El delito político en Colombia: cambios e implicaciones prácticas

 

Por Santiago García y Luis David Aldana, voluntarios Congreso Visible

 

 

 

Frente a la coyuntura de violencia en el mundo y los conflictos armados surgidos, siempre nacerá la pregunta por los derechos de las victimas vulnerados por las partes en conflicto y por la posibilidad efectiva de encontrar justicia material frente a las atrocidades cometidas. Es así como se ha pensado la estructura de la justicia de transición como una transición de una situación de guerra a paz permeada por la justicia, en la que se da una: “generación de justicia en la medida en que se logra el resarcimiento de las víctimas y los autores de los crímenes reciben el equivalente al desvalor de sus actos, con fin de sentar los fundamentos para una futura vida pacifica en comunidad”[1]. Estas herramientas no solo son útiles como elementos de posconflicto, sino que, también, sirven como herramientas para programar negociaciones y acuerdos que den finalización a las hostilidades por medio de estructuras de justicia. Es por esto que este texto se pregunta por la expedición del Acto Legislativo 02 de 2019 y su finalidad política a la luz de las posibles negociaciones con grupos armados como el ELN, después del proceso de paz realizado con las FARC-EP.

 

 

En este sentido, se pretende explicar la nocividad de esta norma para la posibilidad de negociar futuros acuerdos de paz. En primer lugar, se expondrán consideraciones sobre la normatividad expedida en el marco del actual proceso de paz, relacionadas con temas de justicia transicional. Así, se expondrán brevemente planteamientos alrededor del delito político y las conductas conexas a este. Finalmente, se expondrán algunos argumentos sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia, para así poder realizar un análisis sobre la norma expedida y sus consecuencias futuras para la paz del país.

 

 

El Acto Legislativo 01 de 2012 implementó el Marco Jurídico para la Paz y, con él, consagró el esfuerzo institucional dirigido a implementar un marco normativo que facilitara las estrategias de justicia transicional dirigidas a dar por terminado el conflicto armado con los grupos al margen de la ley. Dentro de los artículos transitorios que fueron incorporados en la Constitución se previó un fundamento normativo que permitiera definir la situación jurídica de los desmovilizados. Esto, a la luz de los tratados internacionales y los elementos propios de la justicia transicional. Con fundamento en esta normatividad, la Corte Constitucional se pronunció frente a una demanda de inconstitucionalidad mediante sentencia C-577 de 2014, en donde delimitó el contenido del delito político en Colombia.

 

 

En aras de la terminación del conflicto y en la búsqueda de una real reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la sociedad, el concepto de delito político se torna fundamental: “el delito político pasa a ser oficialmente la herramienta clave para la reincorporación social y política de los desmovilizados, coadyuvando a materializar el propósito de alcanzar la paz de manera estable y duradera” (Tarapués 2015). La diferenciación realizada en materia penal, por parte del ordenamiento constitucional, se encuentra ligada a la consecución del derecho a la paz, estructurándose como uno de los pilares que dio fundamento a la Carta de 1991[2]. Lo anterior, permite la concesión de amnistías e indultos en el marco de procesos relacionados a conflictos armados. Esto, facilita las negociaciones con grupos armados que, a cambio de someterse a procesos de justicia transicional, pueden acceder a disminuciones en sus penas.

 

 

Se considera delito político, aquella conducta típica cuyos “autores y partícipes, utilizando la violencia, pretenden el cambio de las instituciones políticas, constitucionales, legales, económicas y sociales de un Estado, para sustituirlas por otras que consideran más justas” (Castro 2003). Legal y doctrinariamente han existido diversos problemas en la definición de estos delitos por el problema político que suponen, hasta el punto en que la Corte Constitucional en la mencionada sentencia asocia los mismos con los establecidos en el Título XVIII del Código Penal. Ferrajoli (1995) explica las razones de esta falta de claridad en el tratamiento del delito, contraponiendo los conceptos (que en la práctica conviven) de “derecho de resistencia” y “razón de estado”, de tal forma que la inclinación por uno u otro concepto, dependerá de la política criminal y la situación sociopolítica del momento. El primero es la manifestación de la resistencia contra las actuaciones tiránicas del Estado a través de cualquier medio por más injusto que parezca a la luz del ordenamiento vigente. El segundo parte de la justificación de todos los medios, por ilegítimos que parezcan, para defender al Estado de los atentados en contra de su seguridad[3].

 

 

Teniendo en cuenta consideraciones como la anterior es que se han estructurado las discusiones sobre qué conductas abarcará el delito político con los beneficios que esto conlleva, llevando a preguntarse por aquellas conductas que afectan diferentes bienes jurídicos -que protegen un bien social no directamente relacionado con la protección del delito político- pero cometidas como medios para la realización o encubrimiento de un delito político “puro”[4], y denominadas como conexas a este. En materia de indultos y amnistías, la Corte Constitucional ha reconocido la libertad de configuración del legislador para establecer cuáles delitos pueden ser configurados como conexos al delito político, bajo parámetros de interpretación de razonabilidad y proporcionalidad, respetando las exclusiones de los estándares internacionales de derechos humanos (Sentencia C 577 de 2014).

 

 

Una vez suscrito el Acuerdo de la Habana, se expidió el Acto Legislativo 01 de 2017, el cual profirió normas específicas para la desmovilización de las FARC-EP y la aplicación de justicia transicional a los actores del conflicto. Esta norma, que fue analizada por la Corte Constitucional y declarada exequible mediante sentencia C-674 de 2017, es el fundamento vez de diversas normas con rango estatutario y legal que conforman el entramado jurídico que rige a la Jurisdicción Especial de Paz. Entre estas normas, se expidió la Ley 1820 de 2016, denominada ley de amnistía e indulto y otros tratamientos especiales. Esta norma, en su artículo 15 dispone que “se concede amnistía por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con éstos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos”.  Frente a lo dispuesto en este artículo la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-007 de 2018, en donde aclaró que el escrutinio de las conductas definidas como conexas debe ser realizado por la JEP como órgano especializado en el conocimiento de los casos propios del conflicto, persiguiendo una ampliación de la perspectiva clásica contemplada en el ordenamiento colombiano, permitiendo mayor amplitud en el análisis de la validez de conductas tomadas como conexas al delito político.

 

 

Estas interpretaciones permiten la amplitud del análisis de conductas que, como las relacionadas al narcotráfico, son realizadas como motores para el funcionamiento de estructuras armadas. Si bien el artículo 16 de la Ley de Amnistía, en el que se especifican qué delitos se consideran conexos, no incluye el delito de narcotráfico, la Corte Constitucional en sentencia C-025 de 2018 estableció claramente que “el listado de delitos será también tenido en cuenta por la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP, sin perjuicio de que esta Sala también considere conexos con el delito político otras conductas en aplicación de los criterios establecidos en esta ley”.

 

 

Este tratamiento constitucional desarrollado por la Corte y por la normatividad expedida generó un marco idóneo para garantizar la reincorporación a la sociedad de los alzados en armas, abriendo la posibilidad de la entrada y su participación en política. De esta manera, se dota de herramientas a los tribunales de justicia transicional para que examinen las conductas cometidas con un amplio criterio para identificar su papel en el conflicto armado interno, creando una posibilidad para la consecución de la paz. Sin embargo, con el Acto Legislativo 02 de 2019 expedido por el Congreso, en donde se prohibió que el narcotráfico y el secuestro fueran considerados como conexos al delito político, se cerraron las puertas a nuevas negociaciones con tratamiento similar desde el ordenamiento jurídico. 

 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia histórica del narcotráfico en la financiación de grupos ilegales al margen de la ley y la relevancia de la incorporación de la figura del “delito político” en las negociaciones de paz, es apremiante analizar los potenciales efectos políticos que, en la práctica, el Acto Legislativo 02 de 2019 puede llegar a tener. Dicha legislación, como se argumentó anteriormente, desnaturaliza por completo el concepto de “delito político” materializado por la Corte Constitucional en los pronunciamientos posteriores a la Sentencia C 577 de 2014. Esto, en tanto que constitucionalmente suprimió la posibilidad de contemplar los delitos relativos al narcotráfico bajo la figura del delito político. Lo anterior podría inhibir, a posteriori, las posibilidades de encontrar una salida negociada a los demás conflictos armados que actualmente sufre el país, ya que el “motor” económico de muchos de esos grupos es, efectivamente, el narcotráfico (Ríos, 2016, p. 213).

 

 

En este sentido, con el auge y consolidación del narcotráfico en Colombia, los grupos armados pasaron a ser parte de los beneficiarios de las rentas de esta actividad y ella se convirtió en su principal forma de financiamiento. Así las cosas, mientras que inicialmente la relación de guerrillas –como las FARC— con la droga se limitaba a cobrar impuestos de “gramaje”, durante la década de los 90 estos grupos comenzaron a encargarse ellos mismos del procesamiento. De ahí que algunos investigadores estimen que, para finales de los años 90, “de las fuentes de financiación de las FARC, el 48% provendría del tráfico de drogas, el 36% fruto de la extorsión, el 8% derivado del secuestro, un 6% producto del robo de ganado más un 2% restante de actividades varias” (Ríos, 2016, p. 214). Esto reafirma la evidente relación existente entre las estrategias y actuaciones de muchos grupos insurgentes y el narcotráfico como forma de financiar dichos actos.

 

 

Si el narcotráfico es, entonces, el motor de las luchas revolucionarias de la inmensa mayoría de los grupos insurgentes en Colombia, excluirlo del espectro de los delitos políticos amnistiables es una decisión nefasta con miras a futuras negociaciones de paz. Es posible tomar, por ejemplo, el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

 

Si bien la posición inicial de este grupo guerrillero fue rechazar, de plano, la participación en cualquier evento relacionado con este fenómeno —aduciendo la “descomposición social no sólo de la población, sino también de la base guerrillera así como la reducción del cultivo de productos de pancoger y el detrimento de las organizaciones agrarias” (Bonilla, 2014)—, para 1994 dicha postura se replanteó y el ELN comenzó a cobrar un “impuesto” de gramaje a los productores de coca (Fernández, 2002, p. 171). Sin embargo, el cobro de este impuesto se volvió rápidamente insuficiente para sufragar los costos de una guerrilla que, paulatinamente, perdía su presencia en las áreas urbanas del país. Por tanto, en diversos escenarios se planteó la incursión del grupo, ya directamente, en las actividades relativas al narcotráfico para refinanciar el movimiento armado.

 

 

Con las anteriores actividades en mente, salta a la vista que, a la luz de lo propuesto por el Acto Legislativo 02 de 2019, una negociación de paz se complicaría bastante con los muchos otros grupos al margen de la ley cuya financiación proviene del narcotráfico; por ejemplo, el ELN. El Acto Legislativo en cuestión, al eliminar el narcotráfico de la lista de delitos políticos amnistiables, podría truncar futuros esfuerzos por conseguir salidas negociadas al conflicto con este grupo en particular. En este sentido, es pertinente recordar lo que, a juicio de Mejía (2016), era una de las innegables ventajas de la figura del delito político y es que:

 

 

“(…) justamente, por no estar tipificado jurídicamente, el término puede emplearse como un recurso para tener mayor espacio para maniobras jurídicas, o para procedimientos no penales, no jurídicos, que garanticen o sean aliciente para las negociaciones que tengan un objetivo claramente despejado: el final de un conflicto armado interno” (p. 82).

 

 

Al quitar o reducir los espacios de maniobra jurídica que puedan otorgar garantías judiciales a los desmovilizados de los grupos armados se reducen significativamente las posibilidades de llegar a una paz negociada. Esto se debe a que uno de los principales incentivos para firmar un acuerdo, desde la perspectiva de un grupo insurgente, es poder retomar una vida normal y “comenzar de cero”. Situación evidentemente imposible si los delitos relacionados con el narcotráfico —inherentes a la mayoría de grupos armados ilegales— no están sujetos a una eventual amnistía.

 

 

Es así como se evidencia que la expedición del Acto Legislativo 02 de 2019 no es otra cosa que una jugada política en donde se evidencia un determinado proyecto de política estatal. En ella, desde ahora, se prefiriere la confrontación bélica a las negociaciones para terminar un conflicto con organizaciones armadas como el ELN. Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que la naturaleza de la principal fuente de financiación de este grupo, así como la de muchas otras organizaciones paraestatales, es el mismo narcotráfico.

 

 

Bibliografía

 

Bonilla, L. (7 de julio de 2014). Eln y el narcotráfico: una relación peligrosa. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-y-el-narcotrafico-una-re lacion-peligrosa-articulo-502301

Castro, S. (2003). Delitos contra el régimen constitucional y legal. En: Lecciones de Derecho Penal, parte especial. Universidad Externado de Colombia.

Fernández, E.M. (2002). El narcotráfico y la descomposición política y social: el caso de Colombia. México: Plaza y Valdés, S.A de C.V

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Edición Trotta.

Mejía, A. (2016). Algunas consideraciones sobre el delito político. En Intervenciones filosóficas en medio del conflicto: debates sobre la construcción de paz en Colombia hoy (pp. 77-88). Bogotá: Ediciones Uniandes.

Ríos, J. (2016). La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN 1998-2012. Revista UNISCI, 41, 205-234.

Tarapúes, Diego. 2015. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DELITO POLÍTICO EN EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ Y LA SENTENCIA C-577 DE 2014.  En Justicia de Transición II. Editorial Temis.

Eser, Albin. (2018). Justicia Transicional: acerca del acuerdo de paz colombiano a la luz de Ulfrid Neumann. En ¿Es Injusta la Justicia Transicional?- Yesid Reyes Alvarado, Universidad Externado de Colombia.

 

 

[1] Eser, Albin. 2018. Justicia Transicional: acerca del acuerdo de paz colombiano a la luz de Ulfrid Neumann. En: ¿Es injusta la justicia transicional? Yesid Reyes Alvarado. Universidad Externado de Colombia.

[2] Pueden verse las referencias a este propósito en el Preámbulo de la Constitución y en los artículos 22, 67, 95, 218, 247, 338 y 345.

[3] Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Edición Trotta.

[4] Para evidenciar el tratamiento histórico del delito político y conexo pueden verse los siguientes pronunciamientos: CSJ Sent. 25 de sept de 1996. Sent 4 febr de 1999, 27 de mayo de 1999. Corte Constitucional Sentencias: C-127 de 1993, C-171 de 1993, C-214 de 1993, C-069 de 1994, C-225 de 1995, C-740 de 2000, C-78 de 2002, C-695 de 2002, C-1055 de 2003, C-037 de 2004, entre otras.