Respaldamos la minga indígena, social y popular

 

El 12 de octubre, día de la resistencia de los pueblos indígenas, se inició la "Minga Indígena, Social y Popular en Defensa de la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía":senadora Gloria Inés Ramírez

La Minga "acompaña una salida negociada al conflicto armado" y solicita a las FARC y al Gobierno Nacional "no suspender ni levantarse de la mesa hasta tanto no le hayan puesto fin al conflicto armado".

Así mismo, es la continuación del proceso de movilización de los caficultores, los lecheros, los arroceros, los papicultores, los paneleros, los pequeños mineros, los camioneros, los educadores, los estudiantes, el movimiento sindical y otros sectores campesinos y urbanos que han venido movilizándose en todo el país en los últimos meses en rechazo a la política gubernamental y en demanda de soluciones a sus múltiples problemas. También piden que se cumplan los acuerdos, que, como es costumbre inveterada, se firman para salir del paso y luego son burlados por el gobierno.

Otra vez, mientras los más altos funcionarios gubernamentales aseguran que son respetuosos de la protesta social, descargan contra los manifestantes el salvajismo de la fuerza pública, en particular del ESMAD, como ha ocurrido en los departamentos de Sucre, Guajira, Huila, Cauca, Valle del Cauca y otros lugares, con saldo de numerosos heridos y detenidos, al tiempo que el Presidente de la República afirma con la mayor desfachatez que todos los acuerdos están siendo rigurosamente cumplidos.

Ante esta situación, manifestamos nuestro más firme respaldo a la Minga Indígena, Social y Popular, exigimos al gobierno respetar la protesta, cumplir los compromisos adquiridos y atender las justas peticiones de los pueblos indígenas y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de la más amplia solidaridad tanto al movimiento indígena como a todos los sectores que enfrentan la reaccionaria política del gobierno de Santos y piden soluciones reales a los innumerables problemas que cada día golpean con mayor fuerza al pueblo colombiano.

Nuestras historias

Firme defensa de los derechos de la mujer hizo Gloria Inés Ramírez ante América Latina y varios países europeos

Recife, Brasil

Firme defensa de los derechos de la mujer hizo Gloria Inés Ramírez ante América Latina y varios países europeos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, quien se encuentra en Recife, Brasil, participando por Colombia en la IX Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, hizo una encomiable defensa de los derechos de la mujer.

La conferencia inició el pasado 17 de septiembre y se extenderá hasta mañana sábado, cuenta con la asistencia de más de 750 personas   en representación de sindicatos  de América Latina, el Caribe y 9 países de Europa.

Por Colombia participan Fecode, Ecode, Aspu, y la congresista Gloria Inés Ramírez Ríos, quien es una de las cofundadoras  de la Internacional de la Educación para América latina y defensora acérrima de la educación.

En su ponencia Ramírez desglosó la problemática de la mujer en cuanto a la participación de esta en la política partidaria y sindical. Expresó que aunque ha habido algunos avances, siguen existiendo barreras que generan condiciones de desigualdad en los dos ámbitos.

“Resulta indispensable democratizar la esfera social para que se pueda ampliar la participación partidaria”, dijo, agregando que “es necesario que las mujeres se posicionen en las altas esferas donde se toman las decisiones públicas más importantes y en la movilización y participación social”.

En cuanto al género y mercado laboral la senadora apuntó que a pesar de las transformaciones en favor del mejoramiento del trabajo de las mujeres, persisten factores que acentúan la explotación y opresión en razón de su género, pues las trabajadoras deben afrontar múltiples situaciones de discriminación en el mundo laboral.

En América Latina el desempleo de las mujeres es un 35 por ciento más alto que el de los hombres según la CEPAL y el desempleo de las mujeres de menores ingresos es del 21 por ciento, mientras el de las de más altos ingresos es del 4 por ciento, explico la legisladora.

Participación sindical de la mujer

Según la Escuela Nacional Sindical, las necesidades, derechos e intereses de las mujeres trabajadoras han sido poco visibles en las luchas sindicales, debido principalmente a que las organizaciones se han caracterizado por ser básicamente masculinas y patriarcales y porque las mujeres sólo en los últimos años han visto la necesidad de vincularse al mundo sindical.

“Es necesario fortalecer la participación de las mujeres en los sindicatos para revertir las condiciones de discriminación en el mercado laboral expuestas. Es indispensable promover el liderazgo y la ocupación de las mujeres en espacios de toma de decisión y dirección sindical”, expresó entre otros puntos Ramírez.

Participación política de las mujeres

La participación política de las mujeres latinoamericanas ha sido una lucha constante por la ampliación del concepto de ciudadanía y un proceso de construcción de un espacio de participación en lo público y en las luchas sindicales, sociales y educativas.

La elección popular de varias mujeres para ejercer la presidencia de varios países desde 2005 marcó un punto de inflexión en la política regional. Es un logro histórico haber alcanzado esta investidura.

En Colombia existe un rezago con respecto a los avances que han tenido en los últimos años los demás países latinoamericanos, en especial durante los gobiernos de izquierda. En la historia colombiana la elección de presidentas no ha sido posible.

“Para garantizar la participación de la mujer en la política se deben implementar: leyes de cuotas de género; cuotas voluntarias en los partidos políticos y crear una bancada de Mujeres”, sentencio finalmente Ramírez

Por último la congresista abordó el tema de la relación mujer-educación para lo cual propuso entre otras cosas ampliar los derechos de la mujer en la educación construyendo para ello modelos pedagógicos con perspectiva de género.

“Las mujeres queremos el poder, pero un poder diferente, no para dominar, para coartar, para silenciar o para generar privilegios; sino un conjunto de poderes positivos que empoderen a otras mujeres y hombres en el ejercicio de su ciudadanía plena”, finalizó Ramírez Ríos.

Nuestras historias

Rechazamos las amenazas del paramilitarismo contra la senadora Gloria Inés Ramírez y otros dirigentes políticos, sindicales, populares y defensores de derechos humanos

 

En el día de hoy llegó al correo electrónico de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos un mensaje fechado el 10 de septiembre de 2013, a las 17:06, suscrito por la banda paramilitar Los Rastrojos, en el que hace amenazas de muerte a Iván Cepeda, Wilson Arias, Gloria Inés Ramírez y a todos los congresistas del Polo Democrático Alternativo, a Piedad Córdoba, Andrés Gil, Javier Cuadros, Alirio García y los demás integrantes de la Junta de la Marcha Patriótica, al Colectivo de Abogados, al Comité de Presos Políticos y a la Corporación Yira Castro, así como a los dirigentes Alfonso Castillo, de ANDAS;  Marco Romero, de COHDES; Rigoberto Jiménez, de la Coordinación Nacional de Desplazados y Eberto Díaz y Huber Ballesteros, de FENSUAGRO.

El comunicado tiene iguales rasgos a los de otro que fue publicado el 4 de agosto de este año por la misma banda paramilitar con graves amenazas contra numerosos dirigentes sindicales y contra varias organizaciones y personas, entre ellas, las que aparecen de nuevo en la lista de condenados a muerte bajo la acusación de ser guerrilleros y de preparar los paros campesinos por orientación de la guerrilla.

En varias ocasiones hemos advertido al gobierno sobre el riesgo de que en la medida en que avancen los diálogos de La Habana se recrudezca el sabotaje de la ultraderecha y el militarismo contra el proceso de paz, pero, en vez de atender nuestras demandas, desde las más altas esferas gubernamentales, comenzando por el Presidente de la República, lo que se ha hecho es lanzar toda clase de señalamientos y estigmatizaciones contra las justas protestas de los campesinos y otros sectores, acusándolos de estar infiltrados por la guerrilla y de propiciar desórdenes orientados por la Marcha Patriótica, que son las mismas calumnias que ahora utiliza el paramilitarismo para proferir amenazas.

El gobierno debe tomar en serio estos hechos criminales, detrás de los cuales están, sin ninguna duda, lo que durante muchos años se han lucrado económica y políticamente de la guerra y pretenden perpetuarla para seguir utilizándola en favor de sus ilegítimos y espurios intereses.

En lo que respecta a la Senadora Gloria Inés Ramírez, en varias ocasiones ha sido objeto de amenazas similares, así como de montajes judiciales y otros hechos de persecución política que sólo se explican por su compromiso inalterable con los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los oprimidos y explotados de nuestro país.

Ante la gravedad de la situación, llamamos a la comunidad internacional, en particular a los organismos de derechos humanos, a movilizar la más amplia solidaridad con los amenazados y fortalecer el apoyo al proceso de paz. Así mismo, convocamos al movimiento sindical y popular colombiano, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los demócratas a cerrar filas contra quienes pretenden impedir a sangre y fuego que podamos encontrar caminos de paz y reconciliación. 

Al gobierno, le exigimos una política firme y coherente para defender las conversaciones de La Habana, enfrentar a los criminales que sabotean los anhelos de paz de nuestro pueblo y brindarles la debida protección a los amenazados.

  

UTL H.S. GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2013

Nuestras historias

Respaldamos la jornada nacional de protesta y paros indefinidos

 

"Las crecientes protestas constituyen una demostración del fracaso de la política económica y social del gobierno": senadora Gloria Inés Ramírez Ríos.

Durante los días 19 y 20 de agosto del año en curso diversas organizaciones representativas del sector agropecuario, la salud, el transporte, los educadores y los pequeños mineros, desarrollan una jornada nacional de protesta y algunos paros que cuentan con el respaldo de las centrales obreras, los indígenas, los desplazados, los estudiantes y la opinión democrática del país y que tiene por objeto exigir del gobierno el cumplimiento de acuerdos suscritos y la solución de múltiples problemas que los afectan.

Como de su incapacidad de atender las demandas de la población y prevenir los conflictos mediante el diálogo y la búsqueda oportuna de soluciones.

La posición invariable del gobierno ante la inconformidad popular es la amenaza, el señalamiento y la descalificación. Según él, todo está bien y no hay razones para la protesta. Dice respetar el derecho de la gente a protestar, pero despliega los escuadrones del ESMAD para reprimir brutalmente a los manifestantes, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.

Frente a esta situación, una vez más manifestamos nuestro respaldo firme y decidido a las luchas del pueblo y demandamos del gobierno respetar el derecho a la protesta y atender las justas peticiones de los sectores en conflicto.

La única alternativa sensata es abrir de inmediato negociaciones con la Mesa Nacional y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA NACIONAL, para buscarles soluciones a los pliegos de peticiones presentados por las distintas organizaciones, por lo que esperamos que el gobierno obre en consecuencia.

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Senadora Gloria Inés Ramírez, irá a la CEPAL para abordar problemática de género

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, en conjunto con el Gobierno de Uruguay y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organizan el encuentro internacional.

Bogotá D.C., agosto 13 de 2013 (Prensa Senado).- La senadora Gloría Inés Ramírez (Polo), participará en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, a realizarse en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 del presente mes.

La parlamentaria explicó que en la reunión se hará una evaluación de los compromisos internacionales del Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada hacen 20 años en el Cairo y se determinarán las posibilidades para avanzar en los retos hacia futuro.

"Esta conferencia que se llevó a cabo en 1994, marcó una pauta fundamental en el desarrollo de la vida de las mujeres, porque allí se planteó que los derechos de las mujeres, son también derechos humanos, incluido los derechos sexuales y reproductivos", indicó la senadora.

Ramírez, también señaló que entre los temas que llevará a la conferencia, se encuentra el alto índice de mortalidad materna, que las causas son prevenibles y no deben seguir en aumento.

"Aprovecharemos para acabar con el mito que las mujeres del campo son las que más mueren por estas causas, ellas mueren es por falta de asistencia, a pesar de los avances de la tecnología, el cual no está dando todo el resultado esperado", puntualizó.

Otro de los temas que abordará la congresista es el embarazo en las adolescentes, que está aumentando en las niñas de 15 a 19 años. Expresó que la violencia contra las mujeres lo trataran con mucha dedicación, por estar muy vinculada a la violencia sexual.

Aseguró que la región tiene varios retos, que los gobiernos deben comprometerse a implementar políticas públicas, donde se reconozcan los derechos y las necesidades de las y los adolescentes, incluyendo la educación sexual integral y que la planificación familiar sea efectiva para todas las mujeres, especialmente, para las más vulnerables.

Finalizó diciendo: "Es necesario que Colombia empiece a prevenir temas, la segunda causa de mortalidad en las mujeres, como es el cáncer uterino, esto es inamisible. Se necesita de una comisión que haga seguimiento, a la aplicación de la vacuna del papiloma humano, esta es una gran medida de prevención, para salvar la vida de las mujeres".

Por otra parte manifestó que se encuentra muy contenta por la postulación unánime que hicieron sus colegas, a la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la cual se llevará a cabo el próximo martes 20 de agosto, a la una de la tarde en las instalaciones de la Comisión de la mujer.

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17862-senadora-gloria-ines-ramirez-asistira-a-la-cepal-para-abordar-temas-sobre-la-problematica-de-genero

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La restitución de la personería jurídica a la Unión Patriótica

 

"Esto rectifica unas decisiones arbitrarias e ilegales del Consejo Nacional Electoral, pero queda pendiente el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y reparación para las víctimas por parte del Estado": senadora Gloria Inés Ramírez.

En el año 2002, el Consejo Nacional Electoral, integrado por representantes de los partidos de la oligarquía, tomó la arbitraria decisión de despojar a la Unión Patriótica de su Personería Jurídica, argumentando que no había obtenido el número de votos necesarios para conservarla. De esta manera, al exterminio de sus militantes se le sumaba la pérdida del reconocimiento legal y se le daba el golpe de gracia a la organización política que mejor encarnaba la oposición al régimen dominante.

Once años después, porque en casos como este la justicia colombiana rara vez falla oportunamente, el Consejo de Estado ha declarado nulas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que le pusieron fin a la vida legal de la Unión Patriótica y ha dicho que su Personería Jurídica siempre estuvo vigente porque su no participación en las elecciones de 2002 se debió a que "no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral".

La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los Acuerdos de La Uribe entre el Gobierno Nacional y las FARC. Realizó su primer Congreso en 1985 y en las elecciones de 1986 obtuvo 14 curules en el Congreso de la República (5 senadores y 9 representantes a la Cámara), 19 diputados, 7 consejeros intendenciales, 8 consejeros comisariales, 351 concejales y el nombramiento de 25 alcaldes por haber obtenido la votación mayoritaria, pues en esa época no había elección popular de alcaldes.

El éxito electoral de la Unión Patriótica, que la proyectaba como una alternativa real de poder para el pueblo, desató una campaña criminal contra sus militantes por parte de la ultraderecha y el militarismo que entre 1984 y 1997 les costó la vida a dos candidatos a presidentes, 8 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales, en tanto que en el transcurso de la guerra sucia, fueron asesinados unos 5 mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como un genocidio político cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano.

Para tratar de justificar la barbarie, la derecha inventó, entonces, la teoría de que la causa del exterminio era la "combinación de las fuerzas de lucha", sin que nunca haya presentado una sola prueba concreta que sustente semejante afirmación, de manera que al crimen le ha agregado la calumnia contra las víctimas.

En tales condiciones, la restitución de la Personería Jurídica a la Unión Patriótica rectifica unas decisiones arbitrarias e ilegales del Consejo Nacional Electoral, pero queda pendiente el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas por parte del Estado, lo mismo que las garantías de no repetición, que solo pueden otorgarse haciendo los cambios democráticos avanzados que necesita la sociedad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar en paz con democracia real, justicia social y soberanía nacional.

Nos congratulamos por el triunfo jurídico obtenido por la U.P., felicitamos a sus dirigentes y expresamos nuestra certeza de que en las nuevas circunstancias la organización será fiel a su trayectoria histórica y jugará un papel destacado en la construcción de la alternativa política amplia, unitaria y de izquierda que necesita el pueblo colombiano para disputarle el poder a la oligarquía e incorporar a nuestro país al proceso de cambios que se desarrolla en América Latina.

Nuestras historias

Cuántos muertos más convencerán al gobierno de la necesidad de atender los problemas del Catatumbo?

 

Ayer fueron los cafeteros, los cacaoteros, los arroceros y otros sectores agropecuarios; después vinieron los fabricantes de calzado

Mientras el gobierno hace alarde desproporcionado sobre supuestos avances en la solución de los problemas sociales, en los últimos meses el país se ha ido convirtiendo en un hervidero de conflictos que ponen al desnudo la incapacidad, la prepotencia y la brutalidad del régimen de Juan Manuel Santos.

Todos ellos son víctimas de los tratados de libre comercio que están arruinando la producción nacional y causando desastrosos resultados para los trabajadores y la población.

Desde el 12 de junio, miles de campesinos del Catatumbo en el Departamento de Norte de Santander realizan una movilización que expresa la protesta contra los megaproyectos minero-energéticos que el gobierno adelanta en la región, contra los atropellos de la Fuerza Pública en el marco del Plan Consolidación Integral, contra la erradicación de los cultivos ilícitos, sin que, al propio tiempo, se les ofrezcan alternativas a los campesinos; porque se reconozcan las zonas de reserva campesina, se atienda la crisis humanitaria y se den soluciones a los múltiples problemas que se viven en una de las zonas más olvidadas del país y más castigadas por el conflicto.

La respuesta del gobierno, al igual que ocurrió con los cafeteros, consistió en el envío de numerosos contingentes del ESMAD, ampliamente reconocido por su brutalidad contra las manifestaciones públicas, y en la trillada acusación de que el movimiento está infiltrado por las FARC y el ELN. Pareciera como si el gobierno estuviera aplicando anticipadamente la ley de Fuero Militar y semejantes sindicaciones se utilizaran para convertir a los campesinos en "blancos legítimos" de la acción policial.

El saldo de la represión contra la población es, hasta ahora, de cuatro manifestantes muertos a bala y numerosos heridos que, como es costumbre, la policía atribuye a supuestos guerrilleros infiltrados en la protestas, con el propósito de eludir su responsabilidad en los hechos.

Ante esta situación, que es cada vez más grave, nos preguntamos hasta cuándo va a continuar la intransigencia del gobierno? A partir de cuántos muertos va a entender que los problemas se solucionan es mediante el diálogo? Sólo hasta última hora, en vista del desborde de los acontecimientos, el gobierno ha aceptado enviar una comisión que ojalá asuma una actitud constructiva para propiciar un arreglo satisfactorio.

Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es una pésima señal sobre la verdadera voluntad de paz del gobierno. Echar discursos sobre la paz y, al propio tiempo, descargar la barbarie militarista sobre el pueblo, es una contradicción flagrante e injustificable.
Con base en estas consideraciones, reiteramos nuestro respaldo a la justa protesta del campesinado del Catatumbo, condenamos de la manera más enfática los asesinatos, les hacemos llegar a los familiares y compañeros de las víctimas nuestra más firme solidaridad y exigimos a las autoridades hacer plena claridad sobre los autores de los crímenes, al tiempo que pedimos del gobierno ponerle fin a la represión y abrir el diálogo para encontrarles soluciones prontas y eficaces a los problemas que originaron el conflicto.
Así mismo, llamamos al movimiento sindical y popular a rodear del más amplio respaldo a los campesinos del Catatumbo y a demandar del gobierno una actitud que en vez de contradecir los propósitos de las conversaciones de La Habana, contribuya a visibilizar la búsqueda de la paz.

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Respaldamos a los trabajadores de la mina "La Francia"

 

Los trabajadores de sintramienergética, pasan por una crítica situación por la política antisindical y antiobrera del Consorcio Minero del Cesar y de la empresa Colombiana Natural Resources.

Alegando distintas razones, el Consorcio procedió a decretar vacaciones colectivas y después a suspender los contratos de trabajo a término indefinido que tenía con 450 trabajadores directos, afectando también a 150 indirectos.

A continuación puso en marcha un "Plan de Retiro Voluntario", que de voluntario no tiene sino el nombre, y se dedicó a ejercer presiones para lograr "arreglos", con el resultado de que a la fecha sólo queden unos 130 trabajadores, lo que configura en la práctica un despido colectivo que atenta contra el derecho al trabajo y pone en peligro la supervivencia de la organización sindical.

Además, la empresa no está cotizando las contribuciones parafiscales y viene haciendo las liquidaciones sin respetar la Convención Colectiva y las normas laborales, sin tener en cuenta las deudas pendientes por horas extras y otros conceptos y dejando en la desprotección a muchos trabajadores que padecen patologías irreversibles propias de la actividad minera.

Ante esta calamitosa situación, les expresamos a los trabajadores de la mina La Francia nuestra más firme solidaridad, le solicitamos al Gobierno Nacional, particularmente al Ministerio de Trabajo, intervenir cuanto antes para ponerle fin a los atropellos y llamamos al movimiento sindical a rodearlos del más amplio respaldo para que se les respeten sus derechos laborales.

Prensa senadora Gloria Inés Ramírez

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"Tipificar el delito de feminicidio será trascendental para el país"

 

En audiencia pública organizada por la Comisión Legal para la Equidad Mujer, se presentaron los detalles del proyecto de ley "Rosa Elvira Cely", que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, pero que aún no ha sido llevado a discusión a plenaria de Senado.

En la actividad, a la que asistieron representantes de varias organizaciones sociales y mujeres independientes, fue expuesto el panorama sobre violencia contra las mujeres en Colombia.

Contexto que encuentra en el proyecto de ley "Rosa Elvira Cely" una oportunidad para el país, y aunque hace trámite en la Comisión Primera de Senado, aún no es discutido en sesión plenaria y se requiere por lo menos un debate en esta instancia para que continúe su curso legislativo.

Situación que asumirá la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer con la solicitud a la mesa directiva del Senado para que la incluyan en el orden del día de las siguientes plenarias de este período legislativo.

De acuerdo a datos de 2012 presentados por Medicina Legal, en el país cada tres días una mujer es violentada; estadística que ha puesto a Colombia en el deshonroso tercer lugar a nivel latinoamericano con casos de feminicidio.

Es por estos índices que para la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer es imperante avanzar en una legislación que disuada y prevenga el máximo delito contra el género femenino: el feminicidio; La vicepresidenta de esta célula especial, la senadora Arleth Casado (Partido Liberal), destacó que el país debe apropiarse de toda iniciativa con sustento legal para la protección de la mujer.

La senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), autora del proyecto de ley conocido como "Rosa Elvira Cely", expuso en su intervención los alcances de su iniciativa.

"No basta con que se conmuevan por un momento. Necesitamos directrices públicas que acaben con esta violencia", llamó la atención la senadora Ramírez al rememorar algunos de los hechos violentos contra mujeres registrados en el país en los últimos años.

La legisladora dijo que el objeto central de su proyecto de ley es el de tipificar el feminicidio como delito autónomo, con el que se castigue la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La iniciativa pretende modificar el Código Penal colombiano en dos artículos, donde se adiciona el concepto de feminicio y quién incurre en ese delito; además prevé dar instrumentos a los operadores de justicia para que puedan actuar con diligencia y no entren en interpretaciones que revictimicen a las mujeres.

Adicionalmente, vincula artículos que establecen causales de agravamiento de la pena y restricciones a beneficios de ley. "Estamos presionando para que hayan elementos de prevención. Aunque estos artículos están en debate, hay que consensuarlos pero buscaremos que nuestros objetivos no se pierdan", afirmó la senadora Ramírez.

Para el doctor Carlos Valdez, director del Instituto de Medicina Legal e invitado al foro, es clave el diagnóstico científico y técnico del feminicidio para que dejen de ser simples casos de "lesiones personales" u "homicidios agravados".

Valdez expuso siete compromisos de la entidad que representa con los que quieren tener un rol más protagónico que contribuya a acabar con este delito a través de la investigación, protocolos de acción y educación.

Belén Saenz, representante en Colombia de la ONU mujeres, presentó un breve informe de la Relatora Especial del organismo multilateral en el que indica que el feminicidio requiere una repuesta inmediata de todos los Estados.

Recordó que todos los miembros de la ONU están obligados a trabajar en leyes para penalizar delitos conexos contra el género femenino; "Colombia firmó la convención de ONU Mujeres para combatir violencia de género. No obstante sabemos que el acceso a la justicia es un reto. Los índices de violencia siguen presentado un incremento alarmante".

Saenz puntualizó en que el proyecto constituirá un avance significativo a acabar la violencia contra la mujer pero sugirió que "debe ser acompañado de claros procesos de implementación de justicia".

La jurista Isabel Agatón, de la organización de mujeres "Sí Justicia", asistente a la audiencia pública, dijo que esta solicitud obedece al "deber ético e inapazable de aprobación de este proyecto de ley para hacer honor de las mujeres que han muerto por el hecho de ser mujeres".

En el evento se realizó un breve acto en memoria de Rosa Elvira Cely (Q.E.P.D.), víctima mortal en un hecho de violencia de género el año pasado en Bogotá.

Prensa Senado

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Aprobado en primer debate proyecto de ley para recuperar derechos laborales

 

"La Ley 789 atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales": senadora Gloria Inés Ramírez.

El 16 de abril del presente año, la Comisión Séptima de Senado aprobó en primer debate la ponencia presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos (PDA), al Proyecto de Ley No. 82 de 2012 Senado, "Por la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo, de la Ley 789 de 2002".

De esta manera, si el proyecto se convierte en ley, se eliminarán las normas sobre flexibilización de los contratos laborales, ampliación de la jornada laboral y recorte de los pagos adicionales por horas extras dominicales, festivos y desvalorización de los contratos de aprendizaje, y se establece que la liquidación de las vacaciones en dinero se hará con base en el último salario devengado.

La ponencia de la senadora Gloria Inés se fundamentó en el parágrafo del artículo 46 de la mencionada Ley, que alienta al Congreso a tomar la iniciativa de presentar un nuevo proyecto cuando no se hayan logrado los efectos prácticos para la generación del empleo. En efecto, distintos estudios de varias universidades reconocidas han demostrado cómo las disposiciones han tenido un efecto marginal en la generación de empleos y, por el contrario, han contribuido a la precarización laboral. Inclusive, el entonces Procurador Edgardo Maya, señaló que la Ley 789 "atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales consignados en la Carta Política y los Tratados internacionales."

La tasa de desempleo en el mes de febrero del presente año fue de 11.8%, mientras que en el mismo mes del 2012 era del 11.9%, lo cual quiere decir que sólo disminuyó en una décima, que es una cifra ridícula, de la cual el Gobierno no debe sentirse orgulloso . Por otra parte, la Escuela Nacional Sindical ha demostrado cómo "apenas el 32% de los colombianos que trabajan, tiene condiciones de trabajo decente porque la mayor parte de los empleos de la economía son de mala calidad."

Además, más de la mitad de la población está en condiciones de informalidad. De acuerdo con el Dane, del total de ocupados, el 51.2% tenía un empleo informal. Por su parte, el Banco de la República considera trabajadores informales a los que no contribuyen a la seguridad social y de acuerdo con esta definición la informalidad está en el 62%. Estas cifras dieron lugar a que el último Informe del Panorama Laboral de América Latina de la OIT clasificara a Colombia entre los cuatro países de la región con mayor informalidad.

Ante esta realidad, el Proyecto de Ley aprobado pretende recuperar las condiciones laborales y materiales para los trabajadores con las siguientes propuestas: en primer lugar, restablecer la jornada de trabajo diurno de 6am a 6pm. En segundo lugar, restablecer los límites de los turnos de trabajo y recuperar el reconocimiento de los recargos por horas extras, dominicales, festivos y trabajo nocturno y establecer que la compensación en dinero de las vacaciones se haga con base en el último salario devengado.

En tercer lugar, el proyecto recupera el carácter laboral del contrato de aprendizaje en respuesta a algunos de los problemas por los que atraviesan los aprendices, gravemente desprotegidos desde la aplicación de la Ley 789, a fin de que se cumplan los Convenios de la OIT y se restablezca su afiliación a la seguridad social, lo mismo que el derecho a recibir una formación integral profesional y una remuneración justa por su trabajo.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado acogieron la Ponencia y la aprobaron por unanimidad, lo que representa un paso importante para la recuperación de los derechos que habían sido cercenados por la Ley 789 de 2002. No obstante, tanto el movimiento sindical como los aprendices del Sena y de otras entidades de formación profesional, deben estar alerta para que en lo que resta del trámite legislativo no se vayan a frustran los avances logrados en la Ponencia para primer debate.

Prensa senadora Gloria Inés Ramírez

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Gloria eterna al comandante Hugo Chávez

El día 5 de marzo de 2013, el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, les anunció a los venezolanos y al mundo la triste noticia de que a las 4 y 25 de la tarde había fallecido el Comandante Presidente de esta nación hermana, Hugo Rafael Chávez Frías.


Inmediatamente, millones de venezolanos comenzaron a movilizarse hacia el Hospital Militar y el Palacio de Miraflores y a las calles y plazas de todo el país para manifestar su dolor y reafirmar su respaldo a la Revolución Bolivariana, mientras algunos medios de comunicación de Colombia hablaban apenas de “cientos” de personas y ponían a los micrófonos a analistas políticos de la derecha, algunos para vaticinar que lo que le espera a Venezuela es la incertidumbre, cuando no el caos. Para ellos, Chávez vivo era la causa de todos los males  y, ahora, su muerte será la causa del desastre. Es la práctica inmoral de los mercaderes de la información al servicio del gran capital nacional y transnacional.


Hugo Chávez fue un ser humano excepcional, ejemplo de militar patriota que, a diferencia de otros que actúan como verdugos de su propio pueblo, hizo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una institución comprometida con el proceso revolucionario de su país.


Durante sus catorce años de gobierno (1.999 – 2.013), el Presidente Chávez debió enfrentar los más difíciles desafíos: el golpe de Estado de 2002, un referendo revocatorio promovido por la derecha en 2004, varias huelgas impulsadas por los empresarios,  campañas difamatorias y calumniosas de los sectores más retardatarios de la prensa, la hostilidad permanente del imperialismo gringo y de sus gobiernos títeres como el de Uribe Vélez. El sueño dorado de la reacción era sacarlo del poder.


Una y otra vez, la respuesta del pueblo venezolano fue rodearlo de un respaldo firme y generoso como reconocimiento a su política nacional e internacional y a su obra de gobierno.


El Presidente Chávez recuperó para su patria la soberanía nacional y la dignidad, atropelladas durante muchos años por los imperialistas, llevó adelante un ambicioso plan de reformas democráticas en favor del pueblo y fue factor determinante de los cambios progresistas y de izquierda que se desarrollan en América Latina y El Caribe.


Rescató para su país los recursos naturales, comenzando por el petróleo, acabó los desmanes de las compañías transnacionales, puso en marcha un nuevo tipo de relaciones internacionales fundadas en la solidaridad y la independencia y bajo su influjo nacieron la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericana UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se apartan del tutelaje de Estados Unidos y avanzan en nuestra integración regional.


Fue un luchador consecuente contra la dominación imperialista y por la soberanía nacional y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Su gran preocupación fueron los pobres y desprotegidos y para ellos puso en marcha programas de educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros, que la derecha descalifica como “populismo”, pero que hicieron de Venezuela uno de los países latinoamericanos con mayores avances en políticas sociales.


Para nuestro país, a pesar de la hostilidad de la derecha y de las frecuentes descalificaciones del gobierno de Uribe, fue un factor determinante en la liberación de varios cautivos en manos de las FARC y, como lo reconoce el Presidente Santos, le hizo una gran contribución al proceso de conversaciones que se desarrollan en La Habana en procura de la paz, en donde Venezuela participa como país acompañante.


El Comandante Chávez deja para su país y para América Latina y El Caribe un legado imborrable de realizaciones, pero su mayor mérito es haber despertado la conciencia de los venezolanos y latinoamericanos que cada vez comprenden mejor el valor de la dignidad, la independencia y la justicia social y que sabrán defender las conquistas logradas,  consolidar el proceso de la Revolución Venezolana y multiplicar las luchas y las victorias a lo largo y ancho de nuestro Continente.


La profunda crisis en que se debate el capitalismo y el desastre social que está causando en todo el mundo, demuestran que es un sistema caduco mandado a recoger por la historia y que el futuro les pertenece a las fuerzas del cambio y a los procesos progresistas y revolucionarios que se desarrollan en América Latina.


En esta hora de dolor y luto, les hacemos llegar a los familiares, del Comandante Hugo Chávez, al gobierno y al pueblo venezolano nuestras profundas condolencias y nuestra más firme solidaridad y unimos nuestra voz a las de los millones de hombres y mujeres  que levantan la consigna “Chávez vive, la lucha sigue!”.


Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2013

Nuestras historias

Que el pueblo colombiano participe en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

 

La senadora de la República electa por el PDA y el Partido Comunista Colombiano, en el marco de la IV Junta Nacional de Fensuagro realizada el fin de la semana anterior en el municipio de Viotá, Cundinamarca, instó al pueblo colombiano a participar decididamente en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

El lanzamiento de esta nueva esperanza social se realizó con éxito en Bogotá el pasado 20 de febrero con la participación de más de 1.500 delegados de al menos 1.000 organizaciones sociales de todo el país.

En su intervención en la junta de Fensuagro la senadora criticó la mal llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, porque nunca se tuvo en cuenta la opinión de los supuestos beneficiarios, excluye de la reparación a las víctimas anteriores a 1985 y a quienes fueron despojados antes de 1991, fija un tope de 20 millones de pesos a las indemnizaciones y un plazo de 10 años para hacerlas efectivas.

“A pesar de la campaña mediática para destacar sus beneficios, los resultados son extremadamente precarios, y a la sombra de esta ley el paramilitarismo ha devenido en los “ejércitos anti-restitución”  que han asesinado a más de 70 líderes de tierras y que cometen toda clase de crímenes para que los despojadores puedan quedarse definitivamente con las propiedades de los despojados”, indicó la Ramírez.

Las anteriores leyes –anotó Ramírez- no son para darles tierra y condiciones a los campesinos para que puedan trabajar y vivir dignamente, sino de incorporarlos a los grandes proyectos agroindustriales de los capitalistas como mano de obra barata para producir biocombustibles y productos de exportación, en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Así mismo hizo con la Reforma Tributaria porque castiga fuertemente a los asalariados de ingresos medios y altos y a los sectores medios de la población. “El IVA es un impuesto regresivo, de manera que la gran mayoría de bienes y servicios de la canasta familiar quedarán gravados de forma general mediante este impuesto”, dijo.

Sobre la ampliación del fuero penal militar expresó que este  fue impuesto por la ultraderecha y el militarismo, quienes rechazan las condenas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la propia justicia colombiana, contra numerosos militares y policías, y tiene por objeto amparar con la impunidad los crímenes de la Fuerza Pública contra la población civil.

Citando al profesor Ricardo Bonilla, la congresista explicó que mientras tres millones de familias tienen apenas 5 millones de hectáreas, 3 mil grandes propietarios acumulan 40 millones de hectáreas de tierra.

En el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0.87 y el de tierras a 0.86, lo que pone a Colombia entre los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo.

A la problemática anterior la legisladora agregó que el 70% de los campesinos no tiene título de propiedad y que mientras la tierra dedicada a cultivos agrícolas sólo llega a 4.9 millones de hectáreas, hay 38.8 millones con ganadería extensiva, en manos de grandes propietarios. “Esta situación origina que en el campo el 64.5% de la población se concentra en la pobreza y el 29.2% en la miseria”, aseveró.

Frente a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, dijo que es urgente la construcción de un frente amplio por la paz para rodear el proceso frente al saboteo de la ultraderecha y el militarismo y trabajar en la construcción de propuestas para ser entregadas a la Mesa de Conversaciones de La Habana.

“Es importancia de que todas las fuerzas democráticas y de izquierda se movilicen en apoyo de las conversaciones de La Habana y en demanda de un acuerdo que corresponda a los anhelos de paz con democracia y justicia social y soberanía nacional de la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Ramírez Ríos, invitando a las y los colombianos a participar en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, para logar estos objetivos.

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¿SE IMAGINAN A COLOMBIA SIN CAFÉ? EL PARO NACIONAL CAFETERO ES JUSTO ¡APOYÉMOSLO!

La situación de los cafeteros colombianos ha dado un giro de 180º: la producción de café en Colombia pasó de representar de acuerdo con cifras de John Mario González publicadas en semana.com el 01 de febrero de 2013:más del 50% del valor de las exportaciones del país, el 30% del PIB agropecuario y cerca del 7 u 8% del PIB nacional a mediados de los años 80,a representar menos del 4% del total de las exportaciones y de seguir en las mismas condiciones, el porcentaje pasará muy pronto a ser 0. Aproximadamente, 600.000 familias dependen del café y hoy los caficultores no logran recuperar si quiera los costos. 
 
Las principales demandas de los cafeteros son:
 
1.    Precio de sustentación: de 85.000/@ ($850.000 por carga de 125 Kg.) sobre el 100% de las arrobas producidas. Actualmente, el Gobierno, a través de la Federación Nacional de Cafeteros otorga a cada productor que venda café por debajo de $65.000, $6.000 por arroba, pero éstos no son sobre el 100% del café producido sino sobre el cupo que le otorgue el SICA (Sistema de Información Cafetera), que aproximadamente es de 80 arrobas por hectárea, siendo lo normal para una caficultura tecnificada y eficiente una producción de 200 arrobas por hectárea; por tanto, el cupo otorgado por el SICA es insuficiente y el precio de sustentación debe ser sobre el 100% de la producción.
 
2.    Se debe incluir en el Presupuesto Nacional el precio de sustentación solicitado con el fin de que sea una política nacional independiente del Gobierno de turno. 
 
3.    Refinanciación de deudas cafeteras. Un período de 4 años de gracia. Dtf-2 para todas las deudas que se adquirieron para renovación y futuras renovaciones, sin quedar reportado en centrales de riesgo.
 
4.    Subsidio de costos de insumos agrícolas.
 
5.    Restricción al 0% de la importación de café verde.
 
6.    Las políticas de ayudas a cafeteros brindadas por el Gobierno Nacional, a través de la Federación Nacional de Cafeteros deben ser para todos (hoy en día son únicamente para variedad Castillo y variedades Colombia), sin importar las variedades de café que se tenga en la finca, que dependen de la experiencia y conocimiento que tiene el caficultor sobre cada una de ellas, por ejemplo, la variedad Caturra tiene una tasa con muy buenos atributos y sobre ésta y las demás variedades, el Gobierno Nacional no da un solo subsidio). El país necesita recuperar su producción a nivel mundial, por lo menos el 2º o 3º puesto, hoy ocupados por Vietnam e Indonesia, sin importar que variedad de café se tenga sembrada.
 
7. Que se prohíba la Megaminería en las zonas cafeteras.
Las anteriores demandas se encuentran sustentadas, entre otros, en que los costos de producción de una arroba de café seco puesta en el sitio de compra de café, de acuerdo con información suministrada por un caficultor del Quindío, son los siguientes:
 
1.    En el 2011 el valor fue de $65.127 por arroba, para 6554 arrobas producidas durante todo el año.
 
2.    En el 2012 el valor fue de $60.240 por arroba, para 6888 arrobas producidas durante todo el año.
 
3. El costo promedio de producción actual es de $65.000 por arroba, y el precio de venta actual es de aproximadamente $48.000 a $50.000 por arroba  de factor 92.8 (el factor es la calidad, a medida que aumenta el factor, o sea, que disminuye la calidad, baja el precio, en promedio los caficultores venden con factor 100, o sea que venden a unos precios incluso más baratos que los mencionados), por lo que se están perdiendo aproximadamente $15.000 por arroba sin contar con que la utilidad es $0. Aún con el auxilio de $6.000 que otorga el Gobierno y, sin considerar que sólo se otorga para 80 arrobas por hectárea promedio, los caficultores están perdiendo aproximadamente $11.000, pues venden a $48.000 más $6.000 de auxilio son $54.000, y producir les cuesta $65.000.
 
Al respecto es importante aclarar que los costos de producción varían de acuerdo al área en producción que se tenga en la finca; por lo que, por ejemplo, en un momento donde la finca tenga lotes con socas menores a 18 meses (que no están produciendo pero que generan casi los mismos gastos en abonos, insecticidas, limpieza, etc. que si lo estuvieran), los costos pueden llegar a aumentar incluso hasta $70.000 pesos por arroba, con una administración muy eficiente.
 
El país todavía está en deuda y la lucha por la dignidad de los cafeteros y sus familias, es de todos; en consecuencia, invitamos a l@s ciudadan@s y a todos los representantes de la sociedad civil,a movilizarse y sumarse al Paro Nacional Cafetero programado el lunes 25 de febrero de 2012 para que no tengamos que imaginar una Colombia sin café.

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Respaldamos la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón

 

En el día de ayer, más de 12 mil trabajadores de la empresa Carbones del Cerrejón, en el Departamento de la Guajira, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN, después de cumplir todos los requisitos contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, iniciaron una huelga de carácter indefinido que tiene como objetivo demandar de la empresa la solución satisfactoria del pliego de peticiones presentado por el sindicato.  

Carbones del Cerrejón es propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Xtrata Glencore, que, al igual que otras empresas extranjeras dedicadas a la minería, obtienen multimillonarias ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales, la degradación del medio ambiente, el pago de escasas regalías al Estado y la sobreexplotación de los trabajadores, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de ellos están vinculados mediante formas tercerizadas de contratación.  

Desde finales de noviembre de 2012, el sindicato le presentó a la empresa un pliego de peticiones pero, luego de cumplidas las etapas de negociación previstas en la ley, no hubo acuerdo en ninguno de los puntos principales debido a la posición intransigente de los empresarios, por lo que el sindicato procedió a convocar a sus afiliados a que decidieran entre la convocatoria de un tribunal de arbitramento y la huelga. El resultado fue contundente, pues el 96.76% de los socios votó por la huelga, que a partir del día de ayer se hizo efectiva.  

Es importante destacar que el pliego de peticiones del sindicato no se limita a demandas exclusivamente laborales, sino que contempla aspiraciones muy sentidas de la población, como la responsabilidad de la empresa en el desarrollo de las comunidades, la preservación del medio ambiente, la generación de empleo decente y la dignidad de las familias de los trabajadores. En síntesis, lo que pide el sindicato es que se cumpla el mandato constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”.

Como representantes de la oposición en el Congreso de la República y como voceros de los explotados y oprimidos de nuestro país, le expresamos el más firme respaldo a la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón, les pedimos al gobierno y a los empresarios asumir una actitud que posibilite la pronta y satisfactoria solución del conflicto y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de toda la solidaridad a los trabajadores del Cerrejón y a su organización sindical SINTRACARBÓN.

 

 

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Felicitaciones a los periodistas en su día

 

Teniendo en cuenta que el 9 de febrero se celebra en Colombia el Día del Periodista, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi saludo afectuoso y mis felicitaciones por esta fecha tan importante en su vida profesional.

De manera especial, les expreso mi solidaridad a los periodistas de la prensa independiente, a quienes sufren presiones y persecuciones y a los familiares de quienes han sido víctimas de crímenes por su compromiso con la verdad y con los intereses de nuestro pueblo.

Considero que el Día del Periodista debe ser ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de una libertad real de prensa y sobre la necesidad de lograr una profunda democratización que impida la concentración monopólica de los medios de comunicación en manos de grandes grupos económicos que los ponen al servicio de sus intereses.

Por la coyuntura especial que vive el país, les hago un llamado cordial a trabajar para que los medios no sean utilizados para atizar la guerra y torpedear los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y, más bien, se pongan al servicio de la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Una abrazo caluroso para todas y todos los periodistas y trabajadores de la prensa en su día.

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Frente amplio por la paz

 

El periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente de la República, afirma que “llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto”. De dónde le resultan cinco meses, si las conversaciones comenzaron el 19 de noviembre del año anterior? Él, que hizo parte de las reuniones exploratoria que condujeron a la suscripción del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sabe mejor que nadie que dicho acuerdo, que apenas se limita a definir la Agenda y la reglas de juego para las conversaciones, requirió más de seis meses de trabajo (entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012), por lo que resulta desproporcionado reclamar resultados sobre los temas de fondo en el breve término de dos meses.  

El Presidente de FEDEGAN, reconocido opositor a la salida negociada, se negó a participar en el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, realizado en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre por el PNUD y la Universidad Nacional a instancias de la Mesa de Conversaciones de La Habana, y ha dicho abiertamente que “el proceso de paz no va para ninguna parte”.

  

El Secretario General de la Conferencia Episcopal afirmó que “El proceso de paz comenzó mal”, porque no se cumplieron requisitos que, a su juicio, han debido pedírseles a las FARC antes de iniciar los diálogos, olvidando que una forma de impedir el diálogo es hacer exigencias que sólo pueden ser resueltas en la mesa de conversaciones.

  

No podían faltar las declaraciones provocadoras del Procurador General de la Nación, otro enemigo jurado de la paz, quien ha dicho que los guerrilleros que tengan condenas no podrán participar en política, con lo cual desconoce abiertamente el delito político.

Mientras tanto, el máximo jefe de la ultraderecha y el guerrerismo, Álvaro Uribe, ataca permanentemente el proceso de diálogos, porque para él la única alternativa aceptable es el exterminio militar de los guerrilleros o su rendición. Lo que en realidad quiere el señor Uribe es la guerra infinita que le permita seguir derivando de ella dividendos políticos.

Al comienzo de las conversaciones la organización Colombianas y Colombianos por la Paz les propuso a la partes acordar una “tregua o cese al fuego bilateral” y, desde entonces, las FARC han insistido en la propuesta, encontrando siempre la negativa rotunda del gobierno, que lo que anuncia reiteradamente es la intensificación de la ofensiva militar.

Las FARC, por su parte, ordenaron una tregua unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013, pero la reiniciación de hostilidades y la captura de algunos integrantes de la Fuerza Pública, cuya liberación ya ha sido anunciado por las FARC, les sirvió de pretexto a los enemigos de la paz para lanzar una nueva ofensiva contra las conversaciones de La Habana, cuando de lo que se trata es de una consecuencia de negociar en medio del conflicto.

La posición del Gobierno Nacional ante la andanada guerrerista del militarismo y la ultraderecha es confusa, por decir lo menos. Unas veces dice que hay“avances” en el proceso, lo que hace suponer que las cosas van bien. Otras, descalifica las propuestas de la guerrilla, hace amenazas y pone ultimátums, como el de que el Acuerdo Final debe concretarse a más tardar en noviembre de este año. Un día afirma que no volverá a referirse a Uribe y otro les pide respeto a las FARC para “la dignidad del Presidente Uribe”. Con razón, el columnista de El Tiempo, Pedro Medellín, concluye que “la negociación está en un momento difícil, más por cuenta de las interferencias y el mal manejo de los que están fuera de la mesa y del propio Gobierno”.

Lo cierto, es que no ha habido ni habrá un proceso de paz, exento de dificultades, lo que no impide que se pueda avanzar, como lo consignan las FARC en un reciente comunicado en el que dicen que “Nadie se ha puesto de pie o anunciado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdo significativos que representan avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz”.

Todos estos hechos demuestran que para que las conversaciones puedan llegar a feliz término deben sortear múltiples y difíciles obstáculos que sólo podrán superarse con la más amplia movilización de las masas para defender el proceso de paz.

Es el momento de unir todas las fuerzas partidarias de la paz en un Frente Amplio y dotarlo de una agenda de lucha para impedir que los sectores guerreristas cumplan sus objetivos de sabotear los diálogos, y hay que convertir las conversaciones en un proceso que nos conduzca a la “construcción de una paz estable y duradera”, tal como se consigna en el Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC.

 

 

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INFORME DE GESTIÓN GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS SENADORA DE LA REPÚBLICA PERÍODO LEGISLATIVO: JULIO – DICIEMBRE 2012

PRESENTACIÓN  
   
En el período de sesiones del Congreso de la República comprendido entre julio y diciembre de 2012, que nos permitimos balancear en el presente informe de gestión, continuó profundizándose la política neoliberal y antidemocrática del gobierno de Juan Manuel Santos, como lo demuestran la aprobación del Fuero Militar y la Reforma Tributaria, que fueron las dos iniciativas más importantes impuestas en esta etapa por las mayorías de la Unidad Nacional que respaldan al gobierno.  
   
El Fuero Militar es una reforma constitucional que, con el argumento de darles seguridad jurídica a los militares y policías, le entrega a la Justicia Penal Militar el juzgamiento de“los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”, al tiempo que establece que “las infracciones al Derecho Internacional Humanitaria de miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente” por los tribunales militares.  
   
Si bien los crímenes de lesa humanidad y los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado serán de conocimiento de la justicia ordinaria, esto no constituye suficiente garantía de imparcialidad por cuanto los órganos de investigación tiene una fuerte presencia militar y podrán influir para que se evada la justicia ordinaria y las competencias queden en manos de la Justicia Penal Militar. Un ejemplo de ello es que en la actualidad muchos de los acusados están siendo juzgados por homicidio agravado o por homicidio en persona protegida, cuando deberían serlo por ejecución extrajudicial.  
   
Además, la reforma contempla la creación de un fondo para financiar con dineros de los contribuyentes la defensa de los militares incursos en delitos, y establece que las condenas se cumplirán en centros penitenciarios y carcelarios especiales para ellos que, como lo demuestra la experiencia, son una burla al pago efectivo de las penas de prisión.  
   
Los pronunciamientos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, no lograron hacer mella en la posición del gobierno de amparar a toda costa a la Fuerza Pública con normas que darán como resultado más impunidad de la que ya existe en el país.  
   
La Reforma Tributaria, que fue anunciada como “neutra”, es decir, no para crear o aumentar impuestos, sino para modernizar el régimen tributario, y que el Presidente Santos aseguró que haría “chillar” a los ricos, resultó ser, como ha sido práctica inveterada de este gobierno, todo lo contrario de lo que se prometía.  
   
La rebaja del 33% al 25% del impuesto a la renta y del 33% al 10% a las ganancias ocasionales, la eliminación de las contribuciones parafiscales para el SENA y el ICBF y de los aportes para salud, que estaban a cargo de las empresas, y el mantenimiento de toda clase de privilegios tributarios a los más ricos, son todas medidas que favorecen a los grandes capitalistas.  
   
Por otro lado, la creación del Impuesto Mínimo Alternativo IMAN, que pagarán quienes tengan ingresos desde 3.7 millones de pesos mensuales en adelante, castigará fuertemente a muchos asalariados y a los sectores medios de la población, en tanto que el impuesto a la equidad CREE, equivalente al 8% de las ganancias de las empresas y destinado a financiar el SENA, el ICBF y la salud, no compensa lo que se percibía por aportes parafiscales y abre un serio interrogante sobre el futuro de esas entidades, cuyos ingresos quedarán al vaivén de los ciclos económicos y expuestos a las posibles maniobras de las empresas para esconder las utilidades y evadir los pagos correspondientes.
 
El trillado argumento de que hay que aligerarles las cargas a los empresarios para que puedan generar empleo, es probadamente falso, como lo demuestra el hecho de que, pese a las múltiples reformas para aniquilar los derechos de los trabajadores, Colombia tiene el desempleo más alto de América Latina y millones de compatriotas se debaten en la precariedad laboral, el subempleo y la informalidad, mientras los grandes capitalistas nacionales y extranjeros multiplican escandalosamente sus ganancias haciendo del nuestro uno de los 7 países más desiguales del mundo.
 
La reducción de las tarifas del IVA de 7 a 3, implica una reasignación de dicho impuesto que, a pesar de que el gobierno asegura que no afectará a los sectores de menores ingresos, inevitablemente tendrá un efecto negativo. La revista Semana ha dicho al respecto que de 405 bienes y servicios que integran la canasta familiar, el 80% quedaría gravado con el IVA general, que es del 16%.
 
En resumen, la política económica y social del gobierno se empeña en profundizar el modelo neoliberal, que ha sumido al mundo en una de sus más graves crisis, como lo demuestra la calamitosa situación que hoy viven la inmensa mayoría de los europeos por cuenta de los desmanes del capitalismo.
 
El hecho positivo del período que balanceamos es la apertura de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, que se desarrollan en La Habana (Cuba), y que son el resultado de una larga lucha de los sectores de izquierda, progresistas y democráticos por encontrarle una salida negociada al conflicto interno que ha vivido nuestro país desde hace medio siglo.
 
El proceso tiene múltiples riesgos y dificultades, por la oposición de la ultraderecha y el militarismo a la paz negociada y por la posición del gobierno de que ni el modelo de desarrollo ni las políticas gubernamentales son negociables, lo que se convierte en un obstáculo para que puedan abordarse los cambios democráticos avanzados en lo económico, lo político y lo social que son necesarios para atacar las causas del conflicto y evitar que vuelva a reproducirse.
 
Como Copresidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado, he participado en diversas iniciativas y actividades para contribuir al éxito de las conversaciones de La Habana. Fue así como las comisiones de paz del Senado y la Cámara realizaron nueve mesas regionales de trabajo por la paz, en las que participaron unos 2.800 representantes de más de 1.300 organizaciones de todo el país, con el apoyo logístico de las Naciones Unidas. Las conclusiones fueron entregadas en ceremonia especial a las embajadas de Cuba y Noruega, que las hicieron llegar a la Mesa de Conversaciones de La Habana. Para comienzos de 2013 está previsto realizar una nueva ronda de mesas regionales a las que también les daremos toda nuestra ayuda, consecuentes con nuestro compromiso de hacerle nuestros mejores aportes a la búsqueda de la paz.
 
Como puede verse en el informe de gestión, el trabajo ha sido intenso y en condiciones desventajosas, pero vamos a continuar persistiendo en nuestros objetivos de defender los intereses nacionales y populares, porque ese es el compromiso que adquirimos con nuestros electores, porque corresponde plenamente a nuestras convicciones ideológicas y políticas y porque las adversidades no podrán disuadirnos de la lucha por una sociedad justa, democrática y en paz en una patria libre.
 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE AUTORÍA PROPIA

 

PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA No. 26 DE 2012 – SENADO, “Por medio de la cual se interpreta por vía de autoridad legislativa el contenido y alcance de algunos artículos de la Ley 546 de 1999, Ley Marco de Vivienda, y se dictan otras disposiciones”, radicado ante la Secretaría General del Senado de la República el 24 de julio a instancias del Comité Nacional de Usuarios UPAC-UVR.

 

Tiene por objeto hacer la interpretación por vía de autoridad legislativa de algunos artículos de la Ley 546 de 1999, en relación con los factores de nulidad, inconstitucionalidad e inexequibilidad, declarados por la Sentencia de Nulidad No. 9280 de 1999, proferida por el Consejo de Estado, y las Sentencias: C-383, C-700 y C-747 de 1999; SU-846, C-955 y C-1140 de 2000, y SU-813 de 2007, proferidas por la Corte Constitucional, para garantizar la reliquidación de los créditos hipotecarios cuando el deudor se ha constituido en mora, a fin de que sea posible la reestructuración de los créditos, la restitución a los deudores de su capacidad de pago y la recuperación de las viviendas que les fueron rematadas. 

 

PROYECTO DE LEY “ROSA ELVIRA CELY” No. 49 DE 2012 – SENADO, “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”, radicada el 1° de agosto de 2012 en ceremonia especial con el acompañamiento de la Senadora Arleth Casado de López, de familiares de Rosa Elvira Cely y de la organización de mujeres juristas CiJusticia, como coadyuvante,.

 

El objeto del proyecto es tipificar el Feminicidio como un delito autónomo, garantizar la debida diligencia, idoneidad y oportunidad en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en la prevención de la violencia feminicida. Se encuentra en trámite en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República pendiente de informe para primer debate.

 

PROYECTO DE LEY No. 150 DE 2012 – SENADO, “Por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los programas de educación preescolar, básica y media, mediante la creación de la hora diaria de afectividad por los libros, la  lectura y la escritura y se dictan otras disposiciones”, que fue radicado ante la Oficina de Leyes del Senado de la República el 31 de octubre de 2012, a instancias de la Fundación “Dimelee”.

 

La iniciativa se fundamenta en el postulado de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: “Leer bien marca la diferencia en el desarrollo humano” y tiene por objeto la promoción y fomento de la lectura y la escritura, a través de la incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura” en los Programas de Educación para la Primera Infancia o Preescolar, Básica y Media en todas las instituciones educativas oficiales y privadas del país, para que haga parte del diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional e incida en la conformación de comunidades lectoras y escritoras, con el fin de garantizar a los niños, niñas, jóvenes y adultos, el derecho de acceso al conocimiento de la ciencia, la técnica y la cultura local, nacional y universal, como mecanismo de realización de un pleno desarrollo humano. El proyecto tiene ponencia positiva para segundo debate.

 

 

PROYECTOS DE LEY EN CONDICIÓN DE PONENTE

 

PROYECTO DE LEY No. 08 DE 2011 – SENADO, “Por el cual se establecen las cunas de vida para recién nacidos”, a fin de protegerlos del posible abandono de sus padres o cuidadores, servicio público que estará a cargo de las EPS y de entidades privadas bajo la directa supervisión y vigilancia del ICBF. La Senadora integra la comisión de ponentes para segundo debate.

 

PROYECTO DE LEY No. 42 DE 2011 – SENADO, “Por el cual se establece una protección especial a la mujer en estado de embarazo y en la etapa de lactancia, vinculadas a través de contratos de prestación de servicios”. Reconoce el  “fuero por maternidad” a favor de las mujeres trabajadoras vinculadas al servicio público mediante esta modalidad de contratación deslaboralizada, con lo cual se garantiza su estabilidad laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas que ello apareja. El proyecto está para segundo debate.

 

PROYECTO DE LEY No. 09 DE 2011 – SENADO, “Por el cual se establece la obligatoriedad de constitución de una póliza de cumplimiento, para garantizar la calidad y estabilidad de la vivienda nueva”, que las aseguradoras se niegan a expedir por la incidencia en la responsabilidad civil y extracontractual que tienen los empresarios de la construcción en la entrega en condiciones de calidad y estabilidad de la vivienda nueva.

 

PROYECTO DE LEY No. 82 de 2011 – SENADO, “Por la cual se establecen los criterios para reconocer el pago de la licencia de maternidad”. Busca proteger el fuero por maternidad en cuanto al reconocimiento y pago de la prestación económica, en vista de que las EPS, dando una interpretación acomodaticia a sus intereses económicos, niegan de  forma persistente la totalidad del valor de dicha prestación económica. El proyecto pasa a segundo debate.

 

PROYECTO DE LEY No. 32 DE 2011 – SENADO, “Por medio del cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la labor de las Madres Comunitarias”. De autoría de la Representante Gloria Stella Díaz; se le rindió ponencia positiva a la que adhirieron los demás integrantes de la Comisión y fue aprobado en Primer Debate por votación unánime de los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. En relación con este tema, la Senadora ha sido autora de varias iniciativas que buscan reivindicar los derechos laborales y sociales de estas trabajadoras, a quienes de forma persistente y sistemática se les ha violado su derecho a ser consideradas como trabajadoras con plenos derechos. Integra la comisión de Ponentes para Segundo Debate.

 

Infortunadamente, este proyecto tiene conceptos negativos del ICB y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

PROYECTO DE LEY No. 14 DE 2011 – SENADO, “Por medio de la cual se modifica la ley 1251 de 2008 y la ley 1315 de 2009, se reglamenta la habilitación para la prestación del servicio de los centros o instituciones de promoción y/o protección social para la persona mayor y se dictan otras disposiciones”. Su objeto es establecer las condiciones mínimas para la habilitación y el funcionamiento de los centros o instituciones que prestan servicios de atención a la persona mayor por fuera del sistema de seguridad social. Como integrante de la comisión de ponentes para primer debate, introdujo importantes modificaciones con un enfoque de derechos que fueron aprobadas por unanimidad. Integra el grupo de senadores ponentes para segundo debate.

 

PROYECTO DE LEY No. 139 DE 2011 SENADO, “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Inspecciones y se reforma el contenido y alcance de las funciones que desarrollarán los Inspectores del trabajo”, en el cual intervino con una propuesta estructural de modificación y adición que busca garantizar una vigilancia efectiva, en relación con el acatamiento de la legislación laboral colombiana, los convenios y recomendaciones de la OIT, la observancia de los Principios del Derecho del Trabajo y las garantías para el ejercicio del Derecho de Libertad Sindical en Colombia por parte de los empleadores, tanto públicos como privados. La iniciativa hace tránsito para su respectivo debate en la Cámara de Representantes.

 

PROYECTO DE LEY NO. 103 DE 2012 SENADO,“Por la cual se incentiva la generación de empleo, modificando el artículo 11 de la Ley 1429 de 2010”, cuyo objeto era ampliar los descuentos tributarios para las empresas que  vinculen a hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 40 años a su nómina. Se le rindió ponencia negativa y se hizo solicitud de archivo por las siguientes razones:

 

1.    No compartimos el espíritu de la Ley 1429 de 2010 de hacer descuentos tributarios a las empresas para generar empleo, pues sus impactos han sido muy precarios, razón por la cual expedir una nueva Ley en el mismo sentido carece de fundamento.

2.    La medida no ha servido para reducir las desigualdades de género, no ha incidido en la reducción del desempleo de las mujeres y tampoco ha reducido la brecha salarial y los altos índices de informalidad, como lo ha mostrado el último Informe de Trabajo Decente.

3.     No existen razones para afirmar que los resultados de la Ley 1429 de 2010 serán positivos y diferentes si se incluye a los hombres.

4.    No compartimos las medidas que pretenden exonerar a los empresarios de los aportes que deben hacer al SENA, el ICBF, las cajas de compensación familiar, la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, porque implican la desfinanciación de estos  fondos y entidades, sin ninguna garantía de mejoramiento del empleo.

 

PROYECTO DE LEY NO. 82 DE 2012 SENADO,“Por la cual se derogan las disposiciones que no lograron efectos prácticos para la generación de empleo de la Ley 789 de 2002”. Su objeto es derogar las modificaciones de la Ley 789 con relación a la jornada laboral diurna, los recargos sobre la remuneración de los dominicales y festivos y devolver el carácter laboral al contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA. Esta ponencia también busca recuperar los derechos laborales conquistados por los trabajadores con sus luchas. Se le rindió ponencia positiva para primer debate.

 

PROYECTO DE LEY 06 DE 2012 SENADO, “Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones en materia de salud”.

 

-       Principales Objetivos: i. Facultar al Gobierno Nacional para establecer un Manual de Tarifas Mínimas para el cobro de servicios de salud por parte de las IPS, ESE y asociaciones de profesionales a las EPS. ii. Prohibir la integración vertical de la EPS y adoptar medidas para evitar el abuso de su posición dominante.

-       Sentido de la ponencia: Positiva

-       Cambios introducidos: i. Se adicionaron tres lineamientos señalados por la sentencia C-377/08 para que el Gobierno Nacional establezca los manuales tarifarios, los cuales buscan asegurar que se respete la gratuidad del servicio de salud cuando procede y que el monto de las tarifas garantice la calidad de la prestación, la inversión en mejoramiento y el pago digno a los profesionales de la salud. ii. Se prohibieron los descuentos diferentes a los legales vigentes que se venían aplicando al personal asistencial en salud y estimulaban su vinculación informal. iii. Además de la integración vertical, se prohibió toda forma de integración comercial entre EPS's e IPS's.

-       Salvedad: Se dejó en el sentido que se adoptan medidas necesarias mientras las EPS’s hagan parte del sistema, pero lo que requiere el sistema de salud es una reforma estructural y que se elimine la intermediación financiera.

 

PROYECTO DE LEY NO. 119 DE 2012 SENADO, 135 DE 2012 CÁMARA,“Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de alguno recursos del sector salud”, acumulado con el Proyecto de ley No. 106 de 2012  “Por medio de la cual se adoptan medidas en el sistema general de seguridad social en salud para mejorar el flujo de recursos y se dictan otras disposiciones”.

 

-       Principal objetivo: habilitar unos saldos de las cuentas maestras de los entes territoriales del régimen subsidiado y los excedentes de aportes patronales de la liquidación de Cajanal-EPS que no tienen destinación específica, para solventar la iliquidez de las IPS’s y que se garantice la prestación del servicio público de salud.

-       Sentido de la ponencia: Positiva, circunscrita a los artículos relativos al objetivo principal mencionado.

-       Cambios solicitados: i. Eliminar todos los artículos que buscan solventar la iliquidez de las IPS’s a través de medidas que podrían redundar en algún beneficio para las EPS y/o que impliquen la destinación de recursos públicos para pagar las deudas de éstas con las IPS’s. ii. Poner en el primer orden de prelación de pagos las acreencias laborales de las IPS´s. iii. Incluirle a los planes de reestructuración financiera un criterio de responsabilidad social para que prevalezca el derecho fundamental a la salud sobre la sostenibilidad financiera. iv. Aumentar de 80% a 90% los recursos de la salud que se deben girar directamente a las IPS’s cuando la EPS’s está intervenida. v. Introducir la obligación para el Minsalud y la Supersalud de reportar trimestralmente a los entes de control las medidas adoptadas contra las EPS’s para que restituyan la liquidez del sistema.

 

PROYECTO DE LEY NO. 011 DE 2012 SENADO,Por medio de la cual se modifica el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 <<Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales>> y se dictan otras disposiciones”.

 

-       Principal objetivo: el Proyecto tiene como objetivo agregar como nuevo beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge inocente en divorcio con justa causa decretado judicialmente, pues tiene derecho a alimentos vitalicios, pero cuando fallece el pensionado o afiliado y su masa sucesoral no es suficiente para garantizar la continuidad de los alimentos, el cónyuge inocente queda desamparado.

-       Sentido de la ponencia: Positiva.

-       Cambios introducidos: Se establecen tres condiciones que debe reunir el cónyuge inocente para acceder a una pensión proporcional a las semanas cotizadas por el causante durante el vínculo matrimonial, para demostrar la dependencia económica, la necesidad y la imposibilidad de acceder a su propia pensión, a fin de hacer realidad el principio de la solidaridad que informa el régimen pensional.

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2012 SENADO, "Por la cual se establecen unos términos para reconocimiento y pago efectivo de los derechos pensionales de los colombianos y se dictan otras disposiciones".

 

-       Principal objetivo: Disminuir el término de reconocimiento de las pensiones. Se acordó condicionar el informe de ponencia al suministro por parte la autora del proyecto de información detallada que dé cuenta de las causas de la demora en el trámite de reconocimiento pensional, con el fin de dotar de efectividad la iniciativa legislativa y proteger a los trabajadores de los Fondos de pensiones públicos y privados de eventuales sanciones por el no cumplimiento de los términos.

 

PROYECTO DE LEY NO. 109 DE 2012, “Por medio de la cual se aclara la cotización para salud de los educadores de preescolar, básica y media de los establecimientos educativos oficiales, dependientes tanto de la Nación, como de los departamentos, los municipios y los distritos especiales”.

 

-       Principal objetivo: Aclarar que los educadores de preescolar, básica y media, harán solamente una cotización para garantizar la prestación de sus servicios médicos asistenciales, cuando estén percibiendo varios tipos de pensión o una pensión y el ingreso de su actividad laboral.

 

Sentido de la ponencia:Positiva en cuanto favorece a los docentes pero se estudia una fórmula para que la iniciativa legislativa sea compatible con el principio de solidaridad que informa el Sistema General de Seguridad Social en Salud y con el derecho a la igualdad.

 

 

PROPOSICIONES EN OTROS PROYECTOS DE LEY

 

PROYECTO DE LEY NO. 254 DE 2012 SENADO, 219 DE 2012 CÁMARA, “Por medio de la cual se institucionaliza el Día Nacional Sin Alcohol y se dictan otras disposiciones”, con el objetivo de establecer el Día Internacional Sin Alcohol como alternativa para promover la sana diversión entre los jóvenes. Esta política se encuentra dentro de las sugerencias  de la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo abusivo del alcohol, debido a sus consecuencias sociales y personales, razón por la cual tuvo nuestro voto positivo.

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO.  95 DE 2012 SENADO,“Por medio de la cual se regula el derecho a la Objeción de Conciencia. Acumulado con el Proyecto de Ley No. 03 de 2012 –Senado-”, tramitado en la Plenaria del Senado, cuyos objetivos son:

 

ü  Regular el ejercicio del derecho fundamental a objetar conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, creando un servicio social alternativo para brindarles a los jóvenes la posibilidad de realizar actividades distintas a la guerra.

ü  Establecer legalmente el derecho y los procedimientos para objetar conciencia a la prestación de servicios médicos de los profesionales de la salud cuyas concepciones de índole política, ética, filosófica, cultural y religiosa así lo justifiquen, sin perjuicio de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la OMS sobre el aborto sin riesgos.

 

Lo votamos positivamente.

 

PROYECTO DE LEY NO. 41 DE 2011 SENADO,“Por medio de la cual se modifica la Ley 278 de 1996 facultando al Senado de la República para fijar el salario mínimo legal y se dictan otras disposiciones”. Presentamos Proposición Modificatoria en la ponencia para segundo debate, con el objeto es adicionar algunos criterios, como el incremento del salario mínimo legal con base en el IPC causado para ingresos bajos, cuando este sea mayor al IPC nacional, para el aumento del salario mínimo, en los casos en que no exista acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

 

PROYECTO DE LEY 4 DE 2012 SENADO, Por medio de la cual se adiciona el artículo 58 de la Constitución Política”, para limitar la propiedad privada rural por parte de los extranjeros. Lo votamos positivamente.

 

PROYECTO DE LEY NO. 149 DE 2012 SENADO,Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de género en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”. Tuvo nuestro voto positivo porque garantiza un porcentaje de distribución de baldíos y participación en proyectos sociales  en beneficio de las mujeres rurales, suscrito por la Bancada de Mujeres.

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 116 DE 2012 SENADO, “Por la cual se consagra la pensión de jubilación para medallistas olímpicos y campeones mundiales”, para garantizar la seguridad social de los medallistas olímpicos, paraolímpicos, campeones mundiales y sus entrenadores, en reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y triunfos alcanzados.

 

-       Sentido del voto: Positivo.

-       Cambios introducidos: i. Se aclara la redacción para que la pensión para medallistas de deportes de conjunto que se reconoce a partir de la obtención de una medalla no sólo abarque a los campeonatos mundiales sino a los juegos olímpicos y paralímpicos, y se reconozca a cada miembro del equipo; ii. Se aclara la redacción para que se entienda que la bonificación adicional contemplada en el proyecto se causará cada vez que se obtenga una nueva medalla y que su valor se sumará al monto de la mesada pensional que esté devengando, sin que supere 25 smlmv, como opera para el Régimen Pensional.

                                                                                                                                                           PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 DE 2012, “Por la cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones”, con el fin de definir la forma en que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas. Sentido del voto: positivo.

 

-       Cambios introducidos: i. Se estableció cuándo se entiende que una solicitud de terminación de la vida es “reiterada”, para efectos de dar seguridad jurídica a los médicos tratantes; ii. Se eliminó la exigencia de testigos dentro del procedimiento que debe seguir el paciente para expresar su voluntad, por cuanto ya está asegurada otra forma de verificar que está actuando libre y conscientemente; iii. Se eliminó la exigencia de que las personas designadas anticipadamente para representar al paciente cuando éste no pueda expresarse no deban tener interés económico, porque ello excluye a todos los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y al cónyuge, de quienes se debe presumir la buena fe, además de que, generalmente, son las personas en quienes más se tiene confianza.

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 251 DE 2012 SENADO, 064/2011 CÁMARA“Por medio de la cual se crea el documento de voluntad anticipada que busca mantener la dignidad humana en pacientes que se encuentren en enfermedad en fase terminal”, con el fin de regular las condiciones y formalidades del Documento de Voluntad Anticipada, de la aplicación o no de procedimientos innecesarios tendientes a alargar la vida, cuando se está en la fase terminal de una enfermedad, en desarrollo del derecho a morir dignamente y a autodeterminarse, Sentido del voto: Positivo.

 

-       Cambios introducidos: i. Se estableció la facultad para el otorgante de designar, anticipadamente una persona que lo represente, cuando no lo pueda hacer él mismo ante el médico tratante; ii. Se aclaró la redacción de un artículo que daba a entender que cumplir con lo indicado en la iniciativa legislativa podría acarrear responsabilidades; iii. Se eliminó la exigencia, para los casos en que el paciente no se pueda expresar, de que el médico tratante esté de acuerdo con la familia. Sólo debe certificar la fase terminal de la enfermedad; iv. Se incluyó en estos mismos casos al cónyuge o compañero permanente dentro del primer orden sucesoral para que, junto con los hijos, tomen la decisión.

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 246 DE 2012 SENADO,“Por medio de la cual se crean estímulos para el fomento de la práctica del fútbol femenino en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Sentido del voto: Positivo.

 

-       Cambios introducidos: Se adicionaron tres artículos tendientes a garantizar la participación efectiva de los clubes femeninos de fútbol, que han venido haciendo una labor importante con las niñas y adolescentes de las zonas rurales del país, quienes encuentran en la práctica del fútbol un espacio para el esparcimiento y el desarrollo integral, en lugares donde las alternativas son reducidas y a menudo son desplazados por los clubes de las cabeceras municipales de los departamentos.

 

PROYECTO DE LEY 81 DE 2012 SENADO, “Por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización laboral”. Sentido del voto: Positivo.

 

-       Cambios solicitados: Para efectos de mayor practicidad y de evitar la hiperinflación de normas se propone a través de una reforma al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y no mediante una ley independiente, introducir las medidas que se proponen para prohibir toda forma de tercerización laboral para que no se circunscriba a la que se hace a través de las cooperativas de trabajo asociado.

 

PROYECTO DE LEY No. 134 DE 2012 SENADO, 166 DE 2012 CÁMARA,“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”:

 

-       Cambios introducidos: Se solicitó incluir dentro de la renta exenta para calcular la renta gravable alternativa del impuesto IMAN, hasta el 50% de los gastos de representación de los rectores y docentes universitarios oficiales, como está en el numeral 7 del artículo 260 del Estatuto Tributario.

 

 

SEGUIMIENTO Y DISCUSIÓN DE OTROS PROYECTOS DE LEY

 

·         Proyecto de Ley Estatutaria No. 167 de 2012 –Cámara-, “Por la cual se expide el Código Electoral y se dictan otras disposiciones”, que se encuentra pendiente de la realización de audiencias públicas y de elaboración de ponencia para primer debate en la Comisión Primera Constitucional de Cámara.

·         Proyecto de Ley Estatuto de Oposición Política, que radicó el Polo Democrático Alternativo en enero de 2012, a instancias de la Senadora Gloria Inés Ramírez.

·         Acto Legislativo No. 1 de 2012 (Marco Jurídico para la Paz), “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”

·         Proyecto de Ley General de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integral, de autoría de la Mesa de Unidad Agraria (MUA).

·         Ley Estatutaria 1475 de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

·         Proyecto de Ley No. 73 de 2012- Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta la Tarjeta Profesional del Politólogo y se dictan otras disposiciones”. Se apoyó ponencia negativa en la Comisión Sexta Constitucional de Cámara y finalmente fue archivado.

 

 

INFORMES Y CONSTANCIAS

 

-       Constancia al proyecto de ley No. 119 de 2012 Senado, 135 de 2012 Cámara, sobre medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud, al ser negada la ponencia minoritaria; manifestando la oposición al salvamento de las EPS’s, por las siguientes razones:

 

·         Se presentó como un proyecto de medidas urgentes y se adoptaron unas permanentes.

·         Ya existe un marco jurídico vigente suficiente y sólo hace falta su cumplimiento.

·         No se adopta una sola medida en contra de las EPS’s para que restituyan la liquidez al sistema.

·         No se adoptan medidas suficientes para combatir la corrupción principal causa del desangre del sistema de salud pero se irriga nuevamente el mismo con una gran cantidad de recursos.

·         El Gobierno Nacional desconoce las verdaderas causas de la iliquidez de las IPS´s y el monto de sus deudas lo que tornará las medidas que se adopten ineficaces.

·         So pretexto de salvar a las IPS’s, la Nación se subroga en muchos de los pasivos que tienen las EPS’s con aquellas sin que se garantice el pago por parte de éstas.

 

-       Constancia al proyecto de ley No. 80 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se crea el sistema de protección al desempleado”, acumulado con el PL 241 de 2012 Senado, “Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante y se dictan otras disposiciones”, porque estamos en desacuerdo con la creación de un mecanismo para los períodos de desempleo, financiado con dineros de los trabajadores, cuando lo que hemos demandado es la creación de un seguro de desempleo a cargo del Estado.

 

-       Informe Ejecutivo Proyecto de ley Nº 245/2012 Senado, 040/2011 Cámara, “Por el cual se facilita el acceso a los servicios prestados por las cajas de compensación familiar en favor de los pensionados”:

 

·         Sentido del voto: Positivo, pero condicionado a que se hagan estudios para establecer si con la exención de la cotización de los pensionados con una mesada hasta de 1.5 s.m.l.m.v., para acceder a los mismos servicios de recreación, deporte y cultura que prestan las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores activos, no se afecta la prestación de servicios a otros usuarios o, por el contrario, se requiere aprovisionar otros recursos o establecer una cotización gradual.

 

-       Informe Ejecutivo Proyecto de Ley No. 198 de 2012, “Por medio de la cual se reglamenta el horario de la jornada escolar para los menores que cursan hasta quinto grado de básica primaria, con el fin de lograr el desarrollo integral de las nuevas generaciones”.

 

·         Sentido del voto: Positivo, por cuanto sólo ordena al Ministerio de Educación hacer un estudio sobre el cambio de la jornada escolar diurna en busca de la primacía de los derechos de los niños, pero se llama la atención para que se considere el impacto de ello en las demás jornadas y en las condiciones laborales de los docentes ante la limitación de número de instituciones educativas.

 

-       Informe Ejecutivo  Proyecto de Ley No. 72 de 2012 Senado, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, previsto en las Leyes 797 de 2003 y 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”

 

·         Sentido del voto: positivo, por cuanto busca aclarar los requisitos que deben cumplir los periodistas que se encuentran dentro del régimen de transición normativa para que sea viable que adquieran la pensión especial por la actividad de alto riesgo que desarrollan.

 

-       Informe Ejecutivo Proyecto de ley 249 de 2012 Senado, 044  de 2011 Cámara, “Por medio del cual se expide la Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”.

 

·         Sentido del voto: positivo, por cuanto reorganiza la promoción y atención integral en materia de salud mental, asunto esencial en un país como Colombia, dadas sus problemáticas.

 

-       Informe Ejecutivo Proyecto de Ley No. 90 de 2012 Senado, “Por el cual se modifica el régimen de pensión de vejez por alto riesgo para los controladores de tránsito aéreo de la aeronáutica civil”.

 

·         Sentido del voto: positivo, pues técnicamente está comprobado que quienes desempeñan funciones de controladores de tránsito aéreo desarrollan una actividad de alto riesgo que les generan disminución de su expectativa de vida saludable y por ello merecen un trato especial; sin embargo, se advierte de dos posibles vicios de  inconstitucionalidad: que por la temática no esté avalado por el Gobierno y que se tramite mediante proyecto de ley y no de acto legislativo.

 

-       Informe conjunto del Presupuesto General de la Nación para el año 2013, con constancia de rechazo a la política dirigida a la población vulnerable, las víctimas de la violencia, la política educativa y la política de vivienda, acogido en el Informe Conjunto de la Comisión Séptima Constitucional de Senado para ser remitido a las comisiones terceras y cuartas conjuntas constitucionales en el mes de agosto de 2012.

 

-       Informe y constancia de rechazo al Proyecto de Ley No. 130 de 2012 – Senado, 158 de 2012 – Cámara. “Por la cual se decreta al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de Enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014”. Por las siguientes razones:

 

·         El proyecto representa un retroceso en la descentralización, dado que no garantiza suficientemente la participación de los entes territoriales, atenta contra su autonomía, otorga facultades al Gobierno Nacional que centralizan los proyectos y la distribución de los recursos provenientes de la extracción de recursos naturales no renovables en las regiones.

 

·         Contiene deficiencias para la ejecución de los recursos y el funcionamiento del Sistema General de Regalías que no garantizan la equidad en la redistribución de la renta derivada de la explotación de los recursos naturales no renovables.  

 

-       Informe y Constancia sobre el Proyecto de ley No. 134 de 2012- Senado, 166 de 2012 Cámara: “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, rechazando, entre otros, los siguientes aspectos concretos:

 

·         Los recortes al  impuesto de renta del 33 al 25% disminuyendo las grabaciones a los más ricos.

·         La creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) que grava a los trabajadores que devenguen desde 3.3 millones de pesos en adelante y afecta gravemente a los sectores medios de la población.

·         El recorte de los aportes parafiscales y las contribuciones para seguridad social, que desfinancian instituciones como el SENA, el ICBF y el sistema de seguridad social en salud y que son reemplazados por un nuevo impuesto, el CREE, que deja al vaivén del ciclo económico la financiación de estas entidades, reduce significativamente el flujo de recursos y los pone en riesgo de desaparición.

·         El aumento del IVA a numerosos bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar, disminuyendo el poder adquisitivo de los más pobres.

·         La creación del Impuesto al Consumo, que grava doblemente servicios como la telefonía celular afectando gravemente los ingresos de los sectores medios y populares.

 

 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS

 

-       Debate de Control Político sobre la “Flagrante violación del derecho fundamental a la salud de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios Colombianos”, realizado en la Comisión Séptima de Senado el día 24 de octubre de 2012, en donde se abordaron los siguientes aspectos problemáticos:

 

1.     Aspectos generales de la Política Carcelaria que han originado condiciones de hacinamiento e insalubridad al interior de las instituciones.

2.     Dificultades en el suministro y funcionamiento de los sistemas de agua y alcantarillado.

3.     Deficiencias en la prestación del servicio de salud a los internos.

4.     Violación a los derechos de salud de las mujeres privadas de la libertad.

5.     Propuestas administrativas, legales, excepcionales, operativas y de equidad de género a las autoridades competentes.

 

-       Propuesta de Audiencia Pública sobre las Políticas Públicas con Equidad de Género, aprobada en la Plenaria de Senado para desarrollarse el 8 de marzo del próximo año.

 

-       Audiencia Pública “Restitución de Tierras: disyuntivas  entre la norma y la realidad” que tuvo lugar en la ciudad Bogotá durante los días 16, 17 Y 18 de julio como un desarrollo de la “Campaña Permanente: “Tierra, Vida y Dignidad”, que tuvo como objetivo reunir a las comunidades participantes del proceso de restitución de tierras que impulsa el actual gobierno para evaluar el proceso, identificar dificultades, propuestas y alternativas.

 

Esta audiencia fue convocada instancias de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. 

 

-       Audiencia Pública sobre “Zonas de Reserva Campesina: Una Alternativa de Paz y Desarrollo”, que se realizó en la ciudad de Bogotá el 1° de noviembre de 2012, con el fin de debatir sobre la realidad histórica, política, económica, social y cultural de las Zonas de Reserva Campesina constituidas y por constituir en el territorio colombiano.

 

Esta audiencia fue convocada a instancias de las organizaciones campesinas que integran la Asociación  Nacional  de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, en la que participaron más de 50 organizaciones campesinas.

 

 

OTRAS ACTIVIDADES

 

-       Proposición a la Comisión Séptima solicitando la conformación de una Comisión Accidental para que coadyuve la resolución del conflicto laboral existente entre SINTRAEMSDES y la Alcaldía de Pereira.

 

-       Participación en la Mesa de Trabajo convocada por el Ministerio de Trabajo, con las Centrales Obreras y los Empresarios para discutir el proyecto de ley de seguro al desempleo, realizada el 03 de septiembre de 2012.

 

-       Participación en el Foro convocado por FEDESARROLLO el día 30 de agosto de 2012, para conocer su estudio sobre las causas de la crisis del sistema de salud. 

 

-       Participación en el lanzamiento de la Ley 1562 de 2012, por la cual se reformó el sistema de riesgos profesionales (actualmente riesgos laborales), llevado a cabo el 10 de septiembre de 2012, en la que se anunció la expedición de sendos decretos reglamentarios para regular la afiliación de los independientes con contratos de prestación de servicios mayores a un mes, las juntas calificadoras de invalidez, el MUCI y la calificación en primera oportunidad.

 

-       Sistematización y resumen de las propuestas de las mesas de trabajo regionales por la paz  sobre los siguientes ejes temáticos: 1) desarrollo agrario integral y programas de sustitución de cultivos ilícitos; 2)  desarrollo social; 3) participación política.

 

-       Seguimiento al Proyecto Interconexión Eléctrica en San Antonio de Getuchá- Tres Esquinas- Solano, en el Departamento de Caquetá.

 

-       Seguimiento a la problemática de la intimidación y acoso escolar. Asistencia al Primer Simposio Distrital sobre Bullying –Matoneo y Acoso Escolar, realizado el día 5 de octubre de 2012 por la  Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y la Fundación Caprepoex.

 

 

GESTIÓN PARLAMENTARIA EN COMISIONES ACCIDENTALES

 

Con motivo del escalamiento del conflicto armado interno en el Departamento del Cauca, se presentaron una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional para que de forma urgente se preste la ayuda humanitaria de emergencia a la población civil afectada y la atención a los principales problemas sociales y económicos de la región.

 

Integrante de la Comisión Humanitaria para adelantar visitas confidenciales a los establecimientos carcelarios de alta seguridad en vista de las graves violaciones a los derechos humanos de los internos. Esta comisión rendirá un informe al Gobierno Nacional y presentará una serie de recomendaciones formuladas por el Movimiento Nacional Carcelario.

 

Integrante de una Comisión Accidental para mediar en el conflicto de ASONAL JUDICIAL.

 

Integrante de la Comisión Accidental de seguimiento a la situación de orden público y seguridad en todo el territorio nacional, designada mediante Resolución No. 05 del 24 de julio de 2012 de la Presidencia del Senado de la República.

 

 

ACTIVIDAD EXTRAPARLAMENTARIA

 

RESPONSABILIDADES

 

-       Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PCC

-       Integrante del Consejo Patriótico Nacional

 

GESTIONES HUMANITARIAS

 

-          Acompañamiento a las víctimas de amenazas contra la vida, la integridad y seguridad personales, a defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas y líderes populares, a través de la coadyuvancia de las denuncias públicas, los llamados de urgencia y las alertas tempranas que se surten ante las autoridades.

 

-          Acompañamiento y mediación ante las autoridades penitenciarias y carcelarias de las reclamaciones y denuncias que formulan los prisioneros políticos y de guerra recluidos en los establecimientos carcelarios de alta seguridad de todo el país.

 

-          Acompañamiento, como integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, de la visita oficial que realizó al país la Señora Michelle Bachelet Jeria, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. En la sesión solemne en el Congreso de la República hizo entrega del Proyecto de Ley contra el Feminicidio en Colombia que hace su tránsito legislativo en memoria de “Rosa Elvira Cely”, víctima de la violencia feminicida en Colombia.

 

-          Intervención en la solución del conflicto social de los habitantes de los barrios “Galicia Baja” y “Esperanza Galicia” del Corregimiento de Cerritos, antigua banca del ferrocarril de la ciudad de Pereira que, con motivo de la adecuación estructural de los terrenos donde se realiza la obra del Macroproyecto: Parque Temático de Flora y Fauna, iban a ser desalojadas de los terrenos que habían ocupado por más de dos décadas, afectando a 602 familias que viven en condiciones de extrema pobreza. 

 

Se espera que el Alcalde de la ciudad cumpla con los compromisos adquiridos con el señor Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y la comunidad.

 

-          Acompañamiento y respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos desarrollada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

EVENTOS NACIONALES

 

18 al 20 de julio

XXI Congreso del PCC

 

27 y 28 de julio

Congreso Ideológico del PDA

 

3 de agosto

Seminario Político en Caloto (Cauca) “Por la construcción de una ruta social común por la paz y del Congreso para la Paz”

 

6 de agosto

Participación en el Encuentro Internacional y en la Escuela Continental de las Mujeres del Campo Cloc – V.C, en donde se presentó la ponencia “Coyuntura Política Colombiana”

 

9 de agosto

Como integrante de la Comisión Accidental de Seguimiento de Orden Público y Seguridad en todo el Territorio Nacional, realizó visita a los municipios de Caloto, Toribio y Miranda en el Norte del Departamento del Cauca, junto con los integrantes de la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes.

 

10 de agosto

Reunión con organizaciones populares,  campesinas, juveniles, indígenas y de mujeres, en el municipio de Anserma, Caldas.

 

11 de agosto

Reunión con el mismo tipo de organizaciones en el municipio de Salamina, Caldas

 

24 de agosto

Participación en el VI Congreso de Regionalización del Caribe Colombiano, en el que el tema central fue la Ley de Regalías, desde el punto de vista de cómo afecta a las regiones y en específico a las mujeres.

 

14 de septiembre

Participación en la Asamblea General del Magisterio del municipio de Yopal (Casanare)

 

15 de septiembre

Reunión con maestros y líderes sindicales y sociales en la ciudad de Barranquilla (Atlántico)

 

25 de septiembre

Inicio de las reuniones de las Mesas de Trabajo sobre los foros regionales de paz, organizadas por las Comisiones de Paz del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Participación en las nueve mesas convocadas en distintas ciudades del territorio nacional.

 

1° de noviembre

Convocante de la Audiencia Pública sobre Zonas de Reserva Campesina, realizada en la ciudad de Bogotá, en el Auditorio Luís Guillermo Vélez del Congreso de la República.

 

24 – 25 y 27 y 28 de noviembre

Acompañamiento y participación en las reuniones de las Cortes Regionales de Mujeres que tuvieron lugar en las ciudades de Bucaramanga y Santiago de Cali durante los días 24 a 28 de noviembre,  que sesionaron con el lema: “Justicia, Territorio y Paz con sentido de Mujer”, bajo el liderazgo del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, la Organización Femenina Popular OFP y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Estas cortes regionales fueron convocadas con los siguientes objetivos:

 

·         Visibilizar las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto social y armado interno,

·         Hacer un ejercicio colectivo de justicia de género y

·         Construir una Agenda Regional de Paz que tenga incidencia a nivel regional y en la Mesa de Diálogo que se adelanta con la insurgencia en la ciudad de La Habana.

 

6 de diciembre

Acto de entrega de las propuestas recogidas en las Mesas de Trabajo de los Foros Regionales de Paz, por parte de las comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes a los señores Embajadores de Cuba y Noruega.

 

 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

 

-          Participación en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, el 18 y 19 de agosto de 2012, en Sao Paulo (Brasil).

 

-          Participación en la VIII Conferencia Mundial de Educación Superior e Investigación, convocada por la Internacional de la Educación en  Buenos Aires (Argentina) el 25 y 26 de septiembre de 2012, en donde presentó la ponencia “Género y Educación Superior”. Esta Conferencia reunió a más de un centenar de delegados, que examinaron la situación del sector y debatieron sobre las acciones que es preciso llevar a cabo para requerir de los gobiernos el apoyo necesario para un adecuado desarrollo de la educación superior pública y de la investigación orientada a la resolución de las necesidades sociales.

 

-          Participación en la reunión de la Red de Trabajadoras de la Educación, afiliada a la Internacional de la Educación, para discutir sobre los elementos para el análisis de políticas públicas de  educación con equidad de género, realizado en La Paz (Bolivia) el 10 al 12 de octubre de 2012. A esta reunión presentó la ponencia “Elementos para el análisis de políticas públicas con equidad de género”.

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Condenamos el asesinato del compañero Édgar Sánchez Paredes

 

El pasado 10 de noviembre, a las 8:30 a.m., FUE ASESINADO EN LA CIUDAD DE Soacha por parte de dos sujetos que lo atacaron a bala, el compañero EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, militantes del Partido Comunista Colombiano e integrante dela Marcha Patriótica, mientras departía un café con algunos amigos.

El compañero Sánchez era, además, un destacado dirigente comunal del municipio de Soacha, y su asesinato es la materialización de la campaña de calumnias y hostigamientos contra los integrantes de la Marcha Patriótica que se viene adelantando a lo largo y ancho del país por los sectores más derechistas e intolerantes.

Por eso, al tiempo que condenamos de la manera más enfática este abominable asesinato, le exigimos al gobierno adoptar medidas prontas y eficaces para proteger la vida e integridad de los militantes de la oposición, le solicitamos a la justicia esclarecer los hechos y castigar a los responsables intelectuales y materiales y llamamos a la opinión pública a movilizarse para cerrarles el paso a los criminales que siguen actuando impunemente contra quienes ejercen el legítimo derecho a disentir y a hacer oposición.

 

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Respaldamos propuesta de tregua navideña

 

 

Hace algunos días, Colombianas y Colombianos por la Paz les propusieron al gobierno y a la guerrilla acordar una “Tregua Navideña” bilateral y, ante esta propuesta, las FARC respondieron desde La Habana que la estudiarían y que, en todo caso, sería el Secretariado de esa organización el que tomaría cualquier decisión al respecto.

Algunos medios de comunicación, caracterizados enemigos de la paz e incendiarios de la guerra, tergiversaron la propuesta y la presentaron como si hubiera sido hecha por las FARC, y el gobierno, por boca del Presidente de la República dio como “respuesta contundente” que “no hay tregua ni cese al fuego”, al tiempo que el Ministro de Defensa afirmó que la posición del gobierno es “no dar mayor importancia a informaciones que muchas veces no tienen coherencia”.

Así mismo, refiriéndose a los temas de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, el Presidente Santos precisó que “No estamos negociando el Estado, ni el modelo de desarrollo, ni las políticas públicas. Lo que queremos es llegar a unos acuerdos para poner fin al conflicto”.

Estos hechos demuestran que por encima de los discursos oficiales sobre una supuesta voluntad de paz, lo que prevalece en el gobierno es una férrea posición belicista y que lo que pretende es limitarse a unos “acuerdos para poner fin al conflicto”, sin ocuparse de las causas que le dieron origen, para evitar que vuelva a reproducirse.

Resulta muy preocupante la actitud cada vez más soberbia e intransigente del gobierno, que sólo considera aceptables sus propias propuestas y que descalifica permanentemente las ideas e iniciativas de los demás, sin siquiera examinarlas.

Por consiguiente, esperamos que esta no sea la posición que va a imponer en la Mesa de Conversaciones, cuyos trabajos se iniciarán el próximo lunes en La Habana, y que las partes tengan la capacidad de asumir una actitud constructiva que conduzca a unos acuerdos que sean la base de “la paz estable y duradera” de que habla el Acuerdo General suscrito el 26 de agosto de este año.

Esta situación también pone de presente la importancia y la urgencia de movilizar a la opinión pública para impedir una nueva frustración de los anhelos de paz con democracia y justicia social del pueblo colombiano.

 

 

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CONSTANCIA RECHAZO FUERO PENAL MILITAR

 

En mi condición de Senadora de la República y como Defensora de Derechos Humanos, ante la H. Plenaria de este Órgano Legislativo, dejo constancia sobre la inconveniencia para el país y para la administración de justicia, de aprobar la reforma constitucional al Artículo 221 de la Carta Política que amplía el fuero penal militar por las siguientes razones:

1.    Es una verdad probada e incontrovertible que la aplicación del fuero penal militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, ha traído como consecuencia la más absoluta impunidad para sus perpetradores, la que a su vez ha estimulado la continuidad e incremento de dichas violaciones, razón por la cual, la Constituyente de 1991, limitó los alcances del fuero penal militar al establecer que de los delitos cometidos por la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, en otras palabras, que las violaciones a los derechos humanos no podían ser conocidas por la justicia castrense sino por la justicia penal ordinaria.

2.    De ser aprobado este esperpento jurídico, estaríamos contribuyendo a un retroceso democrático y a un desconocimiento de las decisiones jurisdiccionales que del Alto Tribunal Constitucional, que mediante la Sentencia C-387 de 1997[1], en providencia de innegable riqueza jurídica, estableció con toda precisión los límites del fuero penal militar, cuyo contenido y alcance ha sido complementado con idénticos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

3.    Igualmente se estaría desoyendo los serios y profundos pronunciamientos de Organismos Internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas y de Human Rights Watch entre otras organizaciones de derechos humanos, que de manera reiterada han sido enfáticos en considerar acertadamente, que la justicia penal militar no constituye un tribunal de justicia imparcial, independiente y eficaz en la investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos en que se encuentran incursos cientos de agentes de Fuerza Pública, como es el caso de los 3.500 “falsos positivos” que se han perpetrado en el país, especialmente durante los dos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos avances en las investigaciones y juzgamiento de los responsables, materiales e intelectuales deja mucho que cuestionar.

4.    Para quienes hemos compartido de tiempo atrás el dolor y la tragedia que enfrentan las Víctimas de Crímenes de Estado, sabemos que el empeño de fortalecer el fuero penal militar a través de reformas legales o constitucionales, tiene objetivos claros pero no declarados, aunque muy evidentes, que buscan impedir que la justicia ordinaria se ocupe de investigar los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra en que ha incurrido la fuerza pública, muchos de ellos a cambio de prebendas que ofenden la dignidad de las víctimas y la majestad de la justicia.

5.    Lo que se pretende en el fondo, de ser aprobado este nuevo Golpe de Estado a la Carta Política del 91, es la excarcelación masiva de los militares sindicados o condenados por la justicia ordinaria o, el no sometimiento a la misma de otros centenares de uniformados comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, como ha podido establecerse de los procesos que actualmente se adelantan bajo su jurisdicción, donde la dilación, la burla, la amenaza para jueces y fiscales, la estigmatización de las víctimas y sus representantes, es una táctica permanente a la que se acude, dando lugar a la más oprobiosa impunidad.

6.    Es pertinente recordar al Congreso de la República, que la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional, han trazado criterios claros y precisos en relación con la aplicación del fuero penal militar, en razón de lo cual resulta contraproducente que en una reforma se constitucionalicen los delitos que quedarían cobijados por el fuero penal militar y los que quedarían excluidos del mismo, propuesta que se anuncia desde ya como sumamente lesiva a los caros intereses de la justicia, pues pese a lo indicado al final del articulado propuesto sobre independencia e imparcialidad, el resto de normas establecen un marco de actuación que impedirá la realización de la justicia a través de un órgano independiente e imparcial.

7.    Como lo señalado de forma persistente el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch en su carta dirigida al Presidente de la República, permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios abusos, advierte de suyo la impunidad de estos hechos, por cuanto como se ha reiterado insistentemente durante todo el debate congresional que ha transcurrido en las dos vueltas para su aprobación, la justicia penal militar carece de la independencia, imparcialidad y, por ende, también de la credibilidad necesarias para asegurar que militares que cometieron abusos sean sometidos al rigor de la justicia.

8.    A su vez, la creación de un “Tribunal de Garantías Penales” de composición cívico - militar con facultades para determinar la legalidad de todas las investigaciones o procesos contra miembros de la fuerza púbica acusados por cualquier delito en el que estén comprometidos, no solo dilata la aplicación del Principio de la Debida Diligencia en las investigaciones y juzgamientos de los crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública, sino que hará más difícil la etapa de pruebas, dando lugar a la violación del principio de igualdad, de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos en favor de las víctimas.

9.    Con mucha valentía el Señor Vivanco ha expresado que el Ministro Pinzón ha intentado minimizar y soslayar la preocupación de los organismos internacionales y del Movimiento de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, sobre la remisión de los casos de “falsos positivos” a conocimiento de la justicia penal militar con el argumento de que estos no tienen “relación con el servicio”.

10.  Sin embargo, justamente el propósito de la reforma al añadir un párrafo al artículo 221 de la Carta, dispone que las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por miembros de las fuerzas de seguridad “serán conocidas exclusivamente” por la justicia penal militar. 

11.  Comentario aparte merece la pretensión de establecer una jurisdicción especial para la Policía, pues se trata de una novedosísima idea que quizás no exista en ningún otro Estado de Derecho y bajo Sistema Democrático alguno, pues se trata de un cuerpo civil que cumple funciones de protección para el ejercicio de los derechos fundamentales y de investigación para prevenir la comisión de nuevas conductas delictivas, y no de un cuerpo militar sometido a la disciplina de una jurisdicción de militares para los militares.

12.  Otro aspecto preocupante del contenido de la reforma, es permitir que violadores de derechos humanos cumplan medidas privativas de la libertad o purguen penas de prisión en instalaciones militares o agencias de inteligencia, lo que se constituye en un verdadero peligro para la sociedad, las víctimas y sus representantes, pues desde allí pueden trazarse planes en su contra, dado el privilegiado “status” y poder de que gozan en ellas. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con los verdugos del senador Manuel Cepeda Vargas.

13.  Finalmente si esta reforma se impone como se ha anunciado por los medios masivos de comunicación, el mismo Estado estaría abriendo de par en par, las puertas para que intervenga la Corte Penal Internacional por la ineficacia en la administración de justicia y por desconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado Colombiano con la Comunidad Internacional en materia de administración de justicia, de protección y reparación integral a las víctimas y del compromiso de no repetición de los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra que se han cometido de tiempo atrás por agentes del Estado.

Por todo lo anterior, anuncio mi VOTO NEGATIVO a la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo No. 07 de 2011.

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COMUNICADO Condenado injustamente a 18 años de cárcel el defensor de derechos humanos DAVID RAVELO CRESPO

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga, condenó al defensor de derechos y líder social de Barrancabermeja David Ravelo Crespo a 18 años y 3 meses de prisión, luego de un juicio adelantado en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en el cual el Fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo William Pacheco Granados le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, con fundamento en una versión libre del paramilitar Mario Jaimes Mejía, conocido con el alias de ‘El Panadero’, quien lo señalara como guerrillero y como el autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Barranca David Núñez Cala en hechos ocurridos en 1990.  
 
   
 
Quienes conocemos de vieja data la prístina trayectoria del dirigente de izquierda David Ravelo Crespo, podemos dar fe de su rectitud, integridad y probidad a toda prueba, pero especialmente de su elevado nivel de compromiso por liberar a su amada Barranca de la sombra tenebrosa del paramilitarismo, la corrupción, la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos de su aguerrida y heroica población.    
 
A pesar de la persecución a que ha sido sometido por su actividad política como militante y dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, es ampliamente conocida en la región su labor desarrollada como concejal durante varios periodos, como fundador de la Corporación “Credhos”, organización a la que en año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Cautelares, como integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE, como columnista de varios medios de comunicación y como destacado líder comunitario.    
 
Es decir, David Ravelo Crespo reúne todas las características de toda la gente que fue perseguida, desplazada, asesinada o exiliada en el Magdalena Medio durante los años 80 y 90 por pensar diferente y por oponerse a la empresa criminal del paramilitarismo que coopto los poderes públicos, intervino la economía  y pretendió un control social sobre su población a costa de su exterminio físico o moral, razón por la cual podemos afirmar con toda autoridad y con sobrada razón, que este infame proceso no es otra cosa que un montaje judicial, que hace parte de las estrategias de ataque contra los defensores de derechos en Colombia y contra el ascenso de innovadas expresiones de organización y movilización contra el régimen político imperante, como lo es el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, contra quien se ha desatado toda una ofensiva de estigmatización, persecución y judicialización de sus activistas y dirigentes en todo el país.  
 
Como es ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, el sistema de justicia y paz que se implemento para favorecer la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, es un instrumento de impunidad, pero también es un instrumento de persecución que ha sido utilizado como arma de guerra contra los integrantes del Movimiento Popular y Democrático del país, en el propósito perverso de diezmar su fortaleza y la contundencia de las denuncias que han permitido llevar a los estrados de la justicia a quienes han sostenido la acción criminal del paramilitarismo y la parapolítica.
Esto es precisamente lo que no le perdonan a David Ravelo Crespo, su intrepidez para enfrentar la paramilitarización de la Región del Magdalena Medio, y es así cómo luego de varios atentados y de haber sido absuelto en otro montaje judicial del año 93, el fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo, William Pacheco Granados instruyo un proceso que presenta múltiples irregularidades; una de las más protuberantes, es que este funcionario siendo Capitán de la Policía Nacional, resulto comprometido en la desaparición forzada del ciudadano Guillermo Hurtado Parra en marzo de 1991 en Armenia, Quindío, por lo cual fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en 1992. Así mismo, se tiene conocimiento que el Técnico de la Policía Judicial que actuó dentro del proceso, fue destituido en 1991 cuando era miembro de la Armada Nacional por actos de corrupción. Es decir, el proceso ha estado instruido por dos personas con antecedentes bastante cuestionables, frente a la integridad que debe ostentar la majestad de la justicia.
Este hecho que se suma a la ofensiva persistente y sistemática contra los defensores de derechos humanos y contra la actividad que desarrollamos, especialmente porque en nuestro país se abra un verdadero camino que ponga fin a la guerra, se garantice la realización de la justicia para los cientos de víctimas que ha generado su inutilidad y su crueldad y se abran los caminos hacia la construcción de una paz democrática y duradera, nos convoca a demandar del gobierno nacional una vez más, el otorgamiento de plenas garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia.
Así mismo hacemos un llamado al Movimiento Popular y Democrático del país, a cerrar filas en torno a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas de las y los colombianos y a continuar acompañando y rodeando de solidaridad a los cientos de personas privadas de su libertad por razones políticas, como es el caso de David Ravelo Crespo.
 
“LA VERDAD NO SE INVENTA, SOLO SE INVENTA LA MENTIRA”
Libertad y justicia para David Ravelo Crespo
 
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO
H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Elegida en representación del Polo Democrático Alternativo

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CULMINÓ EXITOSAMENTE PRIMERA RONDA DE MESAS REGIONALES POR LA PAZ

Los días 23 y 24 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la Mesa Regional para contribuir al fin del conflicto, y de esta manera terminó la primera ronda de Mesas de Trabajo por la Paz, convocadas por las comisiones de paz del Senado de la República y la Cámara de Representantes, que tuvieron como sedes las ciudades de Sincelejo, Barranquilla, Villavicencio, Pasto, Medellín, Florencia, Popayán, Cali y Bogotá, a las cuales concurrieron más de 2.800 representantes de más de 1.300 organizaciones de todo el país.
 
El balance del trabajo de las mesas es ampliamente satisfactorio y demuestra que cuando se abren espacios de participación son muchos los que están dispuestos a concurrir y a aportar sus experiencias, ideas y propuestas.
 
Los asistentes a las sesiones de las mesas hicieron sustanciales aportes a los temas de la Agenda acordada entre el Gobierno Nacional y las FARC, esto es, política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas, pero también hubo numerosas propuestas sobre otros temas, como la democratización del país y, particularmente, de los medios de comunicación, la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el desarrollo energético y la locomotora minera y, en general, los problemas más sentidos del pueblo colombiano. La opinión extendida entre los participantes es que no se trata sólo de acabar la confrontación armada, sino de realizar cambios democráticos avanzados que se orienten a construir un nuevo país y que las partes deben permanecer en la mesa de conversaciones hasta tanto no se acuerden las bases de una paz estable y duradera.
 
Las conclusiones de las mesas regionales serán debidamente organizadas y se entregaran a las partes en un acto formal de las comisiones de paz del Congreso de la República, a través de las embajadas de Cuba y Noruega, que son los países garantes de las conversaciones. Una copia de dichas conclusiones quedará en la biblioteca del Congreso para consulta del público.
 
De otra parte, el gobierno y las FARC han acordado convocar el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, que se realizará en Bogotá del 17  al 19 de diciembre del presente año, como una forma de posibilitar la participación de la opinión pública en el proceso, por lo que invitamos a todas las organizaciones interesadas a preparar sus ponencias para contribuir al éxito de ese evento.
 
Así mismo, a finales de enero de 2013 se iniciarán la segunda ronda de mesas regionales de trabajo que, al igual que la primera, tendrá cubrimiento nacional y también será organizada por las comisiones de paz del Congreso, bajo el convencimiento de que la paz no es un tema que concierne sólo a las partes sentadas a la mesa de conversaciones, sino que es un tema prioritario del país.

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SALUDAMOS NUEVO GESTO DE PAZ DE LAS FARC

En la noche anterior fueron liberados los ciudadanos de nacionalidad china Zhan Hong, Yang Jing, Tang Guo Fu y el traductor de ellos, quienes estaban en poder de las FARC desde comienzos de junio de 2011 y trabajaban para la compañía Great Wastern Drilling Company, contratista de la petrolera Emerald Energy.  
 
   
 
La entrega de los cautivos se hizo a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja en San Vicente del Caguán (Caquetá), de donde serán trasladados a Bogotá.
 
Como amantes de la paz y defensores del diálogo que se realiza en La Habana, saludamos este nuevo hecho que, unido a la tregua unilateral ordenada por las FARC por el término de dos meses, contribuye a crear un ambiente propicio para el éxito de las conversaciones, pero lamentamos que la ultraderecha y voceros del propio gobierno, en vez de valorar la actitud positiva de la guerrilla, se dediquen a descalificarla por todos los medios. Así no se construye confianza ni se demuestra el ánimo conciliatorio que debe haber entre las partes para hacer posible un acuerdo de paz.
 
Conscientes de que los enemigos de la reconciliación entre los colombianos, que durante tanto tiempo se han lucrado económica y políticamente del conflicto, no cesarán en sus propósito de sabotear las conversaciones, nuevamente llamamos al movimiento popular a rodear del más sólido respaldo el proceso de diálogos, para que podamos ponerle fin a 50 años de confrontación y enrumbar a nuestro país por senderos de auténtica paz.

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Rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia

 

 

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer en La Haya (Holanda) el fallo sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, como respuesta a una demanda presentada por el gobierno de Nicaragua desde el año 2001.  

El fallo ratifica la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Serranilla, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño y Roncador, al norte de las islas, y Este Sudeste y Alburquerque, al sur del archipiélago, pero modifica el Tratado Esguerra Bárcenas, suscrito entre los dos países en 1928, y cambia los límites marítimos de manera que le quita a Colombia miles de Kilómetros de mar sobre los cuales venía ejerciendo soberanía, con graves consecuencias para el país, particularmente para los pobladores del archipiélago y, en especial, para los pescadores.  

El Presidente de la República, en su alocución pública manifestó al respecto que “No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el Tratado, que ella misma había declarado válido y vigente” y anunció que, aunque el gobierno es respetuoso del Derecho, “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el Derecho Internacional para defender nuestros derechos”.

Diversos especialistas en el tema, por su parte son escépticos de que el fallo vaya a ser revisado o modificado, y lo más seguro es que estamos ante un hecho cumplido, lo que no obsta para demandar de los organismos competentes nacionales esclarecer dudas e interrogantes, como la eficacia de la defensa que representó a nuestro país o el desconocimiento por parte del gobierno del concepto del Consejo de Estado en el sentido de que no era necesario acudir a los tribunales internacionales, y cuyo Presidente ha dicho recientemente que es “algo que ya se preveía desde 2007, cuando decidieron poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal internacional”. Las responsabilidades políticas, si las hay, deben quedar claras ante el país.

De todas maneras, la decisión de la Corte Internacional de Justicia crea una nueva situación en las relaciones entre Colombia y Nicaragua que debe ser abordada por los dos gobiernos de manera constructiva con el fin de resolver los problemas que surgen de la aplicación del fallo, entre ellos, el de que los habitantes del archipiélago que derivan su subsistencia de la pesca. Lo que impone la realidad es afianzar la amistad y trabajar en proyectos integracionistas que beneficien a los dos países.

Por consiguiente, al tiempo que rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia, nos oponemos a cualquier manifestación de chovinismo, pues estamos convencidos que, más allá de nuestras diferencias, el futuro de América Latina está en la unidad para enfrentar conjuntamente los retos que se nos plantean y lograr el desarrollo económico y social, la justicia social, el pleno respeto a nuestra soberanía nacional y un futuro mejor para nuestros pueblos.

En lo que respecta a los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, les expresamos nuestra solidaridad y exigimos para ellos una mayor atención del Gobierno Nacional a fin de contribuir efectivamente a la solución de sus problemas y superar el abandono a que han estado sometidos.

 

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Rodear de respaldo popular el diálogo para la paz

 

A partir del día de hoy, se inició en La Habana la segunda y decisiva etapa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, con el objetivo de lograr un acuerdo que posibilite una “paz estable y duradera”.

En lo inmediato, se discutirá el tema del Desarrollo Agrario Integral, y después vendrán el del fin del Conflicto, el de la participación política, el de la solución al problema de las drogas ilícitas y el de las víctimas, en el orden que sea acordado por las partes.

Aún cuando todos estos temas tienen relación directa con la política de gobierno, llama la atención que tanto el Presidente de la República como el jefe de la comisión gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, repiten con insistencia que no se van a negociar ni el modelo de desarrollo ni las políticas del gobierno, lo que plantea serios interrogantes acerca de cuál es la verdadera disposición del gobierno de comprometerse en acuerdos que vayan más allá de la desmovilización y desarme de los guerrilleros y que se ocupen de las causas que originaron el conflicto y que lo han mantenido vivo durante tantos años.

El vocero gubernamental afirma, igualmente, que “No habrá concesiones de carácter militar, ni cese del fuego, ni zonas desmilitarizadas”, que no es el momento de discursos y que lo que debe haber es “acuerdos concretos y realistas” en el menor tiempo posible. En otras palabras, que las conversaciones deben supeditarse a los afanes reeleccionistas del Presidente Santos.

Esta posición contrasta con el anuncio de las FARC, que saludamos, en el sentido de que “acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública y privada”, con el fin de “generar una medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado”.

Esperamos una actitud consecuente del gobierno para que el cese de operaciones decretado por las FARC no vaya a ser saboteado por los enemigos de la paz.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, apenas se anuncia que habrá una página web y que posteriormente se darán a conocer otros mecanismos, pero es evidente que el tema no despierta mayor interés en el gobierno, que lo que pretende es eludir la discusión de los principales problemas del país.

Si a ello se les suman los persistentes ataques de la ultraderecha, que rechaza cualquier negociación y que sólo tiene como alternativa el aniquilamiento militar de la insurgencia o su rendición, todo hace prever que el proceso estará expuesto a múltiples riesgos y dificultades, y que es urgente acompañarlo de un sólido respaldo popular y de la movilización caudalosa de las masas para conducirlo a un final satisfactorio.

Por eso, al tiempo que saludamos el inicio de la discusión de la agenda invitamos a las partes a asumir una actitud constructiva y llamamos a todos los sectores amantes de la paz a comprometerse en la defensa del diálogo y a trabajar para que sus conclusiones respondan a los anhelos de paz con democracia, justicia social y soberanía nacional, de la mayoría del pueblo colombiano.

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EXITOSA MESA REGIONAL DE PAZ EN FLORENCIA

Durante los días 14 y 15 de noviembre del año en curso se llevó a cabo en

la ciudad de Florencia la Mesa Regional de Paz, con la participación de 280

asistentes de 133 organizaciones procedentes de los departamentos de Caquetá,

Amazonas, Vichada y Vaupés, quienes entregaron importantes informes, análisis

y propuestas sobre el conflicto y sus causas y sobre los cambios que necesita el

país para superar la violencia y construir la paz.

 

Especialmente interesante resultó la intervención del Gobernador del Caquetá,

Víctor Ramírez Loaiza, con su tesis de que para alcanzar la “paz estable y

duradera”, se necesita primero, de manera urgente, una “paz real” que se

fundamente en el respeto al derecho a la vida, así como su iniciativa de que “si

en medio de las negociaciones no hay un silencio de los fusiles, proponemos que haya un

pacto de la prensa a nivel nacional y regional que silencie la publicidad de la guerra”.

 

También son de destacar sus condenas a la corrupción como uno de los factores

generadores de violencia, su invitación a las empresas transnacionales a apostarle

al proceso de paz, su llamado a la Mesa de Conversaciones de La Habana

a lograr acuerdos mínimos de respeto a la población civil y su consideración

de que “la paz no debe permitir un desarrollo económico local justo y solidario, un

fortalecimiento de la economía interna con reconversión de la producción, la protección

y restauración ambiental, el rescate de la soberanía alimentaria y, por consiguiente, la

generación de equilibrios económicos, sociales y políticos incorporando a los sectores

poblacionales excluidos”.

 

De esta manera, avanzan con pleno éxito las Mesas Regionales por la Paz,

convocadas por las comisiones de Paz del Senado de la República y la Cámara

de Representantes, siendo de destacar que en todas ellas los distintos sectores

participantes se pronuncian por la realización de cambios democráticos a fondo

en las estructuras económicas, políticas y sociales del país, lo que contrasta

con la posición del gobierno que considera que su política es intocable y que las

conversaciones deben limitarse a “acuerdos para poner fin al conflicto”, ignorando las causas que lo han generado.

 

A finales del presente mes culminará la primera ronda de las Mesas Regionales

por la Paz y luego se organizarán las relatorías para hacerlas llegar a la Mesa de

Conversaciones de La Habana, con la esperanza de que sean tenidas en cuenta

por las partes.

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Comunicado a la opinión pública A LOS PARTICIPANTES EN EL III CONGRESO DEL PDA

Compañeros y compañeras:  
 
   
 
Bogotá, D.C., 9 de noviembre de 2012. Han hecho un esfuerzo, que consideramos honesto y sincero, por rescatar el partido de la profunda crisis que lo cruza en el Tercer Congreso del PDA. Sin embargo, ustedes saben que no estarán presentes todas las vertientes y fuerzas que contribuimos, en su momento a configurar el más importante destacamento de la izquierda colombiana.  
 
   
 
Sin autocrítica, sin rectificaciones serenas y consensuadas, sin razones valederas y sólidas, se ha preferido el camino de la exclusión y la reducción a su mínima expresión de la participación democrática de todos los sectores que conformamos el Polo, en contra del espíritu unitario aprobado por la Conferencia Ideológica Nacional.  
 
   
Decisiones que no podemos compartir por ser profundamente contrarias a la razón de ser principal del Polo, que es la unidad en el marco del pluralismo. La crisis del PDA no se soluciona con divisiones, macartismo, irrespeto a las normas convenidas y a la democracia interna. La salida a la crisis del PDA solo la podría alcanzar un Congreso unitario, convocado consensualmente y ampliamente incluyente. El III Congreso no se puede reducir a una puesta en escena de decisiones ya tomadas para privilegiar intereses personales y de grupo en contra del ideario de unidad.
 
El pueblo trabajador colombiano espera la más generosa contribución de todas las vertientes y fuerzas políticas, más allá de los estrechos cálculos de conveniencia electoral. Tenemos un claro compromiso en la lucha por la paz, con justicia social. Todos los pensamientos organizados de la izquierda nos necesitamos en la defensa de los derechos del pueblo, de las libertades, de la soberanía y la búsqueda de un nuevo poder democrático que consolide el futuro de otra Colombia posible. Existen nuevas expresiones en la izquierda que responden a los requerimientos unitarios que postula el Ideario de Unidad al que no renunciamos.
 
Les hacemos un llamado fraterno a converger en la exploración de nuevos horizontes para la unidad popular. Con esta perspectiva nos reuniremos próximamente en el Seminario Por una Izquierda Unitaria en la ciudad de Bogotá.
 
Con un abrazo franco y cordial,
 
Gloria Inés Ramírez – Senadora PDA.
Iván Cepeda Castro – Representante a la Cámara PDA por Bogotá
Hernando Hernández – Representante a la Cámara PDA por las comunidades Indígenas.
Vamos por los Derechos, Partido Comunista Colombiano, Movimiento por la Constituyente Popular, Polo al Sur, Fuerza Común, Otra Colombia es Posible, Revolución de la Esperanza, Polo Crítico, Polo Unido de Sucre, Presentes por el Socialismo, Círculos socialistas de Antioquia, Acción Ciudadana de Córdoba, Indígenas PDA (Fabiola Piñacue),

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AUDIENCIA PÚBLICA ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

Bogotá, D.C., 2 de noviembre de 2012.-  Con la participación de más de 34 organizaciones campesinas provenientes de todo el país, se llevó a cabo en el Congreso de la República la Audiencia Pública sobre el tema: “Las zonas de reserva campesina en Colombia: una iniciativa agraria de paz”.  
 
   
 
Este evento que fue convocado por las Senadoras Gloria Inés Ramírez y Piedad Zuccardi, y los Representantes a la Cámara, Hernando Hernández e Iván Cepeda Castro, a instancias de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOR, tuvo como propósito colocar en la agenda pública, el problema de la tenencia de la tierra en torno a las zonas de reserva campesina, como una iniciativa esperanzadora en el marco del proceso de diálogo que se ha iniciado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en miras a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  
 
Durante el decurso de los tres paneles que tuvieron lugar, esto es: “Zonas de Reserva Campesina – Desarrollo Rural y Paz”, “Reglamentación, institucionalidad y financiación de las ZRC” y “Sobreposición de figuras de ordenamiento y conflictos territoriales”, en los que participaron destacados tratadistas y veteranos dirigentes del Movimiento Agrario, se hizo énfasis en la urgente necesidad que tiene el país de una Reforma Agraria Integral, que le devuelva la soberanía y la dignidad al campo colombiano, como factor indispensable del desarrollo económico, social y cultural de la Nación.     
 
Como se ha establecido de rigurosas investigaciones, la tenencia y el uso de la tierra han sido, a lo largo de toda nuestra historia, una de las causas estructurales de los graves problemas sociales que ha enfrentado la Nación, entre ellos, el conflicto armado interno que ha persistido por casi medio siglo.
Sin embargo, en Colombia nunca ha habido una reforma agraria y, por el contrario, con cada ciclo de violencia ha aumentado la concentración de la tierra en manos de unos pocos. De ahí que con sopesada razón el profesor Ricardo Bonilla afirme que “mientras tres millones de familias tienen apenas 5 millones de hectáreas, 3 mil grandes propietarios acumulan 40 millones de hectáreas” y, por su parte, el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas - 2011 afirma que: “en Colombia existe una alta concentración de la propiedad rural”, lo que incide en la calificación que tiene el país de ser “uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo”, situación que ha dado lugar a que en el campo colombiano se concentre el 64.5% de la población en situación de pobreza y el 29.2% en condiciones de miseria.
 
No obstante, según el investigador Héctor Mondragón, “la contribución del campesinado es decisiva en la alimentación de los colombianos. Es así como en el 2002, mantenía el 67.3% del área sembrada del país en cultivos legales y el 62.9% del valor de la producción agrícola. Entre el 2004 y 2007 la agricultura familiar respondía por el 62.1% del área sembrada y el 60.4% del valor de la producción agrícola, excluidos el café y las flores. El 78% del área en café es campesina y el 74% de la producción de maíz”, sin que su preservación sea tenida en cuenta ante la irracional explotación de los recursos naturales con la consiguiente degradación del medio ambiente y la perdida de seguridad alimentaria para la población.
 
Por estas razones y ante la búsqueda de un Proceso de Paz que ponga fin a las causas estructurales del conflicto, el Congreso de la República, desde las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes, se vienen llevando a cabo con pleno éxito las Mesas Regionales por la Paz, con el propósito de habilitar espacios para que las organizaciones sociales puedan expresar sus problemas, opiniones y propuestas, que serán entregadas posteriormente a la Mesa de Conversaciones que sesionará en la ciudad de La Habana (Cuba), a la cual serán entregadas las conclusiones y recomendaciones elaboradas en la audiencia pública.
Así mismo y como resultado de los rigurosos análisis que se presentaron a la audiencia por los panelistas y los testimoniantes, la Senadora Gloria Inés Ramírez anunció la convocatoria a un Debate de Control Político sobre la incidencia de los conflictos sociales y territoriales que se presentan en el marco de los Planes de Consolidación Territorial que implementa el gobierno nacional en las regiones donde se profundiza el conflicto armado interno.   
Igualmente la Senadora Gloria Inés Ramírez hizo pública la denuncia sobre circulación de un panfleto intimidatorio que fue repartido en las oficinas del Congreso durante el desarrollo de la audiencia, que buscaba estigmatizar el evento y especialmente a las organizaciones campesinas participantes; anunció que la misma será presentada ante las plenarias del Órgano Legislativo e hizo entrega del mismo a los funcionarios delegados por el Procurador General de la Nación, a fin de que se adelanten las investigaciones respectivas.
En este punto es pertinente aclarar ante la opinión pública, que la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, ACVC a la que hace alusión el panfleto, es una organización legal, reconocida por el Estado Colombiano, que agrupa a campesinos desplazados de la región del Magdalena Medio, que trabaja por el restablecimiento de los derechos de sus comunidades afectadas por todas las formas de violencia, por la defensa de los derechos humanos, por una verdadera reforma agraria y por la justicia social y la paz.
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO
H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos elegida por el PDA

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Exitosa iniciación de las mesas regionales por la paz

 

 

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo con pleno éxito en la ciudad de Sincelejo la primera mesa regional por la paz, en desarrollo de la programación hecha por las comisiones de paz del Senado de la República y la Cámara de Representantes, con el propósito de habilitar espacios para que las organizaciones sociales puedan expresar sus problemas, opiniones y propuestas para ser entregadas posteriormente a la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que sesionará en la ciudad de La Habana (Cuba).

 A esta primera cita concurrieron 350 personas en representación de 223 organizaciones, y hubo 45 intervenciones que reflejaron los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, con propuestas claras, concretas y enriquecedoras que ponen de manifiesto el interés de la opinión pública por hacer parte del proceso, por rodear las conversaciones de La Habana y por contribuir al éxito del diálogo para la paz.

En el día de mañana, una segunda mesa sesionará en la ciudad de Barranquilla y luego seguirán las de Villavicencio, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Florencia y Bogotá, para cubrir todas las regiones del país. Más adelante habrá una segunda ronda de mesas con el mismo cubrimiento, para garantizar que ningún sector se quede sin la posibilidad de participar, pues la paz no es un asunto exclusivo entre el gobierno y la guerrilla, sino un problema de la sociedad.

Este meritorio esfuerzo del Congreso de la República por aportarle su contribución al proceso de paz, cuenta con el apoyo técnico eficiente del Sistema de Naciones Unidas, que trabaja en la organización de las mesas y la elaboración de las relatorías que serán entregadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana con el fin de que sean tenidas en cuenta en las deliberaciones y en el acuerdo que todos esperamos como resultado final para acabar cerca de 50 años de conflicto interno y darle paso a una nueva era de paz estable y duradera para todos los colombianos.

 

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Respaldamos la justa lucha de Asonal Judicial

 

Desde hace más de 15 días, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial organizados en ASONAL JUDICIAL adelantan un PARO NACIONAL que tiene como propósito demandar del Gobierno Nacional compromisos serios y concretos para hacer efectiva la nivelación salarial establecida en la Ley 4ª. de 1992.

La respuesta del gobierno al conflicto no puede ser más contradictoria y absurda, pues de una parte, el propio Presidente de la República ha reconocido la justeza de las peticiones y, de otra, ha propuesto que la nivelación se haga en un plazo de quince años y ha declarado que el paro es ilegal.

Olímpicamente se olvida de que el que está en la ilegalidad desde hace veinte años es el gobierno, que no ha cumplido con la ley 4°, que los trabajadores del Poder Judicial se vieron forzados a ir al paro precisamente porque sus innumerables peticiones nunca fueron resueltas, es decir, que lo que están haciendo es ejercer el derecho a la protesta consagrado por la Constitución Política Nacional, y que la facultad de calificar las huelgas no le corresponde al gobierno, sino al Tribunal del Distrito Judicial competente, según la Ley 1210 de 2008.

Resulta insólito que mientras ASONAL JUDICIAL propone un plazo razonable de cuatro años para hacer la nivelación salarial, el gobierno tenga la osadía de pedir quince años más para cumplir con el mandato legal. En qué país del mundo se necesitan 35 años para darle cumplimiento a una norma que se supone es de ejecución inmediata? Cuántos empleados y funcionarios habrán muerto, o se habrán jubilado o habrán salido del Poder Judicial en los pasados 20 años, sin que se les haya reconocido el derecho a la nivelación? Cuántos más tendrían que correr igual suerte en los próximos 15 años, de prosperar la propuesta del gobierno?

Ante esta situación a todas luces injusta y arbitraria, respaldamos firmemente la justa lucha de ASONAL JUDICIAL, exigimos al gobierno cumplir sus obligaciones legales en vez de amenazar y sancionar a los trabajadores y llamamos al movimiento sindical y a la opinión pública a rodear de la más amplia solidaridad a los servidores de la Rama Judicial.

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El procurador Ordóñez debe acatar y respetar las decisiones judiciales

Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2012.-  En el día de ayer, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, notificó al Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado y a las exprocuradoras Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, el fallo de Tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres, en la que solicitaban el amparo de los derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos, los cuales han sido y continúan siendo vulnerados y amenazados por estos funcionarios, en contravía de la Constitución, de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de los pronunciamientos de organismos encargados de interpretarlos de la jurisprudencia emitida por la Corte como Tribunal de Cierre.    
 
La decisión de la Corte tiene tal trascendencia en el ordenamiento y en la cultura jurídica del país, por cuanto ha colocado una vez más, las decisiones de la majestad de la justicia, por encima de los intereses protervos de las corrientes del obscurantismo que se mueven en los estadios del poder, y ha puesto en evidencia la conducta prevaricadora del principal agente del Ministerio Público, cuya función constitucional y legal es la de garantizar la protección y promoción de los derechos humanos, en este caso, los derechos humanos de las mujeres, en relación con el derecho a la libre determinación sobre su cuerpo, su sexualidad y la opción por la maternidad, al conminarlos, que en el término perentorio de 48 horas, procedan a rectificar públicamente sus opiniones y valoraciones falsas y tergiversadas sobre el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de las precisas circunstancias establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 y las ordenes contenidas en la Sentencia T-388 de 2009 sobre el diseño de campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos.  
 
La arrogancia y la prepotencia de estos pequeños paladines del obscurantismo que buscan de forma perspicaz la reelección en el primer órgano de control del sistema político imperante, se ha mostrado en las argucias y en las falacias torticeras que de forma apresurada buscan confrontar la sabiduría, la justeza y la ponderación de cada uno de los contenidos de la racio decidendi de laSentencia T-627 de 2012, que reafirma la decisión del Constituyente del 91, de confiar la guarda de la Carta Política del país y de la vigencia de un Orden Justo, en un Tribunal de Cierre cuyas decisiones deben ser acatadas y respetadas por los más encumbrados estamentos del Estado.  
 
Las razones de peso que tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional en su decisión se basaron en que el Procurador General de la Nación y sus dos Procuradoras Delegadas han “emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada en relación con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas” como aconteció con  las ordenes proferidas en la Sentencia T-388 de 2009, contra la cual la Procuradora Ilva Myriam Hoyos, promovió un incidente de nulidad que buscaba dejar sin piso la decisión de la Corte, que mediante Auto 283 de 2010 le fue negado. Lo mismo sucedió con la Sentencia T-585 de 2010 que declaró, que en los casos despenalizados del aborto por la Corte, la IVE es un derecho de carácter fundamental perteneciente a la categoría de los derechos reproductivos, cuyo incidente de nulidad fue rechazado también mediante Auto 038 de 2012.     
 
En este punto es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional[1], en reiterada jurisprudencia, ha señalado que “el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho (CP Art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a   la Constitución. El  incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas insustanciales, carentes de contenido (…)”[2]Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo”[3].  
 
Adicionalmente ha reiterado, que el incumplimiento de las decisiones judiciales es un “atentando contra (…)  los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente”[4].
Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la Corte ha sido particularmente enfática en indicar que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde (…)  tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales”[5], como en el presente caso.
En el caso específico del Procurador General de la Nación este deber de cumplimiento de las decisiones judiciales se refuerza porque la Constitución le asigna expresamente la función de vigilar el cumplimiento de las mismas (Art. 277 superior, numeral 1) y, ello se hace más evidente en lo que toca con las decisiones de tutela, pues el mismo artículo en el numeral 2, le ordena proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad.
Por las profundas implicaciones negativas que tiene la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales para el Estado Social de Derecho, esta omisión puede derivar para los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas disciplinarias y así lo establece con claridad el Código Penal en su Artículo 414, donde se tipifica el prevaricato por omisión, conducta que comete el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.
Adicionalmente, el Artículo 454 penaliza el fraude a resolución judicial, cuando una persona por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en la misma. A su turno, el Código Disciplinario Único en su Artículo 34 prescribe como deber de los servidores públicos, cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales y el incumplimiento de los deberes es calificado como una falta disciplinaria grave o leve en el artículo 50.
Así las cosas, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y sus Procuradoras Delegadas, deberán MODIFICAR, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, la posición oficial de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que, en Colombia, la anticoncepción oral de emergencia:
  1. No tiene carácter abortivo sino anticonceptivo,
  2. Su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto,
  3. Las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y
  4. Hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.
Tal modificación deberá hacerse, además: (i) de forma pública y (ii) con despliegue y relevancia equivalente a las declaraciones dadas por el Procurador General de la Nación el 7 de diciembre de 2009 al diario El Espectador.
Así mismo, la decisión del Tribunal Constitucional ORDENA a la Comisión de Regulación en Salud, CRES, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, LEVANTE la suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo del Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud y, en consecuencia, CONTINÚE su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido.
De esta forma se reitera la jurisprudencia sobre el derecho fundamental de las mujeres colombianas a la IVE como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del Estado y los promotores y prestadores del servicio de salud.
Será que los defensores a ultranza de Monseñor Procurador que ocupan las curules en el Congreso de la República se atreven a reelegirlo, encontrándose incurso en la comisión del delito de prevaricato?
De todas formas, en mi condición de Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres, anuncio desde ya, que nuevamente sustentaré ante la Plenaria del Senado de la República mi voto de OBJECIÓN DE CONCIENCIA ante la impostura de reelegir a un funcionario prevaricador que pretende bajo el amparo de una concepción confesional del Estado, sustituir la Constitución y hacer rupturas al Estado Laico, Social y Democrático de Derechos por el cual se rige la Nación Colombiana.
 


[1] Ver al respecto, sentencias T-554 de 1992, T-487 de 1996, T-777 de 1998, T-779 de 1998, T-1686 de 2000, T-1222 de 2003 y T-735 de 2006, T-937 de 2007.
[2] Sentencia T-832-08.
[3] Sentencia T-1082 de 2006.
[4] Sentencia T-832-08.
[5] Ibídem.

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Saludamos la instalación de la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC

 

En el día de hoy se instala en Oslo, la capital de Noruega, la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el fin de desarrollar la Agenda prevista en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito en la ciudad de La Habana (Cuba).  

Se trata de un hecho de la mayor importancia para nuestro país, que es el resultado de prolongadas luchas y grandes esfuerzos del movimiento popular por conseguir que se aceptara que la única alternativa sensata para ponerle fin al conflicto interno que durante medio siglo nos ha afectado tan gravemente, es la salida negociada.  

Aunque el temario de conversaciones tiene limitaciones evidentes, puesto que deja al margen problemas muy sentidos por la mayoría del pueblo, el Acuerdo General prevé mecanismos de participación que puedan posibilitar que sean tratados, por lo que es necesario organizar la participación popular y la elaboración de propuestas para ser presentadas a la Mesa, a fin de enriquecer el diálogo y procurar que sean acogidas, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz que esperamos la mayoría de los colombianos debe incluir los cambios económicos, políticos y sociales que ataquen las causas que generaron el conflicto e impidan su reproducción.

No ignoramos que el proceso que se inicia tiene poderosos y agresivos enemigos que buscarán por todos los medios, como lo han hecho en otras ocasiones, torpedear el buen suceso de las conversaciones. Es deber del gobernó otorgar las debidas garantías para la movilización del pueblo y adoptar todas las medias encaminadas a impedir los sabotajes y provocaciones de los enemigos de la paz.

Saludamos alborozados la iniciación de las conversaciones y llamamos a los sectores democráticos y de izquierda y a todos los partidarios de la paz a rodear el proceso, a promover la participación y a organizar la movilización para que Colombia pueda, por fin, conquistar la paz con democracia y justicia social tan largamente esperada.

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Rechazamos persecución oficial contra la Marcha Patriótica

 

 

En los últimos días se ha recrudecido la persecución oficial contra sectores de la oposición política. El 13 de septiembre fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el dirigente de la Marcha Patriótica Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en momentos en que iba a tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Barcelona (España), en donde debía iniciar una gira por Europa para dar a conocer la importancia del diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Luego de permanecer varias horas retenido por la policía y gracias a la intervención de la Ex senadora Piedad Córdoba y otros dirigentes de Marcha Patriótica, Andrés Gil fue dejado en libertad al no encontrarse ningún requerimiento judicial en su contra.

Al día siguiente fueron detenidos en el Departamento de Antioquia Juan Alberto Galeano Ruíz, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz y familiar de la Ex senadora Piedad Córdoba; Ana Francisca Pérez, del movimiento Marcha Patriótica, y Luz Helena Hernández. Según declaraciones del Director General de la Policía, José Roberto León Riaño, los detenidos pertenecen al Frente 36 de las FARC y están acusados de la comisión de diversos delitos.

Que sepamos, ninguna autoridad los ha juzgado ni ha demostrado que las sindicaciones que se les hacen corresponden a la verdad; sin embargo, han sido presentados públicamente por el Director de la policía como peligrosos terroristas, sin el menor derecho a controvertir tan grave acusación.

Estos hechos son demostrativos de la doble moral que caracteriza al régimen dominante, que dice tener la mejor disposición para la solución negociada del conflicto y anuncia que habrá plenas garantías para la oposición, pero en la práctica continúa con la misma campaña macartista y de persecución que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez.

Ante esta situación, manifestamos nuestro enfático rechazo a la persecución contra la Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianas por la Paz y otras organizaciones, exigimos respeto al derecho a disentir y hacer oposición y demandamos del gobierno contribuir a la creación de un clima favorable a la negociación para ponerle fin al conflicto que por tantos años ha golpeado a nuestro país.

Al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con quienes son víctimas de atropello oficiales, llamamos al movimiento popular a respaldar el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC y a demandar las debidas garantías para que pueda conducir a un acuerdo que garantice la paz con democracia y justicia que anhelan la mayoría de los colombianos.

 

Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2012

 

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CONSTANCIA MODIFICACIÓN LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Me permito dejar la presente constancia en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, en relación con el Proyecto de Ley No.  193 de SENADO, 096 de 2011 –CÁMARA-.“Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”

 

El objetivo del proyecto de Ley de modificar la Ley 975 de 2005 tiene buenas iniciativas en el marco de coordinar las leyes existentes en materia de justicia transicional y reparación de víctimas. Estamos de acuerdo con la incorporación del criterio de priorización de casos que implica establecer un orden para realizar la investigación de los hechos delictivos mayores. Lo cual, sería compatible con las obligaciones internacionales  del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar penalmente las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia.

 

Sin embargo, rechazamos la interpretación de dicha priorización como un sinónimo de selección de casos, dado que ello implica renunciar a unos por investigar otros, criterio que generaría impunidad e iría en contra de los derechos de reparación integral de las víctimas. Adicionalmente, considero que debería evaluarse con mayor detenimiento el siguiente punto del proyecto de Ley:  el artículo 24 que introduce un nuevo artículo 23ª sobre Reparación Integral en la Ley 975 de 2005 que dice que las todas las víctimas serán reparadas de conformidad con el modelo contemplado en la Ley 1448 de 2011.

 

Este artículo olvida los problemas que ha presentado la reparación de las víctimas contemplada en dicha Ley, que acogió inicialmente una visión bastante estrecha del concepto de reparación, cuyo núcleo central está constituido por la  denominada indemnización por vía administrativa que implica un contrato de transacción entre la víctima y el gobierno, en donde ésta debe renunciar a futuros procesos judiciales o litigios para poder obtener un pago por concepto de su victimización.

 

Esta visión demasiado limitada de lo que significa la reparación implica la renuncia a la justicia, lo que profundiza el estado de cosas inconstitucional producido por la recurrencia de la vulneración de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado ante los cuales ha fallado la Corte Constitucional en varias sentencias como la T-025 de 2004.

 

Además, la aplicación de la medida de indemnización administrativa ha tenido distintos problemas advertidos por el Informe conjunto de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.[1] Entre ellos cabe destacar lo siguiente:

 

1.    No existe claridad en las normas existentes: Decreto 1290 de 2008 reglamentario de la ley 975 de 2005 y la aplicación del Decreto 4800 de 2011 reglamentario de la Ley 1448 de 2011 sobre la manera de tasar la indemnización administrativa. Es preocupante que tampoco las víctimas cuenten con información precisa respecto de su situación y los procedimientos de pago. 

2.    Las distintas medidas establecidas por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 plantean un escenario de reparación administrativa con recursos insuficientes para realizarla en la práctica de manera efectiva teniendo en cuenta lo que se estableció en el Conpes 3726 de 2012.

3.    El enfoque que ha adoptado el Gobierno otorga prioridad a la adopción de criterios fiscales de “sostenibilidad fiscal” más que a la satisfacción y restitución efectiva de los derechos de la población desplazada.

4.    Por otra parte, las indemnizaciones administrativas han sido guiadas por el criterio del “menor costo posible” y se han reducido cada vez más: “Al comparar el decreto 1290 de 2008 con el decreto 4800 de 2011 de siete hechos victimizantes seis fueron tasados con los mismos montos, salvo en el caso del delito de desplazamiento forzado en que la reparación administrativa pasó de 27 SMLV a 17 SMLV”[2]

5.    Existe una tendencia cada vez más creciente a reconocer menos población en situación de desplazamiento, sin que exista claridad de las razones por las cuales esto sucede. Lo que da cuenta de un subregistro de la población víctima de la violencia y en consecuencia vulnera la restitución de sus derechos.

6.    La indemnización administrativa ha implicado el desconocimiento de la dimensión de la reparación por daños morales causados por el conflicto armado que no se pueden solucionar solamente con un “contrato de transacción” de bienes o dinero.

 

Por estas razones resulta preocupante que el Proyecto de Ley en curso adopte el mismo modelo de reparación de las víctimas establecido en la Ley 1448 sin tener en cuenta las falencias del mismo. Por lo tanto, aunque la iniciativa legislativa  tiene aspectos positivos al pretender articular la Ley 975 de 2005 con la Ley de Víctimas aún tiene bastantes puntos grises que deben aclararse.

 

En consecuencia, solicito muy comedidamente que el artículo 24 del mencionado proyecto de Ley se elimine, esperando que se genere un amplio debate en torno a lo que actualmente se entiende como reparación de las víctimas. Resulta necesario que se garantice realmente la reparación integral de las víctimas del conflicto armado eliminando las barreras legales y administrativas que obstaculizan la garantía y restitución de sus derechos.


[1]Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República  y Procuraduría General de la Nació.  Primer Informe de Seguimiento y monitoreo de los órganos de control a la ley 1448 de 2011 de Victimas y Restitución de Tierras 2012. Bogotá, D.C: Agosto de 2012.

[2]Op, Cit pág. 28. 

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CONSTANCIA SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 EN LA PLENARIA DEL SENADO

En relación con la aprobación por parte de la sesión plenaria del Senado de la República del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2013, en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, me permito dejar la siguiente

 

CONSTANCIA:

 

Ante la imposibilidad de hacer un examen exhaustivo de la totalidad del Presupuesto General de la Nación, me limito a señalar algunos aspectos que considero de especial importancia:

 

1.    No obstante las afirmaciones del Gobierno sobre la concepción social del presupuesto, al examinar las cifras se encuentra un divorcio considerable con la realidad, como lo demuestra el hecho de que 45.5 billones, que representan más del 17% del Presupuesto, se destinan al servicio de la deuda pública, y 26.5 billones son para seguridad y defensa, es decir, para la guerra, de manera que sólo estos dos rubros, que, a nuestro juicio, nada tienen que ver con el gasto social, suman más de la tercera parte del presupuesto nacional.

2.    La población vulnerable y las víctimas de la violencia, frecuentemente sirven de temas para hacer discursos políticos, pero el tratamiento presupuestal dista mucho de concordar con las palabras. En efecto, el presupuesto destinado para la población vulnerable y desplazada es insuficiente para la reparación de las víctimas de la violencia.

 

En el caso de las víctimas, la asignación aprobada es mucho menor a los $13.5 billones de pesos que distribuyó el Conpes 3712 en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 para la indemnización administrativa, el subsidio de vivienda y demás programas que ya había advertido la Contraloría eran insuficientes para cumplir con los efectos de reparación integral.

 

La estrategia central del Gobierno para atender a la población vulnerable sigue siendo el Programa Familias en Acción, que alcanzó cubrir 2.235.065 de familias de los niveles 1 y 2 del Sisbén en 2010[1] y 364.579 familias desplazadas en el 2011[2], mientras la Red Unidos ha acompañado a 1.406.926 familias en extrema pobreza y desplazadas, que también hacen parte del programa Familias en Acción.[3] Sin embargo, estos niveles de cobertura son insuficientes si se comparan con las 4.974.786 familias en situación de pobreza, 1.789.793 en situación de indigencia[4] y 1. 228.894 familias desplazadas.[5] 

 

Además, tales programas no van más allá del asistencialismo, en la medida en que no rompen con el ciclo de la pobreza ni con la desigualdad, sino más bien mantienen a las familias en un umbral tolerable de la misma, sin brindar soluciones estructurales basadas en garantía de derechos y mejoramiento de ingresos.

 

Su bajo costo de inversión, que corresponde al 0,3% del PIB para Familias en Acción y 0.1% del PIB para la Red Unidos,[6] se compensa con los altos réditos políticos que genera la utilización de estos programas en las contiendas electorales en favor de los partidos de gobierno.[7]

 

De otra parte, en la distribución del presupuesto se puede ver cómo para los demás programas sociales, como subsidios a ancianos indigentes, atención a invalidez y otros, los recursos son paupérrimos para brindar una verdadera protección social a quienes por su situación de vulnerabilidad requieren la atención del Estado a través de políticas integrales que hagan realizables sus derechos.

 

3. En cuanto a los recursos para vivienda, el presupuesto de funcionamiento para el año 2013 es de 1,3 billones de pesos, mientras que el de inversión es de 582 mil millones de pesos,[8] lo que indica que los recursos se orientan principalmente a atender los gastos del aumento de la burocracia, antes que a la inversión en los programas del Ministerio.

Aunque el presupuesto para el programa Soluciones de Vivienda Urbana aumenta en un 25.6%, y el de Vivienda Rural, a cargo del Banco Agrario, aumenta en un 54.8%, esto se hace a costa de la disminución significativa de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, al cual se le quitan 891 mil millones de pesos. Estas cifras confirman los pronósticos de los análisis que aseguraban que los programas de vivienda “gratis” y los Macroproyectos disminuirían los recursos asignados para el Subsidio Familiar de Vivienda que administra esta entidad.

El recorte presupuestal en los subsidios hace más difícil el ejercicio del derecho a la vivienda de por lo menos 15 millones de familias que hoy soy arrendatarias y aspiran a  adquirir una vivienda propia.

El artículo 62 del Presupuesto contempla que el Subsidio Familiar de Vivienda puede aplicarse tanto en zonas rurales como urbanas para beneficiar a la población desplazada perteneciente a comunidades indígenas y afrocolombianas conforme con los mandatos legales. No obstante, el recorte presupuestal a FONVIVIENDA hará nugatorios tales beneficios.

De otra parte, el recorte presupuestal contradice abiertamente la meta del gobierno de construir un 1 millón de viviendas en el cuatrienio, 244 mil de las cuales serían Viviendas de Interés Social que tendrían el apoyo de Fonvivienda.[9]

A pesar de que la vivienda está incluida como una de las “locomotoras”, en la distribución del presupuesto es la que tiene la menor participación, con apenas un 3.5% del presupuesto de inversión, a lo que se agrega que según el último Informe de Camacol, Colombia es el segundo país que destina un menor porcentaje del gasto público en vivienda (0.5%) del PIB en América Latina, después de Chile.[10]

 

4. En materia de educación, el presupuesto aprobado para el año 2013 apenas tiene un incremento del 0.2% con respecto al del año anterior, que resulta insuficiente,   entre otras, por las siguientes razones:

 

·        No compensa el recorte injustificado que tuvo en el año 2012 y menos aún atiende las recomendaciones del Programa Educación Para Todos 2015, de la Unesco, que dice que debe estar entre el 6% y el 7% del PIB.

·        Una situación especialmente grave es la que tiene que ver con las universidades estatales, pues mientras el Presupuesto General de la Nación creció en un 12,2%, las asignaciones para ellas tan sólo se reajustaron en un 3.6% para funcionamiento y en un 3% para inversión, lo que en pesos constantes significa que se les congela el presupuesto, no obstante la crisis financiera que atraviesan y las necesidades que tienen de mejorar su infraestructura física y académica para elevar la cobertura y calidad de la educación. 

·        La negativa del Congreso a incrementar mínimo en 1 billón de pesos las apropiaciones presupuestales para las universidades estatales, hecha por distintos sectores universitarios, impide solventar el déficit que arrastran y que las tiene al borde de la ruina, lo que se traducirá en la autofinanciación, particularmente con el incremento de las matrículas y el desarrollo de actividades que no corresponden a su misión, afectando la calidad académica.

 

5. En el presupuesto no fueron incluidas las partidas necesarias para que el Gobierno Nacional pueda cumplir con la Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó pagarles a las madres comunitarias una remuneración no inferior al salario mínimo legal, lo que abre interrogantes sobre si el Gobierno tiene la decisión de cumplir este mandato.

 

Por las razones anteriores y por otras que por limitaciones de tiempo y espacio no me detengo a mencionar, considero que el Presupuesto Nacional presentado a la sesión plenaria del Senado de la República para su aprobación, no cumple las promesas del Gobierno en materia social ni responde a las expectativas de la mayoría de la población y, por consiguiente, votaré negativamente el citado Presupuesto


[1] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2010).Informe Presidente Álvaro Uribe Vélez al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp. 122-125.

[2] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2011).Informe Presidente Juan Manuel Santos al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp. 71.

[3] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2011).Informe Presidente Juan Manuel Santos al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp.69.

[4] Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Departamento Nacional de Planeación. (Abril, 2010). “Informe Misión para el Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad MESEP”. Bogotá, D.C..

[5] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (2010, 27 de Enero) “Resumen Informe 2009. Boletín Informativo: ¿Salto estratégico o salto al vacío?. El desplazamiento forzado en los tiempos de la seguridad democrática.” Núm. 76. Disponible en línea: http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/79784686ACBF6EA5C12576D6004460F5/$file/Codhes+2009.pdf Consultado Febrero 2010..

[6] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2010) Panorama Social de América Latina y el Caribe . Santiago de Chile: Naciones Unidas pp.26-27.

[7] Global Exchange. (2010)  “Informe final análisis del programa familias en acción en el marco de los procesos electorales en Colombia.” Disponible en línea: http://www.globalexchange.org/countries/americas/colombia/elections2010.html Consultado Septiembre de 2011.

[8] Gobierno Nacional. Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación 2013. Pág 77.

[9] Gobierno Nacional. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Pág. 316.

[10]Federación Colombiana de Departamentos y Camacol. Política para superar el déficit habitacional. Bogotá, Septiembre de 2010. pag 31.

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INOBJETABLE TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

El pasado 7 de octubre se llevaron a cabo en la República Bolivariana de Venezuela los comicios para elegir Presidente de la República para el período constitucional 2013 – 2019, con dos candidatos claramente diferenciados: Enrique Capriles, representante de la oligarquía venezolana, y Hugo Chávez, actual Presidente y candidato de la Revolución Bolivariana.  
 
   
 
Fueron varios meses de intensa campaña, en los que el candidato Capriles contó con el respaldo de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, de la derecha latinoamericana, que a través de sus grandes medios de comunicación lanzó un permanente bombardeo sobre la ciudadanía venezolana y, por supuesto, de los imperialistas gringos, que aspiran a recuperar su dominación sobre el hermano país para saquear sus riquezas naturales, especialmente el petróleo.  
 
   
 
El Presidente Chávez, por su parte, tuvo que enfrentar grandes dificultades, sobre todo de salud, que le impusieron limitaciones para movilizarse por todo el país, pero en su favor estaban las realizaciones de la Revolución Bolivariana que han mejorado las condiciones de millones de venezolanos y que constituyen bases firmes para seguir avanzando.  
 
 
Los avances sociales, que son incuestionables, están acompañados de un formidable avance político del pueblo venezolano, como lo demuestra la elevada participación electoral (más del 80%), que es la más alta de América Latina, y el fervor popular, sin parangón en nuestro continente.
 
Estos hechos hacen aún más meritorio el triunfo del Presidente Chávez, porque demuestran los avances políticos y sociales del pueblo, que son presupuestos fundamentales para profundizar el proceso revolucionario y marcan diferencias notables con otros países de la región en donde las elecciones tienen graves vicios de ilegitimidad por el clientelismo, la compraventa de votos, el fraude, las presiones a los electores y otras prácticas ilegales y hasta criminales, como ha ocurrido en Colombia.
 
Como demócratas y revolucionarios colombianos, les hacemos llegar al Presiente Hugo Chávez, a su gobierno y al pueblo venezolano nuestras más calurosas y emocionadas felicitaciones y les deseamos nuevas victorias en su tarea histórica de preservar la independencia y soberanía de Venezuela, profundizar la democracia y construir una nueva sociedad en la que todos los seres humanos puedan vivir y trabajar con dignidad en una patria libre. Nos congratula que el triunfo del Presidente Chávez se presente cuando están para iniciarse los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en La Habana (Cuba), porque tenemos la certeza de que él jugará un papel preponderante para que el proceso termine en un acuerdo que le traiga a nuestro país la paz con democracia, justicia social y soberanía nacional, que son los anhelos de la gran mayoría de los colombianos.
 
El ejemplo del pueblo venezolano nos alienta a continuar la lucha para conseguir que, en momentos en que el capitalismo atraviesa una de sus más profundas crisis con incontables desastres sociales, nuestro país pueda incorporarse al proceso de cambios democráticos y de izquierda que se desarrolla en América Latina y El Caribe.
 
 
Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2012

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POR EL DERECHO AL TRABAJO Y A UNA PENSION DIGNA, LAS MADRES COMUNITARIAS INICIAN HOY PARO NACIONAL INDEFINIDO

Ante la inminencia de un retiro masivo de las mujeres que por más de 20 años han tenido bajo su responsabilidad el funcionamiento del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, para la ejecución de la denominada estrategia de Atención de la Primera Infancia “Cero a Siempre” y ante la negativa persistente del sistema político imperante de reconocerlas como trabajadoras con plenos derechos laborales y sociales, han tomado la decisión  de iniciar en el de hoy, UN PARO NACIONAL INDEFINIDO con el propósito de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, sobre las graves violaciones a sus derechos humanos y sociales fundamentales que le han impedido el reconocimiento del salario mínimo como retribución a su trabajo y, sobre todo, el acceso a una pensión digna.
 
A las 7.500 madres comunitarias que serán retiradas forzosamente del servicio por razón de la edad y que por la situación de pobreza en que han vivido, no han podido cotizar al Sistema General de Pensiones, pese al sistema especial que rige para ellas desde el 2008, la propuesta que de tiempo atrás ha venido sosteniendo la dirección del ICBF, es la reconocerles el auxilio que se otorga a los “ancianos indigentes” con recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, que hoy está fijado en la cuantía de $80.000 pesos, se paga cada dos o tres meses y que según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, a esta suma, previa identificación de las beneficiarias, el ICBF complementará una proporción que deberá ser reglamentada por el gobierno nacional, lo cual hasta la fecha no se ha producido, quedando en la incertidumbre su cuantía y el tiempo a partir del cual las madres comunitarias serán acreedoras a dicho beneficio, que no alcanza el estatus de una pensión de vejez.
 
La otra opción que se les ofrece, es la vinculación a los denominados Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, que obliga a estas mujeres trabajadoras al sometimiento de un ahorro forzoso al término de su vida laboral, lo que resulta nugatorio de su derecho a una pensión digna y una forma irresponsable de evadir la obligación constitucional y convencional de garantizar el mínimo vital al término de la vida laboral.
 
Si bien es cierto, la política del gobierno nacional de atender de forma integral a los niños colombianos, especialmente los que provienen de los estratos más pobres de la población, lo que subyace en la Estrategia “Cero a Siempre”, es una política de privatización del Servicio Público de Atención a la Primera Infancia, impuesto como se sabe por el Bando Mundial, desde su perspectiva de solución de la pobreza en el mundo, cuya implementación sacrifica la experiencia acumulada durante más de 20 años por lasmadres comunitarias en la atención amorosa y sacrificada de cientos de niños y niñas, hijos de las mujeres pobres de las comunidades.
Esta grave situación que se ha tornado generalizada y sistemática, se constituye, sin lugar a dudas, en una forma de DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DEL GENERO, en una violación a los PRINCIPIOS DE IGUALDAD e IGUALDAD DE OPORTUNIADES Y DE TRATO en las relaciones de trabajo y aPRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD que debe imperar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre los cuales el Comité del PIDESC, ha efectuado recomendaciones al gobierno colombiano, que no han sido tenidas en cuenta, pese al carácter vinculante que éstas tienen para los Estados Partes, de conformidad con la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, por lo cual el Estado colombiano estaría incurso en una responsabilidad internacional por la violación sistemática a estos postulados acogidos por la comunidad internacional.
 
De ahí que sea totalmente legítima y justa la acción de protesta que inician hoy lasMadres Comunitarias en defensa de un régimen jurídico que regule su situación laboral y social, que les reconozca el derecho a una pensión digna a las que van a ser retiradas forzosamente del servicio y por la adopción de una Política Nacional de la Primera Infancia que esté en manos del Estado y que garantice los derechos prevalentes e inalienables de los niños y niñas colombianos.
Por estas sopesadas razones, expreso mi solidaridad y mi compromiso de continuar defendiendo desde el Congreso de la República, los derechos laborales y sociales de lasMadres Comunitarias, a la vez que informo a la opinión pública, que dado el silencio a que ha sometido el PROYECTO DE LEY No. 32 DE 2011 – SENADO“Por medio de la cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la labor de las madres comunitarias en Colombia”, que cursa en la Comisión Séptima del Senado, de iniciativa de la Representante a la Cámara Gloria Díaz, por parte de los parlamentarios ponentes, he radicado ponencia positiva, a fin de que sean nuevamente consideradas las justas reclamaciones de las Madres Comunitarias del país por el establecimiento de un régimen jurídico que les otorgue el reconocimiento como trabajadoras con plenos derechos

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CONDENAMOS LOS ASESINATOS DE JUAN MANUEL MOGOLLÓN Y JOSÉ EDER MINA EN ARAUCA

El 18 de septiembre del presente año fueron asesinados en el municipio de Saravena (Arauca) el dirigente del Partido Liberal Juan Manuel Mogollón Reyes, ex candidato a la gobernación de Arauca apoyado por el Polo Democrático Alternativo, y el dirigente del magisterio araucano José Eder Mina, cuyos nombres se agregan a la interminable lista de víctimas del conflicto interno en el Departamento de Arauca.

 

Estos hechos criminales demandan explicaciones de parte de las autoridades, pues resulta inaudito que en una de las regiones más militarizadas del país los autores de los asesinatos puedan actuar con plena libertad contra la vida de las personas.

 

Los dirigentes asesinados eran personas reconocidas por su compromiso con los intereses populares y con la paz, lo que hace más execrable el crimen cometido contra ellos y debe motivar el más amplio repudio de toda la opinión democrática del Arauca y del país.

 

Condenamos de la manera más enfática el asesinato de Juan Manuel Mogollón y José Eder Mina, exigimos del gobierno medidas eficaces para proteger la vida e integridad de todos los araucanos, pedimos a la justicia esclarecer los hechos y castigar ejemplarmente a los responsables y les hacemos llegar a los familiares de las víctimas nuestra más sincera expresión de condolencia y solidaridad.

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EL FIASCO DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS AL CONGRESO DEL POLO

Los resultados de las elecciones de delegados al Tercer Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo, realizadas en el marco de la consulta interna de los partidos políticos el pasado 30 de septiembre, confirman sin ningún atenuante cuánta razón no asistía a quienes advertíamos que el actual Comité Ejecutivo Nacional estaba conduciendo al Partido al desastre total.  
 
   
 
Los 160.575 votos contabilizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, escasamente superan la cuarta parte de la votación obtenida en las elecciones de cuerpos colegiados del año 2010 y están todavía más lejos de resultados anteriores.  
 
   
 
En tales condiciones, la legitimidad del Congreso del Polo, que ya estaba gravemente viciada por las expulsiones, queda reducida a nada, y si en el Comité Ejecutivo tuviera cabida el sentido común, sus integrantes deberían sacar la conclusión de que su mandato les ha sido clamorosamente revocado.  
 
   
Sin embargo, en el comunicado de prensa del Polo se dice que “Este resultado muestra a un Polo con gran presencia nacional y en condiciones de jugar un papel decisivo en los futuros acontecimientos electorales del país”, lo que además de demostrar una ausencia total de cualquier sentido autocrítico, riñe abiertamente con la realidad de los hechos.
 
Contra lo que puedan pensar algunos, no nos alegramos de los resultados. Por el contrario, lamentamos profundamente lo ocurrido y condenamos la actitud inconsecuente y liquidacionista de quienes violaron burdamente los Estatutos del Partido, pisotearon la democracia y, en un desborde de macartismo, impusieron la censura ideológica y procedieron a “excluir” de las filas del Polo al Partido Comunista Colombiano, provocando así el retiro de las listas de otros sectores de izquierda que se negaron a validar con su participación semejantes atropellos.
 
El Polo no es propiedad particular de nadie ni debe ser utilizado para ponerlo al servicio de mezquinas ambiciones personales o grupistas. Fue construido con el aporte de muchos colombianos y colombianas que no aceptan ser parte de la cauda politiquera de los partidos de la oligarquía y que históricamente han trabajado por construir una alternativa política para nuestro pueblo. A ellos, los causantes de la debacle les deben al menos una explicación.
 
En lo que a nosotros concierne, esperamos que esta dura lección sirva para abrirle paso al debate constructivo y a la rectificación de errores, sobre todo ahora, cuando, después de una larga lucha por la salida negociada al conflicto interno, el gobierno y la insurgencia van a iniciar el diálogo para la paz y se requiere de la más amplia unidad para rodear y fortalecer el proceso y para conseguir con la movilización que en el temario de las conversaciones sean incluidos los problemas más sentidos de nuestro pueblo.
 
Es hora de entender que lo que el país reclama es la unidad de todas las rebeldías para enfrentar las políticas antinacionales y antipopulares del régimen, para conquistar la paz con democracia y justicia social y para construir con Frente amplio de Convergencia y Procesos que nos posibilite disputarle el poder al régimen dominante.
 
 
Bogotá, D.C., 2 de octubre de 2012

Nuestras historias

Reintegrada la Comisión accidental de Paz del Senado

 

El Presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, mediante la Resolución No. 44 del 6 de septiembre de 2012, reintegró la Comisión Accidental de Paz del Senado, de la cual hacen parte 17 senadores y senadoras pertenecientes a las distintas bancadas que tienen presencia en el Senado de la República.  

La Comisión estará presidida por el Senador Jorge Eduardo Gechen Turbay y tendrá como copresidentes a los senadores Gloria Inés Ramírez Ríos y Roy Barreras. Como Secretario Ad Hoc se desempeñará el doctor Hilzil Noriega Márquez, Secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.  

La Comisión se reestructura en momentos en que el Presidente de la República ha anunciado un Acuerdo General entre el gobierno nacional y las FARC “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y, como consecuencia, se establecerá una Mesa de Conversaciones que se instalará públicamente en Oslo (Noruega) y luego tendrá como sede principal a la ciudad de La Habana (Cuba).

En tales circunstancias, la Comisión tiene una oportunidad excepcional para cumplir con el encargo de “colaborar con el Ejecutivo en lo concerniente al logro de la paz y la convivencia pacífica entre los colombianos, además de los acompañamientos necesarios a los procesos de paz que se adelanten”, tal como lo consigna el primer considerando de la Resolución No. 44.

De manera particular, la Comisión debe trabajar por la creación en el seno del Congreso de un clima favorable a la expedición de las leyes que sean necesarias para el logro de la paz, rodear el proceso de conversaciones de un sólido respaldo y propiciar espacios de participación de la opinión pública en la elaboración de propuestas sobre los puntos de la Agenda para ser presentados a la Mesa de Conversaciones.

En lo que a mí respecta, le agradezco al Presidente del Senado haberme nombrado como Copresidenta de la Comisión y manifiesto mi total disposición a trabajar, como lo he hecho durante muchos años, para que el proceso que ahora se inicia culmine en un pacto de paz que le ponga fin a casi medio siglo de conflicto interno y siente las bases de un país en donde haya paz con democracia y justicia social; verdad, justicia y reparación para las víctimas, respeto a nuestra soberanía nacional y posibilidades reales de vivir y trabajar en condiciones de dignidad para todas y todos los colombianos. 

 

Nuestras historias

Luz Verde al Diálogo por la Paz

 

El 4 de septiembre de 2012, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció públicamente que el diálogo exploratorio adelantado durante seis meses en la ciudad de La Habana (Cuba) entre representantes  del gobierno nacional y de las FARC-EP, culminó con la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En el Acuerdo se consigna “la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera” y de iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la Agenda, para lo cual se instalará públicamente en Oslo, Noruega, la Mesa de Conversaciones dentro de los primeros 15 días del mes de octubre de 2012, y cuya sede principal será La Habana, Cuba.

La Agenda acordada contempla seis puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, 6. Implementación, verificación y refrendación.

Cada uno de los puntos incluye diversos temas estrechamente relacionados con el origen, desarrollo y terminación del conflicto, cuya solución es la base para la construcción de la paz con democracia y justicia social.

Con posterioridad a la alocución del Presidente de la República, desde la ciudad de La Habana fue transmitida en un video la vehemente intervención del Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, en la que afirmó que “volvemos ahora a una mesa de negociación, reconocidos como iguales, como combatientes militares, reconocidos políticamente y protegidos por los que tanto nos han perseguido”. Destacó, entre otras consideraciones que a las conversaciones se llega gracias a “la permanente movilización social en Colombia”, que “la llave de la paz no reposa en el bolsillo del Presidente ni en el del Comandante de las FARC, sino en el pueblo”, y que la ampliación de la democracia es indispensable para alcanzar la paz. Llamó al pueblo a movilizarse para rodear el diálogo y terminó diciendo que “Extendemos nuestras manos abiertas, en procura de reconciliación. Otra Colombia es posible”.

El anuncio de la apertura del diálogo para la paz ha sido recibido con alborozo por la gran mayoría de la población y cuenta con el más amplio apoyo de la comunidad internacional. El Presidente Santos ha dicho que Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase, y que Venezuela y Chile estarán como acompañantes del proceso.

Como era de esperarse, también han aparecido en escena los guerreristas irreductibles, cuya única alternativa es la paz de los sepulcros. Tal es el caso de ACORE, que ha hecho público un comunicado provocador en el que plantea condiciones tan desproporcionadas para el diálogo, que supondrían la previa rendición de la guerrilla. En el mismo sentido se ha pronunciado el Ex presidente Uribe, quien ha afirmado que la negociación es “una cachetada a la democracia”.

Lo que hay en el fondo es el afán de preservar los privilegios desmedidos que una casta militarista ha acumulado en el curso del conflicto y evadir su responsabilidad en múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con la idea de que debe haber máximas condenas para los guerrilleros e impunidad para los crímenes del militarismo. En cuanto a Uribe, es evidente que su carrera política ha dependido enteramente de la guerra y por eso ve con pavor que un acuerdo de paz lo saque definitivamente del escenario político.

Una de las principales objeciones de los sectores guerrirstas es que no se le haya impuesto a la guerrilla un cese unilateral al fuego como condición para iniciar el diálogo. Al respecto, experiencias de negociaciones anteriores enseñan que la negociación en medio del conflicto está expuesta a múltiples riesgos. Por ello, les proponemos a las partes examinar la posibilidad de un cese al fuego, pero bilateral, por la razón elemental de que si sólo lo hace la guerrilla, mientras la fuerza pública continúa su ofensiva militar, el cese al fuego estará condenado al fracaso, con graves repercusiones para las conversaciones.

El diálogo para la paz que está próximo a iniciarse es el resultado de innumerables esfuerzos y sacrificios de millones de colombianos que durante largos años han luchado por la salida negociada al conflicto. Sus resultados dependen en buena medida de la decisión de las partes que concurren a la Mesa de Conversaciones, pero, fundamentalmente, de la capacidad que demuestren los sectores democráticos y progresistas y el movimiento popular para participar en el proceso, hacer propuestas sobre los puntos de la agenda y movilizarse para cerrarle el paso a los enemigos de la paz y hacer posible que las conversaciones culminen en un pacto que signifique paz con democracia y justicia social, con soberanía nacional, con verdad, justicia y reparación para las víctimas, que construya las bases de un futuro mejor para todas y todos los colombianos.

   

Bogotá, D.C., 5 de septiembre de 2012

 

Nuestras historias

Rechazamos las amenazas contra la comunidad educativa.

La Directora de Cobertura de la Secretaria de Educación de Bogotá, María Elvira Carvajal, ha venido siendo objeto de una serie de amenazas, la última de las cuales le llegó en un ramo de flores y un sufragio con un mensaje en términos insultantes. Ante esta situación, expresamos nuestro rechazo vehemente a estos hechos repudiables que atentan contra el libre desempeño de la labor educativa.

Al propio tiempo, expresamos nuestra solidaridad a la funcionaria María Elvira Carvajal y apoyamos la labor que ha venido realizando en el control riguroso a los cupos que se asignan en los 260 colegios privados que tienen convenio con el Distrito y que se han convertido en caldo de cultivo de las “mafias” dedicadas a traficar con dichos cupos.

Cabe advertir que, lejos de ser un caso aislado, en los últimos años ha venido recrudeciéndose la violencia contra los docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, por lo que solicitamos al Gobierno Nacional un pronunciamiento sobre estos hechos y la implementación de medidas prontas y eficaces para garantizar la seguridad de las personas amenazadas.

De igual manera, exigimos investigaciones serias para encontrar a los responsables de estos hechos y la adopción de medidas orientadas a fomentar la convivencia y la resolución amistosa de los conflictos, teniendo en cuenta que los numerosos hechos que con frecuencia afectan a los docentes, funcionarios y estudiantes impiden que haya condiciones óptimas para el ejercicio de sus labores.

 

 

 

 

 

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República en representación del PDA

Nuestras historias

Carta al Ministro de Vivienda de solicitud lavadoras en el kit electrodomésticos viviendas gratis

 

Bogotá, D.C,  Agosto 29 de 2012

 

 

Doctor

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro de Vivienda

E.       S.       D.

 

Asunto: Solicitud entrega máquinas lavadoras a beneficiarios(as) del programa de vivienda gratis.

 

Respetado señor Ministro:

Con mi saludo cordial, me dirijo a usted, a propósito de sus declaraciones públicas sobre el otorgamiento de un kit de electrodomésticos a los hogares beneficiarios del subsidio de vivienda gratis, para solicitarle muy especialmente que en el kit se incluyan las máquinas lavadoras, por las siguientes razones:

- La mayoría de las postulantes son mujeres cabeza de familia que deben trabajar para procurarse su sustento y el de su familia, por lo que la lavadora resulta ser un electrodoméstico de primera necesidad para ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas domésticas. Además, el lavado de la ropa es una de las actividades físicas más desgastantes, que tiene consecuencias negativas a corto y  largo plazo para la salud de las mujeres, por lo cual la dotación de este electrodoméstico permitiría mitigar los riesgos que conlleva dicha actividad.

- De acuerdo con estudios de la CEPAL[1], una de las principales barreras que encuentran las mujeres para el ingreso al mercado laboral es la demanda de cuidado y el trabajo doméstico, particularmente cuando existen hijos pequeños o personas dependientes al interior del hogar. Además, está suficientemente demostrada la existencia de una división sexual del trabajo que les otorga a las mujeres casi exclusivamente las responsabilidades del trabajo del hogar, sin que sea reconocido socialmente.

- Esta situación es aún más grave en los casos en que las mujeres son las únicas proveedoras del hogar, por ser madres cabeza de familia. Estudios del Ministerio de Trabajo indican que en Colombia hay 2,3 millones de mujeres, en esta situación,[2] que deben asumir conjuntamente las labores productivas, reproductivas, domésticas y de cuidado, es decir, la  “triple jornada laboral”, que les limita su participación en actividades sociales y el desarrollo de su proyecto su vida.

- Por consiguiente, todo lo que conlleve reducir las cargas domésticas  tiene una significación personal y social de gran importancia. En resumen, liberar a  las mujeres aunque sea de una parte del tiempo dedicado al trabajo doméstico tiene, entre otras, las siguientes ventajas:

1.    Reducir la carga que implica la “triple jornada” para que las mujeres puedan disponer de más tiempo para el descanso y  la recreación, necesarias para un buen estado de salud física y mental.

2.    Dedicar mayor tiempo al cuidado personal para mejorar su autoestima y contribuir a su crecimiento personal.

3.    Participar en actividades culturales, sociales y políticas, que son importantes para el empoderamiento, la democratización y el avance de las comunidades.

4.     Liberar tiempo para que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral o desarrollar actividades productivas en beneficio de su autonomía económica y de los ingresos de la familia, lo que también redundará en reconocimiento social y aportes a la economía nacional.

5.    Disponer de un mayor tiempo para compartir con sus hijos y su familia, lo que redundará en hogares más armoniosos y con mejores vínculos familiares.  

Espero, señor Ministro, que las razones anteriores sean tenidas en cuenta por su despacho para darle curso a mi solicitud, que no tiene otro propósito que el de favorecer de manera especial a las mujeres de menores ingresos que difícilmente pueden disponer de presupuesto para adquirir un electrodoméstico tan importante para el mejoramiento de su calidad de vida.

 

Atento saludo,

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República en representación del PDA

 



[1] CEPAL. “Capítulo 3: Trabajo, empleo y mercados laborales.” En, Panorama Social de América Latina 2011. Pág.17-22.

[2]Respuesta Derecho de Petición Ministerio de Trabajo a la Secretaría General del Senado de la República No. Radicación 50366 -Abril 10 de 2012.

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Bienvenido el diálogo para la paz

 

Los medios de comunicación han informado con gran despliegue que en el día de ayer (27 de agosto) fue firmado en la ciudad de La Habana (Cuba) una acuerdo entre representantes del gobierno colombiano y de las FARC para iniciar un proceso de diálogos formales, con el compromiso de no levantarse de la mesa hasta no suscribir un pacto de paz, y el Presidente de la República, a su turno, ha confirmado que se realizan diálogos exploratorios para buscar la paz.

Para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, particularmente para quienes hemos luchado durante largos años por la salida negociada al conflicto interno, se trata de la noticia más importante de los últimos tiempos y una de las más esperadas por nuestro país.

Simultáneamente, el Comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, ha dicho que su organización está dispuesta a iniciar un diálogo de paz sin condiciones, que podría darse en conjunto con las FARC, para ponerle fin al conflicto, lo que hace aún más promisorias las posibilidades de acabar de manera civilizada cerca de 50 años de confrontación armada.

Este hecho constituye un triunfo muy significativo para las fuerzas sociales y políticas amigas de la paz, y es una derrota de los sectores guerreristas, que no conciben alternativa distinta de la paz de los sepulcros.

Varios sondeos recientes de opinión indican que la gran mayoría de la población respalda el diálogo para la paz, y lo propio han hecho ONG’S de derechos humanos, dirigentes políticos, militares en retiro, el Presidente del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación y voceros de diversos sectores de la opinión pública, así como el Representante de Naciones Unidas y la comunidad internacional. Sin embargo, experiencias de procesos anteriores enseñan que la ultraderecha hará todo lo posible por descalificar y torpedear las negociaciones y que el proceso que está por iniciarse no será ajeno a esa realidad.

Es así como el ex presidente Uribe ha creado el llamado Frente Contra el Terrorismo, con el propósito de oponerse a cualquier negociación con la guerrilla, y ahora ha lanzado una agresiva andanada contra el diálogo con el argumento delirante de que favorece la reelección del Presidente de Venezuela Hugo Chávez. Con el cinismo que lo caracteriza, se olvida de que durante su segundo mandato él también hizo gestiones orientadas a buscar el diálogo con la guerrilla.

El movimiento popular y todos los partidarios de la paz tienen, entonces, el reto de rodear la negociación y de movilizarse para conjurar cualquier provocación o sabotaje. El gobierno, por su parte, debe adoptar medidas de protección eficaces y oportunas para las personas y organizaciones en riesgo y ofrecer las debidas garantías para la movilización popular.

En lo que respecta a la agenda del diálogo, debe tenerse en cuenta que de lo que se trata no es de firmar la rendición, sino de ocuparse de los temas relativos a las causas que le dieron origen al conflicto y lo han alimentado, para evitar que vuelva a reproducirse. Nosotros concebimos el diálogo como una oportunidad histórica para sentar las bases de un mejor país y no como un simple medio para salir de la confrontación armada. Por lo tanto, a nuestro juicio, el diálogo debe conducir a la construcción de acuerdos sobre los cambios democráticos avanzados que necesita la sociedad colombiana para lograr una paz digna que tenga como fundamentos la democracia y la justicia social, que garantice los derechos de las víctimas y que le ofrezca a la insurgencia posibilidades reales de hacer política y de reintegrarse a la vida civil en condiciones de dignidad.

Como Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, saludo la apertura del diálogo entre el gobierno y las FARC y aspiro a que incluya también al ELN; manifiesto mi plena disposición a contribuir a su desarrollo exitoso y llamo a todas y todos los colombianos amantes de la paz a defender este logro tan difícilmente alcanzado y a rodearlo del más amplio respaldo para que pueda culminar, por fin, en un pacto de paz para nuestro país.

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La censura ideológica y el divisionismo: atentados liquidacionistas contra el Polo

 

El 9 de agosto de 2012, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo decidió “excluir” a los miembros del Partido Comunista Colombiano de sus filas, acusándolos de “doble militancia” por participar simultáneamente en la Marcha Patriótica.

De Acuerdo con el Artículo 23 de los Estatutos del Polo, el Comité Ejecutivo consta de 36 miembros, y la decisión fue tomada por 16 votos contra 6, lo que indica que, aunque hubo quórum, fue una minoría del Comité Ejecutivo la que decidió. Además, decisiones como esta, deben pasar previamente por la Comisión Nacional de Ética y Garantías, que tiene la función de informar al Comité Ejecutivo “para la ejecución de la respectiva sanción”, de acuerdo con el Artículo 39 de los Estatutos, y es a la Dirección Nacional a la que le corresponde “Fallar en segunda instancia sobre las decisiones de la Comisión de Ética”, según lo establece el Artículo 22. Es claro, entonces, que ni el Comité Ejecutivo ni la Dirección Nacional pueden fallar sobre algo que no ha sido tramitado por la Comisión de Ética, y que se ha ignorado el Artículo 10 de los Estatutos que dice que se debe garantizar siempre el debido proceso, por lo cual lo decidido, además de ser ilegítimo, es abiertamente violatorio de los Estatutos.

En cuanto al argumento central invocado para la “exclusión” -figura que no aparece en los Estatutos-, que es la supuesta “doble militancia”, el Artículo 9 establece entre los deberes de los afiliados al Polo “No pertenecer simultáneamente a otro Partido o movimiento político con personería jurídica”. El requisito de la personería jurídica no fue incluido por capricho o casualidad, sino consultando las realidades políticas. En efecto, en nuestro país han existido y existen numerosas organizaciones políticas, principalmente de izquierda, sin personería jurídica, debido a la antidemocracia y a la falta de garantías impuestas por el régimen. En otros casos, como el de la Unión Patriótica, la personería se perdió debido al exterminio criminal de sus militantes por la extrema derecha.

El Polo se creó como resultado de la unidad de distintos sectores organizados, entre ellos, el PCC, el MOIR, la ANAPO, el PSDC, la UD, el FSP, el PUP y otros, todos ellos sin personería jurídica, además de personalidades democráticas y de izquierda que no tenían organización, y, en consecuencia, se estableció entre los fines del Polo “la tolerancia y el respeto por la diferencia y el pluralismo ideológico, cultural, étnico, político, de orientación sexual y religiosa”, y se estatuyeron como derechos “Conformar y hacer parte de tendencias políticas”, lo mismo que “Disentir y ejercer la sana crítica, la libre expresión de las ideas”, en el marco de losEstatutos y “sin menoscabo de la unidad orgánica del Partido”. Quiere decir que la doble militancia quedó limitada a los partidos y movimientos “con personería jurídica” y, por lo mismo, no es incompatible pertenecer al Polo y militar en el PCC o en cualquier otra organización que haga parte del Polo, y así hemos funcionado desde su creación.

La Marcha Patriótica se definió a sí misma como un movimiento social y político y no tiene carácter de partido ni personería jurídica, de manera que ni la invocación de los Estatutos ni la pretensión de apoyarse en la reaccionaria legislación electoral tienen base alguna.

De otra parte, en el Ideario de Unidad el Polo determinó apoyar e impulsar “… las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional” y propugnar “un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia”.

La Marcha Patriótica, en su Declaración Política, coincide plenamente con esta orientación, “manifiesta su compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto” y “llama a la más amplia unidad del pueblo colombiano y, en especial, a los diferentes procesos sociales y populares existentes tales como el Polo Democrático Alternativo y otros partidos y organizaciones políticas de izquierda (…) a la construcción de acuerdos programáticos que, permitan avanzar hacia la superación del modo de vida y de producción imperante en el país, a la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura”.

El Partido Comunista Colombiano, en la Declaración Política de su XXI Congreso llamó a “unir todas las voces y todas las rebeldías por la paz, la democracia y la soberanía”

Dónde están, pues, ya no la doble militancia, que, como queda demostrado, carece de sustento, sino las contradicciones antagónicas o las diferencias irreconciliables y, sobre todo, cuál es la verdadera causa de la decisión de excluir a los comunistas del Polo?

Aunque no lo han dicho, todo apunta a que en algunos dirigentes del Polo han hecho mella las calumniosas sindicaciones de la ultraderecha y el militarismo y la campaña orquestada de algunos medios de comunicación que le sirven de altoparlante al régimen de que la Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano tienen vínculos con las FARC. Fue lo que afirmó hace pocos días el Ministro de Defensa y lo que apareció en el Noticiero CM&, en donde una periodista irresponsable no tuvo ningún escrúpulo en decir que la expulsión “es el resultado de la negativa de los comunistas a poner fin a la combinación de las formas de lucha, es decir, a tener brazo político y brazo armado, es decir, partido en el Congreso y partido en la selva con las FARC”.

Con este trillado e inmoral argumento la extrema derecha ha pretendido inútilmente limpiarse la sangre de los crímenes cometidos contra los comunistas y otros sectores, como lo demuestra el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político y declaró responsable al Estado Colombiano.

Es deplorable que quienes se reclaman militantes de izquierda terminen haciendo parte de la campaña macartista y la cacería de brujas, y que validen con sus decisiones las calumnias de los sectores más retardatarios de la sociedad. Es el resultado de la inconsecuencia política y el oportunismo.

En lo que a mi corresponde como militante del Partido Comunista Colombiano y como Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, puedo decir con orgullo y satisfacción que no me sancionan por ser corrupta o por incumplir mis deberes con el Polo y con quienes me eligieron.

Mi labor ha sido la de estar con la lucha de los campesinos, de los obreros, de los indígenas, de los educadores, de los desplazados y demás víctimas del conflicto, de las mujeres y de los jóvenes. Con todos ellos he trabajado por el fortalecimiento del Polo y por la unidad de los oprimidos y explotados, siendo fiel a los Estatutos y al Ideario de Unidad. Nunca he recibido censuras de los organismos de dirección del Polo por mi trabajo.

Por qué, entonces, resulto sancionada? No encuentro sino una explicación: por ser revolucionaria, por ser comunista. Y esta es una burda violación de los principios que inspiran al Polo, una censura ideológica que no acepto, venga de la derecha o de la izquierda, una actitud propia de la derecha más atrasada y una vergüenza para una organización que se dice de izquierda. Así mismo, tengo claro que los que buscan con esta maniobra es excluirnos del próximo Congreso del Polo y eludir el debate que tanto se necesita para corregir los errores que tan seriamente lo vienen afectando.

Los problemas políticos nunca se han resuelto con medidas administrativas, mucho menos cuando con ellas se lesiona gravemente la unidad de la izquierda, se profundiza la crisis del Polo y se le convierte en un cascarón que pretende ser utilizado para satisfacer ambiciones personales o grupistas que riñen con la ética y con los intereses de la militancia y del pueblo. Comparto plenamente la decisión de mi Partido de “mantenerse en el PDA, del cual somos fundadores, dando la batalla junto a múltiples expresiones polistas, apostándole a rectificar el rumbo del Polo, para colocarlo en sintonía de las aspiraciones democráticas y populares”, e insistiendo “en la necesidad de construir un Frente Amplio de procesos y convergencias de la izquierda, los sectores democráticos, los nuevos procesos sociales y progresistas del país”.

Por lo tanto, hago mío el llamado del Partido Comunista Colombiano a todos sus militantes y demás sectores unitarios a no renunciar a sus tareas en el Polo, a rechazar las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo el 9 de agosto y a exigir su derogación; a defender la integralidad democrática y pluralista de la organización, el respeto al debido proceso y a los Estatutos, y a exigir de la Dirección Nacional, empezando por su Presidenta, las garantías indispensables para la cabal realización del III Congreso.

 

Nuestras historias

Comunicado de apoyo a movilización contra la crisis cafetera -Caldas- Agosto 2012

 

La situación que ha venido presentándose en Colombia en las dos últimas décadas ha puesto al descubierto la crisis cafetera en la totalidad del país. Sin lugar a dudas, la agudización de la crisis en los últimos años ha obedecido al manejo erróneo de las políticas por parte del actual presidente Juan Manuel Santos y  la Federación de Cafeteros que convertida en una gran burocracia depredadora ha llevado el sector a la ruina, afectando principalmente los intereses de los trabajadores y pequeños y medianos productores del café

Es lamentable que hoy en día Colombia haya sido desplazada del cuarto lugar en la producción del café, reduciendo su producción a menos de la mitad de lo que era en 1991 (16 millones de sacos). Esta caída de la producción cafetera en el último año 2012 ha registrado los niveles históricos más bajos en un contexto mundial donde la producción subió un 50%. Además, significa que en la actualidad, la industria sólo genera el 5% del total de las exportaciones de Colombia mientras que a mediados del siglo XX representó el 80% y fue el  motor de la industrialización y el desarrollo del país.[1] La magnitud de la crisis es tal  que en la actualidad, la mitad del consumo nacional se hace con café importado de Perú o Ecuador.

A esta crisis de producción, se suma la caída del precio causada por la revaluación y la caída de la cotización externa del grano  llevando el precio interno  por debajo de $780 mil la carga[2]. Esto ha significado la reducción drástica de los ingresos de cafeteros, calculado en $300 mil pesos como promedio mensual, siendo inferior incluso al monto del salario mínimo. Sumado a esto, los productores y trabajadores cafeteros han tenido que enfrentar una inversión bastante precaria de tecnología en el sector que no ha permitido responder adecuadamente a la roya, la broca e incluso los desastres que dejó la ola invernal.

Por su parte, las cifras de la cosecha de 2011 destacan que la producción cafetera a nivel nacional se concentró en los departamentos de Huila, Cauca y Nariño 28%, mientras que la zona cafetera de Caldas, Quindio y Risaralda llegó apenas al 20% únicamente.[3] Esto contrasta con la importancia que el café algún día tuvo en  la economía de la región representando  el 80% del Producto Interno Bruto de estos departamentos.

Las consecuencias si bien se traducen en pérdidas económicas para los productores son peores en el campo social. La crisis de la caficultura ha afectado el ingreso de por lo menos 600 familias en todas las cordilleras del país derivan su sustento del grano. La situación actual ha obligado a muchas de ellas a buscar otras alternativas para compensar sus ingresos. Según el DANE y DNP, los niveles de pobreza han aumentado, se calculaba en el 2011 que en Caldas el 40% de la población se encontraba en situación de pobreza, 43% en Quindío y 33% en Risaralda. [4]

Adicionalmente, el desempleo y la falta de oportunidades se han apoderado de muchos municipios de la zona cafetera. De hecho, de acuerdo con el último reporte del DANE el índice de desempleo ha aumentado en los departamentos, para tomar sólo un ejemplo, Pereira y Armenia se encuentran entre las cinco cabeceras municipales a nivel nacional, con mayor desempleo 15,8% y 14,5%  respectivamente.[5]

Otro aspecto de esta realidad, muestra que en los últimos años, los departamentos  Eje Cafetero han reportado el mayor porcentaje de personas en el exterior: 9.1%. Usando la encuesta de remesas de las áreas metropolitanas, casi el 14.5% de los hogares tiene al menos uno de sus miembros residiendo en el exterior y sólo en 6% de los casos uno ha retornado. Estas cifras sólo reflejan la grave crisis social por la que atraviesan no sólo  los departamentos del Eje Cafetero y son un ejemplo de la grave situación que amenaza a las familias  que derivan su sustento de la caficultura a nivel nacional.

Teniendo en cuenta este panorama, expreso mi solidaridad con la movilización cafetera en contra de la grave crisis por la que atraviesa el país y rechazo las políticas que han llevado al fracaso del sector a nivel nacional, entre ellas la propuesta de aumento de la contribución cafetera que es inviable en un contexto de saqueo y mal manejo de los recursos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y falta de inversión del Gobierno actual.

No es justo que hoy se ponga en jaque el bienestar y el destino de miles de familias colombianas que forjaron el desarrollo del país desde hace más de un siglo y hoy se ven abocadas a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. ¡No permitamos la ruina de la economía cafetera. Unámonos hoy para defender los intereses de los trabajadores, pequeños y medianos productores, de todos quienes han labrado su destino y el desarrollo del país a partir del café!. 

 

Cordialmente,

 

Gloria Inés Ramírez Ríos.

Senadora de la República PDA.



[1] La República. (Marzo 7 de 2012) “Los cafeteros se rebelaron frente al incremento de la contribución por exportaciones”.

[2] La Patria. “Es un mal momento para hablar de la contribución cafetera.”. Marzo 27 de 2012.

[3] La Tarde. “Esto ya no es el eje cafetereo.” Marzo 26 de 2012.

[4] Reporte del Banco de la República, Núm 152,  Enero de 2012.

[5] DANE. Boletín Mercado Laboral Junio 2012. Pág. 12. 

 

Nuestras historias

COMUNICADO PARTIDO COMUNISTA A LA OPINIÓN PÚBLICA: EL CAMINO DEL PDA ES LA UNIDAD, SIN EXCLUSIONES


Un sector del  Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo aprobó una resolución, pretendiendo excluir al Partido Comunista Colombiano de sus filas. Intenta resolver los  debates políticos hacia el III Congreso por vías burocráticas a espaldas de la base partidaria que hace 10 días, en la Conferencia Nacional Ideológica, se manifestó a favor de fortalecer la unidad del Polo y su política de alianzas y convergencia con otros sectores sociales y políticos del campo popular.

 

 

 

Es falso el argumento de la doble militancia contra el PCC, toda vez que nuestra participación en apoyo a nuevas fuerzas de la lucha social y política no vulnera los estatutos, el ideario de unidad del PDA, ni la ley. La Marcha Patriótica, a la que estigmatiza, es parte de los nuevos procesos sociales y políticos emergentes   de indígenas, campesinos, estudiantes y trabajadores cuyas plataformas coinciden en gran media con el ideario del Polo. Apoyar tales procesos que buscan la cercanía con el Polo no puede ser un delito. El sofisma de la doble militancia es el pretexto que utilizan quienes quieren adueñarse del aparato partidario, para convertirlo en una fábrica de avales e instrumento de alianzas  sin principios.

 

 

 

La decisión adoptada por este grupo además de antidemocrática y sin garantías al debido proceso, es inmoral, porque atenta contra la unidad del PDA y de la izquierda, la cual ha sido una construcción colectiva y valiosa, en un momento donde el pueblo espera de sus dirigentes la madurez y la capacidad necesaria para construir alternativas reales frente a la crisis del poder dominante.

 

 

 

El Partido y la Juventud Comunista reafirman la decisión tomada en su XXI Congreso de mantenerse en el PDA, del cual somos fundadores,  dando la batalla junto a múltiples expresiones polistas, apostándole a rectificar el rumbo del Polo, para colocarlo en sintonía de las aspiraciones democráticas y populares. Ahora más que nunca insistimos en la necesidad de construir un Frente Amplio de procesos y convergencias de la izquierda, los sectores democráticos, los nuevos procesos sociales y progresistas del país.

 

 

 

Agosto 9 de 2012.

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL

 

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 

Nuestras historias

Condenamos el atentado contra el compañero Oscar Arturo Orozco, presidente de la CUT Seccional Caldas

Como es ampliamente conocido de la opinión pública en el departamento de Caldas, el día sábado 4 de agosto hacía las 11:30 a.m. mientras se dirigía atender una reunión con los pescadores del corregimiento de Arauca, municipio de Palestina Caldas, se cometió un atentado contra el compañero Oscar Arturo Orozco, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores seccional Caldas, quien iba acompañado del secretario de la Cut-Caldas compañero Wilson Jaramillo, hecho que dejó como resultado considerables daños al carro esquema en que se movilizaban los compañeros, sin que hasta el momento, las autoridades hayan establecido la autoría del atentado.  
 
   
Este lamentable y repudiable caso no es aislado. En las últimas semanas ha venido recrudeciendo una oleada criminal, como lo demuestra los asesinatos 11 dirigentes sindicales, entre ellos el perpetuado en la persona del dirigente sindical de los corteros de caña en el Valle del Cauca, Daniel Aguirre Piedrahita; de varios líderes de tierras, las graves amenazas contra la Ex senadora liberal Piedad Córdoba, dirigenta de Colombianas y Colombianos por la Paz; contra el Representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro; contra el Alcalde Mayor de la capital del país, Gustavo Petro Urrego; contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, y contra la Ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, y señalamiento directos al movimiento político Marcha patriótica de ser un apéndice de las Farc, para citar apenas algunos ejemplos.  
 
   
 Cada vez que se producen hechos de esta naturaleza, los enemigos de la paz se aprovechan de las circunstancias para plantear como única alternativa la intensificación de la guerra y para vociferar contra cualquier posibilidad de reconciliación entre los colombianos. Cerca de 50 años de insistir en esta política fracasada no les han sido suficientes para entender que esa vía sólo conduce a la perpetuación del conflicto y que es hora de optar por la salida negociada.  
 
Reconocemos en la persona del compañero Oscar Arturo Orozco, a un dirigente serio y responsable comprometido en la defensa de los intereses de los trabajadores al igual que su capacidad de trabajo y gestión en defensa de los sectores populares de la región que han solicitado el acompañamiento de la CUT-caldas, como es el caso de los pescadores de Arauca-Palestina Caldas.
 
Este repudiable hecho demuestra, una vez más, que en Manizales, en Caldas como en  Colombia quienes se destacan en la lucha por la defensa del patrimonio público y por la solución de los problemas sociales, con frecuencia se convierten en blancos de las acciones criminales de los enemigos de la paz.
 
El atentado contra los compañeros de la CUT en Caldas, Oscar Arturo Orozco y Wilson Jaramillo conspira gravemente contra las posibilidades de paz y es un hecho que condenamos y rechazamos enfáticamente, en la misma forma en que rechazamos y condenamos la histeria belicista de quienes se empeñan en mantener a nuestro país en la tragedia de una guerra sin fin.
 
Les hacemos llegar al compañero Oscar Arturo, nuestras expresiones de solidaridad, a la vez que le solicitamos a las autoridades judiciales en el departamento de Caldas, el esclarecimiento de los hechos.
 

Nuestras historias

Senadora Gloria Inés Ramírez radica proyecto de ley para tipificar el Feminicidio como delito

 

El agresor tendrá cárcel y no domiciliaria, perdería la patria potestad, se inhabilita laboralmente por más de 20 años y deberá presentar un certificado de género y derechos humanos para desempeñar sus labores.

En memoria de Rosa Elvira Cely víctima de feminicidio cometido en la ciudad de Bogotá, la senadora Gloría Inés Ramírez (Polo Democrático) con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, y la Organización de Investigación de Justicia; radicó esta mañana el proyecto de Ley que busca tipificar en el Código Penal colombiano, el homicidio que se comente contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

La Congresista expresó que estos casos no se pueden volver a cometer, sin que se castigue el agresor como debe ser.

 
Se pretende modificar el Código Penal en los siguientes artículos:

• Tipificar el delito de feminicidio.

• El delito debe ser considerado como delito agravado, entre tanto su pena debe ser entre 30 y 50 años. Teniendo en cuenta las causales de agravación tales como: Cuando es cometido por funcionarios públicos o pertenecientes a las fuerzas armadas, cuando lo cometen grupos de personas, o menores de 18 años y a mujeres embarazadas, a personas con limitaciones físicas; se le debe dar aseguramiento con cárcel y no domiciliaria.

• Quien haga esta patria no podrá tener la patria potestad de los hijos.

• Este delito debe ser cobijado con la medida de aseguramiento sólo con cárcel.

• Que el agresor no tenga beneficio de la rebaja de la pena impuesta.

"La tipificación de este delito ya la han aplicado países como Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica entre otros países, lo tienen en su código penal, las estadísticas muestran que en el año 2010 se cometieron 125 feminicidio, un estudio muestra que este país tiene conducta feminicida; por eso es necesario la presentación de este proyecto de ley, para salvaguardar la vida y proteger a las mujeres colombianas", dijo la congresista Ramírez, quien manifestó que espera contar con el apoyo de todas las bancadas para convertir la iniciativa en Ley de la Republica, para castigar a tantos agresores que andan sueltos.

Por su parte la senadora Arleth Casado de López (partido Liberal), acompañó a la radicación del proyecto, manifestó su preocupación por el incremento de feminicidio en el país, "en hora buena se está buscando la creación de una ley que tipifique este delito en el Código Penal, para castigar a las personas que cometen estos actos lamentables y tristes contra nuestras mujeres". Dojo la parlamentaria.

 
El grupo de mujeres portaba una pancarta con el lema: "NO MÁS FEMINICIDIOS", la cual estarán exhibiendo en los muros y pasillos del Congreso hasta conseguir la aprobación de la ley, así lo manifestaron.

 

Oficina de Prensa del Senado

Nuestras historias

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS EN EL ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO “HACIA LA VICTORIA 7 DE OCTUBRE”

Compañeras y compañeros:

 

Hace 229 años nacía en la ciudad de Caracas el héroe común de Colombia y Venezuela, el libertador Simón Bolívar. Hace 200 años, nuestros dos pueblos liberaban una dura lucha para derrotar el colonialismo español y conquistar la independencia de nuestros países. Esa lucha terminó victoriosa, pero los ideales bolivarianos de construir sociedades justas y democráticas quedaron postergados, porque inmediatamente se adueñaron del poder las castas oligárquicas criollas que se dedicaron a gobernar en favor de sus propios intereses y que más tarde, con la aparición del imperialismo norteamericano, se convirtieron en dóciles sirvientes que le entregaron al imperio nuestra independencia y soberanía, tan difícilmente alcanzadas. Se cumplieron así las palabras proféticas de Bolívar: “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”.

 

Durante largos años, nuestros pueblos han librado incontables batallas por la justicia social, la democracia real y la soberanía nacional, pero ha sido en Venezuela en donde las luchas han logrado los mayores avances en los últimos tiempos.

 

El triunfo electoral que llevó a la Presidencia de la República al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le abrió paso a la Revolución Bolivariana que ha significado notables avances para el pueblo venezolano especialmente para los sectores más desfavorecidos de la población. Hoy, Venezuela figura como uno de los países con mayor equidad en la distribución de la riqueza en América Latina y, aún cuando superar los múltiples y difíciles problemas dejados como herencia por los gobiernos oligárquicos, es una tarea titánica, es incuestionable que se están sentando las bases para construir una nueva sociedad cada vez más justa y democrática.

 

El logro más significativo y trascendental de la Revolución Bolivariana es haber liberado al país de la dominación imperialista. Siguiendo el ejemplo de Cuba, Venezuela ejerce hoy plenamente su soberanía nacional y su derecho a la libre autodeterminación. Mientras países como el nuestro se someten a los dictados imperialistas, les abren de par en par las puertas a las compañías transnacionales y propician el saqueo de nuestras riquezas y la explotación de nuestros trabajadores, Venezuela es dueña auténtica de su propio destino.

 

El ejemplo de Venezuela ha trascendido sus fronteras y se ha convertido en un poderoso acicate para el avance de las fuerzas democráticas y revolucionarias en nuestro continente. La mayoría de los países de América Latina cuentan hoy con gobiernos progresistas y de izquierda que, en mayor y menor medida, se apartan de las imposiciones del imperialismo y desarrollan políticas en favor de sus pueblos.

 

Surgen y se desarrollan organismos como MERCOSUR, ALBA, UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que son expresiones de autonomía para liberar al continente del tutelaje norteamericano.  Mientras los principales centros de poder imperialistas se debaten en una profunda crisis que causa innumerables estragos económicos y sociales, América Latina busca nuevos caminos para resolver sus problemas y para afianzar su autonomía a e independencia.

 

El proceso de cambios democráticos que se desarrolla en nuestro continente ha provocado la contraofensiva de la derecha y el imperialismo, que buscan por todos los medios, legales e ilegales, impedir que puedan consolidarse y avanzar. Ya no se trata sólo del criminal bloqueo que se mantiene contra Cuba desde hace más de 50 años, sino de acciones hostiles y desestabilizadoras contra los gobiernos que no son de la aceptación de Estados Unidos.

 

La proliferación de bases militares norteamericana en nuestro hemisferio, el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe, el fallido golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez; el golpe de Estado que desalojó del poder al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales; la rebelión policial contra el Presidente Rafael Correa, en Ecuador; los planes desestabilizadores que se ejecutan contra el Presidente de Bolivia, Evo Morales, y el reciente golpe contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, son pruebas más que suficientes de que el imperialismo gringo no cesa en su empeño de mantener a toda costa la denominación y explotación de nuestros países, a los que sigue considerando como su patio trasero, y para ello cuenta con el concurso de oligarquías apátridas que no tienen ningún inconveniente en sacrificar los intereses nacionales en aras de los intereses imperialistas.

 

En Colombia, como es bien sabido, hay poderosas fuerzas ultraderechistas que además de sabotear cualquier intento de salida negociada a nuestro conflicto interno, despotrican contra la normalización de las relaciones entre nuestros dos países, atacan y calumnian permanentemente al Presidente Hugo Chávez, actúan como agentes incondicionales  del imperialismo y constituyen una amenaza para la paz de América Latina.

 

Los revolucionarios colombianos hemos vivido en carne propia los desmanes de la ultraderecha, con el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, el asesinato de más de tres mil sindicalistas y una larga lista de crímenes contra dirigentes y militantes de oposición del movimiento popular. Por eso, tenemos plena conciencia de la importancia de la solidaridad y de la necesidad de apoyar los procesos avanzados que se desarrollan en nuestro continente y en el mundo.

 

De ahí nuestra vinculación decidida al Día Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y al Comandante Hugo Chávez, justamente en la misma fecha en que se cumple el 229 aniversario del natalicio de Bolívar. Con motivo de esta efemérides, le rendimos homenaje al libertador Simón Bolívar y renovamos nuestra más firme solidaridad con la Revolución Bolivariana y su comandante Hugo Chávez, al tiempo que manifestamos nuestro compromiso con la lucha del pueblo venezolano por lograr que el 7 de octubre sea un día de victoria, que también lo será para todos los pueblos de América Latina.

 

Le deseamos al gobierno y al hermano pueblo de Venezuela los más grandes éxitos en la lucha por construir una sociedad justa en una patria libre y les reafirmamos nuestro compromiso de no cesar en nuestra lucha hasta no hacer realidad los ideales de justicia, libertad, unidad latinoamericana y soberanía nacional de nuestro común libertador.

 

 

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2012

Nuestras historias

CARTA APOYO PARO NACIONAL MADRES COMUNITARIAS

 

 

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2012

Doctor

DIEGO ANDRES MOLANO APONTE

Director General del ICBF

Carrera Avenida 68 No. 64C-75

Ciudad.-

Asunto: Exhortación a dar cumplimiento cabal a los Acuerdos suscritos con las Madres Comunitarias durante los días 7 y 8 de mayo y 8 de junio de 2012.

Respetado Señor Director:

Como es de conocimiento de su despacho, en vista de que el Gobierno Nacional no ha dado cumplimiento a los acuerdos suscritos el pasado mes de mayo con las organizaciones de Madres Comunitarias que integran la Mesa Nacional de Unidad, sobre aspectos relacionados con el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales, que de forma sistemática les han sido vulnerados durante toda la vigencia del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, bajo el supuesto de que se trata de unas trabajadoras “voluntarias”, para quienes los principios y las normas del Derecho Laboral, no les es aplicable, nuevamente en el presente año, han convocado una jornada de protesta, que de suyo, consideramos justa y legítima, para cuya realización demandamos el otorgamiento de las garantías a que haya lugar.

Si bien es cierto no compartimos el contenido y alcance de los citados acuerdos, por su precariedad y porque dejan en la penumbra el reconocimiento de claros y precisos derechos que comporta la realidad fáctica y jurídica del vinculo contractual que ellas ostentan y, que a través de un modelo de intermediación, como lo son los Contratos de Aporte que suscriben las Asociaciones de Padres Usuarios, se ha persistido en desconocer el derecho que estas trabajadoras tienen a una remuneración que alcance el “mínimo vital” y, sobre todo, ante la inminencia del proceso de transición a un nuevo sistema de atención a la Primera Infancia, como lo es la estrategia “Cero a Siempre”; se les desconoce igualmente el derecho a una pensión digna, a las que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional que demandan los nuevos lineamientos del programa, sean retiradas del servicio.

Las promesas de que este asunto de vital importancia sería considerado en forma seria y oportuna por los delegados del gobierno que intervinieron en las reuniones de entendimiento entre el ICBF y las Madres Comunitarias, al parecer no tendrán viabilidad, por cuanto según informaciones que nos llegan de todo el país, unas 50.000 Madres Comunitarias serán retiradas del servicio durante el proceso de ajuste al nuevo sistema, sin que se haya dado trámite a soluciones como la afiliación a BEPs, la realización del cálculo actuarial sobre los períodos dejados cotizar, para la definición de una probable apropiación de recursos con destino al reconocimiento de una pensión mínima o, como ya se había anunciado, el otorgamiento del auxilio para ancianos indigentes, a las que tengan bajo o ningún nivel de ahorro, según los términos contenidos en los acuerdos.

Pero ha sido motivo de especial preocupación, tener conocimiento que el ICBF suscribió en el presente año, Contratos de Aporte solo por el término de seis (6), tiempo durante el cual se presume que de forma progresiva y hasta completar el término de tres (3) años, el Programa de Atención a la Primera Infancia entra en un proceso de transición, sin consideración a la suspensión del servicio de cuidado y atención de los infantes que prestan las Madres Comunitarias, y de la vacancia tácita en que han sido colocadas estas trabajadoras, en tanto los nuevos operadores las convocan para postularse a la planta de cargos de los Centros de Desarrollo Infantil Temprano, siempre y cuando reúnan los requisitos de los nuevos perfiles ocupacionales.

En nuestra opinión, bajo estas circunstancias, se está presentando una flagrante violación de los derechos laborales y sociales de las Madres Comunitarias, que ante la expectativa de vinculación con el nuevo operador, no reciben remuneración alguna, se interrumpe la afiliación al régimen de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, por los efectos jurídicos de terminación de los Contratos de Aporte entre el ICBF y las Asociaciones de Padres Usuarios, que fueron suscritos solo para cubrir el primer semestre del presente año, sin consideración a que no existe solución de continuidad en el vínculo contractual que ostentan las Madres Comunitarias, que de conformidad con la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un “contrato realidad”, para efectos de sus derechos laborales.

Así mismo, en el marco de este proceso de ajuste institucional del programa, se está vulnerando el derecho de protección a la maternidad de las Madres Comunitarias que se encuentran en estado de embarazo, en vista de que los nuevos operadores no las contratan por su estado de gravidez, su proximidad a la época del parto y del puerperio, dejándolas desprotegidas, a ella y a su hijo, en su derecho al cubrimiento de la prestación social y económica (licencia remunerada por maternidad), lo cual resulta totalmente discriminatorio y violatorio de las normas establecidas en la Constitución Nacional, en el Estatuto Laboral y en el Convenio 183 de la OIT del año 2000.

A parte de lo anterior, las Madres Comunitarias que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional y la idoneidad académica que exige el nuevo sistema, no serán vinculadas por los nuevos operadores, de conformidad con las respuestas dadas por el Director Nacional del ICBF, Dr. Diego Molano, al cuestionario formulado por el H. Senador Alexander López, con motivo del Debate de Control Político que tuvo lugar en la Plenaria del Senado de la República el 17 de abril del presente año; en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios, solo 27.000 serán incorporadas al nuevo sistema, que son las que se necesitan para atender el 1.201.960 niños, que es la población que atienden hoy estas trabajadoras, quedando en la incertidumbre, un número aproximado de 50.000 Madres Comunitarias, para quienes no existe una propuesta de Retén Social que las proteja, especialmente en su derecho a una vejez digna.

Igualmente es pertinente precisar, que la improvisación en los ajustes al nuevo sistema, ha dado lugar a que los niños y las niñas que atendían las Madres Comunitarias en los Hogares del ICBF, no estén siendo atendidos por efectos de la terminación de los Contratos de Aporte con las Asociaciones de Padres, generando incertidumbre en los padres usuarios, que no encuentran un Centro de Desarrollo Infantil cerca de su hogar o de su trabajo para el cuidado de sus pequeños.

De otra parte, es preciso recordar que las Madres Comunitarias han cumplido en el 100% los estándares de calidad para la prestación del servicio de atención a la Primera Infancia en los Hogares del ICBF. No obstante, encontramos que a los operadores de la estrategia “Cero a Siempre”, no se les exige con el mismo rigor, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la ejecución de la nueva estrategia, que en el apresuramiento de aplicarla, se suscriben contratos para la prestación del servicio, en sitios que están lejos de garantizar las mejores condiciones de calidad, sanidad y seguridad para el cuidado y atención de los infantes.

En este punto me permito formular algunas reflexiones sobre los propósitos de la política de mejoramiento del programa, así:

1. Por cada niño atendido en los Centro de Desarrollo Infantil Temprano, como se denominan los establecimientos adecuados para tal fin, la canasta de servicios en 11 meses por niño tiene un costo de $2.640.000 ($240.000 pesos mensuales) que le son transferidos a estos nuevos operadores.

2. Por cada niño atendido en un Hogar Comunitario del ICBF, donde laboran las Madres Comunitarias, el costo anual equivale a la suma de $783.277 ($65.273 pesos mensuales) por 14 o 12 niños.

De lo anterior se puede establecer, que el gasto social invertido por el Estado en el antiguo sistema, tenía un valor equivalente a la ¼ parte de lo que hoy el Estado invierte a través de los contratos con las Asociaciones Público Privadas que fueron autorizadas por la Ley 1508 de 2012, para la prestación de servicios como el que nos ocupa, dando lugar a la privatización de una función que debe estar a cargo del Estado y que a través de esta normativa de favorecimiento de la empresa privada, se le otorga legitimidad a la mercantilización del cuidado de la primera infancia, tal como ha sucedido con el derecho a la salud, cuya crisis se ha vuelto insostenible, la educación, o con los Contratos de Concesión que favorecen los intereses de las Transnacionales.

En desarrollo del proceso de transición, que como lo ha afirmado su despacho, está previsto en el término de tres (3) años, es pertinente que se precise, cuántos niños a la fecha de implementación de la estrategia “Cero a Siempre” han sido atendidos en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios de Bienestar y, cuántos son los niños que no reciben ningún tipo de atención, en orden a establecer la forma como tiene realización el derecho a la igualdad y a la igualdad de oportunidades y de trato, así como los demás derechos fundamentales de los niños, desde la consideración de su prevalencia.

De otra parte, permítame hacer alusión a los siguientes asuntos.

En cuanto al pago del aporte pensional que deben efectuar los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional, en su condición de sujetos de especial protección constitucional y legal, como es el caso las Madres Comunitarias, a partir del 1º de agosto, no se han expedido los formatos para proceder a la cancelación de los respectivos aportes al Seguro Social o la nueva entidad aseguradora, COLPENSIONES, ocasionando una interrupción injustificada, que podría dar lugar, de alcanzar el período de cuatro meses, a una sanción consistente en el retiro del sistema, generando un nuevo vacío en la posibilidad de acceso a una pensión digna de las Madres Comunitarias.

Igualmente, resulta preocupante el anuncio por parte de funcionarios del Consorcio PROSPERAR, que ante las dificultades que presentan los ajustes institucionales, para la eficiencia del sistema en el pago de las cotizaciones al Seguro Social por concepto de aporte a pensiones, se proponga efectuar el pago en los puestos de Baloto, sin las garantías logísticas y documentales de identificación de los cotizantes, lo que en nuestra opinión coloca en alto riesgo el manejo y la administración de estos recursos pertenecientes al mínimo vital de los pensionados de Colombia.

Por todo lo anterior, de forma comedida y respetuosa, solicito a su señoría, convocar en forma urgente a los integrantes del gobierno que suscribieron los acuerdos con las Madres Comunitarias, para que de forma oportuna y eficaz, se de cumplimiento cabal a las demandas contenidas en sus pliegos de peticiones, en orden a garantizar sus derechos humanos, laborales y sociales.

Así mismo anuncio, que estaré solicitando a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, la integración de la Comisión de Seguimiento que se propuso durante el Debate de Control Político que tuvo lugar el pasado mes de abril en la Plenaria de este órgano legislativo, a fin de establecer si se ha dado trámite a las conclusiones y recomendaciones del mismo y, en especial, lo relacionado con la situación laboral de las Madres Comunitarias.

Con toda atención,

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

 

Senadora de la República por el PDA

 

 

Nuestras historias

INFORME DE BALANCE DE LA GESTIÓN PARLAMENTARIA Y EXTRAPARLAMENTARIA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2012

 

RESPONSABILIDADES 

 ·         Integrante de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado

·         Fundadora e integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República

·         Integrante de la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República

·         Coordinadora de la Comisión Accidental de Seguimiento al Acto Legislativo No. 04 de 2011, bajo cuya iniciativa se propuso una agenda de trabajo para el funcionamiento de la misma, especialmente relacionada con la aplicación de esta prerrogativa en favor de los servidores públicos en condición de provisionalidad.

 

PRESENTACIÓN: 

 

El presente informe de gestión sintetiza las actividades parlamentarias y extraparlamentarias de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, del Polo Democrático Alternativo, en el período legislativo comprendido entre el 16 de marzo y el 20 junio de 2012, aunque también contempla algunas tareas realizadas desde el mes de enero del mismo año.

 Durante este tiempo ha venido profundizándose la política neoliberal, antidemocrática y guerrerista del gobierno de Juan Manuel Santos, que cuenta con amplias mayorías para hacer aprobar sus proyectos, mientras el Polo Democrático Alternativo es la única fuerza de oposición en el Congreso de la República.

 

En los años 2010 y 2011 fueron aprobadas una serie de leyes que supuestamente iban a resolver problemas de gran importancia para el país. Sin embargo, el balance de resultados de las principales leyes es ampliamente negativo.

 La reforma a la salud resultó inútil para solucionar la problemática del sector y hoy la salud vive una profunda crisis, aquejada, además, por una escandalosa corrupción.

 La Ley de Primer Empleo y de Formalización Laboral, a pesar de lo que dice la propaganda gubernamental, no ha servido ni para disminuir la desocupación ni para formalizar el empleo.

 La Ley de Regalías afectó a más de 400 municipios y aún no se sabe si los remiendos que le introdujeron a última hora servirán para mejorar la situación.

 

La constitucionalización de la Sostenibilidad Fiscal como principio para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho y la Regla Fiscal como instrumento para garantizar la estabilidad macroeconómica, como lo habíamos advertido, están siendo utilizadas para negar el reconocimiento de derechos sociales fundamentales a la población en general y en particular, a sujetos de especial protección constitucional, como son los desplazados, las víctimas de la violencia sociopolítica y las comunidades indígenas y afrodescendientes.

 La Ley de Reparación a las Víctimas y la Restitución de Tierras, tal como lo demostró el Polo Democrático Alternativo en un debate de Control Político realizado en el Senado de la República, está resultando ser un fiasco, pero sobre todo, una forma de revictimización de las víctimas, antes que una reparación integral a los enormes daños materiales e inmateriales infringidos en el marco de la guerra.

 

En el período que acaba de culminar, lo proyectos más importantes fueron el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, la constitucionalización del Fuero Militar y la Reforma a la Justicia.

 

El primero de ellos es una reforma constitucional, aprobada en último debate por 65 votos contra 3, en la Plenaria del Senado y luego conciliada, que contiene normas de justicia transicional en dos artículos transitorios, cuyo supuesto fin es lograr un acuerdo de paz con la insurgencia, pero que apenas ofrece muy precarias posibilidades de servir a ese propósito, que como es de dominio público, ha sido blanco de una rabiosa campaña de la ultraderecha y el militarismo, encabezada por Uribe Vélez, que se oponen a cualquier posibilidad de salida política y negociada del conflicto.

 En estas circunstancias la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Senado resolvió votar afirmativamente el proyecto, no obstante su precariedad como instrumento de paz, porque es consciente de que no debe desechar ninguna posibilidad que pueda conducir al diálogo y la negociación, por pequeña que ella sea, para hacer una nueva demostración de la su compromiso con la paz y para no resultar en la vergonzosa compañía del uribismo.

 

En cuanto al “Fuero Militar, lo aprobado hasta ahora se encamina a cubrir con la impunidad numerosos crímenes de la Fuerza Pública.

 Para el efecto, se crea un Tribunal de Garantías Penales, compuesto por 6 magistrados, 3 de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro, lo que le da un marcado carácter militar que no garantiza imparcialidad, con el agravante de que tendrá la función permanente de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar”, lo que puede llevar a que al decidir a cual jurisdicción corresponde la competencia se produzcan fallos sesgados en favor de los militares y se haga nugatoria la norma que establece que los delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales y reclutamiento o uso de menores, deben ser de conocimiento de la Justicia Ordinaria.

 

Además, el proyecto crea un fondo destinado a la defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, lo que significa financiar con dineros públicos la defensa de quienes son juzgados por cometer crímenes, y establece que las condenas se cumplirán en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública, que, como ha sido denunciado, son una burla al pago efectivo de la pena de cárcel.

 

En cuanto al Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, ante la debacle institucional que generarían los vergonzantes micos que de forma fraudulenta pretendió introducir el conciliábulo de conciliadores de la Unidad Nacional, en forma desesperada y por fuera del ordenamiento constitucional y legal, el Presidente Santos logró que el pasado 28 de junio, mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias, esta se hundiera, a pesar de las lamentaciones de quienes tenían intereses protervos en su promulgación.

 Entre los aspectos más negativos que contenía esta reforma a la Constitución, están: la ampliación del período de los magistrados de 8 a 12 años y de la edad de retiro forzoso, que pasó de 60 a 70 años; la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por un Gerente y un Consejo de Gobierno Judicial en detrimento de la autonomía de la Rama; la asignación de funciones jurisdiccionales a centros de arbitraje y conciliación, a notarios y a abogados que, junto con el cobro de un arancel judicial en algunos procesos, abren el camino a la privatización de la justicia, y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el juzgamiento de altos dignatarios del Estado (Presidente, Vicepresidente, Fiscal, magistrados de las altas cortes y otros funcionarios), sin que se garantice que los nuevos organismos creados mejoren la situación de impunidad existente.

 

Los congresistas, especialmente aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia, saben ampliamente gananciosos en la reforma. Se elimina el régimen de inhabilidades y se crean instancias, mecanismos y procedimientos que harán prácticamente imposible que los congresistas pierdan sus curules; sólo podrán ser reemplazados por muerte, incapacidad física o renuncia; se crea la doble instancia en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y en los procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y se disminuyen los controles que había sobre ellos.

 La podredumbre de la “parapolítica”, la “Yidispolítica”, las “chuzadas” ilegales del DAS y demás actuaciones delictuosas que comprometen a numerosos congresistas y altos funcionarios del Estado, ahora tendrán menos posibilidades de que sean investigadas y castigadas.

 

La reforma resultó tan desastrosa y provocó tal indignación en la opinión pública que el Presidente de la República se vio forzado a devolverla al Congreso con objeciones de orden constitucional y de inconveniencia para el país, con lo cual el gobierno buscó lavarse las manos sobre la responsabilidad política que le compete por haber agenciado semejante esperpento jurídico.

 

Para el próximo período legislativo se anuncian nuevas reformas regresivas, entre ellas, la Reforma Tributaria, la Reforma Pensional y, posiblemente, otra Reforma Laboral, todas ellas dirigidas a afectar el escaso presupuesto de la mayoría de los colombianos y a recortar los derechos de los trabajadores y los pensionados.

 

Ante esta realidad, continuaremos cumpliendo nuestro compromiso de ser fieles a los intereses de los oprimidos y explotados de nuestro país y nos esforzaremos hasta el máximo para impedir que sus derechos sean atropellados.

 La experiencia adquirida en el Congreso de la República nos enseña que la labor parlamentaria puede rendir frutos solo si se articula con la acción de masas, por lo que insistimos en nuestro llamamiento a la unidad y a la movilización como el único camino seguro para conquistar la paz y lograr los cambios democráticos avanzados que necesita nuestro país.

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

 

 DESARROLLO LEGISLATIVO

 El gobierno tiene en el Congreso de la República unas mayorías aplastantes con la llamada Unidad Nacional, y la única fuerza de oposición la representan los congresistas del Polo Democrático Alternativo. De esta manera garantizan tanto la aprobación de las iniciativas apoyadas por el gobierno como la negación de los proyectos que no son de su aceptación, lo que hace prácticamente inviable que las iniciativas presentadas por el POLO puedan tener alguna posibilidad de aprobación.

 

En estas condiciones, los informes de ponencia que, de acuerdo al Reglamento del Congreso debemos rendir sobre los proyectos de ley que nos son asignados por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la que hago parte, los hacemos siempre desde un enfoque de derechos y teniendo en cuenta su incidencia en la realización efectiva de los derechos humanos y sociales fundamentales de las y los trabajadores y los sectores desprotegidos de la sociedad en cada una de nuestras propuestas de adición, modificación o sustitución de normas que puedan resultar desfavorables o nugatorias de tales derechos.

 

 

PONENCIAS RENDIDAS

 

PROYECTO DE LEY No. 164 DE 2011 SENADO, por el cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal)”, que tiene por objeto la derogatoria de la norma que les devolvió el carácter de querellables, desistibles y conciliables a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que, a instancias de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, garantizará que la violencia intrafamiliar contra las mujeres, los niños y las niñas y otras personas del núcleo familiar, no queden en la impunidad. 

 

PROYECTO DE LEY No. 08 DE 2011 – SENADO, por el cual se establecen las cunas de vida para recién nacidos”, a fin de protegerlos del posible abandono de sus padres o cuidadores, servicio público que estará a cargo de las EPS y de entidades privadas bajo la directa supervisión y vigilancia del ICBF. 

 

PROYECTO DE LEY No. 42 DE 2011 – SENADO, “por el cual se establece una protección especial a la mujer en estado de embarazo y en la etapa de lactancia, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, que le ha dado apertura al reconocimiento del “fuero por maternidad” a favor de las mujeres trabajadoras vinculadas al servicio público mediante esta modalidad de contratación deslaboralizada, con lo cual se garantiza su estabilidad laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas que ella apareja.

 

PROYECTO DE LEY No. 09 DE 2011 - SENADO, por el cual se establece la obligatoriedad de constitución de una póliza de cumplimiento para garantizar la calidad y estabilidad de la vivienda nueva”, que las aseguradoras se niegan a expedir, dada su incidencia en la responsabilidad civil extracontractual que tienen los empresarios de la construcción en la entrega, en condiciones de calidad y estabilidad de la vivienda nueva. 

 

PROYECTO DE LEY Nº 223/2012 CÁMARA - 236/2012 SENADO,“por el cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, de iniciativa del gobierno y por el cual se pretende la adjudicación de 100.000 viviendas gratis a los colombianos más pobres, establece las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, que con la confluencia del sector privado intervendrán en la implementación de proyectos de vivienda VIS y VIP con el propósito de incidir en la erradicación de la extrema pobreza.

 

En relación con este proyecto, presentamos un Pliego de Modificaciones y Adiciones a la Ponencia Principal que no fue acogido por la mayoría de ponentes, de lo cual se dejaron las respectivas constancias, destacando los siguientes puntos:

 

1.    Participación de las autoridades territoriales en los planes de vivienda, procesos de habilitación de suelo para la construcción de vivienda, planes de inversión en redes de servicios y política de distribución de vivienda rural y urbana.

2.    Tratamiento prioritario y preferente a sujetos de especial protección constitucional para el acceso a subsidios y/o planes de vivienda de interés prioritario, entre ellos, mujeres u hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, víctimas del conflicto armado (para viviendas de interés social rural).

3.    Propuesta de participación de las organizaciones populares de vivienda en la formulación de la política de vivienda de interés prioritario.

4.    Propuesta de entrega de lotes y subsidios para autoconstrucción.

5.    Incorporación del contrato arrendamiento con opción de compra como mecanismo de financiación  para la adquisición de vivienda de los sectores de escasos recursos que no tienen ahorro, capacidad de crédito ni acceso al leasing habitacional.

 

PROYECTO DE LEY No. 82 de 2011 – SENADO,por el cual se establecen los criterios para reconocer el pago de la licencia de maternidad”, mediante el cual se busca proteger el fuero por maternidad, en cuanto al reconocimiento y pago de la prestación económica, en vista de que las EPS, haciendo una interpretación acomodaticia a sus intereses económicos, niegan de forma persistente la totalidad del valor de dicha prestación económica. 

 

PROYECTO DE LEY No. 32 DE 2011 – SENADO, por medio del cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la labor de las Madres Comunitarias”, que fue aprobado en Primer Debate por votación unánime de los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. He sido autora de esta iniciativa que busca reivindicar los derechos laborales y sociales de estas trabajadoras, a quienes de forma persistente y sistemática el gobierno se ha negado a reconocerles sus plenos derechos como trabajadoras.

 

PROYECTO DE LEY No. 139 DE 2011 SENADO, por el cual se crea el Sistema Nacional de Inspecciones y se reforma el contenido y alcance de las funciones que desarrollarán los inspectores del trabajo”, tema sobre el cual efectuamos una propuesta estructural de modificación y adición a la propuesta presentada por el Senador Juan Lozano, del Partido de la “U”, en representación del gobierno, buscando garantizar una vigilancia efectiva para el acatamiento de la legislación laboral colombiana, los Convenios y Recomendaciones de la OIT, la observancia de los Principios del Derecho del Trabajo y las garantías para el ejercicio del Derecho de Libertad Sindical por parte de los empleadores, tanto públicos como privados.

 

PROYECTO DE LEY NO. 134 DE 2011SENADO.“Por medio del cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de los organismos de acción comunal, se modifican los artículos 14 y 73 de la Ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto tiene por objeto otorgar mayores facultades a las posibilidades de contratación pública que tienen las Juntas de Acción Comunal, en el desarrollo de proyectos comunitarios. La ponencia se encuentra en proceso de revisión para ajustarla a los parámetros de las leyes de contratación pública. 

 

PROYECTO DE LEY 067 DE 2010 SENADO, 217 DE 2011 CÁMARA“por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”, que está pendiente de sanción presidencial y que hace importantes aportes al Sistema de Riesgos Laborales. Como autora del Proyecto, destaca los siguientes puntos: inclusión de la función sindical dentro del accidente de trabajo, más controles para las juntas de calificación de invalidez, inclusión de un sistema de salud ocupacional y un manual de calificación de invalidez para el magisterio, a cargo del Ministerio de Educación y el Fomag, nuevos recursos para investigación para el Fondo de Riesgos Laborales.

 

PROYECTO DE LEY Nº 84/2011 SENADO:“por medio del cual aclara la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en los conflictos de la caja nacional de previsión, instituto de seguros sociales”, que busca aclarar la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de que se agilicen los procesos de los afiliados a CAJANAL y el Seguro Social.

 

PROYECTO DE LEY NO. 06 DE 2011 SENADO, “por el cual se reconocen los trabajos de Minería a Cielo Abierto dirigidos a la extracción y manejo de carbón, como actividades de alto riesgo, se deroga el Artículo 8° del Decreto Ley 2090 de 2003 y se dictan otras disposiciones”, dirigida a favorecer a todos aquellos trabajadores de Minería a Cielo Abierto que actualmente no son considerados de alto riesgo aunque existen pruebas enfáticas sobre las graves afecciones de las que son víctimas por este tipo de actividad.

 

Ponencia conjunta Proyecto de Ley No. 4 de 2011 –Senado-“por medio del cual se crea el Registro Único Nacional de Deudores Morosos de Cuotas Alimentarias y se dictan otras disposiciones”, cuyo objeto es crear una base de datos sobre los ciudadanos que se encuentren en mora con la obligación de dar alimentos, con el objeto de proteger a las madres cabeza de familia, los niños y las víctimas de la inasistencia alimentaria, considerada una modalidad de la violencia de género.

 

Ponencia Conjunta al Proyecto de Ley No. 14 de 2011- Senado, “por medio de la cual se modifica la Ley 1251 de 2008 y la Ley 1315 de 2009, se reglamenta la habilitación para la prestación del servicio de los centros o instituciones de promoción y/o protección social para la persona mayor y se dictan otras disposiciones.”. El objeto de esta iniciativa es establecer las condiciones mínimas para la habilitación y funcionamiento de los centros o instituciones que prestan servicios de atención integral a la persona mayor por fuera del sistema de seguridad social. Incorporamos proposiciones que garantizan la inclusión de los adultos mayores en Sistema de Seguridad Social en Salud, el respeto a sus derechos adquiridos y un trato diferenciado para la instituciones de carácter privado que prestan estos servicios, en relación con las tarifas de servicios públicos, entre otros aspectos.

 Ponencia conjunta Proyecto de Ley No. 27 de 2011- Senado, “por medio del cual se establecen políticas para prevenir el consumo y dependencia de las bebidas alcohólicas por parte de los menores de edad y se previenen las consecuencias relacionadas con el consumo de alcohol por parte de la población en general en los menores de edad, se establecen normas sobre el expendio, suministro, consumo, publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y se dictan otras disposiciones.” Se incorporaron proposiciones encaminadas a la protección especial de los menores de edad, aspectos de educación, campañas de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y responsabilidades del Estado al respecto.

 

En mi condición de ponente, participe en la formación de la Ley 1496 de 2011, "por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones" que tendrá un gran impacto en la aplicación del principio de “Equidad de Género” en las relaciones del trabajo, en miras a la erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

 

 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

 

Durante el primer semestre de 2012, la citación a debates de control político se concentró en la Comisión Séptima de Senado, siendo los más importantes:

 

1.    A la Ministra de Salud, por el cierre indiscriminado de unidades pediátricas en todo el país.

2.    A la Ministra de Salud, por la situación de salud en el Departamento de San Andrés y Providencia, al que asistió un delegado de la Contraloría General de la República.

3.    A la Ministra de Salud, al Director de la CRES y al Superintendente de Salud, por la actual situación de las IPS y las investigaciones que se llevan a cabo contra 14 EPS por malos manejos de los recursos de la Salud

4.    A la Fiduprevisora, con invitaciones a la Contraloría y la Procuraduría, por los graves casos de corrupción en algunas regiones del país en donde a través de fallos judiciales ilegales se busca desfinanciar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así mismo, se exigió al Gobierno Nacional que se giren los recursos adeudados al Fondo, que son cerca de 48 billones de pesos.

5.    A la Presidenta del Seguro Social, al Ministro de Trabajo y al Ministerio de Hacienda, por la situación de Colpensiones. Se aprovechó la oportunidad para denunciar la estrategia de privatización del sistema público de pensiones que ha iniciado el Gobierno y que tiene como fin terminar con el sistema de prima media con prestación definida.

6.    Al Presidente de CAPRECOM, por la compra de medicamentos vencidos y por la crítica situación que hay en la prestación de los servicios de salud a su cargo.

7.    Participación en el debate contra el Proyecto de Ley que pretende utilizar las cesantías de los trabajadores y recortar el subsidio familiar que administran las cajas de compensación, que son derechos conquistados por los trabajadores, para una supuesta “protección al cesante”.

8.    Se realizaron debates de control político a los informes trimestrales de la CNSC y se propuso un debate de control político sobre la situación laboral de los trabajadores del SENA, que quedó pendiente de su realización en el próximo período legislativo.

9.    Se propuso la realización de un Debate de Control Político sobre el tema: “Mujer: Objetivos del Milenio, Pobreza y Desigualdad en Colombia”, que no pudo realizarse porque la Mesa Directiva del Senado no lo programó, pero que, dada su importancia, se buscará adelantarlo en el próximo período.

 

 

 

DEBATES PREVISTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

 

1.    Debate de control político sobre el “matoneo”, en particular sobre la situación de violencia en los colegios públicos y privados.  

2.    Seguimiento a la restitución de tierras.

3.    Seguimiento al conflicto medio-ambiental y social que provocaría la construcción de la hidroeléctrica de Sumapaz.

4.    Seguimiento a la situación de crisis de los caficultores.

5.    Debate de control político sobre la protección al desempleado.

6.    Seguimiento a las leyes de suelo urbanizable y vivienda gratis.

7.    Seguimiento a la Ley de Marco Jurídico para la Paz.

 

 

ACTIVIDAD EXTRAPARLAMENTARIAS

 

 

RESPONSABILIDADES:

 

  • Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PCC
  • Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PDA
  • Integrante del Consejo Patriótico Nacional

 

 

ACTIVIDADES NACIONALES

 

A pesar de las limitaciones que impone la actividad legislativa, se ha desarrollado una amplia agenda extraparlamentaria, visitando distintas regiones del país y asistiendo a numerosas reuniones en las que, además de tratar los temas previstos para ellas, se entregan informes sobre la labor parlamentaria y se recogen críticas, iniciativas y propuestas de diversos sectores.

 

Desde luego, es de lamentar que no todas las invitaciones puedan ser atendidas, porque el tiempo es insuficiente para ellos:

 

19 al 21 de enero

Reuniones con dirigentes sindicales y educadores en la ciudad de Pasto (Nariño),

 

24 al 26 de enero

Reunión con líderes sociales, educadores y activistas políticos del POLO en la ciudad de Quibdó (Chocó).

 

27, 28 y 29 de enero

Realización del III Encuentro Parlamentario de Dirigentes del PCC, en el que participaron los candidatos electos a corporaciones públicas y a varias Alcaldías en representación del POLO, que se constituye en una experiencia muy importante para la proyección de los Planes Locales de Desarrollo.

 

19 al 22 de febrero

Recorrido por los municipios de Florencia, La Montañita y San Vicente del Cagüán en el Departamento del Caquetá, en donde sostuvo reuniones con líderes sociales de la comunidad, educadores y defensores de derechos humanos. .

 

2 de marzo

 

·          Participación como conferencista en la jornada académica organizada por la Universidad Tecnológica de Pereira en la que abordó el tema “Ley de Protección Laboral en Colombia”.

 

·          Acompañamiento del Activo Nacional de Maestros Unitarios realizado en la ciudad de Bogotá.

 

3 de marzo

 

Organización y Participación en el Foro Regional de Información y Sensibilización sobre el contenido y alcance de los Decretos Reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, convocado por la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer del Congreso de la República realizado en la ciudad de Pereira.

 

15 de marzo

Acompañamiento en los diferentes actos protocolarios realizados por el gobierno colombiano durante la visita oficial del Presidente de Bolivia, Evo Morales al país.

 

21, 22 y 23 de marzo

Participación en el proceso de construcción del Movimiento Social y Político “Marcha Patriótica” cuyo lanzamiento tuvo lugar en la ciudad de Bogotá y que constituyó un evento de gran impacto nacional e internacional que ha desatado una campaña macartista del gobierno y la extrema derecha, no obstante lo cual, la Marcha Patriótica, concebida como un movimiento político y social, además de ser una iniciativa de unidad y de lucha, ha despertado grandes expectativas en amplios sectores del país.

 

El respaldo y compromiso con la Marcha Patriótica no se opone a nuestra permanencia en el Polo Democrático Alternativo ni a nuestro trabajo por reconstruirlo y fortalecerlo, como tampoco es incompatible con el apoyo a otros procesos unitarios y de lucha. Por lo que propugnamos es por la unidad de todas las fuerzas avanzadas para enfrentar las políticas del régimen, abrirle espacio a la paz y a los cambios democráticos avanzados y construir conjuntamente la alternativa política que necesita el pueblo colombiano para hacer realidad sus aspiraciones de justicia social, democracia real, vida digna y soberanía nacional.

 

30, 31 de marzo y 1° de abril

Participación en el Pleno de Comité Central del PCC.

 30 de abril

Participación en la sesión conjunta de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, realizada en San Andrés (Islas), sobre la situación del sector salud.

 

GESTIÓN HUMANITARIA, DE SOLIDARIDAD Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

·         En su condición de Defensora de DDHH ha acompañado a las víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los derechos humanos en la región de los Llanos Orientales, el Suroccidente colombiano, el Urabá antioqueño, especialmente en los procesos de exhumación, identificación y ubicación de fosas comunes (Cementerio de Granada y Vista Hermosa (Meta). Igualmente, se ha destacado por su acompañamiento a la gestión humanitaria que se adelanta con el CPDH y la Comisión de DDHH del Partido Comunista, a las personas privadas de su libertad por razones políticas.

 

·         Acompañamiento a las víctimas de amenazas contra la vida, la integridad y la seguridad personales, que a diario profieren en el país las bandas paramilitares contra defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas y líderes populares, a través de la coadyuvancia de las denuncias públicas, llamados de urgencia y alertas tempranas que se surten ante las autoridades.

 

·         Acompañamiento al proceso de construcción de La Corte de Mujeres Colombianas Contra el Olvido y por a Re-Existencia, que prepara para finales del presente año, la realización de una PRECORTE para abordar los temas relacionados con la búsqueda de solución política al conflicto social y armado que vive el país, el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres, conculcados por los efectos de la guerra, el desplazamiento y el despojo y la defensa de la tierra, el territorio y la soberanía nacional.

 

·         Acompañamiento al proceso de organización y aplicación de una metodología de participación y acompañamiento psicosocial de las víctimas del conflicto armado en el Encuentro “Por el Derecho a la Vida, la Tierra, el Territorio, el Medio Ambiente y la Paz”, realizado en Playa Rica, La Ye, municipio de La Macarena, (Meta), el 14 abril de 2012. 

 

·         Acompañamiento y participación en el Foro “Colombia Entre Rejas: en Búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz” que tuvo lugar durante los días 26 y 27 de febrero del presente año y en el cual se constituyó una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas y de la Situación de las y los Prisioneros Políticos en Colombia.

 

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

 

·         Acompañamiento permanente a las comunidades campesinas e indígenas de la Región Cafetera, de los Llanos Orientales, del Putumayo y del Suroccidente colombiano.

 

·         Coadyuvancia a la solicitud de nulidad procesal contra la Acción Electoral que pretende anular la elección  del Alcalde del municipio de Riosucio (Caldas), compañero ABEL DAVID JARAMILLO LARGO, en representación del Partido Polo Democrático para el período constitucional 2012 - 2015.

 

 

ACTIVISMO EN LA LUCHA POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

 

Participación en el Foro Regional del Eje Cafetero, realizado el 3 de marzo, sobre la implementación de los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tuvo lugar en la ciudad de Pereira, a instancias de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de Colombia y por invitación de la Gobernación de Risaralda.

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES

 

Gestiones tendientes a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en conflictos como los de REFICAR en Cartagena, de los educadores del Chocó y el Putumayo, los trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión, el SENA, la Aeronáutica Civil, las Madres Comunitarias, entre otros.

 

 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

 

El trabajo internacional es un frente muy importante, no solo del Congreso de la República, sino del Polo Democrático Alternativo y de nuestro Partido. En este sentido, hemos cumplido tareas del Partido y del Polo en el Foro de Sao Paulo y en otros organismos internacionales, contribuimos a afianzar relaciones con partidos y movimientos afines al nuestro y aprovechamos la asistencia a los eventos para denunciar la situación del país y promover la solidaridad.

 

·       Participación en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, en la reunión bilateral del mismo foro y en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina COPPPAL.

 

·       Participación en el XVI Seminario Internacional organizado por el PT de México que tuvo lugar durante los días 22 a 24 de marzo de 2012, con representantes de partidos y movimientos políticos de América Latina y El Caribe, integrantes de la COPPPAL y del FSP.

 

·       Asistencia a la sesión ordinaria de la Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe que tuvo lugar en la ciudad de La Paz (Bolivia), durante los días 24 y 25 de mayo de 2012, en la que se abordaron temas como la educación del sector rural, la educación en América Latina y la participación activa de la CTEUB en estos escenarios en su condición de afiliada a la Internacional de la Educación.

 

Invitada especial a la reunión de trabajo regional “La salud materna en América Latina y El Caribe: la agenda inconclusa”, convocada por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna “Women Deliver”, que tuvo lugar en Ciudad de México durante los días 5 y 6 de junio del año en curso.

 

Nuestras historias

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS AUDIENCIA PÚBLICA RESTITUCIÓN DE TIERRAS: DISYUNTIVAS ENTRE LA NORMA Y LA REALIDAD

 

Salón Boyacá – Capitolio Nacional

Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2012

 En primer lugar quiero presentar mi saludo de reconocimiento y solidaridad a las organizaciones que integran la “Campaña Nacional e Internacional: Tierra, Vida y Dignidad” que han convocado esta jornada de reflexión, denuncia y fortalecimiento del Movimiento de Personas en situación de Desplazamiento Forzado en Colombia.

 

En tercer lugar quiero referirme a una de las causas estructurantes del conflicto social y armado que padece el país por más de 5 décadas, que como ha sido analizado suficientemente por académicos e investigadores, se ha centrado especialmente en la propiedad de la tierra, cuya tenencia y posesión ha sido disputada por diferentes actores desde los orígenes de la nacionalidad.

 

Aunque las estimaciones varían, la magnitud de la crisis de la tierra en Colombia, es claramente enorme. En 2011 por ejemplo, CODHES estableció que entre los años 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas; en tanto que Acción Social, como organismo gubernamental la estima en 6.8 millones de hectáreas, mientras el MOVICE sitúa esta cifra en aproximadamente 10 millones de hectáreas, de donde se puede concluir que la cantidad de tierra despojada, se constituye en un factor evidente de la profundidad de la crisis humanitaria que ha dado lugar a la existencia de 4.5 millones de desplazados internos, que hacen de Colombia el país con mayor número de personas desplazadas del mundo, después de Sudán, Irak y Afganistán.

 

Igualmente no debemos perder de vista, que con anterioridad a la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, razón por la cual en Colombia se levantó con mucha fuerza, la urgente necesidad de realizar una Reforma Agraria, que en los años 60 es reivindicada por el Movimiento Agrario que dio lugar al surgimiento de la insurgencia, ante los efectos devastadores de la violencia promovida por los terratenientes en los años 50, que hoy recupera su validez y vigencia, frente a la contrarreforma de facto que se ha impuesto al agro colombiano.

 

Como ha sido reportado por Francis Deng[1], el desplazamiento no sucedió únicamente por razones de orden público, sino que también fue utilizado como herramienta para la “adquisición de tierras” con la finalidad de realizar megaproyectos de extracción de minerales, de agroindustria a gran escala y de infraestructura, especialmente en determinadas regiones del país, como la región Pacífica, donde el gobierno norteamericano tenía proyectado el Plan “Puebla Panamá” y la propuesta de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)[2]