Ley de regiones: una deuda histórica

Hablar de regiones no es nuevo. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, varios ponentes defendieron el reconocimiento constitucional de las regiones dado que eran un anhelo y realidad nacional. Sin embargo, Colombia no logra descentralizarse, acabar con la monarquía presidencial que nos caracteriza y definirse por un modelo de ordenamiento territorial que le otorgue a las regiones la capacidad de planear y definir su destino con instituciones fuertes y presupuesto.

Aunque se propuso que las regiones tuvieran órganos legislativos propios y no solo administrativos, esto no quedó plasmado en la nueva Constitución. El gran avance fue que nuestra carta magna, le dio facultades a los departamentos para que se constituyan en Regiones Administrativas de Planeación Administrativa (RAP) y las facultó para que se convirtieran en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP y RET son el vehículo para consolidar alianzas regionales que permitan generar sinergias y formular macro proyectos de alto impacto social y económico.

A pesar de la viabilidad que le dio el marco constitucional, el proceso de conversión de las RAP y las RET estuvo frenado durante mucho tiempo, porque la Ley Orgánica que la reglamentó fue expedida 20 años después de promulgada la Constitución. Sin embargo, cuando se expidió, el legislador omitió otorgarles viabilidad financiera sin que estos nuevos esquemas de asociación territorial pudieran participar del Presupuesto General de la Nación o de cualquier otra forma de financiación por parte del Estado.

Esa situación ha limitado y desincentivado la asociatividad en el territorio, pues su presupuesto se limita a lo que aporten los departamentos que opten por integrarse como región. Es evidente entonces, que a pesar de que en nuestro país se consagran diferentes maneras de descentralización, hacen falta incentivos para promoverlas. 

El Congreso de la República, consciente de esta realidad, se ha unido para avanzar en una propuesta legislativa que permita ampliar los recursos de inversión de las RAP e incluir aportes de recursos provenientes del crédito público y posibilidades de cofinanciación dentro del Presupuesto General de la Nación.  Promover las RAP y las RET, se convierte así en una manera de incentivar también el desarrollo regional que muchas veces está contaminado por una alta concentración de las decisiones de interés general en pocas manos.

Además, los mecanismos de participación ciudadana son ineficientes, situación que aprovechan algunos mandatarios corruptos con intereses particulares que priman sobre su función pública. Todas esas razones validan esta iniciativa legislativa que espera promover la descentralización y garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de veedurías ciudadanas y el acompañamiento y vigilancia de todos los organismos de control. Sin descentralización real, Colombia no tendrá paz.

Nuestras historias

Víctimas y educación pública

La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse entonces, como evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es, asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa.

 

Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso.

 

Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia, se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas.

 

En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios, para que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia, es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse entonces, como evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es, asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa.

 

Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso.

 

Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia, se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas.

 

En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios, para que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia, es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.

Nuestras historias

Ley de primera empresa

El Congreso de la República inició el debate de la ley de Primera Empresa. Esta iniciativa es una apuesta al emprendimiento como sector estratégico de la economía, que apunta hacia la innovación y la apertura a nuevos mercados. 

 

Esto a pesar del contexto que impone el modelo económico vigente en Colombia, lleno de posiciones dominantes, donde priman sectores que bloquean la libre competencia, que cierran la puerta a la innovación y frustran las iniciativas empresariales de miles de colombianos que todos los días se atreven a emprender. 

 

Cuando nace una idea de negocio, los nuevos empresarios chocan con barreras culturales propias de nuestra mentalidad latina, complicadas de superar porque son cortoplacistas, buscan resultados de la noche a la mañana y no premian el esfuerzo sino el triunfo. Cuando un emprendedor se enfrenta al fracaso propio de estas iniciativas, debe lidiar con un imaginario colectivo discriminatorio que lo castiga en lugar de reconocerlo como experiencia y una lección aprendida.  

 

No obstante, en otras latitudes el fracaso, más que descalificar al individuo, es visto como una fortaleza, un indicador de que algo no estuvo bien, un mensaje de que lo que hicimos no funcionó y debemos modificar el método para alcanzar los objetivos propuestos. En resumen, el fracaso es visto como una ganancia personal para el emprendedor porque de él, saca lecciones aprendidas y valor agregado para el siguiente proyecto. 

 

La iniciativa de ley que radicamos, define positivamente el fracaso y busca facilitarle a los emprendedores transitar por el “valle de la muerte”; es decir, atravesar ese periodo en el que de cada diez emprendimientos ocho fracasan, entre otras cosas, porque no acceden a créditos, o a condiciones mínimas para consolidar su proyecto emprendedor. 

 

En concreto con la ley de primera empresa, esperamos tres resultados: En primer lugar, consolidar un cambio de mentalidad en el sector financiero, para facilitar el acceso a créditos y a la financiación de nuevos proyectos. Esto es, promover entre las entidades del sector bancario, el diseño de políticas y metodologías de evaluación de riesgo crediticio, dirigidas a incluir a empresas en etapas tempranas en sus portafolios de servicios. 

 

En segundo lugar, buscamos abrirle la puerta a los emprendedores para que participen en la contratación pública en Colombia, aún monopolizada por posiciones dominantes. 

 

Finalmente, esta ley busca minimizar los excesivos trámites a los que se enfrentan los emprendedores en el país; como el tiempo de largas filas y las entrevistas con funcionarios públicos que se requieren para obtener los permisos legales; por servicios de virtualización. En ultimas, queremos promover el e-gobierno, porque creemos que la transformación digital debe ser el reto del próximo mandatario del país.

Nuestras historias

Traición al espíritu liberal

Este fin de semana se llevará a cabo la consulta liberal o el funeral de la vocación de poder del Partido más importante en la historia de Colombia. Los electores no van a elegir este domingo un candidato sino un negociador que buscará el acomodamiento de una de las facciones en que se divide hoy el Partido. 

El Partido que dice ser el campeón de la paz hace una consulta en el marco de una grave violación del derecho al voto. La restricción presupuestal le impidió a campesinos, indígenas, comunidades negras y habitantes de áreas rurales, la posibilidad de ejercer este derecho.  El voto ha sido un logro de los movimientos ciudadanos de mujeres, de minorías étnicas y culturales que han logrado convertirlo en un derecho universal. El sufragio no es un privilegio de un estamento social o lugar geográfico. La importancia del voto en Colombia es su universalidad, es un mecanismo mediante el cual los individuos inciden en el poder político, para ejercerlo o controlarlo.

La participación electoral constituye una parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Para ejercerlo, es indispensable tener a disposición la infraestructura y la logística necesaria para que toda la ciudadanía pueda votar en los lugares designados, razonablemente cercanos a los lugares donde vive, en condiciones de seguridad y con la suficiente información que se requiere para ello.

Si el Estado no dispone la infraestructura, si la logística es deficiente, o si los ciudadanos no tienen mesas de votación cercanas a sus moradas, los individuos no pueden ejercer su derecho como ciudadanos. La gran perdedora es la democracia y un ejercicio legítimo termina desfigurado, restringido y distorsionado, una farsa, un engaño para beneficio de las maquinarias.

Pese a lo anterior, la Registraduría y el director del Partido Liberal desconociendo la universalidad del derecho al voto, decidieron seguir adelante con este ejercicio estéril. El acuerdo entre el Registrador y el Dr. Gaviria es para una pseudo-consulta, únicamente en las cabeceras municipales, eliminando herramientas electorales como la biometría, el aplicativo de información a los votantes y el pre conteo.

Solo por hablar de la gravedad de eliminar algunas de ellas, quiero mencionar que al dejar de poner en práctica medidas biométricas, no se garantiza la seguridad del derecho al voto. Medidas cuyo espíritu es asegurar que el voto de cada persona cuente efectivamente e impedir, por ejemplo, que se utilicen cédulas de personas fallecidas para votar, o que una misma persona vote más de una vez.

Los derechos de los liberales como ciudadanos – y los de los colombianos en general que hacen parte del censo electoral – no pueden quedar supeditados a la disciplina interna de un partido o a acuerdos entre élites políticas. La consulta liberal que se aproxima es una disputa de egos entre maquinarias, un mecanismo democrático hoy desfigurado y desprestigiado que ha sido legítimo y por el que incluso grandes héroes entregaron su vida. No solo un engaño y una farsa sino una traición a la memoria de nuestros ancestros liberales.

Nuestras historias

Justicia especial para las víctimas

La participación política de sancionados por la JEP, es uno de los puntos más delicados del proyecto de justicia transicional que se debate en el Congreso de la República. Yo mantengo con coherencia, la posición que he sostenido desde la firma de los acuerdos: los candidatos a cargos de elección popular que hubieren sido acreditados por el Gobierno Nacional como miembros de las FARC-EP, y que sean sujetos de la Justicia Transicional, deberán aportar verdad plena ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición antes de ejercer el cargo para el que fueron elegidos. Para cambiar las armas por las palabras, lo primero que tenemos que hacer es encararnos, decirnos la verdad y oírnos.

 

Creo firmemente que de todas las instituciones creadas en el acuerdo de paz, la más importante es la  Comisión de la Verdad, porque es la herramienta que ayudará a entender qué pasó durante la violencia política en el país, y a evitar su repetición.

 

Por esa razón, ahora que nos vemos enfrentados a la posibilidad que excombatientes participen en política sin haber comparecido ante la justicia, debemos ser firmes en exigir que, antes de ocupar una curul en el Congreso, se comprometan a contar toda la verdad.

 

Tener un  compromiso ético con la verdad, no significa imponer obligaciones adicionales a las acordadas con los guerrilleros en la mesa de La Habana. Se trata de que las dos partes del conflicto escuchen las diversas versiones de lo ocurrido en el país y se comprometan a garantizar la solución de los problemas estructurales que la provocaron.

 

Cada parte tiene su historia, los motivos de cada quien son legítimos y todos los sectores están dispuestos a escuchar a las víctimas. No podemos seguir dilatando la construcción de una narrativa que satisfaga la sed de verdad que tiene la sociedad, especialmente las víctimas.

 

No olvidemos que el paso definitivo para la reconciliación es el conocimiento de lo ocurrido, eso es la Comisión de la Verdad. No se trata de una verdad judicial, para condenar o absolver a los responsables de esos hechos; se trata de una verdad que permitirá comprender lo sucedido, una verdad que aunque no exija perdón; podrá generar nuevas condiciones para la reconciliación. Desde el Congreso, seguiremos apoyando el liderazgo de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz y en la construcción de los escenarios de posacuerdo.

Nuestras historias

Misericordia es dar el primer paso

Antes de tomar el avión que lo trajo a Bogotá, el Papa Francisco envió su primer mensaje a los colombianos. Dijo que muchos de nosotros seguramente nos preguntamos qué pretende él con este viaje. Frente a esa pregunta, sostuvo que quiere encontrarse con Colombia para compartir una verdad profunda: sin importar nuestros méritos, fuimos creados para amar. Por eso, una de las aspiraciones más profundas de los seres humanos es entregarse a los demás.

Esta no es la primera vez que recibimos a un Sumo Pontífice, pero el mensaje de ahora es diferente a los de visitas anteriores. Fue en 1968, cuando por primera vez el Vaticano envió al máximo jerarca de la iglesia católica a Latinoamérica. En esa oportunidad el Papa Pablo VI ofreció una misa en lo que hoy es el parque Simón Bolívar, y envió un saludo a la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

En aquella conferencia la iglesia afirmó la opción por los pobres, sembrando la semilla de la teología de la liberación. Su mensaje fue claro al afirmar que ciertas grandes crisis de la historia podrían haberse evitado si se asumieran las reformas que la gente pide con desesperación y termina obteniendo a través de revoluciones violentas.

Varios años después, en 1986, nos visitó el Papa Juan Pablo II luego de dos grandes tragedias en nuestro país: la avalancha de Armero y la toma del Palacio de Justicia. El mensaje de Karol Voytiwa reivindicó la necesidad de hacer frente a obstáculos como las crisis económicas y a promover un desarrollo integral del ser humano.

Ahora viene a nuestro país Francisco, Jorge Mario Bergaglio, primer Papa latinoamericano. Un hombre sencillo y austero que evitó el lujo del palacio Vaticano para ocupar una sencilla habitación en la casa de huéspedes Santa Martha. Un verdadero Pastor que habla de misericordia cuando el mundo exige justicia, y que prefiere ser llamado Francisco, como un hombre común, y no “su santidad”.

Aún así, el mensaje de este hombre es contundente: el amor ha sido sembrado en nuestros corazones y el amor como toda semilla tiende a crecer. Sin embargo, a menudo esto no ocurre. El egoísmo, el orgullo y la desesperanza marchitan el amor. Un amor que requiere voluntad constante, decisión, pues no es una emoción pasajera.  Esperamos que esta visita, nos permita atrevernos a "dar el primer paso" para ser personas de paz, para no quedarnos esperando a que los demás den ese primer paso y vivir en armonía. En Colombia, el corazón se nos ha endurecido, la guerra y la violencia cotidiana han sembrado frustración y resentimiento. Esperamos que la bendición del Papa sobre nuestra tierra, nos permita decidir vivir en paz.

Nuestras historias

Lo que cada uno representa

En está agitada época en que empiezan a moverse las campañas electorales a la Presidencia de la Republica, me ha sorprendido observar la gran cantidad de precandidatos con deseos y posibilidades de llegar a la Casa de Nariño en 2018. Tantos, que puede resultar incluso confuso para la prensa que organiza foros de pre candidatos por todo el país, saber a quién invitar a debatir con quien. 

Por ello, muchas veces escogen invitar al Dr. Humberto De la Calle o a mi, como si representáramos lo mismo. Y no.

Lo único que tenemos en común es que pertenecemos a las filas del Partido Liberal, pero ni siquiera eso pareciera estar uniéndonos: el Dr. De La Calle ni siquiera ha definido si será precandidato del partido o si irá respaldado por un movimiento de recolección de firmas. Yo por el contrario, he dicho con claridad que iré como PRE candidato oficial del Partido Liberal a una consulta popular abierta que deberá escoger al candidato único de centro en los próximos comicios de marzo 2018. 

Como si lo anterior fuera poco, yo además represento la renovación política del liberalismo; yo no he sido parte ni de este ni de anteriores gobiernos. Todas mis ideas y mis propuestas están enfocadas en renovar las viejas prácticas políticas del país.

Yo construiré desde el Gobierno, de tener el honor de llegar a la Presidencia, un país de oportunidades para todos los colombianos a partir del post conflicto: es decir, para mí el acuerdo de paz no es el punto de llegada sino el punto de partida para un país más justo y equitativo. 

Respeto profundamente al Dr. Humberto De la Calle y sus aportes históricos al proceso de paz y a nuestra Colombia; pero en esta contienda electoral ni somos lo mismo, ni representamos lo mismo

Nuestras historias

Sin emprendimiento no hay crecimiento

La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, afirma que los países latinoamericanos deben promover la productividad a través de la innovación y del dinamismo emprendedor. El crecimiento y la productividad de una nación están estrechamente ligados con la actividad emprendedora, la cual es un factor imprescindible del jalonamiento económico de cualquier país.
 

Gracias a los desafíos que enfrenta la región se han fortalecido cambios normativos como en Chile y Argentina, que han incluido incentivos para facilitar la creación de empresas o en México que por medio de leyes se han disminuido los trámites y abaratado los costos para formalizar sociedades, siendo el emprendimiento la herramienta propicia para responder a las nuevas agendas latinoamericanas.

En el caso colombiano, desde hace varios años los gobiernos de turno han realizado esfuerzos para fomentar el apoyo a emprendedores y el financiamiento de iniciativas productivas. Estos esfuerzos, se han visto reflejados en los resultados obtenidos en estudios e investigaciones internacionales sobre emprendimiento, competitividad y negocios, como el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (WEF), en el que Colombia pasó del puesto 63 entre 122 países en 2006 al puesto 61 entre 138 en 2016.

Así mismo, en el ranking del Doing Business del Banco Mundial pasó del puesto 76 en 2006 al 54 en 2016. Pese a las posiciones adquiridas los retos a los que se enfrenta Colombia en términos de crecimiento y desarrollo siguen siendo difíciles.

Colombia en 2006 definió su visión para 2032; se trata de que nuestro país sea el "tercero más competitivo de América Latina, con un ingreso per cápita equivalente al de un país de ingreso medio-alto, soportado en una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, [...] con una mayor calidad de vida e igualdad." Por esas razones, el país de las oportunidades que propongo le apuesta al emprendimiento como motor que aumente la productividad, la generación de empleo y la competitividad.

El mayor lastre que arrastra Colombia para ser competitiva, es el clientelismo. El yugo clientelista nos cuesta 5% del PIB anualmente. Como Presidente de los Colombianos, me dedicaré a la tarea de desmontar el régimen clientelista que todos los días le roba las oportunidades a millones de compatriotas. Solo así seremos competitivos y más productivos.

Nuestras historias

Mi propuesta económica para un país de oportunidades

n el marco del 2do. Congreso Empresarial Colombiano – CEC, organizado por la ANDI pude plantear a 1.500 empresarios mis ideas para reactivar la economía del país. Existen dos caminos para hacerlo: el primero, seguir por donde vamos, medidas coyunturales para apagar incendios y resolver el problema del momento resultado de la dependencia en materias primas, la tasa de cambio y la economía extractiva.

El otro camino es buscar un cambio estructural, una política de desarrollo empresarial con un proceso que le apueste a la productividad. La productividad nos va a garantizar la sostenibilidad de un crecimiento de más del 5% para reducir la inequidad y que generar oportunidades para todos.

Para garantizar el crecimiento es necesario que todos los jugadores tengan las misma reglas de juego y no un campo desnivelado como el que tenemos hoy.  En otras palabras, hay empresarios que al oír el silbato, comienzan su carrera en la línea de partida, otros arrancan 50 metros adelante, otros desde 5 metros atrás y la gran mayoría, ni siquiera puede participar.  

Lo  que haré como Presidente de Colombia es generar una economía donde todos participen y arranquen desde la línea de partida, que todos tengan las mismas garantías en la carrera y todos, además,  tengan las mismas oportunidades de ganar. El Estado con su modelo profundamente clientelista escoge los ganadores y los perdedores de la economía, define a quien le pone obstáculos y trabas para competir. El clientelismo nos cuesta entre el 3 y 5% del PIB cada año, recursos perdidos para lograr que la economía crezca de manera sostenida y sosteniblemente.  

Para lograrlo, tendremos en primer lugar que bajarles los impuestos a las empresas micro, pequeñas y medianas y estimularlas a ser más productivas, a innovar y a exportar para insertar nuestra oferta exportadora en las cadenas de valor.  Segundo, eliminar las exenciones ineficientes que nos cuestan a los colombianos 30 billones de pesos y que podríamos estar invirtiendo en estimular a estas empresas que representan el 99% del total de empresas del país.

Mi apuesta es por la productividad y reversar así las estadísticas de decrecimiento del 0.53 que hemos padecido los últimos 4 gobiernos en esta materia. En el País de las Oportunidades que lideraré, voy a buscar un modelo orientado a la productividad, la innovación, la exportación y la movilidad social en la economía. Ya es hora de cambiar.

Nuestras historias

Colombia, país de oportunidades

Hoy quiero hablar de nuevo sobre los emprendimientos en Colombia y las dificultades que frustran a un sector que debe ser estratégico en nuestra economía. Esta es la apuesta para que Colombia crezca a más del 5%. Los mayores obstáculos que encuentran jóvenes y nuevos emprendedores, son barreras de financiamiento y tramitomanía para lograr su formalización.  

Elsa María Bueno, una de las mujeres que le apuesta a sacar adelante su empresa en Bogotá, me ha dicho que le falta respaldo, financiación y apoyo en todas las etapas por las que ha transitado con su emprendimiento. Por emprendedores como Elsa María, le apuesto a una nueva visión de este sector, que logre aumentar los mecanismos de financiación de proyectos disponibles.

Es notorio que las entidades que existen en Colombia como iNNpulsa y el Fondo Emprender, no cuentan con un presupuesto suficiente para cubrir la totalidad de las iniciativas existentes. Las políticas de crédito del sistema bancario no evalúan sus solicitudes de acuerdo con el potencial del negocio propuesto. La cultura del sector financiero solo tiene en cuenta la capacidad de pago real de emprendedores nacientes y sus garantías.

Es necesario simplificar los trámites, acabar con filas inútiles y superar la cultura del sello y la autenticación si queremos que todos los negocios que despegan, por fuera del radar del Estado colombiano, se formalicen y consoliden con ayuda pública y estructuras empresariales solidas en el marco de las leyes actuales.

Voy a promover una nueva cultura alrededor de los emprendedores y su papel en la economía colombiana. Para lograr ese propósito, el sistema educativo será mi principal arma. La educación tradicional, autoritaria, rígida, impertinente y convencional, se ha convertido en el principal verdugo para la creatividad. Innovación es la nueva clave en la formación de valor para la economía colombiana.

Un proceso que de la mano de nuevos actores en el sector real, alce su voz para decir qué necesita el mercado laboral desde la formación técnica y tecnológica. Promoveré en Colombia una integración entre el sector empresarial, el Estado y la academia para desarrollar el talento emprendedor de la gente. El emprendimiento es el camino más rápido y sostenible hacia el desarrollo. En el país de las oportunidades, ¡Todos podrán emprender!  Los invito para que me acompañen con sus ideas y participación. Vamos a construir juntos una iniciativa legislativa que resuelva los retos del emprendimiento para hacer de Colombia el país de las oportunidades.

Nuestras historias

Educación media: eslabón perdido

Llegó la hora del examen para los que están a punto de graduarse. El ICFES acaba de anunciar que el próximo mes de agosto se llevara a cabo la prueba Saber 11. Es un examen que no solo selecciona los estudiantes que pueden ingresar a la educación superior, sino que evalúa la calidad de la formación de los colegios en el país.

 

Los números nos muestran bajas tasas de cobertura neta en educación media, pobres resultados educativos de instituciones oficiales, ausencia de bilingüismo, amplias brechas económicas y sociales en las regiones, y un especial déficit de educación en las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas.

 

La crisis es aún mayor: se trata de la insatisfacción de los jóvenes con la educación recibida, que es en buena parte, la razón por la que muchos de ellos abandonan el sistema educativo. La educación media en Colombia, necesita que decididamente nos comprometamos a que aprendan lo que necesitan aprender.

 

Para esto, es necesario que la sociedad, la familia y el Gobierno Nacional, fortalezcan su relación con los docentes, que las entidades públicas en todos los niveles, trabajen de manera coordinada con los establecimientos educativos para mejorar su gestión y superar el caos administrativo actual. Pero sobre todo, que exista un activo involucramiento del sector real con el sistema educativo.

 

Expertos afirman que la población egresada de la educación media, entra al mundo laboral y generalmente se ocupa en oficios de baja calificación y baja remuneración. Esa es una tendencia que debemos reversar y así vincular las necesidades del sector productivo con la formación de capital humano en el país.

 

La nueva arquitectura de la educación, debe plantear una renovada comprensión del sentido y el propósito de la media, de los actores que participan en la definición de los contenidos de formación, y de los perfiles docentes. La educación media hoy en el mundo, asume la tarea de preparar a los jóvenes para la realización de sus proyectos de vida productiva. Por esa razón, debe desarrollar no solamente competencias cognitivas y habilidades para los oficios, sino también fortalezas socio afectivas y actitudes asertivas.

 

Otra función de la educación media es permitir a los jóvenes relacionarse sanamente con sus pares, explorar sus intereses, descubrir su vocación, sus talentos y desarrollar un pensamiento crítico. Estoy seguro de que estas 3 propuestas en materia de educación, permitirán a muchos jóvenes que hoy no llegan a la media, hacerlo sin desertar y encontrar pertinencia frente a la demanda en habilidades y destrezas que reclama el mundo empresarial. Finalmente pero no menos importante, propongo una política que valorice socialmente en Colombia la educación técnica y tecnológica, donde están hoy las oportunidades reales de empleo.

Nuestras historias

Colombia en el Pacífico

La pasada cumbre de la Alianza del Pacifico, concentró en Cali, no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos, imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos, también traían frustraciones al conocer a fondo, las dificultades del emprendimiento en Colombia. 

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza, no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto.  Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo.

En esta misma línea, es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las MIPYMES que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacifico, se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar MIPYMES o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intra-regional (aranceles, tramites).

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel, se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de MIPYMES. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

En Colombia hemos tenido buena voluntad para apoyar a nuevas empresas, sin embargo, no contamos con resultados efectivos en esta materia: muy pocas logran crecer, volverse productivas y exportar.

Por eso, los acuerdos multilaterales no pueden seguir quedándose en el aire, o en una buena foto para darle a los medios de comunicación. es necesario promover soluciones concretas como abaratar costos para pequeñas empresas, mejorar capacidades de nuevos emprendedores, proveer bienes públicos y reducir tiempos y trámites para verdaderamente facilitar el comercio en la región. No dejemos que esta nueva alianza, se convierta en “un canto a la bandera”.

Nuestras historias

Duele Tumaco

Juan Manuel Galán | Senador Partido Liberal

 

Tumaco y su gente nos deberían doler a todos los Colombianos. Estamos hablando del segundo puerto más importante del Pacífico y,  ¡qué rabia! Una ciudad sitiada entre la pobreza y los criminales que se lucran del narcotráfico. Hace unos días aterricé en la llamada Perla del Pacífico, para conocer de primera mano los desafíos a los que nos enfrentamos si queremos rescatar este territorio y a su comunidad. Me encontré con un municipio con cifras dramáticas, no solo de cultivos ilícitos, sino de cocaína exportada hacia Ecuador, Centro América y México; cifras que superan las 300 toneladas de cocaína al año, en manos del cartel del golfo, disidencias de las Farc, ELN, bandas criminales. Todos en guerra por el control de la economía narcotraficante y la minería ilegal. 

 

Alrededor de esta preciosa bahía, existen aproximadamente 10 estructuras armadas, entre las que se encuentra la llamada Gente del Orden, un grupo denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia y por supuesto, hombres del ELN y sectores disidentes de las Farc, que no entraron en el proceso de paz. El negocio de la cocaína ya no está en manos de grandes capos o de un cartel poderoso, sino de pequeños grupos que dominan operaciones que van desde el cultivo, el procesamiento de la hoja de coca, el transporte de la base y la carga de toneladas de cocaína. Esta segmentación del negocio, les permite a los delincuentes controlar zonas geográficas, pobladores y la industria del narcotráfico en general, pues comparten un interés común de lucro.

 

Sin embargo, las numerosas guerras internas por el control mafioso de la zona, muestran una situación humanitaria dramática. Así, vemos que la tasa de homicidios en Tumaco es de 70 por cada 100 mil habitantes, una cifra muy preocupante si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de 25 por 100 mil habitantes. Es claro que la población está sometida al imperio de estos criminales, que se están disputando el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la corrupción y otros delitos que los alimentan financieramente. Por eso, es necesario imponer la fuerza de la ley en el territorio; llevar presencia estatal con oferta diferenciada para campesinos y concertar con la comunidad.; y planes alternativos de economía familiar fundamentados en actividades tradicionales como la pesca artesanal, el fortalecimiento de la infraestructura hotelera para posicionar lugares como las playas de El Morro, Bocagrande y El Bajito entre los viajeros. Así mismo, resaltar expresiones culturales regionales autóctonas, como los Carnavales del Fuego y el Festival del Currulao. 

 

Aunque Tumaco parece solo un punto geográfico en el mapa, es en realidad lo que se juega Colombia en el posconflicto, la cara de lo que en la práctica puede significar el triunfo de la paz sobre la guerra.

Nuestras historias

El secuestro de Herledy López

El Frente Primero ‘Armando Ríos’ de las FARC anunció que no acataba las directrices del Secretariado. De acuerdo con información publicada, a la cabeza de este frente está el comandante Gentil Duarte, quien hace presencia en el área de Guaviare. Este individuo, lidera un sector de la guerrilla que inició desde hace más de 40 años el cobro de gramaje a los cultivos de hoja de coca en los territorios del Guaviare, Guanía y Vaupés.

Hoy la disidencia anunciada de ese frente, tiene impactos que quiero denunciar.  Se trata del secuestro de Herledy López, un funcionario colombiano, miembro de las Naciones Unidas ONU, que trabajaba en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Guaviare y que desde el pasado 3 de mayo, fue privado de su libertad mientras se encontraba en el corregimiento de Barranquillita.

Nos enfrentamos al primer secuestro de un funcionario encargado de implementar el acuerdo de paz, sin que a la fecha tengamos alguna prueba de vida. Al parecer, la disidencia ha pedido que a cambio de su entrega, las Naciones Unidas contribuyan a la liberación de alias ‘Simón Trinidad’ y el Gobierno Nacional, lleve a cabo un plan de desarrollo integral para los campesinos, distinto a la estrategia de erradicación de cultivos en la zona. Grupos disidentes de las FARC, se suman a los nuevos retos de seguridad en el posconflicto, por lo que es necesario utilizar toda la fuerza del Estado colombiano para capturar a estos delincuentes.

Sin embargo, al mismo tiempo, es útil abrir espacios para que se sometan voluntariamente a la justicia. Por esto, le exijo al Frente Primero de la disidencia de las FARC que libere inmediatamente al señor Herledy López Hernández y que le informe al país sobre su estado de salud, condiciones de cautiverio y motivos por los cuales se encuentra secuestrado.

Igualmente, le solicito al Gobierno Nacional y a las Naciones Unidas que expliquen si han llevado a cabo algún tipo de acción para lograr su liberación. Desde hace más de un mes no se sabe nada de su paradero y es alarmante que el Gobierno Nacional aún no ha hecho un pronunciamiento contundente sobre este hecho y los nuevos retos en materia de seguridad. Es claro que estos secuestradores no pueden ser tratados como simples bandidos comunes.

Nuestras historias

NUEVO LIBERALISMO

Ni candidato del Gobierno, ni candidato de maquinarias, ni un delfín. Por si aún existe alguna duda, vamos a dejarlo claro, no soy el candidato oficial del continuismo. Soy un liberal independiente que ha defendido posturas renovadoras dentro del Liberalismo. Es por eso que hablo del Nuevo Liberalismo, un movimiento que convertirá a Colombia en el país de las oportunidades para todos. Invito a los liberales y a quienes se niegan a entregarle el país a extremos populistas, para que hagamos una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias. Que sea la gente, los ciudadanos, quienes tengan el poder de decisión sobre el candidato que defenderá una propuesta de centro en las elecciones presidenciales. Con esta iniciativa, busco el apoyo no solo de los Liberales, sino de todos los precandidatos que tienen el legado liberal en el corazón. Vamos a hacer una revolución pacífica, electoral, que libere a Colombia del yugo clientelista, un cáncer que se ha devorado a nuestro país y que nos cuesta entre 3 y 5% del PIB. Una revolución que construya igualdad a través del crecimiento inclusivo en uno de los países mas desiguales del mundo. Una revolución que permita superar definitivamente el flagelo del narcotráfico, fuente de corrupción e inseguridad.
 
La consulta popular, debe tener Y garantías, unas reglas claras, bajo un escenario neutral que, desde el más alto nivel, ofrezca garantías suficientes a todos los precandidatos. Solo así, lograremos un consenso alrededor de una propuesta que responde con claridad a las demandas de seguridad y justicia y que, bajo una visión democrática, le apuesta a la distribución de la riqueza con políticas fiscales novedosas y progresivas. Necesitamos propuestas que no estén casadas, ni con la extrema derecha del Centro Democrático que quiere hacer trizas los acuerdos, ni con la extrema izquierda, que pretende entronizar en Colombia el modelo venezolano Chavista. Se trata más bien, de reunir a todos aquellos candidatos interesados en propuestas que rescaten el proceso de paz y que avancen en las reformas que el país necesita para construir igualdad, y hacer de Colombia el país de las oportunidades. 
 
Convoco entonces a un Nuevo Liberalismo, como opción renovadora, rebelde y en contra de las maquinarias electorales, como oportunidad de transformación social, que nos lleve a una nueva forma de hacer política en Colombia. Una política cuyo principio y objetivo es garantizar derechos, no hacer favores ni negocios particulares desde el poder.
 
Es la hora de la renovación!

Nuestras historias

Pandillas y abuso de sustancias: qué hacer?

"Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas": senador Juan Manuel Galán.

 

Bogotá D.C., abril 24 de 2017.- Esta semana se conoció el número de pandillas en Colombia. Los registros indican que en Bogotá hay 107, en Medellín 90 y en Cali 105. Se trata de una problemática que afecta primordialmente a los jóvenes de nuestro país, sobre la que hay registros confusos de información y en la que el alcohol y otras sustancias psicoactivas son de uso generalizado. Por eso, mas allá de caer en lugares comunes sobre la necesidad de reprimir el uso de sustancias, es necesario abordar este fenómeno desde los problemas de seguridad y convivencia que generan.

 

En particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que en la última década se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados. El abuso de sustancias es uno de los detonantes en la violencia que generan las pandillas. Se requiere entonces una atención inmediata, pero pertinente. Los miembros de estos grupos juveniles no son necesariamente delincuentes, pero si son jóvenes que han crecido en ambientes de vulnerabilidad y son presas de la invitación de grupos criminales que les aseguran dinero, protección o sentido de pertenencia.

 

La tentación colectiva es recurrir al populismo punitivo, la cárcel no como última opción sino como primer recurso. Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas. Es necesario responder con firmeza a los daños causados por este fenómeno pero al mismo tiempo, buscar caminos de inclusión. Aunque muchas voces se levantarán pidiendo recurrir a medidas populistas, efectistas e inmediatistas.

 

Una política de seguridad debe ser integral e incorporar a todos los actores responsables en la sociedad para una intervención a corto, mediano y largo plazo. La impunidad sin duda es otro detonante evidente en las conductas criminales y por eso antes de pensar en más leyes, lo lógico es cumplir las que ya existen. La institucionalidad debe recuperar autoridad y legitimidad pero también invertir decididamente en nuevos formatos de prevención y de educación, que mitiguen los riesgos de esta población, que garanticen permanencia en el sistema educativo y que atiendan el consumo problemático de sustancias.

 

http://prensa.senado.gov.co:8081/index.php/noticias/1192-pandillas-y-abuso-de-sustancias-que-hacer

Nuestras historias

Día Nacional de las Víctimas

“La tarea es descubrir de nuevo la solidaridad entre nosotros y porque no, recuperar las ilusiones y la esperanza”: senador Juan Manuel Galán.

 

Bogotá D.C:, abril 9 de 2017.- El 9 de abril se conmemora  en el Congreso de la República el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Es el  día de más de 8 millones de colombianos que tienen mucho que decir sobre la paz. A la fecha, las cifras nos muestran 8.376.463 registradas, de las cuales más de  1.722.729 son víctimas directas de desaparición forzada o de homicidio.

 

Por la memoria de estas víctimas, por la de los líderes sociales que siguen sufriendo los rezagos de la violencia en las zonas rurales y en los cascos urbanos, necesitamos oír su relato. Saber la verdad sobre lo que nos dejó este conflicto armado, no solo es importante como un elemento de justicia individual sino una condición para el ejercicio de otros derechos y libertades y para que todos, como sociedad, construyamos nuestro pasado a través del mecanismo de Memoria Histórica.

 

Esa memoria, será pieza fundamental del proceso de reconciliación que Colombia comienza a recorrer. Las narrativas de las víctimas y de la sociedad civil, y no solo la de los actores armados y el gobierno, son las que nos van a permitir recordar lo que pasó. Se trata de reconciliarnos con la indiferencia en que se sumergió este país por tantos años y reparar los lazos comunitarios que se rompieron con las armas.

 

La tarea es descubrir de nuevo la solidaridad entre nosotros y porque no, recuperar las ilusiones y la esperanza. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado es un día de solidaridad y de memoria, un día para apoyar incondicionalmente causas ajenas, para extender nuestro agradecimiento a todos los colombianos que ponen su grano de arena en la construcción de la paz de Colombia.

 

Es el día para avivar la voz de los líderes sociales que, a pesar de estos momentos de transición, tan difíciles, siguen trabajando por la garantía y el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto. Así, la memoria no es solo un derecho, es un deber que tenemos con la verdad y con la necesidad de que la próxima vez que las víctimas reciban una amenaza, ya no se sientan solas.

 


http://prensa.senado.gov.co:8081/index.php/noticias/1103-dia-nacional-de-las-victimas

Nuestras historias

La verdadera reforma política

La propuesta de reforma política apenas esbozada por el Gobierno Nacional desconoce abiertamente el trabajo que expertos, universidades, organizaciones sociales y partidos políticos hemos venimos haciendo desde hace muchos años.

 

Es cierto que el proceso electoral en Colombia está regido por una legislación incompleta, anacrónica y que sufre de amplios problemas técnicos derivados de reformas parciales y coyunturales. Sin embargo, eso no puede llamarnos a la premura; por el contrario, necesitamos una reforma de fondo, que ataque los problemas ya identificados y que contribuya de manera significativa a un cambio político, alentando la participación popular y evitando caer en graves amenazas a la estabilidad de nuestro país.

 

Por eso, es necesario, por ejemplo, abordar la importancia de llevar a cabo consultas internas para definir listas a corporaciones públicas en remplazo del voto preferente. Las consultas son el mecanismo por excelencia de la participación democrática para tomar decisiones y elegir candidatos propios en los partidos. Así, no solo debe implantarse este mecanismo, sino que sus resultados deben hacerse de obligatorio cumplimiento so pena de que los partidos o movimientos deban reintegrar todos los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, para llevar a cabo este proceso.

 

Por su parte, en relación con la financiación de las campañas electorales, son necesarias varias modificaciones dirigidas por ejemplo a que el sistema financiero cuente con garantías aportadas por el Estado, que faciliten la aprobación de créditos y el desembolso de préstamos, para la financiación legal de partidos y campañas. Es urgente fortalecer los mecanismos crediticios necesarios para satisfacer las necesidades de liquidez de los candidatos y que las instituciones financieras abran líneas especiales de crédito para los partidos, movimientos, agrupaciones políticas o campañas que lo requieran.

 

Esta, será una herramienta clave para evitar, detectar y sancionar la entrada de financiación prohibida a las campañas electorales; es decir, para acabar de una vez por todas, con la aceptación de dineros provenientes de actividades ilícitas o de personas naturales con procesos judiciales vigentes por delitos relacionados con la financiación o pertenencia a grupos armados ilegales; al narcotráfico o a la explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros. Esta reforma, puede ser una oportunidad única para cambiar viejas prácticas y resolver problemas que están sobre diagnosticados. Ojalá que el afán de visibilidad política, no obstruya la necesidad de lograr un adecuado diseño de nuestro sistema electoral.

Nuestras historias

Cómo enfrentar la corrupción

“Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos”.

 

Bogotá D.C:, febrero 13 de 2017.- ¿Es la corrupción un fenómeno que esta fuera de nuestro control? Desde hace varios años somos testigos de un desfile de empresarios, alcaldes, congresistas, y gobernadores que abusan del poder público en busca de una ganancia personal. La indignación crece y busca una interpretación. Casos como Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación, Interbolsa, Saludcoop, Reficar y ahora Odebrech son algunos síntomas de una enfermedad capaz de infectar todos los sectores de la sociedad. Así, se va generando una parálisis social en donde creemos que no hay nada por hacer para cambiar, porque todo parece fuera de nuestro control.

 

Esta sensación ha sido llamada por escuelas de psicología como indefensión aprendida, una condición en la que según la literatura disponible, los seres humanos aprendemos a creer que nos encontramos en un constante estado de vulnerabilidad, en el que perdemos cualquier control de la situación y en donde cualquier cosa que hagamos, es inútil. Esta percepción se convierte en el mejor caldo de cultivo para la corrupción pues genera pasividad y apatía política generalizada.

 

Somos una sociedad de ciudadanos que busca una democracia menos imperfecta, con más libertad, una comunidad de hombres y mujeres que sea capaz de elegir y de buscar las mejores condiciones para su desarrollo. Por eso, es necesaria una transformación cultural que cambie las rutinas de pensamiento y los hábitos cotidianos que están reforzando conductas de ilegalidad. Salir de ese supuesto estado de desamparo y activar la creencia de que nuestras acciones si pueden producir un cambio en nuestro entorno, que es posible relacionarnos bajo la observancia de la ley. Tener claro que cuando existen conflictos, son las instituciones los cauces adecuados para resolverlos. Es lo que Roy Godson llama cultura de la legalidad, donde los ciudadanos de manera decidida enfrentan sus problemas sin limitarse a la solución que el gobierno entregue.  Una cultura en la que los ciudadanos se informan sobre las leyes que los regulan y conocen las instituciones para modificarlas cuando sea necesario. En resumen, una sociedad que fomenta, promueve, premia, individual y colectivamente la cultura de la legalidad.

 

La tarea es colectiva, donde cada ciudadano por humilde que sea aporta en un proceso que no es milagroso ni se da de la noche a la mañana. Es cierto que se requiere de una acción oportuna de la justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También de la decidida voluntad de líderes y partidos políticos en la promoción de transparencia y rendición de cuentas en sus movimientos.

Sin embargo la contribución a esta causa se construye desde un cambio en la manera de pensar, un cambio de conciencia individual que se refleja en la conciencia colectiva. Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos.

Nuestras historias

Salvemos al Pedagógico!

"Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones".

Bogotá D.C., noviembre 15 de 2016.- El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) de Bogotá no es solamente un colegio o una escuela de formación. Se trata de un verdadero laboratorio de innovación en pedagogía y de un centro de práctica universitario. Además, fue la institución pionera en la educación de la mujer en Colombia.



Históricamente, el IPN inauguró la educación de la mujer como maestra. Fue semillero y cuna de la educación superior para la profesión magisterial, consolidando en 1934 la primera Facultad de Educación para Mujeres y posteriormente en 1955 convirtiéndola en la Universidad Pedagógica Femenina.



Se trató de un gran avance para la época; si hacemos memoria, durante la década de los 30, el país apenas estaba consagrando los derechos de la mujer a la libre disposición de sus bienes, cuando continuaba bajo el dominio del hombre como persona y aun no conseguía el reconocimiento ni siquiera, de sus derechos políticos.
 


Además de la innegable herencia en temas de desarrollo para la mujer, el instituto ha dejado un legado cultural importante para el país, forjado por músicos, literatos, historiadores y artistas entre los que se encuentran Gerardo Arrubla, Tomas Rueda Vargas, Darío Garzón, Hena Rodríguez, entre otros. La diversidad socio-económica y cultural de los estudiantes que han pasado por sus aulas, le ha permitido al Instituto tener un diálogo productivo y hacer aportes a la construcción de la paz desde un marco democrático, intercultural e incluyente.



Así, el camino que el IPN ha abierto en la historia de Colombia y la trascendencia de sus programas en Educación Especial, Preescolar, Educación Básica, así como la Media, Extensión, Pedagogía y Práctica Docente, lo ubican hoy en un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en materia educativa, ratificando su carácter especial y su alto nivel académico.



Su acción está impregnada de humanismo, de reconocimiento del otro y de creatividad, para llevar a cabo proyectos en beneficio de las comunidades a las que pertenece. Sin lugar a dudas, el IPN es un baluarte pedagógico que se ha materializado en metodologías de enseñanza sobre temas como la formación musical, educación física, formación en valores y formas alternativas de práctica docente, entre otros. Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones, y en merecedor innegable del título de ser Patrimonio Pedagógico de la Nación

Nuestras historias

El congreso de Estados Unidos como prioridad

“La continuidad de una relación estrecha de Colombia con los Estados Unidos pasa hoy más que nunca por el Congreso norteamericano”.

Bogotá D.C., febrero 6 de 2017.- El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha decidido acabar con las líneas de política exterior de supredecesor Barack Obama. Solo por mencionar algunos hitos de sus primeros días de gobierno, reorganizó el Consejo de Seguridad Nacional, reemplazando a los principales funcionarios de inteligencia del comité por asesores políticos y, al mismo tiempo, marginalizó de los temas de seguridad, al Director de Inteligencia Nacional y a los Jefes de Estado Mayor Conjunto.

 

Por otro lado, anunció la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México con una inversión de millones de dólares como estrategia de seguridad fronteriza, mientras que suspendió la firma de una orden ejecutiva para fortalecer asuntos de ciberseguridad y programas de contrainteligencia.

 

Como si esto fuera poco y en tan solo un par semanas, el presidente Trump decretó la prohibición de entrada a inmigrantes de países de mayoríamusulmana y a refugiados.

 

En este contexto, necesitamos pensar cómo reaccionará Colombia en el nuevo escenario internacional. Así, es importante entender que a lo largo de la historia de los Estados Unidos su política exterior se ha debatido entre dos tendencias: la de intervenir o la de aislarse de los asuntos del mundo. Estamos entrando en una era de aislamiento por parte del gobierno y la administración de Donald Trump.

 

Por eso, nuestro país debe comenzar a fortalecer las relaciones con otras ramas del poder en el país. Me refiero a fortalecer la relación con republicanos y demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, así como los lazos de cooperación y de diálogo bipartidistas, con miras a mantener los apoyos internacionales para el proceso de implementación del acuerdo de paz. 

 

Tradicionalmente, nuestras relaciones bilaterales, aunque han sido fluidas y de cooperación; han privilegiado al Gobierno de los Estados Unidos, más allá del Congreso de ese país. Es hora de cambiar nuestra política exterior.

 

El Congreso de Estados Unidos no es solamente el principal órgano legislativo del país, sino que tiene el llamado "poder de la billetera". Así, en el sistema democrático norteamericano el legislativo puede autorizar o no el gasto presupuestal al Ejecutivo. En ese marco, es necesario que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República fortalezcan su diálogo de cooperación con el Congreso de los Estados Unidos en una estrategiabipartidista. La continuidad de una relación estrecha de Colombia con los Estados Unidos pasa hoy más que nunca por el Congresonorteamericano.

Nuestras historias

Víctimas al Congreso

"Si en realidad las víctimas son el eje central de la paz en Colombia, sus representantes tienen que tener garantizados las condiciones para su desplazamiento a Bogotá".

Bogotá D.C., enero 30 de 2017.- La paz ya no será un diálogo de sordos ajeno a la realidad de las víctimas en nuestro país. Durante el pasado debate de comisiones conjuntas, logramos incluir una proposición para que quien representa a las víctimas a nivel nacional, tenga vocería permanente en los debates sobre la implementación de los acuerdos de paz. Así, estos debates tendrán a partir de la vigencia de la ley, un nuevo actor en el Capitolio. En otras palabras; además del Gobierno y la guerrilla, podrá participar en todos los debates, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado.



Gracias a nuestra proposición, el presidente de esta Mesa Nacional, deberá ser invitado a todas las sesiones en las que se discutan proyectos relacionados con los derechos de las víctimas, dentro del procedimiento de fast track. Así queremos abrir la puerta para que las intervenciones de las víctimas impacten el proceso de formación de la voluntad democrática en el Congreso de la República. Su presencia es la materialización del principio de participación democrática y, como lo ha dicho la Corte Constitucional, promueve un modelo de comportamiento social y político en el que los ciudadanos participan directamente de la definición de su destino colectivo.


Esa misma corte y nosotros, creemos que las víctimas pueden y deben incidir en el rumbo de sus propias vidas a través de escenarios de participación distintos del electoral. Deben tener voz como individuos y al mismo tiempo alimentar en la sociedad colombiana la preocupación y el interés por los problemas colectivos. Las víctimas se deben resocializar como ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en procesos estatales y gubernamentales. Son llamadas además a materializar el ideal de que cada ciudadano tenga las mismas oportunidades de lograr el desarrollo personal al que tiene derecho.



Si en realidad las víctimas son el centro, el corazón, el eje central de la paz en Colombia, sus representantes tienen que tener garantizados por parte del Gobierno Nacional las condiciones para su desplazamiento a Bogotá, específicamente al Capitolio Nacional. En el Congreso de la República contarán con la atención y oportunidad para sus intervenciones. Ya hay mucha tinta escrita sobre este tema, ahora lo que necesitamos son verdaderos gestos a favor de las víctimas.

Nuestras historias

El ahora o nunca de las víctimas

"Es necesario que se ofrezca seguridad y se garantice que los crímenes cometidos no se repitan".

Bogotá D.C., enero 23 de 2017.- Llegamos a una fase crítica en el proceso de paz. Mucha gente se siente saturada del tema de la negociación y de los acuerdos y creen que es hora de pasar la página y mirar lo que viene. Sin embargo, comienza lo más difícil de la paz.



Es decir, pensar en el proceso de implementación de los acuerdos, explorar cómo será el día a día en las zonas de concentración y en los territorios, y pensar en cómo les cambiará la vida a las víctimas, se convierte en la tarea más delicada de este año.


Estamos de acuerdo, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, que el 2017 debe significar un escalamiento positivo de los esfuerzos realizados y que no podemos echar por la borda lo que hemos alcanzado. Sin embargo, para lograr una paz que sea duradera, es necesario garantizar que a la gente se le devuelvan las tierras usurpadas, que la reparación sea integral y que vaya más allá de la monetización de la muerte; que se promuevan pactos de perdón y convivencia. Pero, sobre todo, es necesario que se ofrezca seguridad y se garantice que los crímenes cometidos no se repitan.



En relación con el resarcimiento a las víctimas, el acuerdo de paz estableció en dos partes distintas, que las FARC deberán contribuir a su reparación material y dijo que el acuerdo final definirá la forma en que se hará esa contribución. A pesar de eso, no encontramos en ninguna parte del texto final, el desarrollo de este compromiso; es decir, el cómo se hará esa reparación.


Ante tal vacío, en los próximos debates legislativos vigilaremos que no se reduzcan en ningún sentido las garantías del sistema integral de la Ley 1448 de 2011. También que se garanticen financieramente los compromisos entre otros de restitución de vivienda y creación del programa de generación de empleo rural y urbano exclusivamente para las víctimas, la implementación de programas locales de exoneración de la cartera morosa del impuesto predial y de los servicios públicos domiciliarios para las víctimas y de la creación de líneas preferenciales de acceso a créditos de educación. Esto por mencionar solo algunos de los temas pendientes, que hoy luego de 5 años de vigencia legal, aún están crudos.



Finalmente creemos que, para abordar los próximos debates legislativos de implementación del acuerdo final, es necesario incluir vocerías y representaciones de las víctimas y garantizar en esa participación, la equidad de género y el enfoque diferencial. Si el terror y la violencia fueron utilizados como dijo mi padre para acallar al pueblo colombiano, es necesario que hoy, ese mismo conflicto les devuelva la voz y la fuerza que les arrebató.

Nuestras historias

Héroes anónimos

“¿Podrán los agentes de inteligencia en el 2017 contar con un régimen que les retribuya su labor?“ :senador Juan Manuel Galán.


 

Uno de los oficios más importantes para la seguridad nacional es la de los agentes de inteligencia. Su labor es recolectar información que será usada por las fuerzas del Estado contra el crimen y para ello, exponen la vida y trabajan durante  lapsos indeterminados en condiciones extremadamente riesgosas.



Estos agentes, luego de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, fueron excluido del régimen especial que le brindaba las mismas garantías en temas de salud y pensión que tienen los miembros de las fuerzas militares. Es tan intangible, silenciosa e ingrata su labor que a pesar de ser parte fundamental de todos los golpes en contra de los grupos armados al margen de la ley, hoy día son tratados por el ordenamiento jurídico como un colombiano regular aunque su horario y el riesgo del trabajo y tiempo de descanso sean completamente diferentes.


Dentro de las operaciones que han llegado a feliz término gracias a los agentes de inteligencia podemos recordar la llamada “Jaque” (julio 2008) en donde se logró el rescate de 15 secuestrados retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En esta operación, los agentes de inteligencia persuadieron a parte del grupo armado para que diera traslado de los secuestrados mientras se activó la operación de rescate. Recordemos también la operación “Sodoma” (septiembre 2010) en la que gracias a la inteligencia militar se confirmó la necesidad médica del “mono jojoy” de usar unas botas especiales, que iban con un dispositivo GPS que, fue fundamental para el golpe.



Como vemos, estamos hablando de personas que por su trabajo, no pueden disfrutar de un solo día de descanso  a la semana, que cumplen misiones en la mitad de la selva colombiana y que realizan su labor a través de la infiltración, por lo que deben mantenerse aislados de su familia o seres queridos. Esta labor, dada su complejidad y peligrosidad no puede circunscribirse a un horario laboral, pues serían necesarios semanas o meses continuos de trabajo para el cumplimiento de la misión asignada. Por eso, pretendemos devolver las garantías pérdidas a estos héroes de guerra, a través de una propuesta legislativa que cursa en el Congreso. ¿Podrán los agentes de inteligencia en el 2017 contar con un régimen que les retribuya su labor?

 

 


http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/opinion-de-senadores/item/26435-heroes-anonimos

Nuestras historias

Por las víctimas en el territorio

 

La Comisión de Victimas del Congreso de la República, decidió salir del capitolio para hacer presencia en los territorios. Esta comisión, creada para seguir de cerca la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y para lograr que las acciones del Gobierno y de los demás entes estatales, le respondan efectivamente a las víctimas, se trasladó a los llanos orientales, a la región andina, y viajó hasta la frontera con Ecuador, para escuchar atentamente como han sido los primeros 5 años de aplicación de la ley.

 

El resultado de este ejercicio fue lograr la intervención de más de 3.000 víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus quejas, inquietudes, y propuestas a las autoridades del nivel nacional y local. Contamos con la presencia de Gobernadores y Alcaldes, de directivos de la Unidad para la Víctimas, la Unidad de Restitución, la Unidad de Protección, el Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Ministerio para el Posconflicto, la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Cancillería, el ICETEX, el Fondo Nacional del Ahorro, COLCIENCIAS, la Defensoría Pública, y de representantes de la cooperación internacional como la Embajada de Suecia, la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, PNUD, ACNUR, CODHES, OEA.

 

Fueron foros regionales muy concurridos en más de 50 municipios de 12 departamentos (Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Vichada, Guainía, Bolívar, Sucre, Nariño, Huila, Santander, Norte de Santander, Magdalena y Cesar). La principal solicitud en estos foros, fue la de de ampliar la vigencia de la Ley de víctimas y gestionar un aumento presupuestal por parte del Gobierno Nacional, para cumplir las metas en materia de asistencia, atención, reparación y restitución.

 

Adicionalmente, se levantó la voz sobre las amenazas y asesinatos sistemáticos de líderes sociales y comunitarios en las regiones. Particularmente, se solicitó la formulación de planes de prevención, protección y garantías de no repetición, y la constitución de Subcomités de evaluación del nivel de riesgo para las víctimas. Estos temas son prioritarios, por lo que estaremos atentos a seguir de cerca el cumplimiento de los compromisos. En el 2017, llevaremos la comisión a otras regiones del país afectadas por el conflicto: estaremos en Caquetá, Cauca, Chocó, Putumayo, Antioquia, Apartado y Medellín. Invitamos a todos los que quieran acompañarnos en este esfuerzo.

 

Nuestras historias

Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas realizó balance del año 2016

 

 

La Comisión de Seguimiento a la ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Senado de la República,  realizó el pasado martes 8 de noviembre  el balance general al año 2016 a la aplicación de la norma.
 

La cita tuvo lugar en el recinto de la Comisión Primera del Senado de la República a la que asistieron el presidente de la Comisión - Senador Juan Manuel Galán; la Representante a la Cámara Clara Rojas;  Alán Jara director de la Unidad de Reparación de Víctimas; Ricardo Sabogal  director de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo; Álvaro Rojas presidente de la Asociación de Notarios y los delegados de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Procuraduría, la Policía Nacional  y demás miembros de la célula legislativa.
 

A lo largo de la reunión cada uno de los asistentes expuso sus puntos de vista sobre lo que ha sido la aplicación de la norma a lo largo del año 2016, junto con las dificultades que se han presentado en la ejecución de la tarea.
 

El director de la Unidad de Reparación Alán Jara por ejemplo, aseguró que en  la entidad se impuso la meta para el 2017 de cerrar los  casos de reparación colectiva y superar los obstáculos que por cuestiones de seguridad en los distintos departamentos del país, se han presentado en los procesos de retorno, como los indígenas Embera por ejemplo.
 

Según el funcionario, la implementación de los Acuerdos de Paz facilitará la reparación en municipios y veredas,  donde hasta el momento ha sido imposible llevarla a cabo por la presencia de la guerrilla en estos territorios. “Con la entrega de armas y la desmovilización de sus miembros, no habrá peligro ni para las personas que reclaman sus derechos, ni para los funcionarios que cumplen su tarea”, aseguró Alan Jara quien se manifestó preocupado por el alto número de tutelas que deben dar cumplimiento en la entidad.
 

Para el director de la Unidad de Víctimas esto sucede porque en algunas ocasiones  las funciones al interior de la entidad, no son ejercidas por personal idóneo, razón por la que aseguró estar trabajando en el seguimiento a las labores de los funcionarios para evitar al máximo este tipo de procesos que según él, “generan altos costos al Estado”
 

Ricardo Sabogal director de la Unidad de Restitución de Tierras en medio de su intervención,  manifestó su preocupación por que muchos de los problemas que se han presentado al interior de la entidad para cumplir con su trabajo, tienen que ver con la sucesión de bienes y la no actualización del titular, sin embargo aseguró que es posible que al finalizar el año 2016 casos que según él, “son bastante delicados”, sean cerrados.
 

Al finalizar la reunión el presidente de la Comisión y  senador  Juan Manuel Galán, agradeció la participación de los asistentes e invitó para que en  febrero de 2017, se dé inicio a los primeros encuentros regionales que lleva a cabo esta célula legislativa.

  

 
 

Nuestras historias

Comisión de Víctimas del Congreso acoge propuesta de notarios para evitar suplantación y fraude a la ley

 

La Unión Colegiada del Notariado anunció su disposición de trabajar en el posconflicto a favor de las víctimas.

En el marco de la sesión de la Comisión de Victimas del Congreso que hoy presentó su balance de gestión de 2016, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, puso a disposición su moderno sistema biométrico para adelantar el proceso de verificación, y así impedir la suplantación de las víctimas y desvío de beneficios.



En el balance de gestión de la Comisión que presidió el Senador Juan Manuel Galán, el Presidente del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry, explicó que se busca garantizar que quienes van a recibir subsidios y beneficios sean los que realmente se lo merecen, para que no aparezcan, como en varias ocasiones, padres de hogar con cuatro esposas y hasta 20 hijos.



"Ofrecemos una unidad móvil por todo el país, con identificación biométrica para hacer el primer censo. Podemos además elaborar un acta previa gratis para que la gente se confiese ante el notario y diga si es víctima y por qué quiere acceder a los servicios y a los beneficios en el posconflicto" afirmó el señor Rojas Charry.



A su turno, el Senador Galán aseguró que la propuesta de los notarios es importante porque además ellos ofrecen: tecnología biométrica que ya tiene cubierto el 70% del país, y con su unidad móvil hacen presencia donde no hay notarías, para que las victimas puedan realizar sus trámites con lo cual los beneficios son múltiples.



El Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Alan Jara, quien también rindió un informe sobre la entidad, expresó que dentro de los grandes retos para el 2017 está el de cerrar más de 500 procesos de reparación colectiva para las víctimas y ampliar los beneficios a los connacionales que debieron abandonar el país.



Annika Ottertedt, Jefe de Cooperación de la Embajada de Suecia, expresó que las acciones deben estar enfocadas a lo territorial porque allí se construye el tejido social, y reiteró que su país continuará acompañando el proceso de reparación de las víctimas, y por eso la cooperación se prolongará por cinco años más.



En el balance de gestión participaron, Clara Rojas, coordinadora de la Comisión de Víctimas por la Cámara, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, Hugo Guerra, representante del Ministerio del Interior, Coronel, Álvaro López, subdirector de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Bernal, delegado de la Contraloría General y representante de la Comisión de Monitoreo a la Ley de Victimas.



La Comisión de Victimas del Congreso después de sus deliberaciones regionales que adelantó en el 2016 en Villavicencio, Ipiales, Carmen de Bolívar, Barrancabermeja y Rivera, Huila, tiene previsto comenzar el 2017 visitando otras zonas afectadas por el conflicto como: Caquetá, Cauca, Putumayo, Catatumbo, , Apartadó y Medellín y varios municipios del Chocó.

Nuestras historias

Conejo a las víctimas

 

"No refrendar los acuerdos, hubiera significado "ponerles conejo" a las víctimas del conflicto armado en Colombia": senador Juan Manuel Galán.

Esta semana se llevó a cabo en el Congreso de la República una citación al equipo negociador del Gobierno Nacional, para discutir el acuerdo final de paz. Durante el debate, la bancada del Centro Democrático expuso carteles en los que se leía ''No al conejo''.



Yo comparto plenamente esos carteles. Los comparto porque son un recordatorio histórico, de lo que han sido los procesos de paz en nuestro el país. Procesos plagados de "conejos", de incumplimientos y de faltas a los acuerdos logrados, que han generado desconfianza entre las partes negociadoras.



Durante los 50 años de esta guerra, siempre se han sostenido diálogos con las FARC. Hoy, por primera vez hemos logrado una negociación efectiva y un entendimiento común de que la vía de la lucha armada no es la ruta para llegar al poder, y que en las urnas, con los instrumentos de la razón y de la democracia, es como se legitima el cambio de rumbo en nuestra sociedad.



Ese día en el Congreso, hicimos un ejercicio de control político para verificar que los acuerdos negociados con las FARC no contrariaban los principios democráticos y del estado de derecho en nuestro país. En otras palabras, estábamos actuando como institución garante de los principios democráticos, de la constitución política y, ante todo, como garante de la no repetición.



La refrendación de los acuerdos de paz, no es un instante, no es un voto, no es una proposición ni un debate que se agote en 13 horas en un parlamento. La refrendación es un proceso. Un proceso que se extiende a la implementación y que incluye el debate de reformas sociales, la definición de prioridades de gasto público y sobre todo, la materialización de la garantía de no repetición.



No refrendar los acuerdos, hubiera significado "ponerles conejo" a las víctimas del conflicto armado en Colombia y a esas voces que se expresaron desde el Chocó y el Cauca. A ellas les estaríamos "poniendo conejo", si no refrendamos los acuerdos de paz y no avanzamos en su implementación.



Las cifras que tenemos en Colombia, solo son comparables con la tragedia que ha vivido la humanidad en la primera y la segunda guerra mundial. Ocho millones de víctimas, 250 mil directas, 35 mil desaparecidos. Estamos hablando de una tragedia humana que no tiene punto de comparación en el continente americano. Si no contribuimos con la refrendación y la implementación, tendremos como Congreso que asumir una responsabilidad histórica, por la muerte de tantos colombianos, porque teniendo nosotros un mandato y la posibilidad de salvar vidas, los habremos condenado.

 

Nuestras historias

Para un nuevo acuerdo, una nueva refrendación

 

"El Congreso de la República cuenta con la legitimidad democrática y la representación de todos los sectores sociales": senador Juan Manual Galán.

 

Muchos han querido confundir a los ciudadanos sobre el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo de paz. En esta materia, es fundamental comprender que existen dos acuerdos. El primero de ellos, fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre, como resultado de una negociación de 4 años entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.



En aquel documento, las partes acordaron llevar a cabo un plebiscito para aprobar los acuerdos logrados. La votación del plebiscito fue muy apretada y al final triunfó el 'No'. Posteriormente, un mes y 10 días después del resultado en las urnas, se anunció un nuevo acuerdo que modificaba 56 de los 57 artículos originales, con base en las propuestas presentadas por el "No".



En esa nueva negociación, las partes acordaron un mecanismo diferente de refrendación que consiste en aprobar su texto a través del Congreso de la República. Esto, no desconoce la voluntad de los colombianos expresada en el plebiscito, sino que establece un nuevo mecanismo de participación para la aprobación de los acuerdos, que entre otras cosas, cobra especial significado, pues confirma que un grupo que ha estado históricamente al margen de la ley como las FARC, reconoce al Congreso, como una institución legitima.


En este marco, es importante aclarar que nuestro modelo de democracia es tanto participativo como representativo y que aunque el carácter participativo de la democracia se puede materializar a través de un mecanismo como el plebiscito, otros, no pierden validez o legitimidad.



En otras palabras, de acuerdo con nuestra democracia, las decisiones que tome el Congreso de la República sobre el acuerdo de paz, son tan válidas como las que tome una porción de los ciudadanos en las urnas.



Me refiero a una porción de los ciudadanos porque en realidad, si miramos los resultados electorales, son más los colombianos representados en el Congreso, que los que votaron en las pasadas elecciones del plebiscito.



No podemos olvidar que aquella jornada electoral, registró la abstención más alta de los últimos 22 años en el país. En conclusión, el Congreso de la República cuenta con la legitimidad democrática y la representación de todos los sectores sociales, para asumir el debate de la paz y definir temas cruciales para el futuro de nuestro país, como las prioridades sociales de su implementación, las capacidades institucionales y los recursos disponibles para hacerla efectiva.

 

Nuestras historias

El No uribista pidió sacrificar la justicia

 

Esta semana se hizo público el acuerdo de paz definitivo. El nuevo documento es el resultado de una renegociación de lo pactado originalmente entre el Gobierno Nacional y las Farc, para incluir las propuestas presentadas por los promotores del "No" en las pasadas elecciones. Así, en 310 páginas se acogieron más de 250 propuestas de diversos sectores sociales. Me detendré en esta oportunidad en los cambios claves que se produjeron en el componente de justicia.

 

Todos sabemos que una de las principales preocupaciones del "No" tiene que ver con el sistema que juzga los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y aunque su propuesta de eliminarlo no se acogió, el mecanismo si sufrió cambios importantes. Por ejemplo, el nuevo acuerdo establece que no habrá magistrados extranjeros en el tribunal de paz, permite que se presenten tutelas contra sus decisiones, las cuales serán resueltas por la Corte Constitucional.

 

Así mismo fijó un límite de funcionamiento a la Jurisdicción de 10 años, de los cuales solamente durante los dos primeros, se recibirán las solicitudes de investigación. Gran parte de las propuestas de cambio estaban dirigidas a reducir e incluso eliminar la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y hacerla una extensión de la justicia ordinaria.

 

Esto es, sin considerar que ese marco jurídico no es suficiente para actuar en contextos tan excepcionales como el de una guerra. Por tal motivo, se mantuvo la independencia de la JEP con la aclaración de que esto no implica, la sustitución de la jurisdicción ordinaria.

 

Otro de los cambios incluidos en el nuevo acuerdo y que mayor asombro causó, fue el de quitarle dientes a la justicia transicional para perseguir a financiadoras de paramilitares y guerrilleros. El nuevo texto, afirma que los empresarios que no sean responsables de crímenes graves, tendrán la posibilidad de obtener la terminación de sus procesos. Limita además la capacidad de persecución de la JEP, pues no se podrá perseguir a quienes tuvieron una participación habitual pero menor en la comisión de delitos durante el conflicto armado.

 

La JEP será competente únicamente para juzgar a quienes tuvieron una participación activa o determinante en los hechos delictivos. Esto, probablemente calmará las angustias de quienes financiaron o colaboraron con grupos paramilitares o con las Farc y también, de quienes tengan temor de ser procesados (de forma justificada o no) por la justicia transicional. Esperemos que ahora si podamos empezar a construir la paz.

 

Nuestras historias

¡Salvemos al pedagógico!

 

 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) de Bogotá no es solamente un colegio o una escuela de formación. Se trata de un verdadero laboratorio de innovación en pedagogía y de un centro de práctica universitario. Además, fue la institución pionera en la educación de la mujer en Colombia.

 

Históricamente, el IPN inauguró la educación de la mujer como maestra. Fue semillero y cuna de la educación superior para la profesión magisterial, consolidando en 1934 la primera Facultad de Educación para Mujeres y posteriormente en 1955 convirtiéndola en la Universidad Pedagógica Femenina.

 

Se trató de un gran avance para la época; si hacemos memoria, durante la década de los 30, el país apenas estaba consagrando los derechos de la mujer a la libre disposición de sus bienes, cuando continuaba bajo el dominio del hombre como persona y aun no conseguía el reconocimiento ni siquiera, de sus derechos políticos.

 

Además de la innegable herencia en temas de desarrollo para la mujer, el instituto ha dejado un legado cultural importante para el país, forjado por músicos, literatos, historiadores y artistas entre los que se encuentran Gerardo Arrubla, Tomas Rueda Vargas, Darío Garzón, Hena Rodríguez, entre otros. La diversidad socio-económica y cultural de los estudiantes que han pasado por sus aulas, le ha permitido al Instituto tener un diálogo productivo y hacer aportes a la construcción de la paz desde un marco democrático, intercultural e incluyente.

 

Así, el camino que el IPN ha abierto en la historia de Colombia y la trascendencia de sus programas en Educación Especial, Preescolar, Educación Básica, así como la Media, Extensión, Pedagogía y Práctica Docente, lo ubican hoy en un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en materia educativa, ratificando su carácter especial y su alto nivel académico.

 

Su acción está impregnada de humanismo, de reconocimiento del otro y de creatividad, para llevar a cabo proyectos en beneficio de las comunidades a las que pertenece. Sin lugar a dudas, el IPN es un baluarte pedagógico que se ha materializado en metodologías de enseñanza sobre temas como la formación musical, educación física, formación en valores y formas alternativas de práctica docente, entre otros. Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones, y en merecedor innegable del título de ser Patrimonio Pedagógico de la Nación.

Nuestras historias

Radicarán Proyecto para declarar Patrimonio Pedagógico al Instituto Pedagógico Nacional

 

La iniciativa se presenta ante una alerta sobre la posibilidad de cierre del emblemático centro de educación superior que el próximo año cumple 90 años.

Con la autoría del Congresista Juan Manuel Galán este miércoles será radicado ante la Comisión Sexta del Senado de la República, un proyecto de ley que busca no solo exaltar al Instituto Pedagógico sino declararlo Patrimonio Pedagógico Nacional.



Dicho Instituto además de ser una escuela de formación de alrededor de 1.600 estudiantes, es un laboratorio de innovación en metodologías de enseñanza y el centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Distrito Capital de Bogotá.



Se entiende por Patrimonio Pedagógico de la Nación, las metodologías de enseñanza y las innovaciones que la Institución ha desarrollado desde su fundación, referidas a la formación musical, la educación física, formación de valores para la convivencia pacífica y formas alternativas de práctica docente que se utilizan para la formación de maestros.



Con esta declaración, el proyecto busca autorizar al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Hacienda asigne el presupuesto necesario para el funcionamiento del Instituto a la Universidad Pedagógica Nacional, asi como lo requerido para el fomento, promoción, protección, conservación, divulgación desarrollo y financiación de la heredad pedagógica del Instituto.



Hora 2.30 pm



Lugar: Secretaria Senado de la República Primer Pisos Capitolio Nacional.

Nuestras historias

Duro con los duros, suave con los débiles

 

Aunque la suerte de nuestro proceso de paz  se encuentre en suspenso, hay una realidad que permanece en Colombia: el narcotráfico. Por eso, es necesario reorientar la política de drogas a partir de información sobre lo que funciona y lo que no funciona, dirigiendo recursos hacia estrategias efectivas que den resultados.

 

Hace apenas un mes, hicimos un debate en el Senado de la República y asistimos a un foro en la Universidad de los Andes, para hablar sobre la inconveniencia de reanudar las fumigaciones aéreas, pues amplios estudios prueban su baja efectividad y el alto costo que demandan para combatir los cultivos ilícitos.

 

Encontramos por ejemplo, que para reducir el cultivo de coca de 1 hectárea, se deben asperjar aproximadamente 33 hectáreas adicionales cada año.  Como si esto fuera poco, la  Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre los efectos del glifosato en seres humanos, afirmando que puede provocar un tipo de cáncer del tejido linfático, tumores en piel, enfermedades dermatológicas y hasta perdidas no deseadas de embarazos.

 

Ecológicamente, sus efectos no son menos agresivos. Expertos indican que los procedimientos necesarios para transformar una hectárea de coca,  en pasta o base de coca, desechan 150 Kg de precursores químicos sólidos y 57 galones de líquidos,  generando graves consecuencias negativas en el medio ambiente.

 

Por todas estas razones, reiteramos que el éxito de una política contra las drogas no puede estar medido en resultados como la existencia o no de matas de coca o en estrategias que golpeen a los más débiles en esta cadena, es decir a los campesinos. Es urgente desarrollar nuevas tácticas, dirigidas específicamente contra quienes se lucran de este negocio ilegal.

 

Los verdaderos criminales y narcotraficantes son los dueños de los laboratorios y cristalizadores en Colombia, no son los campesinos cultivadores. Por eso, debemos redoblar los esfuerzos para combatir la infraestructura de este negocio que es su verdadero ‘talón de Aquiles’. Atacar los cristalizaderos de manera decidida, es una salida efectiva a este flagelo.

 

Los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes debían presentar el pasado 25 de octubre la nueva estrategia del país, para combatir la presencia de hoja de coca y evitar que se sigan incrementando las hectáreas de este cultivo. Esperamos que utilicen la evidencia científica, las cifras y los estudios que están sobre la mesa, pues solo así, acabaremos con el mayor dinamizador de la guerra que tiene nuestro país.

 

 
 

Nuestras historias

Reforma Tributaria debe incluir a las víctimas

 

 

Horizonte presupuestal de Ley de Víctimas, no puede ir hasta el 2021, cuando se cumple vigencia de la ley.

Durante el quinto Foro "Encuentro Víctimas, Paz y Posconflicto", el senador Juan Manuel Galán, Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Senado, advirtió que la Reforma Tributaria debe tener en cuenta que el universo de víctimas a reparar se ha incrementado exponencialmente desde la implementación de la ley, alcanzado más de 8 millones.



"En este sentido, desde el Congreso de la República, debemos hacer proposiciones con el ánimo que puedan ser beneficiadas y se garantice su reparación integral", afirmó Galán.



El Registro Único de Víctimas, relaciona alrededor de 300 mil víctimas de los departamentos que conforman la zona del Magdalena Medio, por eso la importancia de darles visibilidad y reconocimiento de sus derechos a la reparación, a la justicia, a la verdad y a la no repetición.



Galán hizo un llamado a las autoridades locales y territoriales para que se comprometan a realizar seguimiento a la Ley de Víctimas, las incluyan dentro de los planes de desarrollo y ejerzan control político al sistema de víctimas territorial.



En este sentido, tanto Manuel Sorzano, Secretario de la Gobernación de Santander, como Mayerly Ulloque Secretaria Gobierno de Barrancabermeja, reiteraron el compromiso que existe para que las víctimas tengan una atención integral.



Por su parte, voceros de la Mesa Departamental de Santander, Mesa Municipal de Barrancabermeja y víctimas de la región, coincidieron en la necesidad de solucionar el déficit presupuestal, mayor seguridad y en la importancia de implementar lo antes posible la renegociación de los Acuerdos de Paz.



La Embajadora de Suecia, Marie Anderson de Frutos, hizo un reconocimiento a las víctimas que por años han trabajado para que se le reconozcan sus derechos y reiteró que su Gobierno aprobó una estrategia de cooperación para Colombia por 120 millones de dólares para los próximos 5 años.



Ricardo Sabogal, Director de la Unidad de Restitución de Tierras, informó que en Santander se han radicado cerca de 3.000 solicitudes sobre restitución de tierras, de las cuales 2.100 han sido resultas, pero se requieren más jueces para agilizar los procesos.



El Director Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, explicó que se trabaja en programas de prevención y protección para ser implementados cuando los riesgos son inminentes, especialmente en procesos de restitución de tierras que representan el 20 por ciento del total de víctimas protegidas.



La Unidad de Víctimas, reportó en Barrancabermeja 62 mil víctimas por desplazamiento forzado y anunció el proceso de entrega de libretas militares que viene adelantando, con una meta de 24.152 para el próximo año, de las cuales a la fecha lleva cerca de 17.000.



Finalizando el Foro, Gloria Cuartas, delegada del Ministerio de Trabajo anunció que dicha cartera está adelantando con el Icetex, en Bucaramanga y Barrancabermeja ,un proceso de preparación de 600 jóvenes entre 17 años y 21 en formación y emprendimiento colectivo.

 

Nuestras historias

Hacia una nueva economía campesina

 

Una de las certezas alcanzadas en La Habana y que debe ser inamovible en esta nueva etapa de renegociación, es la de que los campesinos no solo llevan la carga más pesada de este conflicto armado, sino también, que, únicamente invirtiendo en ellos, podremos lograr una verdadera ruta de paz. 

Para hablar en términos más concretos, es urgente promover la economía solidaria en el sector rural.  Por ejemplo, creo que a través de cooperativas los campesinos podrían aumentar colectivamente su poder de negociación con quienes venden los insumos agrícolas, o que serían capaces de eliminar a los intermediarios que hacen su ganancia de la venta de productos, sin hacer un reconocimiento justo al trabajo de estos hombres y mujeres que por vivir aislados entre ellos, sin carreteras terciarias, ni vías de comunicación, terminan siendo presa fácil de quienes buscan hacer negocio con su trabajo.

 

En el marco de esta certeza, propuse durante el reciente debate del proyecto de Reforma Constitucional del Campesinado, una adición en relación con las cooperativas campesinas. Mi propuesta busca que el Estado asuma la obligación de financiar, promover, y apoyar realmente las cooperativas, así como cualquier otra forma de asociación campesina, asegurando la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento de las mismas, e impulsando programas de comercio justo de bienes y servicios.

 

Esta iniciativa, busca convertirse en un estímulo no solo a la economía solidaria y cooperativa sino principalmente a la autonomía económica y la capacidad organizativa como medio para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de producción de millones de personas.

 

Este tema, fue incluido en los acuerdos de La Habana, bajo el título de Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural que básicamente creaba medidas de fortalecimiento de asociaciones y organizaciones vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario y de fomento de las cooperativas, como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural.

 

Invertir en el campesinado colombiano, nos permitirá no solo deshacer la equivocada percepción de que somos un país moderno e industrializado, sino acentuar la evidencia de que somos una sociedad principalmente rural y que solo resolviendo las iniquidades que viven nuestros campesinos, podremos comenzar un verdadero proceso de modernización.

 

Nuestras historias

Este viernes gran encuentro de víctimas del Magdalena Medio en Barrancabermeja

Gobierno, Congreso y autoridades departamentales y municipales se reunirán con víctimas de la región.

 

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, continúa su labor de servir de puente entre la institucionalidad y las Víctimas. El turno para el 5to Foro “Encuentro Víctimas, Paz y Posconflicto” es para la Mesa Departamental de Santander, Mesa Municipal de Barrancabermeja  y víctimas de la región.

 


El Senador Juan Manuel Galán, quien coordina con el Representante Jaime Buenahora, la Comisión,  resaltó que el Magdalena Medio, es una región azotada desde los años sesenta por los principales actores armados del país y en la década de los 80 por los grupos paramilitares. Incluso, el mercenario israelí Yahir Klein usó este territorio como centro de sus entrenamientos y Ramón Isaza Arango  consolidó cinco frentes, con más de 900 hombres.

 


“Además el importante anuncio del Gobierno de iniciar un proceso de paz con el ELN, llena de optimismo a sus habitantes, ya que este grupo armado ilegal tiene amplia influencia en la región y esperan acciones concretas, como el cese al fuego”. Afirma el Senador Juan Manuel Galán.

 


Las inquietudes y recomendaciones de las víctimas serán escuchadas por la Embajadora de Suecia, el Director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, el Director Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, Ministerio del Interior y autoridades locales y departamentales.


El encuentro se llevará a cabo en la Universidad Industrial de Santander, en la sede de Barrancabermeja, a partir de las nueves de la mañana. 

 

Nuestras historias

El no saber qué hacer

 

En los últimos días se han visto fracturas entre los votantes del NO y quienes dicen llamarse sus legítimos voceros. Recientemente, Tania Parra representante de la Fundación Fuimos Héroes, afirmó que las propuestas del Centro Democrático no los representan. Esta fundación, que agrupa a más de 6.000 uniformados, muchos de los cuales han sido condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, explicó que el llamado “alivio judicial” propuesto por el expresidente Uribe, no brinda las mismas garantías que la justicia transicional contemplada en los acuerdos de La Habana.

 

En particular, Parra cuenta cómo la negación de la existencia de un conflicto interno armado durante muchos años en Colombia, provocó que la mayoría de los procesos de los militares fueran investigados y juzgados en el marco de los derechos humanos y no del derecho internacional humanitario (DIH).

 

Así, por ejemplo, muchas muertes ocurridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, fueron investigadas como homicidio simple a la luz del Código Penal y no de las normas del DIH. Esta situación demanda un tratamiento diferenciado que incluya temas como presunción de legalidad, seguridad jurídica, reclusión en cárceles militares, revisión de sentencias, esclarecimiento de los hechos y responsabilidad en la cadena de mando, entre otros.

 

La propuesta de Uribe, según Parra, priva a los agentes del Estado de estos puntos que si están contenidos en los acuerdos de justicia transicional. Sumado a esto, el sociólogo y antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín, ha denunciado que en el tema agrario, algunos miembros del Centro Democrático quieren reemplazar el cuidadoso resultado obtenido en La Habana por temas como la legitimación del despojo. Frente a esta propuesta, también encontramos serias fracturas en los partidarios del NO.

 

En conclusión, podemos ver que los autodenominados representantes del NO, no solo se han dedicado a presentar objeciones al acuerdo sin propuestas concretas para superar sus vacíos, sino que ahora, aparecen con una numerosa bolsa de soluciones que no son aceptadas por el electorado. Estas guerras internas, fracturan coaliciones y retrasan consensos entre los equipos.

 

Por eso, es necesario estar atentos a contrarrestar los egos desmedidos y la competición interna, para fortalecer en contraste, una línea de trabajo en la que prime el altruismo colectivo sobre la realización individual. La guerra no deja sino odio, dolor y muertos y estoy seguro que todos queremos acabar prontamente con esa película de horror. Por tanto, debemos encontrar un ideal superior que permita transcender las divisiones internas entre partidos y la desconexión con su electorado. Ese ideal es la paz.

 

Nuestras historias

Sin las víctimas, la paz es efímera

 

Ese domingo frío y lluvioso, que todos recordamos, nos dejó ver con claridad una realidad que no podemos evadir; Colombia está sumergida en una profunda polarización política. Sin embargo, las victimas están unidas.

 

Hace pocos días, tuvimos en el Congreso de la República, una audiencia extraordinaria de la Comisión de Víctimas, solicitada por ellas mismas. Acudieron más de 300 víctimas, con participación de una gran parte de las sesenta (60) víctimas que estuvieron presentes en La Habana, algunas que defendieron el SI en el plebiscito, otras que defendieron el NO, la Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Municipales de Víctimas, y, exiliados en el exterior desde lugares como Canadá, Inglaterra, Suecia y Chile.

 

En esta audiencia, por más de 6 horas, las víctimas expresaron la incertidumbre que sufren por no saber qué va a pasar con el proceso de paz. Ellas sienten miedo y quieren ser parte de esta nueva etapa, urgiendo que haya soluciones sin demoras innecesarias. Lo más importante de la sesión, fue que le reclamaron a la dirigencia política, al Gobierno Nacional y a los delegados de las FARC que se pongan de acuerdo y saquen adelante el proceso.

 

Por ese motivo, elevamos al Presidente de la República una comunicación transmitiendo la solicitud de la gran mayoría de los asistentes a la audiencia, de realizar una sesión de trabajo en Colombia con una delegación del Gobierno Nacional y de las FARC, para presentar propuestas concretas frente a cada uno de los puntos del acuerdo de paz.

 

Las voces fueron unánimes en respaldar una solución negociada a este conflicto pero firmes en reclamar una respuesta ya! Por este motivo es de gran importancia dar respuesta a estas voces que guardan la esperanza en un nuevo acuerdo para Colombia, pero sin dejar de ser el centro y el corazón de este proceso. Es necesario, no perder de vista el horizonte sobre el que se construyó esta iniciativa, que fue, el de resarcir a las víctimas, y reconocerles su condición de ciudadanos con plenos derechos. 

 

Podemos renegociar muchos puntos, pero los derechos de las víctimas no son negociables. No tenemos mucho tiempo, los procesos de paz, siempre tienen como principal enemigo el paso del tiempo. Necesitamos una silla mas, en esa mesa de renegociación

Nuestras historias

Desde el Congreso de la República Víctimas exigen al Gobierno y a las Farc definir acuerdo de paz y mantener cese bilateral al fuego

 

“Cuando las víctimas se ponen de pie la paz puede esperar algo grande”: Senador Juan Manuel Galán.

 

En el marco de una emotiva sesión cumplida en el Senado de la República más de 400 víctimas del conflicto armado procedentes de distintas regiones del país y del exterior, hicieron sentir su voces para pedir a la Mesa de Negociaciones de la Habana finiquitar un Acuerdo de Paz Ya y  mantener el cese bilateral al fuego.

 

El Senador Juan Manuel Galán, en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, presidió una sesión extraordinaria donde  expresó que el Acuerdo de Paz merece ser salvado, ya  que nunca en el mundo unas negociaciones de esa naturaleza habían tenido como centro de gravedad las víctimas.

 

“Siento que estamos ante un momento difícil, los oigo y recupero la esperanza de que podemos salvar el Acuerdo. Nos merecemos esa paz, ese abrazo. No podemos desfallecer y debemos defenderlo por el componente de justicia que permitirá reconciliarnos” expresó el Senador Galán.

 

Para el Director de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas, Alan Jara, el cese al fuego es fundamental, así como crear sesiones de  trabajo que puedan transmitir propuestas de las víctimas y lograr  una firma del Acuerdo lo antes posible.

 

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró que el cese al fuego ha sido fundamental para  que Colombia no vuelva a tener una víctima más por cuenta del conflicto armado.

 

La Embajadora de Suecia, Marie Andersson de Frutos,  expresó que las víctimas colombianas han demostrado valentía y coraje, confrontando su situación para construir un país en paz.

 

Por su parte Odorico Guerra, Presidente de la Mesa Nacional de V{ictimas, pidió acuerdos sin más dilaciones y mantener el cese al fuego, e invitó a las víctimas del No y de Si a edificar una Colombia sin guerra.

 

Juan Carlos Villamizar, Representante de las Victimas en el Exterior, propuso la creación de una Mesa de Trabajo conjunta donde estén el Gobierno, las Farc y las Victimas.

 

A su turno la Presidenta de la Unión Patriótica, Aida Avella, manifestó su disposición a reconciliarse con los autores del genocidio de ese partido político. “No se pueden  dilatar los acuerdos, se necesita generosidad  y un país  sin odios ni envidias, en el que mujeres, hombres y niños puedan vivir tranquilos” agregó.

 

Herbyn Hoyos, Director del Programa las Voces del Secuestro, dijo que el Estado debe dar razón de todos los desaparecidos y advirtió que se necesita llegar a un proceso incluyente que no estigmatice a nadie.

 

Fueron más de 6 horas, donde víctimas que participaron durante el 2014 en La Habana, integrantes de las mesas departamentales y municipales, voces de víctimas en el exterior y organizaciones de víctimas de todos los territorios, reiteraron su llamado para un Acuerdo de Paz Ya y que se mantenga el cese al fuego.

Nuestras historias

Nobel para las víctimas

 

 

El Presidente Juan Manuel Santos ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz para el 2016. El Comité del Nobel de Noruega decidió otorgar este premio porque considera que los esfuerzos del Primer Mandatario para promover la paz, cumplen los criterios y el espíritu de la voluntad de Alfred Nobel. 

 

Este premio, no solo es el resultado de que el presidente Santos hubiera iniciado negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino sobre todo, es un reconocimiento al esfuerzo enorme que ha hecho el país entero y su población, para sacar adelante el proceso de paz y terminar con una guerra que nos ha traído víctimas y sufrimiento.

 

Precisamente por esa razón, la declaración hecha desde Oslo el pasado 7 de octubre, afirma que  este premio debe ser visto como un tributo a los colombianos que, a pesar de grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa. 

 

Al conceder este galardón, el comité no desconoce que en estos momentos,  el acuerdo de paz es controversial para nuestro país, no obstante, reconoce que fueron los votantes colombianos quienes tuvieron la última palabra frente al  acuerdo y que su voto no fue en favor o en contra de la paz, sino sobre el contenido de los mismos. Por esa razón, alienta a todas las partes,  a  encontrar la manera de salvar el proceso y específicamente al presidente Santos y al líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, a que sigan respetando el alto al fuego. 

 

Este premio, es también un mensaje al mundo entero de que si la paz es posible en países como Colombia que han sufrido tanto, que han pasado por tantas dificultades para consolidar la convivencia, también es posible, en otras regiones del mundo como por ejemplo en Siria.

 

La guerra en Colombia es una de las más largas guerras internas en tiempos modernos y el único conflicto armado que queda en las Américas; por eso, si nuestro proceso se consolida, hay esperanza de que se promueva la reconciliación en otras latitudes.

 

Celebramos la invitación que el comité noruego hace con este premio para avanzar en un diálogo nacional amplio y continuar adelante para buscar una solución. Estamos ante un obstáculo más al proceso de paz que podremos resolver si abandonamos la soberbia y los mezquinos cálculos electorales y partidistas. Es hora de ser humanos y Colombianos. Hora de participar de manera constructiva y de asumir cada uno su responsabilidad en esta hora histórica.

 

Nuestras historias

En el Senado se fijan posturas en contra de la aspersión aérea

 

A un día de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se evaluará la pertinencia de regresar a la aspersión aérea como política de erradicación de cultivos ilícitos, en debate de control político citado por el Senador Juan Manuel Galán, el Congreso, Gobierno, Fiscalía y Gobernadores fijaron su posición frente a este polémico tema.
 

"Esperamos que las posturas expresadas por los asistentes al debate, sustentadas en el impacto negativo que trae la aspersión aérea para la salud y el medio ambiente, se consideren como un aporte para no permitir que esta política se reactive, expresó Galán.
 

A su vez, el Senador Galán consideró que la lucha del Gobierno debe concentrarse no en el eslabón más débil que son los campesinos cultivadores, sino en reorientar la política contra el narcotráfico atacando a los laboratorios y cristalizaderos que son el "talón de Aquiles" de la cadena de las mafias. Y sostuvo que la rentabilidad del negocio de producción y tráfico de cocaína es tan exorbitante, que un kilogramo de coca puesto en un puerto de Colombia vale Us$2.200 y en Estados Unidos se puede llegar a vender hasta en Us$27.000, mientras que en Australia asciende a Us$200.000.


El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, respaldó las tesis expuestas por el Senador Juan Manuel Galán, al sostener que la aspersión no es la solución al problema y menos cuando los campesinos cultivadores apenas reciben el 1.4 por ciento de los ingresos totales de la cadena del narcotráfico.


Por su parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expuso evidencia científica que demuestra los daños irreparables que el glifosato causa en la salud y el medio ambiente, más aún cuando para erradicar una hectárea hay que fumigar 30 y es el campesino quien queda en una posición inerme expuesto a que este veneno caiga sobre sus familias y cultivos.


Para escuchar de primera mano la problemática que se vive en los departamentos con más hectáreas de cultivos de coca, intervino el Gobernador de Nariño, Camilo Romero quien reconoció que Tumaco es el municipio con más cultivos ilícitos con 17.960 hectáreas y necesita de una presencia institucional que lleve soluciones de fondo concertadas con la comunidad. "No podemos criminalizar a la población cultivadora. Fumigación aérea, atenta contra la vida, no la aprobamos",acotó.


El Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reiteró que la solución no es la aspersión y erradicación, sino que lo que campesinos requieren es mayor inversión social y así evitar un escenario apropiado para la siembra y cultivo de la coca, que aprovechan los grupos al margen de la ley y que tienen a Tibú y El Tarra entre los 10 municipios con mayores cultivos de coca.


De otro lado, el Gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, afirmó que la solución para acabar cultivos no es fumigar, es terminar con la pobreza absoluta de las regiones, que lleva al campesino a sembrar hoja de coca, ya que si siembra plátano, no tiene ni vías ni a quien venderlo.


Ante el panorama expuesto por los gobernadores, Eduardo Diaz, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, presentó un balance y evidenció que en el 68% de los municipios donde hay cultivos de coca, nunca han llegado programas de desarrollo alternativo, debido entre otros factores al conflicto armado que vive el país. Dijo que al respecto se están construyendo acuerdos con las comunidades para que se comprometan con la sustitución voluntaria y la no resiembra a cambio de planes integrales que ofrece el Gobierno y que incluyen pagos por erradicar y mano de obra reorientada a preparación de tierras para otros cultivos y construcción de vías públicas.
 

En su intervención, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez consideró indispensable una política integral que incluya aspersión aérea, erradicación manual y sustitución de cultivos. "La llave de la estrategia integral es la aspersión aérea".

 

Nuestras historias

Comisión Primera debatió impacto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato

 

 

“Esta no es la política conveniente, son más los costos, que los beneficios que trae para las comunidades y los campesinos, quienes son el eslabón débil, de la cadena del narcotráfico”, señaló el Senador Juan Manuel Galán.

 

El senador Juan Manuel Galán –Partido Liberal-, citó este miércoles a un debate de control político sobre las implicaciones y consecuencias en el territorio colombiano, del Programa de erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato.

 

Entre los citados se encontraban los inistros de justicia y Derecho, Jorge Eduardo Londoño; de salud y protección social, Alejandro Gaviria; Viceministro de defensa, Aníbal Fernández; el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, entre otros delgados concernientes al tema en cuestión.

 

El senador Galán, expresó que el objetivo del debate era presentar un balance costo-eficacia sobre la política de fumigación, para analizar qué funciona y hacer las propuestas pertinentes. “La fumigación aérea es muy costosa y poco eficaz en la erradicación de cultivos de coca, en cambio, la estrategia de atacar cristalizaderos es más eficiente, es allí donde se debe golpear el narcotráfico; es necesario recuperar actividades como recompensas por información para acabar con los laboratorios”.

 

Adicionalmente resaltó el alto costó de eliminar tan sólo una hectárea de siembra de hoja de coca, lo cual equivale a 72.000 dólares, y el costo de crear un cristalizador puede llegar a un millón de dólares.

 

“La disminución del número de hectáreas de cultivos, no implica disminución potencial en la producción de cocaína, el verdadero talón del narcotráfico son los laboratorios”, sostuvo el congresista del Partido Liberal.

 

Asimismo, el senador citante advirtió los peligros para la salud humana y animal, que provoca la aspersión aérea con glifosato, citó un estudio de la Universidad de los Andes que demuestra que el uso de dicho herbicida genera problemas dermatológicos y respiratorios, así como abortos.

 

A su turno el senador Alfredo Rangel –Centro Democrático-, indicó un aumento en siembra de cultivos ilícitos, “la siembra de coca se ha duplicado según fuentes de Naciones Unidas, y eso ocurrió en este Gobierno; estudios de la OEA señalan además que el glifosato no representa un riesgo apreciable para los humanos”.

 

Por su parte, el senador Hernán Andrade –Partido Conservador-, señaló: “no podemos negar que en el Gobierno del presidente Santos aumentó dramáticamente la siembra de coca, si no trabajamos el tema del narcotráfico, nada se gana con la paz”.

 

Entretanto, el senador Horacio Serpa –Partido Liberal-, indicó que los cultivos ilícitos no dependen necesariamente del gobierno, sino de diversos factores como clima, demanda, economía; también resaltó que la aspersión con glifosato ha sido ineficaz, “la mejor actuación que ha hecho el gobierno para combatir el narcotráfico, ha sido el proceso de paz, tenemos que luchar para que siga este proceso, las FARC quieren desmovilizarse, y se van a retirar del negocio de la coca”.

 

El senador Armando Benedetti –Partido de la U-, expresó: “se debe atacar los altos eslabones, y no los débiles, que son los campesinos y cultivadores”.

 

La senadora Claudia López –Alianza Verde-, señaló que estaba comprobado por estudios nacionales que la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato no han sido útiles, además de anotar que hay certeza de que la aspersión aérea con glifosato, tiene efectos negativos sobre la salud. “Hay que concentrar esfuerzos donde está la cadena de valor, que es en los cristalizaderos y lavadores de plata”, puntualizó.

 

Intervención de los citados

 

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, expuso que quienes menos perciben lucro del negocio del narcotráfico son los cultivadores, quienes reciben 1.4% de los ingresos totales.

 

“No es posible lograr una solución sin enfoque territorial, deben ayudar los gobernadores y alcaldes, quienes administran estos territorios”, señaló Londoño.

 

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, resaltó los graves problemas que trae la fumigación con glifosato, tal como lo indicó el senador citante, especialmente en la piel, en embarazos y en el sistema respiratorio.

 

Gobernadores de Nariño y Caquetá, expusieron la falta de intervención por parte del Estado en estas zonas, por lo cual los cultivos ilícitos aumentan y traen devastadoras consecuencias en sus respectivas regiones, y específicamente en la salud delos habitantes.

 

El debate culminó con la intervención del senador Galán: “creemos que esta no es la política conveniente, son más los costos, que los beneficios que trae para las comunidades y los campesinos, quienes son el eslabón débil, de la cadena del narcotráfico. Hay que concentrar la fuerza donde está el negocio, donde más les duele a los narcotraficantes, es decir, en los cristalizaderos y grandes laboratorios, allí debemos concentrar las acciones del estado. A las comunidades debemos responderles con desarrollo alternativo, acceso a crédito y presencia territorial del estado”.

Nuestras historias

Encuentro entre Presidente Santos y Expresidente Alvaro Uribe para salvar Acuerdo de Paz, propone Senador Juan Manuel Galán

 

Ante los resultados del Plebiscito donde el No se impuso al Si, el Senador Juan Manuel Galán, afirmó que el país está en un momento de incertidumbre al cual hay que ponerle fin rápidamente,  para saber hacia donde va el proceso.
 

El legislador liberal dijo que con humildad y despojados de soberbia se deben llegar a unos acuerdos porque eso es lo que esperan los colombianos, especialmente las víctimas que votaron por el SI y le apostaron a la paz.
 

"Invito a al señor Presidente Juan Manuel Santos, y al Señor Expresidente Alvaro Uribe, a un diálogo directo y personal que le permita al proceso encontrar un camino para resolver los problemas :sostuvo Galán.

 

Nuestras historias

Comisión de Víctimas del Congreso presente en Rivera, Huila

 

Gobierno, Congreso y autoridades departamentales y municipales rendirán homenaje a las más de 170 mil víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila.

 

El Cuarto foro regional "Encuentro Víctimas, Paz y Posconflicto" tendrá como escenario el Municipio de Rivera Huila, único municipio del mundo, en donde en un solo hecho de violencia colectiva se silenció todo un cabildo democrático de elección popular como es el "Concejo Municipal".


Como una acción y un instrumento de construcción ciudadana alrededor de la memoria histórica y la importancia de no olvidar los horrores del conflicto armado, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, realiza este evento en ejercicio del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como el deber de memoria del Estado y la garantía de no repetición, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.


El evento tendrá lugar en el Hotel Campestre los Gabrieles el viernes 30 de Septiembre a partir de las 9 a.m. y contará con laparticipación de los Coordinadores de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas H.S Juan Manuel Galán Pachón y H.R Jaime Buenahora Febres, las mesas de Víctimas del Huila y de Rivera, el Gobernador Carlos Julio González Villa, La Embajadora de Suecia Marie Anderson de Frutos, el Alcalde de Rivera Néstor Barreiro, La Unidad de Atención a las Víctimas Doctor Alan Jara, la Unidad de Restitución de Tierras Doctor Ricardo Sabogal, Organismos de Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior, Instituciones Gubernamentales y algunos miembros de la comisión.


La delegación se trasladará para la clausura del Foro a la ciudad de Neiva donde participará en la inauguración del Museo de la Memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento del Huila y la Conmemoración del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada.
 

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso fue creada por el Art. 202 de la Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", conformada por 19 Congresistas, 9 Senadores y 10 Representantes.

 

Nuestras historias

Los agentes de inteligencia

 

Frente a las nuevas amenazas de seguridad, los seres humanos como  instrumento de inteligencia, son irremplazables. Sin duda, la ley debe garantizar su protección. En el 2013, aprobamos una ley marco de inteligencia y contrainteligencia que por primera vez, señaló  el ámbito de actuación, las funciones y los límites de la actividad que realizan en Colombia los agentes de inteligencia y contrainteligencia.

 

En esa comunidad hay diferentes actores, entre los que se encuentran las Fuerza Militares,  la Policía Nacional, la  Dirección Nacional de Inteligencia y también, personal civil o no uniformado que realiza labores de infiltración, penetración y de recolección de información sensible para la protección de los derechos humanos. Ellos son conocidos como agentes de seguridad.

 

Aunque estas personas, están expuestas  a riesgos permanentes contra su vida, su integridad física, la seguridad de su familia, y deben actuar bajo una fachada o identidad encubierta, no hacen parte de las fuerzas armadas ni gozan de su régimen de protección social.

 

Por esta razón, y considerando los  riesgos a los que están expuestos, presentamos un proyecto de ley para otorgarles un régimen prestacional que reconozca el peligro del oficio que realizan, para mantener la seguridad de todos los colombianos. En las democracias avanzadas del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos y en Inglaterra,  hay un sistema de protección especial para que los hombres y mujeres que realizan labores de inteligencia y contrainteligencia, no solo cuenten con el apoyo de los más altos desarrollos tecnológicos como satélites y mecanismos para interceptar comunicaciones, sino también con políticas públicas destinadas a disminuir su vulnerabilidad y a mejorar su calidad de vida.

 

Ser agente de inteligencia es un oficio muy ingrato, hasta el punto que en el momento en que uno de ellos fallece en alguna misión, no pueden ser reconocidos por nadie. En estos casos, la CIA por ejemplo, pone una estrella en la pared por cada baja, pero nadie sabe esa estrella que nombre tiene, ni a quien perteneció, solo sabe que se trató de un agente que dio su vida por proteger la seguridad y la democracia de la Nación.

 

Colombia está en mora de incluir en su agenda de seguridad, no solo el tráfico de drogas, armas y personas, y la inseguridad pública, sino también la protección de los agentes de inteligencia y contrainteligencia. Queremos hacer de ellos, un tema prioritario.

 

Nuestras historias

¿Qué dice el Partido Liberal?

 
 

Esta semana se aprobó en primer debate la iniciativa de la senadora Vivian Morales, que busca promover un referendo que permita la adopción de menores de edad sólo a parejas heterosexuales y prohíbe que las parejas del mismo sexo o las personas solteras, puedan convertirse en adoptantes.

 

Durante el debate, el argumento de fondo giró alrededor de la idea de que en una democracia, las mayorías son las que imponen su voluntad. En otras palabras, que el "estado de opinión" debe imperar sobre el Estado de Derecho, cuando las mayorías lo respaldan.

 

Nada más distante del espíritu de nuestra Constitución. La razón por la cual la Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho y puso normas rígidas a la elaboración de referendos, fue porque a través de ellas, se impedía la utilización de mecanismos de participación ciudadana para recortar libertades individuales o para profundizar desigualdades sociales.

 

En otras palabras, la racionalidad detrás de un Estado Social de Derecho, a diferencia de la de un estado de opinión, no es el principio de las mayorías sino por el contrario, es la idea de que los derechos fundamentales son una limitación al principio de las mayorías y que el juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas para garantizar sus derechos.

 

Lo que sucedió en este debate legislativo, es un hecho frente al que no puede quedarse callado el Partido Liberal. Las banderas del liberalismo han sido siempre la tolerancia, la inclusión de la diferencia y el respeto a la disidencia, aquí torcemos esos principios fundadores para atacar los derechos de las minorías. Nada más anti-liberal.

 

Y es precisamente porque la defensa de las minorías ha sido causa liberal, desde la época Republicana de Colombia, que no podemos permanecer en silencio, ni pasar de agache.

 

Hoy reclamo de mi partido que haya un pronunciamiento institucional sobre este proyecto de referendo, porque está en juego el que pueda imperar sobre el estado de derecho, el llamado estado de opinión. Yo, voté negativamente el proyecto de referendo porque creo que mi papel en el Congreso es velar por el respeto y las garantías de las minorías.  Esas mismas razones, me llevarán a seguir movilizando ideas para que solteros no pierdan su derecho a adoptar, para que le hagamos justicia a la realidad de la familia extensa en Colombia y no discriminemos a la población LGBTI

 

Nuestras historias

Justicia para Barrancabermeja

 

Barrancabermeja podrá convertirse en Distrito. En días pasados entregamos al Congreso de la República, un Proyecto de Ley para elevar a Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico al municipio de Barrancabermeja.

 

Esta iniciativa, surge de la comunidad Barrameja que en el mes de febrero, en la sesión especial de la Asamblea de Santander, manifestó la urgencia de que se reconocieran  sus características particulares a través de la declaración de distrito para que se le diera impulso a nuevos proyectos de desarrollo territorial y así enfrentar la crisis económica por la que atraviesa la región.

 

Esta crisis no es nueva. Recordemos que los precios del petróleo se han ido desplomando a nivel mundial desde junio de 2014, pasando de $112 dólares el barril de petróleo a un mínimo de $31.9 en enero de 2016 y que la caída del precio de los hidrocarburos ha ajustado hacia abajo los ingresos provenientes de la renta petrolera, fenómeno que ha afectado especialmente la situación de Barrancabermeja.

 

Sin embargo, aunque esta situación demanda acciones inmediatas, el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público se negó a declarar el estado de emergencia económica en ese municipio, al considerar que existe una falta de sobreviniencia,  y que Colombia puede adaptarse a esta situación con medidas ordinarias. Como parlamentarios, no podemos ser ajenos a la problemática de una región que es tan importante, está ubicada en el corazón del Magdalena Medio y que tiene todo el potencial para convertirse en motor económico del país.

 

La categoría de distrito, le permitirá al municipio acceder a  los beneficios de la Ley 1617 de 2013, consolidar su proceso de descentralización, incrementar su autonomía como ente territorial; y afianzar los procesos de participación democrática de los ciudadanos, en los asuntos que les conciernen. Sabemos que el proyecto de ley, no es una solución mágica a la crisis descrita.

 

Sin embargo, puede convertirse en un instrumento que combinado con otros establecidos desde el Gobierno Nacional, contribuya al desarrollo urbano y territorial del municipio; y que de la mano de la voluntad política del Gobierno Nacional, la bancada parlamentaria, el Gobernador de Santander y el Alcalde de Barranca logre mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

 

Ahora, esperamos lograr un consenso en el Congreso de la República para darle una oportunidad a Barrancabermeja, de mejorar sus relaciones comerciales tanto nacionales como internacionales, proyectar su infraestructura portuaria y promocionar el desarrollo de nuevas industrias, como la del turismo en la región.

 

Nuestras historias

Debate a Programa de erradicación de Cultivos Ilícitos

 

 

Ante la polse necesita una estrategia integral a Naci Nacigerencia la sesircotraficantes han sido r es una cosntruccio sololamente fugimanémica que desató la propuesta del Fiscal General de La Nación, Humberto Martínez de reanudar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, el Senador liberal Juan Manuel Galán, citó en la Comisión Primera del Senado a debate de control político al Gobierno Nacional, para que explique cuáles han sido los impactos y consecuencias en el territorio colombiano, del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato.
 

"Es importante realizar este debate antes de la celebración de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, para hacerle un llamado de atención al Gobierno Nacional y mirar cómo direccionamos de una manera más inteligente la fuerza del Estado hacia los laboratorios que son el eslabón fuerte del narcotráfico y no al más débil que son los campesinos cultivadores". Afirmó Galán.
 

Para el Senador Juan Manuel Galán, se necesita una estrategia integral de intervención del Estado encaminada a la persecución y castigo a los criminales y narcotraficantes y a la destrucción de sus cristalizaderos, que son los que producen las 800 toneladas que Colombia exporta anualmente.
 

De igual forma, considera un fracaso la erradicación manual y la fumigación, pues causan de acuerdo a las encuestas del Observatorio de Drogas de la Universidad de Los Andes, una ruptura entre la población civil y la fuerza pública, en momentos donde para el posconflicto lo que se necesita es buscar la construcción de una relación de confianza.
 

También es importante conocer los planes de presencia social, sustitución de cultivos y de inversión que tiene el Gobierno para ayudar a las familias que viven de manera directa e indirecta de los cultivos de coca y que son alrededor de 700 mil.
 

"El Estado tiene que darle la mano con desarrollo y oportunidades y no solamente fugimarlas. Por eso la estrategia hay que llevarla hacia los cristalizaderos". Concluye el Senador Galán.
 

El debate está citado para el próximo martes 13 de septiembre en el recinto de Comisión Primera de Senado. Los funcionarios citados son, entre otros: Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, al Comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, Teniente Coronel Walther Adrian Giraldo Jiménez, al director de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, Mayor General José Ángel Mendoza Guzmán y como invitados al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado y al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

 

Nuestras historias

Agentes civiles de inteligencia y contrainteligencia, serán cubiertos por el sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas

 

El senador Juan Manuel Galán, en compañía del Director General de la Dirección Nacional de Inteligencia, Almirante Álvaro Echandía, radicó proyecto de ley que les permitirá regresar al régimen que los cubría.

 

Hasta el 23 de diciembre de 1993 los agentes de inteligencia y contrainteligencia adscritos al Ministerio de Defensa estaban cubiertos por el régimen especial de las Fuerzas Armadas, lo que en su momento les permitía acceder a pensión a cualquier edad, siempre y cuando cumplieran 20 años de servicio continuo.


Con la sanción de la Ley 100 de 1993, este personal quedó excluido del régimen especial, haciendo que hoy su sistema sea como el de cualquier otro colombiano, sin tener en cuenta las actividades de alto riesgo y de vital importancia para salvaguardar la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos.
 

"El propósito de este proyecto es darle beneficios especiales en el régimen prestacional a estas personas que cumplen con una función de altísimo riesgo y que perdieron esos beneficios a partir de la ley 100. En Colombia estamos tratando de ponernos la día y de reconocerles el trabajo que hacen y la importancia crucial para la seguridad nacional" Enfatizó Galán.
 

Misiones como la ubicación del hijo de la Representante liberal Clara Rojas, del carro del Congreso con más de 600 millones pertenecientes a dineros de bandas criminales, infiltraciones en la temida calle del Bronx y en grupos al margen de la ley, son algunas de las labores que llevan a cabo por meses e incluso años.
 

Como coautor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, el Senador liberal Juan Manuel Galán, propone una reforma al sistema integral de seguridad social que incluya al personal civil, que realiza labores de inteligencia y contrainteligencia, y al personal del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, en el régimen prestacional especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
 

Esta iniciativa legislativa busca protegerlos considerando el alto riesgo de su actividad, y los requerimientos especiales de su trabajo como por ejemplo reservar su identidad y tener protocolos de seguridad para evitar que personas involucradas en sus investigaciones, tomen represalias contra ellos o sus familias.
 

Es necesario equipararlos al régimen que hoy ampara las Fuerzas Militares, para garantizarles un régimen prestacional especial que les permita jubilarse por 20 años de servicio continuo y tener derecho a asistencia médica, quirúrgica, odontológica, servicios farmacéuticos para ellos, sus conyugues e hijos menores de 21 años a través de la entidades adscritas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
 

"Debemos darles protección a estos agentes que asumen un riesgo en nombre de su país y de los conciudadanos, quedando desprotegidos no solamente ellos sino sus familias, que arriesgan sus vidas para tener una mejor colombia", mencionó el Almirante Echandía.
 

El Proyecto de Ley No. 140/2016 Senado, tendrá que hacer trámite en 4 debates para convertirse en Ley de La República.

 

Nuestras historias

Nuestro ejército y el proceso de paz

 

Esta semana el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Juan Manuel Santos, dio la orden a sus tropas, de iniciar el cese al fuego bilateral, como resultado  del acuerdo final en la Habana. Esto, ha generado un clima de zozobra e incertidumbre, que algunos han aprovechado para desinformar y para generar intranquilidad entre los colombianos.

 

En ese contexto, llegué a la reciente entrevista que concedió el General Alberto Mejía, Comandante del Ejército Nacional, sobre lo que nos espera en los próximos 30 días antes de la votación del plebiscito. Sus palabras me dejaron varias lecciones.

 

El General Mejía, quien dirige a los 82 mil soldados profesionales y 120 mil regulares del Ejército Nacional, será el responsable de liderar a la Fuerza Armada en el posconflicto y de enfrentar las posibles disidencias de la guerrilla de las FARC después de la firma de los acuerdos. Con esa responsabilidad bajo sus hombros, concedió una entrevista en donde no solo demostró serenidad y amplio conocimiento del proceso y de los acuerdos, sino también lucidez e inteligencia, para abordar los miedos y las dudas de los colombianos en este momento.

 

Ante todo, creo que nos dio a los políticos una gran lección de grandeza, sobre la manera como debemos enfrentar esta campaña por el plebiscito. Es en este momento y no en otro, que tenemos que demostrarle al pueblo colombiano que somos capaces de respetarnos en la diferencia, que cada uno tiene posiciones distintas, pero que son respetables en la medida en que estén argumentadas y sean serias, responsables y verdaderas.

 

En 1982, cuando el expresidente Belisario Betancur inició el primer proceso de paz con grupos guerrilleros, mi padre hizo un llamado a que todos los colombianos apoyáramos esa iniciativa y a que no permitiéramos que prosperaran las tendencias autoritarias de quienes creían que la única estrategia posible es la del exterminio o la definición violenta de las contradicciones.

 

Hoy, yo reitero ese llamado. Los colombianos están cansados y hastiados de disputas personales, agresiones, e insultos por redes sociales o por otros medios. Estoy seguro que lo que la gran mayoría quiere de nosotros, es ver conversaciones tranquilas y serenas sobre una decisión histórica y trascendental que va cambiar el país para las próximas generaciones.  Al final, como lo dijo el General Mejía, será el pueblo colombiano quien, actuando como una antorcha, señale el camino que el Ejército Nacional y nosotros, debemos seguir para definir el destino de Colombia.

 

Nuestras historias

Nuestros Héroes paralímpicos

 

“Cada uno de los medallistas colombianos en estos juegos paralímpicos, es ejemplo de vida y superación”: senador Juan Manuel Galán.
 

Maritza Arango no correrá sola, necesita a su guía. Esta mujer, subcampeona mundial de atletismo e invidente por enfermedad degenerativa, será la representación de Colombia en los juegos paralímpicos Rio 2016. Como todos los deportistas con discapacidad visual, Martiza correrá con un guía, Jonathan Sánchez quien debe practicar tanto como ella, compartiendo entrenamientos diarios y con una complicidad admirable que les permite coordinar el ritmo del trote durante toda la competencia.La historia de Moisés Fuentes es también una historia de sufrimiento, frustración y superación.
 

Llegó al deporte como resultado de una tragedia y la perdida de ganas de vivir. Cuando tenía tan solo 17 años, pasó por el momento más duro de su vida, al perder a su hermano en un atentado en la ciudad de Santa Marta. Moisés, quedó con vida pero sin posibilidad de recuperar el movimiento de sus piernas pues quedo parapléjico. La vida, ligada a una silla de ruedas, no fue fácil y cuando se quiso dar por vencido lanzándose  a una quebrada para acabar con su dolor, encontró que era capaz de flotar y avanzar en el agua. Así, este Santandereano  que hoy día es el deportista con más participación en unas paralimpiadas internacionales, tomó la decisión de dedicarse a la natación y será nuestra representación el próximo 7 de septiembre.

Otro de los motivos para acompañar a nuestra selección, es que contaremos por primera vez con un militar herido en combate que representará a Colombia en levantamiento de pesas. Se trata de Fabio Torres, Cabo primero del Ejército Nacional que fue víctima de una mina antipersona del ELN, en la zona del Catatumbo, Norte de Santander. Torres, cuenta con un récord que ha concentrado las miradas de los conocedores del deporte. En enero participó en la Copa Mundo en Brasil y logro la medalla de oro tras levantar 212 kilogramos. Esta vez, la meta es soportar los 235 kilogramos en Rio. Desde aquí lo apoyamos.

Cada uno de los medallistas colombianos en estos juegos paralímpicos, es ejemplo de vida y superación. Este año llevaremos a Río la delegación más numerosa en la historia del deporte paralímpico en Colombia por lo que desde aquí, enviamos un mensaje de apoyo y motivación a los 37 atletas que nos representarán en atletismo, arquería, ciclismo de pista y ruta, levantamiento de potencia, natación y tenis en silla de ruedas.

Nuestras historias

Gran encuentro binacional de víctimas este viernes en Ipiales Nariño

Como un hecho histórico, por primera vez connacionales que por el conflicto armando debieron desplazarse a países vecinos como el Ecuador, harán presencia en el Tercer Foro Regional, Encuentro de Victimas, Paz y Posconflicto, que se realizará este viernes 26 de agosto en Ipiales.

El Senador Juan Manuel Galán, quien coordina con el Representante Jaime Buenahora, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Victimas del Congreso,  expresó que en Ipiales lo más importante es hacer  un puente entre la institucionalidad y  los colombianos que ha sufrido los efectos de la guerra con actos que han dejado una huella muy profunda  en el espíritu de numerosas familias.

"Vamos a contar con la participación activa del Dr. Camilo Romero, Gobernador de Nariño y el Alcalde de Ipiales, Dr. Ricardo Romero, que han sido piezas fundamentales en la organización de esta sesión. Gracias a ellos los entes regionales y locales se apropian de la Ley de Víctimas,  para fortalecer la institucionalidad", afirmó el senador Galán.

En Ipiales se espera la asistencia y participación del Ministerio del Interior, Vicecanciller, Francisco Echeverry, Director Unidad para la Atención de Victimas, Alan Jara ,Departamento Nacional de Planeación, Directora  Departamento Para la Prosperidad Social Tatyana Orozco de la Cruz, Gobernador de Nariño, Camilo Romero, Alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, Coordinador  de la Mesa Nacional de Victimas, Odorico Guerra, Coordinador Mesa Departamental, Coordinador Mesa Municipal de Ipiales,  Delegados  Victimas del Exterior, Comisión de Exilio y Reconciliación, Director Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, Organización Internacional  para las Migraciones, Embajada de Suecia, Acnur, Manuel Nucamendi, Defensoría del Pueblo Ecuador, Yolanda Galarza, Congresistas y Organizaciones de Víctimas en el exterior.

 

Datos del Evento.

Lugar: Ipiales Nariño.

Dirección: Centro de Eventos Autopanamericano- Av Panamericana No-1-A-100

Hora 9.am.   

Nuestras historias

Cartillas en la era de Google y YouTube

 

“Necesitamos ir más allá de las cartillas y hablar de políticas públicas, que enfrenten la violencia, la exclusión y el matoneo”: senador Juan Manuel Galán.
 

Celebro que el Congreso de la República asuma el reto de debatir temas que interesan a los colombianos. Me refiero al reciente debate a la Ministra de Educación. Como liberal, lo primero que quiero resaltar, es la intervención argumentada y contundente de la ministra Parody.No puedo pasar por alto, el acto valiente de un funcionario que habla públicamente de su sexualidad y se declara homosexual en medio de una sociedad machista y agresiva, fruto de años de violencia y de iniciativas de exterminio hacia muchas minorías.
 

En segundo lugar, debo concluir que lo que quedó en evidencia con este debate, fue un gran vacío en Colombia para abordar temas de salud sexual y reproductiva así como la falta de una política pública clara, dirigida a los  menores, pero concertada con maestros, autoridades locales y padres de familia. Aún  recuerdo la lección de educación sexual de mi padre, hace ya casi 35 años, cuando en una frase lapidaria me dijo: viejo, esa es una energía muy poderosa que uno tiene, que en cualquier momento se puede voltear contra uno.
 

En aquella época, no existían internet, ni YouTube, facebook, instagram o snapshot, ni nada de lo que hoy los jóvenes conocen dentro del mundo de las TIC. Por eso hoy me pregunto, como padre de un hijo preadolescente, como debo enfrentar el reto de la educación sexual de un niño rodeado por estos mecanismos de información y desinformación? Cómo puedo lograr que mi hijo desarrolle criterio propio, capacidad analítica y crítica para tomar decisiones, para enfrentarse a los contenidos que le presentan las redes sociales?Si google parece ser, para bien y para mal, el educador sexual más poderoso del  mundo, cual es la mejor manera de enfrentarlo: restringiendo? Prohibiendo? Acompañando? O  asesorando? El debate de la Ministra Parody, no es solamente un debate sobre cartillas, es sobre la ausencia de una  política pública de fondo que permita abordar los cuestionamientos de padres y la comunidad educativa en conjunto.


No es esto una mirada que se limita al lenguaje de cuadernillos, o a los afiches, talleres que esporádicamente dan los colegios, se trata de una discusión sobre cuál debe ser la política de formación de docentes, o la estrategia para capacitar a los padres en alternativas frente al contenido de las nuevas tecnologías,  o sobre cómo vincular a los niños y jóvenes en la construcción de los materiales educativos para hacerlos pertinentes. Necesitamos ir más allá de las cartillas y hablar de políticas públicas, que enfrenten la violencia, la exclusión y el matoneo.

Nuestras historias

El dolor hecho oro

Reconocer a las víctimas de este país, no es solo saber que existen; es tener la humildad de aprender de ellas y de lo que se puede lograr, encauzando el dolor de la guerra. Oscar  Figueroa es el primer colombiano en conseguir una medalla de oro para nuestro país en los juegos 2016. Este Antioqueño de 33 años,  logró sumar 318 kilos en levantamiento de pesas y quedarse con la medalla de oro en su categoría, en los juegos olímpicos de Río.

 

Oscar Figueroa es una víctima del conflicto armado, su historia no ha sido fácil. En 1993 cuando apenas cumplía 10 años de edad, las Farc y las AUC devastaron Zaragoza su pueblo natal, convirtiéndolo a él y a su familia, en desplazados de la violencia. Ahí, comienza una historia de terror que, como la de muchos otros, los obliga a abandonar su lugar de origen, dejando atrás sueños y proyectos de vida; que está repleta de noches largas, oscuras y frías; y que en la mayoría de casos esta signada por el hambre y la pobreza.

 

Pese a todo esto, también hay muchos colombianos que, como Oscar, han sido capaces de mirar de frente el dolor de la guerra, sobrevivir al trauma del desplazamiento y convertirse en ejemplo para otros. Este trauma sobrepasa la capacidad natural de cualquier persona de asimilar dificultades, pero cuando se supera, deja ver seres humanos capaces de convertir el sinsentido de la guerra en fuente de fuerza y valor y en la oportunidad de descubrir capacidades que no sabían que tenían.

 

Hoy Figueroa es el mejor pesista, que se ha conocido en la historia de Colombia. Por eso, escribo para él, para las víctimas y para los sobrevivientes. La reparación emocional es un tema que debemos poner sobre la mesa, pues será pieza clave en la superación del dolor que ha marcado este país y en la posibilidad de rehacer proyectos de vida desde lo inimaginable.

 

Esto, fue lo que nos llevó hace unos días al Segundo Foro Regional "Encuentro, Paz y Posconflicto”, que se llevó a cabo en el auditorio Lucho Bermúdez, del municipio de Carmen de Bolívar. Allí, como lo dijo una de sus asistentes, el Congreso de la República le dio reposo a la carreta para darle paso al testimonio. Seguiremos recorriendo el país buscando estos testimonios. Nuestro próximo destino será Nariño, en donde esperamos encontrar a las víctimas de fronteras conocer su proceso y reclamar por sus necesidades.

Nuestras historias

Aun son grandes los retos para el proceso de reparación de víctimas

 

El presupuesto, la seguridad y al acceso a programas sociales constituyen entre otros los grandes retos para continuar desarrollando  e implementando la  Ley de Seguimiento a las Víctimas. 

Así se desprende del Segundo Foro Regional "Encuentro, Paz y Posconflicto, que se cumplió con una nutrida asistencia en el auditorio" Lucho  Bermúdez, del municipio El Carmen de Bolívar, a instancias de la Comisión de Víctimas del Congreso.

"Hemos venido para escuchar de primera mano y sobre el terreno cuáles son las dificultades que existen con la ley de restitución de Tierras, ley de  Víctimas y poder reclamar a la institucionalidad  respuestas para las víctimas en materia presupuestal en el nuevo enfoque de la reparación colectiva "afirmó  el Presidente de dicha Comisión, Senador Juan Manuel Galán. 

Expresó  que son grandes los retos que le esperan al Estado: el  presupuesto, las sentencias  sobre restitución de tierras que en algunas regiones deben  ser más ágiles  y la Verdad, como herramienta reparadora. 

De otro lado Nallivis Mercado, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, pidió al Presidente Juan Manuel Santos, que se siente con ellos para evaluar aspectos como la vivienda, la rehabilitación y la restitución de tierras.

Para Misael Payares, coordinador de la Mesa Departamental de Bolívar, las víctimas requieren seguridad , porque ahí es donde está la garantía de respeto y derecho a la vida. 

Lauris Banquet Clemente, coordinadora de  la Mesa Departamental de  Sucre expresó que el de  hoy fue un espacio importante para dar a conocer las inmensas necesidades de las víctimas de su departamento que ascienden a 327.000

“Que se aumente  el pie de fuerza en el municipio porque hay amenazas contra las víctimas que reclaman restitución de tierras” sostuvo Edgardo Flórez Martínez, coordinador Mesa Municipal de El Carmen de Bolívar. 

Según el Gobernador  de Bolívar  Dumek José Turbay, en esa región se han presentado varias circunstancias lamentables para la población: Farc, Autodefensas, abandono del Estado, corrupción y gobiernos mediocres pero advirtió que  en Bolívar habrá paz con reparación y oportunidades para la gente. 

En su intervención el alcalde de El Carmen de Bolívar Rafael Gallo, expresó que su municipio pasó  de ser un pueblo muy rico a uno muy pobre, como resultado de la  marginalidad, y reclamó apoyo para hacer frente a la ola delincuencial ya que por un lado están las personas que se dedican al delito y al narcotráfico, pero también un grupo de jóvenes están siendo utilizados para vender drogas en las calles. 

El Foro contó también con la presencia de la embajadora de Suecia Marie Andersson De Frutos, quien  expresó que cuando el Senador Galán la  llamó para acompañar el seguimiento a la ley de víctimas, no dudo en hacerlo  porque Suecia respalda la paz en Colombia. 

“La Paz es prerrequisito para la reconciliación. Ratificamos apoyo y acompañamiento a la Paz de Colombia y no nos quedaremos a la mitad de camino sino que iremos hasta el final” enfatizó.

Por su parte la Directora Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco De La Cruz, señaló que con las víctimas hay grandes retos: reformular la política de reparación colectiva e individual mejorar el sistema de comunicación entre todos. 

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Victimas realizó su primer Foro en el primer trimestre de este año en la ciudad de Villavicencio, hoy en el Carmen de Bolívar y el próximo será el 26 de agosto en Ipiales Nariño.

Nuestras historias

Colombia no se puede convertir en una maquila de marihuana

En el marco del debate de control político realizado en la Comisión Primera del Senado, se cuestionó la forma en que el Gobierno expidió tres licencias a empresas para la transformación del Cannabis con  fines  medicinales luego de sancionada la ley. El Senador Juan Manuel Galán dijo “Colombia no puede ser una maquila de marihuana”.

Los senadores Juan Manuel Galán y Armando Benedetti citaron al Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, para el debate de control político Ley Cannabis Medicinal: ¿Asunto de salud pública o negocio?. Al respecto, Galan   expresó que se trata de un negocio que ha generado un enorme interés a nivel mundial ya que nuestro país es estratégico desde el punto de vista climático y por las variedades de marihuana que se producen.


“Lo más preocupante es que las empresas multinacionales tienen a Colombia en la mira ya que las condiciones climáticas permiten mayores cosechas y una disminución de costos sustancial frente a los demás países que permiten su cultivo y producción expresó el legislador liberal.

La polémica se desató luego que el Ministro de Salud expidiera el Decreto 2467 el 22 de diciembre de 2015 a través del cual se regulan  las licencias de  posesión, cultivo,  exportación, producción y fabricación de cannabis y sus derivados. Es decir, luego de aprobada la ponencia para segundo debate en el Senado.

Por lo tanto, como se concibió el decreto de cannabis medicinal, las empresas producirán en el territorio nacional y la exportarán a sus países de origen. Con la expedición de este decreto no se beneficia el país ni los pacientes  que sufren enfermedades crónicas  que son a quienes está dirigida la ley.

El pasado 1 de junio el Congreso de la República aprobó en Senado y Cámara la conciliación del proyecto de ley que regula el uso cannabis medicinal y solo faltando la sanción presidencial el Ministerio de Salud expide la primera licencia de cannabis el 27 de junio a la Empresa Pharmacielo Colombia S.A.S.

El 6 de julio el Presidente de la República, Juan Manuel Santos sancionó la ley 1787 de 2016 y 24 horas después de entrar en vigencia la misma el Ministerio de Salud otorga dos licencias más a las empresas a Cannavida S.A:S y Ecomedics S.A.S.

El Senador Galán expreso que la reglamentación de la ley sobre el uso medicinal del cannabis que saldrá a finales de este mes, debe recuperar su espíritu principal y original que es la salud pública y los derechos humanos de los pacientes.

Agregó que el Congreso ve con preocupación que el decreto del Gobierno sobre expedición de licencias, no haya tenido costo, que es vitalicia y no garantice la posibilidad de revocarlas eventualmente. La ley 1787 tenía como fin que el cobro de las tarifas se destinara para financiar investigación científica y prevención.

Por su parte el Senador Armando Benedetti expresó que con esas licencias Colombia no ha ganado nada, en materia de investigación  ni se han beneficiado los pacientes.

“Estas licencias son para que las multinacionales puedan exportar. ¿Cómo hacemos para que paguen los impuestos de un negocio multimillonario?. Nuevamente vamos a quedar presos de los gringos en el negocio de ellos: nosotros ponemos los muertos y ellos ganan la plata” expresó  el Senador del Partido de la U.

A su turno el Ministro Alejandro Gaviria expresó que en el desarrollo del debate quedo claro que su despacho no tenía otra alternativa que otorgar las licencias y que el Gobierno reglamentó la marihuana medicinal seis meses antes que la ley fuera aprobada. Además, manifestó que de esa forma se establecieron reglas claras sobre la expedición de licencia y que mientras se aprobaba la ley se presentaron al Ministerio desde marzo y abril de este año, solicitudes de licencias, las cuales fueron otorgadas según lo dispuesto en el mencionado decreto.

“El Estado Colombiano no podía interrumpir ese proceso, cambiando las reglas de juego antes que se aprobara la ley .No apruebo la licencia porque tengo la expectativa ya que de pronto voy a cobra unas tarifas más adelante: Eso sería que el mismo Estado desconoce las normas” aseguró.


Por último, agregó que ahora el reto es hacer un nuevo reglamento que se ajuste a la nueva ley.

Nuestras historias

Las víctimas y la paz

Columna de opinión del senador Juan Manuel Galán.

La primera comisión que sesionó en el Congreso de la República al iniciar la nueva legislatura, fue la comisión de víctimas. Es un mensaje contundente: Hay que posicionar a las víctimas en el centro del proceso de paz y al margen.

Por eso, y reconociendo que el principal reto es lograr garantías presupuestales para cumplir sus derechos, se creó una Comisión Accidental que hará seguimiento al presupuesto asignado al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado. 

La realidad no da espera, mientras en los últimos años vemos que se ha reducido el espacio fiscal para cumplir las promesas con las víctimas, su universo en el país, ha crecido más de lo previsto.  La cifra actual de victimas supera los 8 millones de colombianos, de los cuales solo se han reparado alrededor de 600 mil.

Por su parte, la información de la Contraloría General de la República sobre los recursos económicos destinados a ellas, es alarmante. En el 2015 esta entidad denunció un faltante de aproximadamente 36.6 billones de pesos para garantizar derechos de indemnización y vivienda. Además, la Contraloría encontró, que en materia de atención psicosocial y en salud a las víctimas, hubo un recorte presupuestal del 40%, es decir, la asignación de estos programas pasó de 25,000 millones de pesos en el año 2014 a 15,000 millones de pesos en el año 2015.

El recorte afecta cobertura y continuidad en el tratamiento. Estas mismas denuncias fueron reiteradas por el Presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, quien afirmó que el presupuesto es actualmente insuficiente y que la población de víctimas se siente ausente del diseño y la aprobación de normas de implementación de su ley en los planes de desarrollo a nivel territorial.

Para atender esa realidad, la comisión de victimas busca ser un escenario de control político que asegure su participación en el proceso de paz, la transparencia en la toma de decisiones y la integralidad institucional en la respuesta efectiva a sus necesidades. 

Las victimas de nuestro país no solamente han sufrido los vejámenes más atroces de este conflicto; también han construido aprendizajes sobre el dolor y alternativas poderosas sobre cómo podemos reparar el daño causado y reconstruir los lazos de confianza como colombianos.

Escucharlas no es una meta, es una condición para seguir en este proceso. Por eso este viernes 5 de agosto estaremos en El Carmen de Bolívar, donde abriremos el espacio a las víctimas del conflicto de Los Montes de María.

Nuestras historias

Envigado entra y da paso histórico

Más de 40.000 envigadeños nos muestran una nueva forma de gobernar. Me gusta pensar que progresivamente, vamos pasando de un modelo de gobierno tradicional en donde los poderes estatales están concentrados en la capital hacia un modelo más abierto y horizontal.

Se trata de que los ciudadanos jueguen un papel central en la  identificación de las prioridades de su territorio, la prestación de servicios públicos y el control de  la inversión presupuestal. Un ejemplo de este nuevo modelo, es la forma como se acaba de anexar el municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburra.

Gracias a una consulta popular, 24.507 habitantes dijeron si a la integración territorial y dieron un voto de confianza al área metropolitana más antigua del país. Esta asociación territorial permitirá darle fuerza a proyectos en materia de educación, movilidad e integración de transporte multimodal. Iniciativas que han sido pensadas para los próximos 10 años y que no podrían llevarse a cabo por los municipios, si lo hacen de forma aislada e individual. 

El Valle de Aburrá, se convierte así en un modelo de desarrollo para replicar en otras áreas del país. Sin embargo, pese a los beneficios de este nuevo modelo de gobierno, en Colombia contamos con un déficit en áreas metropolitanas. Aunque hay espacios territoriales que ya se han consolidado en esa forma de integración, aún no han sido reconocidos formalmente.

Me refiero por ejemplo al área metropolitana de Armenia, que junto con Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Salento generan flujos continuos de bienes y pobladores. También el área metropolitana de Bogotá, que por no estar constituida, sigue sufriendo cuellos de botella en la solución de problemas de seguridad que aquejan por igual a los habitantes de Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté, Zipaquirá y Facatativá.

Por eso, necesitamos mayores liderazgos en los gobiernos locales, así como una visión a futuro que permita establecer un diseño institucional que trascienda un periodo de gobierno. Se requiere asumir de manera conjunta la prestación de servicios públicos y diseñar obras de impacto local con ejecución regional, que resulten más eficientes y generen menos costos.

Pero sobre todo, necesitamos que los municipios promuevan agendas comunes en sus territorios, para sumar esfuerzos, superar intereses individuales, y lograr acercar  las políticas públicas a los ciudadanos. Ojalá que el ejercicio de Envigado, se convierta en un detonante y genere efecto dominó para estas formas de gobierno en todo el país.

Nuestras historias

BREXIT

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

La decisión británica de abandonar la Unión Europea 43 años después, constituye un fuerte golpe al proyecto europeo de integración entre las naciones.

Y no es para menos si se tiene en cuenta que el Reino Unido (Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Gibraltar) representa la novena mayor economía de exportación en el mundo. Sus relaciones comerciales con Estados Unidos,  China,  Alemania, Países Bajos, Suiza  y Francia, le representó  -en 2014- $472 mil millones de dólares en exportación y $663 mil millones en importaciones.

En días pasados, de la misma manera que el 5 de junio de 1975, el Gobierno británico realizó un referendo en el que le preguntó a los ingleses si querían permanecer o no como miembros de la Unión Europea. En su momento el 67,2% de los consultados votaron por el sí y 32,8% por el no, pero hace dos semanas, los resultados no fueron los esperados por el Primer Ministro David Cameron pues el 51,9 % de ciudadanos votó por abandonar la Unión Europea o “brexit”y el 48,1 % votó por permanecer en ella.

Aunque la decisión que surgió del referendo no es de obligatorio cumplimiento, el Estado tiene la obligación moral de acatar la voluntad del pueblo; y con ello surgen algunas reflexiones: ¿Qué sucedió para que los ingleses decidieran salir?, ¿Cuál fue el discurso que logró convencerlos?

De un lado están los que querían permanecer en la UE confiados en que ello sería un impulso a la fuerza laboral y a la seguridad; y un fortalecimiento de su economía. En la otra orilla se ubican los conservadores -que respaldaron el brexit- convencidos de que para el crecimiento efectivo del país es necesaria más independencia de la comunidad europea, y una  reducción drástica de la inmigración -que a su vez  aumentará las plazas laborales para los nacionales-.

Esta última propuesta fue la que ganó y hoy el Reino Unido se enfrenta a un turbio panorama: varios estudios reportan impactos económicos, financieros, laborales, fiscales y exteriores negativos para el Reino Unido. El Departamento del Tesoro británico analizó las posibles consecuencias y llegó a la conclusión de que cualquiera de los dos escenarios provocará una recesión a corto plazo.

En un mundo globalizado como el nuestro, resulta preocupante que la decisión de salirse de la Unión pareciera más una respuesta nacionalista, demagógica y populista a una realidad transnacional que además desconoce los sueños y aspiraciones de los jóvenes –entre 18 y 24 años- que en un 75% votaron por más oportunidades, más integración, más tolerancia, más solidaridad y el pasado 23 de junio perdieron.

Nuestras historias

Un compromiso mayor

Columna de opinión del senador Juan Manuel Galán.

El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre el fin del conflicto es el punto de partida para la verdadera construcción de paz. Luego de 9 intentos por parar la guerra, el país jamás había llegado tan lejos.

El pasado 23 de junio, el Gobierno nacional y las FARC anunciaron, en tres puntos, el acuerdo sobre el fin del conflicto.

El primero de ellos, sobre el “cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva y dejación de las armas”, contempla un mecanismo de monitoreo y verificación que implementará la ONU, 6 meses después de que las FARC hayan dejado las armas.

Pese a que el acuerdo establece 23 zonas y 8 campamentos para la concentración de los desmovilizados y que contarán con un sistema de monitoreo permanente, me preocupa ubicación de los lugares, el alcance de su transitoriedad y su autonomía.

“Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales” es el segundo punto del acuerdo en el que se propone la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación y una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad para el diseño de políticas públicas y el desmantelamiento de todas las organizaciones criminales.

El tercero y último es el “acuerdo sobre refrendación” en el que las FARC se comprometen a acoger la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el plebiscito en los términos y requisitos que ella misma señale. Y con él queda en el ambiente la sensación de que las FARC quieren -por fin- hacer parte de un Estado y acogerse a sus normas. Y la verdad, de eso se trata todo esto, de ponerle término a una guerra tan sangrienta y tan costosa.

Los colombianos tenemos ahora un compromiso mayor: apoyar a través del plebiscito el esfuerzo que ha representado para el país y las instituciones un proceso que ya cumple 4 años. Respaldar con el SÍ la paz que tanto hemos buscado y tanto nos merecemos.

El gobierno, por su parte, deberá emplear todas las herramientas y recursos necesarios para que el 100% de los ciudadanos conozcamos el alcance de los acuerdos y con ello se puedan esclarecer aquellas versiones que pretenden confundir.

El último día de la guerra, y el primero en camino de la paz no conoce partidos, nombres, estratos, religión o credo alguno.

El último día de la guerra, como el primero de la paz nos pertenece a todos, pero sobre todo a las nuevas generaciones.

Nuestras historias

Repensar el desarme

Columna de opinión del senador Juan Manuel Galán.

El 2 de octubre del año pasado, un día después de la tragedia ocurrida en un centro de enseñanza en Roseburg, Oregón, en el que al menos diez personas perdieron la vida a manos de  Chris Harper, la BBC publicó la noticia con un titular alarmante: «En los últimos 10 años hubo más muertos por tiroteos que por ataques calificados de “terroristas” en EE.UU». Tan sólo 8 meses después y con varios casos de por medio, la historia se repitió en Orlando. Un hecho que ha sido denominado como el peor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos.

Este lamentable hecho abrió nuevamente un intenso debate sobre prohibirle a la población civil la tenencia de armas de fuego. Aunque parece una medida sensata, divide a los estadounidenses, entre quienes reivindican su derecho a la posesión y tenencia de armas para la defensa de sus intereses y quienes la ven como un riesgo adicional para su seguridad.

Trasladando el debate a Colombia, y sin desconocer las diferencias con el caso estadounidense, nuestra realidad no es menos preocupante. Y es que si bien la legislación colombiana es más estricta en cuanto a quién puede adquirir, tener o portar legalmente un arma de fuego, la situación social es mucho más complicada.

Reconozco los logros alcanzados por la política prohibicionista que se empezó a aplicar en el país a partir del 23 de diciembre del año pasado y que, de acuerdo con la Policía, ha dado resultados favorables. Tan sólo en los primeros días de aplicación de la medida, decretada por el Gobierno nacional, hubo una reducción al final en el 2015 de 13% en casos de homicidio y se pronostica que la reducción de los homicidios al final de este año alcanzará el 20%.

Sin embargo, no se pueden subestimar otros indicadores: según cifras del Ministerio de Defensa y del CERAC, cerca de 2,5 millones de armas son ilegales en el territorio nacional y se reportan 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, el 82% de las víctimas mueren por armas de fuego. Una cantidad alarmante que puede agravar la situación si se tienen en cuenta la presencia y actuar de los grupos armados ilegales y las bandas criminales.

Estos hechos deben provocar un debate nacional sobre los posibles riesgos y beneficios de tener una sociedad desarmada, más ahora que nos aproximamos a un nuevo capítulo en nuestra historia que exigirá de cada colombiano, confianza en las instituciones y en el otro.

Nuestras historias

Entre rejas

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

La situación carcelaria en nuestro país exige pasar del simple debate a la acción.

Una de las razones de ser de los congresos es ejercer control sobre la gestión del Gobierno, es decir, vigilar el actuar de los funcionarios del Estado en el cumplimiento de las leyes y de la Constitución.

Semanalmente hay citaciones y debates de control político, pero su efectividad no deja de preocuparme porque además de que los ejercicios de fiscalización se repiten, no pasa nada más y la problemática perdura. Un ejemplo de ello ha sido el recurrente debate para analizar la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.

Según reporte de la sección de relatoría del Senado, el primer debate que se hizo sobre el tema carcelario fue el 5 de mayo de 1998 y a la fecha la situación no ha mejorado. El Congreso lleva citando a funcionarios sin resultados aparentes. Nada ha cambiado y todo está peor.

La situación es siempre la misma: el hacinamiento, las enfermedades y la deficiente atención primaria de salud a los presos no sólo se mantienen, sino que se agravan. De hecho, de los 16.045 internos que están recluidos en las cárceles en la Costa, 524 sufren de varicela, tuberculosis, SIDA y enfermedades psiquiátricas. En la cárcel La Vega de Sincelejo, por ejemplo, hasta el 7 de marzo de este año se reportaban 180 casos reportados de varicela por contagio.

La delincuencia en las cárceles aumenta y de igual manera la necesidad de reestructurar el INPEC y acabar con la corrupción de sus funcionarios. La función resocializadora de la pena no existe, parece función "criminalizadora".

Todos estos problemas suficientemente diagnosticados, a lo largo del tiempo, no han tenido remedio alguno. Algunas cifras: entre enero de 2014 y marzo de 2016, el índice de hacinamiento de la población privada de la libertad, en los 136 establecimientos de reclusión, pasó de 52,9 % en 2014 a 53,9% en 2015, y en lo que va corrido de 2016 el promedio es de 55,5%.

Es momento de trazar políticas claras que ofrezcan una solución pronta y eficaz al problema carcelario. Empezando por la política criminal y la cárcel como última ratio. Los colombianos necesitamos que a nuestros presos se les garanticen condiciones dignas de reclusión, que se invierta en la infraestructura de todas las cárceles del país, que se promueva la profesionalización de los guardas penitenciarios, y que se procuren para ellos mejores salarios. Las cárceles no pueden convertirse en el vehículo de la impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos.

Nuestras historias

¿Si no es ahora, cuándo?

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro encarna, como ninguno otro, las peores características que puede tener un jefe de Estado.  Basta dar una mirada a la “Ley del Plan de la Patria (2013-2019)”, un plan de gobierno en el que plantea 5 grandes objetivos "históricos".

Defender, expandir y consolidar la independencia nacional, el primero de sus propósitos, no tiene –desde mi punto de vista- ningún asidero, pues nuestro hermano país nunca ha estado en riesgo de perder su independencia.

En su segundo objetivo planea asegurar más seguridad social, más estabilidad política y más felicidad. Todo ello en el papel porque nunca antes Venezuela había padecido tal desigualdad y por tanto, tal polarización. Hoy la mayoría del pueblo venezolano se pregunta ¿dónde está la seguridad social, la estabilidad política y su felicidad, si no les alcanza ni para un rollo de papel higiénico?

El mandatario atribuye la crisis económica y social de los países desarrollados a “los desequilibrios y contradicciones intrínsecas al sistema capitalista”, como si el problema, fuera ser capitalista y desde su propia casa nos evidencia que el problema no es el sistema, sino los desequilibrios y contradicciones de él como dirigente.

Como si fuera poco, en su tercera meta plantea “convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político”, cuando la realidad muestra que ha convertido a su país en potencial de violencia, con una desinstitucionalización insuperable y con cifras económicas insostenibles como la reportada por el FMI que en abril de 2016 pronosticó una inflación del 700% para lo que queda de 2016 y de 2200% para el próximo año.

En el cuarto punto el “gobierno bolivariano y socialista”, propone avanzar en la imprescindible tarea de garantizar “la paz del mundo, la paz en Venezuela”. Cómo puede concebir el mandatario, paz en Venezuela cuando persigue y oprime a la oposición, coarta la libertad de expresión, usurpa la propiedad privada, limita a sus ciudadanos en el uso de su propio dinero y, peor aún, los priva del abastecimiento mínimo de los productos básicos de la canasta familiar.

En el último punto sostiene “la defensa de un nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y socialista, como la única alternativa planetaria para garantizar la vida”. Olvida el presidente Maduro que no puede existir desarrollo integral si descuida a su pueblo. Hoy los venezolanos no tienen acceso a medicamentos y su derecho fundamental a la salud es sistemáticamente violado debido al cierre de frontera y las deudas con los proveedores.

Si no es ahora, ¿cuándo será el momento para que la comunidad internacional reaccione a favor del pueblo venezolano?

Nuestras historias

¡Ganaron los pacientes!

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

“Esta ley logrará aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes colombianos”: senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., mayo 31 de 2016.- Con la regulación de la marihuana medicinal, Colombia marcó un hito en la salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista. ¡Ganaron los pacientes! El pasado 25 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó en último debate, el proyecto de ley que regula el cannabis con uso y fines medicinales, con fundamento en tres pilares: lo terapéutico, lo medicinal y la investigación científica.

Esta ley logrará aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes colombianos con enfermedades como el cáncer, VIH/ SIDA, esclerosis múltiple, alzhéimer, trastorno de estrés postraumático, epilepsia, enfermedad de Crohn y glaucoma. Además, varios estudios indican que personas con adicción al alcohol y otras drogas más fuertes, pueden ser tratadas con marihuana, reduciendo así su nivel de adicción.

Así, se establece una arquitectura institucional que garantizará que el uso del cannabis sea estrictamente médico y científico. Respondiendo a dos necesidades básicas: la salud de los pacientes y la erradicación de cadenas de micro tráfico en nuestro país.

Dentro de las particularidades del proyecto cabe mencionar, en primer lugar, la auto sostenibilidad de las licencias. Es decir, no incrementar los impuestos de los colombianos. Quien esté interesado en solicitarlas es quien asumirá los costos por los servicios de evaluación y seguimiento para su expedición. También, de manera coordinada con el Ministerio de Educación se desarrollarán estrategias, programas o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en niños, niñas y adolescentes. En la misma línea, el proyecto establece un consentimiento informado cuando el paciente sea menor de edad; serán los padres o tutores quienes luego de ser informados sobre los riesgos o beneficios del uso medicinal del cannabis autorizarán o no la utilización de productos terapéuticos con componentes psicoactivos.

Ahora bien, las modificaciones acogidas por la Cámara de Representantes están encaminadas a: la posibilidad de que el cannabis medicinal sea tenido en cuenta en los programas de sustitución de cultivos; la protección y fortalecimiento a cargo del Estado a los pequeños, medianos productores y comercializadores de cannabis y por último en materia de vinculación laboral, las empresas extranjeras que soliciten licencia, deberán proteger la mano de obra local.

Es nuestro deber como sociedad y Estado un despliegue institucional que permita dejar a un lado el estigma hacia las familias que han encontrado en el cannabis medicinal una solución que la medicina tradicional no les pudo dar y que los pacientes de enfermedades crónicas y terminales puedan acceder a estos productos para su tratamiento en condiciones de igualdad, seguridad y calidad.

Nuestras historias

En decisión histórica Congreso aprobó ley del Senador Juan Manuel Galán que regula el uso de cannabis medicinal

Colombia cuarto país de América Latina con  legislación sobre ésta sustancia para fines terapéuticos y paliativos después de Chile, Uruguay y Puerto Rico.

Bogotá. D.C. 25 de mayo de 2016. "Colombia tras  la aprobación en último debate de la ley que regula el cannabis con fines medicinales, marca un hito en el establecimiento de una  política de salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista" aseguró el autor de la iniciativa, Senador Juan Manuel Galán.

Con  84 votos a favor y con el respaldo de los distintos partidos políticos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la nueva norma que pasa a conciliación con el Senado y luego a sanción presidencial.

"Hoy es un día histórico para el país ya que el Congreso de la República  de manera soberana ha tomado una decisión para aliviar el dolor y mejorar la calidad  de vida de millones de pacientes colombianos" afirmó el senador liberal y recordó que en  Estados Unidos, ya 24 estados legalizaron la marihuana para uso medicinal.

Destacó la importancia de la ley,  que permitirá a miles de pacientes que sufren de enfermedades  como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH sida, diabetes, migraña, entre otras, acceder a un medicamento seguro, de calidad y a un precio justo, regulado por el Estado y no por los criminales.

Ante la disyuntiva que genera la expedición del Decreto del Gobierno, Galán mencionó los aspectos que el mismo deja por fuera y que la ley si contempla como  el cobro de licencias cuyos recursos estarán dirigidos a programas de prevención escolar;  sanciones a quienes violen el régimen de licencias; vigilancia a las licencias utilizadas exclusivamente  a fines medicinales y terapéuticos y establece que menores de edad sólo podrán usarla bajo el consentimiento de sus padres, entre otros.

Así mismo destacó que con la norma se garantiza y se blinda el proceso de regulación, cerrando la posibilidad que el Gobierno de turno, derogue el Decreto.

En los últimos dos debates de la Cámara fueron incluidas varias propuestas que hacen parte ya de la ley por ejemplo:

Se promoverá una política de sustitución de cultivos ilícitos por cannabis medicinal como una opción para el campo colombiano.

El Gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de Cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se promoverá la contratación de mano de obra local. El Estado protegerá a los pequeños y medianos cultivadores y productores.

ABC. Ley Cannabis Medicinal

Los beneficiarios de la ley serán los pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, que quieran acceder a los medicamentos extraídos del cannabis.

Los pacientes tendrán acceso a los medicamentos extraídos del cannabis, en condiciones de igualdad, calidad   y seguridad.

Los pacientes van a acceder a un medicamento desarrollado científicamente, avalado por especialistas de la salud, rompiendo así el lazo con la ilegalidad.

Las instituciones del Estado que harán parte del proceso de regulación son: Ministerio de Justicia  y del Derecho; Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los medicamentos extraídos del cannabis no generarán ningún impuesto a los ciudadanos.

En coordinación con el Ministerio de Educación se desarrollará  un programa nacional de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.

Se reglamenta el acceso del medicamento para menores de edad siempre que haya consentimiento de los padres de familia.

El Estado protegerá a los pequeños y medianos productores y cultivadores.

Se promoverá una política de sustitución de cultivos ilícitos por cannabis medicinal como una opción  para el campo colombiano.

Nuestras historias

Los niños fuera de la guerra

Columna de opinión del senador Juan Manuel

La desvinculación de los menores de 15 años que están en los campamentos de las Farc y la introducción de un nuevo artículo en el Acto Legislativo que cursa sus últimos debates en la Cámara, son trascendentales en plena recta final de los acuerdos.

Entre 1999 y 2015, el ICBF atendió a 5.708 víctimas de reclutamiento que escaparon o fueron recuperados por el Ejército Nacional, de los cuales aproximadamente el 60% eran niños.

El reclutamiento de menores en los grupos armados ilegales, no solamente es inhumano, sino que ha sido un propósito que no había podido acordarse en la Habana. De hecho, lograr la salida inmediata de los menores de 15 años y trazar la hoja de ruta para la salida progresiva de los demás menores de edad, es un logro internacional. Jamás, un proceso de paz había alcanzado esto, previa firma del acuerdo final. Por esta razón, reconocer la existencia de los menores de edad por parte de las FARC y acceder a su desvinculación ANTES de la firma del acuerdo, nos pone más cerca de alcanzarlo.

Ahora bien, el Proyecto de Acto Legislativo, consagra los requisitos para el Legislativo, Ejecutivo y las garantías jurídicas para los colombianos, después de la firma del acuerdo.

Cabe mencionar, la naturaleza de una constitución no es la de acabar guerras ni conflictos, es la de mantener un orden jurídico justo. Entonces, la constitución nunca será un obstáculo para alcanzar una paz con garantías. Más bien, la paz requiere funcionarios y organismos que cumplan fielmente con la Constitución y las leyes. Es decir, el Acto Legislativo solo será efectivo, toda vez que las ramas del poder público colaboren armónicamente para la materialización de lo que en la Habana y en el Congreso se apruebe.

Considero muy importante que el Gobierno Nacional haya hecho énfasis en que se trata de un camino institucional. Luego, las leyes que sean expedidas por el Congreso de la República en materia de paz, contarán con el control automático de la Corte Constitucional. Además, el pueblo colombiano vía plebiscito refrendará popularmente los acuerdos aprobados y negociados en la Habana.

Lo anterior, no solo le da legitimidad democrática en el país sino internacional al proceso de paz. Suiza como país garante y la ONU como organización internacional, permanecerán vinculados a la verificación de lo acordado entre el Gobierno y el grupo armado.

Razón por la cual, este esfuerzo por alcanzar la paz, por la vía negociada, por terminar el conflicto y lograr la reconciliación requerirá el compromiso de cada organismo del Estado y de todos los colombianos.

Nuestras historias

¿Resistir para qué?

Columna de opinión del senador Juan Manuel Galán.

"Necesitamos una paz con verdad, una paz con las víctimas".

Bogotá D.C., mayo 13 de 2016.- Hoy más que nunca los colombianos debemos resistir. Sí! resistir por la paz. Debemos unir todos nuestros esfuerzos para el buen término del acuerdo que pondrá fin al conflicto armado en Colombia.

Sabemos que después de más de cinco décadas de guerra, víctimas, muertes, huérfanos, viudas, y desplazados es momento de vivir en paz. No solamente porque uno de los fines principales del Estado Colombiano es garantizar la paz en el territorio nacional. No, no se trata de paz con impunidad. Hablamos de paz con garantías. Por eso, no son negociables el cese al fuego por parte de las FARC y los mecanismos de participación ciudadana que permitan legitimar los acuerdos por todos los colombianos.

Los procesos de paz que se han intentado adelantar con la guerrilla de las FARC fracasaron, no sólo por la decisión de otorgar una zona de desmilitarización sino por la falta de exigibilidad para un cese al fuego generalizado y verificable. Cabe mencionar que nunca se le consultó a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con las negociaciones. De hecho, en los procesos de paz en el mundo, no existe registro sobre consultas que se hayan realizado para que la gente autentificara con el sufragio los acuerdos.

Luego, no hay que tenerle miedo a la democracia. Todos los colombianos tenemos la oportunidad histórica y única de decidir.

Por esta razón, el actual proceso de paz tiene dos enfoques fundamentales: las víctimas y los ciudadanos. Las víctimas, como pilar esencial de la negociación, es decir, garantizar el proceso de justicia transicional. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, no son transables. Así como tampoco lo es, el mecanismo de refrendación para que todos los colombianos tengamos la oportunidad de votar en las urnas si estamos de acuerdo con el proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional.

Necesitamos una paz con verdad, una paz con las víctimas, una paz que permita que los campesinos despojados de sus tierras recuperen lo que les fue arrebatado. Una paz que se reivindique con los seres humanos víctimas del conflicto. Una paz que nos permita a los colombianos reconciliarnos y superar esta historia de guerra que tanta sangre y dolor nos ha traído.
Nuestro país se merece la paz. La obligación de resistir es hacia quienes pretenden devolvernos el pasado de violencia permanente. No debe haber nada más importante que reemplazar el estado de violencia por el estado de la paz. Debemos aportar, resistir y persistir, en favor de la paz.

Nuestras historias

"Colombia debe resistir civilmente pero por la Paz"

Bogotá. D.C. 10 de mayo de 2016. (Prensa J.M.Galan) El Senador Liberal, Juan Manuel Galán, aseguró que el País debe resistir civilmente pero por la paz ya que "hemos aguantado lo más y debemos aguantar lo menos para la terminación de la guerra".

Agregó que después de más de 50 años de conflicto le llegó la hora a Colombia.

 

Nuestras historias

Quo vadis Partido Liberal?

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

Salirse de la Unidad Nacional es oportunista. La popularidad del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha caído, lo cual no es un secreto para nadie. Su lucha incansable, empeño y esfuerzo monumental-no expresados en las encuestas-,   de sacar adelante el acuerdo con la guerrilla de las FARC, refleja una voluntad verdadera para poner fin a un conflicto de más de 5 décadas.

El gobierno de Santos ha sido coherente con las ideas liberales, de hecho, no ha habido un gobierno más progresista que este. Impulsó la Ley de víctimas, la de restitución de tierras y un cambio en la política de drogas, solo por nombrar algunas.

La idea de una Unidad Nacional, es la de apoyar al Gobierno, aun cuando seamos de distintas tendencias políticas. Esta coalición ha tenido como objetivo único  garantizar y desarrollar programas y políticas que permitan la prosperidad y seguridad humanas, transparencia y anticorrupción, justicia, relaciones internacionales, trabajo en condiciones dignas y una verdadera institucionalidad democrática. Por eso, decir que el Gobierno no nos representa por temas burocráticos, no solo se queda corto, sino que es irresponsable. Debemos estar preocupados por ideas,  principios y no por puestos. Así que, claudicar por peleas partidistas y clientelistas, es un espectáculo lamentable que le estamos dando al pueblo colombiano.

Además, en plena recta final de los acuerdos de la Habana, la postura de algunos partidos de salirse de la Unidad Nacional nos llevaría a salirnos del Proceso de Paz. Desde mi condición de Senador Liberal, puedo decir no solamente que la Unidad Nacional tiene sentido en relación con el proceso de paz, sino que es necesaria una coalición lo suficientemente amplia que respalde esos proyectos de ley y los tramite para que se puedan convertir en realidad. Así el proceso de paz no se vería frustrado por la falta de la aprobación de esta histórica agenda legislativa.

No debemos poner en riesgo algo tan trascendental para el país. Ya llevamos mucho tiempo invertido para que la paz se pueda convertir en una realidad  y no por unas rencillas partidistas  y de mesas directivas vamos a terminar obstaculizando estos cambios tan anhelados por los Colombianos.

Por esta razón, considero que tenemos que encontrar una manera pronta de resolver esta crisis y buscar cómo se retomarán los acuerdos que se realizaron al inicio del cuatrenio para que no vaya a haber ningún problema o tropiezo en la agenda legislativa del acuerdo. El país necesita una renovación: LA PAZ.

Nuestras historias

Senador Juan Manuel Galán, invita a liberales a no salir de La Unidad Nacional

Estos y otros temas serán de profunda disertación que hará Galán en la Asamblea Nacional Liberal durante los días 13,14 y 15 de mayo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en la capital del país.

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2016. Frente al revuelo político que despertó el anuncio del Codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, para que la colectividad se retire de la Unidad Nacional, El Senador Juan Manuel Galán invitó a los liberales, continuar apoyando al Gobierno en su empeño por firmar la paz y acabar con un conflicto de más de 50 años.

Recordó que el Ejecutivo ha sido coherente con los principios liberales, como es el cambio en la visión de la lucha contra las drogas, la aprobación de la Ley de Víctimas y la Ley de Restitución de Tierras.

"No es responsable con el país salir corriendo cuando el Gobierno tiene un bajo nivel en las encuestas. Ni tampoco, hacer creer a la opinión pública que no nos sentimos representados porque no nos dan puestos".

Así mismo, espera que sean las bases del Partido en la Convención quienes expresen su mandato de seguir respaldando al presidente Santos en su meta por sacar adelante el proceso de paz.

"El verdadero mensaje del Partido debe salir de la Convención, que estatutariamente es la máxima autoridad, y es quien debe otorgar un mandato claro y definir cuál será la postura política del liberalismo".
Con relación al pronunciamiento de Cambio Radical, manifestó su preocupación por que se da en un momento crítico para el proceso de paz, que necesita la aprobación de varios proyectos de ley que van a permitir poner en práctica rápidamente los acuerdos.

"Si se llega en medio de una crisis de mesas directivas, de pugnas y rompimiento de acuerdos, va a ser muy traumático para la agenda legislativa y para el proceso de paz".

Nuestras historias

"Con gestos de guerra del ELN es imposible un proceso de Paz"

 

Bogotá. D.C.04 de mayo de 2016. El Senador liberal Juan Manuel Galán,  aseguró hoy que el ELN con sus secuestros y acciones violentas sigue dando muestras de guerra y no de paz.

"De esta forma será imposible comenzar un proceso de paz con ese grupo":afirmó Galán

Nuestras historias

Política de drogas a la carta

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

UNGASS le sigue apostando a la guerra contra las drogas y el prohibicionismo sigue siendo la norma. En la tercera sesión especial de la Asamblea General de la ONU fueron discutidas políticas de reducción del daño y regulación de sustancias estupefacientes.

El objetivo principal de esta reunión era realizar un llamado a la comunidad internacional a fin de analizar las medidas frente al consumo de sustancias psicoactivas. Sobre el particular, su regulación y mercado para evolucionar en la política de drogas que sigue el mundo y visibilizar una reforma  a las tres convenciones de Naciones Unidas que rigen la materia.

Es decir, desde Latinoamérica se pidió que fueran abandonadas las políticas punitivas y se abordara este flagelo como un asunto de salud pública. Sin embargo, estas expectativas se vieron completamente frustradas por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque Argentina, Rusia, Irán y China se oponen a dar por terminado el prohibicionismo. En segundo lugar, porque la Asamblea no se pronunció contra los países que penalizan  a las personas que sean encontradas traficando drogas o traficando micro estupefacientes con cadena perpetua o pena de muerte, como lo son China, Irán, Singapur, Arabia Saudita, Tailandia, Indonesia, Malasia y Taiwán.  Y de ñapa, tampoco fue abordada la regulación como tema central.

Es evidente que la política de drogas no despierta mayor interés en países que serían fundamentales para lograr consenso y acuerdo en una evolución de la política. Sí, cada país avanza a su propio ritmo, sin embargo, la violación sistemática de derechos humanos tiene que detenerse. Amnistía Internacional reportó que en el 2014, 2.466 personas fueron sentenciadas a la pena de muerte en el mundo, y en el 2015, se incrementó esa cifra en un 54%. De todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89 % se llevaron a cabo solamente en Arabia Saudí, Irán y Pakistán.

Lo sorprendente, es la falta de voluntad de los países en reconocer la importancia de este tema para adelantar una agenda de propuestas que permitan superar la mal llamada guerra contra las drogas que tantas víctimas ha cobrado en el mundo. Por su parte, Colombia seguirá evolucionando hacia el cambio de paradigma, hacia el tratamiento de los consumidores y la investigación científica como Estado Social de Derecho que somos y como garantes de los derechos humanos. No podemos prologar políticas diseñadas para una utopía: un mundo libre de drogas. Lo que si podemos es trabajar por un mundo libre de abuso de drogas.

Nuestras historias

Un Fiscal políticamente agnóstico

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

Si, definitivamente, la historia siempre se repite. La Colombia de la década de los noventa marcó los inicios de un país que se encontraba convulsionando ante los problemas sociales, económicos y políticos que atravesaba. Todas eran grandes dificultades, increíblemente coyunturales y de naturaleza bien particular.

Esto significaba adoptar infinitas estrategias que permitieran contrarrestar los daños. La primera de ellas, fue sin más ni menos la Carta Política de 1991. Este instrumento jurídico cuenta con una parte dogmática – los derechos de primera, segunda y tercera generación- y una orgánica – la estructura del Estado Colombiano-.

Dentro de esas grandes reformas, la Asamblea Nacional Constituyente creó y modificó  instituciones que estuvieran a la altura de los grandes retos que debería asumir en ese entonces. Hoy, aunque no estamos frente a los carteles de narcotráfico y de violencia, sí es necesario que los altos funcionarios del Estado asuman el compromiso y la responsabilidad de servirle al país.

Esta semana estamos frente a un nuevo desafío: LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN. La Corte Suprema de Justicia tendrá la importante labor de evaluar el mérito, la eficiencia, el conocimiento, la moralidad y la experiencia, para la elección de uno de los candidatos ternados.

De la terna enviada por el Presidente Juan Manuel Sanos, - compuesta por la Abogada, Mónica Cifuentes, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el exministro Néstor Humberto Martínez- considero que los candidatos son buenos, tienen trayectoria y credenciales adecuadas. Sin embargo, lo fundamental es que posesionados logren demostrar su talante profesional y saquen adelante la justicia transicional para que el proceso de paz sea exitoso.

Será trascendental, que el nuevo fiscal en el ejercicio de sus funciones, no olvide los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, y la imparcialidad con los que debe realizar sus investigaciones. Esto, para que la institucionalidad de la entidad tenga credibilidad y así poder desarrollar un proceso de justicia transicional que logre llegar a las regiones donde no ha tenido presencia.

El momento coyuntural del país hace de esta elección, una histórica. Además de tener la obligación de disminuir la sensación de inseguridad de los colombianos; de hacer valer la vida y los derechos inalienables a la persona humana; tendrá como fin último, esclarecer la verdad, hacer justicia y reparar a los ciudadanos enmarcados en el posconflicto.

Por esta razón, el Fiscal debe estar por encima de los partidos, que no haga liberalismo, conservatismo ni ningún partidismo, debe ser neutral, imparcial y trabajar incansablemente por la justicia de todos los colombianos.

Nuestras historias

"Es entendible decepción de Expresidente Gaviria ante resultados de Asamblea Onu sobre drogas "

Bogotá. D.C. 22 de abril de 2016. De acuerdo con las críticas que formuló el Expresidente César Gaviria Trujillo por los resultados  de la Asamblea de la ONU sobre la política antidrogas se declaró el Senador Liberal Juan Manuel Galán.

Expresó que es lamentable que paises como Rusia, China y Naciones de los bloques asiáticos y africanos  no quieran que la reforma a la política antidrogas avance.
 

Nuestras historias

Política de drogas para la salud pública y los Derechos Humanos

La salud pública y los derechos humanos serán el nuevo enfoque de Colombia en Naciones Unidas. Durante décadas la lucha contra las drogas genera el encarcelamiento en masa, la corrupción, la violencia, el mercado negro y crisis en la salud pública.

La estrategia de lucha contra las drogas en Colombia fue diseñada para preservar la integridad institucional, que estuvo amenazada por las fuertes economías criminales del narcotráfico. Sin embargo, estamos frente a una nueva realidad, que debe ajustarse a las complejidades de cada país, como el consumo de drogas y la política para su regulación.

Este mes tenemos dos acontecimientos históricos: la tercera Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Política de Drogas –UNGASS 2016- y la aprobación por unanimidad en tercer debate en la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley que regula el Cannabis Medicinal.

La primera sesión de la Asamblea General se llevó a cabo en 1998, donde fue pactada una Declaración Política sobre el Control Mundial de las Drogas con el objetivo de unir esfuerzos para la fiscalización internacional de sustancias estupefacientes. Casi diez años después, en Viena se acordó una nueva Declaración Política y Plan de Acción sobre la cooperación internacional. En esta tercera oportunidad, se dedicará a mejorar el marco institucional y jurídico de la ONU teniendo en cuenta que las políticas desarrolladas han pretendido enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales, basados en  la total prohibición de su producción y comercialización.

Por su parte, la política nacional de drogas de Colombia deberá estar enfocada en desarrollar regulaciones para el consumo –Proyecto de Ley sobre el uso médico de la marihuana- y herramientas para la prevención del consumo problemático, a través de la atención y tratamiento de los consumidores –la Ley 1566 de 2012-. También, deberá dar prioridad a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, acompañada de una visión territorial que permita articular con los gobiernos locales las estrategias en materia de drogas de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada uno.

Por todo lo anterior, la aprobación del Proyecto de Ley es muy importante porque se da justo para UNGASS 2016. Colombia podrá mostrar de manera significativa los pasos adelantados en la regulación del cannabis para uso medicinal, que genera un hito en el cambio y en la transformación de la política de drogas en nuestro país.

Nuestras historias

Con aprobación de Proyecto que regula uso de Cannabis Medicinal, Colombia mostrará resultados en la ONU

A cinco días de  celebrarse la Asamblea General de la ONU sobre problemática de drogas, fue aprobado en tercer debate.

Bogota.D.C.13 de abril de 2016. (Prensa Senador J.M Galán) Por unanimidad y con el respaldo de los distintos partidos políticos con asiento en la Comisión Primera de la Cámara, se aprobó en penúltimo debate el proyecto de ley de autoría del Senador liberal Juan Manuel Galán, que reglamenta el uso de la marihuana para uso medicinal. Solo resta su discusión final en la Plenaria de Cámara de Representantes, para que se convierta en Ley de la República.

“La  aprobación se da en una coyuntura muy importante porque la próxima semana entre el 19 y 21 de abril,  por primera vez en 15 años,  la Organización de las Naciones Unidas las Naciones Unidas (ONU) celebrará  en New York  una sesión especial de la Asamblea General sobre la problemática mundial antidrogas” aseguró el senador Galán.

Expresó que Colombia participará en esa Asamblea y podrá mostrar como avance significativo los pasos adelantados en la regulación del cannabis para uso medicinal,  que genera un hito en el cambio y en la transformación de la política de drogas en nuestro país.

El Senador, reiteró el espíritu del Proyecto, que permitirá a miles de pacientes  de pacientes que sufren de enfermedades  como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH sida, diabetes, migraña, entre otras, acceder a un medicamento seguro, de calidad y a un precio justo, regulado por el Estado y no por los criminales.  

Ante la disyuntiva que genera la expedición del Decreto del Gobierno, Galán mencionó los aspectos que el mismo deja por fuera y el Proyecto contempla. Tales como: el cobro de licencias cuyos recursos estarán dirigidos a programas de prevención escolar;  sanciones a quienes violen el régimen de licencias; vigilancia a las licencias utilizadas exclusivamente  a fines medicinales y terapéuticos y establece que menores de edad sólo podrán usarla bajo el consentimiento de sus padres, entre otras. Así mismo destacó que con el Proyecto se garantiza y se blinda el proceso de regulación, cerrando la posibilidad que el Gobierno de turno, derogue el Decreto.

Por su parte, Representantes de los diferentes partidos, expresaron sus argumentos para votar a favor.  Harry González, Coordinador Ponente, resaltó que el cannabis de uso medicinal,  debe ser un incentivo para la sustitución de cultivos ilícitos. Por su parte, Rodrigo Lara Restrepo, de Cambio Radical, dijo: “oponerse al Proyecto es inhumano, solamente quien vive en una caverna o en profunda doble moral, puede hacerlo”. Germán Navas Talero, del Polo Democrático, fue más allá: “he usado marihuana medicinal para la esclerosis y no me arrepiento, como dicen las viejitas santo remedio” y Samuel Hoyos, del Centro Democrático, expresó el acompañamiento de su partido y calificó que si el cannabis se puede usar en beneficio de la salud, sería un crimen no hacerlo.

Nuestras historias

Participación en sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial en Medellín

Bogotá. D.C. 12 de abril de 2016. (Prensa Senador J.M. Galán.-) Atendiendo una citación formulada por el senadores Juan Manuel Galán, Carlos Enrique Soto y Susana Correa, este jueves 14 de abril sesionará en la ciudad de Medellín, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.

El Congresista Galán consideró ese encuentro como uno de los de mayor importancia para evaluar los avances de las aéreas metropolitanas y los beneficios que han traído para los municipios que las conforman.

Se hará especial énfasis sobre área metropolitana del Valle de Aburrá integrada por  Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Caldas, Sabaneta, La  Estrella y Medellín, en temas relacionados con transporte, reglamentación, servicios públicos, desarrollo e integración.

Se contará con la participación de Los Ministerios del Interior, Transporte, Departamento de Planeación Nacional, Desarrollo Territorial, Alcalde de Medellín y  los mandatarios del Área Metropolitana de la Zona del Valle de Aburra, Gobernador de Antioquia, miembros de la Asamblea Departamental, concejales, órganos de control, la Cámara de Comercio, la Academia y los gremios.

 

Datos del evento.

 

Lugar: Medellín- Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Dirección: Auditorio Guayacanes carrera 53- No 40-31

Hora: 9.30 am.

Nuestras historias

Ciudadanos de primera

Columna del senador Juan Manuél Galán.

Bogotá D.C., abril 9 de 2016. Las personas en condición de discapacidad, son ciudadanos de primera categoría. En pleno Siglo XXI, - uno supone- que es obvio. Sin embargo, aún hay personas que consideran la discapacidad como un estado anormal y les imponen la obligación de asumirse como personas enfermas, dependientes o como ciudadanos sin derechos.

El porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza en el mundo está en el 80% según la ONU. Colombia no se queda atrás con 1’240.619 de personas de las cuales, el 45.47% es mayor de 60 años; el 61% no tienen fuente de ingresos para su subsistencia. Y, por si fuera poco, 143.750 son víctimas del conflicto armado.

La discapacidad no puede ser tratada como un defecto o problema personal, es una circunstancia social, donde la sociedad y el Estado, estamos comprometidos en la garantía de sus derechos y su inclusión. Los discapacitados, deben acceder a la formación académica, técnica o tecnológica  y ser los motores de productividad para el país.

Por muchos años, las personas en condición de discapacidad han enfrentado barreras de todo tipo, como, por ejemplo, barreras de orden físico, comunicativas, que dificultan las relaciones y el acceso a la información y a los medios de comunicación; barreras actitudinales y socioeconómicas. Todo como consecuencia de los prejuicios de varios grupos sociales, que generan una gran limitación en el acceso a las oportunidades y anulan el goce de sus derechos.

Necesitamos que la sociedad los reconozca, que no los mire como enfermos o ciudadanos de segunda, son sujetos de derechos que tienen plena capacidad para producir y para actuar.

El pasado 6 de abril, Congresistas de varios partidos políticos, estuvimos en el lanzamiento de “Bancada In”, que busca la urgente promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Se trata de abrir un canal de comunicación y de apoyo técnico con el Consejo Nacional de Discapacidad. Iniciativa que apoyo decididamente, porque es muy importante que exista un grupo de Parlamentarios organizado en bancada, que se dedique a avanzar en la agenda pública relacionada con la legislación y los temas de interés para una población tradicionalmente marginada, excluida y sin oportunidades.

Este es un reto y un desafío prioritario para el Congreso. Queremos y necesitamos ciudadanos libres, independientes, con acceso a educación y trabajo. Por esto, debemos seguir adoptando medidas orientadas a combatir la discriminación de la población en situación de discapacidad.

Nuestras historias

Congreso y Gobierno escucharán a víctimas en Villavicencio

Bogotá. D.C Abril 06/16. La Comisión de Víctimas del Congreso,  que preside el Senador Juan Manuel Galán y el Representante Jaime Buenahora con el auspicio del Gobierno Nacional adelantará,  este viernes 8 de abril en Villavicencio el Primer Gran Foro para escuchar a las familias afectadas por la violencia.

Nuestras historias

ELN y proceso de paz

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

El anuncio del comienzo de negociaciones formales entre el Gobierno y el ELN, abre una esperanza para poner fin al conflicto armado en el país, pues llega a la mesa de diálogo con 2.000 combatientes y con 5 frentes operando en Norte de Santander, Bolívar, Arauca, Chocó y Nariño. Que   por fin haya aceptado su participación en conversaciones de paz, es una señal positiva. Aún más cuando han sido uno de los grupos más radicales de la insurgencia y de los más renuentes a explorar una solución negociada.

Sin embargo, necesitamos hechos de paz concretos. Primero un cese al fuego unilateral. Segundo, el cese de actividades criminales. No puede haber secuestro, minería ilegal, ni ataques a los oleoductos, tampoco extorsión ni ningún tipo de delito. Se trata de una muestra de buena fe del ELN en una apuesta seria y real a un proceso de paz y negociación con el Gobierno Nacional.

Por ejemplo, un gesto real de paz es, la liberación de todos los secuestrados, como condición para la apertura formal de negociaciones. Sólo por citar un caso aberrante, el secuestro de un niño de 2 años –hijo de una desmovilizada– que, según la Defensoría, estaría en manos del frente Cacique Calarcá.

El anuncio, también permite pensar en un desbloqueo de los diálogos en La Habana con las FARC, porque los dos procesos tienen destinos ligados. Incluso nos da una ventaja pues no habrá dos modelos de dejación de armas, ni dos procesos de refrendación, ni dos ejercicios de esclarecimiento de la verdad. Los mismos lineamientos generales tendrán que repetirse con el único objeto de acabar la guerra e iniciar la construcción del postconflicto.

Otro punto que me hace ver con esperanza el anuncio, es que  las víctimas van a ser el centro de gravedad del proceso. Según registros del observatorio del Centro de Memoria Histórica durante los últimos 37 años, hemos tenido 9.221 víctimas por los delitos de secuestro, asesinato selectivo, masacres y daño a bienes civiles.

Es hora de fijar condiciones claras desde el principio para el inicio de las negociaciones: Cese unilateral del fuego; fecha de entrega de armas; cese al fuego bilateral con ELN si y solo si firman acuerdo final de terminación del conflicto y como ya lo mencioné entrega de todos los secuestrados. Solo así los colombianos creeremos que este proceso realmente puede desembocar en una paz verdadera.

Nuestras historias

"Pronunciamiento del Presidente Santos sobre fecha de dejación de las armas de las Farc, es preciso y contundente"

Bogotá .D.C marzo 28 de 2016. Complacido con la solicitud que formuló el Presidente Juan Manuel Santos a las Farc, para que fijen una fecha sobre la dejación de las armas se declaró el Senador Juan Manuel Galán, al indicar que eso implica que no se va a firmar un mal acuerdo.

Nuestras historias

Ahora o nunca

He dicho en varias oportunidades que no podemos anticipar los tiempos del proceso de paz.

Bogotá D.C., marzo 23 de 2016 (Columna senador Juan Manuel Galán).- Colombia se prepara para afrontar los cambios de mayor trascendencia desde el proceso constitucional de 1991. Y aunque esos cambios se proyectan hoy como excepcionales, de alcanzar un acuerdo definitivo que sea ratificado por la ciudadanía, constituirán una nueva realidad.

Durante este mes, dos acontecimientos concentraron la atención de los medios de comunicación: la falta de presencia de la Fuerza Pública en el Corregimiento El Conejo en la Guajira y la posible firma del cese bilateral al fuego con las FARC. Respecto al primero, se criticó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por no estar presentes durante la toma armada del Corregimiento El Conejo por parte de las FARC y por utilizar instalaciones de una institución educativa.

Antes que todo, es importante no olvidar la historia de muerte y sangre a la que hemos estado sometidos, durante varias décadas. La Fuerza Pública no puede ser deliberante,  ni estar politizada, debe responder exclusivamente a las instituciones y a quienes los colombianos han designado como su mandatario legítimo. Este es un valor  y un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia y nuestro régimen constitucional.

Por otro lado, anticiparnos a darle a las FARC  un cese al fuego bilateral sin que se haya firmado el acuerdo final de la terminación del conflicto sería un error mortal para el proceso de paz. Si el grupo armado no siente presión militar en el terreno, no tendrá la necesidad de dejar el narcotráfico, la extorsión  y la minería ilegal. Esto, generaría una política de dilación para el pueblo colombiano en la mesa de negociaciones, que sería trágica después de todo el esfuerzo y paciencia que hemos invertido.

He dicho en varias oportunidades que no podemos anticipar los tiempos del proceso de paz. Los colombianos están impacientes porque ven que la negociación se ha prolongado en el tiempo, que los diálogos han sido largos  y que no se da la firma final para la terminación del conflicto. Esa es una impaciencia lógica, razonable y justa. Pero tenemos a Nicaragua como ejemplo, aunque fue uno de los procesos con más acompañamiento internacional, los compromisos adquiridos en el acuerdo no se cumplieron, ya que las aspiraciones fueron demasiado ambiciosas y poco realistas. Por eso, invito a todos los partidos, a todos mis colegas y la ciudadanía, a que respaldemos el proceso de paz con responsabilidad. Sin prisa y sin prolongaciones eternas. No dejemos pasar esta última oportunidad.

Nuestras historias

Senador J.M. Galán se opone a cese bilateral del fuego con Farc sin que se firme fin del conflicto

Propuesta del senador Juan Mnuél Galán.

De otro lado expresó la urgencia de iniciar un proceso con el ELN.

Bogotá D.C., marzo 15 de 2016. (Prensa Senador J.M Galán).- En contra de decretar un ceso bilateral del fuego con la guerrilla de las Farc, mientras no se firme el acuerdo final del conflicto, porque sería un error garrafal para el propio proceso de paz, se declaró el Senado Juan Manuel Galán.

El pronunciamiento fue hecho por el Congresista liberal, en la Comisión Primera del Senado donde asistieron los Ministros de Defensa; del Interior, Comandante del Ejército y Director Nacional de la Policía Nacional para atender una citación por la presencia de las Farc en el Corregimiento del Conejo, Fonseca Guajira el pasado mes de febrero.

"Si las Farc no sienten presión militar y nos anticipamos a los tiempos ahí si empezarían un política de dilación, de prolongación, de tomadera de pelo para el pueblo colombiano en la mesa de negociaciones, eso sería trágico después de todo el esfuerzo invertido" aseguró.

Sobre el incidente del Conejo en la Guajira, sostuvo que los procesos tienen dificultades, crisis y recordó la forma como han sufrido israelíes y palestinos con muertes, terrorismo, toda clase de problemas y no han podido llegar a la paz.

"Nosotros la tenemos más fácil sin fanatismos religiosos. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Le doy la mano al Centro Democrático para que podamos llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez, que permita llegar al final del proceso de paz.

De otro lado expresó la urgencia de iniciar un proceso con el ELN y anotó "Realmente si no somos capaces de lograr que el ELN entre las negociaciones será difícil que las conversiones con las FARC tengan éxito, ya que los dos procesos van ligados".

Nuestras historias

Mujer

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

"Debemos cerrar todas las brechas de género": senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., marzo 14 de 2016.- Hace 38 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un día para celebrar los derechos de la mujer y la paz internacional. Así, cada 8 de Marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como objetivo hacer una reflexión sobre los avances alcanzados por las mujeres - y de la sociedad en pro de ellas- y en llamar la atención sobre la necesidad de un verdadero cambio en las políticas de género en todos los países.

Sin embargo, es increíble pensar que luego de 71 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, -siendo este el primer acuerdo internacional que consagra el principio de igualdad de género-, las mujeres sigan luchando para alcanzar esa igualdad efectiva en todos los aspectos de su vida; la desigualdad salarial y el acceso a oportunidades, solo por citar algunos ejemplos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres ganan un 20,2 por ciento menos que los hombres, incluso si desempeñan funciones similares.

De acuerdo a las últimas cifras del Fondo de Población de la Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia, 45,7% de las mujeres jóvenes, se encuentran en un alto grado de pobreza y de cada 100.000 mujeres, 71,7 son abusadas.

Es importante resaltar, que la mitad de la población en Colombia y las principales víctimas del conflicto armado, son las mujeres. De las cuales, 3.928.650 han sido víctimas del conflicto armado interno, y solo 348.809 han sido reparadas e indemnizadas. Y por si fuera poco, el 97% de los delitos de violencia sexual en medio del conflicto armado están en la impunidad.

Por todo lo anterior, quiero hacer un llamado muy especial, para que atendamos de manera prioritaria la reparación total de las mujeres víctimas que son las más afectadas y las más atrasadas en la reparación. Ya la Unidad de Víctimas manifestó esta semana, en los medios de comunicación, que las mujeres que hayan sufrido desplazamiento, homicidio, amenazas, desaparición forzada y pérdida de bienes, serán objeto de priorización en la entrega de la indemnización administrativa.

Como sociedad y Estado, debemos cerrar todas las brechas de género. Es momento de exigir sus derechos y no permitir más impunidad.

Nuestras historias

Éxito del posconflicto se garantiza con profundas transformaciones al sector de la salud

El encuentro realizado en la Comisión Séptima del Senado contó con representantes de asociaciones y organizaciones médicas del país.

Bogotá D.C., marzo 10 de 2016. Partidario de adelantar rigurosos cambios al sector de la salud para garantizar el posconflicto y una paz duradera, se declaró el Senador Juan Manuel Galán en el marco del Primer Foro sobre el proyecto de ley del Nuevo Código de Ética Médica, del cual el legislador es su autor.

Galán afirmó que ha habido una evolución en las técnicas, en los procedimientos y en la concepción bioética de la profesión médica y en Colombia desde hace 34 años no se reforma la legislación sobre estos temas.

"Todas estas modificaciones deben ser incluidas en una reglamentación nueva que esté más acorde con las necesidades de un sector que es el de la salud, tal vez el más importante en Colombia para lograr una reconciliación duradera entre los colombianos", expresó.

Aseguró el Senador Liberal, que el proyecto pretende actualizar la concepción de la ética fundamentándose en principios de eficiencia, universabilidad y solidaridad para facilitar una relación más fluida entre el paciente, el médico y el Estado.

"Escuchamos las diferentes opiniones de las personas que han participado en la redacción y elaboración del proyecto y que incluye a la Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano, Ascofame, Tribunal Nacional de Ética Médica y el ICEB. También hemos recogido todos los comentarios críticos de la iniciativa y en ese sentido nos parece que este es un espacio muy enriquecedor para todos" manifestó.

Sostuvo que a lo largo del trámite del proyecto, es decir cuatro debates, para enriquecer la discusión quienes quieran pueden hacer llegar sus comentarios en inquietudes y los legisladores estarán abiertos a tenerlas en cuenta a estudiarlas en la medida de lo posible para fortalecer la iniciativa.

En la Comisión Séptima que preside el senador Antonio José Correa participaron con sus puntos de vista: Ana Isabel Gómez, representante de ASCOFAME, Fernando Sánchez miembro Academia Nacional de Medicina; Juan Mendoza Vega, Presidente Academia Nacional de Medicina; Francisco Pardo Vargas, magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica; Jorge Diego Acosta .Junta Directiva Sociedades Científicas; Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano; Fernando Guzmán, Federación Medica Nacional; Oswaldo Barrera, delegado del Ministerio de Salud,; Germán Redondo, delegado de la Defensoría del Pueblo.

Nuestras historias

Concentración si y solo si con reparación

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

"Esas zonas sean el espacio para la verdad, justicia y no repetición": senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C. - Esta semana aprobamos en Primer Debate de las Comisiones Primeras Conjuntas –de Senado y Cámara- el Proyecto de Ley de Orden Público. Este proyecto modifica la Ley 418 de 1997 de justicia y paz para la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC.

Esta iniciativa busca revivir la autorización que tenía el ejecutivo, para determinar las zonas específicas de ubicación temporal y suspender las órdenes de captura vigentes proferidas contra los miembros del grupo armado organizado. También, será necesario acreditar la calidad de miembro del grupo armado, mediante una lista suscrita por los voceros o representantes, la cual, será recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe.

En el transcurso de este debate, presenté ante las Comisiones Conjuntas una constancia para que las verificaciones del Alto Comisionado para la Paz sean ampliadas a Entidades del Estado Colombiano que cuentan con información relevante, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Agencias de Inteligencia del Estado Colombiano.

Sin embargo, la opinión pública percibe este proyecto como un renacimiento de la antigua y fallida zona de distensión del Caguán. Zona que en vez de desarrollar actividades para velar por el bienestar y desarrollo de los habitantes, generó un detrimento de los aspectos políticos, económicos y sociales de la región.

Por lo tanto, en aras de evitar un "déjà vu", las instituciones colombianas, los países verificadores y la ONU, deben estar presentes con el fin de prevenir la manipulación, las presiones a la población por parte de la guerrilla y todo aquello que permita recordar las épocas amargas de San Vicente del Caguán.

Estas zonas de concentración vigiladas de manera efectiva, serán claves para garantizar la paz en el Estado Social de Derecho Colombiano, porque permitirán que las FARC realicen actividades de reparación integral prioritarias para las víctimas. Me refiero a que esas zonas sean el espacio para la verdad, la justicia y las garantías de no repetición que tanto anhelamos.

Nuestras historias

"En zonas de concentracion debe primar reparación de víctimas"

El Congresista del Partido Liberal, Juan Manuel Galán ratificó su respaldo al proceso de paz de La Habana, pero llamó la atención para que las zonas de ubicación queden plenamente clarificadas siempre y cuando las protagonistas sean las víctimas.

Nuestras historias

Conejo a Barrancabermeja

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

Bogotá D.C., febrero 29 de 2016.- El escándalo de REFICAR no solamente afecta la Refinería de Cartagena y al presupuesto de la Nación. También, tiene consecuencias colaterales que aún no han sido dimensionadas. Una de ellas está ligada al anuncio del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, de suspender indefinidamente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja. Esta noticia ha traído desconcierto, ansiedad y rabia entre los pobladores del Magdalena Medio y al parecer,  está fuertemente ligada con el derroche de recursos en la empresa de petróleos.


Efectivamente el caso de REFICAR, que ha sido objeto de más de 3 auditorías por parte de la Contraloría General de la República, muestra falta de planeación, incumplimiento en el cronograma de entregas,  aumento de costos de la obra y sobre todo, errores e inconsistencias en los estados financieros del proyecto.

Estos hallazgos hacen necesario que los particulares involucrados con el escándalo, le den la cara a los colombianos. Por eso, logramos aprobar esta semana en el Congreso de la República, la conformación de una Comisión de Investigación para indagar a todos los que tuvieron responsabilidad por los sobrecostos y decisiones de ese proyecto. Entre ellos, citaremos al  presidente actual y al presidente anterior de Ecopetrol, a los ministros de Hacienda y Crédito Público involucrados y a funcionarios de REFICAR.  Es necesario establecer la responsabilidad de cada uno de ellos, en un proyecto cuyos  efectos van más allá de la vía a Mamonal, para entrar en las orillas del río magdalena.

Barrancabermeja puede ser un efecto colateral de REFICAR, no medido. Durante la sesión especial que llevó a cabo la Asamblea de Santander sobre la problemática del Proyecto de la Refinería de Barrancabermeja, conocí la grave situación de constructores, hoteleros, comerciantes y restauranteros de la región que se endeudaron ante el anuncio de la ampliación de la refinería y que ahora, han tenido que insolventarse. 

Necesitamos un análisis a fondo: El argumento de la falta de recursos de Ecopetrol para cumplir lo prometido, debe conectarse no solamente con el caso de REFICAR sino también con las demás decisiones que ha tomado la junta directiva de la empresa, como por ejemplo las inversiones en Angola,  en Perú,  en México y hasta  la venta de su participación accionaria en Propilco S.A. Esas decisiones, han malgastado recursos que podrían haber conjurado la situación actual de los barramejos; que hoy es de verdadera emergencia económica.

Nuestras historias

“Centro de gravedad en zonas de concentración deben ser las víctimas”

Agregó que es importante que las Farc en lo queda del proceso, cuyas  fases son las más difíciles y complejas, se comprometan a dejar la extorsión.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2016 (Prensa S. Juan Manuel Galán).El Senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán aseguró hoy que el éxito de las zonas de concentración para la guerrilla de las Farc serán las victimas ya que ellas constituyen el centro de gravedad en esos  lugares acordados en  desarrollo del proceso de paz.

En la sesión de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara donde se discute el proyecto que modifica la ley de orden público, Galán expresó que la reparación de las víctimas de las Farc en esas zonas donde estará concentrada la guerrilla tiene que ser una condición, sine quanon.


“Si tenemos víctimas de las Farc No reparadas, realmente  va a ser imposible que la población y con toda la razón acepte, tolere y le apueste  a estos sitios de concentración en las distintas regiones del país”, manifestó.

El legislador  dijo que ha habido retrasos en  la reparación  de las víctimas de las Farc en general, pero especialmente en los espacios donde se ubicará esa guerrilla  y el Estado se debe poner al día con esa deuda histórica que hay  con miles de familias.

Expresó que no solamente la carga de la reparación debe estar en cabeza del Estado y del Gobierno Nacional sino también de las Farc , que se han comprometido con las víctimas a la reparación a través de la verdad y a contribuir   con sus propios recursos para resarcir los daños morales y materiales.

Agregó que es importante que las Farc en lo queda del proceso, cuyas  fases son las más difíciles y complejas, se comprometan a dejar la extorsión, a no ejercer presión sobre la población, y abandonar  de manera definitivita  el narcotráfico.

Nuestras historias

El interés público está en el agua

Los últimos meses han producido tres noticias que generan alerta e incertidumbre. Sin embargo, no se ha conectado la causalidad que hay entre ellas. Me refiero a las alarmas sobre el fenómeno del niño con las que comenzó el 2016, la tragedia de las víctimas en las comunidades Wayúu por la falta de agua en la Guajira y, el reciente fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la actividad minera en los páramos de Colombia.

Las tres, se conectan en una situación de crisis que ha sido provocada por el silencio del Gobierno Nacional frente a la  apropiación invasiva de nuestros recursos naturales. Este desbalance entre protección del medio ambiente y ganancia financiera, necesita un cambio. Recordemos que el nuevo año comenzó con alarmas sobre el largo periodo de sequía que afecta al país.

Esta situación tocó de manera especial a los indígenas Wayúu,  que sufrieron la muerte de personas y animales por la falta de agua en la región y por las altas temperaturas que vive el departamento. En concreto, nada se habría hecho para mitigar la situación. Recientemente, el silencio se rompió  por un fallo de la Corte Constitucional que decidió tumbar la norma que permitía a las concesiones mineras en Colombia, operar en los páramos. La decisión de proteger estas zonas del país, constituye un primer avance en la resolución de la crisis.

Los páramos, aunque  solamente ocupan el 3 por ciento de nuestro territorio, proporcionan el 70 por ciento del agua que necesitamos los colombianos. Nuestros páramos constituyen el 50 por ciento de los existentes en el planeta. Así como son de importantes para cubrir las necesidades de vida humana, son frágiles y susceptibles al deterioro. Esto, principalmente por actividades extractivas mineras y de hidrocarburos, especialmente las criminales.

Sin embargo, nos siguen diciendo  que la sequía del país es consecuencia únicamente del  fenómeno del Niño y del cambio climático. Hay que reconocer las causas profundas que nos han llevado a esta situación: por ejemplo, permitir  la  contaminación sin límites y el despojo de nuestras  principales fuentes de agua, por parte de la minería criminal, la industria minera y de hidrocarburos. Es urgente una regulación estricta de nuestros recursos naturales bajo principios que no solo busquen la ganancia del sector extractivo,  sino que garanticen las necesidades concretas de agua y alimento de nuestros pueblos. A la Corte Constitucional debe seguirle una nueva política pública regulatoria. No más silencio.

Nuestras historias

La trampa de la Constituyente

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

Decirle NO a una Asamblea Constituyente no es un capricho. Es una decisión que obedece a razones jurídicas y políticas para avanzar en el fin del conflicto, sin poner en riesgo las garantías constitucionales que logramos desde 1991. Sabemos que desde el tercer ciclo de los diálogos de paz, las FARC insisten en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, curiosamente al unísono con Álvaro Uribe Vélez.

En realidad, se trata de una iniciativa inconveniente. En primer lugar porque jurídicamente, la actual Constitución contempla mecanismos de reforma o de refrendación popular que de manera ágil, democrática y participativa puede darle estatus constitucional a los acuerdos del proceso de paz, sin dilatar la implementación de los mismos. En segundo lugar, porque políticamente los colombianos logramos desde 1991, una Constitución que le apuesta a una sociedad igualitaria y que promueve ampliamente espacios de deliberación y movilización democrática. Abrirle la puerta a una Asamblea Constituyente, pondría en riesgo los avances en sus más de 20 años de vigencia.

Recordemos que la Constitución de 1991 desde sus inicios, se fundó en la democracia participativa como eje central de la nueva organización del Estado y le otorgó a la participación ciudadana el carácter de derecho fundamental. Contempla mecanismos para adelantar reformas que el país necesita, a través de la iniciativa del Congreso o directamente del pueblo mediante referendo. Contamos entonces hoy día, con herramientas ágiles para lograr la legitimación que demanda el grupo guerrillero.

Por otro lado, los colombianos tenemos una Constitución que por primera vez, le dio vida jurídica a derechos fundamentales y a sus mecanismos de protección; para las mujeres, las comunidades indígenas, los grupos afrodescendientes, las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y la población LGBTI. No podemos soslayar esos avances por querer incluir algunos cambios en ella para luego, terminar recortando libertades obtenidas.

Por todas estas razones, es una trampa la propuesta de las FARC y del senador Uribe Vélez. Una vez elegida, esta constituyente se daría su propio mandato sin límites para cambiar el orden constitucional. Si lo que se quiere es darle seguridad jurídica a los acuerdos, el plebiscito aprobado por el Congreso reconocerá, no solamente la manifestación de los colombianos, sino que nos permitirá a todos ser parte del proceso pedagógico sobre el contenido del acuerdo, para asegurar que esa manifestación esté fundada en la información y no solo en la pasión.

Nuestras historias

Paz para Colombia

La mejor forma de luchar contra el narcotráfico, es la regulación. Sin embargo, sabemos que lo que hace atractivo este negocio es la demanda del mercado, sus usuarios. Las estrategias desarrolladas a la fecha, se han dirigido exclusivamente a la oferta, es decir, a combatir las mafias. Así, el Plan Colombia implementado desde el año 2000, intentó abordar la lucha contra las drogas desde un componente principalmente militar, desconociendo a los usuarios, sus necesidades y sus expectativas.

No sería preciso afirmar que el Plan Colombia fue un fracaso desde su diseño. En realidad lo que podemos concluir después de 15 años es que esa política falló al abordar un problema tan complejo como el de las drogas, desde una perspectiva individual: la de la seguridad. Todos los demás frentes se desconocieron o menospreciaron. Efectivamente, desde el año 2000, Estados Unidos otorgó 9.94 billones de dólares como parte del Plan Colombia, de los cuales el 71% fue destinado a la fuerza pública. Este porcentaje entre 2000 y 2016, se dirigió a la asistencia militar y policial, y a estrategias como la del Plan Patriota, consolidación territorial, reformas militares y fumigación con glifosato.  Pese a todos esos esfuerzos, la estrategia de represión ha consolidado mercados negros en los centros urbanos del país y le ha permitido a las mafias, no solo desplazar la producción y el comercio de drogas hacia otros países, sino también diversificar su mercado y ampliar la demanda interna.

Por todo eso, es necesario replantear  la alianza entre Colombia y Estados Unidos para la lucha antidrogas. Reconocer que nos enfrentamos a una nueva realidad y que por lo tanto, la estrategia que se utilice, sin debilitar el componente militar, debe estar dirigida a atender el creciente problema del consumo de estupefacientes desde un enfoque de salud pública y derechos humanos.

Es necesario hacerle frente a los costos sociales, económicos y de salud de las drogas, por lo que el objetivo final de la nueva respuesta a este flagelo, debe ser no solo eliminar la disponibilidad de las mismas. Principalmente atender el consumo de sustancias, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de las personas. Necesitamos un Estado local fuerte, capaz de resolver problemas en el nivel local con una oferta integral, con intervenciones sociales en nuestras familias y escuelas. Sin duda una gran herramienta para debilitar el mayor incentivo que tiene este negocio para crecer, la demanda de sus consumidores.

Nuestras historias

Senador Juan Manuel Galán ratifica su compromiso de planificación con el Eje Cafetero

Tomado de www.senado.gov.co

 

Garantiza que desde el Congreso  respaldará la creación de la  Región Administrativa de Planificación, RAP para esa zona del país.

Dispuesto a impulsar desde el Congreso de la República la creación de la Región Administrativa de Planificación, RAP para el Eje Cafetero que estaría integrada  por los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca se declaró el Senador Juan Manuel Galán.

"La  constitución  de esa Región, cuyo punto o centro de gravedad  debe ser el paisaje  cultural cafetero, puede ser un buen pretexto en el gran sentido de la palabra, para lograr que esta zona  planifique, y se proyecte en las próximas dos décadas" afirmó el Senador del Partido Liberal.

El pronunciamiento fue hecho por el Congresista en el marco del Foro: "Integración Regional, Planificación, Gestión y Paisaje Cultural Cafetero" promovido por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado  y que reunió en la capital de Risaralda, a Gobernadores, Alcaldes, Ministros y empresarios.

La RAP del Eje Cafetero debe diseñar  la especialidad o prioridad  de cada uno de los departamentos, por ejemplo la infraestructura en materia aeroportuaria. En este sentido se refirió  al aeropuerto Matecaña de Pereira, que se quedó atrás en materia de inversión y actualización, así como sucede en otras regiones.

"Solo a través de esa integración regional, con ese  ejercicio de planificación podemos llegar a formular  proyectos, o megraproyectos  que  generen   todo el desarrollo de las regiones  del Paisaje Cultural Cafetero" sostuvo.

En concordancia con la Ministra de Cultura, reiteró que se debe  remar en una dirección, para que las Secretarías de  Planeación, tanto municipales como departamentales sean una instancia técnica muy poderosa, llenas de liderazgo para poder generar ese proceso de planeación de esta región.

Recalcó que esta sería la segunda, porque ya existe la Región Administrativa de Planificación Especial, RAPE  que conforman Bogotá, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Meta.

Concluyó que son los mandatarios locales y departamentales los encargados de elevar la propuesta de la Región Administrativa de Planificación, RAP a las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso y que él,  comprometido con el desarrollo de la región, acompañará  esa  iniciativa en pro de la zona cafetera.

Nuestras historias

Por una nueva política de drogas

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

Colombia necesita enfrentar el narcotráfico como país productor de drogas y también como consumidor. Estos dos componentes nos obligan a hacernos nuevas preguntas y a desarrollar una política integral, sistemática, evaluable, flexible,  descentralizada, que consulte  las expectativas y necesidades de los usuarios de drogas y sobre todo que ofrezca respuestas diferenciadas para cada uno de los actores, de este problema.

Mucho se ha hecho en Colombia para acabar con la producción de sustancias ilícitas: desde la incautación de grandes toneladas de droga hasta la identificación y bloqueo de rutas y corredores de tráfico y la erradicación de grandes extensiones de tierra con cultivos ilegales. Sin embargo, a la fecha el narcotráfico sigue siendo un negocio lucrativo que ha logrado adaptarse no solo a las estrategias para contrarrestarlo, sino que ha diversificado y ampliado su mercado entre usuarios cada vez más jóvenes en nuestro país.

Así, vemos que la  estrategia de criminalización y fuerza, no solo ha tenido bajos resultados sino que le ha dejado poco espacio a estrategias para atender la creciente demanda del mercado de las drogas, y los factores de riesgo que permiten que el negocio se mantenga. El narcotráfico más allá de ser un simple problema de rutas y cultivos, es un fenómeno que ronda nuestros colegios, recluta nuestros jóvenes y estigmatiza a quienes padecen un consumo problemático.

Por eso, debemos hacernos nuevas preguntas: ¿Cómo garantizar la eficacia de los programas de prevención del consumo? ¿Cuál es la edad de ese primer consumo?¿Vamos a prevenir consumo en medio escolar? ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Cómo vamos a incluir a los padres de familia?¿Vamos a hacer prevención en medio comunitario?

Las respuestas a estas inquietudes nos permitirán cambiar la forma como medimos el éxito de la política contra las drogas, e incluir una nueva métrica como por ejemplo, el número de territorios recuperados del espiral de violencia o de jóvenes beneficiados con oportunidades de estudio y trabajo en áreas controladas por bandas y pandillas, etc..

Es urgente un enfoque que vaya más allá de la fuerza y que consolide una política integral, resistente a la corrupción, que persiga a las organizaciones de narcotraficantes pero que al mismo tiempo, se ocupe de los  eslabones más débiles con medidas de prevención, salud pública y derechos humanos.  Este problema tiene una nueva dimensión. Nuestro peor escenario sería seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes para solucionarlo.

 

Nuestras historias

Colombia, sin políticas de prevención efectivas frente a consumo de drogas.

Comunicado del senador Juan Manuél Galán.

 

Durante el foro "Nuevos retos de la política antidrogas de Colombia".

Bogotá D.C., enero 28 de 2016. Al iniciar su participación en el Panel ¿Cómo enfrentar el incremento del consumo de drogas en Colombia?, Galán mencionó como a raíz de sus posturas frente a los temas de prohibición y a su proyecto de ley que regula el uso de la marihuana con fines medicinales; en redes sociales le endilgan la memoria de su padre: "Me dicen, su papá en este momento estaría levantándose de la tumba al verlo a usted proponiendo la legalización de la droga, cuando a su papá eso fue lo que lo mató".

Al respecto el senador Galán, recordó que Luis Carlos Galán luchaba en contra las mafias del narcotráfico y los eslabones duros, pero no desde un punto de vista radical y prohibicionista, sino planteándose una pregunta de fondo: ¿Qué lleva a el ser humano a consumir sustancias sicoactivas?. En este marco, Galán recalcó la importancia de trazar una nueva ruta hacia las políticas de prevención direccionadas al origen del problema, sin caer en soluciones simplistas.

En ese sentido citó la estrategia de los contenidos en internet, que se focalizan en el consumidor, en su perfil, sus necesidades, carencias, expectativas, comportamientos, para diseñar una oferta de contenido, desde la perspectiva de la demanda. "En Colombia no hemos estudiado la demanda lo suficiente, y no la hemos incluido en el diseño de programa de prevención".

Para el Senador liberal, son varias las preguntas por hacer y responder: ¿Vamos a hacer prevención sobre el primer consumo? ¿Cuál es la edad de ese primer consumo?¿Vamos a prevenir consumo en medio escolar? ¿Cuáles van a ser las estrategias para medio escolar? ¿Cómo vamos a incluir a los padres de familia?¿Vamos a hacer prevención en medio comunitario?.

Una de las alarmas que prendió Galán se refiere a consumo laboral en el país: "En Colombia el consumo en medio laboral, es una tierra desconocida, no hay estudios, ni evaluaciones, ni monitoreo sobre el impacto que tiene sobre la productividad del país".

Frente al consumo de alcohol, afirmó que está subregulado e invitó al Congreso de la República, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia a legislar para regularlo y así mitigar el daño que causa no solo en la salud, sino disminuir los índices de violencia que causa.

Con relación a las posturas expuestas por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos y del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria sobre tratar al adicto como un paciente y al consumo como un asunto de salud pública, el Senador Juan Manuel Galán reiteró la urgencia de implementar la Ley 1566 de 2012, de su autoría, que reconoce la adicción como una enfermedad en Colombia y le envía un mensaje al sistema de salud de brindar ofertas de tratamiento.

Nuestras historias

Los medios y la paz

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

 

"Pensar que la libertad de prensa está por encima todo, es equivocado": senador Juan Manuel Galán.

Los medios de comunicación son herramientas de construcción de los imaginarios de paz. Esto, les impone el deber de hacer un cubrimiento noticioso veraz, bajo el convencimiento de que su narrativa frente a la guerra o a la paz, será guía poderosa de las opiniones y actitudes ciudadanas.

Sabemos que el ejercicio del poder político es un escenario cada vez más abierto a la mirada de los medios de comunicación; los mandatarios y sus acciones son constantemente registrados a través de videos, reportajes o fotografías, que permiten conocer detalles sobre la toma de sus decisiones y formar opiniones en favor o en contra de ellas. Esto, convierte a los medios de comunicación en protagonistas de decisiones colectivas y consensos, y les da la posibilidad de incidir en el rumbo de un país.

Ahora, en un contexto de transición hacia la paz, estos puntos se vuelven cada vez más relevantes. Como lo cita el modelo de análisis del profesor Gadi Wolsfeld, sobre la influencia de los medios de comunicación en los procesos de paz en Israel-Palestina, Suráfrica, e Irlanda del Norte, hay cuatro aspectos en los que los medios de comunicación dentro de un proceso de paz, tienen gran influencia: En la definición de la atmósfera política; la naturaleza del debate, el impacto sobre el comportamiento de los participantes y la visibilidad pública de los actores de la negociación. Colombia, gracias al reciente proyecto de ley sobre el plebiscito, se enfrentara en pocos meses a masivas campañas de comunicación, en favor o en contra de la refrendación de los acuerdos de paz, alcanzados en Cuba.

Este escenario por el SI y por el NO, se desarrollara a través de programas de radio, debates televisivos y análisis de prensa que esperamos asuman su papel pedagógico, para brindarle a la ciudadanía un panorama completo del acuerdo final para la terminación del conflicto, más allá de convertirse en instrumentos dirigidos por el afán de aumentar el rating, situación que puede causar serios problemas a una sociedad.

Pensar que la libertad de prensa está por encima de cualquier consideración, es equivocado. Este principio de libertad no es un principio absoluto, sino que esta mediado por la responsabilidad social en la función de comunicar y formar opinión y limitado por la obligación de no incentivar la violencia, el delito, o hacer apología de la discriminación y el odio. Esperamos que estas sean siempre las coordenadas que guíen el trabajo de los medios de comunicación en este momento histórico para Colombia.

Nuestras historias

Isagen: preguntas sin respuesta

Columna de opinión del senador Juan Manuél Galán.

 

Frente a la venta de ISAGEN surgen nuevas preguntas. De un lado quienes están a favor, hablan de la energía como un recurso económico cuya venta, traerá impactos positivos a largo plazo en materia de desarrollo y competitividad. En la orilla contraria, encontramos argumentos que ven en la empresa de energía, un recurso estratégico de seguridad nacional y un elemento de soberanía que podría ponerse en riesgo.

Con más detalle, el Gobierno Nacional dijo que necesitaba vender su participación accionaria en ISAGEN para conseguir recursos y financiar la construcción de nuevas y modernas vías. Dicho de otra manera, para entregar el aporte necesario a las asociaciones que estarán a cargo de las concesiones viales de cuarta generación. En esta línea, se argumenta que invertir los recursos públicos en infraestructura vial más que en ISAGEN, lograría un retorno más alto de la inversión y un impacto directo, en el aumento del comercio exterior y del turismo en Colombia.

En el otro extremo nos encontramos con sindicatos, expertos en la materia, políticos y organismos de control, que han dicho que ISAGEN es un recurso estratégico de seguridad nacional, que de subastarse pondría en riesgo la soberanía energética del país. La venta según ellos creará una situación de incertidumbre frente a los precios del servicio, la cobertura nacional, el control de mercado y la oferta nacional.

Lo cierto es que con o sin vías de última generación, o cambios en las tarifas a mediano plazo, el resultado directo de la venta de ISAGEN será un déficit de utilidades netas cercanas a los 437.000 millones de pesos anuales (de acuerdo con lo reportado en el 2014). Por esta razón, es necesario cambiar las preguntas que hacemos por otras que nos muestren por ejemplo, ¿Cómo será la regulación del mercado de la energía sin la participación accionaria del Estado? ¿Quién responderá por la cobertura del servicio en áreas rurales poco rentables? y ¿Se mantendrán los recursos destinados a la búsqueda de formas alternativas de energía, que se están desarrollando?

Si el Gobierno Nacional deja de ser actor dentro del mercado energético; la pregunta clave es ¿A qué costo vamos a hacerlo? Por eso, las nuevas preguntas deben ser res