Presentamos demanda contra código de Policía

El próximo jueves 8 de septiembre se radicará ante la Corte Constitucional una demanda contra el recién sancionado código de policía, a partir de las 9 de la mañana.

La demanda será presentada por los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Alexander López y Víctor Correa, así como por la Representante a la cámara del Partido Verde, Ángela María Robledo y organizaciones de derechos humanos como Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La demanda formula cargos por vicios de fondo contra varias disposiciones de la Ley 1801 de 2016 y se divide en dos partes. En la primera se demandan algunas disposiciones referidas a la protesta social, ya que violan de forma directa los artículos 29 (principio de legalidad) y 37 (derecho a la manifestación pública y pacífica) de la Constitución, así como el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En la segunda parte se demandan varias normas que otorgan facultades a la Policía para trasladar o conducir a los ciudadanos afectando la libertad personal reconocida por la Constitución de 1991.

Los demandantes esperan que sean acogidas sus pretensiones en virtud de los tiempos que paz que se acercan.

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Aplazan debate de control político sobre violencia contra periodistas por ausencia de Ministro de Defensa

Ante la ausencia – con excusa – del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y por considerar de vital importancia su presencia en el debate de control político sobre violencia contra periodistas y su deber de garante del Estado, el Representante Alirio Uribe Muñoz y el presidente de la Comisión segunda, José Luís Pérez Oyuela, decidieron aplazar el debate citado para hoy.

Uribe Muñoz agradeció la presencia del Director de Seguridad Ciudadana Jorge Enrique Rodríguez Peralta, del Teniente Coronel Gabriel Bonilla, director del ESMAD, delegado de Defensoría del Pueblo, Javier Orlando Tamayo Perdomo, entre otras autoridades por su asistencia al programado debate y solicito a la Comisión Segunda se programe el debate en una fecha cercana a la que también se invite al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y sea transmitida en vivo por el canal del Congreso.

Es de destacar que luego de una hora de citado el debate, de los 19 Representantes a la Cámara, sólo hizo presencia Uribe Muñoz y el presidente de la Comisión José Luís Pérez.

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Bancada del Polo no votará por ningún candidato a la defensoría del pueblo por no cumplir con los requisitos previstos en la ley

Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz anunciaron en Plenaria de la Corporación que no votarán por ningún candidato a la Defensoría del Pueblo, por considerar que la terna presentada no cumple con los requisitos previstos según la ley 24 de 1992.

Así lo informó el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, vocero del partido, quien manifestó que la terna está mal constituida y que por tanto, la elección es ilegítima e ilegal y no puede realizarse, “Es una terna amañada que no corresponde a la meritocracia que debe operar en la función pública y al compromiso real con los derechos humanos que requiere este cargo” afirmó.

A juicio de los Congresistas, al analizar la hoja de vida del candidato Carlos Negret – según informan los medios, el más opcionado -, se observa que si bien afirma tener 8 años en el servicio público, esta experiencia no es la requerida para el cargo, por cuanto la ley exige como requisito experiencia en la rama judicial o ministerio público, y frente a esto sólo tiene 12 meses que estuvo en la Contraloría, “El resto de sus empleos públicos corresponden a la rama ejecutiva y por lo tanto no sirven para acreditar el requisito exigido por la Constitución para ocupar el cargo”, manifestaron.

Así mismo indicaron que al analizar la hoja de vida, no es claro que el requisito de experiencia se estuviera cumpliendo con el ejercicio de la profesión, esto al indicar que la experiencia que acredita es de 6 años como gerente de la empresa Negrete Velasco SAS., es decir que el hecho de ser gerente de una empresa privada, no es necesariamente equiparable a ser abogado litigante, “Pero además, no presenta las certificaciones expedidas por los despachos judiciales en las que consten de manera expresa los asuntos o procesos atendidos y las fechas exactas de inicio y terminación de la gestión del abogado, tal como se prescribe que debe hacer en los concursos públicos, para considerarla legalmente aceptable”. advirtió Uribe Muñoz.

Para la bancada del Polo Democrático Alternativo, Negret no es una persona con la formación y experiencia en derechos humanos que este cargo exige, si quiere hacerse una elección de manera seria y concienzuda y no entregarlo a los intereses de la politiquería, afirmaron.

En cuanto a la candidata Catherine Heyck, los Representantes afirmaron que si bien tiene experiencia en el sector público no completa el tiempo requerido en la Rama Judicial en la cual no tiene ninguna experiencia, como tampoco en el Ministerio Público.

En relación con el candidato Andrés Santamaría, los congresistas destacaron que a pesar de ser el único de los candidatos con experiencia en el Ministerio Publico y en particular en la entidad a la que hoy aspira dirigir, solo tiene 4 años de experiencia en dicho ámbito.

Finalmente manifestaron su descontento ya que se había exigido realizar un proceso amplio y participativo en el que la ciudadanía pudiera opinar sobre los candidatos, garantías que no se respetaron y le exigieron al presidente Santos la presentación de una nueva terna, ya que según ellos “no legitimaremos una elección por fuera de la legalidad”

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682 víctimas de agresiones por el ESMAD en lo que va corrido del año

Representante Alirio Uribe Muñoz denunció que de enero a julio del presente año, se han reportado 682 víctimas de agresiones en todo el país, en las que se encuentran comprometidos presuntamente miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, según información recopilada por organizaciones sociales.

“Lo más preocupante es que en este periodo se han reportado 6 casos en las que han perdido la vida 7 personas y se han registrado 69 casos en los que se presentaron abusos de la Fuerza pública” informó el congresista

A juicio del Representante, el ESMAD y la Policía Nacional deben explicar al país porque razón utilizan de manera arbitraria el uso de la fuerza que se traduce en muertes y heridos.

El congresista igualmente manifestó que según respuestas de los organismos de control la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad, “Frente a los 336 heridos y 7 personas muertas este año, la procuraduría no reporta investigaciones y la Fiscalía sólo reporta investigaciones en 3 casos” comentó Uribe Muñoz.

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Representante Alirio Uribe Muñoz respalda proyecto de ley que reduce el sueldo de los congresistas

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz manifestó que acompañará el proyecto de Acto Legislativo que pretende modificar el artículo 187 de la Constitución Política que establecería un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al salario de los congresistas, cuyo reajuste anual para dicha asignación correspondería al porcentaje equivalente a la tasa de inflación del año inmediatamente anterior.

El proyecto de iniciativa legislativa de las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, reduciría de 40 a 25 salarios mínimos vigentes el sueldo actual de los legisladores, reduciendo así la brecha entre el ingreso de los mismos y el promedio de los ciudadanos y ubicando la asignación salarial en un monto más acorde con el promedio de los Ministros en Colombia y los congresistas de los países de América Latina.

La radicación del proyecto fue acompañada por las firmas de más de 130 mil personas, lo que evidencia reiteradamente la necesidad, en beneficio de la equidad de revisar y modificar los montos de dichos salarios.

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Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz anuncia su trabajo intenso por la paz en la próxima legislatura

El Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe Muñoz,  anunció en el marco de la instalación de la legislatura que se inicia que su trabajo estará centrado en coadyuvar todo el trabajo por la paz que se avecina luego de la aprobación por parte de la Corte Constitucional del plebiscito, especialmente en lo que tiene que ver con el acto legislativo para la paz que contribuirá a la implementación de los acuerdos.

 “Necesitamos  que los acuerdos se reglamenten de una manera acorde, bilateral,  que realmente permitan que se garanticen los acuerdos de paz, porque sin esta reglamentación adecuada, difícilmente se van a poder materializar”, afirmó el Congresista.

Igualmente el Representante informó que tiene planeado realizar varios debates de control político, entre los que se cuentan el que se desarrollará en la plenaria de la Corporación, que será convocado junto a otras bancadas del Congreso sobre los impactos nacionales de la política distrital, al cual se citará al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el que realizará en la Comisión segunda de la Cámara sobre el papel de las fuerzas militares en el posconflicto.

“Vamos a demandar el Plan Distrital de desarrollo, a demostrar realmente cuáles son los negocios que están detrás de ese Plan de Desarrollo y cómo el alcalde Peñalosa indudablemente pretende favorecer a sectores económicos en detrimento de los intereses de la ciudad. Todo esto sin descuidar el tema de los vendedores ambulantes, de la privatización de la ETB y la no venta de la Transportadora de Gas Internacional – TGI – que es una de las empresas más importantes para Bogotá” agregó.

De otro lado, Uribe Muñoz manifestó que una de sus primeras acciones será realizar un debate en la Comisión Accidental de Seguimiento a la Fuerza Pública en relación con los últimos acontecimientos del ESMAD en el paro camionero en los que resultó muerta una persona, así como el sucedido en el municipio de Chiriguana – Cesar, entre otros, con los cuales pretende demostrar la importancia de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios para una real construcción de paz.

El Representante a la Cámara, quien integra una de las comisiones que en la actualidad está trabajando la reforma política que se adelanta junto a otras bancadas y movimientos sociales y políticos, anunció que el próximo jueves presentará una acción jurídica en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que se cumpla con la Ley 1475 de 2011 que establece la obligación a cargo del gobierno nacional de implementar el voto electrónico en Colombia.

Finalmente, Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que lo acompañen en este gran esfuerzo que se realiza desde el Congreso de la República para que en esta legislatura de la paz, “Se asegure a través de instrumentos jurídicos la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera”

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Que el gobierno dialogue con seriedad con los camioneros y les atienda sus justos reclamos: Polo Democrático Alternativo

Más de 150 mil transportadores de carga agremiados en la ACC, ANT, CCT, ATC e independientes, junto con los conductores, completan treinta y siete días de protesta sin que se tramiten debidamente sus peticiones, consistentes en pedirle al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla los acuerdos pactados con ellos en marzo de 2015 (http://bit.ly/29PtNdg).

Solicitan los camioneros que el sistema de remuneración de los fletes se revise para que puedan pagarse los altos costos de prestar el servicio y dejar una utilidad razonable, costos que son determinados por las malas decisiones oficiales, entre ellas el exagerado precio de los combustibles y el monto y número de los muy costosos peajes de las carreteras colombianas, especialmente de las concesionadas.

Los transportadores además señalan que desmontar el actual sistema de reposición de los vehículos, en el que para poder ingresar uno nuevo debe chatarrizarse otro, por uno de libre ingreso, medida presionada desde 2014 por el gobierno de los Estados Unidos, generaría una situación de caos y quiebra entre los miles de propietarios colombianos de camiones e impondría que el transporte de carga se lo tomaran los monopolios y las trasnacionales.

El problema no se resuelve militarizando las carreteras y reprimiendo con el ESMAD a quienes defienden su derecho al trabajo, represión que ya costó la muerte de un ciudadano. El gobierno nacional tiene el deber de atender y tramitar las soluciones que necesita un sector como este, de importancia estratégica para la vida nacional.

 

Jorge Enrique Robledo                                                         Alirio Uribe Muñoz

Vocero en el Senado                                                              Vocero en la Cámara de Representantes

 

Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 13 de julio de 2016

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Conozca cuáles son algunas de las normas del código de policía que serán demandadas ante Corte Constitucional

El Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe Muñoz anunció hoy que ya está preparando la demanda ante Corte Constitucional de algunos artículos del código de policía recientemente aprobado que violan las libertades fundamentales de los ciudadanos.

“Dentro de esas normas que demandaremos se encuentran aquellas que desconocen el derecho a la libertad, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad”  manifestó el Congresista.

Según explicó, entre estas está la medida denominada “traslado por protección” que no es otra cosa que una detención administrativa temporal para quienes se encuentren en la calle en estados de alteración de conciencia por consumo de alcohol o drogas, lo cual deja a la valoración subjetiva de la policía estas situaciones y viola el derecho a la libertad cuyas restricciones deben ser excepcionales y por orden judicial.

Igualmente informó que se demandaran normas que desconocen el derecho de reunión y protesta pacífica, “Esto atenta contra el derecho de reunión y el legítimo ejercicio de la protesta social. La jurisprudencia ha dicho que no puede considerarse riesgoso per se y la definición de las posibilidades de intervención para disolver son muy amplias. Además se sigue exigiendo un aviso para toda manifestación cuando este solo se justifica para las que van a ocupar vías no para todas las que son espontáneas” manifestó.

Así mismo se demandarán normas que desconocen la inviolabilidad del domicilio y derecho a la intimidad, “El Código autoriza el allanamiento de domicilio con orden escrita hecha por la policía cuando eso por regla general debe hacerse solo con orden judicial. La inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad quedan en vilo. Las causales son muy amplias para que la policía se le meta a la casa a la gente sin orden judicial”. Indicó.

Finalmente declaró que se demandarán normas que atentan contra el derecho al  mínimo vital y especial protección de vendedores informales y al derecho a la libertad de expresión en manifestaciones artísticas corporales y gráficas, por cuanto “Si hubiera oportunidades económicas y de empleo para la gente otra sería la situación, pero en este país muchas familias viven de la economía informal y la corte ha dicho que se les deben proteger su derecho al mínimo vital”

El Representante además concluyó que la demanda será presentada junto con otros congresistas que hacen parte del partido Verde y quizá organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, entre otras.

Para terminar hizo un llamado para que todas aquellas personas que quieran participar del proceso se unan a la demanda.

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Intenso trabajo legislativo del congresista Alirio Uribe Muñoz en período que termina

Un total de 21 audiencias públicas, 6 debates de control político, 13 proyectos de ley presentados como autor y/o coautor y 4 ponencias sustentadas, es el resultado del trabajo legislativo realizado en el Congreso de la República por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, durante su segunda legislatura correspondiente al 20 de julio del 2015 al 20 de junio de 2016.

Su trabajo se destacó por el irrestricto respaldo al proceso de paz que se adelanta en la Habana – Cuba – con las FARC EP, y el que está por empezar con el ELN, el apoyo a las luchas sociales desde el Congreso, las reivindicaciones de los derechos de las víctimas del conflicto y la defensa de lo público a nivel nacional con énfasis en la capital de la República.

Respaldo al proceso de paz

En concordancia con estos puntos, en especial en lo que tiene que ver con el post acuerdo, Uribe Muñoz presentó sus reparos a tres proyectos de ley que aun así siguieron su curso legislativo y pretenden en su implementación  perpetuar la guerra en el país.

El primero de ellos, sobre el cual el Congresista presentó ponencia negativa y que  pretende regular el reclutamiento y prestación del servicio militar obligatorio, hizo tránsito a segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, aunque actúa en contravía de la promesa de campaña realizada por el presidente Juan Manuel Santos de eliminar éste servicio.

Este proyecto que además aumenta la prestación del servicio militar de 12 a 18 meses fue “vendido” a la opinión pública, haciendo creer que concede beneficios a los jóvenes que presten el servicio militar, como por ejemplo, línea especial de crédito para reservistas para el ICETEX, pago de seguridad social, descuento del 20% en la matrícula para estudios profesionales, técnico y tecnológico, vinculación directa al Sena. Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda[1] ha indicado que no tiene el presupuesto necesario para la implementación de estos beneficios, engañando así a la ciudadanía, manteniendo la lógica militarista y desconociendo la posibilidad de tener una sociedad en paz.

El segundo de ellos – que se espera sea archivado por falta de trámite – es aquel que concede facultades a las fuerzas militares para combatir a las bandas criminales. Frente a este proyecto, el Representante a la Cámara Alirio Uribe ha sido enfático en manifestar, no sólo, que el proyecto no es necesario por cuanto ya se cuenta con  el marco legal y normativo para que garantice la seguridad de los colombianos, sino porque al otorgarle facultades a la fuerza pública para atacar las Bacrim, se mantendrían bombardeos y acciones militares que pueden afectar la población civil, perpetuando el conflicto. En ese sentido y acogiendo el argumento de Uribe Muñoz, el propio Ministerio de Defensa expidió la directiva permanente 0015 de 2016 en las que faculta a las fuerzas militares para combatir las bandas criminales.

El tercer proyecto – aprobado en menos de dos días – es el Código de Policía, que llegó a discusión a la Plenaria de la Cámara de Representantes en la última semana de la legislatura y con muy poco tiempo de debate fue aprobado como nueva ley de la república. A juicio del Congresista, este Código resulta lesivo para varios derechos y libertades fundamentales y  no aborda como premisa base,  cuál debería ser el papel de la Policía Nacional en un escenario como el que se acerca de posconflicto en el país, entre otras consideraciones.

De otro lado, el Representante presentó ponencia positiva en la comisión II de la cámara del que se pretendía fuera el nuevo estatuto que regulaba  la vigilancia y seguridad privada, que infortunadamente fue hundido por los partidos tradicionales, a pesar de la insistencia del congresista. El proyecto que planteaba la prohibición de la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada contenía una serie de previsiones para el reconocimiento de derechos laborales de los de los guardas o vigilantes que laboran en las empresas y cooperativas de vigilancia.

Demandas de inconstitucionalidad

Uribe Muñoz, junto con otros parlamentarios de la bancada del Polo Democrático Alternativo y de otras bancadas afines, acompañado de organizaciones sociales, interpuso durante este período legislativo 4 demandas de inconstitucionalidad contra  leyes que habiendo siendo aprobadas por el Congreso de la República, vulneran derechos y violan normas de la Constitución, a pesar que en su momento fueron objetadas por el congresista. Así, se demandó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, una reforma constitucional al Fuero Penal Militar, la Reforma al procedimiento de la Justicia Penal Militar y la Ley de Zidres.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional emitió sentencia reconociendo que algunos de los artículos demandados son contrarios a la carta política, entre estos, aquellos que permitían la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país, admitiendo, tal y como se había planteado que prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por licencias ambientales, prohibiendo la explotación minera en páramos.

Igualmente la Corte Constitucional se pronunció declarando constitucional la reforma al fuero penal militar haciendo unas interpretaciones sobre su alcance concediendo la razón a los argumentos presentados en la demanda.

La Corte aún no se pronuncia frente a las demandas contra el fuero penal militar y la ley de zidres.

Es importante mencionar que además de las demandas realizadas, el Representante también suscribió dos coadyuvancias. Una a la acción de tutela presentada por los campesinos en el caso de la Hacienda Bellacruz, frente a la cual la Corte reconoció que los terrenos baldíos deben ser adjudicados a los campesinos y otra presentada en el caso de la delimitación del Páramo de Santurban,  de la cual se espera  pronunciamiento.

Proyectos de Ley presentados

Dentro de los principales proyectos presentados en calidad de autor y/o coautor, el Representante Alirio Uribe destaca el proyecto de Ley por el cual se exalta la vida del maestro Carlos Gaviria Díaz, digno defensor de derechos humanos, erudito y demócrata en el sentido más amplio de la palabra, el cual pasó a sanción presidencial y aquel que reduce el aporte a salud de los pensionados del 12% al 4%, que con el apoyo de  los pronunciamientos de las organizaciones de pensionados y algunos oficios propios, fue aprobado en comisión séptima y plenaria de Cámara, y en la actualidad se halla pendiente de sus dos debates en el Senado de la República.

Es de anotar que este proyecto ha avanzado pese a la oposición del gobierno nacional y algunos congresistas que argumentan un alto costo fiscal que no se compadece con la injusticia que representa esta carga con nuestros jubilados.

El Congresista también destaca la radicación del proyecto de Ley que pretende delimitar el área de Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN), privilegiando el interés general, defendiendo el patrimonio público y ecológico, intentando acotar la avaricia de algunos interesados en el negocio inmobiliario, que está pendiente de primer debate y un proyecto de ley para que el Congreso de la República pueda citar a debates de control político al alcalde mayor de Bogotá en cuanto se trate de temas con incidencia nacional.

Igualmente, el Representante junto a otros congresistas radicó y promovió el Estatuto del actor que busca dar garantías laborales a este gremio, el cual fue aprobado en comisión VII y que hace tránsito a Plenaria de senado y suscribió dos proyectos de reformas a la Constitución, uno que crea el Senado regional, el cual sigue en trámite, y otro que busca dar reconocimiento como sujeto político al campesinado.

Audiencias Públicas

 De las 21 audiencias realizadas entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de junio de 2016, sobresalieron las convocadas para tratar temas que tienen que ver con la vulneración de los derechos fundamentales en sectores poblacionales como, los vendedores informales, los recicladores de oficio, consulta previa de poblaciones indígenas y afrocolombianas, reparación colectiva al movimiento sindical, pensionados y víctimas de crímenes de Estado.

Debates de control político

 Dentro de los debates de control político realizados en la legislatura que termina sobresale el realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, en octubre de 2015 sobre control de multitudes, en el que el Congresista solicitó desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y en su lugar crear un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional que pueda mediar en las situaciones de protesta con enfoque preventivo, que en ningún caso podrá portar armas de fuego o usar armas de manera letal.

Vale la pena destacar que producto de este debate se constituyó una comisión accidental de seguimiento a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, comisión en la que -dicho sea de paso – se realizó un debate sobre los recientes operativos de la administración distrital de Bogotá en el Bronx.

Igualmente promovida por el Congresista, se realizó en la Comisión de Derechos Humanos un debate sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en cuanto a retornos, pago de indemnizaciones y vivienda rural, otro realizado en la Comisión II de la Cámara sobre la situación de derechos de los migrantes – como resultado del cual la cancillería convocó en abril de 2016 el primer encuentro para la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones con participación de colombianos que residen en diversos países – y por último un debate realizado en la misma Comisión sobre el incumplimiento del deber estatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Trabajo en Bogotá

 Uribe Muñoz se destacó durante la legislatura que termina por realizar oposición activa a todas las políticas regresivas y privatizadoras del actual alcalde Enrique Peñalosa, así como por defender comunidades y derechos afectados por éstas como por ejemplo vendedores ambulantes, recicladores  de oficio, entre otras.

En este mismo sentido el Congresista realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, acompañando la defensa de la Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB – ante las iniciativas de venta de las empresas del Distrito y la defensa de la Reserva Van Der Hammen a nivel ambiental.

Así mismo, el Representante participó en una audiencia convocada por la Comisión Accidental de Bogotá para hacer seguimiento a los temas del Río Bogotá y la Minería en Páramos en el distrito, y convocó otra audiencia que se realizó en el municipio de Soacha sobre conflictos ambientales de la actividad minera.

Es de resaltar el permanente trabajo extra parlamentario del Congresista, quien permanentemente participó en foros, seminarios y conferencias sobre diversos temas, en especial sobre el código de policía, proceso de paz, minería en páramos, proyecto de ley sobre pensionados, reforma política entre  otros.

Próxima legislatura

Para la próxima legislatura el Representante Uribe Muñoz, ha anunciado que se concentrará en su labor de control político en temas concernientes a Bogotá y  fuerza pública, así como en la implementación de los acuerdos de paz con la FARC EP y el impulso al proceso con el ELN.

En este sentido realizará junto con otros congresistas un debate de control político en plenaria de la Cámara al Alcalde Enrique Peñalosa, relacionado con los impactos nacionales de las medidas adoptadas por el gobierno Distrital, con respecto al patrimonio público, el medio ambiente, la estabilidad laboral y la corrupción, que afectan la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde la oposición, el Congresista seguirá apoyando los diálogos de paz, impulsando desde su labor el llamado a la ciudadanía a respaldarlos.

Finalmente Uribe Muñoz anuncia desde ya su participación en los grupos de trabajo sobre las reformas legales y constitucionales que se requieran para la implementación de la reforma política, la creación de la jurisdicción especial de paz, la comisión de la verdad, la unidad especial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la reforma agraria que requiere el país.

 

 

[1] Esta iniciativa demandaría la cifra de1.3 billones anuales que no se encuentran contemplados en el marco fiscal que tiene contemplado el ministerio de hacienda, según respuesta emitida a derecho de petición.

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Campaña Por Una Paz Completa hace llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que inicien las conversaciones

La Campaña Paz Completa nace como una iniciativa de distintos sectores de la sociedad que buscan la solución política y negociada al conflicto armado colombiano, particularmente entre  el Gobierno Nacional y el ELN. Como Campaña, hemos entendido que la paz es una construcción colectiva, que implica la solución de conflictos históricos y estructurales a nivel  social, político y económico del país, el alcance de la justicia social y la satisfacción de los derechos humanos, por lo cual transversaliza el escenario de dialogo entre las partes y sugiere la ampliación de los escenarios de participación para todos y todas.

Desde Paz Completa, nos hemos sumado al llamado de paz de la sociedad colombiana, a través de distintas acciones públicas e incidencias políticas con el fin de ambientar estos diálogos. Son múltiples las propuestas, iniciativas e ideas que surgen todos los días en las regiones y en las ciudades con el fin de que las partes mantengan la confianza y la voluntad política para la finalización de la confrontación armada.

Por lo tanto, ante este momento coyuntural por el que atraviesan las negociaciones de paz, los movimientos sociales, eclesiales y la ciudadanía en general queremos manifestar:

  1. Que es necesario imaginar un paradigma distinto de resolución y transformación de conflictos a través del diálogo constructivo que genere los cambios que nos aparte del círculo vicioso de una participación que recorre caminos inciertos. El actual contexto nacional, refleja las consecuencias de la ausencia de modelos de participación más democráticos, creativos, constructivos y despolarizados. Esta movilización social que se da, en el marco de la Minga nacional agraria, étnica, campesina y popular, evidencia tales problemas estructurales. Hay un reclamo de transformaciones importantes para la superación del conflicto social.
  1. Para que en Colombia finalice la confrontación armada, es necesario que en la solución política y negociada del conflicto armado, se incluyan a todos los actores armados que hacen parte de él. Para esto, es necesario que tanto el Gobierno Nacional como el ELN se sienten en la mesa lo antes posible, cumpliendo su compromiso manifestado el día 30 de marzo,  de avanzar en la negociación, para el fin del conflicto,  que produce esperanza para  la sociedad colombiana.

Esperamos gestos entre las partes que logren la confianza suficiente para avanzar hacia la mesa  y en ese sentido proponemos como campaña que si el tema que está en tensión, es el tema humanitario, puedan colocarlo en la agenda como primer punto. Urge superar las tensiones  que todo proceso de negociación implica. Confiamos en la madurez y la voluntad de las partes y les animamos a que sigan con el corazón y los ojos puestos en el horizonte de un valor supremo: Un país sin conflicto social y armado, y en construcción de paz.

#QueSeSienten por una @PazCompleta

 

Campaña Por Una Paz Completa

Los diálogos son con tod@s y para tod@s

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Código de policía atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos

El Representante Alirio Uribe Muñoz, luego que no fuera aceptada la proposición de archivo del código de policía, manifestó su desacuerdo frente al mismo en virtud que dicho proyecto no aborda como premisa base,  cuál debería ser el papel de la policía nacional en un escenario como el que se acerca de posconflicto en el país.

“¿Acaso debemos seguir pensando en un ente represor que no genera confianza en la ciudadanía sino temor?, ¿en una institución que en las calles no aparece como un aliado que brinda protección sino como un peligro más para la integridad y los derechos? Ese debate debe darlo el país, pero pocos espacios hay para ello”  manifestó el congresista.

Para Uribe Muñoz, el código de policía que era un decreto de Estado de Sitio, ahora será una propuesta realizada por policías que el Congreso aprobará sin suficiente debate y que seguramente fomentará la corrupción dentro de la institución, dará sanciones discrecionales para allanar, detener, y donde multar será un gran negocio, “No es posible que este código permita capturas administrativas por agentes de policía y de manera arbitraria incluso de niños, niñas y adolescentes, y además consienta 15 causales  para que policías allanen la casa de cualquier ciudadano, violando la reserva judicial”

El congresista se mostró extrañado que luego que el proyecto durara 23 meses en el Senado de la República, quieran sacarlo o “pupitriarlo” en dos semanas en Cámara de Representantes “Y lo que es peor, que la Comisión I votara 173 artículos en bloque, sin leerlos” expresó.

Indicó que con la aprobación del código, se atacan las consecuencias de los problemas sociales pero no sus causas estructurales, criminaliza a los vendedores ambulantes pese a que la economía popular genera más de 50% empleo urbano, propone multas impagables y hace que los que no paguen no accedan a subsidios, “Es decir, criminaliza la pobreza y la falta de oportunidades en lugar de trabajar en su superación, por ejemplo, se establece como comportamiento contrario a la convivencia no pagar el pasaje en los sistemas masivos de transporte público como transmilenio o “colarse”, pero nadie ha cuestionado los costos excesivos de estos transportes para la ciudadanía y el hecho de que al menos un 11% del salario mínimo de un trabajador tenga que gastarlo en desplazarse a su sitio de trabajo diariamente en condiciones que no son las mejores

Finalmente el congresista saludo que al menos se haya tenido en cuenta una proposición que realizó frente a la inclusión en el manejo de la protesta social, una figura cívica como los denominados “gestores de convivencia” que fue probada en la ciudad de Bogotá y que aportó en la reducción de la violencia en los escenarios de reuniones masivas, “Porque primero debe estar la mediación y porque el recurso a la fuerza no debe ser la primera alternativa, sino la última, óigase bien, la última y solo puede ser la estrictamente necesaria y proporcional”

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El sector del Bronx está muy lejos de estar “recuperado”, afirmó el congresista Alirio Uribe

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, citó para este miércoles 8 de junio, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Hoover Penilla, al subsecretario de seguridad de Bogotá Daniel Mejía y a Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, a una sesión de la comisión accidental de seguimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de la fuerza pública, para que señalen cuál es el Plan de Atención social y salud pública que tienen previsto para los habitantes de calle, en virtud de la pasada intervención realizada en el sector capitalino conocido como Bronx, y las que – probablemente – en un futuro se realizarán.

La citación la realiza el congresista, sin desconocer la importancia del desmantelamiento de las estructuras criminales, pero sí enfatizando que “El operativo de la policía y de las autoridades judiciales es tan solo el primer paso de un proceso de transformación social que requiere la población víctima del entorno social que habitaba este territorio para evitar eventuales vulneraciones de Derechos Humanos”  afirmó

Uribe Muñoz, así mismo solicitará a las autoridades presentes se aclare cuál es el futuro del sector intervenido, la propuesta de renovación urbana,  si ésta va a beneficiar a las comunidades de dicho sector y si la propuesta tiene que ver con el proyecto “ministerios” que ejecutará la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, empresa de la nación, que anuncio el presidente Juan Manuel Santos en días pasados y que es objeto de resistencia de las comunidades del centro.

Para el Congresista, “Señalar que este sector ya está recuperado es irresponsable, ya que la intervención debe ser constante por lo menos en tres líneas, seguridad, social y renovación urbana, pero contando con la socialización y participación del sector afectado, no podemos seguir bajo la lógica de la represión, sin atención social.”

La Comisión accidental, está conformada además por los Representantes a la cámara, Inti Asprilla, Ángela María Robledo, Oscar Ospina, Víctor Correa,  Oscar Hurtado, Germán Carlosama y Wilson Córdoba entre otros, y fue creada en el marco del debate de control político sobre ataques del Esmad.

Finalmente, el congresista solicitará no se realicen más operativos, sin que se tenga definido el plan de intervención social  y de salud pública que permitan atender de manera integral a las personas afectadas.

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Centros de memoria piden inversión estatal

Actualmente en Colombia existen 20 lugares destinados a la memoria como iniciativas comunitarias y colectivas que requieren recursos

La red colombiana de lugares de memoria llamó la atención del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales y regionales, sobre la necesidad de diseñar una política estatal que permita a las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición que exige el posconflicto, así como la urgencia de que exista desde el gobierno una entidad que responda por la garantía de este derecho.

Durante la audiencia pública en el Congreso “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, convocada por los congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, con el apoyo y la coordinación de Fescol, el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y la Red Colombiana de lugares de memoria, diferentes expertos, académicos y funcionarios dejaron claro que la memoria es un instrumento de las víctimas en contra de la impunidad, clave en el proceso de posconflicto y que servirá también para sentar los precedentes históricos que las generaciones futuras necesitan para cambiar la historia y construir paz.

Pese a lo relevante del tema, la mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y, sin ella, sus promotores creen que están condenados a desaparecer. Según los voceros de la red, esto contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria. Este deber obliga al Estado a asignar presupuesto para estos lugares, pero quienes ejercen su derecho a la memoria, deben poder hacerlo con plena autonomía y el Estado asigna presupuesto porque es una de las formas de reparación simbólica contempladas en los procesos de transición hacia la paz.

Los actuales diálogos en La Habana, incorporan el Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y No repetición, el cual contiene como herramienta fundamental para resarcir los derechos de las víctimas y de la sociedad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Existen en diferentes regiones del país más de 20 de lugares físicos de memoria, asociados en red desde el 2015: Bosques de memoria como en Cartagena del Chairá, museos como en Caquetá, casas de memoria como la de Tumaco o museos itinerantes como el de Montes de María son sólo algunos de ellos. También son miembros de la Red tres museos y centros de memoria con financiación del Estado como el del Distrito de Bogotá, el de Medellín y el Museo Nacional de la Memoria

Expertos y congresistas coincidieron en que justicia y memoria van de la mano de un proceso de construcción de paz que tiene al centro a las víctimas. Es fundamental esclarecer los crímenes, castigar a los responsables y brindar a las víctimas una máxima reparación ya sea material, ya sea simbólica o juntas si es posible y ésta es una responsabilidad colectiva autónoma que debe liderar y financiar el Estado, no sólo para no revictimizarlas sino para que se pueda construir paz.

 

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Congresistas piden al Presidente Santos acciones urgentes para atender Minga Agraria

Frente a los lamentables hechos ocurridos en los últimos días en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la que tres indígenas han perdido la vida y otros 150 se encuentran gravemente heridos, incluidos mujeres y niños,  los congresistas Alirio Uribe, Ángela Robledo, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo,  Luis Evelis Andrade, Oscar Ospina, Inti Asprilla y Alexander López, entre otros, piden al presidente Juan Manuel Santos acciones urgentes para evitar la flagrante violación a los derechos humanos de que han sido víctimas los pueblos indígenas a causa del ejercicio de su derecho a la protesta en 21 departamentos del país.

En cartas al Presidente Juan Manuel Santos; al Ministro del Interior,  Juan Fernando Cristo; al Ministro de Defensa Nacional,  Luis Carlos Villegas; al Comandante del Ejército Nacional, General Alberto José Mejía y al Director de la Policía Nacional General Jorge Hernando Nieto, los parlamentarios piden que:

  1. Se instale de manera urgente la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, con el fin de construir la hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos pactados.
  1. Se brinde garantías al ejercicio del derecho a la protesta social que se adelanta actualmente en 21 departamentos del país y se implementen mecanismos de verificación del cumplimiento a esas garantías.
  1. Se disponga de las instituciones del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes frente a las vulneración de los derechos humanos, que han ocasionado a la fecha 150 heridos, entre los que se encuentran cuatro menores de edad, dos mujeres en embarazo, siete detenidos, dos judicializaciones y tres asesinados, dos de ellos por impactos de armas de fuego. Hechos en los que presuntamente se encuentran involucrados miembros del ESMAD y del Ejército Nacional.
  1. Se retracte públicamente como cabeza del poder ejecutivo y como comandante de las fuerzas militares de los señalamientos realizados a la Cumbre Agraria, en relación a que la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular se encuentra infiltrada por el ELN, en razón a que estas estigmatizaciones atentan contra la integridad y la vida de las personas que se encuentran en protesta.
  1. Cese la estigmatización a la protesta social y que si es del caso, se presenten pruebas concretas de las presuntas infiltraciones del ELN a la Minga, según declaraciones del Ministro Luis Carlos Villegas.

Los congresistas instaron a los Comandante de la Fuerza Pública para que se investiguen los presuntos excesos del Ejército y la Policía:  “Entre estos hechos encontramos detenciones arbitrarias, hostigamientos, sobrevuelos y excesos de fuerza en los operativos. Se nos ha informado de la presencia de miembros del Ejército Nacional en diferentes puntos de la protesta, actuaciones que no corresponden con los mandatos misionales de esta institución, tratándose de una movilización pacífica adelantada por organizaciones sociales”, anotan.

Finalmente, los parlamentarios exigen además que desde los altos mandos del Ejército y la Policía  “se investigue la eventual responsabilidad de integrantes de esas instituciones en los tres asesinatos de miembros de organizaciones indígenas ocurridos en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca (…)  hechos en los que se encontraban presentes miembros de la fuerza pública (…) y de ser el caso se sancione de manera ejemplar cualquier irregularidad, exceso o extralimitación (…)”.

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El derecho de la memoria de los pueblos

La Red Colombiana de Lugares de Memoria agrupa a más de 20 museos, centros y lugares de todo el país, que desde hace años trabajan por la búsqueda de la paz y la no repetición de los hechos violentos, a partir de la visibilización de hechos victimizantes y procesos de resistencia que aporten a la verdad y a una sociedad democrática que respete los DDHH.

La Red ha venido dialogando con diferentes ministerios y congresistas, en la perspectiva de lograr que el Estado colombiano pueda sostener y brindar acompañamiento a estos lugares de memoria que han surgido, en su mayoría, por iniciativas comunitarias en las diferentes regiones del país.

Cuando cesó el conflicto armado y la guerra, muchos países de América Latina, se vieron asaltados por un dilema: ¿Qué contar a nuestros hijos de lo sucedido?, ¿Lo debe contar el Estado o la sociedad civil?, ¿Cómo hacerlo?.

En Chile, Guatemala, Argentina y muchos otros países se crearon museos y casas de memoria, que cumplieron un rol fundamental en la educación para la no repetición. Se convirtieron en lugares creativos donde se reflexionó sobre lo sucedido, donde se dejaron de ocultar los hechos violentos y poco a poco se fue generando una nueva cultura de respeto a los Derechos Humanos. Muchos de estos procesos nacieron desde la sociedad civil, pero tiempo después el Estado los protegió y los mantuvo, sin acabar con la autonomía con la que funcionaban.

Colombia está cerca de pasar la página del conflicto armado y el tema de la memoria empezará a ser cada vez más importante. Hasta ahora la memoria ha sido una herramienta de las víctimas para reclamar un NO a la impunidad, pero ahora además, empieza a ser una manera de educar a las nuevas generaciones hacia la no repetición.

¿Y en Colombia? A pesar de no haber cesado el conflicto existen en diferentes regiones del país más de 20 de lugares físicos de memoria, asociados en red desde el 2015: bosques de memoria como en Cartagena del Chairá, museos como en Caquetá, casas de memoria como la de Tumaco o museos itinerantes como el de Montes de María son sólo algunos de ellos. También son miembros de la Red tres museos y centros de memoria con financiación del Estado como el del distrito de Bogotá, el de Medellín y el Museo Nacional de la Memoria (en construcción).

Estos lugares llevan años educando hacia el respeto a los Derechos Humanos, generando conciencia de que lo pasó nunca más debería repetirse. ¿Cree usted, lector, que este tipo de pedagogía es necesaria en el momento que vive el país?, nosotros pensamos que es más necesaria que nunca, porque es una herramienta valiosa que nos puede ayudar a voltear la página de la violencia y de su justificación.

Existe un debate abierto con el Estado colombiano pues la mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y sin ella están condenados a desaparecer. Lo cual contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria. Este deber obliga al Estado a asignar presupuesto para estos lugares, pero quienes ejercen su derecho a la memoria, deben poder hacerlo con plena autonomía y el Estado asigna presupuesto porque es una de las formas de reparación simbólica contempladas en los procesos de transición hacia la paz. Para ello es urgente definir que estos lugares de memoria tengan juntas directivas democráticas donde las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos tengan voz y voto mayoritario para que la memoria no sea dirigida desde el Estado y para que estos lugares no sufran cambios drásticos al cambiar el gobierno de turno.

La red colombiana de lugares de memoria está planteando este debate desde más de 20 lugares de memoria de todo el país, convencida de que estos lugares de memoria, igual que en Argentina, Chile o Alemania pueden ser una muy valiosa herramienta para conocer lo sucedido, educando hacia el respeto a los Derechos Humanos.

Con ese objetivo se realizará el día 2 de junio una Audiencia Pública en el congreso titulada “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”. Su objetivo es dar a conocer la realidad de estos lugares de memoria y debatir cuál debe ser su rol y su articulación con el Estado en la actual coyuntura del país.

La Audiencia Pública ha sido convocada en conjunto con los congresistas Angela María Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, junto con FESCOL y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Será transmitida por el Canal Congreso y Señal Colombia. Te invitamos a participar física o virtualmente.

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17 congresistas de diferentes partidos le piden a Peñalosa no privatizar la ETB

En una carta dirigida al alcalde de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño, congresistas del Partido Liberal, de la Alianza Verde, del Partido de la U y del Polo Democrático Alternativo, le solicitaron “retirar de su Plan de Desarrollo la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y desistir de esta idea”.

De acuerdo con la misiva, los legisladores coinciden en que, además de inconveniente para los intereses de la Capital, “la privatización de la ETB es una decisión igual o peor que la venta a menosprecio de Isagen”.

Suscribieron la comunicación los congresistas:

Senadores: Jorge Enrique Robledo; Luis Fernando Velasco (presidente del Senado); Armando Benedetti; Vivian Morales; Antonio Navarro Wolff; Sofía Gaviria; Alexander López; Alberto Castilla; Iván Cepeda y Senén Niño.

Representantes a la Cámara:Germán Navas Talero; Víctor Javier Correa; Angélica Lozano; Alirio Uribe; Inti Asprilla; Andrés Felipe Villamizar y Ángela María Robledo.

Aquí puede ver el la carta radicada:

CARTA A ALCALDE PEÑALOSA, NO PRIVATIZAR LA ETB MAY.27.16

Oficina de prensa

Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 27 de mayo de 2016

Texto de la carta al Alcalde de Bogotá:

Bogotá, 25 de mayo de 2016

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Referencia: La privatización de la ETB es una decisión igual o peor que la venta a menosprecio de Isagen.

Atento saludo.

En el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 que Usted presentó a consideración del Concejo de la Capital incluyó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Privatizar la compañía acabaría con 132 años de historia y es una decisión inconveniente para los intereses de la ciudad y los de todos los colombianos y las colombianas.

La ETB no es una empresa de teléfonos, como se dice para minusvalorarla, sino de telecomunicaciones, que no es lo mismo, y de gran importancia para Bogotá y Colombia, en razón del sector estratégico en el que actúa. Se trata de un grupo empresarial que, además de su empresa matriz, posee el 88 por ciento de Colvatel, el 75 por ciento de Skynet y el 40 por ciento de American Business Process Services. Presta servicio de telefonía fija local y de larga distancia, internet de alta velocidad, televisión digital e interactiva, telefonía móvil 4G, almacenamiento masivo en la nube y seguridad informática.

La compañía acaba de hacer, además, una inversión de $2.3 billones, la cual le dio la más moderna red de fibra óptica del país. Si la compañía no logra materializar sus importantes inversiones es por la ausencia de un adecuado plan comercial y por el pésimo manejo que a la empresa le está dando Jorge Castellanos, presidente de la compañía nombrado por Usted, señor alcalde, quien actúa como su liquidador y no como un gerente que defienda el interés público.

Hace peor la intención de privatizar la ETB el que se tramite en el Concejo sin cumplir los requisitos de la Ley 226 de 1995 y como un artículo más entre los ciento sesenta y dos del Plan Distrital de Desarrollo, cuando debería resolverse por la vía de un proyecto de acuerdo independiente que se discuta en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y en la Plenaria de la Corporación. Por lo expuesto, le solicitamos retirar de su Plan de Desarrollo la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y desistir de esta idea, peor que la venta a menosprecio que realizó el presidente Santos con Isagen.

Cordialmente;

LUIS FERNANDO VELASCO ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA

Senador Senador

Partido Liberal Partido de la U

VIVIANE MORALES HOYOS SOFÍA GAVIRIA CORREA

Senadora Senadora

Partido Liberal Partido Liberal

JORGE ENRIQUE ROBLEDO ALBERTO CASTILLA SALAZAR

Senador Senador

Polo Democrático Polo Democrático

IVÁN CEPEDA CASTRO SENÉN NIÑO AVENDAÑO

Senador Senador

Polo Democrático Polo Democrático

ANTONIO NAVARRO WOLFF ALEXANDER LÓPEZ MAYA

Senador Senador

Partido Alianza Verde Polo Democrático

GERMÁN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara

Polo Democrático

ANGÉLICA LOZANO CORREA ANGELA MARÍA ROBLEDO

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde

ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR VÍCTOR CORREA VÉLEZ

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Partido Liberal Polo Democrático

ALIRIO URIBE MUÑOZ INTI ASPRILLA REYES

Representante a la Cámara Representante a la Cámara

Polo Democrático Partido Alianza Verde

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Carta a Santos de parte del Polo, Verdes, Mira y Mais: Cero avances en urgente reforma electoral

Tras cuatro meses de conversaciones entre el Polo, el Partido Verde y el Mira con el gobierno nacional no hay avances en reforma electoral. La Ley 1475 de 2011 ordena que las elecciones se hagan con voto electrónico.

El Polo Democrático, el Partido Verde y el Movimiento Político Mira, constituidos como grupo para dialogar con el gobierno nacional con miras a acordar importantes y necesarias reformas al sistema electoral, en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos expresaron que “cuatro meses despúes, hay que decir que el avance ha sido ninguno”.

En la misiva, los congresistas Jorge Robledo y Alirio Uribe del Polo Democrático, Claudia López y Antonio Navarro del Partido Verde, Carlos Guevara del Mira y Luis Andrade del Mais manifiestan que “con el fin de saber si existen condiciones para avanzar en la búsqueda de coincidencias en estos asuntos de importancia nacional, dadas las gravísimas deficiencias del sistema político y electoral, incluidas muchas formas de la peor corrupción, le reiteramos nuestras ideas al respecto y respetuosamente le solicitamos decirnos cuáles de ellas podrían convertirse en olíticas públicas de su gobierno”.

Esta es la carta que los congresistas envíaron al presidente Juan Manuel Santos.

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Representante Uribe Muñoz anuncio acciones judiciales por demora en implementación del voto electrónico

En el marco de la audiencia sobre Reforma política y garantías de participación política que se desarrollará el próximo jueves 26 de mayo, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó que presentará una acción de cumplimiento para exigirle al Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, que cumpla con la implementación del voto electrónico y la identificación biométrica de los electores, tal y como está establecido en el artículo 39 de la Ley 1475 de 2011.

“Resulta inaudito que esta implementación no se haya realizado, a pesar que la ley – sancionada en julio de 2011 – establecía que el termino de implementación no podía excederse más allá de las elecciones para Congreso del año 2014”, manifestó Uribe Muñoz.

El Representante Uribe Muñoz, realizó para tal efecto, un requerimiento al Registrador nacional del estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,  Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y al Ministro de TICs, David Luna, entre otros miembros de la Comisión Asesora para la Incorporación de Tecnologías en el Proceso Electoral, en el que les solicita que informen sobre las acciones concretas que han llevado a cabo para dar cumplimiento a la ley.

Igualmente el Congresista solicitó informen sobre quiénes son los delegados de partidos o movimientos políticos que participan en la Comisión Asesora, y sobre todo, explique porqué a pesar que ya se han realizado 4 pruebas pilotos, aún no se implementa el sistema en todo el país.

“Es urgente que exista este tipo de implementación de voto electrónico y biométrico que brinde garantías y transparencia en los comicios electorales, con el fin de reducir los índices de fraude y otros delitos electorales, así como de corrupción” expresó el Representante.

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Comité demandará penalmente al presidente de la ETB

En el comité participan los senadores Jorge Enrique Robledo, Sofía Gaviria, Alexander López, Senén Niño y Viviane Morales, los representantes Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Inti Asprilla y Víctor Correa, así como las organizaciones Justicia Tributaria, CUT, Fecode, USO, Sintraisagén, Sintraisa, Sintraunicol, Sintraprevi, Sintrateléfonos, Atelca, Sindesena, Sintrae, Sintraelecol, Funtramiexco, Sindess, OCE, entre otras.

El comité se encargará de liderar acciones para detener lo que denominaron la arremetida privatizadora del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, que pretenden enajenar lo poco que queda del patrimonio público.

Como primera tarea del comité se denunciará penalmente ante la Fiscalía al presidente de la ETB, Jorge Castellanos, por falsedad ideológica y administración desleal. Según el abogado José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, el directivo habría difundido información falsa al mercado de valores que afectan el desempeño de la empresa. Además no hizo empalme con Saúl Kattan, por lo que no cumplió con la debida diligencia. Por su parte, el Concejal Hollman Morris advirtió que se denunciará también a los actuales miembros de la junta directiva por permitir que Castellanos promocione una situación financiera de la ETB que no es cierta.

El domingo a las 8:00 am está convocada una jornada de movilización por la defensa de la ETB en el Concejo de la capital, en el marco de las acciones programas por el recién creado comité nacional por la defensa del patrimonio público. También se esperan acciones iniciales en Cali por la defensa del Hospital Universitario del Valle y en Bucaramanga en defensa del acueducto.

De igual forma, desde hace varios meses se está trabajando en la campaña Unidos por Ecopetrol, que ha congregado a la USO y otras organizaciones con congresistas, concejales, diputados e incluso alcaldes y gobernadores de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Polo, Verdes, ASI y la U, para advertir sobre los planes para privatizar a la empresa más grande del país, la joya de la corona del patrimonio nacional.

Por otra parte, la senadora Viviane Morales radicó la ponencia del proyecto de ‘Ley Isagén’ en la Comisión Primera del Senado, que busca modificar la Ley 226 para que se establezcan controles por parte del Congreso de la República a la enajenación de activos.

Casos exitosos en la defensa de lo público

El comité destacó como un caso exitoso en la defensa del patrimonio de los colombianos la próxima reversión del campo Rubiales a la Nación, que se realizará el 1 de julio de este año. Esta reversión fue resultado de las acciones emprendidas por decenas de organizaciones que se unieron en la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol. Rubiales, que estaba siendo operado por Pacific – hoy en quiebra – es el campo petrolero más importante que tiene el país, con alrededor de 125.000 barriles diarios, y a partir de julio será operado directamente por Ecopetrol.

Asimismo, el 4 de julio la Nación recuperará el campo Cusiana en Casanare, lo que permitirá fortalecer a Ecopetrol en la región.

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La Reforma Política, una garantía de participación para la construcción de la paz

Con el objetivo de plantear a la opinión pública la necesidad de abrir una discusión sobre cómo debería ser una reforma que garantice la participación política para la construcción de paz, que contemple la concreción de un Estatuto de Oposición, reformas efectivas al Sistema Electoral y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de los movimientos sociales, el próximo jueves 26 de mayo se realizará en las instalaciones del Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública “Reforma Política: Garantía de Participación Política para la Construcción de Paz”, convocada por Senadores Iván Cepeda, Luís Evelis Andrade, Alberto Castilla y los Representantes a la cámara, Ángela Robledo, Inti Asprilla, Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz.

La audiencia realizada en el marco del pos acuerdo y según el punto 2 de los acuerdos de la Habana, contará con la presencia del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, Viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Guillermo Rivera, Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, Magistrado Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, Directora Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, Director de  Dejusticia, Rodrigo Uprimny y el Vicedecano de Investigación y Extensión, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Alejo Vargas Velásquez.

Desde la perspectiva del principio de pluralismo, el primer panel sobre reforma política democrática, tratará principalmente el tema de las circunscripciones especiales de paz, financiación de partidos y campañas, umbral y personería, garantías para las campañas electorales, coaliciones, y sistema de partidos.

El segundo panel, hacia un Estatuto de la Oposición, revisado a la luz del acuerdo de La Habana y la Constitución de 1991, tratará sobre la reglamentación de la declaratoria de oposición, derecho a réplica, medios de comunicación, participación en organismos de control y recuento de las iniciativas adelantadas en los últimos años sobre el tema.

El tercer panel, Reforma a la Organización Electoral, tratará temas como, mecanismos de elección y nombramiento de funcionarios de la organización electoral, funciones, decisiones judiciales y administrativas, modernización del mecanismo electoral (voto electrónico), entre otros.

La audiencia también contará con la participación de diferentes sectores sociales y políticos como Mais, Partido Comunista, Progresistas, Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, PUP, Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo.

Las personas interesadas en asistir, pueden realizar su inscripción en el siguiente link:http://bit.ly/1XFp8dR

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“Polo Democrático desde el Congreso facilitará que los acuerdos lleguen a feliz término”

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó su complacencia frente al anuncio realizado el día de ayer por parte del Gobierno nacional y las FARC EP, por cuanto en uno de los temas más polémicos de la negociación, “Se encontró una figura que le permite dar fuerza jurídica, política y constitucional a los acuerdos”

A juicio del Representante, “La fórmula es muy novedosa y sobre todo, ajustada al derecho internacional y a la Constitución, que garantiza que se respete el contenido de los acuerdos, su autenticidad y la bilateralidad de los mismos”

Para el Representante lo pactado por las dos partes es una herramienta muy democrática por cuanto el acuerdo pasa por el Congreso de la República a través de lo que se llama un acuerdo especial de derecho internacional humanitario en virtud de los convenios de Ginebra, pasa también por control de constitucionalidad, lo que implica que “en los acuerdos interviene el Gobierno nacional, las FARC EP, el Congreso como aparato natural legislativo y la Corte Constitucional”

Finalmente manifestó que desde “El Polo Democrático como lo ha hecho hasta la fecha va facilitar que estos acuerdos se incorporen y lleguen a feliz término

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A primer debate proyecto de ley que pretende aumentar a 18 meses la prestación del servicio militar obligatorio

Se espera que con la presencia del Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas,  el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Ministra de Trabajo Clara López, entre otros, se lleve a cabo mañana miércoles 11 de mayo, en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes el primer debate al proyecto de ley Proyecto de Ley No. 101 de 2015 Cámara, “Por medio de la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Militares y de Policía y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de Ley No. 154 de 2015 Cámara “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”.

Estos proyectos de ley, además que van en contravía de lo expuesto por el presidente Juan Manuel Santos en su campaña, cuando prometió eliminar el servicio militar obligatorio[1], se conciben bajo la lógica de guerra, dado que mantiene los criterios de incorporación, permanencia y formación definidos para afrontar el conflicto armado, desconociendo cualquier posibilidad de que las fuerzas militares puedan contribuir a la paz, más allá de la seguridad y las armas.

A juicio del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, uno de los ponentes de los proyectos y quien solicitará el archivo de los mismos, “No se puede seguir obligando a los jóvenes a participar en el conflicto armado, cuando este ha dejado millones de víctimas, entre ellas los 1.294 jóvenes que resultaron como muertos en combate durante la prestación del servicio militar y los 7.552 jóvenes  que quedaron afectados de por vida por los daños físicos y mentales de que fueron víctimas durante la prestación del servicio militar obligatorio”

En ese mismo sentido, el Congresista manifestará su inconformidad, ya que el proyecto amplía de manera injustificada la duración del servicio militar de 12 a 18 meses, bajo el argumento de unificación de modalidades, desconociendo el derecho a la igualdad, “Es injusto e inconveniente que esta guerra la siga librando los más pobres de este país. Como se señaló anteriormente, durante los 3 últimos años se reclutó a  325.718 jóvenes, de los cuales el 65% de los jóvenes ingresaron bajo la modalidad de soldado regular y el 27% bajo la modalidad de soldado campesino”

El Representante Uribe Muñoz en su ponencia negativa, además de dar a conocer otros puntos de los proyectos de ley que van en contravía de la coyuntura que vive el país, exhorta al Congreso para que no siga legislando para la guerra, “Urge archivar este proyecto de ley, no podemos seguir obligando a los jóvenes a empuñar fusiles en el posconflicto, esto es incoherente con el mensaje de paz a las víctimas, a las familias pobres y a los mismos jóvenes

[1] Ver por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=gpTUF7AvVU0

http://www.elespectador.com/noticias/paz/una-vez-se-firme-paz-farc-se-elimina-el-servicio-milita-articulo-496325

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Consejo Territorial de Planeación del Distrito advierte que Plan De Desarrollo de Bogotá, presentado por Peñalosa, no especifica fuentes de recursos

En el marco del Foro Las Políticas Sociales del Plan de Desarrollo de Bogotá, realizado hoy en el Congreso de la República, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz dio a conocer el concepto que emitió el Consejo Territorial de Planeación del Distrito, según el cual, el plan presentado por Peñalosa además de no contar con un enfoque de derechos, ni de género, ni equidad, no especifica las fuentes de recursos, “de manera que no es posible analizar la viabilidad financiera del mismo” afirmó el congresista.

El concepto presentado el pasado 29 de marzo, por el Consejo Territorial de Planeación, fue producto de un análisis concienzudo y crítico que contó con el acompañamiento de un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional.

En este sentido Uribe Muñoz destacó del Concepto su análisis que pone en evidencia, el poco financiamiento para los diferentes programas sociales enunciados en el anteproyecto, donde la prioridad a la de infraestructura y movilidad es notorio, dejando relegado los programas sociales en un segundo y tercer nivel.” Al Concejo le preocupa “el excesivo énfasis en la asignación presupuestal en este sector, pues dos estrategias, Movilidad (la estrategia 3.2.9)  con la de Transporte regional, (3.4.5) suman el 59% de los recursos.

El Congresista del Polo Democrático Alternativo, resaltó así mismo, que  en dicho Plan,  no hay una planeación en el abordaje de los temas de construcción de paz, aspectos de los cuales la ciudad capital no puede sustraerse, como tampoco  medidas de inclusión para poblaciones especiales, entre otros temas

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Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que reduce el aporte de los pensionados en salud del 12 al 4%

Con 102 votos fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de Ley 008 de 2015, por medio de la cual se reduce el aporte de los pensionados al sistema de seguridad social en salud, del 12% al 4%, después de cerca de un año desde su radicación.

Esta es la segunda estación del proyecto de Ley 008 de 2015, le restarían 2 en Senado y la correspondiente sanción presidencial para convertirse en Ley de la República. El deseo de sus autores, como el de la población pensionada del país, es que avance y no se hunda como iniciativas anteriores, por falta de trámite en el Congreso.

La iniciativa legal, autoría de congresistas del Polo Democrático Alternativo, el partido MIRA y el partido Alianza Verde, pretende modificar la Ley 100 de 1993, y disminuir este aporte de los pensionados, lo cual para sus autores y ponentes es un acto de justicia distributiva: “no es justo que los pensionados después de contribuir como trabajadores durante 25 o 30 años, y hayan alcanzado difícilmente la pensión, tengan luego que pagar por empleador y trabajador sin ser ninguna de las dos categorías sociales, sino una persona mayor de edad y sujeto de especial protección”, afirmó el congresista Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá.

El proyecto beneficiaría a por lo menos 2 millones de personas que tienen derecho a una pensión en Colombia, siendo en su gran mayoría de escasos recursos, pues como lo afirma el mismo representante Uribe Muñoz “De acuerdo con información oficial, el 80% de los pensionados del país perciben una pensión equivalente a un salario mínimo, y solo un 5% del total de jubilados recibe mesadas superiores a 4 salarios mínimos legales”.

Esta es una reforma legal, que el propio presidente Juan Manuel Santos avaló en su candidatura a la reelección, sin embargo, ha recibido conceptos contradictorios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmando que su costo (cercano a los 3 billones de pesos) se sale de las cuentas del gobierno nacional, y que no existiría forma de llenar ese vacío presupuestal.

Al respecto, el mismo representante Uribe Muñoz afirma que el proyecto incluyó en su sustento fuentes alternativas para financiar este faltante en el sistema de salud, como la eliminación de beneficios tributarios a grandes empresarios o la reducción del presupuesto militar. “Estamos pensando en construir paz en Colombia, y eso se logra dando bienestar a la gente, en este caso es intentando mejorar el ingreso disponible de nuestros adultos mayores. Esta y otras políticas, se pueden financiar incluso sin reformas tributarias; hemos expuesto opciones, y cada vez surgen más alternativas, como cobrar a los evasores que tienen rentas en paraísos fiscales, por ejemplo. ¿Se imagina usted cuánta plata podría tener el fisco colombiano si el listado de “Panamá Papers” pagara lo que corresponde?”, aseveró el representante del Polo.

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Actores radicaron proyecto que garantiza sus derechos laborales, culturales y de autor

Con la autoría de más de 20 congresistas de todos los partidos políticos, y el apoyo de varias organizaciones, la Asociación colombiana de actores ACA, radicó el proyecto de ley que establece el Estatuto del actor, y la profesionalización de la labor actoral. La iniciativa regula las condiciones de trabajo con garantías de seguridad social para asegurarles una vejez digna a los profesionales de la actuación en Colombia.

Bogotá, 20/04/2016. La Asociación de Actores Colombianos (ACA) comenzó hace dos años a trabajar en la propuesta que hoy se radicó como proyecto de ley, y que busca garantizar los derechos laborales, culturales y de autor, de ese gremio.

La propuesta contempla reducir la intermitencia e inestabilidad laboral de los actores y crea unaSubcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los actores profesionales.

“El subsidio se concederá para reemplazar los aportes del actor o actriz como trabajador independiente, durante los periodos de tiempo en los que no esté vinculado contractualmente y como excepción a lo contemplado en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 100, la base de cotización será del promedio del valor cotizado en los últimos seis meses, estipula el proyecto.

Además, este gremio de artistas pide la profesionalización de su labor, que actualmente es considerada como un oficio, con el fin de que en todas las producciones audiovisuales, el 90 % de los actores contratados sean profesionales. Esto, según el proyecto, significa que tenga “un título profesional de maestro en artes escénicas o títulos afines; experiencia de trabajo actoral mayor de 10 años acumulados y certificados o la combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo de cinco  años”.

La Asociación ACA explicó que por medio de esta ley serán protegidos los derechos patrimoniales (de autor y materiales) de los actores, pues muchas veces ellos deben ceder estos derechos cuando firman determinados tipos de contrato. “La imagen del actor en promoción de marcas deberá ser reconocida como contrato aparte en sus honorarios”, propone la ley, la cual añade: “La remuneración debe hacerse de forma separada al salario, honorarios o cualquier otra remuneración que corresponda a la labor o servicio desempeñado por el actor o actriz no podrá entenderse como parte de su remuneración”.

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“El accionar paramilitar en Colombia es real, Según denuncias de las propias comunidades. No solo es crimen organizado”

En el marco de la audiencia sobre persistencia del paramilitarismo, convocada por los Congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, éste ultimo  manifestó que  existe una gran coincidencia entre las agresiones (asesinatos, amenazas, ataques) a defensores de derechos humanos, entre los que caben líderes campesinos, afros, juveniles, reclamantes de tierras, con las zonas donde existe según informaciones de las propias comunidades presencia paramilitar.

En efecto, tal y como lo demuestran los gráficos presentados, la coincidencia entre los asesinatos presentados por el Programa Somos Defensores en el primer trimestre del año, con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación es del 70%, teniendo en cuenta además que la responsabilidad de estos hechos corresponden a un 66% a grupos paramilitares y un 32% a actores desconocidos, según Somos Defensores.

El Congresista además dio a conocer que “Algo similar ocurre si cruzamos la jurisdicción municipal en la que se ubican los 20 batallones Especiales Energéticos y Viales, con los municipios donde hacen presencia con mayor fuerza grupos paramilitares. Según los cruces realizados, en cerca de la mitad de los territorios que tienen amplia presencia éstos grupos, como por ejemplo, Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Segovia y Zaragoza (Antioquia), Valledupar (Cesar), Tumaco y Jurisdicción de Tumaco (Nariño) y Puerto Rico (Caquetá), existe una presencia militar fuerte[1]

 Frente a la restitución de tierras y la incidencia del paramilitarismo, Uribe Muñoz ha denunciado que al cruzar los mapas de las áreas microfocalizadas para restitución remitida por la Unidad de Restitución con corte al 26 de agosto de 2015, con la caracterización municipal del informe de la Fundación Paz y reconciliación, se evidencia que en no menos de 160 municipios corresponden a zonas con presencia de una o más de estas bandas criminales, “En total, el traslape de las áreas microfocalizadas con los municipios con presencia paramilitar, asciende a no menos de 5.170.852 hectáreas, es decir, cerca del 45% del total del área microfocalizada a nivel nacional para la restitución de tierras” manifestó el congresista

Para Uribe Muñoz es claro que el accionar paramilitar actual es concordante, no sólo con el fracaso del supuesto proceso de desmovilización y la ineficiente aplicación de la ley 975, sino con la  incapacidad del Estado para controlar la reincidencia de los pocos desmovilizados reales que volvieron a las armas, los disidentes, es decir, aquellos que no se desmovilizaron incluidos jefes de distinto nivel que ocuparon pronto áreas de presencia paramilitar y sobre todo nuevos reclutados en grupos emergentes.

En la audiencia representantes de varias organizaciones de víctimas, del movimiento social y de derechos humanos expusieron la grave situación que se vive en varias zonas del país, entre ellas: Bajo Atrato, Catatumbo, San José de Apartadó, Cauca, Nordeste Antioqueño, Magdalena Medio, Buenaventura, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, San Vicente del Caguán, Puerto Gaitán y Tolima, así como contra la población estudiantil de Colombia.

Las organizaciones que participaron son, entre otras: Acasa, Ascamcat, Aheramigua, Credhos, REDDHFIC, Red de derechos humanos del Putumayo, Caguán Vive, Fundación DHOC, Aceu, Feu, la Onic, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, Asodecas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio de Colombia, las Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

[1]Investigaciones hechas por la Fundación Paz & Reconciliación han permitido observar que, por ejemplo, en áreas de extracción minera, como el departamento del Chocó, pequeños mineros se refieren a la policía nacional como las “Águilas verdes”, pues cobran para permitir el ingreso de maquinaria pesada a las áreas de explotación aurífera.

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Centrales exigen al gobierno nacional rendir cuentas en materia de reparación colectiva al movimiento sindical

Las organizaciones sindicales marcharán el 9 de abril a nivel nacional. En Bogotá, la concentración se hará en el Centro de Memoria a las 11:00 a.m.

El próximo 8 de abril en el Congreso de la República el Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, PDA, Alirio Uribe Muñoz, citará a las autoridades nacionales a rendir cuentas sobre los avances en el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical. La audiencia es convocada por petición de las Centrales Sindicales CUT, CTC y la Confederación CGT; la Coordinación Capítulo Colombia Fsis /Sindicatos Globales (UITA, ICN, ITF, INDUSTRIALL, ISP - UNI) y con el apoyo de las organizaciones sociales: Cajar, ENS y Cedetrabajo.

El 9 de abril de 2014, representantes de las tres centrales se reunieron con el Presidente de la República Juan Manuel Santos, con la directora de la Unidad para las Víctimas, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el director de la Unidad Nacional de Protección, el Fiscal General de la Nación, y los ministerios de Trabajo, Justicia y del Derecho, Hacienda, Interior y Agricultura y allí se acordó la creación de una Mesa de concertación de alto nivel con el objetivo que la misma logrará impulsar el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, el cual se considera de importancia para la construcción de un país en paz.

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“La participación de la sociedad civil en el proceso que se inicia con el ELN es muy relevante”:

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó frente al inicio de los diálogos con el Gobierno y el ELN, que es un sueño hecho realidad para el conjunto de la sociedad civil que desde diferentes regiones del país venía reclamando por la importancia de pasar a la fase dos de la negociación con este grupo insurgente, “Hoy es un día muy especial para Colombia. Sin duda que si se acaba la guerra ganamos todos y sin duda que si hacemos una paz completa esa paz puede ser más estable y mucho más duradera”

De igual manera el Congresista, además de agradecer a las partes involucradas,  referenció la valentía con la que han asumido el paso dado, “Hay que agradecer al Gobierno Nacional, al ELN, por tener la valentía de dejar de la posibilidad de continuar una guerra y optar por una construcción de paz.

Frente a los componentes de la Agenda, Uribe Muñoz destacó que en la fase pública se diera relevancia a la participación de la sociedad civil “El gran trabajo que tenemos que hacer es convocar a que la sociedad civil participe, ya que de este se van a derivar los puntos que se requieren para transformaciones, para la paz, el tema de víctimas, de seguridad para la paz, de dejación de armas y el tema de garantías para la acción política”

Finalmente el Congresista quien es también copresidente de la Comisión de paz de la Cámara de Representantes, anunció que “Desde el Congreso vamos a respetar dos principios: primero la bilateralidad, es decir que vamos a legislar sobre lo pactado por las dos partes y segundo el de autenticidad, ósea que el Congreso no modificará lo acordado en el trámite legislativo”

Es un día muy importante para el país. Después de la independencia de Colombia tal vez poner fin a la guerra y fin al conflicto armado puede ser el hito histórico más importante después de la independencia.

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Congresistas visitan la Tramacúa para verificar situación de internos que estaban en huelga de hambre

Los Congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Víctor Correa y Alberto Castilla visitan este sábado 19 de marzo, la Penitencieria de Alta Seguridad La Tramacúa de Valledupar, con el fin de verificar la situación de los 244 internos que desde el pasado 23 de febrero hasta el 17 de marzo se encontraban en huelga de hambre.

Los prisioneros que resistieron levantaron el día de ayer jueves la huelga de hambre, luego que se reunieran con Marcela Abadía – delegada de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el Brigadier General Jorge Ramírez Aragón – Director General del INPEC – quienes en reunión con el Comité de Derechos Humanos se comprometieron a modificar el régimen interno y brindarles mejores condiciones de detención.

De tal manera autorizaron el uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima.

Los parlamentarios en su visita harán seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional al dar respuesta a la tutela T-282 de 2014 en la que ordenó al INPEC y a la propia cárcel Tramacúa, asegurar el suministro de agua potable, no recibir nuevos prisioneros hasta contar con cantidad de agua potable suficiente, acondicionar a los presos de utensilios para asear sus celdas, los baños y saciar su sed por las noches, así como acondicionar el área del rancho para que tenga un sistema de almacenamiento de agua y terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico.

Igualmente evaluaran si el INPEC ha tomado medidas para resolver el problema de hacinamiento, la falta de atención médica, los actos de tortura que reportan los internos y la grave crisis de salubridad que afronta el penal, situaciones a la cual la propia Corte Constitucional había dado un plazo de 10 días ante el incumplimiento de la tutela el pasado mes de febrero.

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Esperamos que Presidente Santos terne para el cargo de defensor del pueblo a mujeres con reconocida trayectoria en la materia

En el marco de la plenaria realizada en la Cámara de Representantes en la que se aceptó la renuncia del defensor del Pueblo  Jorge Armando Otálora, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, solicito al Presidente Juan Manuel Santos, frente a la escogencia de la terna que lo reemplazará que “Se realice un proceso transparente, respetuoso de la equidad de género y con participación de la sociedad civil”

Para el Congresista, el nuevo defensor del Pueblo debe ser un abogado como lo exige la Constitución, pero no cualquiera, ya que no se imagina a un jurista formado en derecho de las empresas o a un experto en remates judiciales que sacan a diario a los deudores de UPAC o UVR de sus viviendas

“Tampoco queremos a un abogado penalistas que haya sacado paramilitares o políticos corruptos de la cárcel o a un asiduo defensor del ESMAD que golpea a quienes ejercen el derecho a la protesta como el Defensor del Pueblo, ni mucho menos, un figurín político, acomodado a los intereses del gobierno nacional o lo que sería aún más grave, un amigo de los enemigos de la paz”

Uribe Muñoz manifestó su deseo para que el cargo sea ocupado por una mujer, reconociendo que en los 25 años de existencia de la Defensoría ninguna mujer ha ocupado dicho puesto logrando así“avanzar en superar el déficit de participación de las mujeres en los cargos de alto nivel dentro del Estado y en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es la igualdad de género”

En ese marco, solicitó además al Presidente Santos presente una terna conformada sólo por mujeres defensoras de derechos humanos con una amplia y reconocida trayectoria en la materia,“Ya hemos visto muchos casos en que se conforma una terna en la que se incluye una mujer solo por cumplir el requisito de ley de cuotas, pero sin ninguna opción real de quedar. En esta oportunidad debe ser diferente”

Finalmente exhortó para que en esta elección tenga participación la sociedad civil.

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“No se puede poner a cuidar el queso a los ratones”

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, manifestó frente a la creación de una Comisión Especial de Alto Nivel para investigar a fondo las irregularidades denunciadas dentro de la Policía Nacional, que si bien es importante, “La Comisión debe ser imparcial en las labores investigativas que adelante, pero el nombramiento de Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda y quien tuvo contratos con ésta entidad, lo único que nos sugiere es que esto no va pasar. Su nombramiento es como poner a cuidar el queso a los ratones”

El congresista, así mismo denunció en Comisión segunda de la Corporación, donde se desarrolló un debate de control político citado por el centro Democrático sobre corrupción en la policía que, no hay voluntad política para que los órganos de control y de justicia sancionen de manera ejemplar las irregularidades en materia penal disciplinaria y fiscal en el sector defensa, que se revelan en los informes presentados por la Contraloría, la procuraduría y la Fiscalía.

“Por ejemplo, frente a responsabilidad penal, teniendo en cuenta diversos delitos de las fuerzas militares, se halló que con corte a diciembre de 2015 (para todas las fuerzas), de 23.572 procesos, sólo 6.075, el 25,8% está en estado activo, en comparación con 17.497 investigaciones, el 74,2% que se encuentran en estado inactivo”, preciso el Congresista

Según los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación y el propio Ministerio de Defensa, de estas más de 23 mil investigaciones, el 47% (11.181) corresponden a tipos penales vinculados con delitos contra la administración pública (5.607), contra la fe pública (3.653) y contra el patrimonio económico (1.921). En cada uno de estos casos el estado inactivo de las investigaciones es 67,4%, 77,6% y 77,8%, respectivamente.

“Es decir, cerca de la mitad de los delitos en las fuerzas militares corresponden a hechos de corrupción, abuso de autoridad, estafa, concusión y falsedad; y en más de un 75% no tienen desarrollo en materia de justicia” manifestó Uribe Muñoz.

Lo mismo sucede en materia de responsabilidad fiscal, es decir cuando se usan dineros públicos de manera distorsionada para beneficiar a privados o terceros. Según la Contraloría, en el sector defensa consolidado apenas  se referencian 78 procesos para todas las fuerzas, de los cuales sólo en 13 casos se halló responsabilidad. “Sobresale y resulta inaudito que a pesar de contar con una cantidad considerable de hallazgos en los últimos tiempos que incluso han trascendido a nivel mediático, en el caso de la Policía Nacional, no se halla relacionado ni un solo caso”

En el caso de la Procuraduría sucede algo similar en el cuanto al sector defensa en general. De 49.759 procesos disciplinarios, apenas se tienen 3.008 acciones de la procuraduría entre 2002 y 2015 (es decir 107 sanciones por año). De estas 3008 sanciones, 784 corresponden a medidas de suspensión, 752 destituciones, 666 destituciones con inhabilidades y 496 multas. Las demás corresponden en su gran mayoría a amonestaciones y represiones.

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No hay voluntad política ni financiera para la implementación de la Ley de Mujer Rural

El Representante Alirio Uribe Muñoz, uno de los convocantes a la audiencia pública sobre el balance de aplicación de la ley de mujer rural (731 de 2002) que se desarrolló en el Congreso de la República, manifestó su preocupación por la falta de voluntad política y financiera de éste y anteriores gobiernos en la implementación de la misma.

“Las cifras hablan por sí solas. No sólo dedica un 30% del presupuesto del Ministerio en programas de Desarrollo Rural, cuando debería ser del 50% siendo equitativos, sino que cuando entramos a verificar lo de ese supuesto 30%, pues nos encontramos con que el Gobierno no nos da cifras fiables. Según respuesta que nos hicieron llegar, el presupuesto para mujer rural en el 2005 tuvo una apropiación de $500.000, en 2006 de $200.000, en 2011 de $1.000.000 y en 2014 de $13.256.000. Realmente nos preguntamos si son las cifras de un Ministerio o un chiste mal gusto.”

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En ese mismo sentido, indicó el congresista “El propio Ministerio de Agricultura manifestó que ha gastado 17 mil millones de pesos en programas de desarrollo rural, pero no dice en qué ha gastado ese dinero, y si uno mira el presupuesto del gobierno anterior y si se hubiese aplicado ese 30% para las mujeres rurales el presupuesto debería haber sido de más de un billón de pesos y no de sólo 17 mil millones”

Para el Representante Uribe Muñoz, lo que existe es un engaño del gobierno frente a la política pública de mujeres rurales. “No es posible que a pesar de haberse creado una secretaria de mujer rural, tampoco se haya nombrado a la fecha la directora de esa entidad”

Por último manifestó sentirse muy decepcionado frente a los resultados de la audiencia, “El ministro no asistió, los delegados que nos envió no explican las cifras que envió el ministerio, lo cual implica que nos veremos compelidos a hacer una audiencia de control político para que nos explique si la ley se está aplicando si hay de verdad voluntad política del gobierno frente a este importante tema para las mujeres rurales”

A la audiencia asistieron aproximadamente 300 lideresas de organizaciones campesinas y populares, que fueron convocadas por los Representantes Ángela María Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe, con el propósito de evaluar el pobre cumplimiento de la ley 731 de 2002 que básicamente – al parecer – se quedó como muchas otras leyes, sólo en el papel.

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Congresistas del Polo y de la Alianza Verde, y organizaciones campesinas, demandaron la Ley de Zidres

ván Cepeda, Alberto Castilla, y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo, y Ángela Robledo e Inti Asprilla, de la Alianza Verde,  junto a integrantes de la Cumbre Agraria y otros ciudadanos, radicaron ante la Corte Constitucional la demanda de forma y de fondo contra la Ley 1776 de 2016, conocida como la Ley de Zidres.

Los principales argumentos de la demanda se centran en una presunta afectación a la ley de baldíos, al introducir, según los demandantes,  medidas regresivas en torno a la garantía del derecho a la territorialidad campesina, especialmente en cuanto dispone la entrega de bienes baldíos de la nación a personas indeterminadas para el desarrollo de proyectos dentro de las denominadas zonas Zidres, y permitiendo la acumulación de tierras originalmente adjudicadas como baldíos.

Otro aspecto demandado es el que tiene que ver con una presunta imposición de un modelo de asociación a los campesinos. Los demandantes afirman que la figura de asociación mediante la cual se proponen alianzas entre campesinos y empresarios, resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, entre los que se cuentan el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al territorio campesino y la dignidad humana.

Los congresistas demandantes también recalcaron la posible vulneración de los derechos constitucionales de participación ciudadana y de la potestad que tienen los municipios de definir el ordenamiento de los usos del suelo, entre otros.

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Delegación de parlamentarios europeos de visita en Colombia, manifiestan su apoyo al proceso de paz

Con el objetivo de respaldar el proceso de paz y expresar su solidaridad y apoyo a los líderes políticos y sociales que actúan como facilitadores en el proceso, entre ellos el Senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, se encuentra en Colombia una delegación de parlamentarios europeos.

La misión fue organizada por los Congresistas del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar y Víctor Correa y del Partido Verde, Ángela María Robledo e Inti Asprilla Reyes y la ONG Justice for Colombia.

La delegación internacional está integrada por Jeffrey Donaldson MP, Parlamentario del Partido DUO en el Parlamento Británico, Mark Durkan MP, Parlamentario del Partido SDLP en el parlamento británico y John McCallister, diputado de la Asamblea del Norte de Irlanda. Los acompaña también Mariela Kohon, Directora de Justice for Colombia y Sarah Merrill de la misma organización.

En el marco de la misión se reunieron con la Cancillería, el Procurador General de la Nación, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, Congresistas y otras autoridades del alto gobierno de Colombia

En su declaración final, los parlamentarios europeos declararon su complacencia al gobierno colombiano, a las FARC EP y a la sociedad en general por todos los avances logrados hasta el momento, recalcando su irrestricto apoyo al proceso.

“Queremos expresar nuestro respaldo al proceso de paz que ha emprendido Colombia hace ya un tiempo y como ciudadanos provenientes de una región que también vivió un conflicto armado por varios años y que logró unos acuerdos de paz que han sido exitosos y que nos han permitido avanzar en la consolidación de la democracia pluralista e incluyente en medio de la diversidad, creemos firmemente que la resolución de los conflictos debe darse mediante la negociación y el diálogo y por eso creemos que Colombia va por un buen camino” manifestaron

Igualmente resaltaron que el contexto de negociación es una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y públicas colombianas, y el ejercicio legítimo del control político que se ejerce desde el parlamento sobre los distintos estamentos de gobierno.

En esa medida se pronunciaron por las acciones de estigmatización y el proceso disciplinario que ha emprendido el Procurador General de la Nación en contra del Senador Iván Cepeda Castro, quien desde su curul como congresista ha sido un asiduo defensor del proceso de paz, al tiempo que ha desarrollado su labor de control político proponiendo debates que son propios del trabajo de un congresista en Colombia y en cualquier país del mundo que tenga un régimen democrático.

“Ese tipo de respuesta ante la labor parlamentaria crítica, envía un mensaje negativo a la sociedad colombiana, y afecta los cimientos de la democracia, la democracia, la cual antes que debilitarse, debe fortalecerse para poder avanzar en mejorar sus instituciones y mecanismos de representación y participación política en el escenario del posconflicto”

De tal manera, colocaron a disposición de la opinión pública, los pronunciamientos suscritos por cientos de parlamentarios de Europa, a los que les preocupa que se cercene el debate democrático, tomando represalias contra quienes ejercen su derecho y cumples su deber de hacer control político.

DECLARACIÓN

La misión parlamentaria que en esta oportunidad visita Colombia la conformamos Jeffrey Donaldson MP, Parlamentario del Partido DUP en el Parlamento Británico, ex militar y negociador del proceso de paz de Irlanda del norte , Mark Durkan MP, Parlamentario del Partido Social democrata SDLP en el parlamento británico ex Vice primer ministro de Irlanda del norte y negociador del proceso de paz y John McCallister, diputado de la Asamblea del Norte de Irlanda. Nos acompaña también Mariela Kohon, Directora de Justicefor Colombia y Sarah Merrill coordinadora del grupo parlamentarios Amigos de Colombia, de 85 parlamentarios del Reino Unido.

A través de la organización Justice for Colombia nosotros y otros políticos de Irlanda del norte hemos venido acompañando el proceso de paz de colombia desde el inicio del diálogo.

Nos hemos reunido con ambas partes, el gobierno incluyendo el Presidente y equipo negociador y las FARC en varias ocasiones en Colombia y en la habana para compartir experiencias de nuestro propio proceso de paz. Les felicitamos al gobierno, las FARC y a la sociedad colombiana por todos los avances logrados y nos ofrecemos para seguir apoyando el proceso en donde sea útil.

La visita tiene como objetivo respaldar el proceso de paz y expresar su solidaridad y apoyo a los líderes políticos y sociales que actúan como facilitadores en el proceso, entre ellos el Senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro y ha sido organizada por los Congresistas del Polo Democrático: Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar y Victor Correa y del Partido Verde: Angela María Robledo e Inti Asprilla Reyes y la ONG Justice for Colombia.

En el marco de la misión nos hemos reunido con la Cancillería, el Procurador General de la Nación, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, Congresistas y otras autoridades del alto gobierno de Colombia

Queremos expresar nuestro respaldo al proceso de paz que ha emprendido Colombia hace ya un tiempo y como ciudadanos provenientes de una región que también vivió un conflicto armado por varios años y que logró unos acuerdos de paz que han sido exitosos y que nos han permitido avanzar en la consolidación de la democracia pluralista e incluyente en medio de la diversidad, creemos firmemente que la resolución de los conflictos debe darse mediante la negociación y el diálogo y por eso creemos que Colombia va por un buen camino.

Por supuesto es deseable que el gobierno colombiano pueda sentarse a dialogar con todos los grupos armados ilegales, ya lo ha hecho con las FARC-EP, es importante que igualmente pueda hacerlo con el ELN y que sea un proceso inclusivo.

Igualmente, consideramos importante que la sociedad colombiana en su conjunto pueda prepararse adecuadamente para la transición hacia el posconflicto, desde sus regiones apartadas, en las que con más fuerza se han vivido los impactos de la guerra hasta las grandes ciudades que también deben ser solidarias y que también podrán beneficiarse de las ganancias de la paz. Por ello es fundamental el papel de los medios de comunicación y que puedan darse garantías a los líderes y facilitadores del proceso de paz, desde el respeto por la libertad de opinión y el pluralismo.

También creemos que el contexto de negociación es una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y públicas colombianas, y el ejercicio legítimo del control político que se ejerce desde el parlamento sobre los distintos estamentos de gobierno.

En esa medida nos preocupan mucho las acciones de estigmatización y el proceso disciplinario que ha emprendido el Procurador General de la Nación en contra del Senador Iván Cepeda Castro, quien desde su curul como congresista ha sido un asiduo defensor del proceso de paz, al tiempo que ha desarrollado su labor de control político proponiendo debates que son propios del trabajo de un congresista en Colombia y en cualquier país del mundo que tenga un régimen democrático.

Ese tipo de respuesta ante la labor parlamentaria crítica, envía un mensaje negativo a la sociedad colombiana, y afecta los cimientos de la democracia, la democracia, la cual antes que debilitarse, debe fortalecerse para poder avanzar en mejorar sus instituciones y mecanismos de representación y participación política en el escenario del posconflicto.

Con esos objetivos ponemos a disposición de la opinión pública, los pronunciamientos suscritos por cientos de parlamentarios de Europa, a los que les preocupa que se cercene el debate democrático, tomando represalias contra quienes ejercen su derecho y cumples su deber de hacer control político.

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Demandantes de Reforma al Fuero Penal Militar anuncian seguimiento a la aplicación del fallo de la Corte Constitucional

Los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe y Ángela María Robledo, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, conjuntamente con otras 8 organizaciones de derechos humanos[1] y algunos familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos celebramos la decisión de la Corte Constitucional sobre la sentencia proferida respecto de la demanda presentada el pasado 15 de julio de 2015, contra el acto legislativo que reforma el Fuero Penal Militar.

Sin embargo a diferencia de lo señalado por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que destacó la decisión como un “gesto de calificación del fuero penal militar”,  los demandantes consideran que la decisión de la Corte Constitucional no modifica el ordenamiento jurídico vigente, motivo por el cual anuncian seguimiento a la aplicación del fallo, “para que esto no signifique que las investigaciones por graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH hagan tránsito a la Justicia Penal Militar”  manifestaron.

Aunque en primer término solicitaban en la demanda que se declarada inexequible dicha reforma, los demandantes formularon como petición subsidiaria, que en caso de declararse la exequibilidad de la norma acusada, la Corte estableciera algunos parámetros de interpretación en su sentencia, de tal manera que fuera diáfano y absolutamente claro para todos los funcionarios judiciales que todas las conductas delictivas cometidas por miembros de la fuerza pública deben ser investigadas y juzgadas aplicando de manera concurrente, simultánea y complementaria, tanto las normas y principios del DIH, como las del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Para los demandantes, “la interpretación que acogió la Corte Constitucional, demuestra una vez más su compromiso con la vigencia irrestricta de los derechos humanos en el país, a pesar de que hubiéramos preferido una sentencia que declarara inexequible el Acto Legislativo para evitar cualquier duda y ambigüedad

En ese sentido, la Corte Constitucional dejó en claro que  “en la investigación y juzgamiento de conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado, se debe aplicar tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La reforma constitucional introducida al artículo 221 de la constitución, no excluye la aplicación concurrente y complementaria de ambos ordenamientos jurídicos”.

[1] Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Centro de Estudios Juan Gelman, la Fundación Nidia Erika Bautista, Asfaddes, Reiniciar y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

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Cámara haría debate de control político por incendios forestales

El Representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe Muñoz, recorrió desde tempranas horas el territorio que se ha visto afectado por los incendios forestales en la última semana en la capital, con el fin de definir responsabilidades y explorar la posibilidad de realizar un debate de control político apenas se inicie el período legislativo.

“Nosotros vamos a formular cuestionarios a la CAR, a la Alcaldía, con miras a estudiar la posibilidad de hacer un debate de control político porque nos parece que no se está acatando la sentencia del consejo de Estado de 2013 que imponía una serie de medidas, como por ejemplo sustituir el retamo espinoso que es una planta que fácilmente se incendia en los cerros de la ciudad, y sustituirla por plantas nativas”, afirmó el congresista.

Acompañado por técnicos, expertos ambientalistas, entre ellos Héctor Álvarez de la Mesa de Cerros Orientales, el congresista pudo observar que aún persisten zonas en las cuales el fuego no se ha apagado totalmente y que en tal medida afecta la población cercana donde se producen, “Lo que queda claro es que no hay un plan de manejo ni de mitigación sobre los bordes orientales de los cerros de la ciudad donde hay más de 55 barrios, 28 de los cuales son ilegales”

Uribe Muñoz, visitó el barrio El Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, uno de los más afectados por el incendio forestal, así como el barrio El Dorado de la localidad de Santa fe y los llamados Tanques de San Dionisio, donde pudo conocer por parte del Teniente de Bomberos encargado Nelson Bermúdez, que el incendio se está desplazando en sentido Nororiente.

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“Estamos evaluando la posibilidad de hacer un debate de control político sobre responsabilidad en el tema de incendios forestales”

El Representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe Muñoz, recorrió desde tempranas horas el territorio que se ha visto afectado por los incendios forestales en la última semana en la capital, con el fin de definir responsabilidades y explorar la posibilidad de realizar un debate de control político apenas se inicie el período legislativo.

Uribe informó que a la fecha, no se ha acatado la sentencia del Consejo de Estado emitida en el año 2013, la cual imponía una serie de medidas, como por ejemplo, sustituir el “retamo espinoso” que es una planta que fácilmente se incendia en los cerros de la ciudad, y sustituirla por plantas nativas.

“Nosotros vamos a formular cuestionarios a la CAR, a la Alcaldía, al Ejército, ya que según habitantes de la zona, el incendio se inició dentro de la Escuela de Apoyo Logístico, que es un área totalmente reservada, por tanto habría que investigar quiénes son los verdaderos responsables” manifestó el congresista.

Acompañado por técnicos, expertos ambientalistas, entre ellos Héctor Álvarez de la Mesa de Cerros Orientales, y la líder social Edith Parada, el congresista pudo observar que aún persisten zonas en las cuales el fuego no se ha apagado totalmente y que en tal medida afecta la población cercana donde se producen, “Lo que queda claro es que no hay un plan de manejo ni de mitigación sobre los bordes orientales de los cerros de la ciudad donde hay más de 55 barrios, 28 de los cuales son ilegales”

Uribe Muñoz, visitó el barrio El Ramajal, ubicado en la localidad de San Cristóbal, uno de los más afectados por el incendio forestal, así como el barrio El Dorado de la localidad de Santa fe y los llamados Tanques de San Dionisio, donde pudo conocer por parte del Teniente de Bomberos encargado Nelson Bermúdez, que el incendio se está desplazando en sentido NorOriente.

 

Tanto la congresista Ángela Robledo como el representante Inti Asprilla anunciaron que se declararán en oposición deliberativa al Gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá.

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Congresistas solicitan a Defensor del Pueblo su renuncia

En una carta dirigida hoy al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, varios congresistasn entre ellos, los Representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo, Víctor Correa, Angélica Lozano, Ana Cristina Paz, Inti Asprilla, Oscar Ospina y los Senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Robledo y Claudia López, le piden se separe del cargo, para así poder asumir su defensa, sin afectar la institución que representa.

Igualmente los congresistas requerien a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten las investigaciones correspondientes, y se apliquen las sanciones más drásticas, en caso de encontrarse responsable de las conductas mencionadas.

Finalmente, los parlamentarios solicitan  se brinden todas las garantías de atención psicosocial, jurídica y de seguridad a las personas que han hecho las correspondientes denuncias.

Carta Otálora Denuncias 25Ene2016 (1)

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Polo alista acciones y tareas para resistir intentos de privatización de las empresas públicas de Bogotá por parte de Peñalosa

Con el propósito de hacer un balance del pasado proceso electoral del mes de octubre de 2015, así como determinar las acciones y tareas políticas a realizar este año frente a los anuncios de privatización de las empresas públicas de Bogotá por parte de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se llevó a cabo el pasado jueves 14 de enero en la Casa Amarilla, una amplia reunión con líderes y dirigentes de la capital encabezada por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón.

En efecto, a la reunión asistieron integrantes de los equipos de organización y gerentes zonales y locales de la pasada campaña política del Polo Democrático en Bogotá, así como excandidatos a ediles y al Concejo de la capital, quienes conjuntamente con la exaspirante a la Alcaldía, Clara López, el senador Senén Niño, el concejal Nelson Castro y el presidente del Comité Ejecutivo Distrital de la colectividad amarilla, Nelson Linares, hicieron un detallado análisis del pasado proceso electoral y determinaron proyectar las actividades a realizar este año, las cuales estarán dirigidas a defender y reivindicar las políticas públicas del modelo de ciudad social e incluyente  ejecutadas  por las tres últimas administraciones distritales.

La presidenta del Polo Democrático dijo que igualmente se proyectaron las tareas para asumir una contundente resistencia a los anuncios de privatización de las empresas de Telecomunicaciones (ETB), Acueducto y Aseo de la capital que viene haciendo el alcalde Peñalosa.

Para desarrollar estas acciones políticas en defensa del patrimonio público de la ciudad, los más de 200 líderes que participaron en la reunión coincidieron en la necesidad de reorganizar las coordinadoras locales del Polo y convocar a reuniones a los representantes de los sindicatos, organizaciones sociales y sectores poblacionales como indígenas, afros, LGBT, mujeres y jóvenes.

Igualmente, se trabajará por reactivar la convergencia social y política que respaldó la candidatura de López Obregón a la Alcaldía de Bogotá, de la cual hicieron parte además del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, MAIS, Progresistas, Poder Ciudadano, y líderes liberales y conservadores.

“Este es el primer paso para concretar la gran convergencia alternativa con miras a respaldar la refrendación de los acuerdos a que se lleguen en la mesa de negociaciones de paz en La Habana y la necesaria democratización del país”, señaló López Obregón.

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Primera entrega colectiva de restos mortales de víctimas del conflicto sepultadas como no identificadas en cementerios del meta

Hoy, 17 de diciembre, los restos mortales de 29 personas sepultadas en condición de no identificadas en Cementerios de los Llanos Orientales serán entregados a sus familiares.

La entrega de estas personas, víctimas del conflicto social y armado colombiano, la realizará el Gobierno Nacional, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y se realiza en el marco de la implementación de las medidas inmediatas del Acuerdo de búsqueda de desaparecidos, dado a conocer a través del comunicado 62 de la Mesa de Negociación de Paz y es la primera entrega colectiva que se realiza en condiciones de dignidad para las víctimas y familiares de personas inhumadas.

Se harán presentes el Alto Comisionado Para la Paz; el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, y Paula Gaviria, de la Unidad Nacional de Víctimas.

En el acto público de “Reconocimiento y dignificación a víctimas del conflicto armado”, que se desarrollará en la ciudad de Villavicencio, participarán también 77 familias más, a algunas de las cuales se les hizo entrega de los restos mortales de sus seres queridos entre 2013 y 2015 y otras que están en la espera de identificación y reconocimiento.

Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 45 mil víctimas de desaparición forzada. En el Meta, según Censo Nacional de Personas No Identificadas, en sólo cinco cementerios se encontrarían los restos mortales de 2 mil 292 personas no identificadas.

De estas personas se han identificado 830, ubicado a 260 de los familiares y entregado 77 de los restos mortales. A este ritmo, se requerirían de 144 años para hacer entrega digna de los cuerpos a los familiares de las víctimas del conflicto social y armado que han sido sepultada en estos sementeros.

Los familiares involucrados en este proceso han definido como una condición que la entrega de los restos mortales se haga en ceremonia privada, con presencia sólo de sus allegados, sus acompañantes y funcionarios del Estado.

El acto se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio el 17 de diciembre de 2015 de 9:00 am a 12:00 pm., en el Hotel Wyndham Garden Villavicencio, Kilómetro 3.5 vía Quisqueya, Vereda Brisas de Upía, Meta, Vía Restrepo, Meta.

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Polo anuncia oposición a Peñalosa en Bogotá

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático de Bogotá expidió una declaración pública en virtud de la cual anuncia que esta colectividad política declara desde ya la oposición al gobierno de expresión neoliberal que en la capital de la República regirá a partir del 1 de enero de 2016.

“Será Peñalosa quien implementará la privatización de los bienes públicos y, aún más grave, el que cercenará los derechos ya adquiridos en educación, salud, movilidad y bienestar social, para beneficiar a los financiadores de su campaña, que no son otros que los representantes del gran capital financiero nacional e internacional”, expresa en uno de sus apartes la declaración, razón por la que el Polo Democrático llama a sus dirigencia encabezada por sus congresistas, concejales y ediles en la capital, así como a su militancia, a actuar en consecuencia.

El texto de la declaración es el siguiente:

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático Alternativo comunica a la opinión pública su decisión de declararse en oposición al programa del gobierno de Enrique Peñalosa, e insta a sus representantes a la Cámara, concejales, ediles, coordinadoras, militantes y simpatizantes, a actuar conforme a esta definición.

El gobierno de Enrique Peñalosa y los programas esbozados por él en la campaña electoral contradicen el programa presentado por nuestra candidata y el Ideario de Unidad del Polo. Será Peñalosa quien implementará la privatización de los bienes públicos y, aún más grave, el que cercenará los derechos ya adquiridos en educación, salud, movilidad y bienestar social, para beneficiar a los financiadores de su campaña, que no son otros que los representantes del gran capital financiero nacional e internacional.

Anunciamos a la opinión pública que el metro que con tanta urgencia requiere la ciudad será sometido a nuevos estudios, y la capital del país podría ver frustrado una vez más este anhelo de más de 70 años, todo para proteger el negocio  del oligopolio de Transmilenio. De igual manera, el  Plan de Ordenamiento Territorial no estará al servicio del uso democrático del suelo urbano y rural, sino que se supeditará a los intereses de los grandes constructores, haciendo más gravosa la  especulación e impidiendo que la mayoría de la población no logre soluciones adecuadas de vivienda.

Se incrementarán los impuestos y se crearán nuevas tributaciones según lo propuesto en sus alocuciones  radiales y televisivas. De manera descarada, el nuevo alcalde se jacta del modelo de privatización de las vías planteando la construcción de APP con peajes en el interior de la ciudad, lo que afectará fundamentalmente a las capas medias, que utilizan sus vehículos para el ingreso y manutención de sus familias.

El Comité Ejecutivo Distrital del Polo, en concordancia con lo establecido en nuestro IV Congreso del Partido, ratifica su apoyo a la solución política negociada del conflicto armado interno y al diálogo civilizado para solucionar las divergencias. En la actual coyuntura histórica, el logro de la paz es una de las principales tareas del Partido y de su agenda política nacional.

El Polo Democrático promoverá la organización y movilización de la ciudadanía acorde con los postulados anteriormente presentados, con igual énfasis en oposición a las políticas retardatarias, antinacionales y al modelo económico excluyente del actual  gobierno presidido por Juan Manuel Santos y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

COMITÉ EJECUTIVO DISTRITAL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

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Víctimas presentarán propuestas sobre garantías de no repetición

Mañana miércoles 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los congresistas Alberto Castilla, Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe, así como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, organizaciones sociales y sindicales, realizarán una audiencia pública sobre garantías de no repetición, en el marco de la cual los asistentes presentarán propuestas sobre el tema que se harán llegar a la Mesa de la Habana, en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Al evento que se realizará en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, a partir de las 8:00 a.m., fueron invitados los Ministros de Defensa, Luís Carlos Villegas, del Post Conflicto, Rafael Pardo, y del Interior Juan Fernando Cristo.

La audiencia tendrá cuatro paneles temáticos, reforma a la doctrina militar, Acceso a la justicia para las víctimas, desmonte del Paramilitarismo como garantía de no repetición y Garantías de participación política y social en el posconflicto y el rol de los medios de comunicación

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Migrantes colombianos solicitan a la cancillería se reglamente el Sistema Nacional de Migrantes

El próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes un debate de control político sobre la situación de los derechos de los migrantes colombianos, convocado por los congresistas Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático Alternativo y Jorge Muñoz, Representante a la cámara de los colombianos en el exterior perteneciente al partido Mira.

Al debate han sido citados  María Ángela Holguín – Ministra de Relaciones Exteriores – , Luís Eduardo Garzón -Ministro del Trabajo-, y como invitados, Paula Gaviria – Directora Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas – y Jorge Armando Otálora – Defensor del Pueblo.

El debate tiene como objetivo incidir en la creación de de una mesa técnica de trabajo que en seis meses elabore la propuesta de reglamentación de la Ley 1465 de 2011 en la cual se garantice amplia participación y protagonismo de los migrantes, y que de vida real al Sistema Nacional de Migraciones,  pues la ley ya cumple 4 años sin haber sido reglamentada.

Así mismo se solicitará a la Cancillería que se cree el Viceministerio de Migraciones y Desarrollo, tal y como lo ordena el numeral 2 del Artículo 4 y se establezcan los mecanismos adecuados para garantizar una adecuada y plural conformación de la Mesa de la Sociedad Civil que pueda representar las diversas expresiones de los colombianos en el exterior y que se escuche a los migrantes en el marco de la construcción de los Acuerdos de Paz de La Habana

Igualmente los parlamentarios convocantes instarán al Ministerio la creación obligatoria en todos los Consulados de una Oficina para Asesoría jurídica permanente, ya que en la actualidad este servicio especializado no se tiene en todos los consulados o la asistencia jurídica que se presta es deficiente.

Estadísticamente, según cifras reportadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el número de migrantes internacionales se calcula en 214 millones de personal, es decir que 3.1% de la población mundial son migrantes. El 49 % de migrantes en el mundo son mujeres. Si las personas migrantes se juntaran, constituirían el quinto país más poblado del mundo.[1]

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores el total de nacionales en el exterior asciende  a 4.7 millones de colombianos. Es decir, que más del 10% de los colombianos viven en el exterior, aunque esta cifra puede no dar cuenta de la totalidad del fenómeno. Otros estudios dicen que solo en Venezuela, pueden vivir más de 4 millones de colombianos, por lo que se cree que la cifra de colombianos en el exterior, ronda los 6 millones de personas.

En 2014, del total de salidas de colombianos el 31,6% se dirigió hacia Estados Unidos como el principal destino, seguido por Venezuela (13,4%), Panamá (10,6%), Ecuador (8,9%), México (7,2%), España (5%), Perú (3,2%), Brasil (2,7%) y Chile (2,2%), entre otros.

El debate será transmitido por el Canal del Congreso y vía streaming por la página del Representante a la Cámara Alirio Uribe: www.aliriouribe.com

 

[1] Cifras tomadas de Boletín Hechos y Cifras 2014 de la OIM. Disponible en:http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2. Consultado en noviembre de 2015.

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Mañana se presenta otra demanda contra Ley que reestructura la Justicia Penal Militar

Los Congresistas  Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro, así como  representantes de varias organizaciones sociales[1], radicarán mañana martes ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del Código Penal Militar y  la ley que reestructura la Justicia Penal Militar  que fue promulgada en julio de este año y que pretende implementar a través de ésta el sistema penal acusatorio.

A juicio de los demandantes, la reforma desconoce la competencia restrictiva para conocer de delitos distintos a los propios del servicio, viola derechos de las víctimas, atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares y la restricción para otorgar funciones de policía judicial a las fuerzas militares, al tiempo que resulta violatoria de principios básicos de la administración de justicia como la autonomía y la imparcialidad.

La ley igualmente revive aspectos ya declarados inconstitucionales y desconoce estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La demanda será presentada a partir de las 10:00 a.m. en la Corte Constitucional.

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Polo Democrático pide al gobierno de Santos protección para senador Iván Cepeda ante intento del Procurador de acallarlo políticamente

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo encabezado por su presidenta, Clara López Obregón y el secretario general, Gustavo Triana Suárez, enviaron una carta al primer mandatario Juan Manuel Santos y al presidente del Congreso de la República, solicitándoles brindar la suficiente protección al senador de esta colectividad, Iván Cepeda Castro, a quien el procurador Alejandro Ordóñez busca acallarlo políticamente a través de una sanción disciplinaria que, según ha trascendido, tiene previsto hacerla efectiva a partir del próximo mes de diciembre.

El texto de la misiva de la directiva nacional del Polo Democrático, la cual se hace extensiva al propio Procurador, es el siguiente:

Bogotá D.C. Noviembre 10 de 2015

Doctores
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Luis Fernando Velasco
Presidente Senado de la República de Colombia
Alejandro Ordoñez
Procurador General de la Nacional
Ciudad.

Respetuoso saludo.

Por medio del presente escrito y siendo respetuosos de las normas internas de Colombia, manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión adoptada por el doctor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, de proferir PLIEGO DE CARGOS por una presunta falta grave en la que habría incurrido con dolo por una supuesta extralimitación de funciones el Senador IVÁN CEPEDA CASTRO, senador de nuestro partido, defensor reconocido de Derechos Humanos, cofundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y activo propiciador de las conversaciones en busca de la paz.

Estos esfuerzos por la paz y la reconciliación están vinculados, con la acción de millones de víctimas, que esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero sobretodo que cese la violencia que tan duramente ha golpeado a la población colombiana. El Senador Iván Cepeda Castro ejerce la oposición en los espacios democráticos e institucionales y tiene la honrosa designación de copresidente de la Comisión de Paz del Senado de la República de Colombia.

Le pedimos al Gobierno y a los diferentes poderes públicos en Colombia, le brinden protección a los derechos del Senador Iván Cepeda Castro, especialmente el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación política, el debido proceso, igualmente las condiciones para ejercer la oposición política y sobre todo a ser juzgado penal y disciplinariamente, por un juez competente y un tribunal autónomo e independiente, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

De igual forma, comentarles que estaremos muy pendientes y atentos de lo que pueda suceder con nuestro parlamentario y defensor de Derechos Humanos IVÁN CEPEDA CASTRO, pues no deja de llamar la atención que en un momento tan trascendental e histórico como el que vive Colombia, para intentar ponerle fin a un conflicto interno de décadas, se adopten decisiones de corte autoritario que recortan el derecho a ejercer la oposición democrática.

Comité Ejecutivo Nacional del PDA


Clara López Obregón   
Presidenta

Gustavo Triana Suárez
Secretario General

C.C.:
Cuerpo Diplomático
CIDH – OEA
UNASUR
Asamblea de Derechos Humanos – ONU

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Gobierno Nacional anuncia reglamentación de la consulta previa a espaldas de los pueblos indígenas y étnicos

Mañana 19 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la audiencia pública “¿Reglamentar o no? Consulta previa y otros mecanismos de participación”, convocada por los congresistas Ángela María Robledo, Luís Evelis Andrade, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, la cual tiene como objetivo escuchar las posiciones de grupos étnicos y comunidades campesinas frente a los obstáculos que actualmente existen para garantizar la participación efectiva de estos grupos sociales.

De manera particular se discutirá sobre la visión de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas frente a la presentación de un proyecto de ley estatutaria de origen gubernamental que reglamentaría la consulta previa. Asimismo se debatirá sobre la ausencia de mecanismos de participación para comunidades campesinas y los obstáculos que los gobiernos locales, el gobierno nacional y órganos de control han puesto a la realización de consultas populares como medio para participar en decisiones sobre el ordenamiento territorial.

A la audiencia fueron invitados Pedro Santiago Posada – Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior -, Fernando Iregui Mejía  – Director Agencia Nacional de Licencias Ambientales -, Luis Fernando Andrade – Director Agencia Nacional de Infraestructura – Mauricio de La Mora – de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como Patricia Tobón – Organización Nacional Indígena de Colombia -, Daniel Garcés – Proceso de Comunidades Negras -, delegados del Coordinador Nacional Agrario y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Héctor León Moncayo – Investigador de ILSA, entre otros académicos interesados en la defensa de los derechos de estos grupos.

Las comunidades étnicas  ven con desconfianza los intentos de reglamentación de la consulta previa, aunque no hayan adelantado una acción de gran magnitud encaminada a rechazarlos, ya que consideran que si bien es necesario aclarar diversos aspectos de procedimiento frente al tema de la consulta, este es un asunto que les compete a ellas autónomamente y que no puede desviar la atención sobre la esencia del derecho a la consulta que no es otro que garantizar otros derechos fundamentales de los grupos étnicos.

El senador Luis Evelis Andrade Casamá afirmó que “la consulta previa ya está reglamentada, que la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio Internacional 169 de 1989, es clara. Las comunidades indígenas y afrodescendientes esperan que el Estado garantice sus derechos, así como la correcta y oportuna aplicación de las reglas definidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.  Agregó que la consulta previa como derecho fundamental es, además, una oportunidad para que el Estado escuche a las comunidades y la ejecución de los proyectos resulte en pro del interés general.

A juicio del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, “Es necesario que el gobierno nacional, tenga en cuenta las diferentes visiones sobre consulta previa que tienen las comunidades étnicas afectadas, sus propuestas y la pertinencia de la presentación del proyecto de ley estatutaria por parte del Gobierno, que a propósito, no las ha tenido en cuenta ni siquiera en la formulación del mismo”. Igualmente, el parlamentario manifiesta la necesidad de reformar la Directiva Presidencial No.10 de 2013 sobre consulta previa, ya que “como está formulada no respeta los derechos de los grupos étnicos y se ha convertido más en un obstáculo para el desarrollo y no como la garantía de un derecho fundamental a la cual está obligado el Estado en virtud de normas internacionales de derechos humanos”.  

 Para el senador Iván Cepeda,  La consulta previa a las comunidades étnicas en los distintos proyectos minero-energéticos y en las obras infraestructura en Colombia ha sido nula. Aunque se han ido ganando espacios en las luchas sociales y en las instancias judiciales, como la Corte Constitucional, han surgido otros obstáculos para no realizar la consulta. Por eso, el Gobierno y el Congreso deben contar con la participación de los grupos étnicos antes de debatir el proyecto que reglamente este mecanismo, pues es un tema que atañe a la soberanía nacional, a la defensa del ambiente y a la supervivencia de las comunidades, como elemento esencial en la construcción de la paz”.

Por su parte, el Senador Alberto Castilla se refirió a la manera como los mega-proyectos también afectan tierras y territorios campesinos e impactan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria de la nación: “Los grandes proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura han impactado negativamente a los grupos étnicos y su derecho a la consulta previa no ha sido debidamente garantizado. La situación del campesinado colombiano es aún más precaria, pues el Gobierno ni siquiera reconoce a campesinos y campesinas como grupo social ni su representación política. En consecuencia, el gobierno ha venido obstaculizando  mecanismos ya reconocidos como la consulta popular. Nosotros demandamos el reconocimiento del campesinado como grupo social y que se les brinde un mecanismo de participación efectiva para tomar parte en todas las decisiones que los afecten”.

De igual forma, Ángela Robledo, representante a la Cámara señaló que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y negras que es necesario regular de tal manera que se garantice su protección efectiva. “Es necesaria una regulación que brinde a las comunidades de herramientas que les permita garantizar la participación y la representatividad de las diversas comunidades que confluyen en el territorio.

Ángela Robledo aseguró que los representantes del Estado están llamados a proteger los derechos fundamentales de estas comunidades en vez de atacarlos y deslegitimarlos: “He escuchado en varias oportunidades al vicepresidente Vargas Lleras emprender contra estas consultas. Uno podría asegurar que el vicepresidente es enemigo de la consulta previa.

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A debate extralimitación de funciones del ESMAD y la Fuerza pública

Desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y en su lugar crear un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional que pueda mediar en las situaciones de protesta con enfoque preventivo, que en ningún caso podrá portar armas de fuego o usar armas de manera letal, solicitará el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, en el marco del debate de control político que se desarrollará a partir de las 3:00 P.M. en Plenaria, mañana miércoles 28 de octubre

La solicitud la realizará ya que el ESMAD, además de no cumplir con la misión para la cual fue creado, su accionar y evidente extralimitación de funciones ha generado graves violaciones a los derechos humanos, principalmente los derechos a la integridad física, a la vida y al derecho de reunión y protesta pacífica.

A pesar que a la fecha no existe un reporte oficial de las autoridades encargadas de investigar estos casos, el Banco de Datos del Cinep en el período 2002-2014 ha documentado 448 agresiones con un total de 3.950 víctimas, en las que se encuentran presuntamente involucrados miembros de la fuerza pública y el ESMAD,  de las cuales se reportan 137 casos de personas heridas, 91 casos de detenciones arbitrarias, 107 casos en los que se reportó amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso 2 casos de violencia sexual.

Cabe destacar que estas cifras presentan un subregistro,  toda vez que los ciudadanos víctimas no denuncian por miedo, por desconocimiento de los procedimientos del ESMAD o por dificultades de acceso a las entidades donde se interponen las denuncias, lo cual es particularmente relevante para los casos de las agresiones acaecidas en zonas rurales, en marchas en carreteras entre otros.

No obstante la dimensión de estas cifras, la Policía Nacional reporta que desde la creación del ESMAD, sólo tiene iniciadas 188 investigaciones disciplinarias, 29 que fueron iniciadas de oficio y 131 a petición de la víctima, pero no remiten ni el estado actual de la investigación, ni el detalle de las investigaciones, los disciplinados o las causas.

En el marco del debate, el Representante a la Cámara, además dará a conocer la letalidad de las armas utilizadas por el ESMAD, el porqué este escuadrón no cumple con sus funciones, el Manual para el Servicio de Policía en Atención a Multitudes y algunos casos representativos de su uso que ha causado graves afectaciones a la población, entre otros puntos de relevancia.

Al debate fueron citados el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, Director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino, así como, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia Todd Howland.

 

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¿Se debe regular el trámite de extradición?

Con la confirmación de asistencia del señor Ministro de Justicia,  Yesid Reyes, se realizará mañana 9 de octubre a partir de las 9:00 a.m. en las instalaciones del auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, una audiencia pública en la que discutirá la pertinencia de modificar el trámite de extradición en Colombia.

La audiencia convocada por los congresistas Víctor Correa, Germán Navas Talero, Alberto Castilla, Inti Asprilla y Alirio Uribe Muñoz, pretende analizar de fondo el polémico proyecto de ley 009 de 2015 que precisamente busca regular el trámite de la extradición.

A la misma también fueron citados Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, María Ángela Holguin, Canciller y José Leonidas, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A juicio de los citantes, “El gobierno nacional ha tenido una postura discriminatoria en la regulación de la extradición al excluir cientos de connacionales que enfrentan este proceso, limitando sus efectos solo a las insurgencias”

 

 

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Decreto de Minvivienda pone en riesgo población recicladora

Para el senador Alberto Castilla y el Representante a la Cámara Alirio Uribe, defensores de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esté tramitando un proyecto Decreto “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones”, que vulnera los derechos de la población recicladora.

Para el Representante “Estas medidas van en contradicción de las consideraciones de la Corte Constitucional, que ha calificado a los recicladores como una población sujeto de especial protección del Estado, ordenando medidas de protección especial  en su favor”

Según el legislador, una vez promulgado este acto, los recicladores independientes perderían el reconocimiento vía tarifaria que vienen recibiendo por parte de la UAESP, como reconocimiento a la labor de las y los recicladores en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los mandatos de la Corte Constitucional. De otro lado, se pretende implementar un mecanismo de mercado y libre competencia, en el cual las organizaciones de recicladores quedarían en franca desventaja frente a empresas grandes y consolidadas. Impone también medidas de previsión financiera especialmente sobre las organizaciones de recicladores, dificultando aún más su operación.

El  Parlamentario le recordó al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que el contenido del proyecto de Decreto señalado es potencialmente regresivo en tanto éste desconoce los avances que se han dado en el reconocimiento de los derechos a esta población, en particular aquellos reconocidos en el bloque de sentencias proferidas por la Corte Constitucional desde el año 2003, que ha declarado a la población recicladora como sujeto de protección especial de derechos. Asimismo le advierte que de acuerdo con el ordenamiento legal, cualquier medida de carácter administrativo que contraríe lo dispuesto en una o más sentencias, potencialmente podría significar fraude a  resolución judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el senador Castilla considera necesario que se escuchen las propuestas de las organizaciones de recicladores, y que en ningún caso, se adopten medidas que resulten regresivas y/o generen vulneraciones a los derechos de esta población. La construcción de la reglamentación del servicio público de aprovechamiento de que trata el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y que tiene una incidencia nacional, no debe realizarse sin concertar con la población que devenga su sustento de esta actividad. Por lo tanto, le solicita al ministro que se amplíen los términos de la consulta de este proyecto de decreto, o en su defecto, que tal proyecto de reglamentación sea descartado.

Los congresistas recalcaron que preocupa la influencia del exministro de Vivienda y actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en este ministerio y su estrecha relación con los empresarios de los servicios públicos. Como su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, perteneciente al gremio de las empresas de servicios públicos. Otra de las amistades cercanas es Alberto Ríos, empresario del aseo y uno de los principales financiadores de las campañas políticas de Vargas Lleras. Con el poder de intervenir en la contratación de los servicios de basura, agua y alcantarillado que  otorgó la Ley de Vivienda, a esta cartera en el 2012, donde se permite al Ministerio de Vivienda asignar y otorgar Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para entregarle la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los privados, con este nuevo decreto que se encuentra en consultas, se estaría beneficiando una vez mas a los amigos y allegados al Ministerio y dejando en situación de indefensión  a la población recicladora.

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Colombia necesita cese al fuego bilateral y de las hostilidades

En medio del anuncio del acuerdo sobre el punto de justicia entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2015 tanto las FARC-EP como el Gobierno Nacional han mantenido el cumplimiento del cese unilateral al fuego y la medida anunciada de desescalamiento respectivamente. Durante este último mes de ejecución de cese unilateral las partes trabajaron en la Habana, en el punto víctimas y en la subcomisión de fin del conflicto. En ese sentido, recibieron la visita de los delegados del Secretario General de Naciones Unidas, la Presidencia pro tempore de UNASUR, en donde se escucharon visiones sobre mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Situación que contrasta con ya no solo la presencia, sino también movilización de ejércitos paramilitares en algunas zonas del país y la generalizada violencia política que se ha gestado por motivo de las elecciones de las autoridades locales.

El Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes por la Paz han podido constatar en este periodo y en anteriores informes, que el cumplimiento del compromiso adquirido por la FARC-EP de cese unilateral al fuego y el cumplimiento de la medida de desescalamiento por parte del Gobierno, ha significado grandes beneficios para las comunidades que habitan en las regiones donde más fuertemente se ha desarrollado el conflicto armado; representando especialmente un aumento de la capacidad de movilización, seguridad y condiciones para un mejor desarrollo económico[1].

De la misma forma, el Frente Amplio, el sector de iglesias DiPaz y las Constituyentes por la Paz han obtenido evidencias que la ofensiva militar de la fuerza pública no ha cesado, sin embargo, ha notado un descenso en acciones militares entre la Fuerza Pública y la Guerrilla de las FARC-EP, a pesar de ello en este periodo hubo ocho bajas guerrilleras. En igual sentido, comunidades en varios departamentos del país, han denunciado que a diferencia de meses anteriores, no es la fuerza pública, ni las FARC-EP quienes han afectado la población civil necesariamente, sino que son las fuerzas paramilitares con amenazas, intimidaciones y agresiones (19 hechos documentados en el presente informe) las que han venido atentando contra la seguridad y tranquilidad.

El Gobierno Nacional por su parte, ha estado enfrentando un conflicto binacional que ha representado el cierre de la frontera con Venezuela, la deportación de cientos[2] de colombianos y colombianas, y el distanciamiento con uno de los países tradicionalmente promotor y garante de los acuerdos de paz para la terminación del conflicto en Colombia, lo cual ha puesto en evidencia otras realidades de conflicto nacional en la zona.

Así mismo, paralelamente, y de manera unilateral (sin consultar con la delegación de paz de las FARC-EP) , el Ministro del Interior radicó ante el Senado de la República, el Proyecto de Acto legislativo para la implementación de los acuerdos de paz, el cual crea una comisión especial al interior del Congreso, para legislar acerca de lo que se pacte en la Habana y le otorga Facultades extraordinarias al Presidente para expedir Decretos para facilitar y asegurar la implementación del fin del conflicto.

Con la llegada del nuevo Ministro de Defensa se ha registrado un cambio en el lenguaje, lo cual no quiere decir que otros aparatos del Estado hayan dejado de trasgredir compromisos y de crear un ambiente de desconfianza que impide la existencia de un real desescalamiento del conflicto y la promoción continua de una paz duradera. En el sector justicia, se ha venido desconociendo el debido proceso y la jurisdicción especial indígena. Pero al contrario, no se han dado acciones contundentes por parte de ninguna de las instituciones del Estado u orden de captura reciente por los hechos atribuibles a las estructuras paramilitares.

En el marco de este periodo de veeduría ha trascendido que el Gobierno y el ELN van a dar el paso hacia la fase formal y pública de los diálogos, lo cual lleva a alentar a que lo antes posible se establezca de manera concreta la negociación y se armonice con el proceso avanzado con las FARC-EP.

Es importante resaltar que la sociedad necesita conocer más sobre los resultados, alcances y beneficios del proceso de paz para generar un respaldo mayor al proceso. El ambiente general de tranquilidad que se ha establecido desde el inicio del cese unilateral al fuego, reflejado en las encuestas y en los pronunciamientos de las comunidades que piden la continuidad del mismo, demandan la urgencia de que las partes pacten un cese bilateral.

[1] Véase segundo informe de veeduría al Cese al Fuego Unilateral y las hostilidades. Frente amplio por la paz, 2015.

[2] Véase: Http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/prensa/comunicados/comunicados-2015/agosto-2015/2090-gobierno-nacional-continua-brindando-asistencia-a-los-colombianos-deportados-de-venezuela

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Minería acabará con lo que queda de “Colombia Magia Salvaje”

Aprovecho para saludar la presencia de ciudadanos provenientes de Gachantivá (Boyacá), Suesca (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca) y de la ciudad de Bogotá, y decir de manera respetuosa, que solo somos una pequeña muestra de la tragedia por la que atraviesa nuestro país, por efectos de la actividad minera indiscriminada. Los conflictos ambientales y sociales de la minería no son solo un problema de Bogotá y el altiplano, sino que es un problema de país, la nación entera está afectada por este problema… y no solo es un problema del ser humano, también de los animales, de las plantas, de la vida entera. La vida, esa que según demuestran hallazgos científicos, es explicada por la existencia del agua y unas condiciones particulares. Pues bien, este preciado líquido es uno de los factores que a veces parece abundante ante una lluvia, pero no. Es escaso, es limitado, y la actividad del hombre, y en especial de las industrias extractivas, la están agotando.

Saludo también la presencia de las entidades citadas y concernidas con estos asuntos, como son la Agencia Nacional de Minería, las Corporación Autónomas Regionales de Cundinamarca y Boyacá, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, los alcaldes de Soacha y Gachantivá, el Instituto Alexander Von Humboldt y las entidades de control fiscal y disciplinario, así como la Defensoría del Pueblo.

Igualmente saludar a los televidentes que nos siguen en directo por el Canal del Congreso. Sean todos y todas bienvenidos a esta audiencia pública sobre los “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Algunos casos de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense”.

Para permitir el saludo de mis colegas y dar espacio a las intervenciones centrales de las comunidades y casos que se van a exponer, doy inicio a mi corto discurso de instalación de esta audiencia:

Por estos días está en cartelera de cine la película “Colombia, Magia Salvaje”, la cual describe con unas imágenes de alta calidad, solo algunas de nuestras mayores riquezas, y precisamente comienza por un ecosistemas fundamental para el abastecimiento de agua para los animales, las plantas y el ser humano: los páramos.

Ojalá los funcionarios de Planeación Nacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el resto de su gobierno vean la película y les duela un poco en la conciencia su percepción del desarrollo nacional, fundado como desde hace dos décadas en la actividad minera. Si fueran consecuentes, reformarían la Ley 1753 de 2015 o Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 y demás políticas en contra de la vida y a favor de la indiscriminada acumulación de capital.

Vale afirmar, sin temor a equivocarme, que el Plan Nacional de Desarrollo, no es nacional, no es público, no es de interés general. Es un plan de negocios del sector privado, una garantía legal para la acumulación sin control del sector privado. Ejemplo de esto es la actividad minera.

Comencemos por los páramos. La Ley de manera eufemística se presenta como una norma que prohíbe la minería en páramos, lo cual al leer por encima pareciera cierto, pero la norma tiene una trampa que fue la que como Polo demandamos ante la Corte Constitucional.

Si bien el artículo 173 del PND prohíbe la minería en páramos, quedan vigentes la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental o con instrumento de control y manejo ambiental equivalente que hayan sido otorgados antes del 9 de febrero de 2010 para minería, y 16 de junio de 2011 para actividades petroleras. Con esta excepción quedan vivas las concesiones que cumplan esas condiciones, las cuales podrán seguir ejecutándose.

En la investigación que se hizo para la demanda, se encontró que hay 448 concesiones otorgadas con anterioridad al 9 de febrero de 2010 que entrarían dentro de la excepción y que estas se ubican sobre 26 ecosistemas de páramos de nuestro país, entre los cuales hay varios en Cundinamarca y Boyacá. Páramos como el de Sumapaz, el de Cruz Verde en el oriente de la ciudad de Bogotá (colindando con Choachí). Otros como el Páramo de Guerrero, el Páramo del Almorzadero, de Pisba, de Rabanal, también están en esta misma situación.  La siguiente tabla muestra los 26 páramos que están en esta condición:

 

No.ZONA DE PARAMONo.ZONA DE PARAMO
1ZP – ALMORZADERO14ZP – GUERRERO
2ZP – ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE15ZP – IGUAQUE – MERCHÁN
3ZP – BELMIRA16ZP – JURISDICCIONES – SANTURBÁN – BERLÍN
4ZP – CERRO PLATEADO17ZP – LA COCHA – PATASCOY
5ZP – CHILES – CUMBAL18ZP – LOS NEVADOS
6ZP – CHILÍ – BARRANGÁN19ZP – NEVADO DEL HUILA – MORAS
7ZP – CHINGAZA20ZP – PISBA
8ZP – CITARÁ21ZP – RABANAL Y RÍO BOGOTÁ
9ZP – CRUZ VERDE – SUMAPAZ22ZP – SIERRA NEVADA DEL COCUY
10ZP – DOÑA JUANA – CHIMAYOY23ZP – SONSÓN
11ZP – FRONTINO – URRAO24ZP – SOTARÁ
12ZP – GUANACAS – PURACÉ – COCONUCOS25ZP – TAMÁ
13ZP – GUANTIVA – LA RUSIA26ZP – TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA

Lo anterior contradice las disposiciones de la Constitución referidas al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales, así como el derecho al agua y el patrimonio público que representan estos ecosistemas de páramo, que están en riesgo de degradación permanente por diversas amenazas, pero muy fuertemente por la actividad minera.

Sumado a lo anterior, además la Ley da la categoría de PINE (Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos) a la actividad minera, concepto de política pública que tiene las prerrogativas constitucionales de utilidad pública e interés social, que legitimaría expropiar a los ciudadanos de cualquier lugar del país donde este un título minero categorizado como PINE, pero además no permitiría el retorno de los despojados, pues la Ley del Plan de Desarrollo dice que el juez de restitución de tierras debe abstenerse de restituir el predio objeto de abandono o despojo si se esté traslapa con un PINE (que puede ser una carretera 4G, una hidroeléctrica o un título minero). ¿Qué esperanza de real materialización de la paz y la convivencia nos dan unas políticas de estas características?

La Ley en un anexo incluyo un listado enorme de proyectos PINE, visionarios y regionales, muchos de los cuales son proyectos mineros. Pues bien, al cruzar el listado de 72 proyectos con mayores conflictos a 2013 identificados en el tomo 4 del libro de la Contraloría (pág. 273-276) con los proyectos listados como PINES en el anexo del artículo 5 del PND 2014-2018, se encuentra correspondencia en gran parte de estos, destacándose los siguientes:

  • Proyecto de exploración minera La Colosa (Departamento del Tolima).
  • Proyecto generación minera Angostura (Páramo de Santurbán, Departamento de Santander)
  • Hidroeléctrica de Ituango (Departamento de Antioquia)
  • Ampliación de la producción de carbón en el Sector La Jagua (Departamento de Cesar)
  • Proyecto Multipropósito El Quimbo (Departamento del Huila)
  • Doble calzada Santa Marta – Barranquilla y variante de Ciénaga (Departamento de Magdalena)
  • Proyecto de exploración minera Gramalote (Departamento de Antioquia)
  • Expansión de la producción de níquel mina Cerromatoso (Departamento de Córdoba)
  • Túnel de la Línea (Departamentos del Quindío y Tolima)
  • Proyecto de exploración minera Buriticá (Departamento de Antioquia)

Es decir, estos proyectos que engendran serios problemas, ahora son de utilidad pública e interés social ¿Por qué? ¿Qué entendemos por estos preceptos constitucionales del artículo 58 de la Carta de 1991?

De esta manera, se les da seguridad jurídica a las multinacionales en contra del derecho al agua de los ciudadanos, pues se valida la explotación en títulos traslapados con áreas de páramo. Triste realidad y llamado para que se movilice la ciudadanía de casos emblemáticos como El proyecto Angostura en el Páramo de Santurbán (Santander) y el proyecto La Colosa y el Ecosistema de Páramo del Parque Nacional de los Nevados (Tolima)

Por eso demandamos estas normas del Plan de Desarrollo, esperando que el órgano de revisión Constitucional, en su juicio y por el bienestar ciudadano declare la inexequibilidad de estos artículos, y ojalá de todo el Plan. Nuestros páramos y el agua que es para el bienestar general, no puede ser botín en una rifa indiscriminada de nuestros territorios.

Ahora bien, el problema no es solo el ambiental, es económico, social y cultural. Como a cada arista de incidencia no me puedo referir, terminaré señalando algunos de los problemas económicos. Quizás porque sin agua y sin plata, ahí si sentimos como ciudadanos los problemas.

Por efecto de la minería combinada con TLC’s es que tenemos un dólar por encima de los 3000 pesos. El auge de la minería en un primer momento nos revaluó la moneda y con esto quebró la industria nacional y el agro. Con la caída de los precios del petróleo, el carbón y demás bienes básicos, no llegan los dólares y al contrario se van, dejándonos atrás la ruina de nuestras empresas industriales y la producción agropecuaria. Ahora todos los alimentos que antes producíamos y hoy las importamos, se hacen más caras y por eso ya se siente en el bolsillo, que el salario no aguanta para comprar el mercado. La inflación es uno de los síntomas de la profundización de los síntomas de la enfermedad holandesa que ya venimos padeciendo hace algunos años.

Por efecto de la minería, debido al agotamiento de la bonanza y la caída de los precios, nos dejó un hueco fiscal de por lo menos 10 billones de pesos para el próximo año, según algunos analistas. Así, subirán los impuestos a los ciudadanos de a pie, pues los empresarios (muchos de estos, empresarios mineros) dicen que no pagan más y si no se van del país. No chantajean con indicadores como el desempleo, y así se perpetúa la espiral de la desigualdad.

Pero a pesar de todos estos males, es el sector consentido por la política pública, Es como un síndrome de Estocolmo del gobierno nacional, que se explica por la cooptación de los intereses privados en el manejo de la política pública.

¿Cómo se ve el privilegio a la política minera en el PND 2014-2018? Pues bien, en el PND 2010-2014 o Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones (que es el artículo que define cuál política tendrá plata y cuál no), el sector público representado en las fuentes del gobierno nacional y las entidades descentralizadas, aportaron para la locomotora denominada “Desarrollo Minero y Expansión Energética” la suma de 3,2 billones de la época; mientras que el sector privado se planteó aportaría más de 93 billones. Es decir, la relación de aporte al desarrollo minero nos daba que por cada 100 pesos de inversión en minería, el Estado participaba con 3 pesos, mientras que el privado lo hacía con 97 pesos. Esto es consecuente con un período de auge del sector minero.

Y ahora que está de capa caída el sector minero-energético, cuando la decisión eficiente y lógica debiera ser bajar los recursos para el sector minero y dedicarlo a otros como la industria y el agro, sucede todo lo contrario.

El sector privado, que en su racionalidad económica entiende la situación de declive de la actividad minera y petrolera, prevé que en el cuatrienio apenas aporte 65,7 billones, lo cual es un decrecimiento del -37% en términos reales comparado con el PND 2010-2014. Sin embargo, en el caso del sector público la acción es contraria. Al sumar las fuentes del gobierno nacional central, el descentralizado, el Sistema General de Participaciones (SGP) y hasta las regalías, el sector público aportará en inversión 12,8 billones de pesos. Es decir, que de cada 100 pesos de inversión en el sector minero, 84 serán del sector privado y 16 del sector público. Así, la participación del Estado en materia de recursos destinados al desarrollo minero se quintuplico. Esto un despropósito, una malversación.

Con este lamentable contexto, en este mismo lugar donde estas disposiciones contrarias a los intereses del público se dictan y aprueban, favoreciendo a unos cuantos personajes (naturales o jurídicos), damos apertura al debate franco sobre los efectos de la actividad minera indiscriminada en los territorios y espacios locales.

Nuestras historias

Tener una vivienda digna también es un derecho humano

Resulta importante aprovechar este espacio de reflexión en torno al derecho a la vivienda, para recordar que cuando hablamos de la vivienda digna, no nos referimos solo a una necesidad de la vida diaria que se expresa en  tener un lugar donde habitar, donde dormir, donde desarrollar la esfera de la vida privada, el espacio para vivir en familia. La vivienda es también un DERECHO HUMANO y es muy importante no perder de vista ese horizonte en su exigibilidad y reivindicación.

En el ordenamiento internacional, el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido principal, aunque no únicamente, por el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia desde el año 1974  el cual dispone (art.11) que los Estados partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia y que los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el intérprete autorizado del PIDESC, ha considerado que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare solo con el mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. Al contrario, el Comité ha indicado que el derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales y debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

En la Observación General No. 4 el Comité del Pacto ha considerado que para que una vivienda pueda considerarse adecuada es necesario que se cumplan las siguientes 7 condiciones:

  1. a) seguridad jurídica de la tenencia que implica protección legal contra el desahucio u otras amenazas.
  2. b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura:
  3. c) gastos soportables: se refiere a que los costos relacionados con la vivienda no deben ser tan altos de tal manera que impidan la satisfacción de otras necesidades básicas. En consecuencia, los Estados deben adoptar medidas como subsidios y formas de financiación encaminados a garantizar las necesidades de vivienda de toda población.
  4. d) habitabilidad: significa que la vivienda debe ofrecer un espacio adecuado para proteger a sus ocupantes del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento, riesgos estructurales y vectores de enfermedad y la garantía de la seguridad física para sus ocupantes. Debe también contar con servicios de agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado; instalaciones sanitarias y de aseo; almacenamiento de alimentos; eliminación de desechos; drenaje; y servicios de emergencia.
  5. e) asequibilidad: que tiene que ver con el acceso y la obligación de proteger especialmente a los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja frente al acceso, como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en zona de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la tercera edad y los niños.
  6. f) lugar: la ubicación de la vivienda debe permitir el acceso a los servicios, a los sitios de trabajo, a los servicios de salud, a las escuelas, entre otros. Igualmente la vivienda no debe estar ubicada cerca a fuentes de riesgo o de contaminación que afecten la salud de sus habitantes.
  7. g) adecuación cultural: este componente se refiere a la forma en que se construye la vivienda, los materiales utilizados y que las políticas en que se apoyan deben permitir la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

En el ámbito interno, el modelo de Estado Social de Derecho que fue el adoptado por la Constitución de 1991 establece en el catálogo de derechos, varios Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre estos está el derecho a la vivienda digna. La Constitución consagra este derecho en el artículo 51 en el que se señala: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”

Este derecho a la vivienda digna es un derecho humano, fundamental y plenamente exigible y así lo ha reconocido la Corte Constitucional. En un principio no fue reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo que pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, debido a que éste se encuentra dentro del rango de los denominados “Derechos económicos, sociales y culturales” los cuales se caracterizan por su contenido principalmente prestacional. Sin embargo, la posición de la Corte Constitucional ha ido cambiando paulatinamente y luego se afirmó que el derecho a la vivienda digna podía excepcionalmente ser objeto de protección a través de la acción de tutela, por ejemplo en los casos en los que su desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso.  Más recientemente la Corte ha desarrollado un criterio más garantista, reconociendo derechos sociales como derechos fundamentales en forma autónoma. Así, en la actualidad el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo “y lo determinante es su traducción en un derecho subjetivo y su relación directa con la dignidad humana.”[1]

La sola lectura del artículo de la constitución nos indica varias de las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de este derecho: en primer lugar no se trata de cualquier vivienda sino de una vivienda que atienda al principio de dignidad. Ahí es donde podemos recordar a los cientos de colombianos que habitan en casas de cartón, lata o plástico, o en cambuches temporales. Pero también cabe preguntarse por la garantía de dignidad en los programas de vivienda de interés social promovidos por el Estado. Hace una semana en un debate de control político que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos sobre la Ley de Víctimas, constatamos parte de los graves problemas que tiene la garantía del derecho a la vivienda en zona rural en los programas que cuentan con subsidios del Estado.  Se mostró allí como para la atención a víctimas, que no tienen que pasar por los procesos de concurso abierto en convocatorias sino que tienen asignación directa por postulación de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras o el Incoder, a pesar de tener subsidios asignados, los problemas operativos y de diseño del programa no permiten que las viviendas sean efectivamente construidas. Las cifras del Banco Agrario que es el responsable de la vivienda rural, mostraron que en 4 años de vigencia de la ley, tan solo el 12% de los subsidios adjudicados se había convertido en una casa real. Ahora bien, mirando las condiciones de las casas que se construyen con el subsidio, hay que resaltar que se proyectan áreas de tan solo 36metros cuadrados por familia. Es acaso esto garantía de dignidad para una familia campesina, víctima, desplazada?  A nivel urbano la situación no es mucho mejor. La vivienda de interés social tiene áreas reducidas mientras existen los grandes proyectos urbanísticos de las capitales en donde construyen apartamentos de 200 metros cuadrados o 150 metros cuadrados. La inequidad en esa materia, y las profundas diferencias que tienen las viviendas de quienes pueden pagarlas inclusive a costos inusitados y aquellos que a duras penas logran acceder al subsidio del Estado son verdaderamente un factor que acentúa y profundiza la desigualdad social.

A nivel urbano, la vivienda es un elemento estructurante de la ciudad pues justamente se relaciona con una de las cuatro funciones que según los teóricos contemporáneos cumplen las ciudades: “residir, desplazarse, trabajar y recrearse”. En este sentido, la vivienda se integra con el resto de elementos constitutivos de la ciudad, con los atributos que ésta le ofrece (equipamiento, espacio público, servicios de movilidad).  Es importante también la relación entre los asentamientos informales y el crecimiento urbano, ya que dichos asentamientos han llegado a representar en la última década cerca de una tercera parte de los nuevos desarrollos en las ciudades. La tendencia observada en la década de los noventa, donde la participación de los asentamientos informales se incrementó en casi un 20%, puede tener como origen, entre otros, la falta de respuesta de las ciudades para la generación de áreas para la localización de proyectos de vivienda para hogares de bajos ingresos, a lo que suman los problemas del mercado de suelo y vivienda para hogares de bajos ingresos como las restricciones de liquidez, los altos precios del suelo urbano y la escasa flexibilidad de la oferta habitacional.

Un tercer elemento que surge directamente de la lectura de la Constitución, es la obligación del Estado de proveer sistemas adecuados de financiación para la adquisición de vivienda. Lo que tenemos en el país es que no solo no hay suficiente acceso a los programas de crédito para poder acceder a una vivienda digna, sino que además estos programas de crédito están basados sobre una excesiva ganancia para el sector financiero,  de manera que en muchos el mismo financiador terminado despojando de sus viviendas a las personas. En esta audiencia hay varias personas que son víctimas del sistema financiero, del UPAC, que han pagado el valor de sus casas varias veces y aun así las están perdiendo a manos de la justicia civil. Los miles de procesos ejecutivos y ejecutivos hipotecarios son los que ocupan los primeros lugares en las cifras por tipo de procesos que ocupan la atención de los juzgados civiles en todo el país. En Bogotá por ejemplo, de acuerdo con los datos del Consejo Superior de la Judicatura desde enero a abril del 2015 ingresaron un total de 18.816 procesos ejecutivos, frente a 15.780 que salieron en el mismo periodo. De estos 4.902 ingresos fueron en la ciudad de Bogotá. A eso se dedica la justicia civil en Colombia, a cobrarle por la fuerza y hasta quitarle la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas para favorecer intereses de los bancos.

En esta audiencia seguramente escucharemos varios de estos casos y muchos otros que dan cuenta de la necesidad que tenemos de avanzar en reformas estructurales frente a los modelos que hasta ahora no han permitido el disfrute adecuado de la vivienda digna para todos y todas los colombianos y colombianas. Estos programas deben tener en cuenta las necesidades de la población, la equidad y la sostenibilidad ambiental.  Hemos evidenciado como el crecimiento de las ciudades viene copando con proyectos de vivienda zonas verdes, que antes fueras de bosque. Por ello es necesario poder equilibrar estas políticas con un ordenamiento territorial sostenible.

 

 

[1] Corte Constitucional, sentencia T-163 de 2013

Nuestras historias

Menos bala, menos gabela, menos deuda, más educación

  1. Características principales del Presupuesto

De acuerdo con el proyecto radicado que se encuentra próximo a aprobación en primer debate, “El PGN para 2016 asciende a $215,9 billones, suma que representa un incremento del 2,5% respecto al presupuesto vigente. De esta cifra, $126,7 billones (57,8%) corresponde a gastos de funcionamiento, $48,6 billones (22,5%) al pago del servicio de la deuda y $40,6 billones (18,8%) a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 25%, inferior en 1,1 puntos porcentuales al de 2015”.

Como el presupuesto crecerá apenas 2,5%, esto significa que el monto del presupuesto para el año 2016, decrecerá en términos reales, pues la inflación esperada para la próxima vigencia es de 3%. Esta es la austeridad inteligente de la que habla el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

  1. Mermelada y Deuda a costa de Inversión.

De acuerdo con el proyecto de Ley, el presupuesto de inversión disminuye un 10,7%, el servicio de la deuda crece 3,1% y el funcionamiento lo hace en 7,4%.

Es decir, decrecen los recursos para garantizar derechos, obras públicas y demás, y aumentan los recursos para pagar burocracia (lo cual tiene relación con la mermelada) y deuda pública.

Sobre la deuda, este es un inamovible por lo que establece la constitución política en el artículo 351:

“El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública”

Es decir, se puede bajar el presupuesto para salud, educación, servicios públicos y demás garantías ciudadanas, pero jamás se podrán tocar las deudas con nuestros acreedores. ¿Por qué un país, supuestamente soberano y legítimo debe renunciar a no pagar a los acreedores ante las prisas de una crisis, por ejemplo?

Esto necesita ser reformado. Ojalá los congresistas de distintas bancadas y las organizaciones sociales nos acompañen en esta idea que tenemos que construir. Sabemos que se radicó en abril de este año el proyecto de Acto Legislativo 198 de 2015, autoría de los congresistas Óscar Fernando Bravo Realpe, Élbert Díaz Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Rodrigo Lara Restrepo, Samuel Alejandro Hoyos Mejía, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Fernando de la Peña Márquez y Carlos Germán Navas Talero, pero no incluye en sus modificaciones a este artículo constitucional, que el Congreso en efecto pueda modificar las partidas para la deuda pública. Si la deuda no se toca, los derechos nunca van a poder ser financiados efectivamente.

Ejemplo de esto es el mismo proyecto de presupuesto, que en el servicio de la deuda, resulta que el pago de amortizaciones disminuye un 6,5%, mientras el pago de intereses sube 17,6%. Esto quiere decir simple y llanamente que no estamos endeudando para pagar intereses, es decir, una pirámide de la deuda pública.

  1. Potencial vicio de inconstitucionalidad del proyecto de Presupuesto

Ahora bien, el proyecto puede engendrar un serio vicio de incosntitucionalidad, y es el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, respecto del gasto público social y la lectura del inciso tercero de este artículo.

El artículo 350 dice:

ARTICULO 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.

Con lo establecido en este artículo, claramente disminuir el presupuesto de inversión en 10,7% (pasando de 45,4 billones en 2015 a 4,6 en 2016) claramente sería inconstitucional, si la Constitución hiciera alusión al componente grueso de inversión del presupuesto.

Ahora, supongamos que sea solamente del componente de inversión del denominado gasto público social, donde se clasifican por parte del gobierno los sectores de: trabajo y seguridad social, educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico y cultura, deporte y recreación.

Al examinar comparativamente los cuadros del gasto público social, se halla que apenas crece 27 mil millones de pesos (pasando de 116,469 a 116,496) entre esta vigencia y la próxima, de un rubro total que incluye tanto funcionamiento como inversión. Es decir, se le está haciendo trampa al artículo 350 de la constitución, en cualquiera de las dos lecturas del inciso tercero. Y es más grave la trampa si se tiene en consideración que los 27 mil millones no alcanzan a cubrir la pérdida de poder adquisitivo esperada.

  1. Reiteramos las propuestas

Ahora, siempre se nos dice a los del Polo que somos “el no a todo” que no tenemos propuestas. Y no, la gente debe saber que nosotros tenemos propuestas, las cuales nunca son acompañadas por las mayorías del Congreso y por el gobierno nacional (¿cuándo será que el Ministro de Hacienda le avala una proposición al Polo en materia de presupuesto?), ojalá sean algunas de las que nuevamente esbozaremos:

4.1. Eliminar beneficios tributarios

El propio gobierno en el proyecto de presupuesto descompone y describe los denominados “beneficios tributarios” (página 250):

La legislación colombiana contempla, entre otros, los siguientes: la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, la utilidad en la enajenación de acciones, la distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés  social, las capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas, el componente inflacionario de rendimientos financieros, las recompensas; la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, los gananciales, la indemnizaciones, las donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas, las participaciones y los dividendos, los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. Sin embargo, también se incluyen algunos beneficios tributarios, como los dividendos.

Estos beneficios tributarios, de acuerdo con el propio gobierno (y con cifras desactualizadas, pues están con base a datos de 2013 es decir declaraciones de renta de 2014), ascienden a 47,6 billones de pesos, lo cual representa un costo fiscal de 6,7 billones de pesos. De esos 6,7 billones de pesos, 4,7 son por exenciones, deducciones o descuentos en materia de impuesto de renta a empresas, y los restantes 1,9 billones de personas naturales también sujetas a impuesto de renta y complementarios.

6,7 billones de pesos es solamente el costo fiscal bajo el esquema tributario regresivo que tenemos, imaginen lo que sería si las empresas y las personas ricas del país pagaran lo que corresponde. 6,7 billones es casi 3 veces el presupuesto que se asignará a las Universidades Estatales, sin pensiones, en 2016 (2,4 billones).

La propuesta del Polo que coincide con el Banco Mundial (cosa rara sin duda, nunca coincidimos con la Banca Multilateral), no es otra que eliminar estos beneficios, que son para un puñado de empresas, bancos y personas.

En el caso de la deducción de activos fijos, es inconcebible, y lo cita el propio proyecto, es para 38 empresas, 34 del sector privado y 4 del sector público/mixto. Ese beneficio tan particular le cuesta a la nación 3,32 billones de pesos (es decir, cerca del 10% de todo el presupuesto que se destina al Ministerio de Educación), que se tienen que compensar con más tributos como el IVA, el impuesto al consumo, etc. Estos beneficios los tienen desde la época de Álvaro Uribe Vélez, ya fue suficiente la gabela.

4.2. Reducir el Gasto Militar

Si hay un rubro del presupuesto público que no tiene componente de inversión en el fondo, es el destinado para Seguridad y Defensa. Todo es gasto al fin de cuentas.

Esto lo advertimos en el debate del entonces proyecto de Plan de Desarrollo 2014-2018, hoy Ley 1753 de 2015: el presupuesto de seguridad y defensa crece en comparación con el plan de desarrollo precedente en 54%. Es el rubro de mayor crecimiento en todo el Plan de Desarrollo, el cual tiene por subtítulos Paz, Educación y Equidad. ¿Cómo es que se tiene una visión de solución negociada del conflicto armado con los actores insurgentes, y se habla de construcción de paz, y a la vez se destinan 93 billones para las fuerzas militares y policiales en el cuatrienio?

Esta posición que sustentábamos en del debate al Plan de Desarrollo, la exponemos nuevamente en el debate del presupuesto.

Veamos cómo es la contradicción con la construcción de la paz:

Mientras el Ministerio de Defensa sube su presupuesto en 1,5 billones de pesos (de 18, 8 billones en 2015 a 20,2 en 2016) y la policía en 0,8 billones de pesos (de 8,2 billones en 2015 a 9 en 2016), el Ministerio de Agricultura, que concentra políticas para el desarrollo rural, y es uno de los actores fundamentales para el acuerdo 1 de la agenda de paz en La Habana, ve reducido su presupuesto en un 50%, pasando de 4,2 billones en la actual vigencia a 2 billones de pesos en 2016.

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 (página 132)

Vale decir, que tales erogaciones se hacen en un marco de total inequidad, pues al hacer los cálculos de los gastos de personal, resulta que la categoría de soldados y alumnos  de defensa perciben en promedio mensual 955.000 anuales, la categoría de “fuerzas militares” perciben 4,5 veces más.

Así, a jóvenes los pobres se les caza en los barrios populares en las denominadas “batidas”, se los llevan a la guerra para pagarles una miseria por sus servicios a la patria, y los ponen a matarse con otros campesinos o personas humildes que están en las guerrillas y que no perciben lo que el Estado Social de Derecho obliga a otorgarles: vivienda, salud, educación, empleo.

La propuesta entonces es simple (y reiterada por el PDA: disminuyamos el presupuesto de Defensa y Seguridad, de 29,2 billones entre ejército y policía, a al menos 20 billones, y que estos 9 billones sirvan para la construcción de infraestructura educativa en todos los niveles.

Así, vale la consigna: menos bala, menos gabela, menos deuda, más educación. Eso convertido en ecuación nos debe llevar a real paz y prosperidad.

Nuestras historias

La actividad minera está afectando gravemente comunidades en Bogotá y el altiplano Cundiboyacense

El próximo jueves 17 de septiembre se llevará a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República, a partir de las 8:00 a.m. la audiencia pública  “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: Casos representativos en  Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense” convocada por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz.

A la audiencia están citados el Ministro Ambiente, los directores de las CAR de Boyacá y Cundinamarca, la secretaría de Ambiente de Bogotá, los alcaldes de Soacha y Gachantiva,  la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Alexander Von Humboldt.

El objetivo de la audiencia es mostrar cómo la minería está afectando gravemente comunidades urbanas y rurales en Colombia, en materia ambiental social y económica.

En la audiencia pública se presentarán 5 casos emblemáticos de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense: Bogotá (afectaciones de la extracción de materiales de construcción en las zonas de Potosí y la Cuenca del Río Tunjuelito); Soacha y el impacto de la actividad minera en el área urbana y en ecosistemas del páramo de Sumapáz; Suesca y los efectos sociales y ambientales de la extracción y procesamiento de cemento; y el potencial arrasamiento de ecosistemas y bosques en el municipio de Gachantivá.

“Ahora que está en cartelera esa película “Colombia, Magia Salvaje”, es bueno preguntarle a las instituciones del orden nacional y territorial, cómo es que se pretenden cuidar nuestras aguas, nuestros suelos y la biodiversidad existente. Que no nos salgan con discursos, sino con acciones, pues las comunidades ciertamente no quieren afectaciones a su bienestar, y el camino al desarrollo no puede ser solo con minería, hay que estimular otras visiones y actividades económicas más sustentables”, afirmó el representante a la Cámara Alirio Uribe.

En el caso de Gachantivá, municipio del centro de Boyacá, casi la totalidad del municipio quiere un destino distinto a la minería. Y en tal sentido parece ir la administración municipal, la cual antes de finalizar el período legal pretende dejar listo el proyecto de acuerdo para realizar la consulta popular. “La consulta popular será la que nos dé la legitimidad de nuestras reivindicaciones como campesinos y defensores de la riqueza natural de nuestro municipio, allí con total certeza el 99% de los habitantes dirá NO a la minería y SI a la vida”, dice Clara Ángel, una de las integrantes del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá.

Sin embargo, no todas las administraciones locales están pensando en mecanismos de  control estricto a la actividad minera a nivel territorial, ejemplo de esto es el caso de Soacha (Cundinamarca) municipio vecino de Bogotá que sufre graves alteraciones tanto en el área urbana como en las zonas rurales por cuenta de la minería.

De acuerdo a información oficial, el área titulada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ocupa cerca del 20% del municipio dejando a su paso graves daños ambientales y sociales. Al respecto la actuación de las autoridades ambientales del municipio encargadas del control de la minería, deja mucho que pensar. En revisión de documentos oficiales de la administración municipal, aparecen referencias de una  posible vinculación familiar de la Directora de la Oficina Ambiental de Soacha con representantes legales de los títulos mineros actualmente vigentes. “¿Sera que acaso en Soacha el “ratón está cuidando el queso de la minería”, y por esto no se hacen efectivos ni se implementan los planes de manejo ambiental de las canteras, dejando a su paso miles de hectáreas con pasivos ambientales que luego se convertirán en futuros barrios subnormales de Soacha?”, es la pregunta que se lanza al aire por parte de un vocero del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio.

En Cundinamarca y Boyacá se hallan muchas coincidencias en materia de conflictos, tipo de explotación y hasta empresas involucradas. Es el caso de Cementos Tequendama, empresa que instaló a escasos metros del casco urbano de Suesca (Cundinamarca) una planta cementera, la cual ha ocasionado graves conflictos ambientales y en materia de salud, según denuncian voceros del Movimiento Cívico Aire Puro para Suesca. Esta misma empresa es denunciada por habitantes de Gachantivá, la cual a pesar de tener licencia ambiental y título otorgado por la ANM, por oposición de las comunidades locales, no ha podido entrar en fase de explotación.

De esta dinámica de la actividad minera no es ajena la ciudad de Bogotá, donde las canteras para la explotación de materiales de construcción y su procesamiento, tornan difícil las condiciones de vida en las áreas periféricas de la ciudad. En tal dinámica se ven afectadas localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Ejemplo de esto son las afectaciones sobre la cuenca alta del río Tunjuelito y los daños que ocasionan la extracción de materiales de construcción en el sector de Potosí, localidad de Ciudad Bolívar. “La actividad minera en nuestros territorios ocasiona enfermedades, daño a nuestros espacios comunes, afecta la vida de una zona con graves problemas sociales y con escasas oportunidades. La minería termina beneficiando a unas cuantas empresas como Cemex y Holcim, las cuales derivan altas rentabilidades, no compensan a la ciudad por los daños y el empleo que generan es mínimo y precario”, afirma Andrey Tellez, vocero del Movimiento Cívico “No le saque la piedra a la montaña”.

Estos casos serán objeto de amplia denuncia en la audiencia pública convocada por el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, donde serán voceros de estos municipios y comunidades los que expongan y denuncien los graves conflictos ambientales sociales y ambientales en sus territorios.

“Aparte de la película que se promociona en todo el país, y que retrata nuestra riqueza, está para la ciudad de Bogotá la oportunidad de transformar esta realidad, de buscar adecuarnos al cambio climático. Bogotá este fin de semana acogerá la cumbre de ciudades como preparación para la cumbre del Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París. Que bueno sería que se escucharan estos casos y se plantearan reales soluciones para la ciudad de Bogotá y la región centro del país.”, concluyó el representante del Polo.

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Polo se abstiene de asistir a reunión convocada por presidente Santos para presentar proyecto reglamentario de acuerdo de paz

En relación con la reunión convocada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para la presentación del proyecto de acto legislativo que busca reglamentar los acuerdos de paz con las Farc,  el Polo Democrático Alternativo se permite declarar que:

1.    El Polo ha respaldado y continuará respaldando de manera decidida los procesos de paz con las Farc y con el Eln. La paz estable y duradera es la condición para el fortalecimiento de la democracia en la sociedad colombiana.

2.    El Polo decide abstenerse de asistir a dicho encuentro, puesto que incluye temáticas contempladas en el punto 6 de la agenda de La Habana, que debe ser producto de acuerdos entre las partes comprometidas en las conversaciones de paz.

3.    El Polo no fijará posición frente a cualquier iniciativa legislativa hasta que se conozca el texto completo del proyecto que presentará el Gobierno Nacional a través de las bancadas de la Unidad Nacional en el Congreso.

Bogotá, 14 de septiembre de 2015.

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Frente Amplio por la Educación solicita que se les garantice presupuesto suficiente para la Educación

El Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz es un proceso de construcción conjunta, articulación, dialogo, organización, incidencia y movilización por la educación. En su horizonte de sentido está la construcción de un movimiento educativo y pedagógico nacional, al alcance de todos y todas, que contribuya al posicionamiento de un debate público sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea concebida como un derecho y un bien común en nuestro país.

Es por ello que jóvenes estudiantes de secundaria, de universidades, del SENA, las/los que no tienen en dónde estudiar; docentes de colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, procesos organizativos y educativos de pueblos ancestrales indígenas, de afrocolombianos, de campesinos; colectivos LGTBI, de madres y padres de familia, de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales, redes y plataformas del pensamiento crítico del país, nos hemos encontrado en el FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACION, LOS DERECHOS Y LA PAZ.

Como resultado de nuestros análisis e investigaciones, plasmadas en las ponencias que presentamos en la audiencia, consideramos que el Estado Colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que todas las niñas y los niños participen de una educación pública de excelencia, brindando atención y desarrollo desde la primera infancia y en la educación preescolar, para que luego puedan acceder a una educación pública primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa, con aprendizaje pertinentes y efectivos; de esta forma, con urgencia, a tiempo, y con el presupuesto que se requiere, las escuelas, pueden orientar sus recursos y sus posibilidades en combatir las desigualdades, incorporándose a la lucha por la paz, la dignidad y la justicia social de cada pueblo, cultura y grupo social en el que están inmersas. Como garante del derecho, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de la construcción, fortalecimiento y universalización de los sistemas públicos de educación.

El Estado colombiano se ha encargado de hacer privado lo que es público y utilizarlo para fines particulares o de pequeños grupos que se lucran de lo que es de todos reforzando así la estructura social de castas, elites y grupos económicos exclusivos y excluyentes, e incrementando la pobreza y la exclusión social.

DENUNCIAMOS:

- La creciente influencia de redes de empresarios en la determinación de la política pública educativa, que muchas veces, buscan incorporar valores y prácticas que proceden del mundo privado, así como orientaciones que buscan reformar la política pública educativa para favorecer intereses ligados a sus estrategias de negocio y crecimiento.

- La atención a más del 50% estudiantes que realizan estudios de nivel superior, es en universidades privadas, que en muchos casos es de bajísima calidad.  La reducción de las transferencias de recursos de la nación a las universidades públicas, por lo cual los recursos propios de cada Institución se convirtieron en su principal fuente de financiación.

- La decisión del Estado de transferir buena parte del presupuesto educativo al ICETEX, privilegiando los préstamos a las y los estudiantes, para que puedan acceder a la educación superior y acentuar así el modelo privatizador y excluyente.

- Programas como ‘Ser Pilo Paga’ y subsidios focalizados, así como la profundización del modelo de colegios en concesión: Financiación a instituciones privadas con recursos públicos y un modelo de endeudamiento de las familias colombianas.

- El recorte sistemático de presupuesto y el déficit presupuestal actual del SENA.

- El recorte de un 20% de los recursos a la ciencia y la tecnología, quedando en tan solo 270mil millones de pesos para el año 2016: la ciencia y la investigación necesitan inversión.

- La precarización laboral docente y administrativa, debida a la desfinanciación de la educación pública, que se manifiesta en los bajos salarios a profesores de todos los niveles, ascensos restringidos a las y los docentes, principalmente los del estatuto 1278.

- La criminalización de la protesta social, que ha llevado a la cárcel a miles de jóvenes, de estudiantes, de docentes y de personas de las comunidades educativas, como es el caso de los 13 jóvenes detenidos recientemente; así mismo, los asesinatos selectivos de docentes, líderes estudiantiles y sindicalistas.

EXIGIMOS:

- Construir y adecuar las instalaciones educativas y universitarias públicas, que respondan a las necesidades de todas las personas con discapacidad, que tengan en cuenta las cuestiones de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y de excelencia; aumentar sustancialmente la oferta de docentes, apoyando de manera significativa sus procesos de formación y mejorando sus condiciones económicas, posibilitando de esta manera una valoración social digna de la profesión docente.

- Garantizar el presupuesto que requiere la educación pública, para promover la formación integral de las y los estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel profesional, técnico o tecnológico, que tenga en cuenta el desarrollo del país, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía, la valoración y respeto por diversidad cultural.

- Garantizar los recursos económicos para el acceso a la educación pública, en condiciones de igualdad a todas las personas, en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y afros, y la población en situaciones de vulnerabilidad por causas del conflicto y de la pobreza.

- Garantizar y reconocer el derecho de la población colombiana a la organización, participación y movilización. Propugnar por el fortalecimiento de los sindicatos de docentes y de los movimientos sociales por el derecho a la educación. La movilización estudiantil y de la comunidad educativa, es fundamental en la promoción del debate público, la generación de conciencia colectiva y los avances en las políticas públicas. La vivencia de la gestión democrática es clave. Las leyes que impiden tal participación deben ser cambiadas por otras, que garanticen la participación intencionada, sea al interior de las escuelas o en el espacio público.

- La educación debe estar sujeta al control público, lo que significa que las políticas educativas deben elaborarse con la participación activa de las comunidades académicas y educativas, de manera transparente y estar sujetas al debate público, involucrando la participación ciudadana en la discusión, y la correspondiente rendición de cuentas. Sectores como el Magisterial, secundarista, Movimientos sociales y populares, el SENA, Profesores y directivas de universidades, estudiantes universitarios, organizaciones y plataformas sociales decidimos convocar y organizar esta audiencia por presupuesto digno para la educación, pues nos negamos a aceptar que las políticas públicas educativas de la nación colombiana se sigan orientando, desde afuera y desde arriba, a favor del sector privado con la única y mezquina imposición de las estrategias de formación del capital humano que impone el credo neoliberal deshumanizante.

Por ello, reafirmamos unitariamente que la educación no es una mercancía, porque los seres humanos, huéspedes transitorios de la madre tierra, no somos una mercancía. Hemos confirmado que la paz, deber y derecho de todas y de todos, no significa simplemente el fin de la insurrección armada, sino que sobretodo implica superar la dualidad rotunda entre las palabras y la acción real que afecta todas las dimensiones de la realidad.

Hemos decido emprender de nuevo la travesía, recordando caminos que nutren nuestras trayectorias como el del Movimiento y la Expedición Pedagógicos de otras décadas.

Hoy volvemos a tomar curso a partir de las huellas de viajes anteriores. En la perspectiva de las pedagogías populares y críticas del continente indio, afro, mestizo latinoamericano, hemos convocado a confluir en la construcción del FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, POR LOS DERECHOS Y LA PAZ.

Con estas exigencias y denuncias, plasmadas en las ponencias de los sectores en esta audiencia aportaron avances significativos, creemos que fruto de múltiples esfuerzos entorno a la incidencia en la política educativa, a la movilización por los derechos y la paz para todas y todos los colombianos, a la multiplicación de la convocatoria fundamentada en la reflexión pedagógica y a la participación política en todos los lugares del país y en relación con procesos hermanos de los pueblos latinoamericanos.

Bogotá D.C. septiembre 10 de 2015

FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, LOS DERECHOS Y LA PAZ. UPN. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez. Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia – OACEP-. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa. Red Distrital de estudiantes de secundaria – REDES. FUNPES. Toma Conciencia. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL. COES. SINDESENA. Congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Alberto Castilla y Senén Nino.

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La educación no se compra, mi derecho no se vende

Ha iniciado en el Congreso de la República el debate en torno al Presupuesto General de la Nación para el año 2016. La Colombia más educada y en paz, meta difundida por el Gobierno Nacional, no pareciera verse reflejada en un presupuesto para la educación que se basa en el desconocimiento de una crisis desatada en el sector educativo a todos los niveles y que profundiza la visión de una educación como mercancía, orientada a las necesidades del mercado y reproductora de las grandes brechas sociales de nuestro país.

La educación para la paz requiere de una inversión prioritaria por parte del Gobierno Nacional, por el contrario nos encontramos ante un presupuesto que para inversión en educación solo otorga 1,8 billones de pesos, recursos en su mayoría orientados hacia las entidades privadas vía créditos (ICETEX) y subsidios, un recorte del 20% para la ciencia y la tecnología, el 40% para el deporte y del 15% para la cultura[1], elementos todos centrales para la formación integral de los jóvenes.

En el contexto de crisis estructural de la educación, el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz, surge como una plataforma de unidad de actores sociales y políticos para confrontar este modelo educativo. En esta plataforma nos encontramos jóvenes estudiantes de secundaria, del SENA, de universidades, y aquellos y aquellas que no tienen en dónde estudiar; maestras y maestros de preescolar hasta universidades; directivas académicas de universidades públicas; procesos organizativos y educativos, madres y padres de familia; colectivos de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales, redes y plataformas de los pensamiento críticos del país; así como congresistas de diversos partidos políticos, alarmados por esta situación a la que han llevado a la educación en Colombia.

Como colombianos preocupados por el futuro de la educación y en la defensa de su garantía como derecho, nos hemos dado cita para abrir nuevamente el debate frente a nuestro futuro.

En razón a esto convocamos a los medios de comunicación, masivos y alternativos, para informar y cubrir los escenarios en que nos manifestaremos, el primero de éstos será la audiencia pública a desarrollarse el próximo jueves 10 de septiembre en el Congreso de la República (Salón Boyacá) a partir de las 8:00 am.

 

Frente Amplio por la Educación, los derechos y la paz.

UPN. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez.  Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia –OACEP-. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa.   Red Distrital de estudiantes de secundaria -REDES. FUNPES. Toma Conciencia. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL. COES.  SINDESENA. Representantes a la Cámara Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa.  Senadores Alberto Castilla y Senen Niño.

[1] Ministerio de Hacienda. Presupuesto general de la Nación 2016 “Responsabilidad fiscal y social en un entorno económico”. Presentación, Diapositiva 15.

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Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denuncia falta de garantías para el retorno y la reparación a las víctimas

El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco de un debate de control político de la Comisión de Derechos Humanos, al que fueron citados Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, Francisco Solano gerente del Banco Agrario y Aurelio Iragorri Ministro de Agricultura, que faltan garantías para la reparación y el retorno de las víctimas en condiciones de dignidad, según lo ordena la ley de víctimas y restitución de tierras.

Uribe Muñoz señaló que en materia de indemnizaciones administrativas que son un componente de la reparación integral, se evidencia poco avance en la respuesta efectiva, según lo corrobora el reciente informe presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la ley 1448,  que indica que en promedio se ha avanzado sólo en un 7.7% de la implementación de esta medida en el territorio nacional, lo que permite concluir que a cuatro años de vigencia de la ley, no se ha avanzado en la proporción debida conforme a su vigencia

Para el caso de Bogotá, esta situación es aún más grave según el informe, de 612.134 víctimas residentes en la capital, de las cuales 525,264 son víctimas de desplazamiento, sólo 15.833 han recibido la indeminización administrativa, es decir el 2.59%.

A esto se le suma, la desfinanciación global de la ley que incide en la falta de recursos para cumplir con las indeminizaciones, como lo demuestran las propias cifras: entre 2012 y 2015 se pasó de 110.584 víctimas indemnizadas a 22.188, lo cual coincide con los recursos asignados, que se redujeron de 704.448 millones de pesos en 2012 a 96.162 millones en 2015.

En cuanto al derecho a la vivienda digna en el sector rural, el Congresista denunció que pese a que la Ley establece un acceso preferente de la población víctima a programas de subsidios de vivienda en las distintas modalidades promovidas por el Estado, hay serios retrasos en su cumplimiento, “A 4 años de vigencia de la ley, sólo se ha materializado la entrega de 516 viviendas, a pesar que han sido asignados  4.393 subsidios de vivienda de interés social rural por parte del Banco Agrario, lo cual es muy grave pues la disponibilidad efectiva de la vivienda es un factor que incide tanto en la intención de retorno como en la materialización del mismo”, manifestó el Representante.

Frente al derecho al retorno o la reubicación en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, Uribe Muñoz cuestionó el hecho que además de no existir planes de retorno en todos los municipios del país, los que hay, no cumplen ni con la necesidad, ni con la satisfacción de las personas, “Algunos de los predios asignados para las víctimas no ofrecen las condiciones de seguridad adecuadas, a lo que se le suma que el tiempo que demanda la implementación de todas las fases de retorno es largo, debido en parte a la inoperancia de los escenarios interinstitucionales y al incumplimiento de compromisos de las entidades competentes para la atención de estos procesos, en particular de los entes territoriales”

Finalmente el Congresista manifestó su preocupación, ya que al cruzar los datos de la Agencia Nacional de Minería, con los de la Unidad de Restitución de Tierras, se encontró que de los 12 millones de hectáreas en las que se está implementando la restitución (área microfocalizada), hay casi un millón de hectáreas que tienen título minero vigente, lo que cuestiona si realmente las víctimas van realmente a ser restituidas en estos territorios.

No se debe olvidar además que el Plan Nacional de Desarrollo imposibilita la restitución en predios donde haya grandes proyectos de infraestructura, mineroenergético, entre otros (PINES), sustituyéndola por la compensación, es decir que en estos casos las víctimas no volverán a sus tierras, sino que deberán ser reubicadas o recibirán dinero, perdiéndose así la esencia de  lo que significa el retorno.

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Polo Democrático insta a partidos y dirigentes a deslindar crisis fronteriza con Venezuela de sus agendas políticas y electoreras

El Polo Democrático Alternativo a través de su presidenta, Clara López Obregón, al suscribir la declaración de los partidos políticos colombianos respaldando las actuaciones del Presidente de la República en el caso de la crisis fronteriza con Venezuela, instó a las colectividades y a sus dirigentes a deslindar esta grave situación humanitaria de sus agendas políticas y electoreras.

López Obregón fue enfática en señalar que no se puede aprovechar electoralmente “tan desafortunada situación para debilitar los procesos de paz con las Farc y el ELN que van por buen camino, así como la integración latinoamericana de UNASUR bajo cuyo amparo 20 mil colombianos gozan de visa de trabajo y otros 20 mil de estudio en los diversos países miembros, entre otros tantos beneficios”.

Igualmente, la presidenta del Polo condenó en forma enérgica la deportación indiscriminada y la violación de derechos humanos a que las autoridades de Venezuela han sometido a humildes familias colombianas, desplazadas hacia este país en buena medida por el accionar del paramilitarismo.

Adicionalmente, la vocera del Polo Democrático hizo un llamado al gobierno del presidente Santos a persistir en la vía diplomática para encontrarle vías de solución a la crisis fronteriza.

Expresó también su apoyo a la decisión adoptada por el primer mandatario colombiano en el sentido de convocar a los cancilleres de UNASUR para buscar una solución dialogada a este problema humanitario.

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Hacia la dignificación del reciclador de oficio: alternativas para la prestación del servicio

Comienzo esta intervención diciendo que “Todos esperamos ser reconocidos”

Cualquiera puede notar que cuando se hacen las cosas bien en el trabajo, en la casa, en la vida misma, en el fondo cada ser espera el reconocimiento del otro, reconocimiento que es distinto de la complacencia. Es el reconocimiento que a veces espera del jefe, del amigo, del familiar, a partir del esfuerzo, del aporte o incluso si lo quieren así llamar, de un sacrificio realizado. No es el ánimo de recibir la palmada en la espalda, es un asunto más profundo, es el reconocimiento para la acción, para movilizarse.

Pero el reconocimiento es también un asunto de política, un problema de clase. Quizás hoy el trabajador de la fábrica que peleaba con el patrono por mejores salarios, sea más bien la excepción y no la regla. El neoliberalismo ha sabido desmovilizar a la clase, ha sabido desarticularla, así como ha sabido desarticular a los sindicatos de los trabajadores. Muchos que pasaron a engrosar el desempleo, muchos jóvenes sin oportunidades de contrato laboral, muchas mujeres cabeza de familia, entre otros, no se les clasifica como trabajadores, se les llama “personas en el rebusque”, “cuenta propia”, “emprendedores”, etc. De un momento a otro no tienen contradictor, no existe la contraparte del patrón, luego no se le permite reconocerse como trabajadores. Desapareció la explotación del hombre por el hombre, y entonces es la explotación del hombre por sí mismo. No es así.

Todos son trabajadores, todos hacen parte de una misma clase, todos siguen haciendo parte de los circuitos de acumulación de capitalismo. Si esto no fuera así, el 50% del ingreso total de la economía no estaría en el 1% de la población. Muchos teóricos, estudiosos del asunto de las categorías sociológicas han denominado a estos seres del rebusque como economía de las clases populares. A mí me gusta el término: ¿qué más popular que lo popular?

Pero, ¿de quiénes hablamos cuando nos referimos a las clases populares?, ¿serán una minoría, será un asunto marginal de la política pública, un asunto menor de la preocupación de la ciudadanía?

En Colombia, que no solo en Bogotá tenemos distintas actividades que para los tecnócratas, para quienes diseñan la política pública les denominan informales (sin formalidad), excluidos o incluso “población problema”. ¿Quiénes son? Pues bien, son proveedores de distintos servicios públicos (que no solo domiciliarios, pero sí públicos porque se hacen y se prestan para los ciudadanos de a pie):

  1. El vendedor ambulante que ofrece a un precio honesto y por lo general en condiciones normales de higiene una arepa, un vaso de salpicón, pizza, empanadas, etc.
  2. El conductor de bicitaxi o mototaxi, que con la fuerza motriz de sus piernas o las de un pequeño motor, ofrece recorridos en distancias largas o cortas, a donde el servicio de transporte público no puede o no le es rentable llegar.
  3. El constructor, ruso o reparador de las casas de la localidad, conocido por vecinos, sin tarjeta distinta de presentación que la de su experiencia, contada por boca propia o ajena.
  4. Y por supuesto el reciclador de oficio, quien a partir de la sabiduría de las prácticas reconoce y clasifica los bienes, desperdicios para unos, activos valiosos para ellos.

La lista es larga, y bien podría seguir… Todos comparten unos imaginarios sociales, una misma discriminación en los espacios (de trabajo, de habitación y de socialización), hasta idénticos señalamientos. Y todos, al fin de cuentas, así algunos intenten teorizar y llamarlos emprendedores, cuenta propia, etc., todos son clase trabajadora.

A estos trabajadores, ciudadanos con igualdad de condiciones ante los  papeles de la Constitución y la Ley, se les señala, se les impide su progreso, se les inhibe de la participación o incluso se les criminaliza. Ejemplo de esto último es que hoy en el Congreso de la República marcha el proyecto de Ley de reforma al código de policía, que criminaliza la protesta, que permite los allanamientos sin una orden judicial, que le lleva más garrote a aquellas personas que en las calles buscan el sustento diario a partir de la venta de bienes y servicios, actividad que es legítima, pues en efecto la realizan y hay demanda para lo que ofertan.

En el caso de los recicladores de oficio, la demanda está: en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, etc., así como en cualquier ente territorial hay necesidad de manejar el aprovechamiento de los productos para reciclar. Hay organización, hay ganas de aportar. Y por el lado de la oferta, al ser catalogado como un servicio público, se encuentra la reglamentación, y entonces ante las buenas intenciones de algunas administraciones choca la reglamentación y la contratación: por un lado la formalidad de la ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos y por el otro la ley 80 de 1993 de contratación estatal.

Ante estas limitantes, las organizaciones de trabajadores del reciclaje, a pesar de obtener un reconocimiento a la importancia de su oficio y a la posibilidad de contratación que da la jurisprudencia, se halla ante la desidia y falta de reconocimiento legal de su labor y su posibilidad de contratación con el Estado por parte del gobierno nacional y el legislativo.

Por eso este espacio que saludo, es el propicio para que las organizaciones de recicladores expresen sus preocupaciones, expongan sus propuestas, y de la mano con las autoridades competentes, se abran puentes de diálogo y materialización de las reivindicaciones de los recicladores de oficio. No puede ser que los dueños de las artesanías, de zonas francas, hijos de un innombrable,  se queden con el oficio y el negocio de miles de trabajadores del país, o que los subcontraten y consoliden el monopolio. Es momento de exigir el reconocimiento como actor competente, eficiente y sustentable en materia social y ambiental. El reciclador de oficio debe tener la posibilidad cierta y segura para hacer parte de la cadena de valor que genera el reciclaje y aprovechamiento, en mejores condiciones para la competencia.

Las leyes de contratación y de servicios públicos nacieron como políticas pro-mercado, son la legitimación de la entrada del neoliberalismo, deben reformarse para que el actor la clase popular, esa mayoría apartada por factores legales y burocráticos de la garantía del derecho al trabajo y la participación, tenga cabida.

Las instituciones y las leyes son factores simbólicos que determinan a quién se reconoce y a quién no. Distintos países de américa latina, tienen o están estructurando el ministerio de la economía popular, Argentina es el caso más reciente que está contemplando esta figura, ¿por qué nosotros no si tenemos las mismas formas de producción, comercialización y de identidad en el trabajo y sus formas? Esto se logra a través de la construcción de poder popular, del empoderamiento de las gentes que a pesar de generar valor son considerados peyorativamente en la política pública como informales, excluidos, entre otros. Pues bien, comencemos por el reciclaje, comencemos por la posibilidad de contratación en condiciones de dignidad con el principal empleador de cualquier nación: el Estado. Y debatamos no la posibilidad de realizarlo, sino como materializamos este derecho.

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Hacia la dignificación del gremio reciclador de oficio

La Mesa Bogotá Región de Recicladores de Oficio, organizaciones del proceso distrital y de los procesos locales, organizaciones de municipios cercanos a Bogotá, recicladores y recicladores de oficio independientes realizaran este viernes, a partir de las ocho de la mañana una Audiencia Pública en el Congreso de la Republica, para mostrar y exigir las adecuaciones de las leyes 142 de servicios públicos y 80 de contratación pública, como únicas formas para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional entre otras con las sentencias la  T- 724 del 2.013, T-291 del 2.019, los Autos  275 del 2.011,  268 de 2010, 084 de 2012 y 366 de 2014, que garantiza los derechos  de los recicladores de oficio, sus organizaciones y el gremio en general.

En Colombia, en diferentes instancias territoriales se viene realizando una serie trabajos de consolidación de Modelos de Aprovechamiento, Propuestas de metodología tarifaria, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Manuales Técnicos Operativos para el Servicio de Aprovechamiento entre otros. Pero todos tienen la dificultad que las mencionadas leyes se formularon antes del reconocimiento por parte de la Corte Constitucional a los Recicladores de Oficio, por las entidades se excusan para no actuar de fondo en la solución de la problemática. Por lo anterior, se hace necesario actualizar dichas leyes, teniendo en cuenta la especificidad de los recicladores de oficio como población de especial protección, para concretar las acciones en los diferentes territorios.

Al avanzar en estos cambios en las leyes, no solo se beneficiara el gremio reciclador de oficio, sino que impactara a las otras poblaciones marginadas y en pobreza, que en Colombia registra cifras superiores a  14 millones  doscientos diez mil personas pobres (El Espectador 25 de julio 2.013). Las expresiones sociales,  la búsqueda por la equidad y los derechos, son la balanza de la negociación de cese del conflicto armado, para ser instrumentos que garanticen el llegar a la Paz por medio de la justicia social.

La Audiencia Pública está orientada a  todos los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales, para aportar y acompañar  este proceso de reivindicación y concreción de los derechos de la población recicladora de oficio

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Se debe acelerar el desescalamiento: V informe de veeduría cese unilateral al fuego

El Frente Amplio para la Paz, las iglesias y Constituyentes por la Paz con Justicia Social habiendo aceptado constituirse en veedores del cese unilateral declarado nuevamente por las FARC- EP, presentan a la mesa de negociaciones en La Habana, sociedad colombiana en su conjunto y comunidad internacional el informe comprendido entre el 20 de julio al 20 de agosto.

Lo distintivo frente a otros ejercicios de esta naturaleza radica en la capacidad que se desprende de la presencia de nuestras comunidades rurales y populares en las zonas de conflicto. En el informe se analizan las acciones que permiten tanto valorar el cumplimiento del cese de las FARC-EP como el desescalamiento por parte de la fuerza pública.

Concluimos que el cese ha sido cumplido y que la tendencia al desescalamiento se ve interferida por acciones de la fuerza pública y el paramilitarismo, estos últimos por ejemplo impiden en este momento el desminado, acción sobresaliente de cara al cese bilateral.

En el período documentado se observa con preocupación las acciones contra la vida e integridad de defensores/as de derechos humanos, líderes y lideresas de las comunidades; junto a la persecución y estigmatización, en tanto sujetos colectivos, que son víctimas afrodescendientes, campesinos e indígenas. Sin embargo, recibimos esperanzados el hecho que este periodo se constituya en la actividad violenta más baja en el conflicto desde 1974.

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Comisiones de paz del Congreso radican proyecto de servicio social alternativo al servicio militar obligatorio

Los miembros de las comisiones conjuntas de paz del Congreso de la República, encabezados por los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe,  Alberto Castilla, y Víctor Correa, del Polo Democrático, y Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, radicaron el proyecto de Acto Legislativo que tiene como propósito crear el Servicio social para la paz. Con esta iniciativa los jóvenes podrían optar por el servicio social en distintas áreas y entidades del Estado, si no se inclinan por el servicio militar.

La iniciativa, que consta de dos artículos, recoge en un solo marco jurídico la propuesta de un servicio social que les permita a los jóvenes alternativas distintas a la de las armas, y ser partícipes de la construcción de la paz. El proyecto modifica el artículo 22 de la Constitución Política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”,adicionándole un inciso con el que se crea un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, que será reglamentado por la ley, y que sería equivalente o alternativo a la prestación del servicio militar, actualmente obligatorio.

Con este proyecto, los jóvenes podrían optar por el servicio social, si no se inclinan por el militar. Por su carácter civil y social, enfocado en el derecho y el deber de la paz, se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello, y tendrá una duración de 12 meses.

La iniciativa también modifica el artículo 216 de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, permitiendo que solo los colombianos que así lo decidan, podrían tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, sin perjuicio de que una ley reglamente los casos en que debido a una guerra exterior, sea necesario hacer un llamado general a tomar las armas.

La tarea de los jóvenes en este momento histórico, es desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios

La creación de un servicio social para la paz con rango constitucional se justifica en la necesidad de diversificar las opciones para que los jóvenes cumplan con sus deberes ciudadanos, y en la construcción de una cultura de paz basada en la garantía de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho

Esta reforma constitucional les dará a los jóvenes la posibilidad de vincularse a los deberes con su país de una manera alternativa, a través de la comprensión del conflicto y la apertura para el perdón. Los jóvenes, desde los consejos municipales y departamentales de paz, pueden hacer pedagogía por la paz, o prestar servicios sociales en el campo

Al radicar este proyecto depositamos nuestra esperanza de crear una sociedad menos violenta cada día, una sociedad donde se entienda que la única manera de servir al país no son las armas, afirmaron los congresistas.

Ha sido la misma institucionalidad, la que ha exhortado a crear alternativas para que los jóvenes puedan cumplir con sus deberes ciudadanos en contextos no militarizados, también como lo recomendó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La iniciativa legislativa contó con el aporte de las organizaciones de objetores agrupadas en el Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, entre las que se encuentran: Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad Tejuntas, la Asamblea Nacional de Objetores de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación Popular, Disentir, Alborada, entre otras.

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¿Reforma o Contra Reforma Agraria del Gobierno Santos?

  1. ¿Qué se entiende por Reforma Agraria?

 Lo primero que hay que decir es que la reforma agraria NO ES una política marxista, comunista. Es una política de origen liberal, es una política burguesa, que propende por el uso adecuado de la tierra y la ampliación de la democracia participativa, redundando en indicadores mejores de crecimiento económico y bienestar social. En Colombia muchos sectores han satanizado la reforma agraria, mostrándola como una política que propende por la expropiación de la tierra y la afectación de los derechos de los campesinos o propietarios legítimos de la misma. El Estado colombiano creó el Instituto de la Reforma Agraria (INCORA) mediante la ley 135 de 1961, misma ley que creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Después de muchos años, de corrupción es verdad, le cambiaron el aviso al Instituto, hoy es el INCODER –  Instituto de Desarrollo Rural, que tampoco ha hecho desarrollo rural y tampoco reforma agraria. Y de la UAF, ni hablar, le fastidia a los gobiernos desde su creación y en particular en la actualidad, donde los grandes cacaos se quieren quedar con las tierras de la Nación (los baldíos) y aquellas en manos de los campesinos, ejemplo de esto es lo que pasa en la Altillanura (que bien hemos sabido denunciar como PDA), y ejemplo de lo que pretenden hacer con la UAF y la reforma agraria es el proyecto de las ZIDRE (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico), que antes se les llamo PEDAF (Proyectos Especiales de Desarrollo Agrario y Forestal).

Yo hago un llamado a la coherencia al gobierno nacional, al presidente Santos y al Ministro de Agricultura: si vamos a hablar de reforma agraria, retiren inmediatamente el proyecto de ley de ZIDRES. No es concebible desde un punto de vista lógico que hablemos de reforma agraria en el discurso, de mirar el uso eficiente de las tierras, que quedemos aterrados con las cifras del Censo Nacional Agropecuario; y por otro lado siga su tránsito en el Congreso la Contrareforma Agraria de las ZIDRE.

Edmundo Flores, reconocido académico mexicano en temas de Reforma Agraria escribía hace unas décadas, que en los países en vías de desarrollo se lograba por 3 mecanismos:

  1. Comprarla: es decir, que el Estado compre a los terratenientes y redistribuya la propiedad a campesinos sin tierra.
  2. Tener un tío rico: es decir, que así como ocurrió en Taiwan o Japón después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos financie la reforma agraria.
  3. Confiscar predios usurpados o sin uso económico eficiente. Que el Estado, valido en su poder, guiado por el principio de función social de la propiedad que hace parte de nuestra jurisprudencia constitucional desde 1936, y después en la constitución de 1991, se expropie a aquellos que se han apropiado irregularmente de la tierra del Estado (con notarías chimbas, con fallos judiciales vacuos, con venta de mejoras que son falsa tradición), y por supuesto se aplique la prescripción adquisitiva de dominio, llevándola a 5 años, tal y como se pensó en 1936 con la Ley 200.

En nuestro país, donde no tenemos recursos fiscales suficientes para comprar tierras en propiedad privada legítima (pues no se le va a pagar a los despojadores de las víctimas y del Estado… ¿o sí), donde el tío rico (EEUU en este caso) no tiene voluntad política ni financiera para financiar tal empresa, se debe hacer una reforma del tipo 3. Es lo más justo, lo más democrático y una forma de compensación histórica al campesinado y las comunidades étnicas.

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Congresistas solicitarán la suspensión de contratos de concesión petrolera en curso en el Putumayo

Con el objetivo de denunciar las afectaciones en materia ambiental y social causadas por la actividad petrolera en Putumayo, se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto una Audiencia Pública que se desarrollará a partir de las 8 de la mañana en el Aula Máxima del Colegio San Francisco de Asís, en Puerto Asís – Putumayo.

La Audiencia “La Amazonía se mueve contra las fumigaciones y las petroleras” fue convocada por la Mesa de Organizaciones Sociales del departamento y los congresistas Ángela María Robledo, Víctor Correa, Oscar Ospina, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, quienes estarán presidiendo el evento.

Dentro de las multinacionales petroleras que han venido afectando las comunidades indígenas y campesinas por la presencia y desarrollo de operaciones de exploración y explotación, se encuentran,  Amerisur Exploración Colombia Ltda, Consorcio Colombia Energy Operada por Vetra, Gran Tierra Energy, Ecopetrol y Pacific Rubiales.

Los Congresistas solicitarán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), frente a las denuncias remitidas por la Mesa de Organizaciones Sociales, la suspensión inmediata de los contratos de concesión petrolera en curso, así como la celebración de nuevos contratos y el otorgamiento de nuevas licencias ambientales en el departamento del Putumayo, hasta tanto no se verifique el cumplimiento de todas las recomendaciones, compensaciones y reparación de todos los daños ambientales causados hasta por todos los proyectos en curso hasta la fecha.

Igualmente pedirán al INCODER, culminar los procesos de titulación dentro de la zona de reserva campesina y la zonificación ambiental de la misma, y apoyar la formulación del Plan de Manejo Ambiental, como parte de su estrategia de planificación y protección del territorio y sus recursos, respetando definiciones en materia de vocación del suelo, desarrollo de renglones productivos, participación comunitaria y defensa ambiental y que se inicien o culminen los proceso pendientes de saneamiento, ampliación o reestructuración de resguardos indígenas.

Y al Ministro del Interior, le instarán por el respeto irrestricto por el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, esto por cuanto si bien no hay una ley que ordene la consulta previa para las comunidades campesinas ni frente a la zona de reserva campesina, en todo caso los planes y programas de los proyectos empresariales deben guardar coherencia con el plan de desarrollo sostenible que desarrollan las reservas campesinas.

Se espera que a la Audiencia pública asistan delegados de la CAR, Ministerio del Medio Ambiente, del Interior, Corpoamazonía, Defensoría del Pueblo, INCODER, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quienes fueron convocados con antelación.

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Corte Constitucional admite demanda al fuero militar

A partir de mañana jueves 6 de agosto comienzan a correr los plazos que la Corte Constitucional fijó para realizar intervenciones ciudadanas, frente a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo que amplía el Fuero Penal Militar y que fue interpuesta en días pasados por los Congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe e Iván Cepeda (Polo Democrático), por la Mesa técnica sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y familiares de víctimas de falsos positivos.

En el auto admisorio, la Corte les solicitó a varias facultades de derecho de universidades públicas y privadas, que se pronuncien sobre la demanda, así como al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección General de la Policía Nacional y Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares.

Este órgano constitucional anunció además que a partir del 6 de agosto y hasta el 21 del mismo mes, queda abierta la posibilidad de que organizaciones sociales, académicas, jurídicas presenten sus intervenciones ciudadanas.

De acuerdo con los demandantes, la nueva norma constitucional afecta tres principios básicos de la Constitución Política: obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley, argumentos que constituyen en la demanda los tres cargos principales.

Ángela Robledo, representante a la Cámara  de la Alianza Verde, dijo que la Corte dio un paso muy positivo para la justicia en Colombia e invitó a los ciudadanos a que participen de esta convocatoria que abre el alto tribunal para debatir sobre el tema. “Creemos que la ciudadanía en general y los centros académicos van a respaldar esta demanda contra la reforma al fuero penal militar por considerar que al aplicar exclusivamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, y dejar de aplicar las del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o enfrentamientos que reúnan las condiciones del DIH, existe riesgo de que haya impunidad en graves violaciones de derechos humanos”.

El representante Alirio Uribe Muñoz dijo que confía en que la Corte Constitucional dé la razón sobre la demanda presentada “que a todas luces lo único que hace es aumentar la impunidad en casos relacionados con delitos cometidos por la fuerza pública”

Su colega del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda afirmó que: “Espero que la Corte, como lo hizo ya en una oportunidad, declare que el Fuero Penal Militar es inconstitucional y violatorio del derecho de las víctimas y del principio de igualdad ante la justicia”.

Esta demanda fue radicada el pasado 15 de julio en coordinación con  la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR y Marcha Patriótica, entre otros.

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Mesa de garantes invita al gobierno acepte sustitución gradual de cultivos ilícitos y no vuelvan las fumigaciones en el Catatumbo

Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), por proteger los derechos de los campesinos y las alternativas que plantean para un proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Los garantes reconocemos el informe de la ONU sobre aumento de cultivos ilícitos en todo el país, pero también rechazamos la estrategia de fumigación que se ejecutaría a partir de agosto. Pedimos al Gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones, por sus efectos nocivos contra la salud de  las personas y los animales, y el envenenamiento de los suelos.

La fumigación en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro con grandes costos sociales y económicos, que fácilmente se extendería por todo el país.

Es necesario que el Gobierno Nacional, al “desescalar” la guerra con la insurgencia, acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y no entre en un proceso de “escalamiento” máximo del conflicto social, en el que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o no dé salida a las demandas de las organizaciones y comunidades. Un paro en el Catatumbo hoy, en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de concertación de varios años.

Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el Gobierno tome en cuenta y contemple implementar la propuesta presentada por los campesinos en la vereda La Angalia del municipio de Tibú, para una sustitución gradual de cultivos ilícitos, de tal manera que sea la alternativa a la erradicación forzada.

Los garantes invitamos a Ascamcat y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar las iniciativas pedagógicas concretas, como la de La Angalia, para que la región pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como lo plantean los preacuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.

Bogotá, 28 de julio de 2015,
 
Iván Cepeda, senador de la República por el PDA.
Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
S.J. Francisco de Roux.
Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Alianza Verde.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el PDA.

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Radicado proyecto de ley que reduce el aporte de salud de los pensionados

Ante la secretaria general de la Cámara de Representantes comparecieron este martes 21 de julio los representantes Alirio Uribe y Óscar Ospina para radicar el proyecto de Ley que reduce el aporte de salud de los pensionados del 12% al 4%.

“Nosotros sí cumplimos la promesa, dijimos cuando se hundió el proyecto 183 de 2014 hace un mes, le prometimos a los pensionados de Colombia que íbamos a radicar una nueva iniciativa en ese sentido, aún con la oposición del gobierno nacional, y acá estamos.”, afirmó el representante Uribe del Polo Democrático Alternativo

El proyecto de Ley igualmente está firmado por integrantes de partidos Mira, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, lo cual le da mayores posibilidades de avance y legitimidad en el debate en el Congreso.

El proyecto de Ley busca una de las reivindicaciones de los pensionados, el cual consiste en disminuir el aporte que le descuentan mensualmente de sus mesadas pensionales del 12% al 4%, promesa de campaña del entonces candidato-presidente, Juan Manuel Santos.

“El presidente Santos le falló a los pensionados, dijo que iba a impulsar el proyecto 183, y luego su ministro de hacienda hizo que se hundiera. Eso no es serio, y menos con un proyecto que fue producto de un proceso de concertación con los pensionados y los trabajadores”, aseveró el representante caucano de la Alianza Verde, Óscar Ospina.

Y es que el asunto no es para menos, pues lo que se pretende es beneficiar a la mayoría de pensionados de Colombia, quienes sienten cada vez más la reducción de su ingreso neto disponible a final de mes. Al respecto el representante Uribe Muñoz manifestó que “es un asunto de justicia: no son trabajadores activos y tampoco empleadores, luego no hay razón para que paguen por los dos, y menos cuando cuatro de cada cinco pensionados reciben una pensión igual al salario mínimo”.

El proyecto iniciará debate en la comisión séptima de Cámara, donde tiene asiento el representante Óscar Ospina, y sin duda tendrá la oposición firme del gobierno nacional, el cual ha manifestado que no pueden apoyar la iniciativa dado que tiene un costo fiscal de 2,6 billones de pesos. Ante eso el representante Ospina asevero: “en la exposición de motivos argumentamos, por ejemplo, como eliminando los beneficios tributarios a las empresas se liberarían recursos, que a 2014 ascendieron a 47,6 billones de pesos. Esa cifra es 18,3 veces lo que cuesta la iniciativa de los pensionados para el gobierno. Entonces menos gabelas para los empresarios y más ingreso para los pensionados, eso es lo justo y democrático”.

Al respecto el colega del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe, enfatizó que “en efecto, que reduzcan las gabelas a los empresarios, y también que le bajen al presupuesto para la guerra, que como denunciamos en el debate al Plan de Desarrollo creció un 54% llegando a 92 billones de pesos. La paz se construye no con balas, sino dando garantía de derechos a la gente, en este caso disminuyendo la afectación a los ingresos de los pensionados.”

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En instalación de legislatura 2015-2016, bancada del Polo ratifica que continuara respaldando las luchas de los colombianos

En la instalación de la presente legislatura, la bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo manifestó que continuará respaldando las luchas sociales de los colombianos y actuando por la defensa de los derechos humanos, los sectores menos favorecidos, la soberanía nacional, los recursos naturales, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la paz con justicia social, todo esto en el marco del ejercicio de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos.

Los congresistas del Polo anunciaron que continuaran con su labor de hacer control político y seguimiento a los proyectos de ley que afectan los derechos de los ciudadanos, entre los que se destacan, el Código de Policía y Convivencia, la ley que crea las Zonas de Integración y Desarrollo Económico y Social – Zidres -, la reforma tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Nación 2016, la ley estatutaria de administración de justicia que reglamentará la reforma de Equilibrio de Poderes, entre otros.

Los congresistas de la bancada resaltaron que su labor estará enfocada en apoyar e impulsar,  el proyecto de reforma constitucional de Servicio Social para La Paz,  el proyecto de ley del Estatuto del Actor, el proyecto de los pensionados, que era uno de los compromisos del Presidente Juan Manuel Santos y que se hundió al terminar la legislatura y que busca reducir de un 12% al 4% la cuota de salud para los pensionados, la reforma al Estatuto de Bogotá, la ley en homenaje a Carlos Gaviria, un proyecto de ley que busca garantías procesales frente al trámite de extradición de nacionales colombianos, y una reforma constitucional para alcanzar el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Igualmente anunciaron desde ya, debates de control político sobre la ley estatutaria de salud, autopréstamos autorizados por el gobierno a Luis Carlos Sarmiento Angulo, fondos de pensiones, despojo y la acumulación ilegal de tierras, salud y minería, violaciones de derechos humanos cometidas por el Esmad y las consecuencias de la suscripción de convenios entre empresas mineras y petroleras y las fuerzas armadas.

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Corte admite demanda contra PND y abre posibilidad de intervenciones

La corte Constitucional admitió la demanda presentada en días anteriores por los Congresistas Alirio uribe Muñoz, Iván Cepeda, Víctor Correa, Alberto Castilla e integrantes de la Cumbre Agraria, contra el Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo abrió plazo para intervenciones ciudadanas entre el próximo 23 de julio hasta el 6 de agosto.

La demanda que presentó la bancada del Polo Democrático Alternativo ante la Corte Constitucional se dirige contra siete disposiciones de las dos últimas leyes aprobatorias del Plan Nacional de Desarrollo PND.

Es indispensable que la persona o personas que firman la intervención asistan personalmente ante la Corte a radicar el escrito (en la Secretaría de la Corte Constitucional, ubicada en el Palacio de Justicia), o que realicen una “nota de presentación personal” de sus firmas ante cualquier notaría.

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Veeduría del alto al fuego de las FARC – EP

La presente es la declaración producida luego de la reunión que sostuvieron en la ciudad de La Habana el 18 de julio de 2015 delegados del Frente Amplio por la Paz, representantes de iglesias, integrantes de las Constituyentes por la paz, Red Universitaria por la Paz y de organizaciones locales de víctimas con la Delegación de Paz de las FARC-EP acerca de la veeduría del alto al fuego unilateral anunciado por la guerrilla el 8 de julio de 2015:

Se aproxima el 20 de julio, fecha emblemática para nuestro país que este año estará acompañada con la buena noticia del inicio del sexto alto al fuego unilateral anunciado por las FARC-EP el pasado 8 de julio. Durante los cinco meses del más reciente de ellos, iniciado el 20 de diciembre de 2014, el Frente Amplio por la Paz realizó a través de sus organizaciones y de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ciudadanas la veeduría al cumplimiento de este compromiso. Esta tarea se recogió en cinco informes que dan cuenta en cifras y aspectos cualitativos de los beneficios de acallar los fusiles y sembrar hechos de paz y convivencia para el país, en particular, para los pobladores que viven en las zonas de mayor incidencia del conflicto armado.

La disminución significativa de muertes y heridas en acciones bélicas, así como el ahorro de recursos económicos durante este período resultaron históricos, y contrastan con el doloroso balance de los momentos de desarrollo e intensificación del conflicto armado. El Frente Amplio pudo constatar que además de evitar la muerte o las lesiones a la integridad de muchos miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la guerrilla; la ostensible disminución de la afectación de la infraestructura, así como la suspensión de bombardeos, permitieron a la población civil el ejercicio de sus derechos a la vida, a la integridad y a las garantías sociales.

También dimos cuenta de acciones ofensivas de la Fuerza Pública en las que se evidencia violación a principios del DIH en persona de los insurgentes e igualmente afectaciones a la población civil.

Es claro que la terminación del alto al fuego unilateral de las FARC-EP dejó atrás lo alcanzado, y para tristeza de todas y todos trajo nuevamente dolor y destrucción del territorio.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que los tres acuerdos preliminares a los que se ha llegado, las declaraciones de alto al fuego unilateral, el comienzo del programa de descontaminación de los territorios de artefactos explosivos, el anuncio de la desvinculación y no reclutamiento de menores de edad, y los otros gestos unilaterales o bilaterales de carácter humanitario han sido un resultado de gran valor del proceso de paz, que esperamos fructifiquen pronto en el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades.

De nuevo aceptamos el llamado de la Delegación de Paz de la guerrilla a realizar la veeduría del alto al fuego unilateral, esta vez en conjunto con iglesias y las Constituyentes por la Paz; hecho que consideramos relevante no solo para las tareas encargadas, sino para la posibilidad de fortalecer los lazos con otros sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la transformación efectiva de nuestro país. Exigimos al Gobierno las garantías necesarias para ejercer esta labor. Saludamos el acuerdo sobre pedir la participación de un representante del Secretario General de Naciones Unidad y otro de la Presidencia de UNASUR para las tareas de verificación.

Creemos firmemente que es hoy el momento de orientar el proceso de paz por el camino irreversible del desescalamiento del conflicto armado, del cese bilateral definitivo al fuego y a las hostilidades, y de los acuerdos que pongan la base de la paz estable, democrática y duradera.

Creemos que llegó el momento de pactar un acuerdo con un concepto amplio de justicia, que tenga en su base la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También llegó el momento de desistir del ultimátum como método de negociación, de las advertencias de pararse de la Mesa de Conversaciones, de desescalar el lenguaje belicista predicando con el ejemplo propio.

Esperamos que esta vez el desescalamiento se materialice en acciones recíprocas por parte del Estado y de las Fuerzas Militares conforme al acuerdo dado a conocer recientemente por las partes, y anunciamos que en esta ocasión también haremos veeduría social y ciudadana a los compromisos que ha adquirido el Gobierno en esta materia.

Queremos advertir nuestra preocupación por la persistencia, o nueva presencia, del paramilitarismo en extensas zonas del país, la continuidad de los nexos con los agentes del Estado, la presencia de los representantes de la parapolítica y sus herederos en las próximas elecciones.

Nos preocupa que se esté preparando una nueva fase del desarrollo de este fenómeno como estrategia paramilitar para poner en peligro el escenario posterior a la firma de los acuerdos. Por eso otorgamos gran importancia a la creación de una comisión para la no repetición del paramilitarismo como parte de los acuerdos de La Habana. De igual forma, rechazamos la nueva ola de capturas, investigaciones e imputaciones a reconocidos líderes sociales y defensores de derechos humanos, el uso de la fuerza contra la protesta social, la persecución contra los miembros del Congreso de los Pueblos y de Marcha Patriótica. Sobre estos dos aspectos anunciamos que elaboraremos en el próximo mes un informe de nuestra veeduría.

El movimiento social en Colombia de iniciativas por la paz alcanza gran articulación y confluencia. Por ejemplo, las plataformas de organizaciones reunidas en Clamor Social por la Paz; los procesos rurales y populares convocados en la Cumbre Agraria; sectores del sindicalismo como la CUT y la USO, avanzando en el proceso de construcción de un espacio multilateral por la paz. En este escenario hemos construido una nutrida agenda común; la asamblea de trabajadores por la paz, las cumbres regionales y nacionales por la paz, las constituyentes nacionales por la paz, todas estas apuestas buscan confluir en diciembre en un encuentro en el que el objetivo es construir el movimiento social por la paz.

Estamos convocando a otros sectores del espectro social, político y religioso a reunirnos en el Encuentro Nacional de Paz los próximos 22 y 23 de julio para potenciar esta agenda, para proteger la negociación de La Habana e iniciar urgentemente el diálogo con las otras insurgencias.

Hacemos un llamado urgente a toda la sociedad colombiana a avivar su sentimiento por la paz, creer que es posible construir juntos un país en armonía y esperanza para las presentes y futuras generaciones, sumarse a los millones de veedores y veedoras que creemos en la paz; así como reiteramos nuestro llamado a los medios de comunicación a promover la construcción de nuevos imaginarios de reconciliación y esperanza que encaminen el sentir de los colombianos y colombianas a apostar por el fin de la guerra en todos los territorios.

También reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional y al ELN a iniciar con prontitud la fase pública del proceso de conversaciones y la creación de la mesa de diálogos entre ambas partes.

La paz con justicia social que soñamos y que vamos a materializar debe ser integral, duradera y democrática.

 

FRENTE AMPLIO POR LA PAZ / REPRESENTANTES DE IGLESIAS

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Encuentro Nacional de Paz

La consolidación de los avances del proceso de negociación y la superación de las dificultades actuales, demandan una respuesta vigorosa por parte del más amplio conjunto de la sociedad.

Las negociaciones que están en curso son la oportunidad histórica excepcional para que el país entre en la senda de la paz sostenible. Los pactos ya logrados en cuatro puntos de la agenda indican que se avanza
positivamente en dirección al Acuerdo final de terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera.

Contrasta el avance en La Habana con el retroceso en la favorabilidad de la opinión en el país. Ello se debe en gran medida al hecho de que en los meses de abril, mayo y junio se perdió el alivio sentido durante los 5 meses de tregua unilateral de las FARC-EP y la suspensión de los bombardeos por parte del gobierno.

Es evidente que, en este momento crucial, el escalamiento de las acciones militares representa serias amenazas para las conversaciones en La Habana, para las exploraciones que se adelantan con el ELN, para la confianza de la sociedad en la terminación del conflicto y para la seguridad, los derechos, la calidad de vida y la tranquilidad de las comunidades y de toda la ciudadanía.

Esa experiencia de disminución de la intensidad de las confrontaciones significó una enorme ganancia para las comunidades y para toda la sociedad, se tradujo en menos desplazados y muertos en medio del conflicto.

Significó también un sensible incremento del apoyo ciudadano al proceso.

Por ello es urgente que se retome ese camino, se inicie el plan de desminado humanitario en Antioquia y Meta, se sostengan los compromisos de no reclutamiento de niños/as y adolescentes y no agresión a las mujeres y, sobre todo, se acelere el trabajo de la subcomisión técnica que está diseñando los pasos hacia el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades.

Ante las dificultades crecientes es preciso responder políticamente fortaleciendo la más amplia Confluencia en defensa de los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC-EP y del pronto paso a la etapa de negociación formal con el ELN asumiendo las características propias de este movimiento insurgente.

El anuncio sobre la Comisión de Esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y no Repetición es un hecho trascendental que le da mejores posibilidades a los pactos sobre justicia transicional en su conjunto y a los que se refieren al fin del conflicto, la ratificación y verificación.

Estamos ante la oportunidad de la paz como nunca había ocurrido en décadas de intentos de ponerle fin al largo ciclo de violencia y confrontaciones armadas en Colombia y por ello es fundamental el pronunciamiento de muchos a favor de las conversaciones y en respaldo a las acciones colectivas y múltiples manifestaciones ciudadanas que exigen mantener la mesa sin pausa y detener la violencia y la guerra. Los movimientos sociales que adelantan sus propias acciones de legítima protesta social también se han pronunciado en este sentido. La voluntad mayoritaria de paz que se expresó el 15 de junio de 2014, segunda vuelta presidencial, no puede frustrarse.
#La PazEs Ahora
encuentrodepaz0715@gmail.com , camilogonzalezposso@gmail.com , cvillaromero@gmail.com
Luis Sandoval 3112281812 – Camilo González 3107724959 – Maricela Londoño 3153808649.
Adriana Rodríguez 3187955445 – Leonardo González 3105850575
Por ello, para fortalecer los avances y superar las dificultades, convocamos un Encuentro Nacional por la Paz, que se reunirá en Bogotá los días 22 y 23 de julio.

El Encuentro Nacional por la Paz se propone hacer un llamado a todos los colombianos y colombianas a
rodear de apoyo el proceso de salida política del conflicto, a redoblar las iniciativas por la paz, a coordinar las  muy diversas agendas de acción que están promoviéndose en todo el país, a demandar diálogo eficaz con los movimientos sociales, a aprovechar el debate electoral que toma impulso con la inscripción de candidaturas y programas para fortalecer la construcción de paz, a examinar la vía des des escalamiento y la exigencia de pactar el cese bilateral definitivo de fuego y hostilidades, a respetar los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, a preparar la validación de los acuerdos.

Agenda Encuentro Nacional de Paz

FIRMAN: Comité de Impulso y Acompañamiento al Consejo Nacional de Paz, Representante Ángela Robledo, Representante Inty Asprilla, Representante Alirio Uribe, Representante Víctor Correa, Representante Carlos  Guevara, Representante Harry González, Representante Clara Rojas, Senador Iván Cepeda, Senador Horacio Serpa, Senador Antonio Navarro, Senador Roy Barreras, Campaña Reconciliación Colombia, Frente Amplio por la Paz con Justicia Social y Democracia Plena, Clamor Social por la Paz, Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Unión Sindical Obrera USO, Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ, Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Movimiento Progresistas, Fundación Nuevo Arco Iris, Corporación Viva la Ciudadanía, INDEPAZ, Justapaz, Asamblea por la Paz – USO, Iglesia de Dios MYI, Paz y reconciliación, CODHES, CAJAR, MENCOLDES – Pacto Nacional por la paz, Redunipaz, Comité Permanente Defensa DDHH,
Colombianos en el Exterior, Asociación MINGA, Vamos por los derechos, Poder ciudadano, Comité Distrital de Impulso CDP, Planeta Paz, Nuevo Arco Iris, LGBTI, Escuela de Paz, Iniciativas de Mujeres por la Paz, ANDAS, Colectivo LGTI por la paz, Asociación Campesina del Valle de Cimitarra, Iglesia Presbiteriana, Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, Semanario VOZ, Partido Comunista de Colombia PCC, Casa de la Mujer, Cinep, Ruta Pacífica de las Mujeres, Pensamiento y Acción Social PAS, Fundación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres, Paz y Seguridad” , Foro Nacional por Colombia, Sistema Universitario del Eje Cafetero, Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, Confederación Colombiana de ONG, Fundación Cultura Democrática FUCUDE, Movimiento Nacional Carcelario DECOLPAZ, Corporación Cultural Claudicantes FUNDESCO, Fundación Tejidos del Viento, Agrupación Permanente de Derechos y Paz APDEPAZ (Argentina), Corporación Nacional Unificada de Educación Superior CUN, Mesa de la Cuenca del Río Salitre

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