¿Cómo va la no repetición a la que se comprometieron el Gobierno y las FARC?

 

María Juliana Duran, voluntaria semillero de investigación Congreso Visible

 

Uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz es el compromiso de la no repetición. Al respecto, los puntos 1, 3 y 5 ofrecen lineamientos sobre las condiciones necesarias para la construcción de una paz estable y duradera que implica, por supuesto, la no repetición del conflicto armado. El presente artículo tiene como objetivo evaluar las iniciativas legislativas concernientes a este tema que han tenido lugar desde el 20 de julio de 2018, fecha en la que inició el cuatrienio actual. Para este análisis, se dividirán las iniciativas en dos grupos: aquellas que tienen que ver con el punto 1 del Acuerdo, y las que tienen que ver con el punto 3. Se excluirá del foco de este artículo el punto 5, que trata temas de la justicia transicional.

 

En primer lugar, el punto 1 del Acuerdo se refiere a una reforma rural que garantice, entre otras cosas, el acceso igualitario a la tierra para lograr desarrollo rural. Lo pactado estipula que “el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.”[1] y que, por lo tanto, la Reforma Rural Integral debe integrar a las regiones y erradicar la pobreza y la desigualdad en el campo colombiano. Teniendo en cuenta que las tierras son buena parte de la razón del inicio del conflicto, la reforma debería contribuir, al menos parcialmente, a la no repetición del conflicto armado.

 

Con respecto a esta Reforma Rural, desde el 20 de julio de 2018 se han presentado tres grandes proyectos de ley que tratan los temas de conflicto armado y tierras (Congreso Visible). El 5 de septiembre de 2018 se presentó en el Senado un proyecto de ley que buscaba modificar artículos de la Ley de Víctimas de 2011 (Ley 1448), fundamentalmente, procurando que los actuales tenedores de las tierras a restituir no tuvieran que entregarlas si se demostraba que no tuvieron nexos con el despojo en primer lugar. Este proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura en junio del 2019.[2] El 23 de julio de 2019 se presentó, esencialmente, el mismo proyecto, salvo por algunos cambios con respecto a la declaración de buena fe de los propietarios cuyas tierras estuvieran en proceso de restitución. Este proyecto también fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio de este año.[3] Por último, el 26 de agosto de 2019 se radicó un proyecto sobre la prórroga de vigencia de la Ley de Víctimas por quince años con motivo de las demoras en el proceso de reparación. Este proyecto de ley fue aprobado en cuarto debate el 11 de noviembre de este año. Se han radicado proyectos parecidos, con cambios en el número de años (de diez a veinte), pero este es el único que ha avanzado[4].

 

De esta revisión de proyectos de ley en temas de tierra y conflicto llama la atención, en primer lugar, que en dos años son pocos los proyectos radicados en esta materia. De los tres radicados, los dos primeros no abogaban por los derechos de las víctimas sino de los actuales propietarios de la tierra y fueron archivados, y solo el último pretende beneficiar a las víctimas y ha tenido éxito en el tránsito legislativo.

 

 

Imagen 1: línea del tiempo de iniciativas legislativas sobre el Punto 1 del Acuerdo de Paz

 

Por otro lado, el punto 3 del Acuerdo trata el fin del conflicto, que concierne una cultura de pluralismo político, económico y social. En este se menciona el compromiso “de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política.”[5] Es decir, el punto 3 expresa explícitamente la obligación de ambas partes a ser agentes activos de un cambio en la política, cultura y economía colombiana que por muchos años han estado marcadas por violencia e intolerancia.

 

Encaminados al pluralismo por el que aboga el punto 3 del Acuerdo existen tres proyectos. En primer lugar, el mismo proyecto de prórroga de la Ley de Víctimas que fue aprobado en cuarto debate a principios de noviembre, pues además de restitución de tierras, ésta Ley también contempla otras acciones administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas del conflicto.[6] Por otro lado, el 13 de noviembre de 2018 se radicó un proyecto de ley para otorgar beneficios a deudores del Icetex que pertenecieran al Sisbén 1, 2 y 3 y a las víctimas de conflicto armado. Este proyecto fue archivado por tránsito de legislatura en 2019.[7] En la misma línea, el 9 de abril de 2019 fue radicado un proyecto de ley que buscaba promover la permanencia de la población víctima de conflicto armado en las instituciones de educación superior. Sin embargo, el 6 de junio de este año se archivó por tránsito de legislatura.[8]

 

Como sucede con los proyectos de ley en relación al punto 1, se ha hecho poco en materia de garantizar el fin del conflicto y no repetición vía los mecanismos propuestos en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Ninguno de los proyectos que propendía por la educación de las víctimas del conflicto fue aprobado y solo el proyecto de la prórroga de la Ley de Víctimas prosperó.

 

Imagen 2: línea del tiempo de iniciativas legislativas sobre el punto 3 del Acuerdo de Paz

 

Cabe mencionar que dentro del punto 3 del Acuerdo de Paz, el inciso 3.2 menciona que “sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país.”[9] Respecto a la reincorporación social, económica y política de las FARC, no se han hecho avances en materia legislativa, a pesar de que, a la fecha, han asesinado a 200 excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz (FIP, 2020).

 

Tabla 1: Proyectos de Ley concernientes al punto 1 y 3 del Acuerdo de Paz

 

De esta breve revisión de las actividades legislativas relacionadas con la no repetición a la que se comprometieron tanto las FARC como el gobierno en 2016, puede concluirse que los avances no solo han sido pocos, sino que también han sido lentos. Sobre la reforma rural que Colombia pide a gritos, prácticamente desde sus inicios, dos de los tres proyectos de ley radicados en los últimos dos años no tenían a las víctimas como foco, sino a los terratenientes. Este es un dato alarmante, considerando que la distribución desigual de la tierra le ha significado al país más de cincuenta años de guerra, muertes y atraso social y económico. Sobre todo, es preocupante que siga sin resarcirse a las víctimas que han dejado estas más de cinco décadas de conflicto. El panorama no es mejor en términos de más pluralismo político, económico y social. Los dos proyectos que propendían por la educación de las víctimas del conflicto fueron archivados, y no se ha radicado ningún proyecto encaminado a la reinserción efectiva de las FARC a la sociedad, a pesar de las cifras de asesinatos de excombatientes. El único proyecto que ha tenido éxito en el Congreso y que, además, aboga por las víctimas es el de la prórroga de la Ley de Víctimas.

 

Lo más grave de la dificultad en la implementación de los Acuerdos es que las víctimas siguen sin poder dejar atrás el capítulo oscuro que ha sido el conflicto armado en su historia. Además, la concentración de tierras, que empezó la guerra en primer lugar, aún sigue vigente en el campo colombiano, impidiendo que el gobierno pague la deuda que tiene hace décadas con el campo: desarrollo rural integral. La falta de medidas de construcción de paz y no repetición obstaculizan el posconflicto y nos dejan sumergidos en un conflicto eterno. Este artículo es, además, un llamado a los congresistas abanderados del Proceso de Paz que han sido elegidos con la promesa de proteger los Acuerdos: hay mucho por hacer y muy poco se ha visto en los dos últimos años.

 

 

[1] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016

[2] Proyecto de Ley 131 de 2018, Senado (Congreso Visible).

[3] Proyecto de Ley 20 de 2019, Senado (Congreso Visible).

[4] Proyecto de Ley 199 de 2019, Cámara de Representantes (Congreso Visible).

[5] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016

[6] Proyecto de Ley 199 de 2019, Cámara de Representantes (Congreso Visible).

[7] Proyecto de Ley 217 de 2018, Senado (Congreso Visible).

[8] Proyecto de Ley 372 de 2019, Cámara de Representantes (Congreso Visible).

[9] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016