Con el Acto Legislativo para la Paz, que discutió el Congreso entre septiembre de 2015 y el pasado 1° de junio, ya se definieron los instrumentos jurídicos para sacar adelante las leyes y reformas constituciones necesarias para implementar lo pactado en La Habana, una vez sea refrendado por los ciudadanos. 


 

Primer debate

Desde un principio la propuesta gubernamental contempló: 

1. Procedimiento legislativo especial: de carácter transitorio, con el fin de agilizar el trámite de los proyectos mediante la reducción del número de debates así: para los proyectos de ley pasa de cuatro a tres debates y para los proyectos de acto legislativo de ocho a cuatro debates. Solamente el Gobierno puede radicar las iniciativas.

2. Comisión Legislativa Especial: se encargaría de discutir en primer debate las iniciativas del Ejecutivo. Sus integrantes serían los miembros de las comisiones primeras de Cámara Senado (normalmente discuten enmiendas constitucionales, reglamentaciones de derechos, entre otros temas), 12 congresistas adicionales en representación de todas las bancadas y de las minorías.

3. Facultades extraordinarias para el Presidente: se facultará al Presidente de la República por un periodo transitorio para expedir decretos con fuerza de ley necesarios con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final. No aplicará para la expedición de actos legislativos, leyes estatutarias y leyes orgánicas.

4. Plan Plurianual de Inversiones para la Paz: se establece que el Plan Plurianual de inversiones contenido en el Plan Nacional de Desarrollo contará con un componente para la paz que destinará recursos del Presupuesto General de la Nación durante los próximos 20 años a las zonas más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional.􀀏􀀃

 

Cambios del segundo debate

La plenaria de Senado eliminó la posibilidad de que en la Comisión Legislativa para la Paz participaran miembros no congresistas designados por el Presidente de la República, y la regla inversa por la cual los congresistas sólo podían improbar los proyectos por mayoría absoluta (más del 50 % de los integrantes), lo que le facilitaba al Gobierno la aprobación de sus iniciativas. 

Además, se estableció que el segundo debate de los proyectos de ley se surtirá en las plenarias de cada una de las cámaras y no en el congreso pleno; se conservan así los controles mutuos entre cámaras. También, se incluyó la posibilidad de presentar modificaciones a los proyectos en plenaria (con el aval del Gobierno) a través de todo el trámite legislativo, no solo en en primer debate (Comisión Legislativa para la Paz), para no limitar las facultades de la plenaria.


Modificaciones en tercer debate

- Se precisó el ámbito de aplicación de las facultades presidenciales: "con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final."

- Se determinó que la presentación de informes obligatorios sobre el uso de facultades debería hacerse al término de los 90 días de uso, y se estableció la obligación de informar las razones que justificarían una eventual prórroga de esta prerrogativa. Sin embargo, no quedaron muy claras las facultades de control político del Legislativo en este contexto .

- Se previó la ejecución de los recursos del componente de paz del Plan Nacional de Desarrollo teniendo en cuenta las condiciones y necesidades específicas de cada región


Aprobado en primera vuelta: cuarto debate y conciliación

Durante la conciliación se agregó que la Corte Constitucional, en su revisión, verificará que el objeto exclusivo de los proyectos que apruebe el Congreso, será la implementación normativa del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. También se añadió la imposibilidad de que el Presidente de la República pueda decretar, vía facultades, leyes código.

Para el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la aprobación de la iniciativa en primera vuelta significó un voto de confianza y compromiso del Congreso con el proceso de paz, impulsado por el gobierno Santos. Sin embargo, en la segunda vuelta, un aspecto que se retomaría sería el de las mayorías consideradas necesarias (en ese momento, de tipo calificada: dos tercios de los votos de los asistentes o de los miembros).

Más información: ¿Cuáles son las diferencias entre el Acto Legislativo para la Paz que hoy se propone y el congresito del 91? (ver: Proceso de paz: fin a la vista, un nuevo comienzo).


Quinto debate

Se precisó cuál será la destinación específica de los recursos: se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales.


Sexto debate

- Se eliminó la Comisión Legislativa Especial: se había previsto que esta fuera la que llevara a cabo el primer debate de las iniciativas, pero finalmente se acordó que cada proyecto radicado por el Gobierno, de acuerdo al tema de su competencia, sea discutido por la comisión constitucional que le corresponda, tal y como sucede hoy en día en el Congreso.

- Se estableció una duración máxima de 180 días de vigencia de las facultades presidenciales, que no será prorrogable. También, se modificó el artículo 3°. Se especificó que durante los seis meses siguientes a la refrendación popular del Acuerdo Final, las autoridades municipales y departamentales tendrán la facultad de hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo para adecuarlos al Acuerdo Final y al Plan de Inversiones para la Paz.


 

Los cambios del séptimo debate (18 de mayo)

A raíz del Comunicado Conjunto No. 69 de la Mesa de Conversaciones, se añadió un nuevo artículo, relativo al blindaje jurídico del Acuerdo Final. 1) una vez se firme y entre en vigor, ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación. 2) Será considerado como un Acuerdo Especial en los términos de los convenios de Ginebra. 3) Será incorporado al derecho interno a través de una ley tramitada de manera especial por el Congreso de la República. 4) La ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial tendrá control automático por parte de la Corte Constitucional para garantizar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano.


 

Octavo y último debate

Se decidió que los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él.

 

Así se transformó el Acto Legislativo para la Paz en sus ocho debates

 

Art. 1°. Procedimiento legislativo especial

Art. 1°. Comisión Legislativa Especial

Art. 2°. Facultades extraordinarias para el Presidente

Art. 3°. Plan Plurianual de Inversiones para la Paz

Art. 4°.

Art 5°. Vigencia

Primer debate

 

 

 

 

 

Se agiliza el trámite de las inicitivas reduciendo el número de debates: para los proyectos de ley (de cuatro a dos debates) y los proyectos de acto legislativo (de ocho a tres debates). Duración: un período de seis meses (prorrogable por una vez), contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo y surtida la refrendación del Acuerdo Final.

El primer debate de los proyectos, deberá surtirse en una Comisión Legislativa Especial, integrada por los miembros de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara y doce congresistas adicionales.

Se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República (por un periodo de 90 días prorrogable por una vez) para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación de las medidas de estabilización necesarias derivadas del Acuerdo Final.

 

 

El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

El trámite de los proyectos de ley comprenderá su revisión previa por parte de la Corte Constitucional. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.

 

 

 

 

 

Segundo debate

 

 

 

 

 

Se aclará que los proyectos serán se iniciativa exclusiva del Gobierno nacional.

Se cambia el nombre a Comisión Legislativa para la Paz.

 

 

En la ponencia se planteó la posibilidad de participación en política de los miembros de las organizaciones guerrilleras, que como consecuencia de la firma de un Acuerdo Final, hayan dejado las armas y se hayan reintegrado a la vida civil. Sin embargo, la plenaria de Senado no aprobó el artículo.

 

 

En la ponencia se propuso autorizar al Presidente de la República para designar miembros no congresistas en la Comisión Legislativa Especial. La plenaria de Senado eliminó esta posibilidad.

 

 

 

 

Se eliminó la regla inversa por la cual los congresistas sólo podían improbar los proyectos por mayoría absoluta (más del 50 % de los integrantes), lo que le facilitaba al Gobierno la aprobación de sus iniciativas.

Se fijaron otras condiciones: la representación proporcional de las bancadas al interior del Congreso, asegurando la cuota de género y la participación de las minorías étnicas.

 

 

 

 

Se estableció que el segundo debate de los proyectos de ley se surtirá en las plenarias de cada una de las cámaras y no en el congreso pleno; se conservan así los controles mutuos habituales entre cámaras.

 

 

[Nuevo artículo] Se establece la destinación de recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías durante los próximos 20 años con la finalidad de cerrar las brechas sociales, económicas regionales e institucionales de los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado.

 

 

Se incluyó la posibilidad de presentar modificaciones a los proyectos en plenaria (con el aval del Gobierno), a través de todo el trámite legislativo, no solo en en primer debate (en la Comisión Legislativa para la Paz), para no limitar las facultades de la plenaria.

 

 

 

 

 

Tercer debate

 

 

 

 

 

Se precisó el objetivo de la revisión previa por parte de la Corte Constitucional: verificación de que los proyectos tengan como objeto exclusivo la implementación normativa del Acuerdo Final.

 

Se precisó el ámbito de aplicación de las facultades presidenciales: "con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final."

 

 

 

 

 

Se determinó que la presentación de informes obligatorios sobre el uso de facultades debería hacerse al término de los 90 días de uso, y se estableció la obligación de informar las razones que justificarían una eventual prórroga de esta prerrogativa. Sin embargo, no quedaron muy claras las facultades de control político del Legislativo en este contexto.

 

 

 

 

 

 

Se previó la ejecución de los recursos del componente de paz del Plan Nacional de Desarrollo teniendo en cuenta las condiciones y necesidades específicas de cada región.

 

 

Cuarto debate

 

 

 

 

 

No hubo cambios sustantivos

 

 

 

 

 

Se agregó que la Corte Constitucional, en su revisión, verificará que el objeto exclusivo de los proyectos que apruebe el Congreso, será la implementación normativa del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

 

Se añadió la imposibilidad de que el Presidente de la República pueda decretar, vía facultades, leyes código.

 

 

 

Quinto debate

 

 

 

 

 

 

 

 

Se precisó cuál será la destinación específica de los recursos: se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales.

 

 

Sexto debate

 

 

 

 

 

 

Se eliminó la Comisión Legislativa para la Paz. Finalmente se acordó que cada proyecto radicado por el Gobierno, de acuerdo al tema de su competencia, será discutido en primer debate por la comisión constitucional que corresponda, tal y como sucede hoy en día en el Congreso.

Para los ponentes no era viable otorgar la facultad de prórroga al mismo Presidente. Entonces, se fijó que las facultades no serán prorrogables y tendrán un solo término de 180 días.

Se planteó la necesidad de adecuar los planes de desarrollo locales al Acuerdo Final y al Plan de Inversiones para la Paz.

 

 

Séptimo debate

 

 

 

 

 

Se reduce el trámite legislativo así: para los proyectos de ley pasa de cuatro a tres debates y para los proyectos de acto legislativo pasa de ocho a cuatro debates. El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesiones conjuntas de la Comisión Constitucional Permanente que sea competente, mientras que el de los actos legislativos será por separado en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. El segundo debate tanto de los proyectos de ley como de actos legislativos se surtirá en las plenarias de cada una de las cámaras.

 

 

 

 A raíz del Comunicado Conjunto No. 69 de la Mesa de Conversaciones, se añadió un nuevo artículo, relativo al blindaje jurídico del Acuerdo Final. 1) una vez se firme y entre en vigor, ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación. 2) Será considerado como un Acuerdo Especial en los términos de los convenios de Ginebra. 3) Será incorporado al derecho interno a través de una ley tramitada de manera especial por el Congreso de la República. 4) La ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial tendrá control automático por parte de la Corte Constitucional para garantizar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano.

 

Octavo debate

 

 

 

 

 

Se decidió que los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él;

 

    

Se condiciona la entrada en vigencia de todos los artículos y modificaciones constitucionales de este acto legislativo, a la refrendación de los acuerdos.