflicto con la ley penal  pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos (…) Son los más desprotegidos, con menos atención del Estado”.  

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Carlos Gaviria y la ética en la política

Publicado en el periódico La Patria, el 6 de mayo de 2015

No son pocos los homenajes que le han hecho al maestro Carlos Gaviria. No son pocos, pero tal vez nunca serán suficientes para agradecerle por su invaluable legado sobre el ejercicio decente y honesto de la función pública. Esta es mi columna en su memoria, que no tiene otro propósito distinto a resaltar su compromiso con las libertades, los derechos humanos y la ética, esa que tanto le falta a la política y a la justicia.

Carlos Gaviria era un hombre sereno, amigable, siempre dispuesto a escuchar y a enseñar, lleno de dignidad y sabiduría, que supo hacer de la política una obra de arte. Durante su recorrido por la academia, por el Congreso y por la Corte Constitucional, no dio un solo paso sin antes rendirle un homenaje a la moral, como diría Kant. Con un valor agregado: lo de Gaviria no fue un simple discurso; su vida, sus sentencias, sus gestos, sus actos y sus prácticas fueron genuinas y cotidianas, demostrando que no hay nada más cínico que atreverse a afirmar que "la ética no tiene nada que ver con el derecho", como sostuvo recientemente el ilustre abogado del también ilustre magistrado Jorge Pretelt.

Pero las enseñanzas de Carlos Gaviria van más allá de sus virtudes y cualidades humanas. Con su ejemplo, marcó la ruta que debería seguir la izquierda democrática en nuestro país: la unidad en medio de la diferencia y el disenso, porque como diría Hannah Arendt, la verdadera práctica política es el arte de estar juntos los distintos. Sin duda, será necesaria la unidad de la izquierda para conquistar, por fin, un ejercicio del poder realmente representativo, que permita emerger una apuesta ética por una Colombia libre y justa, que enfrente el modelo social, económico y cultural que por siglos nos han impuesto las castas políticas.

Solo de esa manera podremos detener colectivamente tanta violencia, que por años ha dejado millones de víctimas inocentes, en su mayoría niños, niñas y mujeres de escasos recursos. Será la unidad de una izquierda democrática la que nos traiga la paz con justicia social, y así erradicaremos de nuestro repertorio la sed de venganza, el guerrerismo, el autoritarismo y la represión que por estos días vuelven a invocar con fuerza quienes se lucran y benefician política y económicamente con la guerra.

Por eso recuerdo que, como si se tratara de un tenebroso pronóstico de lo que nos esperaba con el gobierno de Álvaro Uribe, en una conversación pública con el profesor Guillermo Hoyos durante la campaña presidencial del año 2006, el maestro Gaviria nos dijo: "(…) La sociedad colombiana ha tenido un esquema reiterado y repetitivo de pedir mano dura, autoridad, incluso dictadura, para responder a situaciones desesperadas, como la que vivimos. Es decir, que la gente parece descreer de la democracia. (…) Hemos conocido incluso dictaduras disfrazadas de gobierno democrático, regímenes dictatoriales que observan los ritos democráticos pero sin ningún contenido democrático. (…) Atribuyo la mayoría significativa del doctor Uribe a un estado de histeria colectiva, donde la gente lo que pide es mano dura".

¿No es acaso lo mismo que está ocurriendo hoy en día, cuando las y los guerreristas de escritorio piden a gritos que se termine de una vez y para siempre el proceso de paz? ¿Cuál es acaso el interés por mantener en funcionamiento una máquina de muerte, represión y victimización que afecta especialmente a las poblaciones más pobres, vulnerables y excluidas? Terminemos más bien la guerra, y con ello haremos el mayor homenaje a la ética y a la moral.

Cuando muere un ser humano tan pulcro y genuino como Carlos Gaviria, recuerdo esta frase que lo retrata de cuerpo entero: "Es el nacimiento y la vida misma lo que nos marca irremediablemente el horizonte, ¡no la muerte!". Su vida fue la mayor expresión de singularidad y pulcritud, cuánta falta nos va a hacer.

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Artículo que atenta contra el trabajo de actores quedaría fuera del Plan de Desarrollo: Ángela Robledo

Bogotá, mayo 5 de 2015

“Hemos venido trabajando de tiempo atrás con la Asociación Colombiana de Actores –ACA- en la reivindicación de sus derechos laborales y por consiguiente los artículos como el 41 y 42 del Plan de Desarrollo tendrían que eliminarse ya que se privilegia la producción extranjera sobre la colombiana en detrimento del trabajo de nuestros actores”, aseguró la congresista Ángela Robledo de la Alianza Verde. 

Angela Robledo dijo que de aprobarse este artículo, la participación de la producción extranjera pasaría de un 50% a un 70’%, en detrimento de la televisión pública y nacional. “No se puede abrir un boquete en los canales públicos para que se conviertan en canales privados manejados por 2 o 4 concesionarios”, anotó la parlamentaria.

COMUNICADO DE PRENSA

Artículo que atenta contra el trabajo de actores quedaría fuera del Plan de Desarrollo: Ángela Robledo

De acuerdo con los actores agremiados en –ACA- la experiencia de los concesionarios privados de televisión ha demostrado que el interés del particular no siempre va de la mano con el desarrollo de la cultura y la  construcción de identidad y de paz.

La proposición fue presentada en la Cámara por Ángela Robledo y en Senado por Claudia López de la Alianza Verde,  Iván Cepeda y Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal.

Finalmente la parlamentaria Robledo dijo que este tipo de reformas que implican cambios culturales deben hacerse con la amplia participación de la ciudadanía y del gremio de la actuación independiente de la discusión del Plan de Desarrollo. 

PRENSA: 3015788105 MARGARITA SARMIENTO

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Ángela Robledo pide reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo pide reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país

Bogotá, abril 29 de 2015La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, ha venido insistiendo en que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permita crear un sistema de cuidado que reconozca el aporte de las mujeres a la economía colombiana.

“Las mujeres aportamos con nuestro trabajo de cuidado el 20.4% del PIB en Colombia, lo que significa que más de 135 billones de pesos los ponemos nosotras con un trabajo que ha sido históricamente invisible y no valorado”, dijo la congresista Ángela Robledo de la Alianza Verde.

Robledo ha venido trabajando la economía del cuidado, a partir de la Ley 1413 de 2010, mediante la cual se incluyó el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales para medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. 

“Hemos venido trabajando hace muchos meses en la Mesa de Economía del Cuidado con distintas organizaciones de mujeres, lideresas, líderes, el Departamento Nacional de Estadísticas -DANE, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-,  la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Comité Interinstitucional de Economía del Cuidado (adscrito a la Ley/ 1413/10) para que se establezca una agenda nacional sobre economía del cuidado en cabeza del DNP y con participación de distintas entidades”, señaló Ángela Robledo.

La economía de cuidado incluye todas las actividades materiales y afectivas que implican inversión de tiempo y trabajo destinado a reproducir y cuidar la vida: atención a los menores de edad, los viejos, las personas en situación de discapacidad y que puede ser remunerado o no.

Está demostrado que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a actividades de cuidado no remunerado. En el sector rural las mujeres dedican cuatro veces más tiempo. Reconocer el trabajo de cuidado es un avance en la democratización de la casa, un aporte a la salud física y mental de las mujeres y una cuestión de justicia y equidad con ellas, aseguró la congresista Ángela Robledo. 

Datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo –DANE- así lo demuestran: la proporción de mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado es un 43% más alto que la de los hombres (90% vs 63%). Mientras las mujeres, dedican seis horas diarias a este trabajo, los hombres dedican 1:50 minutos. Menos del 10 % de hombres hacen mantenimiento de vestuario, frente a un 40% de mujeres. Una de cada cuatro mujeres se dedica al cuidado físico y ni siquiera el 5% de hombres hace esta actividad. La brecha es del 475%.

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Ángela Robledo propone incluir en Plan de Desarrollo recursos para jóvenes en conflicto con la ley

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo propone incluir en Plan de Desarrollo recursos para jóvenes en conflicto con la ley

Bogotá, abril 28 de 2015. La representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, dijo que de aprobarse un artículo de su autoría en el Plan de Desarrollo dirigido a la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se cumpliría por primera vez la meta de contar con recursos específicos para la atención integral a jóvenes infractores de la ley.

“Revisamos con el Ministro de Justicia, Yesid Reyes  y su equipo, la propuesta de financiación de programas de justicia, incluida la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la política de prevención de la delincuencia juvenil desde un enfoque de justicia restaurativa para garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley”, aseguró la parlamentaria Angela Robledo.

La propuesta incluye la definición de “la Ley 55 de 1985 como fuente nacional permanente de la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para asegurar la prestación del servicio en todos los distritos judiciales del territorio nacional con plena garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en todas la etapas de la ruta jurídica y durante el cumplimiento de su sanción”.

Robledo dijo que además de garantizar una atención integral para estos jóvenes en conflicto con la ley, necesitamos una justicia restaurativa y la implementación de penas pedagógicas que puedan brindar una segunda oportunidad a estos muchachos que han sido sistemáticamente excluidos y a quienes se les ha negado todos sus derechos.

Cifras oficiales demuestran que 33.98 de la población infantil, que en Colombia es de 32.69% de la población nacional, se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional.  Datos de Medicina Legal para 2013 muestran que 83% de las víctimas de violencia sexual son niñas y el 17% niños,

De acuerdo con el informe de gestión del ICBF de 2012, 69.684 niñas, niños y adolescentes fueron puestos en situación de protección por maltrato, violencia sexual, abuso sexual, abandono, consumo de sustancias sicoactivas y desnutrición, entre otras.

Unos 2.182.707 niños, niñas y adolescentes son víctimas del conflicto armado. La guerra impide que la mitad de los niños en el campo terminen sus estudios, sólo en el 2013 se registraron por lo menos 26 incidentes que causaron daños a las escuelas o la suspensión de las clases.  El 80% de las seis mil víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niños. 7.722 han sido víctimas de reclutamiento forzado. 981 niños y niñas han sido víctimas de minas antipersonal de los cuales 218 perdieron la vida.

Los jóvenes en conflicto con la ley son la consecuencia directa de la exclusión y la pobreza, la ausencia de políticas contundentes de educación y la falta de oportunidades de una vida digna para las nuevas generaciones, puntualizó Ángela Robledo. 

PRENSA: 3015788105 MARGARITA SARMIENTO

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Angela Robledo, una congresista que se mueve por la Paz. Rendición de cuentas.

Angela Robledo, una congresista que se mueve por la paz.

Fiel a su compromiso con la ciudadanía, la Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Angela Robledo presenta su más reciente informe de rendición de cuentas sobre su tarea política y legislativa entre enero y abril del presente año.

Luego de rendir cuentas en más de 18 oportunidades (ver todos los informes), en esta ocasión la Representante Angela Robledo explica en una entrevista radial sus más recientes logros y labores en temas tales como: la Paz, el Plan Nacional de Desarrollo, los Derechos Humanos de los niños y de las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico y la búsqueda de un estatuto que dignifique el trabajo de los actores y actrices en Colombia. 

Están cordialmente invitados e invitadas a difundir libremente la pieza radial en sus blogs, redes sociales o medios de comunicación, lo cual contribuiría al debate público y abierto sobre el ejercicio de la función pública y la agenda política del país. De antemano agradecemos toda su colaboración y apoyo.

Link del audio:  http://bit.ly/1bfJJRc 

Descarga el audio haciendo clic aquí

CONTACTO PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO 

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El camino es acabar la guerra: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

El camino es acabar la guerra: Ángela Robledo

Bogotá, abril 15 de 2015

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, lamentó los hechos sucedidos en la noche del martes 14 de abril del año en curso en el Cauca, en la que diez militares perdieron la vida y otros veinte resultaron heridos en hechos que aún están por confirmar por parte de las autoridades competentes.

“No queremos que nadie más muera a causa de esta guerra. Necesitamos que se acabe la guerra. Ese es el camino”, afirmó la congresista quien además es Co presidenta de la Comisión de Paz de Congreso.

Ángela Robledo dijo que lamenta profundamente todas las muertes de jóvenes del Ejército que nos deja esta confrontación armada y llamó a las Fuerzas Militares a seguir apoyando los esfuerzos de paz del Gobierno del Presidente Santos. “El Presidente tiene un mandato de la ciudadanía por la paz y es deber y obligación de todos los colombianos apoyar ese mandato”, aseguró Robledo.

Finalmente la congresista dijo que no existen palabras para lamentar la pérdida de vidas y menos para apaciguar el dolor de las familias que hoy pierden a los suyos.

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Todos los gestos de paz son bienvenidos: Ángela Robledo

Bogotá, abril 10 de 2014

Tras el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de prorrogar por un mes más la suspensión de bombardeos contra campamentos de las Farc y que de paso afecta en ocasiones a la población civil, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso Angela Robledo aseguró que “Todos los gestos de paz donde se preserven vidas serán siempre bienvenidos”.

Angela Robledo dijo que “los colombianos tenemos que aferrarnos con mucha más fuerza a una salida política al conflicto armado que vive el país y pasar la página negra de la violencia para emprender un largo camino de  verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas que siguen esperando acciones contundentes por parte del Estado y sus victimarios”.

Si bien los ataques con bombas inteligentes a los campamentos son efectivas para contrarrestar al enemigo, también es cierto que en muchas ocasiones la población civil ajena a la guerra termina afectada tal y como lo describen analistas de estrategia militar consultados por el Portal Verdad Abierta en marzo de este año: “Uno de los mayores problemas que afrontaban las operaciones aéreas durante buena parte de la década del noventa fue la cercanía de áreas habitadas por donde se movían las células guerrilleras, lo que generaba un alto riesgo de afectar a la población civil. Un ejemplo de esas afectaciones es lo ocurrido en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, en Arauca, el 13 de diciembre de 1998 (…) que dejó 17 personas muertas, entre ellas varios menores de edad (…)”.

La decisión del Presidente Santos constituye una acción de desescalamiento del conflicto en el marco del cese unilateral que se ha dado desde diciembre por parte de las Farc y se anuncia en el ciclo 35 de los diálogos, que se concentrará en la reparación a las víctimas centro del proceso de paz que esperamos avance mucho más rápido, señaló la congresista Ángela Robledo.    

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Total rechazo a la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

Total rechazo a la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Ángela Robledo

Bogotá, abril 9 de 2015.- Ángela Robledo, representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso dijo hoy que “rechaza de manera contundente la violencia sexual en contra de niños, niñas y jóvenes y pide que las autoridades encargadas de la política de infancia en cabeza del ICBF  tomen medidas urgentes para proteger a cinco menores de edad de dos, cuatro, siete, diez y trece años de una misma familia, que fueron presuntamente abusados en el Cauca”. 

La congresista Robledo dijo que: “vemos con profundo dolor a una sociedad que todos los días se ensaña con mujeres, niños  y jóvenes, frente a una justicia inepta, corrupta y politizada y una política de infancia que no logra impactar positivamente la vida de las familias y sus pequeños”

Cifras del ICBF reportaron que 13.670 niños fueron víctimas de la violencia en los primeros tres meses de 2014, de las cuales 7.851 corresponden a situaciones de maltrato por negligencia; 4.519 a maltrato físico; 789 a maltrato sicológico; 309 a episodios de acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación. Datos del Instituto indican que la violencia en contra de los niños  aumentó en un año y para el mismo período (enero a abril) en más del 50%, contando sólo los casos denunciados, los cuales se estiman en un 5%. Medicina Legal ha reportado que 1.115 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país el año pasado.

“He dicho y lo repito que Colombia es un país que no quiere a sus niños”, dijo la parlamentaria.

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Educación rural, de mal en peor: Angela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

Educación rural, de mal en peor: Angela Robledo

Bogotá, abril 8 de 2015.-La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo denunció nuevamente que la educación rural sigue de mal en peor de acuerdo con información enviada por el Ministerio de Educación.

Angela Robledo ha denunciado en múltiples debates de control político la precaria situación de la educación  en las zonas más apartadas del país como el caso de La Guajira en donde en marzo de este año, unos 12 mil niños Wayúu no habían iniciado clases.

“En las zonas rurales más pobres y apartadas la política de educación es inexistente, la cobertura es precaria, la deserción alarmante y por supuesto la calidad está sujeta al contratista”, afirmó Ángela Robledo, al tiempo que alertó que más de 18 mil niños del sur de Bolívar y otros 16 mil de Córdoba dependen de procesos de contratación que hasta ahora se están definiendo.  

Robledo aseguró que mientras la política educativa dependa de los contratistas y la buena voluntad de los funcionarios de turno, será casi imposible cumplir con los objetivos que señala el informe de la Misión Rural dirigidos a cerrar la brecha en educación y garantizar que todos los jóvenes rurales tengan como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2020 y 11 en 2030.

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, de cada dos adolescentes que entra al sistema educativo en la ruralidad colombiana, sólo uno se gradúa. La cobertura bruta urbana es casi del doble que la rural (80% más alta). En Bogotá y Boyacá, por ejemplo, la cobertura es cuatro veces más alta que en Guainía, Vichada y Vaupés; el triple de Guaviare y La Guajira; y el doble de Chocó, Nariño y Cauca. La tasa de analfabetismo de La Guajira rural es del 60%, y uno de cada tres estudiantes de Chocó es analfabeta, según el DANE.

Ángela Robledo aseguró que año tras año la problemática de la educación rural en Colombia persiste: falta o insuficiencia de docentes, mala remuneración de maestros, pagos tardíos e incompletos, traslados sin mediar consulta, falta o insuficiencia de personal administrativo; lo anterior, sumado a la tercerización de la educación.

“Ministra Parody: un nuevo país, necesita una nueva educación”, puntualizó Angela Robledo.

PRENSA: 3202343806 Margarita Sarmiento.

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Los temibles ESMAD. Por Angela Robledo

Parecen escapados de una película de ciencia ficción sobre la guerra. Sus poderosos cascos, escudos y trajes negros los protegen de pies a cabeza, de todo mal. Van armados con bastones eléctricos, balines de goma y pistolas tazer, bombas de gas pimienta. Parecen la feroz reencarnación de los cruentos caballeros de la Edad Media.

Al verlos apostados a lo largo de las carreteras colombianas atacando a la Minga indígena en el Cauca, a los miles de estudiantes que marchan en defensa de la universidad pública, enfrentando la revolución de las batas blancas, el paro campesino o el reciente paro camionero pregunto ¿cuáles son las garantías que existen en Colombia para la movilización social, un derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución del 91?

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Apoyo decisión democrática en la Universidad Nacional: Ángela Robledo

Bogotá, marzo 24 de 2015

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo dijo hoy que la mejor opción para el gobierno de la Universidad Nacional en Bogotá es el profesor Mario Hernández, no sólo por sus calidades académicas sino por su reconocido humanismo, su férrea defensa de lo público y sobre todo de la educación pública.

“Mario Hernández encarna el sueño de un país que se prepara para el postconflicto y donde la educación es la clave para transformar la realidad de la guerra, cimentar la paz y en donde los jóvenes son fundamentales en la construcción de un país distinto”, aseguró la parlamentaria.

Angela Robledo dijo que el Gobierno del Presidente Santos, tan comprometido como está con la salida política a una guerra centenaria, no puede desconocer la voluntad de una comunidad universitaria que eligió al Profesor Hernández por mayoría de votos: 11.869.

“Hemos compartido con Mario Hernández, en distintos escenarios,  nuestras propuestas  de recuperar el carácter público, nacional y estatal de la educación y rescatar para el sector público el financiamiento estatal directo de nuestra Alma Máter: La Universidad Nacional de Colombia”, aseguró la congresista.

La decisión definitiva la tendrá mañana el Consejo Superior Universitario el cual preside la Ministra de Educación Gina Parody: “Esta elección será un termómetro del talante democrático de la Ministra de Educación. El profesor Mario Hernández ya fue elegido democráticamente por la comunidad universitaria. No sería legítimo que la Dra. Parody desconozca dicha decisión”, aseguró Ángela Robledo.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Las perlas del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" promete paz, equidad y educación. Promesas que entusiasman y que compartimos. Sin embargo, cuando se lee el engorroso libro de 781 páginas de sus bases y el articulado, la conclusión es clara: la promesa no es real y este plan no es para la educación, no es para la equidad y no es para una paz estable y duradera.

El Plan que votaremos en las próximas semanas, y que seguramente será aprobado si no se produce una movilización social masiva, será el plan que intensifica el modelo que busca disminuir el Estado, engrandecer el lucro y negar derechos.

Veamos algunas de sus "perlas": El Plan nació desfinanciado, como ya se ha mencionado, el gobierno va a tener que recortar el 13% de las metas. Los econometristas "pilos" proyectaron el costo del barril de petróleo a US$87 y hoy está por debajo de US$50. Los recursos del Plan dependen de la venta de barriles de petróleo. A su vez, el FMI calcula que en los siguientes tres años, siendo positivos, el PIB crecerá 3,4%. El gobierno ha dicho que la economía crecerá a 4,2%.

Por otro lado, el Plan es una suma de reformas express de leyes que tumbamos en la calle: reforma la educación superior, reforma la salud, vía un artículo sobre tierras, el 97, deja abierta la posibilidad de entrega de baldíos a grandes empresarios del campo. Las reformas en términos ambientales son insostenibles. Para sumar muchas de estas reformas necesitaban consultas previas que no existieron. Ya hay demandas sobre su inconstitucionalidad.

La propuesta educativa sigue la senda que se construyó desde la Ley 30: privatizar, privatizar y privatizar. Mantiene las brechas entre educación privada y pública, entre educación rural y urbana. Las universidades públicas seguirán con el déficit de 11 billones, tendrán que buscar nuevos recursos, sin saber dónde encontrarlos. La invitación de Santos es entonces castigar las mejores universidades que se están cayendo a pedazos. El artículo 54 crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) sin haber escuchado la voz de la comunidad universitaria que tiene propuestas y que ha trabajado en los últimos años en un sistema de educación superior. Éste artículo es una reforma atajista a la educación superior, la cual merece un debate y un nuevo proyecto de ley. Este tipo de propuestas no son propias de un plan de desarrollo.

En salud los artículos son igual de desoladores, son propuestas que están de espaldas a la ley estatutaria que moduló, para bien de los ciudadanos, la Corte Constitucional. El artículo 61 le brinda todas las facultades al ingeniero Gaviria para reformar la salud a su parecer. ¡Qué peligro!

Estas propuestas no han sido concertadas y parecen más bien una negociación que muy probablemente endeude aún más a los estudiantes, enferme a los enfermos y enriquezca a los intermediarios financieros, como siempre.

En infancia no se menciona de manera clara cómo fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que no está funcionando y que es determinante en toda política pública de infancia. Seguiremos contando niños muertos por desnutrición y por negligencia estatal.

Las mujeres son inexistentes en el plan, con un único y minimalista artículo, por su alcance y recursos, se pretende saldar la deuda histórica con sus derechos.

En cultura, la cultura de paz, por ejemplo, fundamental para el proceso que está viviendo Colombia, no se menciona, no se reconoce en el articulado. Cuando se hace referencia a actores culturales es para reducir su participación en la actividad nacional. La inversión extranjera podrá llegar a ser del 40% y la cuota de pantalla los fines de semana de producción nacional disminuye del 60% hasta el 30%. Como se ha dicho desde el sindicato de actores ACA: "En lugar de apoyar la cultura y producción nacional, vendemos nuestro capital cultural a extranjeros". ¿Podrá esta inversión extranjera contribuir a reconstruir el tejido social y los territorios en guerra? ¡Lo dudo!

Este plan es más de lo mismo. Presidente así no se construye la paz, la equidad y una educación de calidad y universal. La única opción que tenemos es la resistencia creativa con argumentos y con hechos no violentos y sí contundentes ¡A la calle! Cuenten con mi voto negativo.

Publicado en el periódico La Patria de Manizales, el 17 de marzo de 2015

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La quimera del desarrollo

Publicado el 3 de marzo en el periódico La Patria de Manizales

¡Bienvenidos al futuro! Con estas palabras el expresidente César Gaviria celebraba en la década de los 90 la denominada apertura económica. Ese conjunto de medidas que en principio iban a producir sudor y lágrimas, pero que a la larga traerían el prometido progreso y desarrollo para nuestro país. La propuesta del entonces presidente Gaviria, reencauchaba una vez más la promesa de progreso que desde los años cincuenta el presidente norteamericano Harry Truman anunciaba para el mundo entero en su concepto de "trato justo", cuyo propósito fundamental era resolver los problemas de las naciones que empezaban a ser denominadas subdesarrolladas.

Algunos apartes de su discurso de posesión nos permiten hoy, en pleno siglo XXI, confirmar que el tan anhelado sueño del progreso económico y prosperidad material terminarían en una cruel pesadilla para muchos de los habitantes de estas naciones. Decía Truman en su discurso de posesión: "Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la pobreza. Su alimentación es inadecuada, víctima de la enfermedad. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas (…) El que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático (…) Producir más es la clave para la paz y la prosperidad".

Su sueño americano quería ser la fórmula salvadora para el mundo entero, y para hacerlo tenía que alcanzarse un crecimiento económico acelerado, lo cual iba a traer grandes dolores. Todo lo existente en estas latitudes, tendría que ser devastado: "…las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda (United Nations: 1951). La propuesta era una profunda reestructuración de las llamadas sociedades "subdesarrolladas", para poder así alcanzar la meta soñada. Y nuestros países empezaron a recorrer la anhelada senda del desarrollo. A través de misiones, de la alianza para el progreso, de los mandatos del Consenso de Washington, de la apertura económica, del mal llamado libre mercado y de los tratados de libre comercio se buscó reconfigurar a nuestros países -en muchos casos a sangre y fuego- y prepararlos para su arribo a la modernización. El modelo venía acompañado de un fortalecimiento de la fuerza pública en estos países. Y Colombia siguió la receta al pie de la letra y ese sueño hoy se transformó en cruel pesadilla. Cuando revisamos las actuales cifras de la producción industrial, la drástica disminución de la producción de alimentos, la precarización del mundo laboral, la pauperización de la vida, en especial la vida de las personas que habitan el campo, el impacto del cambio climático, entre otros, nos preguntamos si es ético y legítimo continuar embarcados en la quimera del desarrollo.

Pero en medio de todas estas prácticas de devastación y desarraigo los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, algunos sectores de mujeres y de la academia, han sido una fuente de persistencia, de resistencia y han demostrado que a través de estas últimas décadas sus saberes ancestrales, sus formas de organización social y económica han logrado superar todos los embates frente a las prácticas de dominio y explotación, y muchas de sus experiencias son fuente de saber y conocimiento para el mundo entero. Lo que deberíamos hacer como pueblo colombiano es conformar una gran minga para el post-desarrollo, como la llama el profesor e investigador caldense Arturo Escobar, la cual pasa por deconstruir y desmantelar ese concepto lineal y colonialista de desarrollo e innovar desde prácticas comprometidas con la justicia social y con nuevos órdenes culturales y económicos.

La tarea será difícil, hoy, 25 años después de la promesa de César Gaviria, su hijo Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, nos invita a embarcarnos en una nueva quimera con su plan de desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación", y parecería que nos vuelve a decir "bienvenidos al futuro". Poco ha cambiado entre la promesa del padre y el mensaje del hijo. Sus ejes educación, equidad y paz son el ropaje formal del Plan, pero en su articulado la educación y la salud continúan siendo bienes de mérito, no derechos fundamentales como lo dice la Constitución. La inversión que crece más es la del sector de defensa, la justicia y la cultura son las cenicientas. Sobre tierras, uno de sus artículos parece hecho a la medida del proyecto que busca legalizar la entrega corrupta de los baldíos, para arrebatarles a los campesinos un acceso digno a la tierra.

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Vamos a marchar el 8 de marzo

Publicado en el periódico La Patria de Manizales el 17 de febrero de 2015

El 8 de marzo no es un día como cualquier otro. En esa fecha conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, como una oportunidad para reivindicar colectivamente nuestras luchas. No son pocas nuestras exigencias y demandas, porque no son pocas las desigualdades y violencias de las cuales hemos sido víctimas a lo largo de la historia.

Por eso insistiremos, una vez más, en el reconocimiento pleno de nuestros derechos humanos, y en la búsqueda de profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas que nos permitan una vida en dignidad, libre de dominación y discriminaciones.

El próximo 8 de marzo tampoco será como cualquier otro porque recientemente hemos sido convocadas y convocados por Antanas Mockus, a quien acompaña Iván Cepeda y también por distintas organizaciones sociales a una marcha por la vida, en medio del dolor que nos producen tantas muertes violentas en Colombia.

Cómo no marchar para defender la vida cuando a diario conocemos casos de violencia contra nuestros niños, como el cruel asesinato de cuatro menores de edad en Caquetá. Cómo no marchar por la vida si según Medicina Legal, en el año 2013 hubo 14.294 casos de homicidios y feminicidios en Colombia (1.115 de los homicidios fueron niños, niñas y adolescentes; 1.175 fueron mujeres; 8.434 fueron jóvenes entre 18 y 34 años) y hubo 1.810 suicidios. Además, las muertes por accidentes de tránsito o a causa de nuestra irresponsabilidad a la hora de conducir fueron 6.219. Sumando estas causas de muertes violentas, hubo 22.323 vidas que se habrían podido salvar en 2013.

Esta máquina de guerra de los últimos sesenta años, según la Unidad de Atención a las Víctimas, ha producido muerte y dolor a millones de colombianas y colombianos: 3.000 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por integrantes de las fuerzas militares, donde jóvenes inocentes de bajos recursos y muchos en condición de discapacidad fueron ejecutados cruelmente. Como si fuera poco, entre 1983 y 2011, hubo 2.087 masacres que acabaron con la vida de 9.509 personas. De acuerdo a las cifras del informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, elaborado por investigadores del Centro de Memoria Histórica, este conflicto armado ha provocado 220 mil muertes entre 1958 y 2012, de las cuales el 81,5% corresponden a civiles, y hasta el 2013 se señala hay 50.007 personas desaparecidas.

Son datos, estadísticas, son vidas violentadas que merecen un gesto de indignación colectiva y una alta dosis de vergüenza. Cuesta asimilarlo, pero estos años de guerra rural, urbana y doméstica han tenido enorme impacto en la vida de las mujeres, niños, niñas, jóvenes, hombres y familias enteras. Son historias que se truncaron de manera irremediable, pues la guerra y la violencia han roto cualquier límite de respeto por el otro.

Es lo que Hannah Arendt llamaría la "banalidad del mal", que no es otra cosa que la ejecución de los más atroces crímenes por parte de personas comunes y corrientes que, cumpliendo órdenes de sus superiores, hacen el mal sin enfrentar ningún sentimiento de culpa, reflexión o remordimiento por las consecuencias. Y eso hay que erradicarlo. No podemos acostumbrarnos a la violencia, ni podemos seguir buscando justificaciones para matar, exterminar, maltratar, dominar.

Por eso aprovecho esta columna para convocar de nuevo a todos y todas las colombianas a movilizarnos pacíficamente el 8 de marzo. Especialmente invito a las mujeres, porque nosotras sabemos tejer causas colectivas, y somos nosotras quienes más hemos cuidado la vida. Porque aún en medio de la guerra y de la diferencia, la defensa de los derechos humanos ha sido siempre nuestra lucha, y no hay mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer que potenciando nuestra fuerza serena para continuar exigiendo el respeto por la vida, como un camino para alcanzar la paz, la justicia, la memoria, la igualdad, la reparación integral y la reconciliación.

Suena paradójico, pero la defensa de la vida debería unirnos, en lugar de dividirnos. Las y los invito, entonces, a la solidaridad. De nada sirven los prejuicios y sospechas cuando hay tantas vidas por cuidar. Les invito a marchar en defensa de los derechos de las mujeres. Les invito a marchar por la paz. Les invito a marchar por la Vida.

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En Colombia no cuidamos a los niños: Ángela Robledo

Bogotá, febrero 6 de 2014

“Me parece intolerable y doloroso que la violencia se ensañe con los niños, la niñas y los adolescentes en mi país”: aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, tras conocerse un nuevo episodio de barbarie en la que cuatro niños de una misma familia fueron asesinados en Florencia (Caquetá).

Ángela Robledo dijo que: “Lo más lamentable es que estos crímenes son situaciones cotidianas como el caso de los niños que mueren por descuido, negligencia y  desnutrición, como es el caso de La Guajira y Chocó; los niños que son abusados sexualmente por sus padres y familiares cercanos, los niños que van a la guerra, que son reclutados por los ejércitos irregulares, los que son utilizados como informantes, los que sufren por falta de oportunidades en Colombia”.

La parlamentaria aseguró que no existen políticas estructurales para proteger de manera integral a los niños: “Colombia es un país que no protege, no cuida la vida de los niños y las niñas y por lo tanto no hace realidad el Artículo 44 de la Constitución Nacional ni el Código 1098 de Infancia y Adolescencia”, dijo Robledo.

De acuerdo con el ICBF en los primero tres meses de 2014, se reportaron 13.670 denuncias de violencia contra los niños, 7.851 de las cuales corresponden a situaciones de maltrato por negligencia; 4.519 a maltrato físico; 789 a maltrato sicológico; 309 a episodios de acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación. 

Datos del Instituto indican que la violencia en contra de los niños  aumentó en un año y para el mismo período (enero a abril) en más del 50%, contando sólo los casos denunciados, los cuales se estiman en un 5%. Medicina Legal ha reportado que 1.115 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país el año pasado.

La congresista pidió una justicia pronta y efectiva para el caso de Florencia y aseguró que esta epidemia de violencia cotidiana contra los niños se afronta “protegiendo a las familias, trabajando con ellas, creando condiciones materiales, sociales y culturales para que ellas a su vez puedan cuidar y proteger a sus niños. Este es un país que no cuida a sus niños, que nos los quiere”, puntualizó Ángela Robledo.

Prensa: 3202343806. Margarita Sarmiento

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¿Cuál revolución educativa?

Hace muy pocas semanas vimos cómo el gobierno nacional en cabeza de la ministra Gina Parody lanzó un plan de 10 mil becas para los estudiantes pobres "más pilos" del país: "Ser pilo paga". Esta es la gran revolución educativa de Colombia. Este titular, por decir lo menos, puede resultar ofensivo, o al menos un chiste de muy mal gusto. 

Basar una revolución educativa en 10 mil becas es no haber entendido el término revolución. Una de las acepciones etimológicas de revolución es insurrección de un pueblo, no necesariamente violenta, para remover el orden político establecido. Otra, la usada por Copérnico por ejemplo en su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, es aquella que acuñaron muchos astrónomos para referirse al giro completo de los astros o las esferas celestes. 

Las dos interpretaciones son muy pertinentes: una revolución educativa es la que se sueña la Mane y no la ministra: hay que remover, de manera no violenta y sí creativa, la política que guía la educación y, en especial, la educación superior: basada en créditos, en subsidiar la demanda, en no fortalecer la Universidad Pública y en favorecer una minoría, excluyendo de tajo la mayoría de estudiantes pobres de este país. Hay que cambiar el orden establecido para garantizar la educación como un derecho fundamental.

Por otro lado, hay que darle un giro completo a la educación, el enfoque debe cambiar totalmente, debe superarse. Debemos transformar la idea del estudiante-cliente adoctrinado para producir y pensar en la competitividad racional, al estudiante-ciudadano formado para fortalecer la democracia y la paz. 

Pues bien, esta propuesta del MEN no da un giro a la política educativa y tampoco remueve el enfoque privatizador de la educación superior. Es más, esta propuesta no es una política pública, es un programa aislado que no garantiza la educación pública y de calidad. 

"Guillo" Hoyos decía muy bien "La educación para la perfección es perversa". Una educación basada en matrículas de honor o en becas para "los pilos" termina mal porque "los que pretenden que unos saquen 5 son los mismos culpables de que otros [la mayoría] saquen 2[…] la responsabilidad de la educación no es con el premio nobel, él es autodidacta, la educación es para la mediocridad". Hay que rescatar el Aurea mediocritas o la dorada mediocridad de Horacio, ese término medio que hay que trabajar y construir a partir de allí. 

"Ser pilo paga" tiene, al menos, dos problemas: i) ahonda el déficit de las universidades públicas que según el Sistema de Universidades Estatales asciende a 11 billones de pesos, porque le quita cerca del 6% de recursos a este sector. Recordemos que, según el MEN y cálculos hechos por la doctora Carmenza Saldías, en los últimos 10 años los aportes de la nación por cada estudiante de universidad pública han bajado en un 28%. ii) Este programa favorece exclusivamente a los exitosos, no asume el reto de promover a los que no son pilos, de garantizarles oportunidades, educación y proyectos de vida. Recordemos por ejemplo que solamente uno de cada tres estudiantes que entra a la Universidad Nacional de Colombia se gradúa. 

La solución, ministra, no es regalar premios sino garantizar derechos. Premio que entre otras ya se ve que no está funcionando: el portal Las 2 Orillas aclaró el 31 de enero del presente año que: "el Ministerio a hoy 29 de enero no les ha cumplido con el primer desembolso y la información que tienen los beneficiarios de estas becas es que tendrán que esperar ya que esta les llegará a partir del 16 de febrero". El Espectador el 30 de enero tituló "Seis 'pilos' aplazan semestre y otros se quejan porque no tienen plata".

Ministra, hay que apostar con recursos públicos a fortalecer la Universidad Pública, sin intervenir su autonomía universitaria y aumentando los aportes a estas instituciones, para superar el déficit y para que éstos, al menos lleguen a ser tan importantes como lo eran en 1992, antes de la Ley 30.

A los estudiantes de la Mane les invitamos a persistir con sus movilizaciones pacíficas, con sus propuestas y protestas. La tarea es compleja pero necesaria. Podemos hacer la verdadera revolución educativa, creativa, masiva y contundente.

Publicado en el periódico La Patria de Manizales, el 4 de febrero de 2015.

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Defendamos la ley estatutaria por el derecho fundamental a la salud

 

Bogotá, 27 de enero de 2015./*/ / La atención en salud es un derecho fundamental autónomo, ha dicho la Corte Constitucional desde hace varios años, como resultado de la jurisprudencia acumulada por los miles de tutelas en salud. Es el momento de defender este precepto, a través de la ley estatutaria en salud, la cual fue modificada por la Corte con base en este criterio.

El gobierno Santos intentó limitar el derecho a la salud por medio de la aprobación de un proyecto de ley estatutaria por parte del Congreso en junio de 2013. Ahora desafía a la Corte al negarse a sancionar la ley modificada por este corporación. Este proyecto definía un paquete de servicios con base en el criterio general de la “sostenibilidad fiscal”, con actualizaciones y exclusiones periódicas, y una serie de limitaciones que afectaban el uso de la acción de tutela para todo lo excluido o lo que no tuviera relación directa con el tratamiento.

La Corte Constitucional, en la revisión obligatoria de constitucionalidad de este proyecto, a través de la Sentencia C-313 de mayo de 2014, retiró o modificó varias limitaciones, de manera que sólo se acepta un conjunto de exclusiones explícitas cada cierto tiempo. La Corte ha dicho que todo lo que no sea excluido, está incluido, de manera que obliga a que se acabe el famoso Plan Obligatorio de Salud (POS) y se provea todo lo necesario.

La Corte definió que la sostenibilidad fiscal no es justificación para negar servicios a las personas y exigió que la acción de tutela sea respetada, aún para las exclusiones, cuando los pacientes las requieran.

La ley estatutaria incluye la obligación de desarrollar políticas que afecten las causas de las enfermedades y promuevan la salud, dignificar el trabajo en salud, respetar la autonomía profesional y regular los precios de los medicamentos en toda la cadena y no sólo en el proveedor mayorista, como decía el proyecto de ley.

A pesar de que el presidente Santos anunció en mayo de 2014 que esta ley acabaría con el “paseo de la muerte”, decidió no
sancionarla. Una vez el equipo de gobierno leyó la Sentencia completa, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, salió a decir que “la Corte quiere que todos coman langosta”.

Esta afirmación irrespetuosa quiere hacernos pensar que la Corte es irresponsable con los recursos escasos para la salud. Mientras tanto, el ministro avanza con la profundización del modelo de intermediación por Decreto. Por ejemplo, el 23 de diciembre el ministro firmó el Decreto 2702 mediante el cual ofrece siete años de gracia a las EPS para que ajusten sus cuentas y sus negocios, y sigan apropiándose de los recursos públicos para la salud como lo han hecho impunemente hasta ahora.

Un par de errores de digitación de la Sentencia requirieron que la Corte sacara el Auto 377/14 para corregirlos. Pero es claro que estos errores no impiden la sanción de la ley. Sin embargo, el ministro Gaviria afirmó que la ley debía volver al Congreso para corregir tales errores. Superados todos los plazos para la sanción de la ley por el Presidente de la República, sólo cabe la sanción por parte del Presidente del Congreso de la República, según el reglamento legal vigente.

¿Por qué se niega el gobierno Santos a sancionar la ley estatutaria en salud? Por la sencilla razón de que sigue poniendo la plata y el negocio por encima del derecho de la gente a ser atendida. En medio de la crisis fiscal por la baja de los precios del petróleo, la ley de la regla fiscal que el mismo gobierno impulsó obliga a comenzar los recortes por el gasto social, donde están salud, educación y otros sectores más, mientras la Corte le exige no basarse en la sostenibilidad fiscal.

Por todo lo anterior, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud ha decidido participar en la exigencia, a través de la acción jurídica de “constitución en renuencia”, al Presidente del Congreso de la República, José David Name, de sancionar la ley estatutaria en salud avalada por la Corte Constitucional, y avanzar en la revisión de la normatividad del sistema de salud actual que sigue violando el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.

El derecho fundamental a la salud es un asunto de vida o muerte. Todos somos pacientes potenciales y todos requerimos condiciones de vida saludables. La ley estatutaria en salud es un paso importante en esa dirección. Por eso, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud hace un llamado a la población colombiana para que acompañe, con su movilización social creativa, el propósito de sancionar esta ley y avanzar en la construcción de un nuevo sistema de salud que garantice sin ambages este derecho fundamental.

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Emociones políticas. Por Angela Robledo

La profesora Martha Nussbaum, una de las filósofas contemporáneas más importantes por sus planteamientos sobre ética, teoría de las capacidades humanas, justicia social y feminismo, entre otros temas, acaba de publicar un libro sobre las emociones, las cuales considera son paisajes del pensamiento dado que no solo impulsan a la acción sino que contienen componentes valorativos que permiten evaluar el impacto de las actuaciones.

Parafraseando a la autora, en el texto denominado Emociones Políticas la filósofa desarrolla la tesis según la cual los principios políticos requieren para su materialización y supervivencia del apoyo de emociones como la simpatía y el amor, que les permitan a las "sociedades decentes" alcanzar sus propósitos logrando que las personas se comprometan con un bien común. El cultivo de estas emociones permitirá proteger nuestro frágil "yo" de emociones que también están presentes en nuestras sociedades, como el odio, la envidia, el asco o el deseo de avergonzar a otros, emociones que apoyan comportamientos que buscan convertir a las personas en medios para lograr determinados fines, o en prácticas autoritarias para dominar, someter y explotar al otro.

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Las FARC-EP le cumplieron a Colombia con la tregua

 

El Frente Amplio por la Paz concluye que hasta la fecha de hoy se constata que las FARC-EP han cumplido con su compromiso anunciado al país el 17 de diciembre de 2014 desde La Habana de cesar de manera unilateral el fuego y las hostilidades. Este hecho ha sido afirmado por varias fuentes y aceptado públicamente por el presidente Juan Manuel Santos. El cumplimiento de la tregua se ha presentado aún ante las acciones ofensivas de las Fuerzas Militares, las cuales no fueron negadas por el Ministerio de Defensa y mantuvieron una tensión de posible levantamiento del cese unilateral.

El Frente Amplio por la Paz considera que no hay ningún motivo que impida que organismos de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, realicen una veeduría a un cese unilateral o bilateral al fuego. Por el contrario en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que hacen parte del Frente Amplio por la Paz, son idóneas para hacer una veeduría del cumplimiento del cese unilateral, por ser éstas las que desde las regiones han sufrido de manera directa los efectos del conflicto armado, aún durante el desarrollo del actual proceso de diálogo, y por habitar precisamente en las regiones donde más crudamente se desarrollan las acciones de guerra.

El Frente Amplio destaca positivamente las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el cumplimiento de parte de las FARC-EP y la autorización de la discusión pronta de un cese bilateral; estima que este hecho muestra la madurez del proceso de diálogo y plantea la proximidad de la terminación definitiva del conflicto armado. También espera que se le dé estabilidad al cese unilateral decretado por las FARC-EP en la vía del desescalamiento del conflicto, mientras las partes logran el acuerdo de cese bilateral definitivo.

Haga clic en el siguiente enlace para descargar el informe completo http://bit.ly/1CLi5Un.

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Cese unilateral de la guerrilla es un gesto de paz: Ángela Robledo

Bogotá, diciembre 18 de 2014

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo dijo que el anuncio de las Farc de un cese unilateral e indefinido a la confrontación armada a partir del próximo 20 de diciembre es un gesto que ratifica que vamos camino hacia la firma de un acuerdo político que ponga fin a una guerra centenaria que cobra a diario miles y miles de vidas.

Ángela Robledo ha dicho que este es un anuncio que nos debe alegrar a todos los colombianos: “Es una gran noticia sobre todo para las regiones y poblaciones más afectadas por la guerra que viven una realidad muy distinta a la que vivimos nosotros en las grandes ciudades del país”, aseguró la congresista.

“Nos gustaría mucho arrancar un 2015 con un cese definitivo de la guerra, que se silencien para siempre los fusiles y que los colombianos entendamos y rodeemos este proceso que necesita un apoyo radical para avanzar”, dijo Robledo.

Ángela Robledo insistió que no existe guerra buena y que está sobradamente demostrado que el desescalamiento del conflicto y los ceses al fuego salvan vidas: “Una sola vida que se preserve vale la pena”, dijo.

En diciembre de 2013 con la tregua navideña de las FARC los homicidios cometidos por la guerrilla bajaron en un 65% según cifras del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC). Ese desescalamiento de la muerte y de la guerra nunca antes se ha visto en la historia de Colombia.

Desde el inicio de los diálogos en La Habana en 2012, los secuestros han decrecido seis veces, pasando de 305 a 45, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, que también ha reportado que entre enero de 2011 a agosto de 2014, las muertes de personas de grupos al margen de la ley han bajado casi a la mitad y la muerte de miembros de las Fuerzas Militares también se redujeron a la mitad.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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