Cargo por confiabilidad debe pasar de la teoría a la práctica

El destino del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe ha sido objeto de múltiples debates e iniciativas en los últimos días; quizás el más relevante de ellos fue el que realizamos en la Comisión V del Senado de la República, donde no solo se identificaron los problemas que afectan al sistema eléctrico en la región, sino que también se plantearon algunas fórmulas de solución a la actual crisis.

Una de esas iniciativas de solución fue propuesta por mi y será materia de un proyecto de Ley que presentaré junto al Senador David Barguil ante el Congreso de la República, para darle al quebrantado sistema de nuestra Costa Atlántica, una solución confiable y viable, que permita además llevar a la práctica en este momento de crisis la teoría del denominado “Cargo por confiabilidad” que pagamos los colombianos en la factura de energía y en nuestro caso en el recibo de Electricaribe.

Nuestra propuesta tiene como bases los lineamientos establecidos en la Resolución 071 de 2006, expedida por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en desarrollo de los literales a, e, i, n, del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) y cuyo objeto es definido como un esquema de remuneración, que permite hacer posible la inversión en los sistemas de generación eléctrica, para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía, cuando las condiciones de abastecimiento sean críticas.

Ese recaudo, concebido como una especie de “póliza de seguro” que pagamos los usuarios a manera de prima mensual, para garantizarnos la normalización del servicio ante contingencias del sistema, bien puede ejecutarse en nuestro caso, teniendo en cuenta la evidente emergencia que representan las condiciones de iliquidez que afectan a Electricaribe, en parte por el incumplimiento en el giro de subsidios por parte de la Nación y teniendo en cuenta los problemas propios de su ámbito de cobertura, estimado en el 30% del consumo de energía del país.

Para ello, desde luego, se requiere de una transformación de las disposiciones vigentes, razón por la cual estamos proponiendo una reforma, para convertir el “Cargo por confiabilidad” en una contribución del orden nacional, con el fin de financiar el déficit de subsidios eléctricos (más 1,6 billones anuales), mantener el apalancamiento a las termoeléctricas y financiar las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía del Caribe Colombiano.

Esta iniciativa podría surtir los 4 debates requeridos en 2 meses y ser sancionada en diciembre de este año, para entrar en vigencia a partir del 1º de enero de 2019.

Nuestra inclinación por esa modificación, obedece, además de la evidente crisis de nuestro sistema eléctrico, cuyo destino hasta ahora es incierto, al hecho de que desde cuando se creó el “Cargo por confiabilidad” se han recaudado alrededor de 18 billones de pesos, sobre cuya ruta y destino los órganos de control y fiscalización no dan cuenta.

Por eso, con la reforma planteada, proponemos que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) realice el recaudo y trasferencia al Tesoro Nacional y que de esos recursos se destine el 40% para los subsidios de los estratos 1 y 2, el 35% para remunerar el cargo por confiabilidad, con base en el precio de escasez por cada fuente de generación dado por la CREG y el 25% restante para proyectos de inversión que garanticen generación y prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe Colombiano.

Confiamos en que esta iniciativa le generará al sistema eléctrico de la Región Caribe no solamente los recursos que requiere para salva esta crisis sino también la estabilidad necesaria para proyectar las necesidades futuras, con un servicio eficiente, confiable y seguro.

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Un ejemplo de responsabilidad política

Cada ministerio del gobierno es creado con objetivos y funciones especificas que deben ser cumplidas sin excepción alguna, cuando no existe un desempeño acertado de dichas labores, hay una responsabilidad política que debe ser asumida.

 

Esta semana hemos conocido el caso de los ministros del Interior y de Defensa del Ecuador, César Navas y Patricio Zambrano, quienes renunciaron al cumplirse el plazo de diez días que el presidente Lenin Moreno había dado a las fuerzas estatales para la captura de alias “Guacho”, el jefe del grupo disidente de las Farc en la frontera con Colombia, culpable de la muerte de siete personas (cuatro militares de la Marina y tres enviados especiales del diario El Comercio), y de otros hechos terroristas.

 

 

Es una manera interesante, la que utiliza el gobierno del Ecuador para establecer responsabilidades políticas y administrativas en los altos cargos cuando no hay efectividad en las obligaciones. César Navas entonces Ministro de Defensa fue errático en la presentación de los hechos a principios de abril, creando confusiones acerca de si estaban en marcha negociaciones para la liberación, errores que la opinión pública reclamó con indignación, en el caso de los periodistas ecuatorianos. Por su parte Patricio Zambrano, Ministro de Defensa, dijo que no estuvo bajo su directa responsabilidad el manejo de la situación sino en el grupo antisecuestro de la Policía que no depende funcionalmente de su despacho.  Respuestas que el presidente Lenin Moreno recibió como excusas. 

Este acontecimiento refleja una decisión política del presidente ecuatoriano de enviar un mensaje claro de efectividad frente a un conflicto sin antecedentes en su país, que no ha padecido los rigores del terrorismo con asesinatos, secuestros, destrucción de poblaciones y otros hechos comunes en la historia reciente de Colombia por parte de la guerrilla o las autodefensas.

Hay voces ecuatorianas que están señalando que la decisión presidencial de sacrificar sus dos ministros alienta el terrorismo pero el nombramiento del General Oswaldo Jarrin en Defensa da una señal de firmeza en una posición que antes ha sido ocupada por civiles. Se estima que la experiencia militar del nuevo ministro debe producir mejores resultados en lo operativo. Ecuador no quiere que se repita en su territorio la horrible experiencia colombiana. 

¿Sirve la actuación de Moreno de ejemplo a Colombia? No solo en seguridad han habido fallas muy notorias en la gestión de los ministros y otros funcionarios de nivel superior, sino que tampoco se han tomado las acciones de rigor para crear una cultura del cumplimiento de los objetivos del Estado.

Además, no hemos podido darle eficacia a la moción de censura establecida en la Constitución en ejercicio del control político.

Esta moción de censura, según los estudios académicos, es un evento poco probable por la combinación de factores institucionales y a una configuración del poder político que ha sido favorable al Ejecutivo. Se ha comprobado que elementos como el tamaño de la coalición de gobierno, el tipo de mayoría requerida para aprobar una moción de censura, el poder del Presidente para nombrar y remover a sus ministros y el poder partidista de los miembros del gabinete explican que en el Congreso este proceso no tenga efectividad.

En Colombia hemos visto que cuando el funcionario objeto de la censura corre riesgo, se produce la renuncia y se abandona el debate.  Lo que queda como hecho cierto en la opinión es que da lo mismo si los altos funcionarios son eficientes o responsables en el ejercicio de sus funciones o no lo son.

Las causas que han motivado que la moción de censura no culminen en destitución pueden variar dependiendo de quién gane la Presidencia de la República y sus relaciones con los partidos y el Congreso. Petro genera más inestabilidad política, Vargas y Duque tienen mejores ambientes para constituir mayorías. Además, sus políticas tienen más aceptación parlamentaria.

En Colombia tenemos que ganar efectividad por parte del gobierno en el cumplimiento de sus fines y mensajes, debemos aprender del caso de Ecuador que nos da un ejemplo firme y claro. No se trata de castigar a inocentes sino de responsabilidad política y administrativa frente a los fracasos.

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Las irregularidades en el servicio exterior

El mal manejo en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ido saliendo a la luz en los últimos años; los nombramientos a dedo, la mala administración de los recursos, la improvisación de figuras y cargos en distintas embajadas, han dejado en el entredicho internacional la calidad del servicio exterior de nuestro país, al igual que ha puesto en riesgo la integridad del patrimonio público.

Entre las irregularidades que se han encontrado, hay casos de nepotismo y amiguismo que comprometen directamente a la Canciller Holguín. También, se evidencian casos de funcionarios provisionales que han excedido el limite legal de los cuatro años para permanecer en el exterior, y que con el propósito de eludir la acumulación de tiempo de permanencia han pasado de un país a otro como una burla a ley.

El desbordamiento en las provisionalidades ha tenido como efecto demandas legales que han sido falladas en contra del estado y terminado en nulidades, que no solo significan costos de defensa para el erario público sino también gastos oficiales por desplazamientos y otros motivos.

Los nombramientos de personas sin título profesional acreditado, la elusión de la Carrera Administrativa con favorecimiento de terceros existiendo candidatos idóneos en el servicio para llenar las vacantes, con fallos legales de nulidad decretados y el detrimento patrimonial, han estado a la orden del día en este ministerio.

Se ha pasado por encima de la carrera diplomática, sin tener en cuenta que ésta constituye la garantía de una prestación idónea de las actividades en el servicio exterior. Por su naturaleza compleja, tanto en los aspectos políticos, económicos y sociales en la interacción entre las naciones, así como el servicio a los colombianos y extranjeros que lo demandan en la vida diplomática y consular, tanto por personas como empresas y organizaciones, es indispensable el acumulado de conocimientos para la calidad de los servicios. Hoy no es aceptable la improvisación y la mediocridad en servicios que deben ser técnicos. No caben allí los caprichos y menos los abusos.

En varias oportunidades hemos citado a la Canciller María Ángela Holguín, para que explique en la Comisión Segunda del Senado, su actuación frente a esta importante cartera del Gobierno Nacional. Sin embargo, las “excusas” y las “comisiones al exterior urgentes de ultimo minuto” han sido la constante para evadir su responsabilidad.

No hay voluntad por parte del Ministerio para favorecer la transparencia, la participación ciudadana y el control del servicio exterior por parte del Congreso.  Nuestro proyecto de ley 170 de 2016 Senado, con el que buscamos mejorar las calidades del servicio no ha podido culminar sus cuatro debates reglamentarios por oposición del Ministerio, que ha pedido su archivo cuando solo tiene pendiente su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 

Este proyecto de ley es altamente conveniente para mejorar las calidades del servicio exterior y conduce a una mejor función de control institucional por parte del Congreso. No constituye riesgo de indebida interferencia en la función ejecutiva, pues lo que contiene es hacer obligatorio para los nombrados en la diplomacia un segundo idioma extranjero como el inglés; estudios básicos de Diplomacia no inferior a tres meses en una escuela especial cuya creación se ordena, y la participación del Congreso en el proceso selectivo de embajadores y cónsules generales, sin que esto afecte la discrecionalidad presidencial para nombrarles. Se trata de una audiencia especial para verificar las capacidades del candidato a embajador o cónsul general, que es práctica usual en numerosas naciones democráticas, y el deber de rendir informe de actividades al Congreso, lo cual tampoco desborda las leyes y la conveniencia nacional. Rendir cuentas está en la esencia de la función pública.

Este martes 17 de abril a las 10:00 de la mañana, tenemos programado una vez más el debate de control político a la Canciller Holguín en la Comisión Segunda del Senado de la República, esperamos que esta vez cumpla con su responsabilidad ante el Congreso. 

Hay que poner freno a las ineficiencias e irregularidades detectadas, porque es la imagen de la nación en el exterior y los servicios de representación diplomática y consular los que están en juego.

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Pronunciamiento sobre el terrorismo en Barranquilla

El senador Jose David Name Cardozo hace el siguiente pronunciamiento sobre el terrorismo en Barranquilla:
 
Con dolor registro los hechos trágicos de este sábado en Barranquilla con un ataque terrorista sin antecedentes desde la época del narcoterrismo de fines del siglo pasado y dos hechos más igualmente luctuosos. 
 
Expreso a los familiares de las victimas mi solidaridad,  al igual que a la Policía Nacional y a la empresa de vigilancia.
 
Las autoridades tienen mi apoyo para las acciones que emprendan para investigar y sancionar con rigor a los responsables y al mismo tiempo una sugerencia para que redoblen las actividades que nos garanticen la seguridad ciudadana. 
 
Hay que demostrarles a los terroristas que este no será territorio suyo sino de los buenos ciudadanos y para la sana convivencia. Y demostrárselo con contundencia. Que no les quepa duda. Para eso está la ley y la fuerza.
 
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Senador de la República
 
Barranquilla, 27 de enero de 2018

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Sombras y luces del sistema penal en el Caribe en sus diez años

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
 
Están por cumplirse en pocos días diez años de funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) en el Caribe colombiano y es el momento de hacer una revisión cuidadosa de su implementación para eventuales mejoras del servicio.
 
El sistema tuvo una aplicación gradual y en el Caribe se inició el primero de enero de 2008, la última región por escogencia que hizo el Congreso en razón de las particularidades del país, lo que no fue conveniente para nosotros por cuanto los fondos ya estaban exhaustos. Como lo reflejan diversos estudios sigue adoleciendo de la infraestructura indispensable, así como de personal, tecnologías, capacidad investigativa, coordinación interinstitucional y hasta de confianza en la opinión.
 
Los propios agentes del sistema lo rajan en cuatro variables, de acuerdo con un informe inicial del Observatorio que está en ensayo en la Gobernación del Atlántico: congestión (2.90 sobre cinco), impunidad (1.60), acceso (0.80) y confianza (0.70). 
 
En 2016 ingresaron 161.900 procesos al sistema en el Distrito Judicial de Barranquilla y concluyeron 34.437, lo que da una idea de los represamientos pero también de la alta demanda.  Una de las causas de esta alta demanda es que en el Distrito Judicial de Barranquilla, que  corresponde al departamento del Atlántico, no opera con efectividad la denominada justicia cercana al ciudadano que podría atender al menos el veinte por ciento de los casos, luego arreglar la justicia  penal pasa por mejorar las capacidades de Barranquilla y los municipios para cumplir sus funciones de justicia.  Otra causa es el desconocimiento de los ciudadanos de los alcances de la ley penal y que los propios funcionarios del sistema admiten las demandas sin que sean de su competencia. Esto eleva los archivos de expedientes.   Pero, no nos digamos mentiras, el sistema de investigación no investiga lo suficiente y acude en demasía a los testimonios.  No se aplica el criterio de que el Estado es más inteligente que los delincuentes y está mejor equipado.
 
El estudio muestra que en el 93 por ciento de los casos que llegan a la etapa de juicio hay condenas. Eso refleja que la Fiscalía y los jueces muestran efectividad pero no tanta frente a la demanda. También, que las leyes que agilizan los procesos por aceptación de la responsabilidad cumplen su objetivo de celeridad y eficacia. En tiempos hay logros que no se deben desconocer. En la etapa previa se redujeron de 1.958 días en promedio a 381 en diez años, en juzgamiento de 378 a 369, y en el proceso total de 2.596 días a 762.  Estos datos hablan bien del SPOA. Deben mejorar, sin duda.
 
Los agentes del sistema, incluyendo a los usuarios, lo han acogido al compararle con el sistema anterior. De manera que  lo que corresponde es mejorarlo.  Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es un sistema que ha colapsado.  Por eso se requieren reformas profundas a nivel nacional y acciones particulares a nivel territorial Caribe.
 
Atlántico es señalado como modelo de concurrencia del nivel territorial en un servicio que corresponde a la nación. El departamento tiene desde hace muchos años fondos especiales de tributación para seguridad y parte de ellos se han destinado a la concurrencia en justicia, por ejemplo en edificaciones menores, equipamientos para la Policía, investigaciones y ha venido animando un debate al que nos piden ahora participación a los congresistas.  En el Congreso, la justicia es un tema que mueve agenda y creo que conviene que todos sus integrantes nos aproximemos a las realidades de nuestros respectivos territorios.
 
Colombia no debe seguir legislando como si tuviera unidad cultural sino reconocer su diversidad dentro de la unidad nacional. De ahí los errores como en el caso del Código de Policía que castiga conductas que no hacen el mismo daño en todos los territorios por razones culturales. En el Código Penal hay situaciones similares.  Es válida la queja sobre el denominado populismo judicial que nos ha llevado a legislar sobre hechos que ya están en los códigos porque algún acontecimiento conmueve al país. Ha fallado la política criminal y sigue sin el  orden que le corresponde.
 
Es deplorable comprobar que la oferta judicial penal este tan dispersa en Barranquilla (la Fiscalía tiene 17 sedes) y los cupos carcelarios fueron diseñados y en algunos casos construidos hace más de sesenta años, cuando existía menos protección a los derechos humanos. La consecuencia es que los afectados por una medida carcelaria tienen más probabilidades de salir con mayor actitud criminal. La opinión ya no resiste tanta laxitud con los delincuentes consuetudinarios y la burla con las medidas de aseguramiento.
 
Adicionalmente, y no menos grave, es que pareciera que el Estado se declara impotente frente a una criminalidad que gana cada día en capacidad de hacer daño, ya que se percibe vulnerable e incompetente. Es lo que nos pasa.
Creo que a los diez años nos muestran sombras y luces en la justicia penal en el Distrito Judicial de Barranquilla y que deben acelerarse las inversiones en edificaciones para los operadores y los cupos carcelarios,  pero, ante todo, la oferta de personal y las capacidades de este. La relación de jueces y fiscales por cien mil habitantes es altamente desfavorable con respecto a las regiones donde se inicio primero el SPOA y eso es discriminatorio, como son tantas cosas de la oferta nacional de servicios.
 
Y todo  esto amerita una acción política. No es justo que por haberse iniciado de último el SPOA en el Caribe sigamos arrastrando disparidades que tienen que resolverse por razones de igualdad. Es cuestión de derechos. La oferta penal en el Caribe tiene que estar a la altura de la época. El compromiso debe ser  más contundente. Si no, ¿de qué sirve declarar que hemos llegado al colapso?

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Candidatos de las Farc deben contar ya a la JEP sus responsabilidades

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
 
Con la iniciación del proceso de inscripciones al Congreso, los anuncios de las Farc de que su antigua cúpula militar será ahora su cúpula de representación política  y la composición de la Comisión de la Verdad divulgada la semana pasada, siguen moviéndose piezas importantes del ajedrez del posconflicto.
 
Está en complejo debate en el Congreso la reglamentación de la Justicia  Especial de Paz (JEP), mientras se esperan decisiones de la Corte Constitucional sobre aspectos neurálgicos del acto legislativo que la creó. Está en trámite una reforma política y pendiente el debate agrario.
 
Veamos un aspecto de la participación política de las Farc. Además del acatamiento a las leyes, las Farc como partido político deben dar señales claras de respeto a la transparencia y la coherencia en el terreno político. La nación les reconoce la entrega de las armas y el acatamiento al cese al fuego. Los resultados divulgados por las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y la ONU son satisfactorios, lo cual es señal importante de que se cumplen los objetivos en ese terreno, pero como en la democracia conviene el debate sobre verdades es deber suyo dar más señales para la confianza nacional.
 
Por eso, antes de inscribirse, los candidatos al Congreso de las Farc deberían contar a la JEP los hechos delictivos de los cuales son responsables para darle más transparencia a su proceso de inserción a la vida política, como contribución a los fines de la Justicia Transicional y, en especial, como aportes suyos a la verdad histórica que se busca frente a los ocho millones de víctimas del conflicto. También, frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha estado muy atenta y contribuyendo en nuestro proceso de pacificación.
 
Así también,  como  paso necesario para generar más confianza frente a los objetivos superiores de una paz estable y duradera.
 
Conviene además esa declaración de los delitos porque no es fácil en el ambiente polarizado  de la nación conceder por el Estado y la sociedad herramientas de poder político si no se tienen certezas, con base en las declaraciones voluntarias de los mismos actores políticos ayer armados,  de que son serios e irreductibles los compromisos de acatamiento a la justicia acordada en la negociación.
 
Este es el argumento para esperar no solo rigor de ley, como lo hemos estado buscando en el trámite de la JEP,  para que las declaraciones sobre responsabilidad de crímenes no solo sean verdaderas sino oportunas y sobre la base de principios democráticos en sociedades abiertas. Eso está en el espíritu y la letra del Acuerdo de Paz del Teatro Colon.
 
Es decisión política de las Farc si acude a las urnas con los jefes más reconocidos de sus tiempos de guerrilla. Una parte de la opinión ha venido cuestionando esa decisión y lo último es que su nominado candidato a la Presidencia de la República, Rodrigo Londoño (Timochenko), firmante con el Presidente Santos del Acuerdo Final, iniciará una consulta para determinar si asume la candidatura. Los electores colombianos tomarán la decisión acerca de si le eligen.
 
En Colombia tenemos una democracia debilitada pero funcional para determinar quien ejerce los poderes políticos. Tengo la seguridad de que tomaremos de nuevo buenas decisiones en función de la patria y sus valores o responsabilidades. Mi partido contribuirá en la consolidación de los objetivos de la paz y la prosperidad bajo criterios de equidad.
 
Lo que todos deberíamos aportar es generosidad con la nación para que se cumplan los objetivos de una paz estable y duradera, y en esto, insisto, hay que buscar preservar los valores y principios tutelares de la democracia y la justicia. Y en eso encaja nuestra petición para que la ley y la ética política nos lleven a los debates y elecciones de 2018 con unos antecedentes sabidos de lo que asumen como responsabilidad quienes aspiren al Congreso en representación de las Farc.
 
Por otra parte, igualmente contribuye a generar confianza el que la Comisión de la Verdad elimine los temores de que su composición contiene en su esencia sesgos inapropiados para los objetivos sublimes que la justifican. E igualmente debe generar confianza el equipo operador de la JEP en construcción sobre el cual igualmente se denuncian posibles sesgos por razones ideológicas.
 
 
La responsabilidad que tienen los partidos políticos para fortalecer la democracia y la justicia en Colombia es inmensa. Incluye, desde luego, la responsabilidad de las Farc, que es el partido nuevo.  De ahí que no deberían acudir a las urnas sus voceros políticos sin antes pasar por la JEP asumiendo sus responsabilidades del pasado violento.

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Listas cerradas al Congreso para acabar con el negocio y la corrupción en elecciones

Es urgente que la representación del pueblo en cargos de elección popular y corporaciones públicas la preservemos en manos de quienes pueden y deben ejercer una actividad política limpia y decorosa, al servicio del desarrollo institucional, lo económico y lo social.
 
Hoy más que nunca nuestro país requiere echar a un lado el individualismo para que se fortalezcan los partidos, se eliminen las extravagancias económicas y pongamos fin a las prácticas malsanas que en épocas electorales le dan protagonismo al delito y arrasan con las expectativas populares respecto del discurso reivindicador de sus necesidades.
 
Ni mesianismos traidores del deseo y afanes colectivos ni empresarios amañadores de balances que solo buscan la defensa del interés personal ni criminales infiltrados con el ánimo de arrebatarle a la ley su más íntimo espíritu depurador y conservador de las buenas prácticas morales y éticas, pueden seguir teniendo pista en los aeropuertos de la política colombiana.
 
Si queremos que nuestros tres poderes públicos continúen como símbolos supremos de la institucionalidad nacional, en beneficio de los más necesitados y desprotegidos en aras de lograr una época de posconflicto brillante en términos de equidad, justicia y progreso social, tenemos que erradicar de un tajo los factores contaminantes del ejercicio político y partidista.
 
Es esta una obligación ineludible no para construir reductos de élites exclusivistas y egoístas sino para restablecer la confianza en el voto popular como medio eficaz de darle a los mejores la oportunidad de servir al progreso, sin violentar las normas penales.
 
En el Ejecutivo hemos reconocido y lo seguiremos haciendo, el enorme esfuerzo por lograr la paz luego de un demencial conflicto armado de más de medio siglo de existencia, al igual que la tarea para disminuir los indicadores de pobreza e indigencia y el incentivo a la libre empresa, el emprendimiento, el financiamiento a la creatividad y la prevención del cambio climático, entre otros aspectos positivos.
 
De la rama jurisdiccional valoramos el ejército mayoritario compuesto por hombres y mujeres fieles a la defensa de la Constitución y las leyes, que nos orientan con su proverbial sabiduría en momentos de excesos gramatical y verbal, pero que no son inmunes por desgracia a las goteras que dejan filtrar las aguas nauseabundas de la inmoralidad.
 
En el campo legislativo existen mayorías que querrían un funcionamiento operativo libre de pecados y multiplicador de la modernización legislativa para hacerle frente a los más caros desafíos nacionales. En ese contexto ha sido consecuente y diligente a la hora de implementar el Acuerdo de Paz logrado con la guerrilla y permitirle al Gobierno los instrumentos indispensables para reducir las limitaciones fiscales y apalancar el desarrollo socioeconómico. 
 
Pero aquí, tanto en el Senado de la República como la Cámara de Representantes, de tiempo atrás también se han colado personajes que sacrifican los sagrados principios de rectitud y probidad y ponen en entredicho la construcción de leyes de noble propósito.
 
Como realidad inocultable nos encontramos con tres poderes públicos que ha sido permeados por el soborno, la inducción al delito, el amañamiento de las costumbres contractuales y el acomodo indebido de las salvaguardas constitucionales y de los códigos en sus distintas especialidades, para hacernos caer al vacío y dejarnos en estado de seminconsciencia institucional.
 
Porque el “Harvey” de la corrupción le ha dado otras tonalidades climáticas a la moral y éticas colombianas, provocando una devastación de tales proporciones en la confianza ciudadana que nos invita a trabajar de urgencia con soluciones de fondo para restablecerla y salvar el futuro de la Patria.
 
Es por ello que, si queremos una Colombia estable y desarrollada en todos sus contextos, el Congreso de la República está comprometido con enviar mensajes alentadores a la ciudadanía de nuestro país.
 
Hoy una de las decisiones más sabias que podría adoptar el Congreso, sería la de acabar con el voto preferente para fortalecer y proteger a los partidos políticos en procura de reducir el costo de las campañas y eliminar a los terceros tipos de la corrupción electoral. Necesitamos exterminar de raíz los males que convirtieron la política en un lucrativo negocio y desbordaron la ilegalidad. 
 
Para eso tiene que servir la reforma política que está a estudio del Congreso, cursa primer debate en la Cámara de representantes y debe estar habilitada antes de la fecha límite de inscripción de candidatos para los comicios legislativos y presidenciales de 2018. El tema más estratégico de esta reforma, que reúne el consenso de muchos congresistas, académicos, doctores en transparencia y expertos electorales, es que volvamos a las listas cerradas para el legislativo, asambleas y concejos, revocando así lo adoptado en el 2003 cuando se determinó que ese mecanismo dejara de ser obligatorio.
 
Está demostrado que el voto preferente no ha mejorado nuestra democracia y es por ello por lo que debemos regresar a las listas cerradas que permiten la deliberación democrática a la hora de organizarlas y presentarlas a la opinión pública, con la ventaja adicional de darles la oportunidad a aquellos que pueden edificar una imagen sobre la base del excelente desempeño político y legislativo.
 
En esta semana que inicia, públicamente me coloco del lado de las listas cerradas para sanear la política y restablecer los vasos comunicantes de los partidos con una ciudadanía hastiada de violencia y corrupción y de que los titulares de prensa vayan en cabeza de los bandidos y no de quienes estimulan un mejor amanecer nacional. Por favor escríbame a jname@josename.com

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El Presidente Santos y usuarios de energía burlados

"Tenemos que hacer una verdadera cruzada por el ahorro si queremos evitar cortes preventivos de energía y evitar así un racionamiento. Para los hogares se premiará el ahorro y se castigarán los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre del consumo promedio un hogar recibirá otro peso como incentivo”.  

 

Con esas palabras el Presidente Santos les anunció a los colombianos que se ponía en marcha desde el 7 de marzo pasado la campaña “Apagar Paga”, con la cual el objetivo central era evitar el racionamiento de energía eléctrica.  

 

“Ahorrar energía ya no es una opción, es un deber de todos los colombianos”, dijo a continuación la entonces Ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, en una declaración que resumía las medidas adoptadas del Gobierno para promover el ahorro de energía, a raíz de los inconvenientes provocados por el fenómeno del Niño y las averías sufridas en importantes centrales de generación, que disminuyeron peligrosamente la oferta eléctrica en el país.  

 

Afortunadamente los hogares, las empresas privadas y las instituciones públicas nos comprometimos con gran sentido de colaboración y de sacrificio pensando en el bienestar del país, confiando de paso en el reconocimiento de los incentivos ofrecidos por el gobierno. 

 

 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, desde un comienzo parece que hubiera obrado de mala fe en el tema de los incentivos porque expidió varias resoluciones explicativas que por su confusión retrasaron tanto el entendimiento como la aplicación de lo que había prometido el Presidente Santos.  

 

Dada la respuesta ciudadana y empresarial, el Gobierno le puso punto final al programa para ahorrar energía eléctrica una vez entraron en operación dos unidades de la central hidroeléctrica de Guatapé, que se sumaban como hecho positivo a la casi desaparición del fenómeno de El Niño. 

 

 Las autoridades se habían dado un plazo de seis semanas para ahorrar 400 gigavatios/hora y el balance al 17 de abril fue de 1.179 gigavatios/hora, casi el triple debido al ahorro y el esfuerzo de los colombianos. Conocido el éxito de la campaña y la determinación del gobierno de levantar “Apagar Paga”, la Creg suspendió los beneficios económicos para las familias que venían ahorrando energía.  

 

Mediante resolución No. 051 del 23 de abril de 2016 la comisión reguladora resuelve la “terminación de la aplicación del esquema de tarifas diferenciales adoptado mediante la Resolución CREG 029 de 2016”. La norma derogatoria de los incentivos precisó que “los usuarios cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes del 23 de abril y registren ahorro respecto de la meta de ahorro individual se les aplicará el menor valor a pagar definido en el artículo 2 de la resolución 029 de 2016, mientras que a los consumidores cuyo último ciclo de lectura haya comenzado antes de la vigencia de la resolución y registren consumos en exceso al momento de realizar la lectura con respecto de la meta de ahorro de individual, no les aplicará el esquema de tarifas diferenciales.”  

 

Logramos cumplir la meta de un ahorro de energía del 5,88 % diario, para que olímpicamente ahora la Creg ignore el esfuerzo y de un plumazo borre la ilusión del incentivo así fueran mil, tres, cinco mil o diez mil pesos. Lo que hoy configura la Creg es un tecnicismo barato y le roba a los colombianos el sueño de un pequeño incentivo en la factura eléctrica, lo que al mismo tiempo es una especie de expropiación fraudulenta del dinero total que debía aplicarse en la fórmula del premio a los ahorradores de energía.  

 

La Creg, comete otro de sus tantos yerros en detrimento del interés y del bolsillo de los colombianos. Aquí han facilitado el descarado robo de la plata de los incentivos, así quieran mostrar que entre una u otra fecha se podrán reconocer. Esa es una falacia, porque la queja general es que la última factura a la mayoría de los usuarios les llegó más cara. Y quienes esperan que en mayo se les aplique el descuento, también quedarán frustrados porque no será realidad.  

 

Por cuenta de la Creg, una vez más hemos sido burlados el Presidente Juan Manuel Santos y los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país, que dimos nuestra cuota de sacrificio pensando en una pequeña bonificación económica a cambio de nada. Me dispongo a hacer el respectivo debate de control político en el Senado y estoy seguro que la sesión será memorable. Los doctores de la Creg tendrán que responder.

 

Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Hoy existe un problema, pero Barranquilla puede volver a ser ciudad segura

"He solicitado profundizar en la inversión social en Barranquilla y el Atlántico".

 

Barranquilla, enero 30 de 2017 (Prensa s José David Name).- Tapar el cielo con las manos es un imposible y si somos sensatos, lo real es que Barranquilla y su Área Metropolitana, como otras zonas sensibles del Atlántico, tienen una preocupante y delicada situación de inseguridad.


Pero lo que nos ocurre va mucho más allá de un fenómeno de coyuntura o de algo que podamos resolver con 100 o 200 policías más, con la prohibición del parrillero hombre o mujer por sectores urbanos o el toque de queda a menores de edad y el cierre de establecimientos nocturnos a determinadas horas.



En los últimos 14 años Colombia ha sido objeto de políticas claras para la preservación del orden público, una de ellas denominada de seguridad democrática con la cual se diezmó la estructura ofensiva de la guerrilla, pero también abrió paso a otra tanto o más agresiva como la paramilitar que invadió la esfera de la política y alteró la moralidad en niveles de alta y media dirección de la administración pública.

 

La administración nacional actual se la jugó con la llamada prosperidad democrática y en consonancia con su filosofía le apostó a la paz, logrando con éxito una primera fase del proceso al concretar un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC e iniciar una fase de negociaciones públicas con el ELN. El tráfico de drogas y el secuestro fueron prácticas que sirvieron al financiamiento de estos frentes subversivos durante décadas, propiciando niveles más altos de terrorismo e inseguridad.



Al margen de dos engendros de violencia con clara inspiración política, vimos la aparición y expansión de las Bandas Criminales, Bacrim, y/o Grupos Armados Organizados, GAO, que tienen en la extorsión, el fleteo, el narcotráfico, en algunos casos en alianzas con la guerrilla, y la estimulación de pandillas juveniles urbanas, el más peligroso coctel al que nos podamos enfrentar en este instante.



Combatir una u otra estructura provoca lo que ciertos especialistas señalan como "delincuencia fragmentada", es decir aquella que no registra clan o banda alguna, pero sí siembra terror entre los ciudadanos por la proliferación del atraco, el fleteo y el sicariato, muchas veces para ejecutar ajustes de cuenta entre criminales.



En visita que hizo recientemente la cúpula de la Policía Nacional y de la investigación criminal en Colombia a la ciudad de Barranquilla, algunos oficiales destacaron que en la localidad somos testigos del auge de la delincuencia fragmentada porque Los Rastrojos, el Clan del Golfo y otros tuvieron que abrirse hacia otros lares pero nos dejaron el vicio de delinquir, amén de lo que ya habíamos heredado con reinsertados e integrantes de grupos paramilitares que no se acogieron a la desmovilización pactada y cuyas nefastas consignan hicieron mella y escuela en niños y jóvenes vulnerables. A la fecha uno de los graves problemas de la ciudad y su Área Metropolitana es el énfasis delincuencial en el microtráfico, a lo cual habrá que dedicarle mucho esfuerzo para erradicarlo y en ese aspecto coincidimos con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.



Independientemente de los factores nacionales que han incidido en la creación de un clima de inseguridad urbano, no desconocemos en el caso del Atlántico y Barranquilla la presencia de actores de la administración pública y la política que abandonaron durante largos periodos la atención de las necesidades básicas de la población en términos de servicios públicos, vivienda, salud, educación, empleo, ordenamiento territorial, protección a la tercera edad y a la primera infancia, entre otros aspectos. Esos actores se especializaron en trasladar el erario público a sus bolsillos y dejaron a amplias capas de la población en un tiempo perdido.



Las generaciones de escasos recursos que provienen de esa época y que en su niñez, adolescencia y juventud y vida adulta no tuvieron y no tienen oportunidades legítimas de desarrollo personal y familiar, fueron lanzadas a la vida fácil de la delincuencia y en ese trasegar también han podido meter a otros grupos de generaciones presentes que aún no forman parte de la política social del Estado y a los que hay llegar con urgencia a través de programas de resocialización. Para que no engrosen las filas de las décadas perdidas.



Frente a 30 o 40 años de abandono, hemos pasado a gobiernos que en los últimos 9 años han podido desarrollar un plan intensivo en materia de infraestructura, vías, parques, acueducto, alcantarillado, canalización de arroyos, recuperación y construcción de colegios, inauguración de megacolegios, centros de desarrollo infantil, atracción de la inversión nacional y extranjera, atención a los infantes entre 0 y 5 años de edad, fomento al emprendimiento, extensión de la universidad al barrio e inversión en otros frentes complementarios, temas en los cuales a pesar de permanecer en orillas políticas distintas a las del Alcalde Alejandro Char debo reconocer la diligencia con la que se ha actuado. Pero sus efectos no son de la noche a la mañana, los veremos en el mediano plazo.



Sé que la Gobernación del Atlántico hace lo propio y debo incurrir en una especie de autoelogio para decirles amables lectores que todo ello es una tangible realidad dado el compromiso de jóvenes y experimentados administradores públicos, pero también gracias a la tarea que hemos hecho en el Congreso de la República año tras año en defensa de los dineros que nos corresponden y de la participación que merecemos en los programas de inversión nacional en áreas claves como la salud, vivienda, educación, agua potable y saneamiento básico, así como en iniciativas adicionales que empezarán a dar sus frutos en el corto plazo.



He solicitado profundizar en la inversión social en Barranquilla y el Atlántico, lo cual debe funcionar en el punto de eliminar los elementos objetivos y subjetivos de la inseguridad si el Gobierno Nacional hace lo que es de su competencia en materia de política criminal, es decir, mayor eficiencia del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, sistematización de audiencias, depuración del sistema judicial, agilidad en la construcción del Bunker de la Fiscalía en la ciudad a un costo de 80 mil millones de pesos, habilitación de nuevas Unidades de Reacción Inmediata, URI, aumento de la planta de fiscales, ampliación de los centros carcelarios existentes y si es pertinente uno nuevo. Atlántico y Barranquilla hacen lo que pueden y deben, pero la Nación tiene que cumplir lo suyo y en ese sentido le hice peticiones concretas al Gobierno Nacional en carta que dirigí al Presidente de la República la semana pasada. Así podremos castigar con rigor al delincuente actual, sin que salga a las dos horas de ser capturado.



También es urgente articular programas de cultura ciudadana en todos los sectores para motivar a los habitantes a preservar la seguridad, a mejorar el entorno y a denunciar el delito. Las autoridades deben ser rodeadas y respaldas en sus propósitos, unidos todos. La inseguridad se agrava si confrontamos con las instituciones, lo que debemos es fortalecerlas. Siempre les solicitaré a los administradores de turno que convoquen, en lo que a mi toca tendré la disposición permanente a colaborar. Barranquilla hoy tiene un problema, pero con el apoyo de todos nosotros puede volver a ser una ciudad segura. Por favor escríbame a jname@josename.com

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"La paz no puede pasar del emocionante Fast Track a la decepción por el light mistake"

"Hago un llamado al presidente Mauricio Lizcano, para que invite a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello y al fiscal Néstor Humberto Martínez, para que expongan ante el país sus dudas"

Barranquilla, enero 23 de 2017.- Siempre he sostenido que el mayor favor que se le puede hacer a la paz de Colombia, es que todo el andamiaje constitucional y legal que la sustente debe estar libre de pecados y de errores producto de la falta de consenso y de apresuramientos.


Después de la derrota del plebiscito y lo duro que ha sido el trámite posterior del Acuerdo con las FARC, el denominado fast track se constituyó en la pieza maestra para sacarlo adelante.


Pero lo que ayer fue ayuda por la vía rápida y sirvió para restituir la confianza de la comunidad internacional y del mismo pueblo colombiano, hoy puede convertirse en un mal aliado a la hora de la implementación porque la prisa y la carencia de debates nos conducen al ligth mitake o al error por ligereza.


Soy de los primeros en respaldar el llamado del Gobierno Nacional a las distintas fuerzas políticas, incluida la oposición, para que en este periodo de sesiones extraordinarias el Congreso asuma la responsabilidad que le toca en la implementación del Acuerdo con las FARC.



Pero no por ello nos debemos precipitar a darle pupitrazos a reformas constitucionales y a la aprobación de leyes que mañana pueden representar todo lo contrario a lo que queremos en términos de paz y de institucionalidad para la reconciliación.



A las discusiones actuales respecto de la Justicia Especial de Paz, JEP, entramos con la queja de la Corte Suprema de Justicia de que no le atendieron sus propuestas ni su insistencia frente a la necesidad de que la JEP haga parte de la jurisdicción del poder judicial. En opinión de la alta corporación judicial, eso no quedó contemplado.


Al comenzar la semana pasada el debate del articulado de la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la paz, el Fiscal General de la Nación doctor Néstor Humberto Martínez Neira, produjo un documento en el que hace una serie de observaciones a la propuesta presentada por el Gobierno.


El Fiscal expresa varias alertas y entre ellas destaca que "el artículo 5 -una de las disposiciones medulares de la reforma- debe ser redactado de manera más rigurosa y técnica".



En concepto del Fiscal General "la norma no establece claramente que los beneficios penales de la JEP deben cobijar exclusivamente a los efectivamente desmovilizados de las Farc-Ep". El tema habría que corregirlo porque como se encuentra a la fecha, estarán incluidos los disidentes de este grupo subversivo que deben quedar sometidos a la jurisdicción ordinaria. Igual pasaría con los reincidentes.



Pertinente es lo que expone el doctor Martínez Neira cuando dice que "el artículo no aclara cuál será el tratamiento de los delitos continuados cuyos efectos se extiendan más allá del 1º. de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo definitivo de paz con las Farc". En este contexto, "los delitos continuados en que eventualmente puedan incurrir las personas desmovilizadas, deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1º de diciembre de 2016".



Así sucesivamente encontramos en la comunicación del Fiscal reparos a la redacción del fuero presidencial, al texto que permitirá la prohibición de extradición para los guerrilleros disidentes, a la falta de claridad sobre el tratamiento de los terceros que contribuyeron al conflicto, así como a que no se fijen las competencias que tendrán la JEP y la justicia ordinaria y si la comparecencia de terceros a la jurisdicción de paz será o no obligatoria.

 

El Fiscal señala que "en armonía con la noción de justicia transicional, el proyecto de acto legislativo debe permitir un cierre de todas las investigaciones que se desarrollen contra las personas que se acojan a este sistema. Este punto no está previsto en la norma presentada al Congreso".


Del mismo modo advierte que la propuesta a estudio del Congreso no desarrolla técnicamente el principio de inescindibilidad, es decir la imposibilidad de fraccionar las investigaciones, ni fija su verdadero alcance.


Dada la coyuntura en la que nos encontramos y entendiendo las posiciones esgrimidas desde diferentes sectores de la vida nacional, hago un respetuoso llamado al señor Presidente del Congreso de la República, Mauricio Lizcano, para que invite a la presidenta de la corte suprema de justicia, Margarita Cabello y al fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, para que asistan a la corporación legislativa y en debates televisados expongan ante el país sus dudas.


Denotamos entonces que tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República, tenemos ante el país y el mundo una enorme responsabilidad a la hora de implementar el Acuerdo de Paz. De no ejercerla como corresponde y si en lugar de la serenidad, la reflexión y la paciencia predominan la prisa y la ausencia de estudio, todo lo que hemos hecho en los últimos años podría irse por el despeñadero.


PD.- Continúo a la espera de la rectificación de la periodista Darcy Quinn, de Caracol radio, sobre su error al no verificar en la fuente un tendencioso informe respecto de una presunta vinculación de mi parte al caso Odebrecht, lo cual ha sido desmentido enfáticamente por la autoridad competente. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Mejorar justicia y elevar inversión social, son clave contra inseguridad

 

"Mi invitación es a que trabajemos por el goce de los derechos humanos de cada barranquillero, de cada colombiano": senador José David Name.


 

Barranquilla, enero 16 de 2017.- Ni siquiera por estar en orillas políticas diferentes podría decir que la situación de inseguridad en Barranquilla se debe al alcalde Alejandro Char o a un simple descuido de la Policía Nacional u organismos de inteligencia del Estado.



Además, no es un problema exclusivo de Barranquilla porque la violencia y el crimen se han tomado las principales ciudades colombianas producto de una escasa inversión social, la falta de oportunidades para jóvenes en formación y profesionales y desafortunados decretos gubernamentales que le quitan las armas a la gente de bien pero se las dejan a las bandas delincuenciales en contubernio con ciertos sectores de la Fuerza Pública.



Podríamos admitir que se registran algunos avances en el proceso de erradicación de la pobreza, otorgamiento de subsidios a franjas de población necesitada, implementación de cupos escolares, programas de emprendimiento y cubrimiento en salud, entre otros aspectos de la política social, pero la acción estatal en estas materias resultan insuficientes y quienes no son cobijados por ella se ven obligados a los menesteres de la criminalidad y el sicariato para la subsistencia.


De ninguna manera el hecho de no tener un empleo o no estudiar, pueden justificar la creación de pandillas, el alebrestamiento juvenil, la dedicación al atraco callejero o residencial ni la inscripción a una escuela criminal. Pero sin duda el hecho de sentir desprotegida a la familia o tener el estómago ardiendo por el hambre, llevan al desespero y a la conducta delincuencial.



Somos conscientes de lo que han significado y significan las horas, el esfuerzo institucional, la consagración humana, el estudio y la paciencia dedicados al acuerdo de paz que se firmó con las FARC y hoy se encuentra en proceso de implementación y desarrollo bajo la dirección del Presidente de la República.



No obstante, el Gobierno no puede circunscribirse solo a esa tarea por muy capital que resulte para el futuro de la vida nacional, porque la desatención a todo lo demás que contempla el plan de desarrollo y lo que resulta de la coyuntura diaria es motivo para descuadernar la vida de quienes operan por fuera del conflicto armado aunque estén impactados de una u otra forma por la confrontación ideológica.



Colombia quiere paz pero no desea que se silencien los fusiles de la guerrilla a cambio de incrementar el sonido de las armas y el movimiento de las bandas criminales en nuestras ciudades, avasallando a la juventud y a millares de hogares que sufren el delito o la muerte de un ser querido víctima de las bacrim.



Colombia merece la paz pero no puede sucumbir ante una criminalidad desbordada y en ese contexto todas las instituciones del Estado y los distintos niveles del poder territorial deben ponerse de acuerdo y coordinar la interdisciplinariedad para doblegar el delito, porque resultan muy altos los costos del crimen y la violencia en el bienestar del país y sus regiones.



Barranquilla podría llegar al finalizar enero de este año a 50 o 60 muertos por cuenta de la inseguridad. Las cifras del país para este periodo son de pronóstico reservado y a pesar de los anuncios oficiales, sabemos que los investigadores criminales, los hogares de paso, los fiscales en las distintas unidades y las cárceles no dan abasto frente a lo que ocurre.



Podríamos quintuplicarlos pero si no enfrentamos el delito desde una mejor justicia y una mayor inversión social, estaremos perdiendo el tiempo y antes que hallar una solución empeoraríamos.



Pero una mejor justicia y una mayor inversión social deben ir dotados de estudios sobre la inseguridad, los indicadores de la delincuencia, las estadísticas penales, las necesidades de los jóvenes, los frentes sobre los cuales se requiere abrir oportunidades, la equidad de género y la estabilidad de la familia, entre otros factores. El tiempo apremia, es decir, debemos actuar con prontitud para que el delito no nos gane la partida.

Afirma el papa Francisco: "Un país vive en paz no cuando tiene un gran ejército que infunde temor o una policía que reprime por la fuerza cualquier brote de violencia, sino cuando en él se trabaja por dar a cada persona el goce de sus derechos".



Mi invitación es, entonces, a que trabajemos por el goce de los derechos humanos de cada barranquillero, de cada colombiano, tarea en la cual debemos trabajar con intensidad, profundidad y conciencia. En Barranquilla y en cada alcaldía los mandatarios deben convocar a ese trabajo a todos los sectores, sin exclusiones, porque la urgencia es pensar y obtener resultados para el bienestar colectivo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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La inseguridad urbano-rural es el mal a combatir

 

 

"Ese será un tema al que tendrán que dedicarse de manera especial los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado": senador José David Name.

Así como a una gran parte de colombianos, a mí me complace que estemos finalizando el año en un ambiente de paz caracterizado por el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.



El conflicto aparentemente está calmado y mejora el optimismo en ese contexto. Lo cual es bueno para la economía y la confianza de los inversionistas en el extranjero.



La esperanza es que todos los mecanismos constitucionales y jurídicos para refrendarlo culminen una etapa de éxito esta semana que inicia, de tal manera que en enero sea el mejor referente para negociar la paz con la guerrilla del ELN.



Colombia está entre los diez países a los que más les cuesta la violencia en el mundo. Ocupa el puesto 7. El primero es Siria seguido por Irak, Afganistán y Venezuela. De acuerdo con la décima edición del Global Peace Index (IGP), que es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz creado por el filántropo y empresario de Australia Steve Killelea, en el 2015 el impacto económico de la violencia para el país fue de 139 mil 481 millones de dólares.



Hablamos de una cifra que supera el Presupuesto Nacional de 2017 y equivale al 30 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Ello significa que cada colombiano aportó el año pasado en promedio 2 mil 919 dólares (algo más de 8 millones de pesos) para financiar la lucha contra la violencia.



Entre el 2008 y el 2015, Colombia incrementó en un 53 por ciento el gasto para combatir la violencia, aunque según el IGP mejoraron en más del 20 por ciento los 11 indicadores internos de paz que contempla el estudio.



De acuerdo con el IGP, "Hubo una mejoría en muertes por conflictos internos, inestabilidad política, el nivel de terror político y la lucha por conflictos internos. También se registraron mejoras en gastos militares y relaciones con los países vecinos". El país más tranquilo del mundo es Islandia. La calificación general de Colombia, que se ubicó en el puesto 147 entre 163 países, según el informe, se ha mantenido bastante uniforme entre el 2008 y el 2016.



Si logramos terminar el conflicto armado que nos ha azotado en los últimos 55 años, el mal a combatir es la inseguridad ciudadana urbano-rural. Por ejemplo, casos como el de Barranquilla son motivo de profunda preocupación porque al lado de un desarrollo infraestructural se observa un deterioro del indicador de progreso social, que es caldo de cultivo para la proliferación de pandillas y las bandas criminales que flagelan a diario a la ciudadanía. Igual ocurre con Medellín. Cali vive un fenómeno igual de inquietante y así sucesivamente se va extendiendo el problema a otros centros urbanos y a las zonas rurales.



He escuchado decir a expertos internacionales que asesoran al país en estos temas que el siguiente paso, después de firmar la paz con la guerrilla, es perseguir y erradicar a las bandas criminales.



Unas se han venido irrigando por cuenta del narcotráfico, el proxenetismo, la trata de personas, el sicariato, el fleteo y la extorsión urbana, entre otros factores que presionan la delincuencialidad. Otras serán las bandas que nos quedarán con la firma del Acuerdo de Paz y la era del posconflicto.



Muchos acostumbrados a la riqueza del narcotráfico no se resignarán a dejar el negocio por el facilismo lucrativo. Ese será un tema al que tendrán que dedicarse de manera especial los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado.



Para el Estado colombiano, además de luchar contra la desigualdad y darles nuevas oportunidades a los excombatientes rasos, es prioritario el manejo de la mano dura así como la inversión en inteligencia y mayor tecnología en el combate del delito urbano-rural.



Es claro que la inseguridad ya no podemos seguir mirándola como algo que afecta a una o tres ciudades en particular, sino como una amenaza propia del país. A los ciudadanos nos están matando por un celular o el retiro de dinero de algún banco. Abusan de las mujeres y los niños. En cualquier ciudad escuchamos estas noticias.



Uno de los grandes problemas a resolver está en la justicia que no tiene ni los recursos ni el personal ni la preparación suficiente para enfrentar los enormes desafíos que surgen en esta nueva etapa de la vida nacional en el posconflicto. De allí que la inseguridad urbano rural sea el gran enemigo a vencer a futuro. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

 

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¿El lastre de Lastra será triste y doloroso final para Electricaribe en la Región?

 

A comienzos de la última década del siglo pasado la Costa Caribe padeció por cuenta de los atentados terroristas de la guerrilla contra las torres eléctricas, lo cual se frenó por la movilización social que lideraron ciudadanos, empresarios y medios de comunicación, en contra de esa práctica letal.

 

Por más de veinte años vivimos una aparente tranquilidad en la prestación del servicio eléctrico, cuando en verdad se estaba cocinando la más dura prueba de ineficacia e ineficiencia institucional en contra del progreso económico y social del Caribe.

 

Una situación contraproducente fundamentada en la consolidación del cartel de la generación hidroeléctrica, los costos altos al usuario, la falta de planeación, el inadecuado manejo del cargo por confiabilidad, la escasez de gas natural, la ausencia del Ministerio de Minas y Energía en la adopción de una política pública energética, el paquidérmico papel de la Creg, y más recientemente las demoras para reglamentar la ley 1715 de energías limpias, que en otros escenarios mundiales es la gran revolución para satisfacer las necesidades de los usuarios de los sectores productivo y residencial.

 

Pese a los anuncios oficiales y las reiteradas manifestaciones de buena voluntad del Presidente Juan Manuel Santos, el panorama eléctrico de la Costa Caribe no es el mejor y la Región está expuesta a una crisis de graves repercusiones sociales y económicas.

 

Con la irregularidad del servicio en poder de Electricaribe bajo el manejo mayoritario de inversionistas españoles (85% Gas Natural Fenosa y 15% la Nación), se acumularon factores como la elevada deuda del sector público, el no pago de los subsidios de los estratos 1 y 2 de la población, el incremento de los fraudes, el elevado volumen de pérdidas técnicas y la baja inversión en la modernización del sistema de distribución y transmisión regional, que terminaron por crear la incertidumbre y la insatisfacción popular más palpable de las dos últimas décadas, con alteración permanente del orden público desde mediados del año 2013.

 

Varias veces he contado esta historia, pero cada vez que escribo sobre ella reafirmo que el contexto es fundamental para que se interpreten cabalmente el origen y razones de nuestra persistente protesta e incomodidad con quienes manejan el sector y la administración central del Estado.

 

Hemos tenido unos días de espera, dándole tiempo a la evolución de la intervención que el Gobierno Nacional hizo de Electricaribe en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos. Creímos que el asunto sería más esperanzador pero la conclusión es que el vidrio se empaña más de lo que estaba. ¿Por qué?

 

El Gobierno designó al abogado Javier Lastra Fuscaldo como agente especial para la intervención de Electricaribe, con toda la potestad para definir el futuro de esa empresa dentro de los términos legales como ha ocurrido en otros frentes en donde ha actuado con múltiples cuestionamientos a su labor, como consta en las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes. Todo indica que la historia de otras latitudes se repetirá con Electricaribe.

 

En Colombia el esquema institucional del sector eléctrico es de mercado regulado y mercado no regulado. El mercado regulado es el directamente contratado y servido por compañías de distribución, compuesto por usuarios industriales, comerciales y residenciales con demandas de energía inferiores a 55 MWh. En este mercado, la estructura de tarifas es establecida por la agencia reguladora CREG.

 

A su turno, un “Usuario No Regulado es una persona natural o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, definidos por la CREG, por instalación legalizada, a partir de la cual no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el comprador y el vendedor”, según el portal energético www.xm.com.co (XM es una empresa filial de ISA que es la operadora del sistema interconectado nacional).

 

Entendimos que el proceso de intervención se daba para salvar a Electricaribe pero la carta que el señor Lastra está enviando a los clientes no regulados parece significar el lastre para terminar de hundir a la empresa y darle cristiana sepultura en el más doloroso y triste final para ella.

 

La excusa es que Electricaribe no está en capacidad de atender ese mercado, primero porque no genera y segundo porque no ha comprado la energía que esa demanda requiere. En términos de ingresos, los no regulados son los clientes más importantes de Electricaribe y si sale de ellos pierde un fuerte colchón financiero. Grandes centros productivos, municipios, hospitales, colegios y otras instituciones por el estilo estarían sin el servicio a partir del primero de enero de 2017. Colapso social indiscutible.

 

En el país, hace diez años los clientes No regulados representaban el 57 por ciento de la demanda de energía eléctrica entre consumidores comercial, industrial, oficial y otros. A enero de este año la industria, el comercio y otros tienen algo más del 60 por ciento de la demanda de los No regulados. Ha experimentado un ligero crecimiento. Su peso es indiscutible dentro de la canasta.

 

A la luz de lo que está ocurriendo, creemos que el papel del agente interventor está terciando hacia la desaparición de Electricaribe, para servirle el mercado de regulados y no regulados a otro grupo empresarial nacional o extranjero manejando quien sabe qué tipo de intereses.

 

Si el gobierno hubiese sido más responsable con la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, en estos momentos el mercado del Caribe podría estar atendido por empresas generadoras de energías limpias sin estar abocado a la crisis que se presagia con la carta que Electricaribe transmite a los usuarios como la Zona Franca de Barranquilla y el Hospital de Valledupar, entre otros. El país estaría más armónico con lo que se establece en el nuevo Pacto Climático de París. Esperamos que el Gobierno del Presidente Santos actúe como espera la Región, sin que la intervención de Electricaribe resulte siendo un remedio peor que la enfermedad.

 

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"Suspensión del servicios de energía a usuarios no regulados generarán grave crisis social": senador José David Name

 

El senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo manifestó su preocupación respecto a la información dada a conocer en las ultimas horas por Javier Lastra, agente especial designado para Electricaribe, en la que anuncia la terminación del contrato de servicio de energía a usuarios no regulados a partir del 31 de diciembre.
 

"Si bien esto es entendible ya que Electricaribe no tiene energía para vender, hay que también identificar que esta situación puede llegar a ser una desastre social a nivel regional. Los municipios con usuarios no regulados no pueden quedarse sin alumbrado público, no pueden cortarle la luz a un hospital, a un colegio" manifestó el senador Name.
 

El expresidente del Senado agregó "Si el gobierno nacional hubiera hecho su trabajo, reglamentando la ley 1715 de 21014 en los términos que la misma se lo exige, hoy tendríamos generadores no convencionales en capacidad de proveerle la energía eléctrica a los municipios. Le pido hoy públicamente al gobierno nacional que si algo bueno va a sacar de la reforma tributaria que hoy cursa en el Congreso que sean disposiciones que viabilicen los proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales para evitar que la costa Atlántica quede en el oscuridad en el 2017".

 

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Refrendación, la hora de las regiones para hablar de la paz y el posconflicto

 

"Mal se puede decir que el Congreso actuará como aplanadora al momento de refrendar lo acordado ": senador José David Name.

 

Ha llegado el momento para que, por primera vez, deliberen el pueblo y las regiones alrededor de la paz, proyectando al mismo tiempo su sentir frente al denominado posconflicto. Es decir, lo que viene y nos espera después de la guerra.



Digo por primera vez porque apenas a partir de los resultados del plebiscito el pasado 2 de octubre y la firma de un nuevo Acuerdo de Paz con las FARC en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre, se pensó en el Congreso de la República como el escenario legítimo para la refrendación del sello definitivo hacia la reconciliación de los colombianos.



Al Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, lo elige el Constituyente primario, el ciudadano en uso de su derecho democrático, luego es el pueblo quien delega en el poder Legislativo su vocería a la hora de discutir y aprobar en su nombre las iniciativas y derroteros que en el marco de nuestro ordenamiento jurídico se cree convienen a la Nación.



Con 28 millones 620 mil 008 votos por Senadores y Representantes en las elecciones de 2014 (1), el Congreso de la República tiene toda la legitimidad necesaria para pronunciarse sobre un tema fundamental y vital como la paz.



En la semana que se inicia el país podrá conocer la opinión del legislador respecto del Acuerdo de Paz, con unas mesas directivas de Senado y Cámara que respetarán la participación de la oposición y las minorías e incluso de colectividades como la conservadora que pese a estar en la Unidad Nacional que acompaña al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, ha expresado reparos a lo suscrito con las FARC.



Mal se puede decir que el Congreso actuará como aplanadora al momento de refrendar lo acordado, cuando de lo que se trata es de rodear de garantías el debate de cara al país.



Pienso que la paz ha llegado a la estación a la que debía llegar, para untarse de pueblo. El proceso de los últimos seis años se ha caracterizado por la participación de unos delegados de parte y parte que fueron ungidos para tales efectos, dadas sus calidades morales e intelectuales y la condición de actores directos del conflicto armado en el caso de militares y guerrilleros.



Ahora que la discusión se abre a que el Congreso se refiera como no ha podido hacerlo antes a cada aspecto del Acuerdo de Paz, se nos dibuja un instante de oro para enriquecer el proceso y darle la brújula que se requiere a una histórica etapa de la vida nacional. Con grandeza, sin mezquindades. Sin egoísmos y sin ánimos personalistas.



No se trata de que unos u otros tengan razón o se queden con la verdad que creen tener, según objetivos políticos. El ideal es el consenso democrático en aras de las conveniencias nacionales y la urgente necesidad de acabar el derramamiento de sangre. Sí que es indispensable hoy que la palabra sea la única que salga en ráfagas en desarrollo del análisis refrendatorio. Las balas deben ser parte del pasado, más que nunca.


En Senado y Cámara de Representantes están representadas todas las regiones colombianas, dentro de las jurisdicciones nacionales y departamentales que les corresponden. Tengo el honor de haber obtenido una de las votaciones más altas al Senado de la República y en ese contexto represento a más de 100 mil colombianos que depositaron su confianza en mi compromiso y propuestas para el país y sus regiones.



Mi convicción es que la paz saldrá bien librada en el cuarto de hora de su refrendación en el Congreso, las regiones podrán expresarse en relación con su aporte a la pacificación, las zonas de concentración de las FARC, la restitución de tierras, el resarcimiento económico y moral a las víctimas, el apoyo de gobernaciones y alcaldías, y los nuevos horizontes para el ejercicio de la política. La paz es la puerta de entrada al posconflicto.



Las regiones también tienen que hablar sobre el posconflicto y de cómo un salto a la reconciliación debe permitirles que el Estado se rediseñe a su favor para que las menos competitivas, como la Costa Caribe y el Pacifico, puedan soltar las amarras de la pobreza y sean territorios con autonomía y desarrollo propios, sin imposiciones ni cortapisas centralistas.



La paz es una ocasión no solo para que el Congreso refrende que la guerra en verdad terminó, sino para que las regiones colombianas tengan una segunda oportunidad de progreso. La que ayer fue negada por la guerra y el poder omnímodo de un centralismo avasallante. Estoy con la paz y me complace el debate para la refrendación del Acuerdo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com


 

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"Me preocupa pero soy optimista frente a la intervención de Electricaribe": senador Name

 

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, declaró que le preocupa la situación en la que queda la operación del servicio eléctrico en la Costa, pero dijo ser optimista respecto de lo que pueda hacer el Gobierno Central para superar la situación de emergencia.



"Lo hemos dicho insistentemente y lo ratificamos la semana pasada en el debate que hubo en la plenaria del Senado, las condiciones estaban dadas para que la Superservicios interviniera Electricaribe y al no haber entendimiento con la alta dirección de Gas Natural Fenosa sobre la capitalización, era necesario defender la prestación del servicio eléctrico en la Región", indicó el congresista barranquillero.



"Como ciudadano y legislador de una Región que ve amenazado su futuro económico y social, respaldo la determinación que ha adoptado el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Santos, pero hacemos un llamado urgente a que se nos expliquen los términos de la intervención de Electricaribe, los fines que tiene, el mecanismo de operación y atención del servicio, la disposición de los dineros que se deben girar a los generadores y demás acreedores del sistema, de tal manera que no penda la espada del racionamiento sobre nuestras cabezas a cada hora", manifestó el senador Name Cardozo.



"Me preocupa lo que acaba de pasar, me inquietan las repercusiones en materia de confiabilidad de la inversión extrajera y la vulnerabilidad del sistema en manos de la Superintendencia, pero queremos ser optimistas frente a los tiempos que se tienen para corregir todo el desorden que nos venía afectando", sostuvo el expresidente del Senado.

 

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Por crisis en la energía de la Costa, el Gobierno es tan culpable como Electricaribe

 

"No caben más excusas. Nadie más puede lavarse las manos": senador José David Name Cardozo.

Si algo es evidente en el tema de Electricaribe y el estado actual del servicio de energía en la Región, es que la situación ya tocó fondo. No admite más esperas y la comunidad reclama soluciones inmediatas.



Los últimos tres años han sido fatales para el desarrollo costeño en términos de desconfianza de inversionistas y malestar social por la inestabilidad del sistema eléctrico, los problemas en el suministro de gas natural y los permanentes cortes a los usuarios residenciales en todos los departamentos.



Todo lo cual ha sido adicional al riesgo que corrimos cuando se desató la probabilidad de un racionamiento nacional, a raíz de la intensidad del Fenómeno del Niño y la precariedad del parque término, la falta de combustibles económicos para su operación y la actividad dañina que tiene sobre el sector el monopolio de los generadores hidráulicos, con la anuencia ministerial.



Más grave aún es la comprobación de que Colombia se ha quedado sin política energética, sin un Ministerio de Minas y Energía que resuelva y no dilate problemas, además de una Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que parece más un convidado de piedra que un agente redentor de los factores del caos presente.



Cuando ocurrió en Barranquilla el apagón generalizado de mediados del año 2013, quedó al descubierto la debilidad del sistema en toda la Región. Valoramos en su momento que el mismo Presidente de la Republica se hubiese trasladado a la ciudad a dar un parte de tranquilidad y a comprometerse con un paquete de inversiones del orden de los 4 billones de pesos.



Así se gestó lo que hoy se llama Plan5Caribe, que cuenta con el monitoreo de los gremios económicos de la Costa en cabeza del Presidente del Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico, Edgardo Sojo, quien durante varios años condujo los destinos de Tebsa S.A.



Electricaribe se comprometió a invertir 248 mil millones de pesos este año, como parte de lo establecido en Plan5Caribe. A la fecha solo ha desembolsado 83.900 millones de pesos de lo que le toca, es decir el 34% y espera terminar esta vigencia fiscal con un total de 120 mil millones, es decir un poco menos del 50 por ciento de lo convenido. A Electricaribe se le dejó el 25 por ciento del total, es decir, un billón de pesos, mientras que el Gobierno Nacional vía tarifas asume los otros tres billones de pesos, en el marco de un plan que debe traducirse en un mejor sistema de transmisión regional y nacional, que a su vez implica optimizar la distribución urbana y rural para que la calidad del servicio no falle.



Mientras nos han informado acerca de los compromisos, los proyectos, las adjudicaciones, las monitorias mensuales, la ejecución de algunos trabajos y los pronósticos optimistas, el deterioro del servicio eléctrico se incrementa en la Región, al tiempo que aumenta la inconformidad social que se revela en protestas callejeras urbanas y el bloqueo de vías interdepartamentales.



El Gobierno Nacional es el regente de la política energética y por el simple hecho de haberse privatizado la prestación del servicio de energía, no tiene excusa alguna para evadir responsabilidades y mucho menos dejar expuestos a más de ocho millones de habitantes a un problema tan grave.



Desde el año 2009, el Grupo español Gas Natural Fenosa es el dueño del 85 por ciento de las acciones de Electricaribe y el 15 por ciento restante es de la Nación, es decir, es propiedad pública. Constitucionalmente el Estado tiene la función sagrada de velar por la prestación eficiente de los servicios públicos en términos de cobertura y calidad, luego es de su responsabilidad eliminar los elementos distorsivos. Lo cual no ocurre con Electricaribe. Ha habido exceso de anuncios y permisividad.



Tan responsable es Electricaribe de la crisis como lo es el Gobierno Nacional. Los españoles han revelado que Electricaribe acumula facturas impagadas por 1.295 millones de dólares, plata que en su gran mayoría es del servicio cubierto vía subsidios en estratos de bajos ingresos y del que se presta a departamentos, alcaldías, colegios y hospitales públicos. Esos recursos son responsabilidad del Gobierno y si no se entregan hacen mella en el operador y el efecto se traslada a la mala calidad del servicio.



En consecuencia, es urgente que el Gobierno Nacional pague lo que debe, que gobernaciones y alcaldías hagan lo suyo y se le ponga punto final a la tesis de que a los despachos públicos, asistenciales y educativos no se les puede cortar la energía eléctrica, porque vamos a seguir amparando conductas de unos pocos que afectan a 2.4 millones de usuarios en el Caribe. Hay que pagar y extremar las medidas contra el fraude, para que todos quedemos contentos.



He sido partidario de contemplar la opción de la intervención de Electricaribe, pero creo que la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sabido formarse en la materia y hoy podría ser peor el remedio que la enfermedad si no se identifica cuál sería el objeto de esa intervención, con qué fines, con qué agente interventor y con qué personal y por cuánto tiempo.



La crisis ha tocado fondo. A Gas Natural Fenosa podría interesarle la intervención porque ellos empacan sus maletas y se van, pero demandan al Estado y terminan ganándole a Colombia como ha pasado con todo lo que ha ido a los estrados internacionales.



Hay que esperar los resultados de la reunión de alto nivel con el nuevo Presidente de Gas Natural Fenosa, muy amigo del Rey de España, que estará en el país en Bogotá el 11 de noviembre próximo para acordar con el equipo de gobierno los pasos a seguir, que no deben ser distintos a lo que cada quien tiene que pagar para garantizarle a la población del Caribe que tendrá un servicio eléctrico impecable. No caben más excusas. Nadie más puede lavarse las manos.

 

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Si la corrupción sigue sin freno, no habrá reforma que nos salve

 

 

"La práctica corrupta en esferas públicas y privadas se nos ha vuelto un mal peor que la violencia ": senador José David Name Cardozo.

 

Nos hemos situado frente a una coyuntura preocupante y delicada. Se nos impone gran dosis de creatividad, consenso y liderazgo para cruzar la raya de la inestabilidad y mantener la senda del crecimiento.

 

El país entero se polariza ante la disyuntiva de la paz con las Farc reformulada, la dilación de los diálogos con el ELN, el debate más agrio que haya tenido una reforma tributaria en los últimos años, los problemas regionales y la incógnita social por el aparente desfinanciamiento de los programas de asistencia del Estado.



Nos hemos caracterizado por ser una democracia ejemplo en América Latina, pese al conflicto armado de más de medio siglo de existencia y cerca de 250 mil muertos.



En materia económica también hemos sobresalido por encima de los indicadores en picada de América Latina y mientras el PIB de la región tiene pronóstico de descenso entre 0,5 y el 1%, Colombia ajusta al 2% la tasa de crecimiento prevista por el Banco de la República para 2016.



Con un panorama energético cada vez más enredado, es evidente la necesidad de cubrir el hueco fiscal del orden de los 30 billones de pesos con soluciones innovadoras que precisamente no van de la mano de disparar la carga impositiva sobre la clase media y trabajadora del país, que también castigaría uno de los sectores claves del empleo como es la construcción.

 

La situación actual del país requiere incrementar la inversión en proyectos productivos en nuestras zonas rurales y si alguna justificación tiene un impuesto como el IVA es que parte de sus ingresos se destinen correctamente al campo.



Cada día es más evidente la urgencia de atender a la población joven de escasos recursos que quiere acceder a la educación superior, porque tenemos que consolidarnos como sociedad del conocimiento ávida de emprendimiento e innovación para el desarrollo empresarial y la ampliación de nuestro comercio exterior generador de divisas.



Si logramos que los dineros de los impuestos vayan a la educación y lleguen a más personas de los estratos 1, 2 y 3, es allí donde el emprendimiento y toda una serie de actividades productivas distintas a las acostumbradas van a poder estimular la generación de ingresos y el empleo, que a su vez son la mejor política social que se pueda aplicar en un país como el nuestro. Lo cual al mismo tiempo reduce la presión de la asistencia que debe brindar el Estado a través de los subsidios.



Fui partidario del triunfo del Sí en el plebiscito, pero habiéndose dado una coyuntura política diferente considero que es justo el refrán de que no hay mal que por bien no venga. Razón por la cual hay que ajustar dentro del menor impacto negativo posible el acuerdo inicial con las Farc, que en ese contexto será una mejor referencia para el proceso que debe comenzar con el ELN.



El gran respaldo de la comunidad internacional a la paz que se traduce en fondos de cooperación y mayor apertura al comercio, con notable interés en inversiones que desde Colombia apuntan a Latinoamérica, merece la reflexión inevitable respecto de su incidencia en el futuro de nuestra Nación. Es una confianza que no podemos ni debemos traicionar.



Las regiones en Colombia se están recomponiendo gracias a las herramientas que entregó la Constitución de 1991 y los desarrollos legales posteriores, además de los esfuerzos que se han hecho y se hacen en términos de infraestructura para mantener la competitividad y la productividad desde las costas a la luz de la globalización y los acuerdos de libre comercio con los países desarrollados. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son fiel ejemplo de ello.



Examinando lo que nos ocurre, es bien afortunada la reciente elección de los nuevos Fiscal General y Procurador General de la Nación por parte del Congreso de la República. Como lo es también la decisión judicial que deja en firme la escogencia del Contralor General de la República. Tres organismos de control que son la base de la moralización nacional en relación con lo punitivo, lo disciplinario y fiscal. Es decir, son esenciales para combatir la corrupción.



La práctica corrupta en esferas públicas y privadas se nos ha vuelto un mal peor que la violencia, por sus efectos devastadores en los planes para la vida y la seguridad social. Los 24 o más billones de pesos que se van para cuentas de los corruptos serían suficientes para no pensar en reformas tributarias lesivas, luego es imperativo controlarla a como dé lugar.



Hoy más que nunca la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deben unir esfuerzos para hacer de la lucha contra la corrupción no solo una fuente de rendimiento de los recursos públicos, sino una de las formas más efectivas de contribuir a la paz. Si los dineros están, es posible invertir en los pobres y eliminar la pobreza es árbol que da sombra a la reconciliación nacional. Si la corrupción crece y persiste, no habrá reforma alguna que pueda salvarnos como país ni como Nación. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

 

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"La falta de pago de Electricaribe no se le puede volver un problema social a la Costa": senador Name

 

La responsabilidad de pago a los generadores es de Electricaribe pero el Gobierno Nacional no puede dejar que esta situación se vuelva un problema social para la Región, advirtió el miércoles el Senador por el Partido de La U, José David Name Cardozo al decir que hoy se escribe la Crónica de un Racionamiento anunciado.



"Todo está dicho, no caben más explicaciones, Electricaribe tiene la soga financiera en su cuello empresarial y no cumple con pago alguno ni con inversiones ni garantiza calidad del servicio ", indicó el ex presidente del Senado.



Al Gobierno se le ha puesto al tanto de la situación y ahora no puede salirle a la Región con la teoría triste de que tendremos que soportar racionamientos hasta de tres horas porque la empresa no paga, agregó el senador Name Cardozo.


"La responsabilidad del orden social, económico y jurídico así como la estabilidad del país es del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y en ese contexto tiene que evitar que haya cortes en el servicio de energía eléctrica", manifestó el congresista barranquillero.



Si hay racionamiento el Estado también tiene su cuota grande de responsabilidad, razón por la cual debe resolverle este grave problema a la Región, sostuvo el senador Name Cardozo.

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Reforma tributaria, el conflicto que debemos evitar camino a la paz

 

Estoy comprometido con la institucionalidad, la regla fiscal, el saneamiento financiero, la inversión pública, la función social del Estado, la defensa de la propiedad privada y el juego limpio en desarrollo de actividades oficiales y particulares, entre otros aspectos fundamentales de la vida nacional.
 
Pero también estoy obligado a legislar pensando en lo que es justo y apropiado para el beneficio colectivo y no solo sectorial, de tal manera que desde el Congreso de la República evitemos un mal mayor a los que ya tenemos.
 
Desde hace mucho tiempo se escucha la necesidad de adoptar una reforma tributaria estructural, hecho ante el cual sucesivos gobiernos se mostraron indiferentes y empeñados solo en medidas y creación de tributos coyunturales que dilataban indefinidamente las soluciones de fondo.
 
Considero que las dos grandes bonanzas que se han registrado en los últimos 40 años, la cafetera y la energética, fueron literalmente desperdiciadas para que en momentos de tranquilidad fiscal se hubiese adoptado un estatuto tributario equilibrado, justiciero y generoso con todos los sectores.
 
Está claro que no hemos sabido administrar los dos grandes balotos que se ha ganado el país y en lugar de manejar  y darle buen uso a las ganancias, hemos sido complacientes con el despilfarro y la corrupción, al tiempo que se ha demostrado imprevisión, falta de planeación y ausencia de apoyo a las distintas regiones que han merecido una mejor suerte a la hora de repartir los recursos desde el poder central.
 
Las naciones desarrolladas, de las cuales deberíamos aprender en la práctica y no en sentido discursivo, nos dan lecciones respecto de cómo manejar un escenario tributario que enseña responsabilidades frente al hecho de depositar unos recursos al Estado de cara al beneficio colectivo desde la administración fiscal.
 
Pagar impuestos debe significar una educación para la legalidad, el control a la evasión y no el fomento de la informalidad, la clandestinidad ni la delincuencialidad. Nada fácil es la tarea de instrumentar y ejecutar la política tributaria pero esta no puede convertirse en una espada de Damocles sobre la cabeza del contribuyente.
 
Evitamos en el pasado ser más racionales y cuidadosos con el modelo tributario a seguir. En cambio nos dedicamos a lo del momento y a permitir el manejo distorsionado de los recursos públicos. De allí que frente a los anuncios de campaña de no aumentar impuestos, a la hora de la verdad resulta lo que pasó con el Sí en el plebiscito por la paz y nos toca recoger palabras para pensar en procesos distintos.
 
Con el tema tributario es mejor no hacer promesas porque se corre el riesgo de despertar inconformidades insospechadas en la Nación, tal como está ocurriendo hoy con el nuevo proyecto de reforma radicado por el Gobierno en el Congreso de la República.
 
Se han escuchado los epítetos posibles y han sobrado las frases de duro calibre, pese a que se oye lo convencional del lado del desarrollo nacional y la conveniencia de la estabilidad fiscal. Pero las mayorías se sienten atropelladas, lesionadas en sus intereses y ven amenazado su futuro inmediato, el personal, el familiar, el profesional y el empresarial, por cuenta del garrote y la zanahoria tributaria. 
 
Encuestas hechas en las últimas horas por grandes empresas radiales nos muestran que el 51.3 por ciento de los asalariados cree que la reforma tributaria los va a afectar, al igual que al 39.6 por ciento de los pequeños negocios. Para la gente es bueno que se castigue judicialmente a los evasores, pero que no se impongan tarifas confiscatorias del bienestar al que se tiene derecho.
 
La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, los dos colosos de los negocios privados en el país, han señalado sus primeras discrepancias respecto del proyecto oficial.
 
Elevar el IVA al 19 por ciento, es decir un incremento de tres puntos, gravar dividendos, reducir a personas naturales el límite de ingresos para declarar renta, crear el monotributo para pequeños negocios; gravar combustibles líquidos, excepto gas y carbón, fijar impuesto a bebidas azucaradas, constituyen una parte del entramado que tiene a todo el país protestando.
 
He manifestado que no voy a votar una reforma que lesione los intereses populares, persiga al empresariado más noble de toda la cadena que es el pequeño, maltrate a la clase media y a la trabajadora, nos cierre el paso a los avances tecnológicos y encarezca la canasta familiar que si bien tiene productos básicos no gravados, oculta cerca del 60 por ciento del universo que sí paga el IVA, entre otros puntos de los tantos que estarán bajo el análisis polémico y controvertido del Congreso de la República.
 
A la bancada del Partido de La U en el Senado la estoy invitado a que hagamos el más juicioso de los exámenes. La reforma pudo haber llegado en el momento menos apropiado, pero ya que fue presentada no podemos sacarle el cuerpo a la discusión y lo que se apruebe tiene que ser lo mejor para el país y los colombianos.  Una reforma tributaria inadecuada es el conflicto a evitar en el ya tormentoso camino hacia la consolidación de la paz. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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"No votaré una reforma tributaria que vaya en contra de los intereses populares": Senador José David Name

 

 

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, dijo el miércoles que propondrá a la bancada de la colectividad en el Congreso que se abstenga de aprobar una reforma tributaria que sea lesiva a los intereses del pueblo.
 

"Soy consciente de las limitaciones fiscales colombiana, de la importancia de una reforma estructural, del control que debe hacerse sobre la evasión y del impacto que está teniendo sobre las finanzas públicas el creciente deterioro del mercado energético nacional, especialmente el petrolero", indicó el expresidente del Senado.
 

No obstante - advirtió – frente a una coyuntura tan delicada como la actual, lo que menos puede propiciarse desde el legislativo es un nuevo marco tributario que golpee a la clase media, a los trabajadores independientes y en especial a los estratos 1, 2 y 3 de la población.
 

"Estoy convencido de que los grandes capitales deben aportar a la estabilidad fiscal de la Nación y ciertas profesiones y actividades tienen que tributar sobre la base de un horizonte de ingresos altos", indicó el senador Name Cardozo.
 

El congresista barranquillero manifestó que por ninguna razón puede estar de acuerdo con gravar la canasta familiar ni aumentar dos o tres punto el Impuesto al Valor Agregado, IVA, si este incremento no tiene una destinación específica.
 

"No votaré alza de impuestos que no tengan un destino claro, especificado en la norma; Si se llegare a autorizar un incremento del IVA, un punto de ese aumento debe dirigirse al financiamiento de proyectos productivos agrícolas y pecuarios en el campo y otro punto al financiamiento de becas para jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, de tal manera que puedan acceder a la educación superior en universidades públicas y/o privadas", sostuvo el Senador Name Cardozo.
 

"En este escenario es que le pido a la bancada de Senadores de La U en el Congreso, que meditemos muy juiciosamente lo que vamos a aprobar en lo que corresponde a la Reforma Tributaria; En lo que a mí se refiere ya tengo claro lo que no voy a votar", cerró diciendo el Senador José David Name.

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En Colombia nos hemos quedado sin política ni regulación energética

 

 

"Lo que sí es claro es que el tema del gas natural no puede seguir cojeando en detrimento del desarrollo empresarial": senador José David Name Cardozo.

 

Quisiera uno conservar unos mínimos de tranquilidad y prudentemente darle un compás de espera a ciertos desarrollos necesarios para que Gobierno y empresarios operen en un marco de acción que ayude a la comunidad y no la golpee.
 

Por más que tratamos de conservar una visión reposada de los acontecimientos, desde el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez hasta el actual de Juan Manuel Santos experimentamos una creciente preocupación en relación con la política y la regulación que se desea para el sector energético.
 

Respecto de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del país, así como de la oferta y comercialización del gas natural, se han escuchado advertencias y problemas de diverso tipo que por no atenderse con la debida anticipación y oportunidad, han colocado a los colombianos frente a una eventualidad de racionamiento de energía y a la escasez y pago elevado de las tarifas de gas natural.
 

En materia eléctrica las características monopolísticas de la generación hidráulica, los desbalances en la transmisión y los desequilibrios en el mercado de distribución, con una empresa como Electricaribe que en el Caso de la Costa agudiza la crisis, Colombia paga los platos rotos de una inadecuada planeación del sector y las dificultades por cuenta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.
 

Con la expedición de la ley 1715 de 2013, de la que tuve el honor de ser autor y ponente en el Congreso de la República, creímos que estaríamos en situación de recuperar el tiempo perdido y avanzar hacia escenarios más beneficiosos para el desarrollo nacional y el alivio a millones de usuarios. Sin embargo, el Gobierno Nacional se ha demorado más de dos años en completar la reglamentación legal de la 1715 y ello se ha traducido en un golpe bajo al sector energético y a los usuarios actuales y potenciales.
 

Debido a providenciales lluvias pudimos escapar del anuncio de apagón eléctrico, pero los problemas de fondo en el sector persisten en términos de planes de expansión con las fuentes renovables, oferta de combustibles económicos a las térmicas, los costos de las transacciones en Bolsa de Energía, la manipulación de factores de mercado por las generadoras hidráulicas, los recursos del pago por confiabilidad, y la solución que requiere el Caribe para garantizar la prestación del servicio de energía a millares de usuarios.
 

Si por la energía eléctrica llueve, por los lados del gas natural no escampa. Aquí son dos, entre otros, los factores principales que han golpeado la actividad. Por un lado durante siete años exportamos a bajos precios un gas natural desde los pozos de La Guajira pero todavía Venezuela aún no nos devuelve lo vendido, pese a expresar la voluntad para hacerlo. En Opinión del Presidente de Promigas, Antonio Celia, "Ecopetrol debe comprar el gas a Venezuela mucho más barato que el pagan hoy los colombianos.
 

Para nosotros es fundamental contar con el gas de Venezuela, que tiene el 74% de las reservadas probadas de gas en Centro y Suramérica, con 198,4 terapiés cúbicos, tpc, mientras Colombia sólo tiene 4,4 tpc, según datos del sector. Con el energético venezolano el nuevo factor reservas/producción del país alcanza los 19,5 años, sostiene Antonio Celia.
 

La compra de gas de Venezuela a bajos precios y la operación de la planta de regasificación de Cartagena, deben conjugarse positivamente dentro de la línea de aprovechar los bajos precios a nivel mundial, "en lugar de pagar vez de pagar el gas caro que hoy compramos a Ecopetrol y la ACP", según empresas del sector que se reunieron la semana pasada en Bogotá.
 

El panorama del gas natural en el país muestra reservas para producción de 14,5 años. Promigas cree que para activar el comercio internacional se pueden hacer inversiones estratégicas que estabilizarían incluso la generación eléctrica.
 

En otro frente se dice que el volumen de transporte de gas aumentó en el interior del país en 5% en 2015 y en la Costa Caribe se redujo 10% por baja en la producción en los pozos de La Guajira. En los últimos diez años los usuarios de gas natural crecieron anualmente un 8% pasando de 3 millones en 2005 a 8 millones en 2015, y que hay 8,1 millones de usuarios residenciales y 664 municipios con el servicio de gas natural, de acuerdo con cifras reveladas por Celia en Bogotá. En este periodo también se incrementó en 19% el parque automotor que usa gas natural en el país, con 553.000 vehículos en 2015.
 

Es prioritario definir lo de la compra de gas a Venezuela y acelerar los temas de infraestructura de transporte para llevar este combustible desde el interior del país a la Costa Caribe, lo cual prometió el Gobierno hace más de un año.
 

Lo que sí es claro es que el tema del gas natural no puede seguir cojeando en detrimento del desarrollo empresarial y en contra de las tarifas a los usuarios residenciales que no deben seguir encareciéndose. Si bien el tema del dólar incidió porque los precios del gas en boca de pozo se pagan con esta moneda, existen asuntos de oferta y transporte que mejor manejados podrían atenuar el valor final a los usuarios.
 

En información de El Tiempo del pasado jueves 13 de octubre, la vicepresidenta de Asuntos Económicos de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alexandra Hernández, señala que "realmente hay que entender que lo que encarece el gas en los hogares, si se mira y se descompone la cadena, son los rubros del transporte y distribución, porque el costo de producción es entre el 30 y el 34 por ciento de la factura, y el resto es el margen de intermediación".

Ella agrega que "el año pasado lo que se transó en gas para los hogares fueron volúmenes mínimos, y realmente la discusión se está desviando para donde no es, justo en el momento en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) está analizando las solicitudes de aumento de tarifas de transporte y distribución del servicio".
 

Algo para analizar en lo que sostiene la señora Hernández es si el precio del gas es caro para los consumidores, por la integración vertical de empresas. "El eje del mal son los productores porque son poquitos, pero nadie mira que en la Costa es un solo agente transportador y distribuidor-comercializador, que hace lo que quiere con el gas, y nadie lo mira", advierte la Presidente de ACP.
 

El asunto no es fácil. Tanto en lo eléctrico como en lo del gas natural, la discusión es compleja pero no por ello se debe evadir o dilatar. En el marco de las situaciones planteadas a la fecha, con recargas que lastiman en mayor proporción a los usuarios de ambos servicios, lo que más inquieta es que no se observa un Ministerio de Minas y Energía actuante y deliberante, con verdadero poder ejecutivo. Entonces sentimos que la política energética está a la deriva y que por cuenta de la Creg, que no se percibe ni para bien ni para mal, la regulación es inexistente.
 

Eso es lo que queremos que cambie y en el Congreso de la República estamos totalmente abiertos a promover esos cambios para bien de Colombia. Por eso, es importante acelerar y acometer la reestructuración que sea indispensable en un sector que es estratégico para el desarrollo nacional y sus distintas regiones. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

 

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Si no hay acuerdo con Electricaribe Gobierno tendrá que intervenirla

 

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, dijo el jueves que si el Gobierno Nacional y Electricaribe no logran acuerdo sobre cómo garantizar el buen servicio de energía en la Región, el único camino que queda es la intervención de la empresa.

"En estos momentos es claro que frente a la crisis solo quedan dos alternativas; por un lado Gobierno y Electricaribe deben hacer consenso sobre medidas contra el fraude, inversiones, pago de subsidios y ajustes a la regulación para compra de la energía a los generadores, entre otros aspectos; en caso de no llegarse al acuerdo, al Gobierno no le queda alternativa distinta a la de intervenir la empresa", explicó el expresidente del Senado.

El congresista barranquillero puntualizó que si el camino es el de la intervención, el Gobierno Nacional tendrá que asumir todo lo que eso implica y velar por su cuenta la prestación del buen servicio de energía eléctrica en el Caribe.

"Las protestas sociales y que persistan los apagones en las distintas zonas de la Costa amerita que la decisión en uno u otro sentido se tome lo más pronto posible", dijo el senador Name Cardozo.

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"Alzas entre el 35 y el 55% en tarifas eléctricas en estratos 1 y 2 por el déficit en subsidios" Senador Name

 

"Es indispensable que el Gobierno Nacional acuda a sus mejores oficios durante la discusión presupuestal, en este tema" Name Cardozo

 

El senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, denunció que el déficit de recursos para el pago de subsidios de servicios públicos, provocaría a corto plazo un incremento en las tarifas eléctricas de los estratos 1 y 2  que oscila entre el 35 y el 55 por ciento.
 

"Pese a la adición que fue aprobada la noche del miércoles en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, persiste una situación de déficit superior al billón de pesos que haría inatajable un aumento en las tarifas eléctricas principalmente", explicó el expresidente del Congreso.
 

"Si el 42 por ciento de los estratos 1 y 2 se encuentran en la Costa Caribe colombiana, tendríamos un mayor impacto en la Región por cuenta del déficit en subsidios y el alza en las tarifas", agregó el Senador Name Cardozo.
 

Manifestó el congresista barranquillero que es indispensable que el Gobierno Nacional acuda a sus mejores oficios durante la discusión presupuestal que se avecina en las plenarias de Senado y Cámara, de tal manera que se pueda tapar el faltante y evitar con ello un duro golpe a los ya deteriorados ingresos de los sectores populares a nivel nacional.

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No se justifica sistema eléctrico insuficiente ni cobro de altas tarifas a usuarios, advierte Senador Name

 

El expresidente del Congreso insiste en que es urgente y necesario culminar reglamentación de energías limpias, para que empresas y comunidad puedan utilizar otras alternativas más económicas.

 

El Senador por el Partido Social de Unidad Nacional, La U, José David Name Cardozo, compartió este martes la preocupación de Asoenergía y la Asociación de Energías Renovables sobre los altos costos del servicio eléctrico y los retrasos en la entrada de proyectos con base en fuentes renovables

 

“La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, Asoenergía, tiene toda la razón en quejarse porque a la industria nacional le toca seguir soportando altos precios derivados de la estructura de la oferta de energía, ante lo cual queremos llamar la atención de la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía ya que hay aspectos de la regulación que deben abordarse y corregirse de inmediato”, expresó el expresidente del Senado.

 

Manifestó que también es cierto lo que dice la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia) cuando señala que, según el diario El Tiempo, en diferentes proyectos de todo tipo, hay iniciativas que aportarían una capacidad instalada nueva de al menos 2.000 megavatios, equivalente al 7 por ciento de la capacidad actual, y que resultarían útiles ahora que el pasado fenómeno del Niño mostró la imperiosa necesidad de diversificar la matriz energética.

 

“Desde hace dos años, bajo mi autoría, Colombia tiene firmada la Ley 1715 de energías limpias y en más de 24 meses de vigencia no hemos podido culminar la reglamentación que se requiere para transformar la estructura eléctrica del país, eliminar los factores manipuladores de la oferta en el mercado y permitir a los usuarios residenciales y empresariales acceder a una generación más económica y confiable ante fenómenos climatológicos”, explicó el legislador barranquillero.

 

El Senador Name Cardozo sostuvo que es grave para el país sostener un mercado de contratos eléctricos deficitario, con generadores que llegan a imponer condiciones sin importarles ni sujetarse a los controles ni a los límites que marca la competencia, como denuncia Asoenergía.

 

“Si queremos beneficiar a nuestra industria, el gobierno nacional tiene que encontrar alivios para esa cuarta parte de la demanda que debe ir a la Bolsa de Energía y someterse a la volatilidad de los precios de corto plazo”, indicó el Congresista.

 

El Senador Name Cardozo explicó que ´”por un lado Asoenergía expone que la esencia del problema de precios de energía se encuentra en un déficit de generación a costos competitivos, el cual se calcula en 2.000MW, pero si contáramos con los 2 mil MW que dice Ser Colombia que no entran en servicio por los problemas de reglamentación de la ley 1715 estaríamos eliminando a corto plazo una de las limitantes más serias en la oferta”.

 

Con base en lo que ocurre actualmente, el Senador Name Cardozo hizo un llamado al gobierno central para que se subsane el déficit en generación y se impida el reajuste en el precio de escasez, al tiempo que se procura cumplir con el pago de subsidios a las distribuidores ya que de permanecer ambos problemas será inevitable trasladar a los usuarios industriales y residenciales el alto costo que ello implica.

 

“Nuestras industrias requieren ser competitivas pero con una energía eléctrica costosa no pueden serlo; regiones como la Caribe no pueden seguir perjudicándose con una electrificadora que no acomete inversiones porque no le pagan los subsidios pero sí cobra altas tarifas y, si el país aprobó la ley, no tiene ningún sentido dejar de reglamentar las energías limpias para que presten el servicio que deben prestar al desarrollo económico y social de la Nación”, puntualizó el Senador José David Name Cardozo.

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Energías limpias para la paz y el progreso de todos los colombianos

 

Comisionado por el Congreso de la República, he asistido durante cuatro días al Solar Power Internacional Las Vegas, en los Estados Unidos.
 

Un evento que se enfocó en la creación de ambientes orientados a promover el intercambio de ideas, conocimiento y experiencias para el próspero desarrollo de la energía solar.
 

Tuve la oportunidad de compartir con voceros de las mejores empresas y profesionales relacionados con la temática de la energía solar, lo que me permitió apreciar las últimas novedades y avances relacionados con esta fuente renovable en sus distintas facetas.
 

Ha sido posible, gracias a esta enriquecedora participación, confirmar la importancia que tiene para nuestro país la aprobación y expedición de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, denominada de energías limpias, tramitada en el Congreso de la República bajo mi autoría y en el entendido de aportar a un sector sobre el que están puestos los ojos de las grandes potencias y economías.
 

A dos años de la firma de la ley, aún estamos a la espera de unas reglamentaciones necesarias pero luego de los inconvenientes presentados creo que muy pronto tendremos el marco de regulación esperado, máxime si tenemos en cuenta la prioridad que debe dársele por las inversiones que tienen en marcha grupos nacionales y extranjeros.
Las energías renovables tienen una relevancia que ya se torna indiscutida. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un nuevo informe titulado "Activos abandonados: un desafío de riesgo climático", que escribe un equipo de la Universidad de Oxford liderado por Ben Caldecott y editado por Ana Ríos, del BID.
 

Conviene señalar que los activos abandonados se definen como activos que han sufrido depreciaciones, devaluaciones o conversiones a pasivos imprevistas o prematuras, que pueden incluir riesgos ambientales, tales como panoramas cambiantes en cuanto a los recursos, nuevas reglamentaciones gubernamentales, evolución de las normas sociales y el comportamiento de los consumidores, y litigios.
 

De acuerdo con el BID, el tema de los activos abandonados ha cobrado mayor importancia debido, en gran parte, a cambios en la economía real de muchos países −por ejemplo, el costo decreciente de la energía obtenida a partir de fuentes renovables− así como la atención que generó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que hoy es ratificado por los países firmantes. La ley 1715 advierte estrategias de gestión en materia de energías limpias, que deben traducirse en respuestas regulatorias frente a los riesgos ambientales a partir de los activos abandonados como podrían ser las plantas termoeléctricas o los pozos de explotación de reservas fósiles.
 

El tema resulta complejo, pero no por ello debemos ser indiferentes. Al contrario, cada día debemos valorar más la discusión respecto de las amenazas ambientales, el desarrollo de las energías limpias y los incentivos que deben darse en ese escenario.
 

Por ello me parece muy gratificante regresar al país y encontrarme justo con las noticias que se desprenden en el marco de la celebración de los 100 de actividades de la Cámara de Comercio de Barranquilla, una de las cuales se relaciona con el nuevo negocio que tiene en su portafolio el Grupo Argos, que consiste en la operación de la Zona Franca Celsia ubicada en Barranquilla pero que le apuesta a la energía renovable en varias regiones del país, en especial la Costa Caribe.


"En el sector de la energía estamos produciendo una transformación en el negocio para dirigirnos ahora a la renovable, eólica y energías basadas en solares, distribuidas mediante la instalación de paneles en hogares, comercio e industria. Creemos que en este sector existe una enorme posibilidad de crecimiento y transformación", dijo en su intervención el Presidente del Grupo Argos Jorge Mario Velásquez.
 

Se trata de un conglomerado empresarial con amplios intereses en el campo cementero, inmobiliario y portuario y ahora en el de la energía, que nos habla de una multimillonaria inversión en el sector de las renovables porque ha estudiado y confía en su potencial.
 

Este año Celsia ha iniciado actividad con 20 megavatios de paneles solares instalados en techos de empresas comerciales e industriales en varias regiones colombianas. En los próximos tres años la meta es instalar otros 160 megavatios para completar 180. En estudio se encuentran granjas solares y parques eólicos en la Costa Caribe.
 

En Cartagena Argos y Celsia participan en el proyecto Serena del Mar, mediante la instalación de redes, transformación, distribución y generación verde con base en la energía solar, un proyecto que beneficiará a unas tres mil viviendas.
 

Tomando cifras del consultor Oscar Imitola, en Colombia 539 mil 705 viviendas no tienen el servicio de energía eléctrica, es decir, el 4.46 por ciento del total no cuentan con luz. De este grupo, 137 mil 778 viviendas se encuentran ubicadas en la Costa Caribe, así: Atlántico, 3.197; Bolívar, 20.275; Cesar, 10.609; Córdoba, 34.182; La Guajira, 35.972; Magdalena, 29.546 y Sucre, 3.996. Es increíble que esto pase en pleno Siglo XXI. Se trata de zonas abandonadas por el Estado, a las que se podría atender con energías limpias. Las posibilidades están dadas.
 

Aprovecho para decir que el aprovechamiento y desarrollo de las energías limpias será, a futuro, otro gran paso para consolidar la paz en aquellas regiones carentes de servicios públicos, expuestas a la inconformidad y sublevación ciudadana. No solo le abriremos puertas a nuevos frentes productivos en el posconflicto, sino que estaremos sembrando en tierra fértil para el progreso social. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

 

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Ni la minorías ni los diversos pueden ser matoneados en el país

Ninguna autoridad ni ciudadano de algún color, religión, partido político o estrato tiene derecho a discriminar o a excluir a otro en nuestro territorio por lo que decide ser o hacer en un marco de respeto a los demás y sin transgredir los límites de las libertades individuales y/o colectivas.
 
Así lo consagra nuestra Constitución Política de 1991 al definirnos como un Estado Social de Derechos, que además debe garantizar la vida, honra y bienes de todos en condiciones de convivencia pacífica.
 
Es en este escenario en donde sobresale el compromiso que tenemos gobierno y partidos, en estrecha armonía con los distintos estamentos sociales,  de erradicar la pobreza, generar seguridad, permitir el libre desarrollo de la personalidad y salvaguardar los derechos de cada quien, tarea última en la que la rama jurisdiccional juega un papel fundamental.
 
Es por ello que desde el Congreso de la República, bajo la iniciativa del Gobierno Nacional y el posterior control de constitucionalidad, nos hemos dado al trabajo de desarrollar legalmente la carta de derechos fundamentales para que todos podamos ser cubiertos bajo el mismo techo de los beneficios sociales. 
 
A la luz de estas convicciones personales y profesionales, es que me ratifico  en mi posición de que deben ser respetadas y asistidas según sea el caso, las minorías, las comunidades diversas, la oposición política y otras manifestaciones propias de una democracia en la que se mueven consensos y disensos por la pluralidad de los distintos grupos poblacionales en un país en desarrollo como el nuestro.
 
En el entendido de que Colombia tiene una profunda tradición de rechazo al colonialismo y a las imposiciones ideológicas, era lógico deducir la indignación y movilización nacionales en contra de un evidente atropello al derecho que tienen las familias de educar a sus hijos.
 
Lo que ocurrió la semana pasada no fue una expresión contra la población LGBTI o llamada diversa, sino contra la ideología de género que se estrellaba con la autonomía escolar y familiar al orientar la conducta de los hijos, pensando siempre en su bienestar.
 
La comunidad diversa merecerá en todo momento nuestro respeto y apoyo para que no le sean vulnerados sus derechos, pero no es precisamente a través de cartillas veleidosas ni subliminales impuestas como se canaliza ese respeto y protección.
 
Las marchas que se dieron en el país no fueron manifestaciones políticas y por ello es inconveniente que la Ministra de Educación intente contaminar ese derecho a la protesta aduciendo que se trataba de un complot contra ella por parte de organizaciones partidistas. Nada más alejado de la realidad. 
 
Me parece que la Ministra de Educación se equivocó rotundamente, dio un mal ejemplo y manejó desacertadamente el tema. Uno se pregunta por qué mintió la Ministra al país si había una cartilla en proceso en la que presuntamente se estaban gastando 1.600 millones de pesos. Cómo le cabe a uno en la cabeza que una Ministra diga que hay un ente no gubernamental haciendo una política pública a sus espaldas. Es inadmisible.
 
He respetado y aprecio a la Ministra, pero ante la gravedad del asunto suscitado debe renunciar en las próximas horas y evitar una Moción de Censura en el Congreso de la República, lo cual provocaría un daño colateral al plebiscito por la paz que en opinión de unas evidentes mayorías hoy podría estar hundido.
 
La movilización social en Colombia viene madurando como una necesaria expresión de protesta ciudadana y lo que ocurrió el 10 de agosto pasado es una contundente prueba de ello. Cada día son más los ciudadanos que pierden el miedo a mostrar en las calles su inconformismo. Por más que alguien lo intente, el pueblo está diciendo que los valores ni las minorías ni los diversos pueden ser objeto de matoneo en Colombia.
 
Por lo que vivimos el pasado 10 de agosto y el malestar que se respira en la Costa Caribe colombiana, creo que la próxima gran bomba social en materia de manifestaciones públicas será contra el mal servicio de energía que viene prestando Electricaribe. Razón por la cual su solución debe ser liderada por el Presidente de la República, porque al convertirse en un problema que trascendió lo nacional a una esfera de litigio internacional, se salió del ámbito del Ministro competente.

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500 torres de 12 apartamentos cada una, proyecto que será una tragedia tugurial en norte de Barranquilla

 

El 21 de julio de 2014, la entonces alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera De La Espriella anunció lo que llamó el proyecto del “Gran Parque Central”, de 38 hectáreas, en terrenos del Batallón Paraíso de la calle 79 con carrera 68.

 

Ese día la mandataria explicó que otras 13 hectáreas, para un total de 51, serían destinadas a viviendas y oficinas, en un modelo muy similar al que se desarrollará en La Loma, sector en donde se construirá la nueva sede de la Alcaldía Distrital.

 

Manifestó que el esquema de financiación sería una réplica del de La Loma con inversionistas privados, a quienes les venderían 13 hectáreas. A ese tema se amarró el hecho de la reubicación del Batallón. “Con los recursos por la venta de las 13 hectáreas se reubica el Batallón y quedan unos recursos disponibles para la construcción del parque y de las vías”, dice El Heraldo de la época que subrayó la alcaldesa.

 

Lo que no quedó claro era si había algún compromiso para que el Ministerio de Defensa, que era el dueño del lote, le dejara un remanente al Distrito para la construcción del parque y por lo menos cuatro vías, que demandan a precios de hoy una inversión del orden de los 130 mil millones de pesos. Porque es lo que uno infiere cuando se dice que la venta financia la reubicación con un saldo para lo otro. Ese pedazo no encaja bien.

 

Lo cierto es que siempre se ha hablado de 51 hectáreas, en un principio 38 para el parque y 13 para un  proyecto inmobiliario, lo cual se anunció hace 24 meses y 16 días para ser exactos.

 

De acuerdo con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Barranquilla verticaliza su crecimiento y pasa a ser una ciudad más de alturas que de anchuras y con ese modelo la Alcaldía Distrital piensa en edificaciones de 20, 30, 40 pisos que se encuentren con  un paisaje más amable sin sacrificar el espacio público. 

 

Al papel todo le cabe y en la práctica esperamos que sea una realidad lo que concibe el nuevo POT. Si de aquí al año 2036 Barranquilla logra pasar de 0,82 mts2 de espacio público a 6,2 mts2 por ciudadano, tendríamos un aumento de 5,38 mts2 que equivaldría a 1,34 mts2 por habitante cada 5 años, lo que nos daría una ciudad de ambientes muy diferentes a los actuales.

 

Pero nos llama poderosamente la atención que en Barranquilla los proyectos empiecen con unas perspectivas y cifras, pero terminen con otras. Caso Batallón Paraíso Megaparque.

 

El 27 de noviembre de 2015, cuando se sabía que Alejandro Char era el alcalde electo, hubo una reunión con la alcaldesa titular y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, durante la cual se confirmó que esa cartera cedería gran parte del lote del Batallón Paraíso a la construcción de un parque por parte de la administración distrital. La prioridad se centraba en el parque, con mucho sigilo se ha hablado del conjunto inmobiliario, que ha sido gestionado y concretado por Edubar S.A., que se encargó de la convocatoria respectiva y a la que aparentemente solo respondió Constructora Bolívar.

 

El 30 de marzo de 2016, se firmó el memorando de entendimiento entre Edubar S.A. y Constructora Bolívar que viabiliza el Plan de Renovación Urbana para la zona y creemos que en ese marco se hicieron los recortes de hectáreas al parque y se favoreció el proyecto edificador en el que también cabrán tiendas, supertiendas, bancos, oficinas e hiperalmacenes y locales de comida.

 

El pasado 22 de julio, con el propósito de trasladar el Batallón Cantón Militar ubicado en el sector ‘El Paraíso’ de Barranquilla y desarrollar un proyecto de renovación urbana dentro del mismo predio, el Ministerio de Defensa Nacional, la Alcaldía de Barranquilla, la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - Edubar S.A. - suscribieron el un convenio que aunará esfuerzos para materializar estas dos iniciativas. La firma contó con la presencia del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas; la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera y el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

 

“El Ministerio de Defensa adelanta desde hace tiempo, un trabajo riguroso con el objetivo de reubicar los batallones militares que se encuentran dentro de los cascos urbanos en diferentes ciudades del país. Uno de ellos es el Batallón Cantón Militar localizado en Barranquilla. Con este propósito, la Agencia Nacional Inmobiliaria acompaña al Ministerio en la estructuración y ejecución del proyecto y en la búsqueda de un nuevo espacio que cumpla con las condiciones técnicas de la nueva base militar. Paralelamente la Agencia estará asesorando todo el proceso, para que dentro del predio localizado en el sector ‘El Paraíso’, se pueda desarrollar el proyecto de renovación urbana que necesita la ciudad”, señaló ese día la doctora Claudia Luque, Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria.

 

Aquí quedó ratificado que la infraestructura recreodeportiva  y ambiental, ya no sería de 38 hectáreas sino de 34, es decir le rebajaron 4 hectáreas y nadie explicó por qué. Eso que le quitaron al parque se lo vendieron a Constructora Bolívar, que se quedó con un total de 17 hectáreas por valor de 215 mil millones de pesos.

 

Pero en el limbo quedó aquella frase de la entonces alcaldesa de que una parte de la venta sería para construir el megaparque y las vías que se necesitaran, cuando hoy se sabe que el Distrito tendrá que desembolsar 130 mil millones de pesos para ejecutar lo anunciado. El Ministerio es el que ha hecho el mejor negocio, queda con Batallón nuevo, se gana 215 mil millones de pesos y no tiene que adecuar las 34 hectáreas que quedan vacías porque esa será tarea de la alcaldía en una zona que no es fácil de manejar y a la que hay que trabajar mucho paisajísticamente para que resulte lo que se pretende que resulte.

 

La parte inmobiliaria la definió Edubar con la Constructora Bolívar, el cheque respectivo lo recibió el Ministerio de Defensa en julio de este año y hoy por accidente se logra evidenciar que esa empresa ya viene comercializando en la zona un proyecto que llama Paraíso Caribe y que piensa empalmar con el que ahora se le abre. Todo este proceso es  explicarse con claridad a la opinión pública.

 

Funcionarios del gobierno nacional y distrital y de la constructora hablan de 6 mil apartamentos que deben caber en 500 torres de 12 unidades cada una. De solo imaginarlo me da dolor de cabeza. Hablamos de meter en 17 hectáreas, un municipio del Atlántico de 30 mil habitantes. Un escándalo urbanístico, una tragedia tugurial en el norte de Barranquilla.

 

A partir de la firma del convenio interadministrativo 003 entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y Edubar S.A., sigue el cumplimiento del compromiso de la Alcaldía Distrital, con el acompañamiento de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para la elaboración de un Plan de Reordenamiento junto con un Plan Parcial de Renovación Urbana que permita hacer un adecuado uso de los terrenos, según lo corroboró el mismo Vicepresidente Vargas Lleras

 

¿Qué quiere decir esto? Que el Distrito de Barranquilla asume la responsabilidad de todo el proyecto de renovación, junto a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla –Edubar S.A., que actúa como gestor de la iniciativa. De acuerdo con la información que suministra la Directora Claudia Luque, “la Agencia Nacional Inmobiliaria asesorará al Ministerio de Defensa en el proceso de estructuración y formulación de los instrumentos de gestión urbanística requeridos para la ejecución del proyecto”.

 

Me sumo a quienes en manada salen a respaldar la construcción del megaparque (es más bien una zona más grandecita que las demás) y de nuevas vías. Nadie sensato puede estar en contra de eso. Estoy en contra es del proyecto inmobiliario que arrojaría ganancias superiores al billón de pesos para sus promotores, en medio de un proceso que para mí no tiene la transparencia que debiera y que tendrá que ser explicado muy pronto en la Comisión Segunda del Senado de la República. En esta parte de nuestras preocupaciones es que tienen lugar los argumentos que debe detallar la Alcaldía Distrital.

 

Me alegra que el Alcalde Alejandro Char entienda la importancia del debate y acceda a suministrar todas las informaciones del caso, porque como diría el analista Horacio Brieva Mariano en su columna semanal si hay algo que le conviene a Barranquilla es que exista una democracia más amplia y liderazgo con sensibilidad social.

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El Rio Magdalena, la otra gran preocupación si se nos viene La Niña

Columna de opinión del senador José David Name.

Planeación Nacional, a través de su Director Simón Gaviria, advirtió la dolorosa situación que vivirá el país en 21 departamentos y la capital Bogotá si se desata el fenómeno de La Niña en el último trimestre de 2016.

Para colmo de males, la Costa Caribe sería una de las regiones más perjudicadas seguida por la de Centro Oriente y el Eje Cafetero. Alarma el pronóstico porque el 28 por ciento de la población colombiana se localiza en áreas inundables y el 29 por ciento en zonas de amenaza alta y muy alta por deslizamientos. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que de una u otra forma se van a afectar, comprometiendo incluso su vida.

El 12 por ciento del territorio nacional es susceptible de inundaciones, principalmente en los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena, Cauca, Meta, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. El 48 por ciento de la población que podría ser víctima de inundaciones, tiene una condición crítica de vulnerabilidad por necesidades básicas insatisfechas. 

El informe de Planeación Nacional confirma que “en un posible escenario de La Niña de carácter fuerte y basado en el ocurrido entre 2010-2011, o ante la temporada de lluvias que tendrá lugar entre septiembre y diciembre que será más fuerte de lo normal, se pueden ver afectados con mayor intensidad los siguientes departamentos:

- Siete del Caribe: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba; - Cuatro de Centro Oriente: Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca; - Cuatro del Eje Cafetero y Antioquia: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia; - Tres del Pacífico: Nariño, Cauca y Valle del Cauca; - Tres de Centro-Sur-Amazonía: Tolima, Huila, Putumayo; - Y Bogotá”.

Recordemos que la pasada Niña entre el 2010 y el 2011 le provocó pérdidas al país por 11.2 billones de pesos, el equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Uno de los acontecimientos más graves fue la inundación del Sur del Atlántico, de cuyo desastre aún no nos reponemos. 

La explicación de los técnicos es que en Colombia, el enfriamiento de la temperatura del Océano Pacífico genera la formación de La Niña que se manifiesta en excesos de lluvia en la mayor parte del país y causa, en consecuencia, un incremento en las inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, entre otros problemas del entorno medioambiental. Es de carácter cíclico, entre 2 a 7 años ocurre cada vez el fenómeno.

Nos preocupan varios aspectos. Uno de ellos es el que resalta Planeación cuando revela que de una muestra en 365 municipios revisados en 2015, solo el 22 por ciento incorporó la gestión del riesgo de desastres en su ordenamiento territorial. Sin lugar a dudas, algo muy grave para la gente que allí habita. 

El otro se relaciona con el Rio Magdalena, cuyo proceso de recuperación de navegabilidad ha sufrido todos los tropiezos imaginables por cuenta del no cierre financiero del proyecto a cargo del consorcio constructor compuesto por Odebrecht del Brasil y Valorcon Colombia. Frente a la anunciada Niña, nada podría ser más inconveniente que un Rio Magdalena con salvación incompleta y a la deriva. 

En mi opinión, toda la ribera está expuesta a La Niña así en algunos municipios se hayan realizado algunos trabajos de contención porque las avenidas fluviales en momentos de fuerte invierno son impredecibles. Desafortunadamente el control sobre lo que puede ocurrir ha sido precario, incluso el de carácter político en el Congreso por cuenta de la avalancha de temas que descansa sobre el legislativo. Pero en mi caso personal he estado reclamando acciones específicas respecto del Rio Magdalena y lo seguiré haciendo ahora con mayor razón. 

El retraso de las obras de prevención y de reforzamiento en el Canal del Dique mantiene en zozobra a los pobladores del Sur del Atlántico y parte de Bolívar, porque otro embate de las aguas sería mortal cuando aún no se ha superado el trágico balance de La Niña pasada. 

Sería oportuno y conveniente que Planeación Nacional le diera capítulo aparte a lo que podría pasar con el Rio Magdalena en tiempos de La Niña, a ver de qué manera tendríamos que correr o cómo tendríamos que prevenir dentro de lo que se puede con el escaso tiempo que tenemos, un desastre que sería incuantificable social y económicamente hablando. 

Con una economía en cuidados intensivos, afectada aún más por el bajo puntaje de las calificadoras de riesgo; el endeudamiento disparado, la inflación por las nubes, y otros factores negativos agudizados, Colombia no puede darse el lujo de terminar arrasada por La Niña. Sería un golpe bajo a la paz en la era del posconflicto. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Para el Acueducto del sur necesitamos transparencia y coherencia Gobernador Verano

Columna de opinión del senador José David Name.

La intención que actualmente nos muestra el Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, de querer resolver el histórico problema del sur del Atlántico en materia de suministro de agua potable, en condiciones de calidad y oportunidad, es, sin duda, un propósito loable.

Y más aun teniendo en cuenta los anuncios preliminares hechos sobre los esquemas tarifario y de subsidio que se aplicarían, para garantizar la sostenibilidad del servicio a los usuarios y la rentabilidad del operador, factores que hacen prever buenos augurios al tan necesario proyecto.

Visto hasta ahí debemos decir que estamos ante una iniciativa que merece no solamente el aplauso sino el más amplio respaldo, por cuanto refleja el propósito de darle por fin una solución definitiva al problema, superando así los sucesivos fracasos que se han tenido en ese intento de tiempo atrás.

Sin embargo, por muy plausible que sea ese objetivo, no hay que dejar de lado los principios de coherencia y transparencia que deben caracterizar la escogencia del medio o los medios necesarios para lograr ese fin, porque no hay que olvidar que “el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”.

Esta observación tiene su origen en las quejas que he escuchado de varios Alcaldes de la zona de influencia del anunciado acueducto, quienes manifiestan que han sido presionados por el Gobernador para que aprueben a las carreras los proyectados pliegos de condiciones, hecho que hace suponer un direccionamiento preconcebido de la voluntad de los mandatarios, con alguna intención que podría restarle méritos al sentir original e inicial del gobierno seccional.

No queremos creer que estamos ante la determinación de imponer unos pliegos de condiciones prefabricados para un operador específico que, en este caso, tal como lo indican las circunstancias y los comentarios de conocedores y de gente muy cercana al tema, podría tratarse de la Empresa Triple A, lo que significaría negar las garantías requeridas y cerrarle las puertas a otros operadores interesados en prestar ese servicio o que por lo menos se les evalúe en igualdad de condiciones.

Consideramos que ese sería un punto negativo, un inmenso lunar en la plausible intención de satisfacer las necesidades de agua potable de unos municipios tan sufridos como lo son los del sur del Atlántico, con los que el Gobernador Verano tiene, precisamente, un inmenso compromiso y una deuda social grande a partir de las inundaciones de noviembre de 2010.

Pero, además, ese tipo de determinaciones poco transparentes, conocidas coloquialmente como “el guiño” del Mandatario para favorecer a determinado contratista, proveedor u operador, tiene en este caso el agravante de que hay que observar con mucho cuidado los cuestionamientos que pesan sobre la empresa Triple A, señalada por actuaciones ‘non sanctas’ desde su casa matriz en España.

A lo anterior se suma el rumor que corre en algunos círculos, en el sentido de que el Gobernador Verano muestra un sentimiento de gratitud hacia Ramón Navarro, el actual gerente de la empresa Triple A, hecho que pongo en duda, por los antecedentes de hombre probo que ha demostrado el mandatario departamental.

Estamos convencidos que en este tipo de procesos, que corresponden a soluciones vitales para muchas generaciones en los adoloridos municipios del sur del Departamento, lo importante no es correr sino adoptar la mejor decisión, garantizando desde luego la transparencia en cada uno de los aspectos del procedimiento, dentro de lo cual es menester hacerlos de conocimiento público y, si es del caso, permitiendo el acompañamiento de la Procuraduría.

Estoy seguro que el Gobernador Verano no tendrá inconvenientes para hacer valer la transparencia y coherencia que se requiere, virtudes en las que el Atlántico también debe ser líder. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame ajname@josename.com

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Urgente llamado a levantar paro camionero Colombia no puede estar acabando una guerra en el monte para tener otra en las carreteras

Bogotá. Julio 06 de 2016. El Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, hizo este miércoles un urgente llamado al sector transportador de carga para que levante el paro camionero que afecta al país desde hace 29 días.

El expresidente del Senado lamentó el estado de pugnacidad que un sector de los empresarios de esta actividad ha mantenido durante las negociaciones con el Gobierno Nacional.

“Somos partidarios de las soluciones negociadas, respetamos los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos del país, pero Colombia no puede estar acabando una guerra en el monte para tener otra en las carreteras del país, con los notorios perjuicios que ello significa para el país y la sociedad entera”, indicó el Senador Name Cardozo.

“En medio de pretensión de derechos, Colombia no puede salir perdiendo en la negociación con el sector transportador de cargo”, agregó el legislador, al tiempo que invitó a que empresarios del transporte de carga y conductores estudien a conciencia las propuestas del gobierno.

“Una huelga del transporte de carga que ya completa 29 días, lleva al despeñadero la economía del país; la lucha contra la inflación, suministro de alimentos y comercio exterior, sufren con el paro camionero. ¿Hasta cuándo?”, recalcó el Senador Name Cardozo.

El congresista barranquillero al evaluar la situación actual se preguntó si detrás del paro camionero habría algún interés político, porque es muy extraño que frente a las 18 nuevas y sensatas propuestas que hizo el Gobierno no haya respuestas claras, cuando lo prioritario es resolver.

“Me sumo al llamado del gobierno para que gremios del transporte de cargue levanten el paro iniciado el 7 de junio; comparto que con el gobierno los transportadores negocien mejoras, pero no que chantajeen al país con sus pedidos”, sostuvo el Senador Name Cardozo.

Manifestó que el Estado tiene obligación de garantizar condiciones pero los transportadores de carga deben reanudar de inmediato sus actividades.

“Juicio y responsabilidad con la paz y la economía es nuestra demanda al sector transportador de carga, que debe levantar el paro ya; invitamos a los transportadores de carga a que hoy le den la buena noticia al país de que han suspendido la huelga, hay motivos ciertos”, puntualizó el legislador por el Partido de La U.

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Ciudad Caribe, los desafíos de la región y la unidad de un pueblo

Columna de opinión del senador José David Name.

El solo nombre mueve el corazón. Ciudad Caribe es una iniciativa que genera entusiasmo.

La convocatoria es liderada por el profesional cartagenero y actual Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Bruce Mc Master.

El ex - alto funcionario del Gobierno Nacional va de la mano de un importante grupo de hombres y mujeres, dirigentes públicos y privados y jóvenes del entorno Caribe, con el acompañamiento de medios nacionales y locales de información.

Estoy convencido de que promover escenarios de esta naturaleza nos acerca y concita el ánimo de manera oportuna y consistente.

Mucho más aún si recala en un proceso de integración regional, en el que se reconocen fortalezas y se procura superar debilidades para un nuevo enfoque de desarrollo económico y social que sirva a los 8 departamentos (incluidas San Andrés y Providencia) y al país entero.

Para Saúl Pineda Hoyos, Director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -Cepec, de la Universidad del Rosario de Bogotá, el enfoque de la Ciudad Región Global responde a un nuevo contexto mundial en el que las regiones emergen como actores económicos y políticos muy activos en la era infoglobal.

Para el especialista está claro que la “nueva economía informacional” - que se abrió paso en la década de los setenta - integra hoy a las localidades y a las regiones en una red global de información y mercados.

Ciudad Caribe Colombia, que desarrolló su presentación en sociedad los días 27 y 28 de mayo de 2016 en la Cartagena de Indias, se muestra como una oportunidad en donde el “objetivo es crear, afianzar y fortalecer el concepto de una Ciudad Región altamente competitiva a nivel internacional”.

La idea es que Ciudad Caribe Colombia avance y se consolide como una plataforma de competitividad.

Tarea que tiene como base un liderazgo regional que “busca crear una sostenibilidad a largo plazo, generar articulación público - privada, reducir la inequidad, generar una visión compartida, lograr cohesión social, facilitar la concertación entre los diferentes actores, tener interacción con otras redes globales, formar un consenso, procurar la comunicación y cooperación en la planificación, para resumir, conseguir que Ciudad Caribe Colombia sea una plataforma de competitividad, que lleva al Caribe a ser de clase mundial”.

Explica la convocatoria que Ciudad Caribe Colombia se conforma por un nodo central, donde Cartagena, Santa Marta y Barranquilla jalonarán el desarrollo de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia, Santa Catalina y Urabá Antioqueño.

La propuesta cuenta con una Comisión Ciudad Caribe Colombia, un Grupo Convocante y 7 mesas de trabajo enfocadas en grandes aspectos a fortalecer: Competitividad e infraestructura, Administración pública, Desarrollo social; Turismo y cultura, Jóvenes líderes,     Educación, Innovación y emprendimiento.  

En este contexto, se debate y se construye hoy una agenda para el desarrollo con metas para el año 2016, 2020 y 2030, cuyo gran fin es que entre todos “¡Hagamos del Caribe nuestra primera ciudad global!”.

Sin embargo, frente a los propósitos loables de Ciudad Caribe me preocupan algunos aspectos que enumero a continuación:

Evidente divorcio con el sector político (Senadores y Representantes, Diputados, Concejales y Ediles), que es el que tramita y aprueba las políticas públicas económicas y sociales en el plano legislativo y coadministra en lo local; palpable distanciamiento del plan trazado por los gobernadores para crear la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP, Caribe; Se habla de elaborar un mapeo sobre los distintos trámites que afectan al empresario, pero no se sugiere el mismo ejercicio para los problemas que golpean al ciudadano (inseguridad, violencia intrafamiliar, drogadicción en jóvenes, falta de oportunidades laborales, abandono de los barrios, entre otros); si bien hay titulación de asuntos relacionados con el ámbito económico, es casi nulo el compromiso respecto del desarrollo de las energías limpias; y, por último, entre otros aspectos, existe una tangible timidez para rechazar de plano la persistencia de modelos macro y microeconómicos monocéntricos, que frente al momento actual de la discusión están desenfocados porque la necesidad obliga a enfoques policéntricos basados en redes de ciudades.

 

Ciudad Caribe Colombia es valiosa iniciativa que ojalá pueda articularse con lo que piensan los gobernadores respecto de la RAP y el resto de alcaldes de ciudades capitales distintas a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, lo que manejan las bancadas de la Región en la Cámara de Representantes y el Senado de la República y lo que se concibe desde la vocería del sector social en centros urbanos y zonas rurales.

Hace algunos años mi padre, José Antonio Name Terán, plasmó en el Senado de la República un propósito de ley para la creación del Área Metropolitana del Caribe con base en los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, para lo cual Ciudad Caribe Colombia es la plataforma ideal. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Sí el país sigue dando pasos de tortuga en energías limpias, en próximo verano habrá racionamiento eléctrico

Barranquilla, junio 30 de 2016. Mientras países como Estados Unidos, Canadá y México fortalecen sus acuerdos comerciales y en ese marco le dan un vigoroso impulso al desarrollo de energías limpias, Colombia sigue andando a paso de tortuga en la materia y en ese orden el país sufrirá un racionamiento eléctrico el próximo verano.

Así lo advirtió este jueves el Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, quien al mismo tiempo miró positivamente el anuncio que hizo el Presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de Andesco en Cartagena sobre la reglamentación de la ley 1715, aunque subrayó que el gobierno nacional se ha demorado en expedir las normas por encima del tiempo previsto.

“Con visión futurista el Congreso de Colombia propuso, debatió y aprobó el desarrollo de las energías limpias, la ley 1715 que es de mi autoría interpretó lo que el país requiere en este campo y así fue sancionado por el Presidente Santos el 13 de mayo de 2014 en la ciudad de Cartagena; posteriormente, en el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, defendiendo los intereses de los grandes generadores hidráulicos, pusieron la reglamentación a dormir el sueño de los justos”, indicó el expresidente del Senado.

El congresista barranquillero sostuvo que se ha perdido un tiempo precioso en la disponibilidad de la reglamentación y aunque el atraso implica ser inferiores a las necesidades del momento, este es el instante para que Colombia no siga saliendo perjudicada porque la ley de energías limpias continúa jurídicamente incompleta.

“Por este motivo respetuosa y cordialmente hago un llamado al señor Presidente de la República, y a los señores ministros de Hacienda, Minas y Energía y de Ambiente, para que aceleren la reglamentación faltante de la ley 1715 porque en este campo son insuficientes las buenas intenciones, ya que lo demandado es una normativa oportuna y práctica”, indicó el Senador Name Cardozo.

El legislador manifestó que es necesario que el Presidente de la República delegue en un coordinador de su confianza la reglamentación final de la ley 1715.

“Si nos seguimos demorando, si el país es sometido a la no implementación de la ley 1715, en el próximo verano irremediablemente estaríamos sometidos a un racionamiento eléctrico igual o peor a los presentados en las últimas tres décadas; Estoy seguro que el actual gobierno no quiere cargar con ese responsabilidad”,  sostuvo el senador Name Cardozo.

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Que renuncie Director de Cormagdalena que dejó hundir el proyecto de recuperación de la navegabilidad del rio

"A la fecha el señor Director de Cormagdalena ha parecido más un empleado de Odebrecht que defensor de los intereses de la corporación y el país".

Bogotá D.C., junio 13 de 2016. La maderada o palizada es un fenómeno compuesto en su mayor porcentaje por madera que en el caso más reciente del Rio Magdalena, logró un largo de 7 kilómetros y un ancho de 10 metros aproximadamente.

Las emergencias que causa pueden significar afectaciones de distinto tipo para empresarios y comunidad en general. Traigo a colación lo de la maderada a propósito del proyecto de recuperación del Rio Magdalena que venía a cargo de la sociedad Navelena SAS (Odebrecht del Brasil y Valorcon de Colombia), dividido en tres etapas así:

Etapa de Preconstrucción con una duración de 18 meses entre el 11 de diciembre de 2014 al 11 de junio de 2016. Etapa de Construcción a 60 meses entre el 11 de junio de 2016 al 10 de junio del 2021. Etapa de Administración con 84 meses entre el 11 de junio del 2021 al 10 de Junio de 2028. El valor de la inversión es de 2.5 billones de pesos en 13.5 años.

La etapa de Preconstrucción finalizaba el pasado sábado 11 de junio, es decir, cuando vencía el plazo del correspondiente cierre financiero objeto de maderada por falta de fuentes de financiamiento, a raíz de los problemas de corrupción de Odebrecht en el Brasil, que implicó condena judicial a su presidente ejecutivo.

Se supone que si no hubo cierre financiero también quedaron en el limbo todos los demás requisitos por cumplir que eran 11 desde el punto de vista contractual. Lo cual nos deja frente a un preocupante retraso, ante a una grave frustración respecto de los tiempos para la recuperación de nuestra arteria fluvial madre. Nada más doloroso para el futuro del Rio Magdalena.

De los problemas que se han tenido y de lo que vendrá a corto plazo, responsabilizo directamente al actual Director de Cormagdalena Capitán de Navío (R) Luis Álvaro Mendoza Mazzeo y al ingeniero civil, especialista en obras hidráulicas, Paulino Galindo Yustres, quien venía ejerciendo como director de la APP concebida para la nueva etapa de prosperidad del Rio.

Considero que ambos han sido culpables de la ineficiencia administrativa que se apoderó de la APP y de sus fatales consecuencias para el país. Siento que todo el tiempo nos dijeron mentiras y que no hicieron nada distinto a manipular informes con los que embellecían una aparente etapa de preconstrucción, cuando en verdad íbamos camino a una frustrante realidad de fracaso y pobreza institucional en la gestión.

Me preocupa que un proyecto de tanta importancia y de tanto impacto en la vida económica y social del país y sus regiones colapse en uno de los instantes más cruciales del desarrollo nacional, hecho este que me confirma que el señor capitán Director de Cormagdalena, Luis Álvaro Mendoza, no ha estado a la altura de las responsabilidades encomendadas.

Esperábamos que este lunes 13 de junio amaneciera el país con las mejores noticias en relación con el cierre financiero del proyecto. Lamentablemente no ha sido así, lo que constituye un duro golpe a uno de los compromisos más trascendentales del Presidente Juan Manuel Santos en aras de garantizar la sostenibilidad y desarrollo de la más importante fuente fluvial del país, despensa productiva que irradia riqueza a la Nación entera.

Se sabe que hay 9 inversionistas extranjeros interesados en adquirir la mayoría accionaria de Odebrecht en la sociedad Navelena SAS, que se suman a los tres primeros que habían entregado carta de intención para hacerse a la parte pertinente. La revisión jurídica de esa cesión debe hacerse con alto rigor y de manera abierta al país, con transparencia porque a la fecha el señor Director de Cormagdalena ha parecido más un empleado de Odebrecht que defensor de los intereses de la corporación y el país.

Definitivamente no creo en eso que Cormagdalena ha dicho de que “ha estado atenta al cumplimiento de todos los procesos, plazos y condiciones legales, porque nuestro norte y principal objetivo consiste en recuperar la navegabilidad del Río Magdalena a través de una gestión transparente y apegada a la ley y al contrato”.

Porque no le doy validez alguna a esa afirmación pienso que el señor Director de Cormagdalena debe presentar este lunes su carta de renuncia ante el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien de inmediato podría conformar una comisión de la Junta Directiva de Cormagdalena para que salve lo que pueda salvarse del proceso adelantado para la recuperación del Rio. En ese sentido cuenta con mi total respaldo y apoyo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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El medio ambiente en Colombia no puede seguir contaminándose con licencias corruptas

Barranquilla, junio 10 de 2016. Afirma el Senador José David Name Cardozo al expresar su respaldo a la gestión del nuevo Ministro ambiental Luis Gilberto Murillo. Advierte que la ANLA debe someterse a una reestructuración empezando con la salida de su actual director, porque esta agencia no se puede convertir en fortín de ningún partido político.

El Senador de la República por el partido de La U, José David Name Cardozo, respaldó este viernes la proyección técnica y de responsabilidad social que el Ministro Luis Gilberto Murillo quiere darle a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Colombia no puede seguir respaldando una gestión institucional detrás de la cual se esconden personajes nefastos para el medio ambiente nacional, fundamentalmente a través del otorgamiento de licencias que tienen un tufillo corrupto y que no se compadecen con las angustiosas horas que sufren nuestros ecosistemas en las distintas regiones del país”, indicó el expresidente del Senado de la República.

El Senador Name Cardozo cuestionó la intromisión que ciertos sectores políticos  pretenden en algunas agencias estatales, cuando es bien sabido que el área de las licencias ambientales, por ejemplo, no puede convertirse en fortín de ningún partido que llegue a manejar intereses particulares y no los del beneficio colectivo.

“En el caso de la ANLA hay demasiados cuestionamientos por la forma como se han otorgado licencias ambientales en los últimos meses y en este contexto considero pertinente respaldar el manejo técnico que pretende darle a esa área el nuevo Ministro, pero inexplicablemente se ejercen indebidas influencias políticas para sostener a un funcionario a pesar de que es incompetente y no consulta el interés de las poblaciones amenazadas mediante permisos inescrupulosos”, sostuvo el legislador barranquillero.

“El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos no puede descuidarse en estas materias y nuestro llamado respetuoso es a que se preserve la idoneidad profesional y técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, sin sacrificar la protección de la vida humana, las especies animales y la fauna que es un obligación constitucional y legal”, expresó el Senador Name Cardozo.

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El antes de la crisis y el hoy de la solución al problema eléctrico

Columna de opinión del senador José David Name.

La falta de planeación y los sobrecostos marcaron el ayer de la crisis eléctrica, con drásticos racionamientos de energía. Hemos estado al borde de otro apagón hace pocas semanas. La cercanía de la paz y el desafío de un mayor desarrollo obligan hoy a soluciones radicales y prácticas.

Colombia y en particular la Costa Caribe requieren garantizar su futuro energético sin más rodeos, en el marco de un proceso que he decidido llamar “Más Energía a la Luz del Posconflicto”. Lo más complicado es el abastecimiento eléctrico en el Caribe colombiano, con tarifas onerosas ante los consumos por altas temperaturas.

Vivimos una coyuntura que facilitó adoptar un nuevo plan de expansión eléctrica, con énfasis en energías limpias. Una virtud a la que el gobierno le niega sus fortalezas retrasando inexplicablemente la reglamentación de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, que es de mi autoría. Mientras los demás países vuelan con alas de energías renovables, nosotros gateamos a paso de tortuga enferma. En lo que al sistema eléctrico refiere, visualizó una solución en tres escenarios con relevancia en el caso de la Costa Caribe.

Frente al drama Electricaribe, primer escenario, planteo un futuro basado en un mercado A y un mercado B, que reúne a los clientes de mayor y menor consumo atendidos por dos empresas. En un segundo plano ubico la Cultura de la Legalidad como política de Estado y en el tercero propongo una gran Asociación Púbico Privada como APP Energética que defina un Operador Nacional de Energías Limpias que articule y desarrolle lo que el plan nacional de expansión señala para las fuentes renovables.

Pienso que el gobierno seguirá trabajando con Electricaribe el tema regional, que podría ensayar un esquema de mercados A y B bajo la tutela del actual operador. Uno representa el mercado de mayor consumo (A), grandes clientes, y zonas urbanas de intensa productividad. El otro asume el mercado B, al que no se le pueden cobrar las tarifas comerciales que en la práctica definen la rentabilidad de una empresa eléctrica y requiere subsidios del Estado. Hablamos de ciudades y municipios que tienen una economía precaria.

Para tal efecto se establecería una tarifa subsidiada de venta, teniendo en cuenta lo siguiente: Quien le vende al gran mercado recibe, por ejemplo, el kilovatio a 8 pesos y lo vende a 16 pesos para tener un diferencial de recuperación de costos. Pero en las zonas deprimidas lo tiene que comercializar a 7 pesos, o sea a pérdidas, lo que obliga a comprar energía subsidiada. Podría convenir entonces la especialización en dos empresas bajo el modelo Electricaribe para las áreas de mayor y menor dinámica, en donde los que pagan más financian a quienes menos tienen. Una especie de Fosyga eléctrico. En este contexto, a Electricaribe debería permitírsele ser generador de la energía que distribuye.

Un segundo escenario es la adopción de una política de Estado que incentive la normalización eléctrica en zonas rurales y urbanas y establezca la cultura de la legalidad en aquellas en donde prevalecen las pérdidas técnicas y el robo de energía, poniendo en riesgo la vida misma. Aquí juega la oportunidad de normalizar con base en energías limpias, que sirve en bandeja la ejecución de un tercer escenario.

Teniendo a mano la ley 1715, las energías renovables pueden inspirar un plan piloto nacional con inicio en el Caribe para llevar energía sin mayor peligro a zonas subnormales y dotar de una fuente de suministro económico a 225 mil nuevas casas de las que se ha comprometido entregar el Gobierno del Presidente Santos al final de su mandato.

Por ejemplo, el costo de dotar un hogar con energía solar es de 1.5 millones de pesos. La mitad es financiada por el Gobierno. La inversión se recupera en un año y el 100 por ciento de ella se obtiene a préstamo. Con el ahorro que se causa se cubre el préstamo. Podría pensarse en tomar un billón de pesos de la venta de Isagen, vía Financiera de Desarrollo Nacional, para avanzar en la solución.

Tenemos la urgente necesidad de ir más allá del Plan5Caribe y de las confrontaciones públicas, porque podemos echar mano de lo que tenemos y llegar en menor tiempo posible a las soluciones que queremos. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a  jname@josename.com

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El todos ponen del servicio eléctrico en la Costa Caribe (II)

Columna de opinión del senador Jose David Name.

En nuestra pasada columna repasamos la cronología reciente de las crisis eléctricas que ha soportado Colombia por culpa de la equivocada planeación y el favorecimiento indebido a ciertas empresas en detrimento de la calidad del servicio en varias regiones y del bolsillo de los usuarios.

Los intereses alrededor del negocio eléctrico podríamos calificarlos de descomunales y las presiones que se ejercen desde distintos flancos sobre las autoridades del sector, son otro tanto. Hay gobiernos que han sucumbido a ellas y en ese colapso se beneficiaron los generadores hidráulicos, quebrándose la defensa que en el caso de la Costa Caribe se tenía con Corelca y sus Electrificadoras subsidiarias.

Es imposible desconocer el lastre histórico que significan en la vida regional unas empresas influidas por la injerencia politiquera, la excesiva carga burocrática, la corrupción, y la producción de una energía de alto costo, factores que incidieron en la liquidación del esquema que se traía para pasar a otro de origen privado que nos dejó huérfanos en lo que al sentido de pertenencia territorial se refiere.

Sí, huérfanos de un modelo que sintamos nuestro, porque Gecelca (generación), Transelca (transmisión) y Electricaribe (distribución), son tres gigantes autómatas que operan unos equipos y redes bajo el criterio de la rentabilidad pura pero sin alma por la tierra, distinto a lo que pasaba con Corelca que era auténticamente regional, con un alto espíritu integracionista.

A la Costa Caribe la despojaron de su infraestructura eléctrica y hoy por hoy es la más vulnerable al momento de garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Miremos lo que está pasando actualmente. La Hidroeléctrica de Urrá en Córdoba no es lo que se dijo que sería, Gecelca a duras penas se conoce por el nombre, Transelca es una empresa de extensión de cables y torres y Electricaribe parece más un contendor de tinglado que un socio de nuestro desarrollo económico y social.

Está claro que los dueños españoles de Electricaribe no llegaron para cumplir tareas de beneficencia ni de caridad, sino a invertir en un área de negocios para prestar un servicio público que debe producirles una rentabilidad. Para tales efectos el gobierno lo regula y se hace a unos compromisos que si se cumplen deben verse reflejados en un servicio de calidad. Pero hubo un momento en que la cadena comenzó a reventarse y las partes, como cuando a los equipos en un partido de fútbol les conviene el empate, decidieron hacerse pasito, no lastimarse.

Hasta el día del cortocircuito. La actual crisis eléctrica regional comenzó a advertirse hace unos tres años con un gran apagón en Barranquilla, que se ha multiplicado a lo largo y ancho de la Región Caribe. Las sindicaciones corrieron de un lado a otro, los anuncios no se hicieron esperar, como tampoco los supuestos correctivos con inversiones multimillonarias. A la fecha Electricaribe debería invertir con urgencia cerca de 1.1 billones de pesos, pero con una cartera y obligaciones financieras que se equiparan con ese monto prácticamente se hace imposible una exigencia en tal sentido.

Electricaribe es la empresa de servicios públicos con más quejas de usuarios en el país ante la Superintendencia de Servicios, entidad que le ha impuesto multas del orden de los 17 mil millones de pesos, que en su mayoría han sido apeladas. Hoy por hoy hemos caído en el círculo vicioso de los dimes y diretes, con un plan de gestión establecido a Electricaribe que lo acepta pero lo condiciona a que cada uno de los actores del servicio eléctrico ponga lo que tiene que poner.

Lo más seguro es que ese plan de gestión no llegue a ninguna parte si a la empresa no le pagan lo que le deben y antes que una solución se vislumbran peores relaciones frente a la propuesta de los gobernadores del Caribe de que se designe un nuevo socio gestor operador que le arriende las redes a Electricaribe.

Sin lugar a dudas uno de los hechos más interesantes alrededor del tema será el estudio de las conclusiones a la que llega la Contraloría General de la República con la auditoria sobre los dineros que la Nación ha entregado a Electricaribe para la normalización eléctrica y otros asuntos en zonas vulnerables.

El operador que llegue, sea cual su nacionalidad u origen, se va a encontrar con los mismos problemas que tiene el actual prestador y sobre esa base hay que definir si el deseo es solo un cambio de nombres y de capitales o si en verdad lo que interesa es prestar un excelente servicio a la comunidad regional de usuarios.

No hay que perder de vista que todos los actores del sector están obligados a cumplir unas reglas de juego que en últimas determinan la seguridad jurídica de la inversión, sobre lo cual estarán puestos los ojos de futuros conglomerados empresariales extranjeros que desean acercarse a nuestra Nación. El Todos Ponen del servicio eléctrico en la Costa Caribe es esencial, aunque no sea fácil asegurarlo. En próxima columna examináremos escenarios probables. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Pensando en el futuro eléctrico del país y del Caribe

Columna de opinión del senador José David Name.

En abril de 1980 German Jaramillo Olano, siendo gerente de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, lanzó una alerta de racionamiento en medio de una crisis desatada por la demora en los proyectos y la intensa sequía.

Hubo cortes de energía de dramáticas proporciones, con racionamientos hasta de 12 horas diarias para el sector residencial y de 4 para las empresas. Las lluvias llegaron pero los racionamientos no cesaron, por el déficit en la infraestructura de generación del orden de los 500 megavatios.

Los gobiernos de Alfonso López Michelsen y de Belisario Betancur Cuartas se caracterizaron por las dificultades en esta materia. Mala planeación, elevado costo de proyectos y la ausencia de interconexión entre el interior y la Costa Caribe, presionaban la crisis eléctrica. Entre otros factores.

La administración de Virgilio Barco Vargas vivió una relativa calma en la materia, pero tal vez su peor error fue no haberle prestado la suficiente atención a Álvaro Ruiz Hernández, asesor del Ministerio de Minas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien presentó un estudio en 1988 que auguraba un nuevo racionamiento de energía. Y ocurrió lo peor.

Días después de iniciado el gobierno de Cesar Gaviria en 1990, el país se preguntaba qué hacer con el sector eléctrico. Abundaban informes y editoriales respecto de la realidad del sistema, que era muy crítica. Colombia sufrió otro apagón que costó varios miles de millones de dólares. Pero no aprendimos la lección.

El 12 de septiembre de 1990 el expresidente de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, Germán Jaramillo Olano decía: “Pero además de El Niño, que aparece cada siete u ocho años causando intensas sequías, en el sector eléctrico los errores de planeación también se repiten cíclicamente”.

La discusión se centraba en planes de expansión que no contenían lo que se requería. La generación térmica es una historia llena de abandono y falta de mantenimiento, lo cual siempre provocó problemas en el suministro de energía al Caribe que dependía de esa producción. La antigua Corelca llegó a perder casi que la mitad de su capacidad de generación que era de 1.100 megavatios.

Era evidente que hacía falta reformar un esquema administrativo ineficiente y explorar un proceso de privatización de la generación de energía eléctrica, tomando como referencia los Estados Unidos que hace un cuarto de siglo ya tenía un 77 por ciento de esa actividad en manos de los particulares. En Colombia la carga burocrática y la ineficiencia eran muy costosas para el sector eléctrico.

La administración Gaviria Trujillo le puso el pecho a la brisa y asumió la transformación que giraba en torno de la privatización. Así llegamos a un esquema que ha evolucionado hasta la presente, pero no ha superado problemas de planeación que afectan la renovación de la matriz energética y permiten que el dominio del mercado siga bajo la tutela de los generadores hidráulicos.

Con antecedentes de drásticos racionamientos de energía eléctrica en los últimos 35 años, hoy tendríamos que haber adquirido la mayoría de edad en la prevención de las deficiencias y la planeación del sector, incluso en contra de los ciclos de El Niño. Pero no es así. Sin embargo, me alienta el hecho de que salimos airosos de la reciente amenaza y tanto el sector público como el privado, son conscientes de que hay innovar y cambiar el disco duro del sistema.

Es prioritario y de suma urgencia que Colombia reacomode su matriz energética a las exigencias del mercado en las regiones, se reduzca la dependencia de la generación hidráulica con carácter monopólico, se amplíe la base de producción con energías renovables o limpias, se aprovechen los compromisos en defensa del medio ambiente y se le garantice a los ciudadanos un servicio más estable y económico.

Por eso es importante pensar en el futuro del sector eléctrico colombiano, en las nuevas fuentes de producción, en resolver los problemas que afronta la Costa Caribe con su operador Electricaribe y ampliar el espectro de soluciones con base en análisis realistas, de cara a una opinión pública ávida de verdades y cumplimiento de anuncios. A ese tema nos referiremos en nuestra próxima columna. Por favor visite www.josedavidname.com o  escríbame a   jname@josename.com

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Nuevos ejes de un gran dolor de cabeza nacional, ojalá logremos la paz

Columna de opinión del senador José David Name.

Seguramente la lista puede ser otra, pero en estos momentos para el país y la Región Caribe creo que se trata de situaciones muy delicadas que frustran evidentes perspectivas de desarrollo económico y social.

¿A qué me refiero? A cuatro problemas que se han erguido en las últimas semanas para hacer aún más complejo el transcurrir nacional y regional. He aprendido a despojarme del pesimismo, pero no puedo evitar sumirme en la preocupación frente a determinados aspectos.

 

El RIO MAGDALENA

El compromiso del Presidente Juan Manuel Santos de impulsar la recuperación del Rio Magdalena quedó en riesgo de no cumplirse, porque el socio mayoritario del consorcio que ganó la licitación no tiene musculatura financiera. Odebrecht, por cuenta de los escándalos de corrupción en Brasil, está sin capacidad de financiación.

Hay tres candidatos a tomar su lugar en Navelena, que es la responsable de ejecutar un proyecto avaluado en dos billones de pesos. Pero hay que tener cuidado porque Odebrecht podría poner unas empresas de papel para salvar los otros contratos que tiene en Colombia. Lo cual no podemos permitir. Me preocupa el futuro de la navegabilidad del Rio Magdalena.

 

ELECTRICARIBE SE APAGA

Colombia ha superado la coyuntura del apagón eléctrico, pero en la Costa Caribe sigue encendida la crisis del servicio que está a cargo de Electricaribe. Cada día más agudizada por cuenta de una infraestructura obsoleta que requiere por lo menos 5 billones de pesos para modernizarse. Ni el Plan5Caribe ni demás anuncios de inversión parecen ser la realidad de la solución inmediata. Ya el nuevo Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, dijo que resolver el caso tarda por lo menos 3 años. ¿Qué pasa mientras tanto?

Mientras tanto seguimos en el Caribe sometidos al vaivén del servicio eléctrico, al tiempo que la protesta social se desborda amenazante porque hay que pagar unas tarifas muy caras y los apagones son frecuentes y prolongados. El tema no admite más demoras. Me preocupa el futuro del servicio de energía en la Región.

 

LA VÍA BARRANQUILLA CIÉNAGA

Dentro de la cadena de comunicación vial del Caribe es una de las más importantes. Y de las más sensibles por la incidencia ambiental que tiene, que habría podido mitigarse si no se hubieran cometido los errores que se cometieron cuando la construyó el Estado hace varios años.

Hoy tiene un panorama dramático por lo que ocurre en el kilómetro 19, en donde la erosión nos dice que el mar cualquier día puede arrasar con la carretera. Hay soluciones a la mano y profundas discusiones a la vista, por el asunto ambiental. Se han hecho algunos correctivos provisionales. Pero el riesgo se mantiene. Me preocupa lo que un mar embravecido puede ocasionar.

 

LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en un punto de la política social que es sagrado. Los problemas que se develan posiblemente no son nuevos, pero desde que se incluyeron cambios en la administración del Plan de Alimentación Escolar, el financiamiento y los términos de contratación, se agigantaron las dificultades. Al punto que asquea lo descubierto porque es el dinero de los niños y adolescentes, que constituyen la población creativa del futuro.

Comparto lo que afirma la Directora del ICBF Cristina Plazas Michelsen cuando afirma que los involucrados en este delito no deberían tener casa por cárcel, sino cadena perpetua. Aún quedan muchas piezas por ajustar, lo de la Costa Caribe está en el limbo y lo que ocurre en otras partes del país también. Me preocupa lo que pueda pasar con la alimentación escolar.

Como lo digo en mi titular, son cuatro ejes de las grandes angustias nacionales y regionales. Desde el Senado de la República le apostamos a la gestión en aras de resolver esas angustias, previniendo que no se repitan en el tiempo. Es un gran anhelo, como también lo tenemos con la finalización del conflicto armado.

Los acontecimientos de los últimos días son afortunados, pese a los críticos. El apoyo de la comunidad internacional es evidente. La paz está cada vez más cerca. Lo único que me preocupa es un país que se polariza entre la movilización social por la paz y la resistencia civil contra el acuerdo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Hay que perseguir al evasor y no aumentar impuestos a la clase media

Columna de opinión del senajor José David Name.

Cuando el reloj marque las cero horas de 2017, los colombianos y el mundo entero celebraremos en un solo grito y abrazo la llegada del nuevo año.

El pronóstico gubernamental es que también comenzaremos a estrenar reforma tributaria, que esperamos sea menos compleja, equitativa, facilitadora de la inversión productiva y suficiente para financiar la inversión social que necesitamos.

La semana pasada en Cartagena, en el Congreso de los Fondos de Pensiones, el Presidente Santos hizo la esperada confirmación: “La reforma tributaria es una certidumbre. Viene la reforma tributaria. Otra certidumbre es que vamos a discutirla con el sector privado y es una discusión que queremos tener para que sea estructural, para que corrija problemas que se han venido acumulando durante muchos años”.

Me parece que el sector privado es una de las instancias de análisis, pero el debate hay que abrirlo a todos los sectores incluyendo las centrales obreras y los estamentos que conforman la clase media nacional, hacia donde apunta uno de los aspectos clave de la reforma cuando se refiere a gravar ingresos que antes no se tocaban vía el impuesto de renta.

Una grande responsabilidad  tiene el Congreso de la República a partir del instante en que el Gobierno Nacional presente el proyecto de reforma tributaria, sobre la base de lo propuesto por la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, así como las sugerencias en el marco de la OCDE y las agencias multilaterales del crédito. En Senado y Cámara de Representantes el debate tiene que ser intenso y minucioso, además de caracterizadamente participativo con audiencias públicas para que los diferentes estamentos de la sociedad civil presenten sus consideraciones.

Tributar en Colombia tiene que convertirse en un asunto sencillo para el contribuyente del común, así como para las pymes. Debe erradicarse de un tajo la inequidad para que quienes ganan lo mismo no paguen tarifas distintas por cuenta de los privilegios que tienen unos sobre otros. Un factor fundamental para el futuro de las finanzas públicas nacionales será lo que permita el nuevo estatuto tributario en contra de la evasión de impuestos.

Punto aparte indiscutiblemente será el tema de las entidades sin ánimo de lucro que, sin desconocer la importancia de la labor social que adelantan en pro de los más desprotegidos, muchas esconden el manejo de grandes capitales para hacer a un lado sus obligaciones fiscales con el Estado.

Las fundaciones no pueden seguir siendo una rueda suelta dentro de la estructura tributaria del país, como tampoco los acumuladores de fortunas incalculables pueden mantenerse pagando irrisorias sumas por concepto de impuestos. No puede ser que un profesional independiente termine pagando más por retención en la fuente en un año, que lo que un millonario le deja al erario público en su declaración de renta.

Es la hora de sanear y poner orden a la forma de tributar en Colombia. Deteriorado como está el panorama de los ingresos petroleros, necesitamos una reforma tributaria que sirva para financiar sin afanes ni desorden aprovechable por los corruptos, los gastos en educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico e infraestructura.

Soy partidario de hacer una profunda revisión al Impuesto al Valor Agregado, IVA, para que pasar de una tarifa del 16 al 19 por ciento no sea un mecanismo legal de atropellar a los pobres, a quienes menos ganan y a quienes a duras penas tienen lo esencial de la canasta familiar. Habrá que ajustar el IVA, pero tendremos que hacerlo con manos de cirujano vascular o estético.

Coincido con los expertos que son partidarios de subir los impuestos al consumo de productos mortales: cigarrillos y licores y refrescos azucarados. Esta decisión frente al control de la evasión y puntualmente acabar con la vagabundería de un grueso grupo de fundaciones, tiene que dar positivos resultados en el incremento del recaudo nacional.

Según la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, Colombia debe dejar de ser un país de cargas mal distribuidas, con una tributación complicada y aliada de la evasión. El desafío es simplificar el camino tributario a las personas naturales y a las empresas, tomando como referencia la ampliación de la base  impositiva y el establecimiento solo del impuesto de renta, sin más Cree, Iman, Imas, e impuesto a la riqueza. Esa será la reforma que apoyaré en el Congreso. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com 

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Tensión social entre mentiras y verdades del caso Electricaribe

Columna de opinión del senador José David Name.

Pese a las dificultades generadas en las últimas horas por los cortes de energía eléctrica de casi 24 horas, se destaca la paciencia de los barranquilleros y ciudadanos de otras latitudes que han soportado estoicamente que cada día el servicio se preste en peores condiciones.

Hemos llegado a una situación de caos y como lo dije en mi convocatoria a la movilización social regional contra el mal servicio de luz el próximo 4 de mayo a las 2 de la tarde, es inadmisible que ello ocurra en una ciudad de las características de Barranquilla y el fenómeno se extienda a su Área Metropolitana, a otros municipios del Atlántico y demás departamentos del Caribe.

La tensión social se apodera de la Región, lo cual percibimos a través de los medios de comunicación y las redes virtuales, con improperios de todos los calibres. Apenas normal ante la magnitud del problema que vivimos. La inconformidad de la gente es alta, por cuenta de las mentiras y verdades en que se debate la situación real de Electricaribe, el operador del sistema de distribución de energía en la Costa.

Las primeras verdades quedaron al descubierto cuando durante la gestión del Ministro Amylkar Acosta Medina, hubo un daño en la Subestación 20 de Julio que provocó un apagón general en Barranquilla, con perjuicios considerables en materia económica y social. Nunca se había hablado de lo mal que estaba la infraestructura a cargo de Electricaribe.

El asunto movilizó al Presidente Santos, quien vino a la ciudad y anunció una serie de compromisos, frente a los cuales ha habido verdades a media porque el Ministerio de Minas y Energía y sus agentes han sido paquidérmicos en las soluciones. En aquel entonces, año 2013, el Jefe de Estado insistió en que habría reacción frente a la crisis, pero sus subalternos lo han dejado mal.

El Presidente volvió a Barranquilla y puso en marcha el denominado Plan5Caribe que implica una inversión del orden de los 5 billones de pesos para resolver los problemas existentes. Aparentemente está en curso una serie de contrataciones, que tiene el seguimiento de los gremios empresariales del Caribe, aunque a la fecha todo se guarda en silencio.

Pasado un tiempo, el Presidente se reunió nuevamente con gobernantes y gremios para revitalizar el Plan5Caribe, ponerle un gerente y avanzar en las obras. Después de ires y venires, los gremios gerencian el plan por decisión de los gobernadores. No obstante, nada se ve en la práctica.

Es verdad que hay un compromiso pero también es cierto que todo se resuelve lentamente. Es verdad que la Superintendencia de Servicios Públicos podría intervenir a Electricaribe, pero si ello ocurre quedaríamos peor que antes porque el agente de control no tiene ni la experticia ni los recursos de ninguna índole para operar la Región.

Es verdad que se amenaza con otro operador, pero ni las EPM ni la Empresa de Energía de Bogotá querrían todo el mercado regional. Se inclinarían por el mercado más jugoso y eso no nos conviene. Otros sectores con muy buena intención anuncian que promoverán la escogencia de un nuevo operador, pero dónde están los inversionistas. Eso no es tan sencillo. Ni las gobernaciones ni las alcaldías ni las asambleas ni los concejos tienen potestades en esos asuntos.

Se dice que la deuda de las entidades oficiales en la Región es de $150 mil millones, que la de los barrios subnormales suma $400 mil millones y que los morosos restantes disparan la totalidad de la cartera a la módica cifra de $1.6 billones. ¿Verdad o mentira? Nadie ha presentado las pruebas ni ha discriminado ese monto para justificar que es una de las causas del mal servicio.

Otro asunto que nos deben resolver el Ministerio de Minas y Energía y la Creg es el de la carga tarifaria, porque nuestra gente paga los excesos que comenten las mafias del agua desde el interior del país, que por contar con ese recursos tienen precios más baratos. Electricaribe no genera energía, debe salir a comprarla en bolsa y allí es víctima de los hidráulicos, lo cual se traslada a las tarifas en el Caribe. Sobre eso no pueden seguir las mentiras.

Estamos frente a un panorama nada fácil, en el que se impone un Estado más eficiente respecto de las soluciones y la responsabilidad de quienes están a cargo de las ejecuciones. Basta ya de anuncios con tinte politiquero, la Costa Caribe quiere energía eléctrica eficiente y barata. De lo contrario nos vamos a pique, la pronta solución la debemos exigir en el plantón del próximo 4 de mayo. La Costa Caribe enciende la mecha del reclamo para iluminar los días que vienen. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Invitación a movilización social contra mal servicio de energía el 4 de mayo

“Invito a los usuarios de la energía eléctrica en la Costa Caribe a salir el próximo 4 de mayo en una movilización social que aunque pacífica sea una contundente y vigorosa demostración de nuestra inconformidad y sentimiento de protesta por el mal servicio que nos prestan”, dijo este jueves el Senador por el Partido de La U, José David Name Cardozo.

El expresidente del Senado dijo que lo ha ocurrido en Barranquilla y otros puntos de la Región en las últimas horas es realmente inadmisible y no tiene justificación alguna, porque si bien hay dificultades técnica y morosidad en pago de algunos sectores tanto el gobierno como la empresa operadora tienen la sagrada responsabilidad de velar por el buen servicio a la gran mayoría de usuarios que cumple con su deber oportunamente.

“Definitivamente no podemos mantener una situación de caos en el servicio eléctrico ni seguir con la mentira frente a la atención a las emergencias de diverso tipo, cuando en verdad lo único que se observa es una ciudad y una región a oscuras con un aparato productivo y una actividad residencial que se lesionan gravemente por los continuos y prolongados apagones”, indicó el Senado Name Cardozo.

Manifestó el Congresista barranquillero que en situaciones de esta naturalmente es viable convocar a la movilización social y por ello invita a los habitantes del Caribe el próximo 4 de mayo a partir de las 2 de la tarde en cada una de las ciudades capitales y los municipios que quieran acompañar la jornada.

“Vamos a organizarnos, a trazar rutas, a definir puntos de encuentro y a crear un grupo de voceros que se encargue de habilitar todo lo necesario para expresar el sentimiento de indignación del pueblo Caribe contra el pésimo servicio de energía eléctrica que estamos recibiendo”, puntualizó el Senador Name Cardozo.

 

José David Name Cardozo

Senador de la República Partido de La U

Bogotá abril 20 de 2016

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Barranquilla necesita desarrollo prudente, que elimine pobreza

Columna de opinión del senador José David Name.

Entre los gobiernos del cura Bernardo Hoyos, Elías George, Guillermo Hoenigsberg, Humberto Caiaffa, Elsa Noguera y Alejandro Char existen profundas diferencias no solo por los desenlaces judiciales que tuvieron algunos de ellos sino por los estilos que han empleado, pero en el fondo hay que reconocerles su deseo de contribuir a la transformación de Barranquilla. Cada uno tuvo logros a su manera, en medio de circunstancias políticas distintas y aunque aparentemente Hoyos, George y Hoenigsberg provenían de una misma fuente, terminaron gobernando bajo parámetros que más que sumar, dividían.

Caiaffa fue más discreto, mientras que Elsa Noguera y Alejandro Char le echaron mano a la osadía y a la juventud para alinear la ciudad en un nuevo concepto de progreso y de manejo de lo público. Los últimos doce años han sido clave para que Barranquilla se reencuentre con su vocación económica orientada a los mercados internacionales, reordene sus finanzas públicas y se comprometa con la ejecución de una serie de proyectos de colosal envergadura, con el apoyo del Gobierno Nacional.
Uno se encuentra con un gobierno distrital entusiasta, que genera liderazgo desde el punto de vista de la promoción de las ventajas comparativas y competitivas de la ciudad, y establece puntos de gobernabilidad en una afinidad sin precedentes con el Concejo Distrital.

Pero ¿estamos realmente frente a un gobierno distrital de consensos o ante una coyuntura en las que muchos sectores prefieren no confrontar ni desgastarse en un debate en el que los contrarios parecen oír poco? Me hago la pregunta porque en otras épocas eran más frecuentes las voces de la academia, los gremios empresariales y los organismos no gubernamentales, respecto de iniciativas para cada uno de los estratos y localidades en que se halla dividida la ciudad y en la discusión sobre las políticas nacionales que podían afectarnos o beneficiarnos. De repente lo que ocurre hoy es que en Barranquilla se habla a baja voz porque el dinamismo de la Alcaldía Distrital copa todos los escenarios y piensa en todo, lo cual es digno de encomio pero no da la imagen de incluyente que podría desearse.
Es muy positivo el conjunto de hechos y logros que la Alcaldía de Barranquilla muestra en sus primeros 100 días de gobierno, pero en el trasfondo de ese informe encontramos una ciudadanía preocupada por el recrudecimiento de la inseguridad y el complique cada vez mayor de la movilidad urbana.
También se escuchan voces que se inquietan con la ruta hacia el endeudamiento y el compromiso de vigencias futuras que toma la ciudad en aras de financiar un plan de desarrollo que en cuatro años asegura cerca de diez billones de pesos, pero tiene otros siete billones por conseguir que no están claros.

Barranquilla tiene un problema de servicio eléctrico delicado, su canasta tributaria puede estar alejando inversionistas y la concentración de la contratación pública en unos pocos hace recibir con escepticismo lo que podría ocurrir cuando regrese a la alcaldía el manejo de la malla vial y el alumbrado público. Bueno sería que se le diera la oportunidad a otros empresarios de las obras públicas. No se trata de confrontar con la nueva administración, al contrario.

Lo que queremos es ayudar a que Barranquilla tenga un gobierno que se alimenta de los buenos consejos de otros sectores dirigentes, que sienta que le aportan a ejercer un proceso de desarrollo prudente, que es fundamental para eliminar pobreza. Allí hay que trabajar mucho porque una ciudad que tiene al 71 por ciento de su población afiliada al Sisben, no ofrece el mejor de los síntomas. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Con el fallo de la Corte se reconoce lo que Congreso hizo por marco legal para Fuerzas Armadas y Policía

Barranquilla, 8 de abirl de 2016. Al ser destacada su labor como Presidente del Congreso en la aprobación de la iniciativa por parte del exministro de Defensa y actual Embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, el Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, dijo que le cabe la satisfacción de haber propiciado un marco legal justo para las Fuerzas Armadas y Policía.

“Agradezco profundamente los comentarios del señor embajador y exministro Pinzón, quien era el titular de la cartera de Defensa cuando ese proyecto inició su trámite y me correspondía ejercer como Presidente del Senado; fue un trabajo arduo y de estudio que al final sumó el consenso de todas las bancadas para la aprobación de la propuesta gubernamental”, indicó el senador Name Cardozo.

Dijo el expresidente del Senado que en medio de la avalancha de sucesos de las últimas dos semanas y media, casi que pasó desapercibido que la Corte Constitucional declaró exequible sin ningún tipo de condicionamientos, el Acto de Legislativo por el cual se reformó el Fuero militar.

“Es un hecho significativo este fallo judicial porque confirma el esfuerzo que hizo el legislativo por dotar de un marco legal justo a las Fuerzas Armas y a la Policía; debo recordar que el proyecto logró el consenso de todas las bancadas cuando se le hizo la modificación para que todos los procesos contra los militares –tanto en la justicia ordinaria como en la castrense– se rijan por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, explicó el senador Name Cardozo.

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Creg, gran obstáculo de nuevos planes de generación eléctrica

Columna de opinión del senador José David Name.

“La otra alternativa son plantas térmicas de gas o de carbón”: senador  José David Name.

Barranquilla, abril 4 de 2016.-Colombia se vio obligada a adoptar acciones urgentes de corto plazo para hacer frente a la situación de crisis energética que hemos experimentado en los últimos meses, derivada del fenómeno de El Niño.

Medidas de ahorro energético y modificaciones de las reglas del Mercado de Energía Mayorista han debido ser implementadas para paliar la escasez de generación. Sin embargo, es fundamental que además de las actuaciones cortoplacistas, se adelanten medidas de largo plazo, que permitan evitar futuras situaciones de restricción en años de escasa hidrología.

Una conclusión indudable es que el país debe incorporar nueva generación. El parque de generación existente depende en un 70% de los recursos hídricos, por lo que en un año de pocas lluvias no es capaz de responder a la demanda. Hay que incorporar nueva generación firme no hidroeléctrica, no hay otra alternativa. Esta debe ser una de las estrategias básicas del Gobierno para evitar nuevas situaciones de riesgo de desabastecimiento de energía en el futuro.

En cuanto a las tecnologías a implementar para la nueva generación, hay dos opciones distintas: generación renovable y generación térmica a partir de combustibles. La generación renovable es amigable con el medio ambiente y permite obtener energía a partir de recursos naturales como la luz solar, el viento, la geotermia o incluso las mareas, los cuales son abundantes en Colombia.

Sin embargo, es la fecha y la Creg no determinó el reglamento contemplado en la Ley 1715, para lo cual disponía de un plazo con el que ya no cumplió. Urge que la Comisión incorpore este punto en la agenda regulatoria y le conceda la importancia capital que verdaderamente tiene.

La otra alternativa son plantas térmicas de gas o de carbón. Se trata de tecnologías que contaminan más que las renovables, en especial el carbón, pero tienen como virtud que pueden garantizar generación firme. Colombia no puede permitirse el lujo de dejar a un lado este tipo de plantas. Aquí tenemos carbón en abundancia, y tenemos también posibilidad de atraer inversión para construir infraestructuras de importación de gas licuado, abundante en el mundo. Lo queramos o no, nuestro país debe apostar por incorporar generación firme que permita evitar apagones y racionamientos en el futuro.

En este contexto es vital conseguir inversión privada, nacional e internacional, que asuma el reto de poner en marcha nuevos proyectos de generación, tanto renovables como térmicos. Para ello, los inversores deben ser capaces de conseguir la financiación, algo complejo en las presentes circunstancias internacionales.

Se trata de proyectos muy intensivos en capital, y los bancos exigen que los riesgos del negocio estén adecuadamente cubiertos, y que exista estabilidad jurídica y regulatoria en el país. Y aquí es donde empezamos a encontrar problemas muy serios.

Para que un nuevo proyecto de generación sea viable, es imprescindible que cuente con contratos a largo plazo, a quince o veinte años, en los que se asegure que su producción será colocada, con unas condiciones definidas desde un principio. Sin embargo, tanto la regulación vigente como las señales que está dando la Creg son un claro obstáculo para que los compradores de energía del país, que son los distribuidores y comercializadores, puedan establecer contratos de largo plazo de este tipo.

En la Resolución Creg 240B de 2016, publicada para comentarios el pasado mes de febrero, la Comisión incluye fórmulas que ponen en riesgo que los comercializadores puedan trasladar a la tarifa el costo real de sus contratos a largo plazo.

Abren la puerta a una eventual existencia futura del MOR, mercado organizado, del cual se habla desde hace diez años, pero nunca se ha concretado de forma satisfactoria por parte de la Comisión y por eso no llega a convertirse en realidad. En la última versión de la regulación del MOR, que data del año 2013, la Creg indicó que las compras de energía del mercado organizado solo iban a poder realizarse mediante contratos a uno o dos años, demostrando su nulo interés por fomentar la llegada de nueva generación.

Es imprescindible que la Comisión se dé a la labor de incorporar señales de incentivo a la inversión en nueva generación cuanto antes. De lo contrario los inversionistas interesados en proyectos de generación terminarán acudiendo a oportunidades en otros países, y dentro de cuatro años volveremos a tener el mismo problema de desabastecimiento energético que tenemos ahora.

Y esto urge, ya que una planta de generación no se construye en un año ni en dos, y menos aún si debe cumplir con todos los exigentes y demorados trámites y permisos vigentes en este país. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a    jname@josename.com

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Urge investigar lo que tiene al país al borde del apagón

Columna de opinión del senador José David Name.

Mi invitación es al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, para que dentro de sus competencias culminen las  investigaciones respecto de lo que ha ocurrido en el sector eléctrico en los últimos 25 años.

Deben ser investigaciones amplias, abiertas, exhaustivas, sin miramientos ni contemplaciones políticas, para que el país conozca lo que pasó antes,  durante y después del apagón de la administración Gaviria hasta llegar hoy a la situación que nos enfrenta a una nueva crisis eléctrica.

Que todos y cada uno de los responsables de haber actuado y planeado lo concerniente al sector nos den a conocer sus actuaciones y opiniones, en aras de ayudarnos a entender las fallas y aciertos eléctricos en los últimos 25 años de nuestra historia que se mueven dentro de circunstancias totalmente disímiles.

Pero que el asunto no se quede en la simple escucha ni en los protocolarios descargos de los actores involucrados. Tenemos que llegar a conclusiones de la mano de los órganos de control e imponer las sanciones a que hubiere lugar por cuenta de las culpas que por acción u omisión se detecten.

Lo que más indigna al ciudadano común y corriente frente a los reiterados escándalos del devenir público nacional, es que conocido un episodio de corrupción o de mal manejo de políticas de Estado se anuncian investigaciones que raras veces concluyen en defensa del erario público y/o de quienes han sido víctimas de nefastos servidores públicos.  No hay responsables. A veces se conocen sanciones de primera instancia, que en las apelaciones se vuelven un saludo a la bandera. Y no pasa más nada.

Es lo que creo, no puede ocurrir en esta oportunidad señores Procurador y Contralor y, si fuere necesario, señor Fiscal General de la Nación. En primer lugar, estamos hablando de unos recursos por cuantía de 18 billones de pesos que parecen extraviados. Corresponden al cargo por confiabilidad que hemos pagado los colombianos y que deberían haber evitado el riesgo de apagón actual. Nadie habla y nadie explica.

Recordemos que la Superintendencia de Servicios Púbicos tiene las facultades legales para inspeccionar y vigilar centímetro a centímetro los dineros que por concepto de tarifas y otras operaciones financieras entran y han entrado a las generadoras de energía, caso concreto cargo de confiabilidad.

Urge saber acerca de las razones y soportes de las inversiones que hicieron las empresas generadoras con estos recursos, porque todo indica que han favorecido más al sistema hidroeléctrico que al parque térmico  que debía ser el receptor natural en condiciones críticas como las que se advertían ante la aparición del Fenómeno de El Niño.

En los últimos 25 años, transcurridos seis gobiernos, han debido hacerse múltiples análisis y revisiones del Consejo de Política Económica y Social, Conpes; Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, Upme; y Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué fallamos? ¿Quiénes fallaron? ¿Quiénes no hicieron lo que debían? ¿Qué ocurrió con los dineros que se habían previsto para evitar la crisis? Frente a los interrogantes lo que sí tengo claro es que esto no puede quedar en la impunidad.

Para los órganos de control es impostergable abrir y adelantar las investigaciones pertinentes, con el máximo de rigurosidad. Sin dejar que el proceso o los procesos se conviertan en un lavatorio de manos de una u otra autoridad, pasándose cada una el balón de las responsabilidades respecto del panorama actual.

En lo que a mi corresponde, desde el Senado de la República estaré atento al control político que debemos ejercer por mandato constitucional y pendiente de que a la renuncia del Ministro Tomás González Estrada sigan las del Director de la Upme y la de los Comisionados de la Creg, que han tenido en sus manos la planeación del sector y lo que hoy nos muestran es una gestión llena de dudas e incertidumbres. Por favor visitewww.josedavidname.com  o escríbame a  jname@josename.com

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Llamado a protesta regional el 2 de abril por mal servicio de energía

Sin ánimo de alterar el orden público ni de promover el oposicionismo gubernamental, pero sí de dejar una contundente constancia pública". Senador Name Cardozo.

Bogotá D.C., marzo 22 de 2016 (columna senador José David Name C.).- El viernes pasado un amigo me preguntaba si creía que la Cumbre de Gobernadores del Caribe arrojaría algún resultado de fondo frente a la magnitud de la crisis eléctrica en la Región. Le dije que no. Y no me equivoqué.

Sin voceros del gobierno nacional ni representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, y sin que se conozca aún el pensamiento del equipo económico oficial sobre la crisis energética, era literalmente imposible que la Cumbre fuera el escenario para debatir y oír las soluciones que la Costa Caribe espera con la celeridad que se requiere.

Por esa razón en distintos foros y debates que registran las mismas ausencias he dicho que soy escéptico sobre anuncios hechos en el papel en materia energética por diferentes agentes gubernamentales,  aun si se entiende y se conoce el compromiso presidencial de ponerle agenda al fin de los problemas en la materia. ¿Cómo creer si no le dan la cara a las reuniones?

Lo que ocurre es que la madeja no se desenreda solo con la voluntad del Presidente Santos, porque la cadena de errores y de imprevisiones se remonta 20 años atrás. Aquí no le pueden echar la culpa a la clase política sino a la falta de políticas de los técnicos que se ha creído equivocadamente son mejores que los políticos.

Alrededor del devenir eléctrico nacional se cocinan intereses de grueso calibre que van desde el diseño amañado de políticas y regulaciones tarifarias, hasta el bloqueo de decisiones como la reglamentación de la ley 1715 de energías limpias para favorecer a los generadores que regularmente han estado manipulando el mercado en detrimento del bolsillo de los millones de usuarios que dependemos del agua manejada con sentido monopólico y mafioso.

Ya el desarrollo de la crisis eléctrica costó el puesto del Ministro Tomás González Estrada, quien de repente debió ser el menos sacrificado pero tuvo la responsabilidad de asumirlo como responsable que era de la cartera asignada. Ahora tienen que renunciar el Viceministro de Energía Carlos Fernando Eraso y la totalidad de los comisionados de la Creg, ellos sí culpables directos por acción u omisión, lentitud o precipitud, de la desgracia eléctrica a la que está enfrentado el país.

La Constitución Política de 1991 y las posteriores leyes reglamentarias le abrieron el camino al funcionamiento de las comisiones de regulación en Colombia pero también dejaron en manos del Presidente de la República los mecanismos necesarios para que el Jefe de Estado recuperara las facultades en cabeza de esas comisiones y redireccionara su funcionamiento cuando se tratara de distorsiones regulatorias y del mercado como ocurre en este caso.

Consecuentemente, como lo he dicho desde hace tres años cuando se suscitó el problema grave de las tarifas del gas natural para la Costa Caribe, el Presidente de la República puede y debe recobrar las funciones en cabeza de la Creg, remover a todos sus miembros, reformar la estructura del ente y designar nuevos comisionados, dentro de los cuales deben figurar expertos de nuestra región. Así se lo acaba de pedir la plenaria del Senado de la República y el Presidente debe escuchar el clamor de la corporación legislativa.

La Cumbre de Gobernadores del Caribe tuvo de bueno que nos volvimos a poner de acuerdo en que no podemos bajar la guardia respecto del asunto eléctrico. Sabemos hacia donde tenemos que caminar y la prioridad hoy es que la agenda establecida hace más de 60 días con el Presidente Santos en Barranquilla, se cumpla a cabalidad empezando por el anunciado documento Conpes para la solución de la crisis. Con urgencia es menester que los problemas de Electricaribe, que han empeorado la prestación del servicio, se acaben.

En lo político y en lo técnico hay preocupaciones y soluciones a la mano, pero también considero que colectivamente el ciudadano de la Costa Caribe tiene que hacer ver y hacer sentir su protesta contra los sinsabores que ha dejado el apagón forzado en la Región.

Es por ello que sin ánimo de alterar el orden público ni de promover el oposicionismo gubernamental, pero sí de dejar una contundente constancia pública, quiero convocar a las gentes del Caribe a que el próximo 2 de abril nos movilicemos a marchar contra Electricaribe, contra el apagón eléctrico, la incapacidad para arreglar los daños, y contra la pasividad del Ministerio de Minas y Energía para reaccionar en tiempos de crisis, entre otros aspectos. Con sentido de patria y pertenencia regional. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a  jname@josename.com

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La Crisis eléctrica tocó fondo, Plan5Caribe es un fracaso y la solución no admite más esperas

Comunicado del senador José David Name.

Afirma el Senador por el Partido de La U, José David Name Cardozo, al advertir el alto riesgo que implica la protesta social en la Región por el mal servicio de energía. Es hora de unirnos congresistas, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, gremios económicos y organizaciones sociales, en un gran frente común para que el problema eléctrico no termine arrasando el desarrollo del Caribe, dice el expresidente del Senado de la República.

El Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, dijo que la crisis de Electricaribe ya tocó fondo y que ante el agravamiento del mal servicio de energía en la zona norte solo queda la conformación de un gran frente regional para defender el desarrollo presente y futuro de los ocho entes territoriales que la conforman, especialmente los 7 del área continental.

“Los daños en el sistema de distribución eléctrica se cuadriplican, el desespero social es incontenible, no podemos quedarnos cruzados de brazos, la situación no puede ser resuelta por un solo grupo político, si persistimos en esa terquedad nos vamos a hundir todos y no serán posibles ni la agenda ni el Estado regionales hacia donde queremos avanzar”, manifestó el expresidente del Senado.

El congresista indicó que ni Electricaribe pudo presentar el plan de contingencia dentro del plazo de los 60 días que se le había impuesto, ni el gobierno nacional pudo cumplir la deuda que por más de 400 mil millones de pesos tienen entidades oficiales y usuarios de zonas subnormales ni hay luz verde con el denominado Plan5Caribe.

“Lo debo decir con toda claridad, el Plan5Caribe es un rotundo fracaso; ninguna de las subestaciones que han sido adjudicadas a la fecha ha podido cumplir con el cierre financiero y en ese contexto las soluciones previstas no van a llegar en el tiempo que se requiere”, aseguró el Senador Name Cardozo.

El dirigente político manifestó que convoca a los gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, Senadores y Representantes a la Cámara de la Costa Caribe, líderes gremiales y empresariales, y voceros de organizaciones sociales para que unidos en una sola voz “nos hagamos sentir ante el gobierno nacional en defensa de lo que queremos para la Región y exijamos soluciones definitivas respecto del problema eléctrico en que nos encontramos”.

“Invito con especial énfasis al Gobernador del Atlántico Eduardo Verano De La Rosa y al Alcalde Distrital de Barranquilla Alejandro Char Chaljub a que trabajemos unidos con todos los sectores políticos, porque de lo contrario naufragarán todas las expectativas que han sido diseñadas por sus respectivas administraciones y por las cuales votaron millares de atlanticenses y barranquilleros”, precisó el Senador Name Cardozo.

 

JOSÉ DAVID NAME CARDOZO

Senador de la República Partido de La U.

Bogotá marzo 16 de 2016

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Una Creg de espaldas al país, cada día nos dice que sirve menos

Columna de opinión del senador José David Name.
 
El debate sobre la justificación de las comisiones de regulación se ha dado desde el momento mismo de su creación, a partir de las leyes 142 y 143 que hicieron los desarrollos reglamentarios ordenados por la nueva Constitución de 1991 que les dio el enfoque general.
 
En los últimos 35 años ha habido ajustes a las comisiones que existen, pero aun así amplios sectores de la ciudadanía, la academia, los gremios empresariales y comunales, creen que poco o nada sirven al propósito que las inspiró para que los servicios públicos lleguen al mayor número de personas posibles en todos los estratos de la población, dentro de un marco tarifario que además de ser justo y equitativo social y regionalmente, permita garantizar calidad, cobertura y expansión.
 
Por experiencia propia y por lo que me ha correspondido apreciar y estudiar como legislador interesado en los asuntos energéticos, ambientales, servicios públicos y aspectos agropecuarios, la visión más desastrosa la tengo alrededor de la denominada Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.
 
Con una nómina de 97 funcionarios entre comisionados, profesionales especializados, asesores, secretarias, conductores y asistentes, que cuestan una millonaria suma al erario público, la Creg se caracteriza por ser un organismo enigmático, lleno de doctores con ínfulas presidenciales, que miran por encima del hombro a todo lo que está por fuera de Bogotá, pero tienen sofisticadas alianzas con algunos sectores productivos especializados en hacer fortunas para sí, en detrimento del bolsillo de millares de colombianos y de su bienestar.
 
La demostración más palpable de la animadversión que se ha ganado en la comunidad nacional, la acaba de dar el Senado de la República que en su última sesión plenaria exigió de manera unánime la renuncia de los comisionados por su incompetencia e incapacidad para haber advertido a tiempo y no exponer soluciones inmediatas, de mediano y largo plazo, ante la crisis energética en que se encuentra el país.
 
¿Qué si apoyé la proposición presentada en ese sentido? Claro que la apoyé y la he multiplicado en su divulgación todo lo que he podido. Desde la Comisión Accidental Caribe del Senado de la República o Bancada Caribe, no he hecho sino pedir la reforma de la Creg y la salida de los actuales administradores, porque recordemos que ellos son los culpables del grave problema de gas natural que hoy tiene nuestra región. En materia tarifaria le han ocasionado al Caribe una crisis de mayúsculas proporciones.
 
Recordemos que la Creg ha sido ineficaz e ineficiente para detectar y determinar qué pasó y que sigue pasado con el cargo por confiabilidad, cuyo pago por parte de la gente supera los 18 billones de pesos sin que esa suma haya prevenido el riesgo de apagón eléctrico que tiene tambaleando al país.
 
Recordemos que la Creg, amangualada con el Viceministro de Energía Carlos Erazo, ha estado facilitando la maniobrabilidad con la que el cartel del agua castiga a los colombianos desde un sector hidroeléctrico que no se compadece con las necesidades del país. Y en ese contexto han obstaculizado el desarrollo de las energías limpias y la reglamentación de la ley 1715 de 2014, de mi autoría, que les abrió el escenario para servir a nuestro progreso, en una relación más amable con el medio ambiente y costos más económicos.
 
Recordemos que la crisis energética actual ya le costó el puesto al ministro Tomás González Estrada, hombre de buena intención que no tuvo en su equipo el respaldo adecuado, empezando por el Viceministro Erazo, el aliado fiel de la Creg. Si el ministro salió y los comisionados de la Creg que dependían de él no le funcionaron al sector, entonces también tienen que irse. Igual el Viceministro.
 
La Creg tampoco ha servido para hacerle eco a la campaña de ahorro de energía convocada por el Presidente Santos. A duras penas sacó una resolución de supuestos incentivos, de más de 15 páginas, que lo único útil que tiene para ellos es que los pone a viaticar con el fin de realizar unos seminarios de socialización de tales incentivos. Otro exabrupto. Salir a explicar lo que debería ser pan comido para los usuarios eléctricos.
 
En resumen, el Ministerio de Minas y Energía tuvo miopía sectorial, estamos en crisis. La Creg fue un organismo inútil en la prevención. Ya se fue el ministro. Ahora se tienen que ir los comisionados de la Creg. Colombia quiere ahorrar energía, pero no quiere malgastar recursos en una Comisión que actualmente no sirve para nada. Por favor visitewww.josedavidname.com  o escríbame a  jname@josename.com

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Se acabó juego sucio con el agua, iniciamos era de energías limpias

Elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, el Ministerio de Minas y Energía presentó hace pocos el nuevo Plan de Expansión y Generación Eléctrica 2015 – 2019, del cual se dice que trae como novedad el énfasis en la producción de energías limpias.

Como autor y ponente de la ley de energías limpias 1715 de 2014 en el Congreso de la República, me complace que ahondemos en el tema como parte de una política de Estado, particularmente en momentos en que el país abraza la posibilidad de un apagón eléctrico.

Dios quiera que no, pero si en abril no llueve las reservas de agua se harán más escasas y Colombia tendrá que acudir a los racionamientos de energía y probablemente al mecanismo de adelantar la hora, como lo  ha sugerido el exministro Amilkar Acosta Medina.

Pero podríamos estar dependiendo menos del agua y estaríamos en mejor capacidad de enfrentar el Fenómeno de El Niño, si hace dos años hubiésemos tenido la capacidad de reglamentar con inmediatez la ley de energías limpias. Pero no. Hubo intereses superiores a la simple voluntad del Ministro de turno, empezando por sus propios subalternos aliados con sectores que lo que menos quieren es el desarrollo de las energías limpias.

¿Cómo operan? Sencillo. Desde uno de los viceministerios, la Creg y Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores) le apuestan a la consolidación del cartel del agua, es decir, al manejo sesgado de las reservas hídricas para lucrarse a su antojo, manipular el mercado y tener siempre al país con una espada de Damocles sobre su cabeza, por el prurito de que los embalses operan con unas palancas por fuera del alcance de quienes pretenden la energía para beneficio colectivo y no para unos cuantos sectores de la hidroelectricidad.

Con base en el nuevo Plan de Expansión en Transmisión  y Generación que va hasta el 2029, considero que llegó el momento de parar el juego sucio del cartel del agua para iniciar la era de las energías limpias, que nos servirán dentro del propósito de incentivar renovadas fuentes de producción de energía a costos más económicos tanto para el inversionista como el usuario final y tener una relación más amable con nuestro medio ambiente.

En materia de generación, para “el período 2021- 2029 se requerirá un incremento de la capacidad instalada del país y dentro de las opciones contempladas se identificó una expansión que incluye la  instalación de nueva capacidad hidroeléctrica y una proyección de crecimiento de plantas menores”, según el gobierno nacional.

Con base en este postulado, la Upme trabajó en el diseño y formulación de 8 escenarios que integran diferentes fuentes de generación eléctrica, desde las tecnologías tradicionales como las plantas térmicas a base de carbón e hidroelectricidad, hasta la incorporación de fuentes renovables no convencionales como la producción eólica, ubicada principalmente en La Guajira, la geotermia, la biomasa y la generación solar fotovoltaica, tal como lo dispone la ley 1715 del 13 de mayo de 2014.

Nos satisface tal determinación, pero no dejamos de sentir un resquemor producto del retraso de dos años  que tenemos en la reglamentación de la ley de energías limpias, porque esos 24 meses sirvieron para que continuara reinando la mafia del agua en el país cuando hubiésemos podido contrarrestarla con fuentes renovables no convencionales. Desafortunadamente dejamos de hacer uso de un instrumento legal de inmensos y múltiples beneficios para el panorama energético nacional.

El Ministro Tomás González Estrada nos ha explicado que para la identificación de opciones orientadas a diversificar la matriz de generación de energía eléctrica, se estableció que dichas fuentes renovables no convencionales podrían implicar un beneficio para la demanda, dependiendo del porcentaje de penetración, brindando de paso confiabilidad y desplazando generación más costosa.

De acuerdo con las obras de transmisión definidas en el plan que demandarán una inversión de 167 millones de dólares, la infraestructura para interconectar los 3.131 megavatios eólicos que se proyectan desarrollar en La Guajira tienen un costo aproximado de 700 millones de dólares. Se contempla que los proyectos eólicos aumenten la capacidad de generación en un 20%, una quinta parte de la capacidad de energización actual con una fuente renovable diferente al agua. Estoy convencido de que frente a la coyuntura presente y futura lo que más nos conviene es el desarrollo de las energías limpias, con cooperación internacional. Por favor visite  www.josedavidname.com o escríbame a  jname@josename.com

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Hemos tenido apagada la prevención y estamos a punto de quedar sin luz

Columna de opinión del senador José David Name.

Hace dos semanas la planta hidroeléctrica de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, en Guatapé, Antioquia, registró un incendio en su casa de máquinas que implicó dejar al país al borde del apagón eléctrico.

El sistema eléctrico nacional se encuentra en condición de discapacidad por la inadecuada planeación energética de los últimos 20 años.

El exceso de confianza y la imprevisión, pero también el juego maquiavélico de ciertos funcionarios públicos de alto rango combinado con el afán de lucro del denominado cartel del agua, agravan el problema del desarrollo inadecuado del sector.

Tenemos hoy los efectos desastrosos del Fenómeno de El Niño y del cambio climático, que colocan nuestro sistema hidroeléctrico en un 30 por ciento de su capacidad real de generación, lo cual sería un inconveniente relativamente sencillo de superar si existiera la oferta de gas natural que requiere el parque térmico del país para cubrir sin alarmas la demanda existente.

Actualmente al sistema eléctrico no se le puede quitar un pelo porque se desploma. Hay riesgo de racionamiento en horas pico, de acuerdo con el Ministro Tomás González.

Días atrás por una decisión judicial se suspendió la planta de El Quimbo y temblaron las bombillas. Se restableció y la calma volvió. Al quedar por fuera Guatapé que aporta el 4 por ciento de la energía que consume el país, regresaron las angustias. A las carreras el gobierno salió a negociar la compra de 7 gigavatios diarios al Ecuador para conjurar el apagón. No obstante prevalece la inestabilidad de la palanca.

Guatapé genera 560 megavatios en ocho unidades que se reparten la cifra en porciones iguales, es decir 70 megavatios cada una. Se prevé que en mayo operen nuevamente dos unidades (140 MW)  y que en junio se reactiven otras dos (140 MW), para 280 MW en 4 meses, hasta alcanzar en septiembre el 100 por ciento la capacidad total. Hablamos de 7 meses de emergencia en Guatapé, a lo que se añade que faltan 60 días o más de dureza de El Niño.

El petróleo, el gas, el carbón, la hidroelectricidad y lo nuclear han brillado como fuentes energéticas tradicionales. En Colombia, lo vengo diciendo con insistencia, es urgente cambiar la ecuación energética.

Nuestra prioridad debe ser la producción de energía a partir de las fuentes eólicas, solar, geotérmica y la biomasa. Tenemos la ley 1715 del 13 de mayo de 2013, de la cual fui autor y ponente en el Congreso.

¡Qué tristeza! Ver al país nuevamente expuesto a un apagón eléctrico. Vuelve a demostrarse la falta de previsión y la poca osadía para cambiar la ecuación de la que hablo. Ante el Niño y sus efectos sobre el recurso agua, Colombia debía estar preparada con energías limpias.

Pero el gobierno se demoró dos años en emitir primeros decretos y reglamentar la ley 1715 de energías limpias. Toda la actualidad eléctrica es culpa de la Creg y del Viceministerio de Energía que solo le caminan al cartel del agua.

Llegó el momento de que Colombia cambie su excesiva dependencia del gas natural y el agua para producir electricidad. Mientras el mundo habla de las energías limpias y destina millonarios recursos a su desarrollo, Colombia está a punto de apagarse.

Las energías solar y eólica son las más económica e inmediata solución a la crisis energética colombiana. Si no hay desarrollo de energías limpias, siempre estará amenazado el progreso económico y social del país.

La Línea de interconexión con Ecuador se concibió para apoyar sistema eléctrico ecuatoriano y ahora el alumno supera al maestro. Ecuador ha tenido mejor planeación energética y por ello hoy nos puede suministrar electricidad vía interconexión.

La torpeza en la prevención de problemas solo muestra a Colombia como un país atrasado energéticamente, sigamos el ejemplo de Ecuador. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a  jname@josename.com
 

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Farc en política deben dejar armas y tener a la Fuerza Pública al pie

Columna del senador José David Name.

En un proceso de paz tan complejo como el que se sigue con las Farc, no sólo por los temas que deben sortearse sino por los enemigos ocultos y visibles, lo que menos debe hacerse es volverlo vulnerable ante la opinión pública y los partidos opositores.

Insisto en mi tesis de que en Colombia somos escasos para la prevención y abundantes en la reacción después de los hechos, pero cuando todo se ha consumado de qué vale la justificación.

En ese contexto, considero que debió estar cargada de previsiones y prevenciones lo de la visita de voceros de las Farc a La Guajira, en el marco de una supuesta socialización del proceso con los distintos frentes, convenida hace algunos meses en La Habana.

Pero no. Hubo exceso de confianza de parte y parte. Faltó ser más explícitos con la sociedad colombiana respecto de lo que ocurriría cuando comenzaran las visitas. Además de La Guajira, se habla de Romaña en otro escenario. Semanas atrás hubo 4 desembarcos desde Cuba pero el asunto no pasó a mayores.

El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo que en esta ocasión se trató "de una metida de patas" de las Farc y que la organización debía unas disculpas a la población por lo que ocurrió. Pero también debe pedirlas el gobierno por dejar que pasara.

La versión digital del 19 de febrero de El Tiempo, dice que desde La Guajira el presidente Juan Manuel Santos advirtió que "las Farc deben concentrarse en finalizar los puntos de negociación que hacen falta para que el 23 de marzo próximo se ratifique como la fecha del fin del conflicto armado, en lugar de hacer proselitismo político con armas, como en el caso de La Guajira, y acabar con la confianza en el proceso de paz".

Comparto el tono enérgico presidencial a propósito de la salida en falso de las Farc en la Península, pero creo que al margen del episodio proselitista armado nos habíamos retrasado en ir poniendo sobre las ies los puntos urgentes para la firma de la paz, justo el próximo 23 de marzo.

Si bien las Farc han solicitado al gobierno nacional superar el incidente de La Guajira para concentrarse en los ajustes finales a la terminación del conflicto, debe quedar muy claro que no se puede repetir ese desafío al orden establecido, a la Fuerza Pública y a la autoridad civil. Mucho menos debe permitirse otro despliegue mediático como el que se acaba de dar, no por censurar a la prensa sino por evitar más dolores inútiles a las víctimas del conflicto.

Creemos que los voceros competentes deben responder las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación sobre el suceso del jueves pasado, yendo más allá de la simple expresión de que las visitas obedecían a unas autorizaciones del año pasado para hacer pedagogía en los campamentos de las Farc sobre la paz. Pregunto ¿las autorizaciones se dieron dejando constancia de que no podía haber proselitismo sin armas ni alejados de la vigilancia de la Fuerza Pública ni del control de gobernadores y alcaldes?

La declaración oficial de los negociadores del gobierno expresa: "En la última visita, el grupo encabezado por Iván Márquez, ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad, en la plaza principal de un corregimiento como ocurrió en el Conejo". ¿Por qué fue imposible que no pasara?, nos preguntamos muchos.

Las visitas ya fueron suspendidas por instrucciones de la Presidencia y la violación que se dio es inaceptable en palabras del propio gobierno y en nuestra opinión. Respaldamos la paz pero la dignidad del Estado no se puede pisotear ni la palabra empeñada en lo que va de los acuerdos debe ser menoscabada nuevamente. Por favor visite  www.josedavidname.com o escríbame a    jname@josename.com

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“No podemos seguir de brazos cruzados mientras el hambre mata a más niños en La Guajira"

“Consejo de Política Social debe 

declararse en sesión permanente 

ante crisis humanitaria en La Guajira

 

“Si hay movilización por la paz,

Colombia entera debe salir en ayuda 

de los niños de La Guajira

 

“El Estado no puede seguir 

doblegado  ante la muerte de niños 

por hambre en La Guajira”

 

El Senador de la República por el Partido de La U, José David Name Cardozo, dijo este martes que el país no puede cruzarse de brazos ni ponerse a lamentar o a llorar simplemente, cuando en La Guajira no se detienen las muertes de niños y niñas por hambre.

“Hay que reconocer algún tipo de reacción de las autoridades nacionales y locales para proveer agua potable en las zonas más difíciles del departamento y llevar algo de raciones alimenticias a las rancherías indígenas más deprimidas, pero lo que se hace es insuficiente porque lo que se requiere es una solución de fondo liderada por el Presidente de la República y todas las agencias sociales del Estado, porque de lo contrario desaparecerá por completo la esencia futura de la cultura Wayuu que son los niños de hoy”, indicó el expresidente del Senado.

El Senador Name Cardozo manifestó que en este orden de ideas el Presidente Juan Manuel Santos debe convocar de urgencia al Consejo Nacional de Política Social y declararlo en sesión permanente para trabajar soluciones inmediatas y de fondo capaces de resolver la crisis humanitaria de La Guajira.

“En el país nos movilizamos por distintas causas, lo hacemos con desprendimiento y profundo sentido de la solidaridad; ahora nos movilizamos para apoyar el proceso de paz y aprovecho este momento para decirle a la población que hacer paz y contribuir a la reconciliación también es manifestarnos por el fin de la desnutrición de la población infantil de La Guajira, no dejemos que se mueran más niños y niñas”, indicó el legislador barranquillero.

“El Estado no puede seguir doblegado ante las muertes que se anuncian diariamente; el gobierno que nos representa tiene en este grave problema humanitario, uno de sus más grandes desafíos y una de las mayores pruebas a su capacidad para erradicar los males que como el hambre exterminan nuestro recurso más preciado, el ser humano”, expresó el Senador Name Cardozo.

“Lo que ocurre con La Guajira indigna, conmueve, invita a desplegar grandes esfuerzos; por ello pienso en una Fuerza Pública y Militar que igualmente se moviliza con sus hombres y equipos de transporte para entrar de lleno a La Guajira y ayudar a resolver la crisis humanitaria en el departamento”, sostuvo el congresista.

 

José David Name Cardozo

Senador de la República

Partido de La U

Bogotá D.C. Febrero 09 de 2016

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Situación de crisis en economía es una oportunidad para crecer

Columna de opinión del senador José David Name.

"Pensemos creativamente en un mayor desarrollo industrial": senador José David Name.

Existen buenas razones para ser optimistas, pero la coyuntura que registra el mundo mueve nuestras preocupaciones e inquietudes respecto del presente y futuro de la economía colombiana.

Sin duda nos afecta lo que ocurre en el mercado minero energético, porque la volatilidad en los precios del petróleo y la caída de los que corresponden al carbón y al ferroníquel, golpea gravemente nuestro horizonte de ingresos, paraliza la inversión extranjera en el sector, hace que escaseen los dólares, recorta el presupuesto de las regalías hacia las regiones y provoca el efecto dominó en el aparato productivo interno.

Con un dólar bordeando los 3.500 pesos y una inflación superior al 6 por ciento, vemos una industria doméstica resentida al igual que una actividad de comercio exterior disminuida en sus expectativas. El dólar alto pone a ganar a muy pocos, mientras que una carestía hacia arriba, erosiona la capacidad adquisitiva de las personas y presiona el consumo a la baja.

Reconocemos una situación de crisis, pero la entendemos no como la hora del colapso sino de las grandes oportunidades para zafarnos de la dependencia del petróleo y de otras fuentes energéticas, de tal manera que pensemos creativamente en un mayor desarrollo industrial, en el equilibrio de la balanza comercial, la substitución de importaciones, el fortalecimiento del turismo y la reivindicación de la actividad agropecuaria.

Aunque ha sido favorable el desempeño del tercer trimestre de 2015, la Anif mantiene su pronóstico de crecimiento del 2.8% para ese años, a raíz de la desaceleración que ocasiona la vulnerabilidad del sector externo en el cuarto semestre. Para 2016 se calcula un crecimiento del 2.5% y en el peor de los casos puede ser del 2% por los efectos que puedan tener los problemas macrofinancieros y bursátiles internacionales en el inicio del año. El gobierno confía en una tasa del 3%.

El Ejecutivo supone que el campo, la construcción, la industria y las ejecuciones en infraestructura, son clave para proteger e incentivar el crecimiento económico del país, particularmente por lo que ocurre con la devaluación que favorece las exportaciones agropecuarias e industriales.

No obstante, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advierte que "la devaluación no puede enmascarar los problemas de competitividad que tiene el mercado nacional. Los problemas y los retos están ahí, y nos preocupa que la tasa de cambio enmascare los problemas de la estructura industrial colombiana". En opinión del gremio, tiene que avanzarse en la superación de los inconvenientes en materia de infraestructura, contrabando, y defensa comercial, entre otros factores.

Si bien el hecho de que tengamos la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, que observemos 56 días consecutivos sin incidentes con las Farc y el proceso con esta guerrilla marche hacia la firma de un acuerdo en marzo próximo, con notable respaldo de la comunidad mundial, influyen en un ambiente propicio para los negocios y la producción, tenemos que redoblar los esfuerzos para ser superiores a las adversidades que nos plantea un mundo exterior en conflicto.

En este contexto es deseable evitar que las regiones, departamentos, distritos y municipios vean lesionadas sus expectativas de desarrollo por cuenta de lo que sucede con los ingresos nacionales, particularmente ahora cuando se inician nuevos gobiernos locales.

El viernes pasado el presidente Juan Manuel Santos extendió un mensaje de optimismo en torno al desempeño de la economía y a los beneficios de los programas sociales emprendidos por el Gobierno, y dijo que tiene claro el rumbo de desarrollo económico, empleo y paz hacia el cual está conduciendo al país. "Tenemos turbulencias pero sabemos cuál es nuestro puerto de destino y cómo llegar a él", indicó el Primer Mandatario. Queremos creer que es así.

Para destacar tenemos también que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, resaltó "el saludable incremento de la inversión privada en el Producto Interno Bruto de Colombia, el cual es el más alto entre las mayores economías de la región, medido en el lapso 2011-2015". Días atrás el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, sostuvo que Colombia es uno de los puntos brillantes de la economía de Latinoamérica y del mundo.

El momento actual requiere más que nunca unidad nacional, profundizar la lucha contra la pobreza, innovar en el campo empresarial, acelerar los emprendimientos, persistir en la austeridad inteligente del Estado, promover y hacer realidad el progreso de nuestras regiones, así como sellar la paz y reconciliación entre los colombianos. Así podremos despejar las preocupaciones e inquietudes que hoy rodean el presente y el futuro social y económico del país. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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La paz, los nuevos gobiernos locales y el año que empieza

Columna de opinión del senador José David Name.

Bogotá D.C., enero 8 de 2016.- Estamos listos para pasar la página del año 2015, que culmina para el país con mejores resultados en términos de orden público, un notable descenso en la tasa de homicidios, la celebración de una Navidad relativamente tranquila y un mayor optimismo de los colombianos.

Sería torpe negar que el ambiente de convivencia pacífica que se respira se debe al osado proceso de paz que decidió emprender el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc y a la consistencia de la tarea de nuestra Fuerza Pública para defender cada uno de los rincones del país.

Cerramos esta vigencia fiscal con unos diálogos de La Habana que han logrado frutos en temas muy álgidos como el de la justicia, las víctimas y la dejación de las armas, entre otros aspectos frente a los cuales existía mucho pesimismo.

Sin embargo, los negociadores han superado los escollos y hoy visualizamos la fecha del 23 de marzo de 2016, como el día de la firma del trascendental acuerdo de paz. Debemos seguir animando a todas las partes, porque como diría el exministro Humberto De La Calle "ya es más difícil devolverse que llegar al fin del conflicto".

Nada le conviene más a Colombia que acabar la guerra. Las voces de apoyo provienen de todas partes del mundo. El Papa Francisco, los países amigos desde cada continente, las organizaciones sociales internacionales, la ONU, la OEA, los sectores empresariales, inversionistas mundiales, todos tienen sus ojos puestos en Colombia y todos le apuesta a nuestra paz.

Otro compás de tranquilidad lo abre desde España el jefe de la guerrilla del ELN, alias Gabino, cuando dice que ya hay una agenda acordada con el gobierno y se espera que a comienzos del año entrante se haga público el diálogo de paz con quienes han sido encomendados para esta labor por el Presidente Santos.

Tenemos la certeza de que todo va a salir como lo espera la mayoría de los colombianos, que creemos saldrán masivamente a las calles a votar afirmativamente el apoyo al proceso de paz. Nosotros en el Congreso de la República hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance para contribuir al proceso y ahora con el Partido de La U hacemos el proselitismo requerido para que los colombianos voten por el SÍ a la paz.

Dentro del engranaje que está articulándose para que la paz no tenga reversa, se erigen como piezas fundamentales los nuevos gobiernos locales que se inician este primero de enero de 2016.

De allí los llamados que se le han hecho desde el gobierno nacional a los nuevos gobernadores y alcaldes, para que trabajen coordinadamente con los ministerios y las entidades descentralizadas de la Nación, de tal manera que los proyectos que desde las regiones tienen incidencia en la paz y el posconflicto antes que debilitarse, se fortalezcan.
Saludo la llegada de los nuevos mandatarios de la Región Caribe colombiana, les deseo el mayor y mejor de los éxitos en las gestiones que inician. Les brindo mi colaboración desde el Senado de la República y ante el gobierno nacional. Estoy seguro que no serán inferiores a las responsabilidades que asumen.

El 2016 será un año de grandes desafíos y el de la confirmación de la paz. Sigamos trabajando unidos por un país más desarrollado y próspero, libre de odios y enfrentamientos estériles. Que haya disenso pero para construir progreso y no para destruirnos unos a otros. Unidos todos podemos lograr una Colombia grande y reconciliada. Gracias por la atención brindada durante el 2015 y que todos tengan salud, muchos triunfos y múltiples bendiciones en 2016.
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Colombia le da la espalda a generación con energías limpias

Columna de opinión del senador José David Name

Los colosos del mundo han acordado que a partir de 2020 transferirán 100 mil millones de dólares a aquellos países que tienen más comprometido su futuro con el cambio climático y de paso ponen en riesgo al resto del mundo.

Ayer domingo comenzó en París la reunión ministerial preparatoria de la Cumbre Mundial de Presidentes sobre clima. Por lo pronto, hasta mañana martes esta avanzada de Ministros de Medio Ambiente o Energía busca preparar el camino hacia el esperado acuerdo global de diciembre, capaz de frenar unos días más catastróficos para el planeta.

¿Y qué hacemos en Colombia? Poco. Muchos ruidos y pocas nueces. Discursos bien nutridos de palabras, pero un poder Ejecutivo parco, que se contradice entre sí y tiene muy poco que mostrar en la práctica. El legislativo cumple con lo que le corresponde, hacer las leyes. Sin embargo, las reglamentaciones que debe expedir el gobierno se quedan en letra muerta.

Es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la ley 1715 de mayo 13 de 2014, conocida como la ley de energías limpias. Es de mi autoría y llenó todos los requisitos constitucionales y legales para su aprobación. En un año debía ser reglamentada, pero el plazo venció hace varios meses. De manera inexplicable.

El Presidente Santos está con una agenda hasta el tope con los asuntos de la paz, pero en la Casa de Nariño opera un ejército de funcionarios y asesores que está para agilizar todos los asuntos de Estado de tal manera que el mandatario solo da el toque final para refrendar lo que los expertos diseñan. Pero nada.

El Ministro de Minas y Energía, Tomás González, parece muy conciliador, receptor, busca las explicaciones pertinentes y asiste a las reuniones que se le invitan, lo cual es loable. No obstante, las situaciones se mantienen en el mismo punto. Los viceministros tampoco avanzan y de ahí para abajo, mucho menos que menos mejora el panorama.

Para colmo de males la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, cuyo nombre da la impresión de ser el órgano que todo lo resuelve con la jerarquía del caso, termina siendo cuna de múltiples decepciones.

La Creg requiere una alta dosis de sulfato ferroso para superar la anemia que padece, problema que tal vez es el responsable del desánimo que la embarga a la hora de regular y favorecer a los menos protegidos.

La abulia (del griego clásico αβουλία que traduce No Voluntad) que evidencia la Creg, ya nos está causando diversos problemas.

El tema del precio del gas natural, a pesar de circunstancias mundiales que obligan a variar criterios que tercamente se siguen aplicando, pone a los sectores productivos y residenciales, a la inversión y a la competitividad en serios problemas en la Costa Caribe, por ejemplo.

La vulnerabilidad del sistema eléctrico, más allá de la facilista percepción de que todo obedece a un periodo de sequía, tiene su base en las imprevisiones de las autoridades eléctricas, la complacencia con los carteles del agua y las mafias de la hidroelectricidad. Es responsabilidad de un secular modelo centralista del sector eléctrico, frente al cual nada raro sería que tomara la excusa de la sequía para manipular llaves y compuertas con el objetivo de cerrar el mercado a sus propios intereses.

Una de las conclusiones es que el Ministerio y la Creg parecen estar de acuerdo con que el país le dé y le siga dando la espalda a las denominadas energías limpias. Que su reglamentación no sirva para dañarles el negocio a los hidroeléctricos y otros grupos, lo cual a todas luces es inadmisible e inaceptable. Esperamos que el Presidente Santos en medio de su apretada agenda, también abra un espacio para pacificar las aguas del sistema eléctrico que desde hace tiempo se han vuelto turbulentas. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame ajname@josename.com

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Apareció la alcaldesa, aquí mis sugerencias

Columan de opinión del senador José David Name

"Lo dije interpretando un sentir comunitario, lejos de querer molestar a la alcaldesa. Mi mensaje fue para ella, que es la cabeza, no para terceros ni para subalternos a quienes escasamente la alcaldesa conoce."


Si Barranquilla, como dice la ONG Transparencia Colombia, representa una de las alcaldías con menores riesgos de corrupción en el país, ¿a qué le puede temer la administración distrital cuando se le habla del alto costo que tiene amasar una creciente tasa de inseguridad ciudadana?

Cuando uno es transparente lo es para todos los efectos e incluso cordial para hablar con sus contradictores y en especial con quienes le hacen críticas constructivas, que en últimas se vuelven la mejor ayuda en el ejercicio de lo público, especialmente cuando los gobiernos terminan y se quiere salir dejando huellas imborrables.

Dije en mi columna la semana pasada que en Barranquilla "el fenómeno delincuencial es alarmante. El miedo de la ciudadanía no es rumor callejero, se evidencia en cada barrio, en cada casa o apartamento que uno visita en el norte, centro, sur, oriente y occidente de Barranquilla. Es un pánico generalizado el que se vive en la capital del Atlántico y su Área Metropolitana."

Lo dije interpretando un sentir comunitario, lejos de querer molestar a la alcaldesa. Mi mensaje fue para ella, que es la cabeza, no para terceros ni para subalternos a quienes escasamente la alcaldesa conoce. Además, lo que manifesté es lo que aparece todos los días en los medios de comunicación, entonces porqué el funcionario de marras que me respondió no cuestiona esas informaciones.

Para ayudar a pensar en la inseguridad que nos golpea, más que criticar, hice las siguientes preguntas que repito: ¿Qué nos está pasando? ¿En dónde está el Comité Distrital de Orden Público? ¿Cuál ha sido el rumbo de la inversión social? ¿Se están investigando los orígenes de la ola criminal que nos azota? ¿Es gente de la ciudad y si es de aquí de qué barrios procede? ¿Cuál es la inteligencia que hacen los organismos de seguridad del Estado al respecto? ¿Por qué el 73 por ciento de los capturados a los pocos días está en libertad? ¿Quién se está equivocando en el manejo de la seguridad distrital?

Expuse e insisto en que la seguridad ciudadana es un tema de política pública, que va mucho más allá de la presencia de la Policía en las calles o de los operativos que oficiales y agentes efectúen para capturar bandidos e inescrupulosos asaltantes. En ese sentido el liderazgo lo debe ejercer la alcaldesa, quien no debería exaltarse ni terminar regañando y alzando la voz a la Policía en público. Nuestra respetuosa sugerencia es que convoque a todos los sectores con ella al frente, para que entre todos resolvamos los dos temas que más golpean la seguridad ciudadana: delincuencia y movilidad.

Además, es importante repensar el Comité de Orden Público, revisar el papel de la Secretaría de Gobierno y de su titular, así como el del Alto Consejero de Seguridad Ciudadana porque desde que se fue el doctor Guillermo Polo Carbonell, repito, se perdió el enlace más sano que podía tener la administración con la Policía y el resto de los organismos de seguridad. Es decir, falta un diálogo más fluido y confidente con quienes garantizan la seguridad.

Rodear a nuestras autoridades, incluyendo la alcaldía distrital, es fundamental y en ese contexto es vital que si se convoca a los públicos internos de la ciudad, se invite al gobierno nacional y a su Consejo de Seguridad a que acompañe el proceso que quiere darse en Barranquilla para recuperar las garantías a la seguridad ciudadana.

Por qué puede ser negativo para la imagen de la alcaldía que lleguen a Barranquilla el Presidente de la República, su ministro de Defensa y los comandantes de la Fuerza Pública, a impulsar la seguridad. Pienso que es lo mejor que podemos hacer. Uno debe pensar en la ciudad de hoy y no en futuras candidaturas presidenciales.

Por contar con ese acompañamiento ciudades como Medellín han logrado que en más de 40 días de este año, no se registren homicidios y los robos se reduzcan ostensiblemente. Lo mismo ha ocurrido en el puerto de Buenaventura, asediado por la violencia.

Necesitamos parar las disputas y trabajar en equipo. Que hacemos ideándonos letreros bonitos a la entrada de la ciudad, para qué construimos un nuevo puente sobre el río, por qué se decidió levantar el Centro de Eventos de Convenciones Puerta de Oro, qué sentido tiene mejorar el aeropuerto, si vamos a ser incapaces de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos que van a pie como los que van en carro y otros medios de transporte. Nadie vendrá entonces a visitarnos ni querrá invertir en un territorio que es propio de la delincuencia.

Señorita alcaldesa: la respeto y valoro como mujer y autoridad de nuestra ciudad. Aquí nadie quiere atacarla, por el contrario queremos ayudarla como siempre lo hemos hecho desde nuestra condición de legislador y servidor público. Estamos listos a aportar, como muchos otros barranquilleros de buena fe. Convoque y estaremos presentes. Por favor visitewww.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Los gobiernos que siguen son claves para la paz y el futuro desarrollo nacional

Columna de opinión del senador José David Name

"Seguiremos empeñados en la labor que nos corresponde ": senador José David Name.

Barranquilla, octubre 26 de 2015.- Colombia salió adelante en un nuevo desafío electoral para renovar las autoridades locales que gobernarán del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Lo hizo en un ambiente de paz, solo empañado por el asesinato de un soldado en Antioquia. Sin embargo, para destacar como lo dijo el senador Antonio Navarro, que por primera vez en muchas décadas las Farc no atentaron contra sedes electorales por la casi total desaparición de la confrontación armada gracias al acuerdo que está a punto de firmarse con esta guerrilla tras los diálogos de La Habana.

Para gobernación, alcaldía, asamblea, concejo y JAL, hubo entre 9 y 28 millones de votos, de un potencial de 33 millones 792 mil 602 electores, lo que nos indicaría que la abstención rondó entre el 39 y el 45 por ciento, que sigue siendo un guarismo alto. Ya se ha escrutado el 99.82 por ciento de las mesas instaladas en el país.

Aunque somos de las democracias más estables de América Latina, Colombia aún debe promover una profunda reforma que cierre las distorsiones que aún imperan en el ejercicio de la actividad política y electoral, una de las cuales es la falta de auténtico control en las gastos de las campañas. Por ello el expresidente Gaviria dijo a la hora de votar el domingo que en algunas regiones los gastos de campaña eran realmente insólitos.

En esos términos, la democracia se vuelve precaria e inmadura. Se enferma a sí misma por acción y reacción. Ese es un riesgo demasiado grande para unas estructuras de gobierno que aún tienen que librar arduas batallas contra la pobreza y la inequidad y debe, desde lo local, sentar las bases sólidas para una paz estable y duradera, poco permeable a nuevos conflictos de sangre.

Debo reconocer la pertinencia de la actuación presidencial para manejar y coordinar desde la Casa de Nariño la intervención de las autoridades competentes en la lucha contra la corrupción electoral. En los últimos días fueron decomisados más de 1700 millones de pesos destinados a prácticas irregulares, se anularon más de un millón y medio de cédulas inscritas ilegalmente y se detuvieron a por lo menos 115 personas entre candidatos y actores de la contienda señalados por la comisión de delitos.

Afortunadamente, al final de la tarde, no hubo inconvenientes en el cierre y la Registraduría Nacional del Estado Civil a cargo del doctor Carlos Ariel Sánchez, dio a conocer los resultados dentro de los pronósticos establecidos y en concordancia con las expectativas ciudadanas.

Con casi 113 mil candidatos inscritos para 32 gobernaciones, 1.102 alcaldías y curules a Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales, Colombia atendió exitosamente su nueva cita con la democracia.

Mis sinceras felicitaciones a los ganadores, han merecido la confianza ciudadana y el país espera de ellos lo mejor de sus capacidades profesionales y personales, con óptimos equipos de gobierno, para que sus propuestas se materialicen a corto, mediano y largo plazos, en reales iniciativas de desarrollo socio económico.

El desafío es tan grande como intenso el trabajo que deberá abordarse para cumplir en los próximos 4 años las promesas hechas durante la agitación electoral. Como Partido Social de Unidad Nacional, La U, hemos obtenido resultados satisfactorios y en aquellos departamentos, distritos y municipios donde no favorecieron las cifras, saludamos a quienes fueron beneficiarios del respaldo ciudadano. Respetamos el triunfo.

Seguiremos empeñados en la labor que nos corresponde en el Senado de la República y prestos a mantener el apoyo que urge la Región desde el Legislativo para salir adelante.

En el caso de la Costa Caribe, necesitamos más integración requerimos un grupo de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles actuantes y consecuentes con lo que demanda este momento de la vida nacional para no continuar fracasando en la ejecución de políticas que mejoren la calidad de vida y eleven los indicadores de bienestar colectivo.

Por el bien de la paz y el futuro de nuestra Patria y sus regiones, que bastante lo necesitan. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Todos pensamos en el cambio climático

Columna de opinión del senador José David Name

"Nos falta un mayor esfuerzo": senador José David Name Cardozo.

Barranquilla, octubre 13 de 2015.- El pasado fin de semana los líderes de la economía mundial se reunieron en Lima, Perú, identificando cuántos millones hacen falta para la creación de un fondo climático. Dedicaron también un capítulo especial a la evasión fiscal de las multinacionales.

En Colombia las autoridades ambientales y el Presidente Juan Manuel Santos han encendido las alarmas ante la certeza de que el Fenómeno de El Niño se extenderá hasta el mes de marzo de 2016, lo que hará más grave la escasez de agua.

La obligación es ahorrar agua y luz porque la falta del líquido es una amenaza para el sistema nacional de acueductos y saneamiento básico, al tiempo que pone en peligro la generación hidroeléctrica por el descenso en los embalses.

El panorama es más preocupante si tenemos en cuenta que la oferta de gas no es la misma de antes y los generadores térmicos, golpeados también por los altos precios del energético, no pueden hacer el mismo aporte que hacían antiguamente en momentos de sequía.

El cambio climático ocasiona nefastas consecuencias para la actividad agropecuaria, porque la precariedad del riego genera baja producción agrícola y ello incide en la oferta a municipios pequeños y medianos, así como a las grandes ciudades que ya sienten el peso de la inflación o el incremento de precios.
La Costa Caribe llega a unas temperaturas asfixiantes que pueden ser mortales para personas con trastornos cardiovasculares y / o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En otras zonas como la sabana de Bogotá, se registran por momentos fríos intensos e igualmente indicadores altos de infección respiratoria aguda.

Se conjugan la preocupación por el futuro inmediato del proceso de paz, la estabilidad de la economía, el control de la inflación, el manejo de la devaluación del peso, la inseguridad en los centros urbanos y la violencia que desatan en algunas regiones las bandas criminales, pero se destacan los afanes del Gobierno Nacional para que nada se desborde y por fortuna la selección de fútbol inicia con pie derecho su camino al mundial de Rusia 2018, lo cual genera algo de alegría en medio de la turbiedad de las aguas agitadas.

Las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, se han concentrado en la reactivación de la economía global, pero también en definir cómo se reunirán los dineros para fijar límites al calentamiento. La urgencia la determina que estamos a dos meses de la cumbre mundial sobre el clima en París y deben tenerse las cuentas claras. A la banca de desarrollo tipo Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, BID, les cabe una gran responsabilidad en la materia.

De acuerdo con la OCDE, la ayuda financiera a los países en desarrollo contra el cambio climático logró los 62.000 millones de dólares en 2014, que es algo más de la mitad de la meta de 100.000 millones fijada para 2020. Los líderes de la economía mundial aguardan que se concreten unos compromisos financieros mayores.

Conseguir la financiación para ser más efectivos en la lucha contra el cambio climático es una prioridad indiscutible. Nos complace que los ministros de Hacienda de las grandes potencias hayan aprobado superar vacíos legales que permiten a las multinacionales eludir impuestos en los países donde operan. Si captamos más recursos más tendremos para que el clima esté bajo control.

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presidido por el colombiano Luis Alberto Moreno, escuchamos voces a favor de duplicar el financiamiento para el cambio climático, confiando en llegar a un 25 o 30 por ciento de sus aprobaciones a 2020.

A la fecha, 17 gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Colombia, y caribeños, han presentado sus Intenciones de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, previo a la COP21, la cumbre climática en París a fines de 2015. La nueva meta financiera climática del BID busca apoyar a estos países a cumplir esos compromisos. Esperamos que así sea. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a
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Me gusta esta Colombia que sueña con la paz y piensa en un mejor futuro

Columna de opinión del senador José David Name

¿Cuánto tiempo tenemos en guerra? Vamos llegando a los 60 años de conflicto armado. ¿Cuántos muertos nos ha representado la violencia ideológica? Cerca de 220 mil víctimas. ¿Cuál es el volumen de las pérdidas políticas, económicas y sociales? No hay cifra que se le compare.

¿Por qué siento tanto entusiasmo hoy? Porque por fin podemos divisar las luces de la paz al otro lado del túnel. ¿Es sólo una victoria para el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos? Es un triunfo del pueblo colombiano que mayoritariamente votó por el proyecto político de la paz y le confió un segundo mandato para que hoy el mundo celebre con viva emoción los acuerdos que se logran y se divulgan desde La Habana, Cuba.

Igualmente me entusiasma, reconforta y enorgullece ser parte del Partido Social de Unidad Nacional, La U, porque se está ratificando como el partido de la paz sin impunidad y porque con su madurez, sentido de la civilidad política y vocación de servicio a la comunidad necesitada, consolida una ruta de fortalecimiento que se ve representada en la mayoría disciplinada y coherente que actúa y se hace sentir en el Congreso de la República.

En contra de los odios y resentimientos y hasta envidias de algunos sectores, Colombia es un país que avanza en sus postulados de paz, educación y equidad, los tres pilares del nuevo Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País".
Colombia es hoy una Nación que paulatinamente deja los guarismos de pobreza que atormentaron a otras administraciones y escala hacia una sociedad de clase media dinámica e innovadora que le apuesta al sostenimiento del crecimiento económico, al conocimiento, a la investigación y a la identidad común para que unidos alcancemos niveles más altos de bienestar social.

Me gusta esta Colombia que hoy es alumbrada por un sol distinto y duerme cada noche más tranquila porque en lugar de pensar en balas, bombas y narcotráfico, amanece acariciando la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro en paz y con evidentes oportunidades de progreso.

Sí, me gusta esta Colombia que sueña con la paz cercana y sienta las bases de los mejores tiempos por venir. De la mano de un gobierno y unos partidos políticos que desde la concordia de la llamada Unidad Nacional vela por el finiquito de tres grandes males por erradicar definitivamente de nuestro horizonte: Violencia, corrupción y pobreza.

Lo que ocurrió el pasado 23 de septiembre en La Habana, Cuba, con el anuncio sobre el acuerdo con las Farc respecto de la justicia transicional y la firma del fin del conflicto al cierre del primer trimestre de 2016, es decir dentro de seis meses, es la más hermosa melodía para quienes preferimos los sonidos de la paz que el estruendo de las bombas y las metralletas.

Prefiero las emboscadas de la felicidad que la sangre derramada por quienes se esconden en la maleza de la selva, sea cual fuere su motivación ideológica. Me gusta más el ruido de los niños jugando y riendo en los parques y colegios, el sonar de las fábricas que generan empleo y bienes y servicios, las familias que unidas construyen una memoria de región y de país y la buena voluntad y solidaridad de un colectivo social que empuja para el progreso de todos.

Hemos pasado la prueba de uno de los grandes escollos del proceso de paz: la justicia para quienes han cometido graves delitos en medio del conflicto armado. Ahora será más fácil concluir el tema de los mecanismos de refrendación y la verificación de la entrega de armas, así como la vinculación a la actividad política del grupo que se reintegra a la vida civil.

Mucha de la buena salud que tenga de ahora en adelante el proceso de paz, dependerá en gran parte de lo que ocurra en el Congreso de la República con los acuerdos y las reglamentaciones legales pactadas. Allí estaremos para hacer los aportes necesarios en aras de que esta versión de la historia nacional se escriba con la grandeza requerida. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Lo que va de la Ministra Abello y su gestión, a una salida en falso en su contra

Columna de opinión del Senador José David Name

Tengo un profundo respeto por las mujeres que se desempeñan como ministras dentro del gabinete del Presidente Juan Manuel Santos.


Primero por su condición femenina, segundo porque son excelentes profesionales y tercero porque cumplen a cabalidad su gestión, en medio de las dificultades que implica un país como el nuestro.

Con ellas se puede disentir, se tienen discrepancias cuando el Ejecutivo y el Legislativo estudian iniciativas de importancia nacional y regional, pero en el fondo hay que reconocerles probidad, valentía y carácter para enfrentar los temas y superar los momentos adversos. Sin rencores.

Guardo particular admiración por las ministras que representan al Caribe colombiano, las doctoras Cecilia ÁlvarezCorrea Glenn y Natalia Abello, a quienes trato de colaborarles lo más que puedo en el Congreso de la República para el logro de las metas que se han propuesto en el trámite de leyes que benefician a los sectores comercio, industria, turismo y transporte. No solo porque se trata de ellas, sino porque favorecen al país y especialmente a la Costa Norte.

Con la Ministra de Transporte, Natalia Abello, mantengo unas relaciones de alta cordialidad y, sin ser los grandes amigos, hemos podido generar coincidencias respecto de asuntos de su cartera que deben ser movidos con agilidad para que puedan funcionarle a tiempo a los departamentos del área continental del Caribe.

Considero que la doctora Abello viene haciendo una importante labor para sacar adelante temas fundamentales dentro del proceso de desarrollo nacional e incluso es exitosa a pesar de soportar el mal ambiente laboral que se evidencia en la cartera a su cargo. Ella no se arredra ante nada, ni siquiera ante lo complicadas que resultan las relaciones con su superior.

Por ello me ha sorprendido en cierta manera el "Ministricidio" que se quiso poner en marcha en contra de la doctora Abello, quien en un acto de sensatez y atención a los más altos intereses nacionales, tuvo que apretarse el cinturón dada la precariedad de los recursos públicos para la vigencia fiscal de 2016. Lo hizo hablando con quien tenía que hablar, el Ministro de Hacienda. Sin peleas ni controversias al aire. Con respeto, como lo ha pedido el Presidente Santos. Lavando los trapitos sucios en casa.

En algunos ámbitos del poder local se pensó en mover el ajedrez ministerial antes de tiempo. Es decir, ensillar antes de tener la bestia, como dice el adagio popular. Se anunció con bombos y platillos que la señora Ministra de Transporte, Natalia Abello, sería reemplazada después de las elecciones de octubre.

Se equivocaron en la jugada porque el mismo Presidente Santos salió a desvirtuar públicamente el rumor y de inmediato se calmaron las aguas relacionadas con la llegada al ministerio de otro destacado dirigente y joven líder barranquillero, el doctor Jaime Pumarejo Heins. Lo entusiasmaron y ahora lo dejan esperando.

Los promotores del tema y del cambio ministerial parece que no conocieran un poco al Presidente Santos, a quien esos rumores de pasillo lo incomodan bastante. Ahí es cuando sale a relucir verdaderamente quién es el dueño del balón y quién dirige el poder en el país.

Además desconocen también que nadie en Colombia a quien anuncian como ministro con tanta anticipación, por muy ilustre que sea, es nombrado en la cartera. Es la típica jugada con la que queman a alguien. Se fueron en blanco, dejaron de destacar la buena gestión de la Ministra Abello para relevarla del cargo pero en última lo que concretaron fue una salida en falso. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame ajosename@josename.com

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Ley de energías limpias tiene un enemigo oculto dentro del mismo gobierno

Carta del senador José David Name 

Barranquilla septiembre 14 de 2015
Doctores
Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Edgardo Mayo Villazón
Contralor General de la República
Bogotá D.C.

Apreciados doctores:

Como responsables de dos de los órganos de control más importantes de nuestro país, me dirijo a ustedes para exponerles una preocupación respecto de situaciones que vienen obstaculizando la cabal aplicación de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014, de la cual fui autor y ponente en el honorable Congreso de la República de Colombia.

Con esta legislación se abrió paso en el país una nueva era en materia de energías alternativas o energías renovables, como bien lo señaló en la ciudad de Cartagena el día que la sancionó el señor Presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón

La ley 1715 de 2014 tumba barreras económicas de entrada a las tecnologías de generación a través de novedosos mecanismos que aprovechan nuestros recursos naturales sin afectarlos y expide incentivos para aquellos colombianos que decidan invertir en este tipo de opciones para sus inmuebles o su actividad productiva".

El 2 de septiembre del año 2014, el actual Ministro de Minas y Energía doctor Tomás González dijo que el gobierno nacional estaba dispuesto a "promover la generación de fuentes no convencionales de energía renovable y gestiones eficientes de energía, mediante la expedición de lineamientos de política energética, regulación técnica y económica; además, de implementar un programa destinado a sustituir progresivamente la generación con diésel en las Zonas No Interconectadas con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y las emisiones de gases contaminantes".

Es absolutamente claro que mediante esta Ley se declaran las energías renovables como asunto de utilidad pública, de interés social y de conveniencia nacional, dado el carácter substancial que tiene la utilización de estas fuentes no convencionales en la protección del medio ambiente y en el uso eficiente de la energía.

La Ley sancionada busca también establecer planes de actuación para fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no sean susceptibles de reutilización y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en Zonas No Interconectadas (ZNI), y el potencial de la geotermia y la energía solar.

El ámbito de aplicación de la ley cobija a todos los agentes públicos y privados que intervengan en la definición de políticas sectoriales en el desarrollo y el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el fomento da la gestión eficiente de la energía, y en la prestación del servicio de energía eléctrica y sus actividades complementarias conforme a lo dispuesto en las leyes 142 y143 de 1994 y demás normas complementarias

Pese a los beneficios e impacto positivo que la ley prevé, el Ministerio de Minas y Energía ha dejado vencer el plazo que se establecía en la norma para la expedición de los decretos reglamentarios de rigor, lo cual contrasta con la voluntad que en todo momento expresó el Ministro González.

Lo anterior me lleva a pensar que en el gobierno nacional hay un enemigo oculto de las energías limpias o renovables y creo que no me equivoco al señalar al doctor Carlos Fernando Eraso, actual Viceministro de Energía, como la persona que a espaldas de su jefe mueve los hilos de su influencia para favorecer a los miembros de la mafia de la hidroelectricidad en el país, a quienes no les gusta un ápice el desarrollo y reglamentación de la ley 1715, al punto que tengo entendido que desde el ministerio se pretende expedir una resolución sancionatoria contra empresarios que autogeneren electricidad.

No reglamentar la ley 1715 causa un enorme daño a Colombia y a los sectores productivos amigos del medio ambiente, así como a los proyectos de inversión que en el exterior aguardan las normas correspondientes. Por eso les pido encarecidamente que dentro de las competencias que les corresponden, investiguen ustedes qué ocurre con la reglamentación aludida e impongan los correctivos y sanciones a que hubiere lugar,

Cordialmente,

José David Name Cardozo
Senador de la República.

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Entre el desarrollo de las TIC y las energías renovables en el país

Columna de opinión del senador José David Name

Complace que al margen de los hechos que perturban la tranquilidad nacional, también se den otros acontecimientos alentadores para el desarrollo nacional y la preservación del medio ambiente como aporte al progreso.

A instancias del Congreso Internacional de Andicom en Cartagena, el gobierno reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la economía digital en el país. La idea es que a 2025 seamos una de las tres naciones más innovadoras de América. Para lo cual hemos pasado de ser un país de digitalización transicional a uno de digitalización avanzada, que es la mejor categoría en la clasificación de la OCDE.

Importante que en el caso de la Región Caribe las gobernaciones, alcaldías de ciudades capitales y el sector privado se pongan a trabajar en el diseño de los Clúster TIC, haciendo énfasis en la vocación de cada uno de los departamentos y centros urbanos.

En Cartagena se hizo el lanzamiento de la selección TI Colombia, que con 14 grandes jugadores de la industria del desarrollo de software canalizará una inversión inicial de 10 mil millones de pesos para reclutar nuevos proyectos empresariales en el sector.

Por su parte, el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, confirmó que a 2018 serán invertidos 22 billones de pesos en la industria de la tecnología y las comunicaciones con el apoyo del Estado.
¿Cuál es la idea del gobierno? Que el sector de las TIC ayude a descubrir soluciones a los retos que tiene el país. Por ejemplo, según el director del DNP aquí no se contabiliza el 41 por ciento del consumo de agua ni existe un sistema de información satelital para registrar las más de 120 mil hectáreas de bosque perdidas. Del mismo modo urge un sistema que apoye la recaudación de 8.7 billones de pesos de las regalías. Todo lo anterior se puede resolver con base en las TIC.

Las proyecciones son muy interesantes. Un objetivo es triplicar las conexiones a banda ancha, pasando de 9,7 millones a 27 millones y lograr una cobertura de 4G a los 1.102 municipios del país y alcanzar las 1.000 zonas Wi-Fi públicas y una cobertura del 100 por ciento del territorio con televisión digital (terrestre y DTH).

En otro campo en el que se dan tendencias de alto valor positivo es en el de las energías renovables o limpias, para lo cual propuse y logré que se aprobara en el Congreso la ley 1715 sancionada el año pasado en Cartagena y que tiene algunas normas expedidas para su reglamentación en los últimos dos meses.

Leo en Portafolio que se abre paso en Colombia el desarrollo de la energía fotovoltaica, una tecnología que usa la radiación solar y la transforma en energía eléctrica con fines industriales, comerciales y residenciales, lo cual en Estados Unidos se volvió un recurso de notable aplicación pero mucho más en Alemania y China que son los que más invierten en el sector.

Para qué sirve, en concreto, la energía fotovoltaica. Se puede utilizar en alimentar centrales locales de telefonía, electrificación rural, sistemas de bombeo de agua potable y de riego, encendido de boyas de navegación marítima, recarga de vehículos eléctricos, energización de edificios de vivienda y oficinas y dotación de postes SOS con teléfonos de emergencia, entre otros usos.

En nuestro país damos los primeros pasos y ya encontramos empresas en Cundinamarca como Smart Green, Itaco Energy e Hybrytec, que promueven proyectos modelo que incentivan el uso de la energía fotovoltaica, lo cual podemos ver convertido en realidad gracias a la ley 1715..

Para mí es muy satisfactorio que el periódico Portafolio comente que "en Colombia, gracias a la Ley 1715 de 2014, la empresa, institución o el particular que desee instalar un montaje de este tipo, demostrando que contribuye con la preservación del medio ambiente, gozará de beneficios tributarios, como la exención del IVA para la compra de los insumos; y si adicionalmente el proyecto es calificado como ambiental, durante los siguientes cinco años será subsidiado hasta el 50 por ciento de la inversión total realizada".

Por fortuna podemos seguir transmitiendo el acontecer cargado de noticias buenas, como las que se dan en los dos escenarios que les he narrado. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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Bicentenario de la Carta de Jamaica: Colombia y Venezuela unidas como homenaje a Bolívar

Columna de opinión del senador David Name

Debo hacer una confesión. Cuando estalló el conflicto fronterizo con Venezuela y se repetían las imágenes de los atropellos contra los colombianos que salían del vecino país, experimenté una gran indignación que crecía con las palabras casi que ofensivas del Presidente Nicolás Maduro.

Me dividía entre el sentimiento colombiano y la dignidad que debía guardar como Senador de la República y más aún como miembro de la Comisión Segunda que hace control político a las relaciones exteriores y a la seguridad nacional. No fue fácil conservar la calma, pero lo logramos y para ello fue necesario regresar a la historia.

Con mi equipo recordamos la gesta del Libertador Simón Bolívar y esa célebre frase suya: "La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino". Aquí se derrota cualquier ánimo de resquebrajar la hermandad colombo – venezolana.

Caímos en cuenta que el próximo 6 de septiembre se cumplen 200 años de la célebre Carta de Jamaica, uno de los grandes documentos que escribió el Libertador en respuesta a Henry Cullen, comerciante de esa isla de origen inglés. Bolívar contestaba una comunicación que Cullen le dirigió el 29 de agosto de 1815 preguntándole sobre el futuro americano.

En aquel entonces Bolívar hizo una radiografía de lo que le ocurría a Venezuela, relatando:

"En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos, y sus devastaciones tales, que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa; no obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de la América. Sus tiranos gobiernan un desierto; y sólo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, alimentan una precaria existencia; algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. Los más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven, combaten con furor en los campos y en los pueblos internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva".

Doscientos años después lo que pasa en Venezuela nos duele profundamente y sin querer meternos en asuntos internos, nos preocupa que la confrontación entre sus dirigentes y la gravísima coyuntura social y económica que atraviesan nuestros vecinos, con el encarcelamiento de opositores y restricciones severas a la libertad de expresión y movilización, nos regresen a aquellos tiempos que describía el Libertador Simón Bolívar.

Próximos a una jornada electoral que representa algún tipo de riesgo para el actual gobierno venezolano, se recurre a los colombianos para tapar los males que allí existen bajo el argumento de una supuesta presencia paramilitar y el traspaso de productos de ese país a nuestro territorio por la zona fronteriza de Cúcuta y Paraguachón en La Guajira.

Dije en una reciente declaración que soy partidario de intensificar la lucha binacional contra la delincuencia que pueda afectar a ambas naciones y acelerar medidas que frenen el comercio ilícito, incluyendo el de los combustibles. Pero para presionar acciones más contundentes, de ninguna manera puedo estar de acuerdo con los maltratos, las deportaciones y las repatriaciones con alto sentido de injusticia social, sin medir si hay niños, niñas y ancianos.

Desde el primer momento he respaldado la prudencia del señor Presidente Santos y de su Canciller María Ángela Holguín y después de un pronunciamiento que hice reclamando que rodeáramos a nuestro Jefe de Estado, celebro que los partidos políticos y los gremios empresariales hayan cerrado filas en torno de las decisiones que se han tomado desde la Casa de Nariño.

Quiero felicitar a la Cancillería y al Ministerio del Interior por el Puesto de Mando Unificado instalado en la frontera, destacar la oportuna presencia del Presidente Santos en la zona y los anuncios que se han hecho para la atención humanitaria de los más de 7 mil colombianos que han regresado, así como las acciones para no descuidar la situación social y económica de la región. Me complace que 3 mujeres unidas por sangre y afectos a Barranquilla, las Ministras Cecilia ÁlvarezCorrea y Natalia Abello, y la Directora del DPS, Tatyana Orozco, estén en la coordinación de gran parte de esas tareas.

Este lunes la Organización de Estados Americanos, OEA, analizará nuestra crisis fronteriza. Las Naciones Unidas han hecho un llamado al diálogo cordial y la Unasur anuncia para el 3 de septiembre la reunión de Cancilleres para abordar el tema. El Presidente Maduro ha dicho que cuando él lo quiera y donde quiera, está dispuesto a reunirse con su homólogo colombiano. La comunidad internacional se ha movilizado para promover la paz binacional y nosotros rodeamos en un todo a nuestro gobierno. Confiamos en que Colombia y Venezuela sigan siendo naciones hermanas. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.co

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A debate en Comisión II situación de colombianos deportados de Venezuela

El Senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo, radicó en secretaria de la comisión II de Senado una proposición solicitando a la Canciller María Ángela Holguín que explique a esta célula legislativa la situación que padecen actualmente los colombianos deportados de Venezuela.

“Necesitamos que la Canciller nos informe a los miembros de la comisión qué tipo de medidas diplomáticas han iniciado para la pronta solución de esta crisis y para salvaguardar los derechos humanos de los Colombianos residentes en el vecino País” Manifestó el Senador José David Name Cardozo.

Ver aquí proposición realizada

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Dar comida en mal estado a niños

"Un crimen que no puede quedar en impunidad": senador José David Name.

Barranquilla, agosto 24 de 2015.- En algún momento tenía que estallar este vergonzoso escándalo de corrupción con los dineros del Plan de Alimentación Escolar, PAE, que moverá más de 4 billones de pesos a 2018 en departamentos y municipios colombianos, bajo la administración del Ministerio de Educación Nacional.

Los primeros indicios se dieron con las muertes que han ocurrido en el departamento de La Guajira, y luego con los productos contaminados que se distribuían en el Chocó, pero la joya de la corona resultó ser un informe de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico, que confirmó lo mal que andaba el PAE en nuestra tierra. A excepción del municipio de Santa Lucía, en donde ha venido operando de buena forma.

En Colombia el Programa de Alimentación Escolar opera en las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC). Para el 2015 se definieron 2 modalidades: una con operación centralizada desde el Ministerio de Educación Nacional y la otra Descentralizada, en la que las ETC asumen la ejecución. Durante el 2013 y 2014, existió una tercera modalidad, en la cual se contó con el apoyo del ICBF para operar a través de un Convenio Interadministrativo, algunas de las ETC.

La semana pasada, durante una visita al municipio de Puerto Colombia, la Ministra de Educación Gina Parody, acompañada del señor Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le puso el cascabel al gato y dio por terminado los contratos suscritos para los departamentos de Atlántico y Bolívar, al igual que el de la Fundación Kabala del Cesar, todo por una cifra del orden de los 27 mil millones de pesos.

La Unión Temporal Alimentar la integran la ONG Fundaenlace y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica), que través de su representante Alejandro Hernández firmó el respectivo contrato con el Viceministro Luis Enrique García.

La responsable de supervisar estos dos contratos en el Ministerio de Educación Nacional, era la Subdirectora de Permanencia Martha Elena Herrera Cifuentes, quien aparentemente lanzó las alertas del caso para que esa cartera conjuntamente con la Defensoría del Pueblo adelantara la investigación que se divulgó recientemente sobre el PAE en 13 municipios de los departamentos de Atlántico, Chocó y La Guajira, y otros de Bolívar.

El diario El Tiempo en su edición del domingo 16 de agosto de este año, publicó dos interesantes trabajos periodísticos que daban cuenta del mapa de la corrupción que maneja los planes de alimentación escolar en el país y los contratistas a través de los cuales se mueven miles de millones de pesos para la entrega de raciones contaminadas, incompletas y en mal estado muchas veces.

En muchas de mis columnas y trinos, desde hace algún tiempo he venido denunciando situaciones anómalas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y La Guajira, amén de lo que ocurre en el Chocó y otras latitudes, relacionadas con las deficiencias de la alimentación escolar y otros programas administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me complace ahora que el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

El domingo 16 de agosto, expedí una declaración en la que decía que Colombia debe y tiene que reaccionar con energía frente a esa inmisericorde corrupción. A renglón seguido el Presidente Juan Manuel Santos no vaciló en pedir que cayera todo el peso de la ley sobre quienes se roban los dineros del PAE.

Si unos organismos de control han hecho lo de su competencia, tienen la información a la mano, y se han identificado contratistas y sectores políticos inescrupulosos, ahora esperamos que la Fiscalía General de la Nación actúe dentro de lo que le corresponde porque el país quiere ver juzgados, condenados y encerrados a quienes cometen uno de los crímenes más graves en los que se puede incurrir contra el futuro del país: nuestros niños y niñas. Más injusto aún si se trata de una población en condición de vulnerabilidad.

Una interventoría contratada con la Universidad de Antioquia muestra cerca de 54 mil hallazgos pequeños y grandes en el concierto nacional, de los cuales 27 mil son de tipo técnico, 11.500 responden a pésimas condiciones de infraestructura y 4.578 se conectan con deficiencias respecto de la gestión social y la participación ciudadana en tareas de control y supervisión.

En el caso del Atlántico, la Secretaría de Salud departamental dio a conocer un informe con los resultados microbiológicos de 210 muestras tomadas a los alimentos en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, encontrando contaminación en más del 70 por ciento de ellos por presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias.

La Gobernación del Atlántico no puede lavarse las manos y mucho menos su Secretario de Educación, Carlos Prasca, quien debería retirarse para responder ante las autoridades competentes, así como también declinar su candidatura a la Rectoría de la Universidad del Atlántico. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame ajname@josename.com

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UniAtlántico requiere acreditación de alta calidad con urgencia

Columna de opinión del senador José David Name

 

Si hay algo que es imposible pasar desapercibido es lo que ocurre en la Universidad del Atlántico. Están en juego muchos asuntos y es una prioridad incuestionable e inaplazable permanecer atentos a su desenvolvimiento.

En primer lugar, la Universidad del Atlántico maneja un presupuesto apreciable y una capacidad de contratación de personal y de proyectos importante, razones por las cuales el control político y ciudadano es de obligatorio cumplimiento, máxime si trata de una de las instituciones de educación superior pública de mayor impacto en el Caribe colombiano.

En segundo término, sus más de 20 mil estudiantes de distintos departamentos del Litoral y del Atlántico, esperan una institución de puertas abiertas a la cultura democrática que les entregue todas las herramientas suficientes para adquirir los conocimientos que permiten un desarrollo profesional de constante apoyo a la región y al país, en su propósito de construir paz, generar equidad e impartir una educación de alta calidad.

En ese contexto, es indispensable contar con un Consejo Superior, una rectoría, un equipo de decanos, asesores y funcionarios, así como profesores y estudiantes, comprometidos con una universidad pública que gradúa excelentes profesionales hombres y mujeres, dispuestos a devolver con creces lo que en ella adquirieron para su crecimiento personal, espiritual y laboral.

Lo que menos necesita nuestra Universidad del Atlántico es ser testigo de los bochornosos espectáculos que se han dado a su alrededor en las últimas semanas, durante los cuales se excedieron los voltajes de energía empezando por los de la Ministra de Educación, Gina Parody.

Luego de la salida de la señora Ana Sofía Mesa, se generó una designación de rector por encargo que creímos sería pertinente para ese momento y adecuada en el tránsito hacia un nombramiento en propiedad.

Todo indica que el proceso no transcurrió como se esperaba y se torció a la mitad del camino. Lástima porque era una Oportunidad de Oro para enderezar las cargas.

Hubo mucho ruido y pocas nueces, en el marco de unas controversias y unas situaciones en las que la única perdedora es la Universidad del Atlántico. A mí el volumen de cifras repartidas y la multitud de folios regados para justificar comportamientos no me convencen.

Es conveniente que a la mayor brevedad posible el Ministerio de Educación concluya y divulgue los resultados de la reciente investigación que hizo en la Universidad, para verificar conductas supuestamente anómalas.

Mientras ello ocurre - esta semana indagaré en Bogotá con la Ministra Parody en qué van esas conclusiones - debo expresar mi complacencia porque el Consejo Superior ante la indignación de todos los estamentos de la sociedad civil intervino poniendo fin a un encargo y decidiendo otro en la Rectoría de la Universidad.

Me cuentan que la nueva Rectora (e), la doctora Rafael Vos Obeso, es una mujer profundamente defensora de los derechos de su género, que conoce la Universidad, formada en la investigación, amante de la planificación, en una palabra, preparada para afrontar los desafíos de la academia y superar sus retos. Así lo esperamos todos los atlanticenses. Éxitos le deseamos en la gestión que inicia.

Una de las tareas urgentes, además de allanar la ruta para nombrar al Rector en propiedad, es avanzar en la acreditación institucional de alta calidad. El tiempo no puede seguir pasando sin lograr ese objetivo para la Universidad del Atlántico. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

 

 

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Congreso que en el fuego cruzado de la paz y la guerra legisla para todos

Bogotá D.C., julio 21 de 2015.- Nadie nos aseguró que sería fácil. Pero tampoco nos dijimos que fuera un imposible cumplir la agenda legislativa gubernamental ni la que es iniciativa de los honorables Senadores y Representantes a la Cámara.

El día de mi posesión como Presidente del Honorable Congreso de la República, manifesté que asumía el compromiso de promover las leyes para la paz y la unión de todos por un nuevo y mejor país.

Impulsados por la trascendencia histórica de nuestro pasado y la difícil coyuntura nacional, iniciamos el periodo legislativo 2014 – 2018 conscientes de los múltiples inconvenientes que encontraríamos en el camino, incluyendo la nefasta voluntad de quienes son devotos de que al Congreso de la República le vaya mal.

Entendemos hoy que nos hemos situado en una época que será pieza fundamental de nuestra memoria histórica, porque se caracterizó no solo por profundizar el quehacer legislativo y los debates de control político en procura de salvaguardar las instituciones, despejar las dudas ciudadanas y garantizar la maduración de nuestra tradición republicana, sino por el celoso cumplimiento de los más sagrados valores y principios que encarnan quienes están investidos del espíritu del legislador que a conciencia construye bienestar colectivo.

A esta legislatura le dimos el acento que queríamos por ser la primera del cuatrienio que preside Juan Manuel Santos Calderón, con cuyo equipo de gobierno abordamos intensas jornadas de trabajo para facilitar las decisiones que señalan la ruta del Ejecutivo nacional.

Este Congreso fue impecable en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, porque le entregó al gobierno las herramientas con las que ahora cuenta para responder cabalmente a su papel de ejecutor.

En este primer año de legislatura se hizo sentir también el poder político de los partidos y de las distintas regiones, como es el caso del Caribe y el Pacífico que hicieron valer sus derechos como Comisiones Accidentales de Senado y Cámara. Nos enorgullece haber presidido un Congreso que se preocupó por absolver y resolver miles de preocupaciones y peticiones de la comunidad.

La Presidencia del Congreso fue irrestricta con el manejo cuidadoso y adecuado del Presupuesto, con menos recursos, fue posible adelantar una mejor gestión. Logramos devolver a la Hacienda Pública nueve mil diez millones de pesos para contribuir a otros temas de la agenda de paz y el cese del conflicto armado.

Frente a las instituciones pudimos culminar exitosamente la elección del Contralor General de la República y del nuevo Consejo Nacional Electoral.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la ley Estatutaria de Salud, el Presupuesto General de la Nación 2015, la ley de Protección de Derechos de las personas con discapacidad, la ley para promover el acceso a los servicios financieros transaccionales, la ley de apoyo pesquero, la ley de asignación presupuestal de regalías, la ley por medio de la cual se adopta la cátedra de la paz, la prórroga de la ley de orden público, el nuevo Estatuto Tributario, la ley de vigilancia a la educación superior, la ley para facilitar la ejecución de obras de infraestructura, la ley de financiamiento de la rama judicial, la ley contra el feminicidio, las nuevas normas anticontrabando, la reforma a la justicia penal militar, el acto legislativo por medio del cual se adopta una reforma de poderes y reajuste institucional, la aprobación del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del Pacífico, y el TLC entre Colombia y la República de Corea del Sur, hacen parte de un portafolio legal que hoy ve la luz al otro lado del túnel a pesar de quienes presagiaron el naufragio si no de todos, de la mayoría de proyectos incluidos. Qué alegría que el parte a la Nación sea positivo producto del deber cumplido.

Seguimos confiando en la superación de los desafíos que implica para Colombia, un Congreso de la República bajo el fuego cruzado de la guerra y la paz que hace leyes para la equidad, la educación y la reconciliación. Somos optimistas y creemos en el progreso de Colombia.

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¿Quién responde en el gobierno por el crimen contra niños del Atlántico?

Barranquilla, julio 15 de 2015.- Desde hace varios años se presentan quejas por la mala calidad de los alimentos que se suministran a jóvenes e infantes en los colegios públicos del Atlántico. Pero el asunto no ha pasado a mayores. Todo queda en investigaciones anunciadas, sin responsabilidades de ningún tipo.

Ahora el caso es mucho más grave porque el problema de alimentos contaminados y mal manipulados por los operadores contratados para tales efectos, se amplía a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, y a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Falta por evaluar lo que ocurre con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que es regulado por el Ministerio de Educación y cuenta con operadores contratados por esta cartera.

La nueva y escandalosa situación que ocurre con la alimentación suministrada a los menores de edad, fue revelada por la Secretaría de Salud del Atlántico el pasado miércoles 8 de junio durante sesión del Consejo de Política Social de la Gobernación.

Los municipios que fueron objeto de evaluación y dieron resultados negativos son Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí, en donde el año pasado y el primer semestre del 2015 se tomaron muestran que arrojaron mal pronóstico en el 80 por ciento de las instituciones evaluadas.

En los 17 municipios se recolectaron 1.386 muestras que indican la presencia de distintas bacterias, entre las cuales se destacan moho, salmonela y coliforme, lo cual indicaría que a niños y a jóvenes los han venido envenenando con toxinas de diversos tipos que dan lugar a enfermedades graves e incluso podrían conducir a la muerte en el peor de los casos.

El anuncio no puede quedarse en la simple apertura de una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo ni en la sola queja del Gobernador del Atlántico para que se sigan realizando inspecciones e invitaciones a entidades a que participen del proceso dirigido a mejorar el proceso.

Urge que a futuro recompongamos, sí, es esencial que no se repita ni se mantenga en el tiempo el lamentable episodio que nos ocupa de años atrás. Pero si bien hay que corregir, también es cierto que es indispensable establecer responsabilidades respecto de lo que ocurrió para llegar al estado que puso al descubierto la Secretaría de Salud departamental.

En el ojo del huracán está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que en el caso del Atlántico se encuentra en interinidad desde hace un tiempo largo y ha sido administrado por sectores políticos que se han apartado de la filosofía original de la entidad para beneficiar a sus afectos y a organizaciones comerciales que están en la cadena de suministros de alimentos. El ICBF tiene que responder con claridad a las denuncias que se han hecho, porque no basta que diga que hará un acompañamiento a la Gobernación para optimizar la manipulación de los alimentos.

En el tema del suministro de alimentos se mueven muchos miles de millones de pesos y detrás de esos jugosos presupuestos se esconden mafias regionales que acaban con los recursos y dejan en el limbo el cumplimiento de los nobles y generosos postulados de las políticas que los inspiran, como recientemente dijo el Presidente de la República Juan Manuel Santos, quien ante un respetable auditorio en Bogotá expresó que era necesario darle un "Tatequieto" a esas mafias regionales que se llevan los dineros para beneficio personal.

Necesitamos entonces que ese "Tatequieto" empiece por el Atlántico, con denuncias penales que instauren el señor Gobernador del Atlántico, la señora Directora General del ICBF, y el señor Defensor del Pueblo, entre otros, o que la Fiscalía General de la Nación abra los procesos de oficio mediante las informaciones que han sido divulgadas por los medios de comunicación social.

Comparto lo que dijo EL HERALDO en su editorial del sábado pasado en el sentido de que "este es un tema que amerita la mayor rigurosidad, responsabilidad y control, puesto que está en juego la salud de los niños que reciben estos alimentos. Ellos tienen derecho a la seguridad alimentaria, y el propósito de los programas de asistencia alimentaria es, justamente, ayudar a garantizársela y contribuir a su adecuada formación y desarrollo".

Habrá que revisar la salud de los millares de niños que se supone han sido "envenenados" con estos alimentos llenos de bacterias, pero también hay que establecer las responsabilidades penales y administrativas del caso e ir al fondo de lo que existe detrás de operadores de alimentos irresponsables. A la pregunta de quién responde en el gobierno nacional, departamental y local por el crimen alimentario contra los niños y jóvenes del Atlántico, hay que tener explicaciones inmediatas.

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No hay fórmula mágica, pero tenemos que firmar la paz o hacer la guerra

La guerrilla ha colocado el proceso de paz frente al pelotón de fusilamiento. La confianza de los colombianos respecto de los diálogos que se siguen en La Habana, Cuba, está hoy en su nivel más bajo.

No es para menos. A la mano tendida, las Farc han respondido con terrorismo y muerte de oficiales, soldados y civiles inocentes. A través de acciones premeditadas.

Pruebas fehacientes de lo que digo la constituyen el asesinato de 12 militares en el Cauca hace pocas semanas y la actividad destructora contra oleoductos, así como el derrame de 10 mil barriles de petróleo al río Mira que provoca el daño ecológico más grave en toda la historia republicana de nuestro país.

Esas son solo algunas de las más de mil acciones terroristas de las Farc en medio del diálogo de paz con el gobierno. Lo de la tregua unilateral de la guerrilla el pasado mes de diciembre, fue una fugaz golosina para quien ansía dulce. Los sistemáticos ataques de los últimos 15 días hacen prácticamente imposible un cese bilateral al fuego.

Como reza el refranero popular, jamás hemos creído que alcanzar la paz sean tan fácil como quitarle el pelo a un gato pero si teníamos la esperanza de encontrarnos con una cúpula guerrillera realmente comprometida con la reconciliación y cansada de la guerra.

Una guerrilla que abandonó su romanticismo ideológico por la extinción de la lucha de clases y asumió el conflicto armado como la única vía para lograr el poder, tuvo que aliarse con el terrible delito del secuestro y la nefasta práctica del narcotráfico para financiar el terrorismo y las emboscadas contra la legitimidad. Después de eso, la única salida es la reintegración a través del acuerdo de paz.

Cada día el terrorismo y sus consecuencias para la sociedad, pierden cualquier tipo de sustentación racional que pretenda dárseles. Quienes siguen en esa conducta están condenados a caer algún día víctimas de su invento, sin conocer el perdón.

Desde todos los continentes, el mundo se ha movilizado en favor de la paz en Colombia. Desde las grandes potencias hasta las naciones más modestas, han unido sus voces en procura de un proceso que debería dar frutos jugosos al desarrollo, a la equidad, a la educación y a la tranquilidad para disfrutar la geografía en la que nacimos y vivimos.

De allí que millones de colombianos hayamos acogido con entusiasmo y convicción el proceso de paz planteado por el Presidente Juan Manuel Santos, luego de la política exitosa de seguridad democrática que restableció el orden público e hizo retornar la confianza inversionista. Habiéndonos colocado en el terreno de la prosperidad democrática, el riesgo era apostarle a la reconciliación definitiva o a una guerra inútil con pequeños frentes terroristas.

Sin exceso triunfalista, nos sentamos a dialogar en La Habana en donde se han logrado acuerdos importantes respecto de la agenda establecida. Las negociaciones parecen haberse estancando en el punto de víctimas, pero se cree que podrían anunciarse alentadoras noticias al respecto en próximos días.

Como demócratas y fervorosos creyentes de que la convivencia pacífica es el único y real camino para la transformación política, el desarrollo económico y la estabilidad social, somos aliados de la solución negociada dentro del conflicto.

Sabemos que no hay fórmulas mágicas para firmar la paz, pero no podemos quedarnos en la "patria boba" de los diálogos interminables que en lugar de voces reconciliadoras alimentan la angustia de la guerra. Queremos la paz, apoyamos la paz, desde el Congreso contribuimos a ella. Sin embargo, es la hora de las definiciones: o firmamos la paz con elementos mínimos de justicia, perdón y olvido o el país se nos muere en la guerra. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame ajname@josename.com

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Una gestión legislativa para transformar al país y la vida de los colombianos

Barranquilla, junio 22 de 2015.- Ha culminado la primera legislatura del cuatrienio gubernamental de Juan Manuel Santos Calderón, correspondiéndome el honor de presidirla con un balance altamente positivo para nuestra institucionalidad y el desarrollo socioeconómico de Colombia.

El periodo que termina es fundamental porque en su transcurrir marca el énfasis de gobierno y define la ruta por la cual ha de transitar con base en actos legislativos y leyes que renuevan y/o fortalecen nuestro andamiaje constitucional y legal.

En mi discurso de posesión afirmé que este sería el Congreso de la Paz por el histórico acuerdo que se tramita en La Habana con la guerrilla de las Farc y la responsabilidad que tenemos respecto de la validación de los propósitos reconciliadores y el tránsito hacia una etapa de posconflicto, que será tanto o más complicada que la propia guerra que hemos sufrido, porque dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer para su erradicación definitiva.

En el primer año del nuevo gobierno, en el Congreso de la República han convergido las iniciativas más poderosas con las que el Ejecutivo y el Legislativo avanzan en la consolidación de la democracia, apoyándose en las distintas fuerzas políticas que desde la óptica del consenso y el disenso logran la visión de una patria que madura, se reforma y transforma para el bienestar de todos los colombianos, en un clima de convivencia pacífica y pujanza económica.

En todo momento el constituyente primario tuvo la oportunidad de hacerse sentir, porque el Congreso le abrió las puertas de una manera cotidiana y cercana, en concordancia con los planes de modernización, eficiencia y eficacia institucional que impusimos desde el primer día de nuestra gestión, que tiene tres ejes esenciales:

1) Reformas indispensables en el contexto político a través del acto legislativo de equilibrio de poderes; 2) Apoyo a las finanzas públicas mediante la ley de mecanismos de lucha contra la evasión de impuestos, que es básica en el sostenimiento de los ingresos frente a una difícil coyuntura de caída en los recursos que provienen del sector minero - energético; y 3) La dotación de instrumentos legales para la adecuada operación y ejecución de los proyectos del Ejecutivo, a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País".

Durante el periodo fueron presentados 191 proyectos, de los cuales 168 (88%) eran proyectos de ley y 23 (12%) correspondían a actos legislativos. Las temáticas con mayor número de proyectos fueron: Laboral 16, salud 13, educación 12, medio ambiente 9, seguridad social 6 y comunicaciones 5.

La historia recordará al actual Congreso con sello particular, al tener por primera vez en los más de 200 años de vida republicana dos partidos de oposición muy bien definidos desde la izquierda y la derecha, un expresidente de la Nación en la conducción de uno de ellos y unos partidos de la llamada Unidad Nacional que le dieron coherencia y transparencia al ejercicio de control político y aprobación de leyes para el progreso.

Las garantías para las bancadas se vieron reflejadas en su punto más alto durante la votación púbica y nominal de cada uno de los proyectos que así lo requirieron dada la necesidad de esclarecer el contenido de las leyes en los debates generados. En este contexto el Ejecutivo – Legislativo – Sociedad Civil tuvieron una interesante dinámica.

Como Presidente del Senado establecí una relación directa y estrecha con los presidentes de las distintas comisiones legislativas, lo que permitió coordinar las actividades del periodo y el orden en cada una de las fases que vive el Congreso.

Del mismo modo pudimos incidir en el fortalecimiento de la regionalidad colombiana y en el caso de la Costa fue palpable con la creación de la Comisión Accidental del Caribe, que nos sirvió para dar debates de primer orden en temas como las tarifas del servicio de gas natural y de energía eléctrica, además del mejoramiento de condiciones en la prestación de ambos servicios, así como lo que se refiere a infraestructura, atención a la población pobre y reactivación del sector agropecuario.

Pudimos hacer más robusta nuestra comunicación con los ciudadanos y la atención a sus múltiples solicitudes. Todo lo cual fue posible gracias al compromiso de la Mesa Directiva del Senado, la labor infatigable de los funcionarios, trabajadores y contratistas del legislativo, el apoyo de la Presidencia de la República y sus ministros y las diferentes agencias del Estado, al igual que el permanente acompañamiento de los medios de información impresa, virtual, audiovisual y radial. A todos nuestra profunda gratitud.

Por último quiero significar la importancia del manejo estricto y adecuado de los recursos por parte de la Presidencia del Senado, lo cual demostró que se podía cumplir bien la tarea. Además de aprovechar para el fortalecimiento institucional del Congreso, trabajamos sobre su positiva percepción y el papel que debe jugar ante los diferentes actores de la vida nacional. Con menos recursos hicimos más gestión. A la hacienda pública devolvimos más de 9 mil 010 millones de pesos, para contribuir con los temas referidos a la paz y el cese de la lucha armada. Me voy de la Presidencia del Senado profundamente satisfecho y agradecido con mis compañeros de mesa directiva Jaime Durán Barrera y Teresita García Romero, y con todos los colegas de corporación. Un respaldo que conservo en el corazón. Seguimos en la lucha.

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La paz que se escurre como el agua entre las manos

Lo he dicho en varias oportunidades y lo repito hoy en otro de los momentos críticos que vivimos del proceso de paz en Colombia: si en un gobierno fue valioso el rescate de la seguridad, en este de Juan Manuel Santos ha sido fundamental liderar la reconciliación nacional.

Sin embargo, la reciente masacre de los 11 soldados en el Cauca y la sistemática ola terrorista de los últimos días con emboscadas que asesinan a nuestros hombres de la Fuerza Pública y ataques a la infraestructura energética que terminan por destruir el medio ambiente y afectar a millares de compatriotas en zonas vulnerables, son señales de guerra que confirman que no podíamos ser tan ingenuos al creer que la negociación con las Farc en Cuba estaría acompañada de un canto de ángeles.

Conflicto armado es conflicto armado aunque se hable de paz para acabarlo. Lo que es inviable aceptar es que en medio del conflicto no haya unas condiciones mínimas para evitar el inútil derramamiento de sangre, el ataque aleve, el engaño, las falsas treguas, los condicionamientos extremos, la exigencia de prebendas solo para una de las partes, el reclamo de beneficios judiciales sin mirar el dolor ajeno cuando se agrede a la población civil y sin tener en cuenta que el país ha estado cediendo parte de su capacidad de reacción en aras de terminar la guerra.

Es cierto que estamos en un proceso de paz que puede tener altos y bajos, pero tal circunstancia no puede significar la humillación del sentimiento patrio ni del honor de una población que confía en sus instituciones y está dispuesta a respaldarlas a como dé lugar. Aquí se equivocan los de las Farc, debemos decirlo con toda claridad.

Cada oficial, soldado, policía o civil muerto, cada voladura de torre, cada mancha sobre nuestro ecosistema, cada afectación al sistema de transporte y cada día de sufrimiento social, entre otros aspectos que debemos erradicar de la faz del país, constituyen un golpe a la confianza de los colombianos en el proceso de paz.

Los tiros de gracia que las Farc les dieron a los valientes policías de Nariño, casi que son un tiro de gracia al proceso de paz y si no se ha terminado el diálogo de La Habana es porque el Presidente Juan Manuel Santos sigue poniendo en juego todo su capital político para tratar de llevar a Colombia a la reconciliación definitiva.

Sin embargo, como bien lo acaba de subrayar el designado Ministro de la Defensa Nacional Luis Carlos Villegas, las Farc deben saber que la paciencia tiene un límite y hoy estamos más cerca que nunca de perder la paciencia, aceptando incluso que tengan razón quienes han sostenido que tarde o temprano eso llegaría a suceder.

Indignado como millones de colombianos que sufren como suyos los muertos de la violencia terrorista, durante la semana pasada resalté la conveniencia de que el Gobierno Nacional se levantara de la mesa de negociaciones en Cuba si persistía la embestida terrorista.

Podría ser razonable lo que algunos afirman respecto de que el proceso de paz debe seguir, pero que el gobierno puede levantarse a replantear ciertas condiciones del diálogo y a puntualizar bases más específicas sobre las que debemos continuar hablando y decidiendo, colocando en primer lugar la dejación de las armas al firmarse el acuerdo de reconciliación.

Sí, creo que el Presidente Santos a su regreso de Europa debe llamar con urgencia al equipo negociador de La Habana, convocar la Comisión Asesora de Paz, citar a los partidos miembros de la Unidad Nacional, e incluso a la oposición, y consensuar una salida pacífica pero contundente frente al estado en que hoy las Farc han colocado el proceso.

En el Congreso de la República, pese a la cercanía del cierre del primer periodo legislativo del cuatrienio, las comisiones de paz de Senado y Cámara y cada uno de los legisladores estaremos atentos a respaldar al gobierno en sus acciones frente al proceso de paz, siempre que estas vayan encaminadas a evitar que las Farc se sigan burlando de la confianza que hasta ahora hemos tenido en los diálogos.

Estamos con la paz, acompañamos al Presidente Santos en la misión que se ha impuesto frente a ella, aunque también lo apoyamos si llegare a tomar una decisión para hacer valer la legitimidad de nuestras instituciones y cumplir el mandamiento constitucional de asegurar la vida, bienes y honra de los colombianos.

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La necesidad de garantizar el futuro de Cormagdalena

Como legislador y conocedor de las potencialidades de mi región, siempre he tenido particular devoción por los asuntos relacionados con el Río Magdalena. Mi padre me inculcó desde muy joven los más altos valores medioambientales, a partir del cuidado de los recursos hídricos.

De lo mucho que hay que reconocerle a la Asamblea Nacional Constituyente y a los distinguidos hombres del Caribe que nos representaron en ella, aparece en primera línea la creación por mandato constitucional de la Corporación para el Desarrollo del Río Grande de la Magdalena, en cuya reglamentación legal fue definitivo el papel del Congreso de la República.

En ese contexto, como congresista que interpreta el sentir de los municipios ribereños y de las personas que desde muy temprano se levantan a derivar su sustento diario en las aguas caudalosas del Magdalena y en mi condición de copresidente del Partido Social de Unidad Social Nacional, La U, entre cuyas banderas está la defensa del futuro del Río, me siento profundamente comprometido a ejercer labores de control político respecto de la más importante arteria fluvial de nuestro país.

El Rio es la cuenca más representativa de la riqueza fluvial colombiana y lo que hagamos por ella repercute en la integralidad de la actividad económica del país, tanto la de carácter interno como la externa. Razón por la cual indignan tantos años de abandono y de desgreño, por cuenta de sucesivos gobiernos nacionales que de manera miope solo atendían políticas proteccionistas y centralistas.

Siempre me ha interesado la suerte que puedan correr el Río y Cormagdalena, de lo cual dan fe múltiples columnas escritas y numerosas intervenciones en la Comisión Quinta y la Plenaria del Honorable Senado de la República. Esa es la razón por la que el pasado viernes expedí una declaración pública en la que sugería que ante la necesidad de aclarar la situación de una entidad que tiene a cargo uno de los proyectos más importantes del Estado, era indispensable que las autoridades competentes investigaran la realidad de lo que ocurre en Cormagdalena.

Dije y reafirmo que lo hago porque desde el legislativo estoy hondamente comprometido con las políticas de buen gobierno trazadas por el Presidente Juan Manuel Santos y estoy seguro que aclarar el futuro de Cormagdalena es lo que más quiere el Primer Magistrado de la Nación tratándose de una iniciativa que él considera vital para el desarrollo económico y social de la Nación.

Nada más distante de la realidad que tenga yo algún interés personal en la Corporación creada por mandato de la Constitución de 1991. Recientemente mi único contacto con la entidad fue un almuerzo al que me invitó el actual director encargado, Carlos Nuñez, quien hizo una presentación de sus objetivos y plan de trabajo en el evento de ser designado en propiedad por la Junta Directiva.

El doctor Nuñez me contó que llegó a Cormagdalena nombrado por el pasado director, Augusto García Rodríguez, explicándome además en el marco de una conversación formal, las razones que tenía para aspirar a la dirección ejecutiva en propiedad. Posteriormente fui informado por algunos alcaldes que el señor Nuñez había firmado contratos para solicitarles su voto, de manera tal que su nombre tuviera mayoría en la elección pendiente".

Me preocupé, conozco la importancia del Río Magdalena para el país y nuestra región y en ese orden creo que no se puede jugar con su futuro desde Cormagdalena ni desde ninguna otra entidad.

Consecuente con lo que pienso, le solicité una cita al señor Procurador General de la Nación para presentarle mi versión de manera oficial, del mismo modo como lo hice con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y el señor Ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez. A cada instancia le planteé la serie de informaciones existentes, dejando así en manos de las autoridades competentes que se investigue a fondo la realidad de lo que ocurre en Cormagdalena.

Debo insistir en que estoy lejos de cualquier interés en los asuntos burocráticos de Cormagdalena y categóricamente debo manifestar que ninguna persona ni empresa de mi ámbito familiar tiene contrato o ha participado en licitación o procesos contractuales convocados por esta entidad. Realmente lo único que me impulsa es que las autoridades esclarezcan y determinen las responsabilidades del caso, si es que ha habido algo anormal en Cormagdalena.

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Apareció la alcaldesa, aquí mis sugerencias

Si Barranquilla, como dice la ONG Transparencia Colombia, representa una de las alcaldías con menores riesgos de corrupción en el país, ¿a qué le puede temer la administración distrital cuando se le habla del alto costo que tiene amasar una creciente tasa de inseguridad ciudadana?

Cuando uno es transparente lo es para todos los efectos e incluso cordial para hablar con sus contradictores y en especial con quienes le hacen críticas constructivas, que en últimas se vuelven la mejor ayuda en el ejercicio de lo público, especialmente cuando los gobiernos terminan y se quiere salir dejando huellas imborrables.

Dije en mi columna la semana pasada que en Barranquilla "el fenómeno delincuencial es alarmante. El miedo de la ciudadanía no es rumor callejero, se evidencia en cada barrio, en cada casa o apartamento que uno visita en el norte, centro, sur, oriente y occidente de Barranquilla. Es un pánico generalizado el que se vive en la capital del Atlántico y su Área Metropolitana."

Lo dije interpretando un sentir comunitario, lejos de querer molestar a la alcaldesa. Mi mensaje fue para ella, que es la cabeza, no para terceros ni para subalternos a quienes escasamente la alcaldesa conoce. Además, lo que manifesté es lo que aparece todos los días en los medios de comunicación, entonces porqué el funcionario de marras que me respondió no cuestiona esas informaciones.

Para ayudar a pensar en la inseguridad que nos golpea, más que criticar, hice las siguientes preguntas que repito: ¿Qué nos está pasando? ¿En dónde está el Comité Distrital de Orden Público? ¿Cuál ha sido el rumbo de la inversión social? ¿Se están investigando los orígenes de la ola criminal que nos azota? ¿Es gente de la ciudad y si es de aquí de qué barrios procede? ¿Cuál es la inteligencia que hacen los organismos de seguridad del Estado al respecto? ¿Por qué el 73 por ciento de los capturados a los pocos días está en libertad? ¿Quién se está equivocando en el manejo de la seguridad distrital?

Expuse e insisto en que la seguridad ciudadana es un tema de política pública, que va mucho más allá de la presencia de la Policía en las calles o de los operativos que oficiales y agentes efectúen para capturar bandidos e inescrupulosos asaltantes. En ese sentido el liderazgo lo debe ejercer la alcaldesa, quien no debería exaltarse ni terminar regañando y alzando la voz a la Policía en público. Nuestra respetuosa sugerencia es que convoque a todos los sectores con ella al frente, para que entre todos resolvamos los dos temas que más golpean la seguridad ciudadana: delincuencia y movilidad.

Además, es importante repensar el Comité de Orden Público, revisar el papel de la Secretaría de Gobierno y de su titular, así como el del Alto Consejero de Seguridad Ciudadana porque desde que se fue el doctor Guillermo Polo Carbonell, repito, se perdió el enlace más sano que podía tener la administración con la Policía y el resto de los organismos de seguridad. Es decir, falta un diálogo más fluido y confidente con quienes garantizan la seguridad.

Rodear a nuestras autoridades, incluyendo la alcaldía distrital, es fundamental y en ese contexto es vital que si se convoca a los públicos internos de la ciudad, se invite al gobierno nacional y a su Consejo de Seguridad a que acompañe el proceso que quiere darse en Barranquilla para recuperar las garantías a la seguridad ciudadana.

Por qué puede ser negativo para la imagen de la alcaldía que lleguen a Barranquilla el Presidente de la República, su ministro de Defensa y los comandantes de la Fuerza Pública, a impulsar la seguridad. Pienso que es lo mejor que podemos hacer. Uno debe pensar en la ciudad de hoy y no en futuras candidaturas presidenciales.

Por contar con ese acompañamiento ciudades como Medellín han logrado que en más de 40 días de este año, no se registren homicidios y los robos se reduzcan ostensiblemente. Lo mismo ha ocurrido en el puerto de Buenaventura, asediado por la violencia.

Necesitamos parar las disputas y trabajar en equipo. Que hacemos ideándonos letreros bonitos a la entrada de la ciudad, para qué construimos un nuevo puente sobre el río, por qué se decidió levantar el Centro de Eventos de Convenciones Puerta de Oro, qué sentido tiene mejorar el aeropuerto, si vamos a ser incapaces de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos que van a pie como los que van en carro y otros medios de transporte. Nadie vendrá entonces a visitarnos ni querrá invertir en un territorio que es propio de la delincuencia.

Señorita alcaldesa: la respeto y valoro como mujer y autoridad de nuestra ciudad. Aquí nadie quiere atacarla, por el contrario queremos ayudarla como siempre lo hemos hecho desde nuestra condición de legislador y servidor público. Estamos listos a aportar, como muchos otros barranquilleros de buena fe. Convoque y estaremos presentes. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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¿Dónde está la Alcaldesa? Ciudad insegura

Una ciudad como Barranquilla, con una de las tasas de desempleo más bajas del país y un nivel de inversión privada nacional y extranjera de 500 millones de dólares en el último año, no debería tener la situación de inseguridad que hoy registra.

El fenómeno delincuencial es alarmante. El miedo de la ciudadanía no es rumor callejero, se evidencia en cada barrio, en cada casa o apartamento que uno visita en el norte, centro, sur, oriente y occidente de Barranquilla. Es un pánico generalizado el que se vive en la capital del Atlántico y su Área Metropolitana.

¿Qué nos está pasando? ¿En dónde está el Comité Distrital de Orden Público? ¿Cuál ha sido el rumbo de la inversión social? ¿Se están investigando los orígenes de la ola criminal que nos azota? ¿Es gente de la ciudad y si es de aquí de qué barrios procede? ¿Cuál es la inteligencia que hacen los organismos de seguridad del Estado al respecto? ¿Por qué el 73 por ciento de los capturados a los pocos días está en libertad? ¿Quién se está equivocando en el manejo de la seguridad distrital?

Según lo revela el Comandante de la Policía Metropolitana, Ramiro Castrillón, (El Heraldo 15 de mayo de 2015, página judicial) este año han sido capturados por esa institución 3.708 delincuentes, de los cuales 2.691 quedaron en libertad por una u otra razón, entre ellas que no fueron sorprendidos en flagrancia, lo cual indica que siete de cada diez personas detenidas regresaron a las calles probablemente a seguir infringiendo la ley.

De las personas capturadas 526 fueron objeto de detención domiciliaria y otras fueron remitidas a centros penitenciarios, es decir el 14 y el 13 por ciento, respectivamente. En el 2014 hubo 10.556 capturados, de los cuales 7.996 quedaron en libertad, debido al nuevo código penitenciario, las decisiones de jueces y la huelga en el poder judicial.

Considero que la seguridad ciudadana es un tema de política pública, va mucho más allá de la presencia de la Policía en las calles o de los operativos que oficiales y agentes efectúen para capturar bandidos e inescrupulosos asaltantes. En municipios y distritos el jefe de Policía es el alcalde y en el caso de Barranquilla es la alcaldesa Elsa Noguera, quien en lugar de estar regañando y gritando a la Policía en público debería ponerse al frente de los dos temas que más golpean la seguridad ciudadana: delincuencia y movilidad.

Ya sabemos el impacto que causan los delincuentes, los sectores en donde más denuncias se colocan por hurtos. El Norte es uno de los más afectados bajo la presunción de que en la zona habitan los más pudientes. La Policía hace su mejor esfuerzo, pero sentimos que la administración distrital poco ayuda y mucho menos atiende las preocupaciones de la Fuerza Pública que no son solamente patrullas, motos y gasolina. Desde que se fue Guillermo Polo Carbonell de la alcaldía, desafortunadamente no hay quien haga esa labor de intercambio y de diálogo con comandantes y oficiales. El Secretario de Gobierno es un cero a la izquierda. Y la Alta Consejera de Seguridad ni se siente.

En una situación que muestra el desbordamiento de la inseguridad, lo más lógico es que la alcaldesa solicite el acompañamiento del Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República y de su Ministro de Defensa, así como del Consejo Nacional de Seguridad. Pero no, a diferencia de lo que hace Medellín, por ejemplo, en Barranquilla la señorita alcaldesa vive ocupada en otros menesteres y solo se entera por los medios de comunicación de lo que pasa en materia de inseguridad y movilidad. La capital antioqueña, debido al acompañamiento del Gobierno Central, lleva sin homicidios 40 de los 137 días que han transcurrido de este año.

Creemos que una mala relación con la Policía Nacional lo único que hace es deteriorar y dar al traste con el trabajo en equipo, que se requiere y es indispensable para garantizar seguridad a los ciudadanos. Seguir con el desorden vehicular y la mala organización del parque automotor público y privado, en medio de inestables decisiones administrativas, solo harán más invivible la ciudad.

En resumen, Barranquilla requiere más compromiso y seriedad de sus administradores para orientar y convocar a la ciudadanía respecto de las acciones requeridas para que entre todos ayudemos a superar los problemas de seguridad y movilidad, con el acompañamiento del Presidente Santos y los ministros y demás organismos competentes. No podemos seguir aparentando que estamos sobrados de lote, porque no es cierto. Estamos mejorando en unos frentes, pero es evidente que en otros empeoramos.

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La Región Caribe está en la vía del colapso ambiental

Los recursos naturales en Colombia enfrentan graves riegos, acentuados en la actualidad por el cambio climático y el evidente descuido y omisión de algunas autoridades ambientales. Por ejemplo, lo que ocurre en la Región Caribe supera el drama, ya genera alarma.

Los humedales de Córdoba, el Golfo de Morrosquillo, la riqueza coralina, el Parque Isla Salamanca, la Ciénaga Grande del Magdalena, el Embalse del Guájaro, el Lago del Cisne, la Ciénaga de Mallorquín, las playas de Santa Marta, El Rodadero y Ciénaga, el Parque Tayrona, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, la Ciénaga de Zapatosa, el Rio Magdalena, el área de flamingos en Camarones, Macuira, Taroa y las zonas de bosques secos tropicales, entre otros, sufren el deterioro que causan factores climáticos y la mano del hombre, despiadada e insensible.

De acuerdo con la documentación en poder del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano, Sirap, están identificadas en esta zona del país "más de 2 millones 500 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos en estado crítico, que requieren programas de conservación efectiva que permitan el abastecimiento y regulación del recurso hídrico, vital para las poblaciones", que además ayuden a evitar las sequías e inundaciones que afectan a departamentos y municipios.

Se requiere con urgencia que gobernadores y alcaldes, al lado de sus autoridades ambientales, generen más soluciones naturales efectivas, que permitan madurar la articulación y el compromiso de los diferentes sectores gubernamentales, económicos, sociales, entes territoriales, y comunidades, en desarrollo de las actividades donde la conservación de ecosistemas tiene un papel fundamental y es prioritaria.

Frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas estratégicos, es pertinente destacar la consolidación de un sistema regional y departamental de Áreas Protegidas, porque facilita la ejecución de procesos ligados a la conservación del recurso, en asociación con la institucionalidad del sector que vende servicios ambientales.

Los especialistas son conscientes de que la creación de Áreas Protegidas y la recuperación de los corredores biológicos, constituyen conceptos claves que deben permanecer en las políticas públicas, procurando los responsables del área que se ejecuten para que sea una realidad la reducción de la vulnerabilidad del territorio al cambio global.

El Presidente del Sistema de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano y actual Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre, sostiene que la Costa "está pasando por una crisis ambiental preocupante, a la cual hay que hacerle frente a través de soluciones reales para responder a una gestión del riesgo acorde con las necesidades de la región".

Para el funcionario "la restauración, conservación y establecimiento de corredores naturales son la clave para generar mecanismos de mitigación y adaptación efectiva al Cambio climático a través de la recuperación de los ecosistemas conexos al recurso hídrico, principalmente".

Estamos de acuerdo y acompañamos las acciones en ese sentido, pero necesitamos ir más allá de los planes de contingencia para que las inversiones y acciones que se requieren sean ejecutadas con probidad y eficiencia, de tal manera que a corto y mediano plazo sea una realidad el restablecimiento de la función ecológica de la región, con lo cual mantendríamos las fuentes naturales esenciales como el agua, al servicio de la vida y el bienestar de las poblaciones, tal como lo sugieren los expertos del Sirap.

Las conclusiones son sencillas: el cambio climático casi que arrasa a los pueblos con baja capacidad de defensa ante inundaciones y sequías; el nivel del mar se incrementa, al igual que las enfermedades. Mientras tanto, bajan la productividad agrícola y ganadera. Ello conduce a que el Caribe colombiano pase por una de las crisis naturales más grandes de la historia. Es urgente proteger y restablecer el ecosistema existente en la región. De lo contrario, la situación puede ser peor. Hoy lo importante y lo urgente es que nuestra Costa Caribe y sus gentes no sigan caminando por el sendero del colapso ambiental, sinónimo de pobreza y muerte.

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¿Qué futuro le espera a Colombia con una niñez mal atendida?

Hace dos meses un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, entregó un conjunto de recomendaciones orientadas a que el Estado garantice y vele por el cumplimiento de los derechos que corresponde al 42% de la población nacional representada por niños, niñas y adolescentes.

La semana pasada estuvieron en Bogotá la ecuatoriana Sara Oviedo Fierro, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, por la región de América Latina y el Caribe, y el brasilero Wanderlino Nogueira, comisionado miembro del Comité de los Derechos del Niño, quienes atendieron una invitación de la Alianza por la Niñez Colombiana, la Alianza de Derechos Humanos Antioquia - Minnesota, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) y el Comité de Impulso de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Elaboración del Informe Alterno sobre Colombia.

¿Cuál era el objetivo de esta nueva visita? Socializar a organizaciones de la sociedad civil, de gobierno, entes de control, congresistas, niños, niñas y adolescentes, las preocupaciones y observaciones que el Comité de los Derechos del Niño expresó a Colombia.

Me inquieta la ausencia que tiene en los medios de comunicación el tratamiento a profundidad de temas complejos y preocupantes como este, mientras gran parte de sus espacios son dedicados a una información que en lugar de reconciliarnos con la objetividad y el sentido común instiga la pugnacidad y el morbo popular.

Como lo dice Sara Oviedo Fierro, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, "sentimos que en la región, y particularmente aquí, no se difunden por parte de los gobiernos las recomendaciones que hacen el comité y otros de derechos humanos de la ONU. Hay que partir por reivindicar esta actividad que estamos realizando. Queremos que sea el inicio de un nuevo proceso, que se puedan estructurar mecanismos de seguimiento de los derechos de la niñez".

Hacia este aspecto de la socialización quiero llamar la atención porque una de las preocupaciones recae sobre las violencias que afectan los derechos de la infancia y la adolescencia. Hablamos de la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia del conflicto armado y el reclutamiento de niños y niñas por parte de los agentes de la guerra y las bacrim. Añadiría una más: la violencia del hambre y la desnutrición, especialmente en zonas como el Chocó y La Guajira, en donde se reseñan varias muertes por este flagelo.

Razones hay para creer que la institucionalidad que no dimensiona el problema porque no tiene la información suficiente y la impunidad, son motivos principales de esa violencia. Para Oviedo, por ejemplo, "el conflicto armado ha naturalizado la violencia en Colombia", como si fuera una cotidianidad más. Además, nos hemos acostumbrado a las imágenes de niños y niñas sumidos en la pobreza y el hambre al lado del derroche y la suntuosidad de unos pocos.

Creo que es hora de que el gobierno y la sociedad civil cuenten con indicadores más reales para hacer seguimiento y monitoreo sobre las distintas acciones y anuncios que comprometen la intervención multidisciplinaria en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para el comisionado Wanderlino Nogueira "una de las preocupaciones mayores del comité es el tipo de información que el Gobierno entrega, pues es ambigua, no es completa y con años de retraso, lo cual "genera dudas sobre el impacto real y el seguimiento".

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lo integran 18 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y los Protocolos Facultativos que suscriben los Estados que forman parte. Colombia firmó uno relativo a la participación de los niños y niñas en el conflicto armado y otro relacionado con la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía.

Indiscutiblemente la paz es una gran oportunidad para Colombia a partir de la garantía de los derechos de los niños y niñas. También debe serlo para que se reduzca el número de niños, niñas y adolescentes con trastornos de alimentación, anorexia y bulimia. Para que disminuyan los trastornos mentales, la depresión y los suicidios en esta franja de población.

Vamos a tratar que estos aspectos no sean simples enunciados en el Plan de Desarrollo a punto de ser aprobado en el Congreso de la República. Somos un país relativamente joven, pero si no atendemos adecuadamente los problemas de la niñez y la adolescencia, ¿cuál es el futuro que le espera a Colombia?

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Lo que se haga por el desarrollo social del campo es vital para las regiones

Hace algún tiempo el Gobierno Nacional integró una Misión Rural con un grupo de expertos del más alto nivel, encabezados por el exministro José Antonio Ocampo, quien precisamente acaba de entregar al Presidente Juan Manuel Santos el primer informe con una de las 5 estrategias que apuntan a cambiar la realidad del campo colombiano.

Desafortunadamente para la Misión y los millones de compatriotas hoy relacionados con la actividad agropecuaria, ese primer informe pasó desapercibido en medio de la complejidad de los temas y las polémicas alrededor del accidentado proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Desde este espacio quiero contribuir a resaltar algunos aspectos de la estrategia que toca los derechos sociales para los habitantes del campo de Colombia.

Para la gran mayoría de nuestras regiones su relación con el campo es vital y hace parte de una actividad cotidiana íntimamente ligada a periodos de conflicto y esperanza, si tenemos en cuenta que son precisamente las zonas rurales las que más sufren con la violencia y las que más podrían beneficiarse de proyectos de reivindicación social, inclusión productiva, competitividad en el sector agrícola y la ganadería, desarrollo territorial participativo y reforma institucional, como lo sugiere el doctor Ocampo.

Estoy convencido y ahora mucho más, que todo lo que hagamos en primera instancia por el desarrollo social campesino es vital para que nuestras regiones entonen nuevos cantos de victoria en materia agropecuaria.

La Misión Rural se plantea un objetivo interesante basado en la unificación de la estrategia de focalización de programas sociales, para lo cual será indispensable integrar funciones de los Departamentos Nacional de Planeación y de Prosperidad Social, organizaciones que tendrían a su cargo el sistema de información y focalización de las distintas acciones. Se considera prioritario a la hora de evitar la multiplicidad de criterios en la asignación de los programas sociales para el campo.

En este orden de ideas, los expertos recomiendan enfocar el programa Unidos hacia los territorios más rurales y donde más se concentra la pobreza.

Una propuesta que llama la atención y que seguramente será motivo de amplio debate en distintos escenarios, es la que sugiere "la creación de un Sistema Nacional de Transferencias Monetarias a partir de un sistema diferenciado de protección social -quizás transitorio- necesario para fortalecer el componente de transferencias para la población más pobre, incluyendo grupos hasta ahora excluidos y que no participan en el mercado laboral (mujeres y adulos mayores)." Será indispensable ahondar al respecto.

Nutrición, educación, salud, vivienda y saneamiento básico, seguridad e inclusión social, son otros temas que hacen parte de la estrategia de derechos sociales para los habitantes de nuestro campo.

Una tarea es fortalecer la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de la universalización de los subsidios directos al consumo con énfasis en la niñez y en la juventud. En educación se habla de un programa de analfabetismo cero en el menor tiempo posible, que contemple el mejoramiento de la calidad educativa en las zonas rurales.

En materia de salud los expertos sostienen que el mayor reto es superar las barreras que enfrentan las familias campesinas en el momento de necesitar servicios de salud. Para el doctor Ocampo la principal estrategia es fomentar un modelo dual que continúe con los subsidios a la demanda en los centros urbanos, pero que fortalezca los subsidios a la oferta en los municipios rurales y rurales dispersos.

En vivienda y saneamiento básico se dice que "para mejorar en la asignación de viviendas rurales, es importante profundizar el subsidio de vivienda de interés social rural y la implementación de la política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales".

Respecto de la Seguridad social, la Misión indica la necesidad de llegar a un sistema de pensión universal en zonas rurales, de tal manera que se cubra a los adultos mayores sin capacidad de pago. Otro item de las conclusiones destaca la importancia de fomentar la inclusión social y productiva de la población rural.

La inversión social adicional requerida para cerrar la brecha en nuestros campos, se estima en 2.9 billones de pesos anuales para el periodo 2016 – 2020, cifra que aumenta a 6.1 billones anuales hasta 2053, lo que equivale a invertir cada año el equivalente al 0.6 por ciento del PIB 2014, en los próximos 20 años. ¿Seremos capaces?. Ese es uno de los desafíos del posconflicto, la transformación social del campo.

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Una palabra por la paz entre nuevos plazos, balas, sangre y tumbas

Lo primero que quiero hacer es invitar a quien lea estas líneas, a guardar un minuto de silencio en su hogar, la oficina o donde se encuentre, como homenaje a los 11 militares masacrados la semana pasada por la guerrilla de las Farc en jurisdicción rural del Cauca, suroeste de Colombia.

Indignación, eso es lo que sentimos con el aparato narcoterrorista de la Farc por la forma como premeditaron el atentado y la alevosía del ataque para asesinar a 2 suboficiales y 9 soldados y herir a otros 24 Héroes de la Patria que se encontraban cumpliendo su deber constitucional de preservar la vida, bienes y honra de nuestros nacionales.

Rabia es la que nos asalta al comprobar las evidentes contradicciones entre lo que dicen y acuerdan temporalmente los negociadores de la guerrilla en La Habana y lo que practican los frentes de las Farc al no atender un supuesto cese al fuego ordenado desde mediados de diciembre de 2014.

No hay ninguna excusa para no cumplir la palabra empeñada, aunque entendemos que cualquier eventualidad se puede salir de las manos en un proceso de paz en la mitad de este sexagenario conflicto armado.

Pero tampoco podemos aceptar que incursiones como la que se dio en el Cauca pretendan ser utilizadas por los negociadores de la subversión, para presionar un cese bilateral al fuego. En eso han sido suficientemente claros el Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el jefe del equipo negociador Humberto De La Calle Lombana. Colombia no puede renunciar ni va a hacerlo el Gobierno, estoy seguro, a mantener salvaguardada la soberanía nacional ni internamente ni en sus fronteras.

Fue terrible, doloroso, triste, dramático, haber sido testigo del llanto y el sufrimiento de familias humildes que en distintas zonas del país tuvieron que sepultar a sus esposos, padres e hijos producto de la demencial decisión de uno de los frentes de las Farc, cuyos nexos con el narcotráfico y sus representantes en la Isla son palpables, según han manifestado las autoridades.

Lo ideal era que la televisión nacional en sus noticieros del viernes pasado, hubiese mostrado mesas de trabajo en distintos territorios recogiendo propuestas e iniciativas en beneficio del proceso de paz y no cementerios, flores y lágrimas inconsolables que solo siembran desesperanza frente a la anhelada reconciliación.

Ya en las horas siguientes, con las emociones más reposadas, el ánimo más tranquilo aunque sin haber alejado la pesadumbre del todo, estoy convencido de que debemos y tenemos que salvar el proceso de paz, porque es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro del país. Hay que acabar el conflicto y hay que parar el derramamiento de sangre.

En ese contexto, apoyo los pronunciamientos que han hecho el Presidente Santos, los jefes de los distintos partidos, senadores, representantes a la cámara, diputados y concejales, así como empresarios y líderes sociales, reclamando la fijación de nuevos plazos para firmar la paz y acabar el conflicto desde la legalidad y la transparencia de las negociaciones.

Es hora de hablar claro y conciso, que las Farc digan de una vez por todas a qué nos podemos atener y si es del caso, para tales efectos, además del Observador de los Estados Unidos en Cuba, podríamos solicitar una comisión especial de las Naciones Unidas y la Unasur, que cumpla el mismo propósito y nos ayude a certificar la validez del nuevo compromiso que hagan el Gobierno y las Farc. Incluso, pensaría en invitar a la definición de esos nuevos plazos a los Premios Nobel de la región, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el expresidente costarricense, Oscar Javier Arias. Confiamos en que muy pronto tengamos mejores noticias respecto del proceso de paz. En eso confío.

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Debemos firmar una paz menos vulnerable ante la inclemente pobreza

Si somos consecuentes con el respaldo que han dado al proceso de paz colombiano los Presidentes que participaron en la VII Cumbre de las Américas en Panamá, además de la voluntad que mantienen las Farc, todo está dado para que en el 2015 firmemos el anhelado acuerdo por la reconciliación nacional.

Nos complacen los positivos resultados que recoge nuestro país con el Presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, en un escenario matizado por otro gran hecho histórico como lo fue la presencia del líder cubano Raúl Castro y un encuentro sin antecedentes con el Jefe de Estado norteamericano Barack Obama, quien tuvo el gesto gallardo de reconocer que el Tío Sam ya no tiene en América Latina la injerencia de otras épocas, lo cual bajó un poco el tono a las prevenciones frente a su asistencia en la Cumbre.

A Colombia le fue bien por el encuentro del Presidente Santos con el Presidente Obama, el acuerdo para ejecutar su propuesta de crear un Sistema Interamericano de Educación, la aceptación a seguir estudiando salidas al problema de las drogas ilícitas, la intervención en la plenaria de la Cumbre Social de Las Américas y el hecho de que Congresistas y empresarios estadounidenses hayan admitido el liderazgo que hoy tiene nuestro país en la región.

Otro aspecto sobresaliente fue el discurso del Presidente Santos ante el "Business Dialogue" de la Cumbre, en donde se hizo un amplio recuento del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, poniendo de presente todas las repercusiones favorables que tiene para el país la firma del acuerdo con la subversión que mantiene vivo el único conflicto armado de América Latina. En este contexto, Colombia pide el apoyo de toda la sociedad civil de América para llevar a feliz término el proceso de paz.

Recibimos el apoyo de la comunidad internacional a un proyecto que antes era imposible de concebir. Hoy lo acariciamos como una próxima realidad y creo que estamos más cerca que nunca de lograr los objetivos propuestos, en el marco de una tarea en la que el Congreso de la República hace importantes aportes porque después de la firma indiscutiblemente lo más riesgoso es lo que viene: el posconflicto.

Aquí se concentran mis mayores preocupaciones. Señalan los expertos que una Colombia en paz puede lograr un crecimiento económico anual entre el 1.5 y el 2.00 por ciento, lo que implicaría contar con un aparato productivo mucho más dinámico y generador de empleo, destacándose la posibilidad de aumentar los flujos de inversión extranjera.

Esa es una visión optimista y muy esperanzadora, pero debemos ser conscientes que la paz para un mayor desarrollo no tiene varitas mágicas, sino que debe ir articulada a otras acciones de Estado dirigidas a que el posconflicto tenga la institucionalidad y el músculo financiero que se requiere durante la ejecución de los distintos planes, programas y proyectos que implica.

Estamos avanzando en la aprobación de dos iniciativas de singular trascendencia para el país. La primera es el Acto Legislativo por el cual se adopta la reforma sobre equilibrio de poderes y la segunda es el Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País 2014 – 2018".

Ambos proyectos son fundamentales para atenuar las contradicciones internas, las de carácter político y las sociales. Todas deben llevarse a su mínima expresión a instancias de la nueva Comisión Asesora de Paz, el nuevo marco tributario para el financiamiento interno, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas al sistema educativo y de salud, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, las garantías jurídicas a la Fuerza Pública y la reinserción de quienes han estado hasta hoy luchando en el monto.

Respecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo hay muchos temores y ese es un brazo que debe ser lo más fuerte a la hora de fomentar la equidad y eliminar los desequilibrios, particularmente lo que se refiere a las regiones. Hace falta mucha claridad sobre cómo vamos a lograr la reivindicación de las regiones que a la fecha están sumidas en el peor de los atrasos, como la Pacífico y la Caribe. A eso le vamos a poner mucho cuidado en lo que resta para la aprobación del Plan en el Congreso. Porque nada sería más peligroso para el país que firmar una paz llena de vulnerabilidades frente a los factores de pobreza.

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Por qué el Plan Nacional de Desarrollo separa a San Andrés de la costa Caribe

Aproveché la época de Semana Santa para repasar algunos documentos importantes que llegaron a mis manos, especialmente uno preparado por la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe colombiano, Asiesca, y la Universidad Autónoma del Caribe, instancias que actualmente son presididas por Ramsés Vargas Lamadrid.

Se trata de un documentado y profundo análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en relación con lo que le plantea a la Costa Caribe. Son muchos los puntos preocupantes a destacar y lo haré en días sucesivos para alertar respecto de situaciones que pueden ser gravosas si no reaccionamos durante el trámite del proyecto en el Congreso de la República.

En este orden, pienso que el estudio es un insumo fundamental para la Comisión Accidental del Caribe en el Senado y la Bancada de la región en la Cámara de Representantes. Si no corregimos algunas situaciones que se presentan en el Plan "Todos por un Nuevo País 2014 – 2018", podríamos quedar con una mejor Colombia en el centro y peores regiones en la periferia.

Inicialmente me referiré a lo que pasa con San Andrés, la Costa Continental y el Plan Nacional de Desarrollo. Concluye el sector académico que "la propuesta para el Caribe se proyecta ambigua en el tratamiento de la subregión insular. En la delimitación de las regiones incluye a San Andrés y Santa Catalina como parte de la región norte, pero, más adelante, en el diagnóstico y en la propuesta estratégica, las exhibe desagregadas del área continental costera pero articuladas a la esfera política nacional".

Comparto lo que sugieren las universidades cuando afirman que "la visión regional sugiere el tratamiento integral del contexto continental e insular propio del Caribe".

Debemos echarle mucho ojo a la visión objetivo del Plan Nacional de Desarrollo para la región, porque de manera textual esta se formula así en el proyecto gubernamental:

"El Caribe colombiano será un territorio próspero para todos sus habitantes, habiendo avanzado de manera importante en la reducción de la pobreza, en la eliminación de la pobreza extrema y en la formación de un capital humano productivo e integral. Una región que al tiempo que se consolida como la principal plataforma para el comercio internacional con Europa y Centro y Norteamérica, desarrolla su potencial agropecuario y marítimo de manera sostenible, generando oportunidades económicas incluyentes en todo su territorio, gracias al actuar coordinado de los distintos actores públicos, privados y sociales". Lo anterior debe comprenderse como la visión del Caribe continental, es decir la referida solo a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

El otro punto ya muestra una visión particular sobre el Archipiélago de San Andrés. Dice: "En el Caribe insular, Colombia habrá incorporado plenamente el territorio marino-costero al desarrollo. Este será reconocido como componente integral de la identidad y la diversidad nacional y contribuirá al crecimiento verde con equidad. El departamento Archipiélago se habrá constituido en uno de los principales destinos turísticos de la región Caribe, que saben conservar y aprovecha su condición de Reserva de Biosfera de Seaflower, la identidad cultural del pueblo Raizal y el multilingüismo de su población".

Tienen razón Asiesca y UniAutónoma cuando afirman que esos textos reflejan la convergencia de dos visiones a cambio de una integrada y consensuada. El análisis universitario destaca que la primera parte referencia propósitos de largo plazo para el área continental, mientras que la segunda lo hace para la insular. Por ello se puede afirmar que tal circunstancia contradice el discurso integrador y el enfoque metodológico planteado al inicio del capítulo XI de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, A mí también me preocupa que se determine un referente nacional y no de región en el desarrollo del archipiélago: ¿A qué puede deberse ese criterio segregacionista?

Igualmente llama poderosamente la atención que en el componente continental no se introduzca el turismo como potencial económico integrador reconocido en otras partes del Plan. "Los elementos de identidad cultural al igual que la potencialidad ambiental y ecológica de la zona tampoco están presentes en esta visión. En contraste con lo anterior, sí se incorporan al componente insular en la mira de un propósito que involucra intereses políticos y ambientales nacionales", sostiene la investigación académica.

Si bien la propuesta continental advierte la vocación marítimo - portuaria designada por la Nación a un territorio que concentra el mayor número de puertos de exportación del país, sorprende que el Plan consolide el papel del Caribe como plataforma para el comercio internacional pero no articule actuaciones concretas que inserten las actividades económicas regionales a la actividad exportadora.

Puede afirmarse entonces que la visión de la estrategia regional, además de separatista, adolece de un lema de integración territorial de fondo. Por tal motivo las universidades del Caribe aseguran que "el enfoque segregacionista en el manejo de la subregión insular impide la obtención de un diagnóstico y de una propuesta de desarrollo en función de problemáticas y potencialidades integrales, a la vez que incrementa la dependencia centralista en lugar de propender por la consolidación de la autonomía y la sostenibilidad administrativa local". Es algo que tendremos que debatir muy seriamente en el Congreso.

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Si Electricaribe empeora y el gas sigue disparado, no habrá ni equidad ni desarrollo

Bogotá, D.C., 23 de Marzo de 2015 -  Por José David Name Cardozo - Senador de la República Partido de La U. Sin un servicio de energía eléctrica confiable y con una estructura de precios disparada en el sistema tarifario del gas natural, ¿a qué tipo de desarrollo económico y de estabilidad social podemos aspirar en la Costa Caribe colombiana?

Si le agregamos las deficiencias, y graves, que aún subsisten en el sector de agua potable y saneamiento básico, el panorama podría ser más catastrófico.

El Presidente Juan Manuel Santos viene con su equipo de ministros por segunda vez en menos de 15 días a la región y le dice que en los últimos 4 años se han invertido por el gobierno 72 billones de pesos en obras para su progreso. Anuncia un conjunto de planes, proyectos y programas que deben ayudarnos a salir de pobres y otras bondades.

Queremos creer en la palabra y el compromiso gubernamental, de hecho hay muchas transformaciones y avances, pero cuando revisamos los periódicos de los últimos siete días encontramos que el rosario de quejas y protestas contra el mal servicio de Electricaribe y la alta facturación en gas natural es infinito.

Con Electricaribe el servicio llega a los peores niveles críticos de toda su historia, por cuenta esta vez de las fuertes brisas y las primeras gotas de lluvia. Esa es la tesis con la que se ampara la empresa. Vaya a ver si es verdad. Y pasa lo de siempre, una compañía multinacional que recibe ingentes sumas de dinero por tarifas y subsidios del Estado, pero nunca le alcanza la plata.

Salen entonces gobernadores y alcaldes a tomar las banderas de la protesta ciudadana contra Electricaribe, hacen una mesa de trabajo, asiste el Ministro de Minas y Energía de turno y la noticia al final es que se requiere una inversión de tres billones de pesos para terminar de arreglarle el negocio a la empresa de energía, pero en ningún tono se afirma que el usuario será el gran beneficiado con el mejoramiento del servicio.

Ya está bueno, creemos que el Gobierno Nacional debe ser más categórico frente a las exigencias del buen servicio. Ya es hora de las soluciones definitivas. El tema es complejo. Si bien Electricaribe ha perdido eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, el problema lo tenemos que arreglar con ellos porque el mercado regional les fue ofrecido a las Empresas Públicas de Medellín y a la Empresa de Energía de Bogotá y ambas rehusaron cualquier negociación porque en la Costa Caribe el índice de fraudes es muy alto y la cartera de las entidades públicas es elevadísima. Tenemos que defendernos con lo que hay. No hay vuelta de hoja, de lo contrario podríamos tener una reacción social de niveles y consecuencias inimaginables en la región.

Recuerdo que el 17 de septiembre de 2013, en la Comisión Quinta del Senado de la República denunciamos la excesiva permisividad del Gobierno con Electricaribe. Ese día los senadores Daira Galvis, Jorge Enrique Robledo, Felix Valera, Nora García y yo, fuimos enfáticos en solicitar un plan de choque para el servicio en la Costa Caribe, pero todo se redujo a simples anuncios del Gobierno. La conclusión que sacamos es que el Gobierno Nacional "ha mantenido al Caribe colombiano rezagado frente a un sistema energético que no lo beneficia" y por el contrario lo sume en un atraso mayor.

A la pesadilla de Electricaribe en la Costa se suma hoy la de las tarifas del servicio de gas natural, tanto para usuarios residenciales como los comerciales e industriales. A pesar de que recientemente el Ministro de Minas y Energía, Tomás González, vino a Barranquilla a decir a grito entero que este año las tarifas no subirían por encima del cuatro por ciento. El asunto va para no creer, si vemos los recibos que llegan a las casas y a las empresas.

Señor Presidente Juan Manuel Santos y señor Ministro de Minas y Energía Tomás González, nosotros hemos hecho campaña por este gobierno, hemos acompañado sus iniciativas en el Congreso de la República y las hemos mejorado cuando ha sido necesario, calmamos a la gente cuando ya está que pierde los mínimos de la paciencia, pero créanme que el asunto se está saliendo de madre y si no hay acciones inmediatas por parte de ustedes, vamos a terminar lamentándolo todos.

Y no es una advertencia amenazante ni muchos menos, es mirar el futuro de corto plazo con los pies en la tierra si no se resuelven los problemas de Electricaribe y no se detienen las altas tarifas del gas natural. La inconformidad ciudadana es creciente y parece inatajable.

Hago un cordial y respetuoso llamado al Gobierno Nacional para que revisemos y acordemos acciones urgentes en relación con el servicio de energía eléctrica y el gas natural en la Costa Caribe colombiana. Eso es lo que espera el ciudadano que votó y no votó recientemente por la reelección presidencial. Sin resolver los problemas en esos dos frentes, cualquier aspiración de un desarrollo con equidad será una simple ilusión. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com

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