Carlos Hernández Osorio

28 candidatos al Congreso aparecen reportados en la base de datos de la Procuraduría con antecedentes disciplinarios. Por ejemplo: una exconcejal de Bogotá sorprendida en estado de embriaguez tras chocarse en la camioneta que le habían asignado; un exalcalde de Isnos (Huila) que pagó, “de buena fe”, una cuenta que ya había cancelado su antecesor; dos exconcejales de Cali que votaron irregularmente la elección de un contralor municipal; un exalcalde de esa ciudad que convocaba a consejos a los que no asistía.

En dicha base de datos reposan las anotaciones de fallos disciplinarios emitidos durante los últimos cinco años.

La siguiente tabla muestra todos los casos que halló Congreso Visible. Para algunos nombres se agregan enlaces que remiten a ampliación de la información tras buscar referencias en Internet, tanto en la página de la Procuraduría (www.procuraduria.gov.co) como en medios de comunicación.

 

Departamento

Nombre candidato

Partido o movimiento político

Antecedente

Cámara de Representantes

Amazonas

GLORIA ELENA REVELO CASTILLO

CENTRO DEMOCRÁTICO

Suspensión. Banco de la República. 06/05/2009

Arauca

JOSE FRANCISCO VARGAS DIAZ

PARTIDO DE LA U

Inhabilidad Especial 30 días. Alcaldía Arauquita. Primera Instancia. 09/07/2013

Casanare

JORGE CAMILO ABRIL TARACHE

PARTIDO LIBERAL

Suspensión. Alcaldía Paz de Ariporo. 02/10/2012

Cauca

CARLOS JULIO BONILLA SOTO

PARTIDO LIBERAL

Suspensión. 6 meses. Alcaldía Santander de Quilichao. 29/05/2012

Consulado

CARMEN CECILIA CABALLERO VILLA

PARTIDO CONSERVADOR

Inhabilidad especial. 45 días. 23/07/2013. Ministerio de Relaciones Exteriores. Primera instancia.

Córdoba

MARIO ATENCIO DORIA

PARTIDO LIBERAL

Suspensión 2 meses 14/12/2012. Alcaldía de Valencia.

Cundinamarca

ALVARO BERNAL PARRA

PARTIDO DE LA U

Suspensión. 1 mes. 11/11/2010. Alcaldía Facatativá

Cundinamarca

JORGE EMILIO REY ANGEL

CAMBIO RADICAL

Suspensión. 30 días. 12/11/2013. Alcaldía Funza. Primera Instancia.

Huila

ARLEY NARANJO GASCA

CENTRO DEMOCRÁTICO

Prisión. Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Falsedad en documento privado. 2 AÑOS 10 meses. 08/07/2009.

Huila

FLORA PERDOMO ANDRADE

POR UN HUILA MEJOR

Suspensión. 30 días. 09/11/2009 (http://bit.ly/1cxU88m)

Huila

MARIO MEDINA ALZATE

OPCIÓN CIUDADANA

Suspensión. 2 Meses. 30/04/2010. Abogado. Consejo Superior de la Judicatura

Magdalena

DOLMEDES ENRIQUE ORTIZ PACHECO

ALIANZA VERDE

Suspensión. Inhabilidad especial. 9 meses. 04/09/2012. Alcaldía Cerro de San Antonio. (http://bit.ly/1cxWu7c)

Norte de Santander

JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ

PARTIDO CONSERVADOR

Suspensión. 6 meses. 27/03/2012. Concejo de Cúcuta. (http://bit.ly/1cxXbxd)

Norte de Santander

WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA

PARTIDO DE LA U

Suspensión. 1 mes. 29/07/2013. Gobernación Norte de Santander. Primera instancia.

Putumayo

FRANKLIN LIBARDO BENAVIDES REVELO

PARTIDO DE LA U

Multa. 90 días. 11/08/2011. Alcaldía de Santiago (Putumayo)

Quindío

ANA MILENA JARAMILLO HENAO

PARTIDO DE LA U

Suspensión. Inhabilidad especial. 3 meses. 06/08/2012. Secretaría de Salud Quindío.

Santander

JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS

CAMBIO RADICAL

Suspensión. 6 meses. 03/01/2012. Alcaldía Piedecuesta. (http://bit.ly/1cy2BIF)

Santander

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ

OPCIÓN CIUDADANA

Suspensión. 2 meses. 30/08/2011. Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga

Tolima

HERNANDO ALVAREZ URUEÑA

PARTIDO LIBERAL

Inhabilidad especial. 3 meses. Suspensión. 22/09/2009. Concejo de Ibagué.

Valle del Cauca

JOSE LUIS PEREZ OYUELA

CAMBIO RADICAL

Suspensión. 3 meses. 28/01/2011. Concejo de Cali. (http://bit.ly/1cy5r0k)

Valle del Cauca

WILLIAM DARIO SICACHA GUTIERREZ

CAMBIO RADICAL

Suspensión. 1 mes. 13/01/2011. Alcaldía de Jamundí.

Senado

 

ATI QUIGUA

ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-OPIAC

Suspensión e inhabilidad especial. 6 meses. 30/03/2012. Concejo de Bogotá. (http://bit.ly/1golvAI)

 

CARLOS ENRIQUE FORERO SANCHEZ

PARTIDO DE LA U

Multa. 28/07/2011. Policía Nacional.

 

JUDITH DEL CARMEN PINEDO FLOREZ

PARTIDO LIBERAL

Multa. 10 días 2.050.017 pesos. 07/10/2013. Alcaldía Cartagena. (http://bit.ly/1goo0TD)

 

RICARDO HERRERA CORREA

OPCIÓN CIUDADANA

Suspensión e inhabilidad especial. 1 mes. 03/12/2009. Policía nacional. Bucaramanga. Primera instancia.

 

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

ALIANZA VERDE

Suspensión. Inhabilidad especial. 25/10/2012. Alcaldía de Cali. (http://bit.ly/1l6h8jy)

Senado indígena

Huila

JULIAN ESPAÑA MUÑOZ

CORPORACION INDIGENA YANACONA

Prisión. Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 10 meses 20 días. Peculado culposo por apropiación. 29/10/2010. Primera instancia. (Huila).

Valle del Cauca

JAIME ADOLFO GASCA CUELLAR

CABILDO INDIGENA DE SAN SEBASTIAN DE LOS LAGOS

Suspensión. 1 mes. 28/01/2011. Concejo de Cali. (http://bit.ly/1cy5r0k)

 

Los antecedentes disciplinarios, en principio, no los inhabilitan para aspirar, aunque brindan información sobre su desempeño pasado en cargos públicos, factor que los ciudadanos pueden tener en cuenta para decidir por quién votar.

Los únicos antecedentes que inhabilitan a alguien para que aspire a ser congresista son los penales (excepto condenas por delitos políticos o culposos), de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución y el 280 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso).

 

Dos casos como ejemplo

Como se ve en la tabla, Congreso Visible, halló dos candidatos con sanciones disciplinarias durante los cinco años anteriores, vinculadas a condenas penales en su contra durante los últimos cinco años. Ambos son de Huila.

El primero es Julián España Muñoz, exalcalde del municipio de Isnos que aspira al Senado por la Circunscripción Especial Indígena, movimiento Corporación Indígena Yanacona. En el 2010 lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos por 10 meses como consecuencia de una condena penal en su contra por peculado por apropiación. La justicia determinó que actuó sin la intención de hacer daño, es decir, su delito fue culposo. “Al llegar a la Alcaldía encontramos que había una cuenta pendiente, y la pagamos. Pero luego nos dimos cuenta de que mi antecesor ya lo había hecho. Actué de buena fe”, declaró a Congreso Visible. Hoy hace campaña sin mayor inconveniente.

Situación diferente es la de Arley Naranjo Gasca, inscrito en la lista del Centro Democrático a la Cámara por Huila. En el 2009 la Procuraduría lo inhabilitó por dos años y 10 meses para ocupar cargos públicos como consecuencia de una condena penal por falsedad en documento privado. En este caso no se indica que haya delito culposo. Al consultarlo telefónicamente, respondió que nunca conoció la decisión judicial, y agregó: “Estamos verificando. No estoy haciendo campaña”. Felipe Másmelas, coordinador político del Centro Democrático en ese departamento, aceptó que solo se dieron cuenta del antecedente penal de Naranjo una vez terminó el plazo para modificar las listas. “Apenas nos enteramos, manifestamos la situación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No hicimos filtros para evaluar antecedentes. Creímos en su buena fe. Es amigo nuestro y aspiramos a que vote por nosotros, pero no está autorizado para hacer campaña”.

 

La Ley 1475 y la función de la Procuraduría

La Procuraduría no solo pone a disposición su sistema de búsqueda de antecedentes para que cualquier ciudadano consulte el pasado disciplinario de sus candidatos (http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html).

También debe evaluar las listas de aspirantes aceptados, con el fin de confrontar sus bases de datos y determinar quiénes están inhabilitados para reportarlos ante el CNE. Así lo estipula la Ley 1475 del 2011, que reglamentó el Acto legislativo 01 del 2009 (Reforma política) y pretendió, al fijar fuertes sanciones contra las directivas, que los partidos otorgaran avales de una forma más responsable, particularmente tras el escándalo de la parapolítica.

Para las actuales elecciones, el ente de control disciplinario cumplió con este trámite el 24 de diciembre pasado, y reportó a ocho candidatos de los 2.326 inscritos para Cámara y Senado. Es decir, el 0,34%. Ellos son

Julio Roberto Galvis Bula, candidato a la Cámara en la circunscripción indígena por Autoridades Indígenas de Medicina Ancestral de Colombia (Aimac).

Emilgen Guzmán Hernández, candidata a la Cámara por Boyacá. Cambio Radical.

Gilberto Montoya Castaño, candidato a la Cámara por Alianza Verde en Boyacá.

Paciano Asprilla Arboleda, candidato a la Cámara del movimiento Asopra, por circunscripción de negritudes.

Orlando Díaz Rojas, candidato al Senado. Partido de la U.

Humberto Alirio Valero Mayorga, candidato al Senado. Partido Verde.

Víctor Jacanamijoy Jajoy, candidato a la Cámara por circunscripción indígena. Movimiento Mais.

Arley Naranjo Gasca, candidato a la Cámara por el Huila. Centro Democrático.

 

Hasta ahora, el CNE solo ha decidido sobre los tres primeros, a quienes les revocó la inscripción porque habían sido condenados penalmente en el pasado por violencia intrafamiliar, abuso de confianza y peculado por apropiación, respectivamente.

Puede afirmarse, entonces, como lo hizo el investigador del PNUD José Ricardo Puyana para analizar las elecciones locales del 2011, que “es difícil no reconocer que los partidos incurrieron en mayores y más rigurosos procesos de revisión a la hora de entregar los avales. Esto era impensable antes de la reforma de 2009, cuando estos se otorgaban de manera casi indiscriminada”. (1)

Aunque se trataba de elecciones diferentes a las legislativas, vale la pena recordar que en ese entonces “167.828 aspirantes fueron evaluados” como parte de una estrategia del Ministerio del Interior, y a 13.833 de ellos les hallaron “algún tipo de antecedente, inhabilidad o proceso en curso”, recuerda Puyana. Se trataba del 8,2%.

La Reforma del 2009 y la Ley 1475, escribió recientemente el investigador Gustavo Duncan, también han permitido que la violencia y la financiación del narcotráfico hayan disminuido en las campañas como factores de riesgo.

 

El riesgo de los investigados

La base de datos de Congreso Visible da cuenta de que a 51 de los 183 congresistas en ejercicio que buscan la reelección las autoridades (sobre todo la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría) les adelantan algún tipo de investigación. Consulte cada caso aquí.

Aunque esto no representa un antecedente, pues no ha habido un fallo que los declare culpables de alguna irregularidad, se corre el riesgo de que una posible decisión en  contra se tome luego de que hayan asumido sus curules, en caso de ser elegidos, y puedan salir de los cargos. Como ejemplo está el caso de Javier Cáceres, congresista de Cambio Radical investigado por parapolítica desde el 2009, reelegido en marzo del 2010, capturado en septiembre del 2010 (mientras ocupaba el cargo) y condenado en abril del 2012. Le aplicaron la “silla vacía”, también como parte de la reforma del 2009, por lo que no tuvo remplazo.

Un informe de la MOE da cuenta de que 22 congresistas elegidos en el 2010 perdieron sus curules. Los electores, entonces, también se arriesgan a quedar sin representación en el Congreso.

 

Partidos y avales

La discusión sobre candidatos con antecedentes remite al papel que cumplen los partidos al otorgar avales, pues son estos los que se deben hacer responsables de los aspirantes que representan a la colectividad.

Sobre los antecedentes disciplinarios, aunque no representan una proporción grande dentro de la actual campaña, podría conjeturarse que son vistos con menos recelo en tanto no constituyen impedimento alguno para aspirar.

En lo penal, seguramente va haciendo carrera la necesidad de aplicar filtros mínimos, como evidencia de aprendizaje tras el escándalo de la parapolítica, aunque aún se les da aval a candidatos con investigaciones en curso. Por eso se puede seguir afirmando que “en muchos casos, al no existir condenas en firme, los partidos decidieron hacer oídos sordos a las complicadas situaciones que enfrentaban algunos de sus miembros, o posibles avalados, y otorgaron su apoyo en la elección”. (2) 

Los partidos, siguiendo a Botero y Alvira (3), podrían generar, en teoría, “una imagen de transparencia y rectitud” si hacen de los filtros exhaustivos una política interna que les sirva para venderse como colectividades responsables.

Por último, hay que tener en cuenta que no hay que poner la lupa solo sobre quienes tienen investigaciones en curso o antecedentes de mal comportamiento en el pasado. El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación da cuenta de “131 aspirantes (83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado) a ocupar una curul en el legislativo que estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales”, sea porque son herederos de la parapolítica o porque presuntamente tienen relaciones con grupos armados ilegales, como “bacrim, narcos, guerrillas y contratistas bandidos”.

 

Referencias 

1 Puyana, José Ricardo. Las reformas políticas en Colombia, 2003-2011. ¿Hacia partidos más responsables? En Política y Territorio. Análisis de las elecciones subnacionales en Colombia, 2011. Bogotá, PNUD-IDEA Internacinal-NIMD, 2012. 

2 Wills Otero, Laura; Batlle, Margarita y Barrero, Fredy. Candidaturas y partidos: los procesos de selección de candidatos en las elecciones subnacionales de Colombia, 2011. En Política y Territorio. Análisis de las elecciones subnacionales en Colombia, 2011. Bogotá, PNUD-IDEA Internacinal-NIMD, 2012.

3 Botero, Felipe y Alvira, David. Fulano de tal va por su aval. Desconexión entre los niveles nacionales y locales de los partidos políticos en Colombia. En Política y Territorio. Análisis de las elecciones subnacionales en Colombia, 2011. Bogotá, PNUD-IDEA Internacinal-NIMD, 2012.

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