¿Es el derecho al voto de la fuerza pública susceptible a un análisis desde su inconveniencia política e institucional?

 

Por: Ernesto Medrano

 

En Colombia se ha reabierto el debate sobre la posibilidad del ejercicio del derecho al voto de los militares y de la fuerza pública en general. Esto ha generado diferentes opiniones de índole política, jurídica e ideológica, sobre la conveniencia y pertinencia de garantizar el derecho al voto de la fuerza pública en el país.

 

Pero ¿Es el derecho al voto de la fuerza pública susceptible a un análisis desde su conveniencia política e institucional? El derecho al voto de la fuerza pública no puede estar sujeto a la conveniencia y pertinencia del momento político que esté viviendo el país porque que existen algunas circunstancias propias del desarrollo político e institucional que explican la limitación del ejercicio democrático del voto de la fuerza pública en Colombia. De este modo, elementos como la no deliberancia política de la fuerza pública, la subordinación al poder civil y el desarrollo histórico- institucional colombiano, son los factores explicativos de la restricción del ejercicio de la participación política y electoral de la fuerza pública en el país.

 

El derecho al voto

 

Colombia es junto a Paraguay, Honduras, Guatemala y República Dominicana, uno de los cinco (5) países de América Latina en el que los miembros de la fuerza pública no pueden ejercer el derecho al voto (ver figura 1). Sin embargo, en el caso colombiano esta restricción no debe ser entendida como la ausencia del reconocimiento de ciudadanía, sino como una limitación al ejercicio electoral (Arce, 2016).

 

 

 

Figura 1. Países de América Latina donde los militares no pueden votar. Construcción propia.

 

 

Si bien, todos los ciudadanos contamos con el derecho a elegir y ser elegidos, la limitación del voto para los miembros de la fuerza pública, en Colombia, se explica por algunas razones de fondo. A la luz del nuevo proyecto de acto legislativo presentado por el Movimiento Colombia Justa Libres que busca reconocer dicho derecho, debido a que la limitación del derecho al voto va en detrimento de los derechos de los miembros de la fuerza pública. Pero ¿Por qué en Colombia los miembros de la fuerza pública no pueden ejercer el derecho al voto? Aquí se analizan tres (3) razones fundamentales:

 

  • La no deliberancia política.
  • La subordinación civil.
  • Y el desarrollo político institucional.

 

La no deliberancia política

 

La Constitución política de 1991 estableció en su artículo 219 la limitación del derecho al voto de la fuerza pública, en virtud del principio de la no deliberancia. Esto significa, que los miembros de la fuerza pública no podrán opinar de política mientras se encuentren en el servicio activo, pues:

la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos” (Const.1991, Art.219).

 

Sin embargo, en la Constitución de 1886, el artículo 168 ya señalaba que “La Fuerza Armada no es deliberante; No podrá reunirse, sino por orden de la autoridad legítima (…)”, lo cual no significaba la eliminación del derecho al voto (Arce, 2016).  

 

Así, la no deliberancia política puede entenderse como una condición necesaria, pero no suficiente para explicar el porqué de la limitación del derecho al voto de la fuerza pública en Colombia.

 

De hecho, en el proyecto de acto legislativo 03 del 2016 se plantea la modificación al artículo 219 de la Constitución, para permitir el derecho al voto de los miembros de la fuerza pública. Pero, en el proyecto legislativo no se modifica la sección que determina no deliberancia política (ver figura 2).

 

 

Figura 2. Propuesta de Acto Legislativo 03 de 2016. Adaptado de "Detalles de la propuesta de voto para militares y policías activos", Congreso Visible. 2016. Reproducción autorizada.

 

 

La subordinación civil

 

A partir de 1930, pero en especial en 1958 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se empieza a consolidar el proceso de profesionalización y de autonomía militar, que significó el aumento del pie de fuerza en el país. Este proceso trajo consigo la consolidación de una doctrina militar tradicional, en la cual la fuerza pública no intervendría en asuntos políticos y partidistas, y los políticos no intervendrían en materia militar (Nieto, 2004). Este fenómeno es una de las características particulares del desarrollo institucional y militar en Colombia, en comparación con la mayoría de los países Iberoamericanos.

 

Bajo este escenario se configuró la idea de que la fuerza pública estaría subordinada al mandato civil, para resguardar y cuidar la democracia. Precisamente así lo sostenía Alberto Lleras Camargo en 1976:  

"La política es el arte de la controversia […] la milicia el de la disciplina. Apartar las Fuerzas Armadas de las deliberaciones públicas no es tan solo un acierto constitucional, sino una necesidad funcional. Si las Fuerzas Armadas participan en las deliberaciones lo hacen con sus armas […]” (Nieto, 2004. P. 13).

 

En este sentido, después del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla de 1953 a 1957, los partidos políticos acordaron a través del Frente Nacional, no solo la sucesión del poder entre ellos, sino también la profesionalización de la fuerza pública. Esto consistió en un proceso organizativo en el cual se atribuye a la fuerza pública un objetivo concreto: conservar el orden público (Moreno, 2014).  La noción de Lleras Camargo sigue vigente en Colombia, a tal punto que la Corte Constitucional en la sentencia C-737 del 2006 establece que:

“Para la correcta ejecución de la misión encomendada y el debido funcionamiento del servicio prestado por las distintas instituciones que la conforman, lo ha expresado la Corte, la Fuerza Pública se conduce bajo los principios de jerarquía y subordinación, siendo a su vez soporte inmodificable e insustituible de la vida militar la disciplina, el decoro y el honor, los cuales comportan condiciones esenciales y específicas de toda fuerza institucional armada que le permiten actuar como garante para la defensa de las instituciones”. (Corte Constitucional de Colombia, C-737 de 2006).

 

Si bien, el marco jurídico constitucional colombiano conserva algunas limitaciones a las garantías ciudadanas de la fuerza pública, debido al servicio público que prestan, estas también gozan de una serie de prerrogativas que establecen verdaderos derechos, garantías y ventajas constitucionales, como el fuero penal militar (Velázquez & Gil, 2017). En este sentido, la subordinación civil de la fuerza pública garantiza el sano desarrollo de las funciones constitucionales, encargado a ellas.

 

Entonces ¿Cuál ha sido el recorrido histórico de esta discusión?

 

La limitación actual del derecho al voto de los militares y la fuerza pública en general ha sido objeto de reiteradas discusiones políticas en el país. Desde el 2000 al 2020 se han presentado ocho (8) proyectos de ley y actos legislativos para restablecer directamente el derecho al voto de la fuerza pública. Sin embargo, el tránsito de estos proyectos en el Congreso de la República no ha sido exitoso (ver tabla 1).

 

 

Tabla 1. Proyectos de ley de voto militar y la decisión tomada (2000-2020). Construcción propia. Adaptado de la base de datos de Congreso Visible. Reproducción autorizada.

 

El debate en torno a la limitación del ejercicio electoral de la fuerza pública se puede ubicar desde 1811-1816 en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, hasta la actualidad, con el proyecto de acto legislativo presentado por Édgar Palacio, el Movimiento Colombia Justa Libres. Por eso se plantean aquí tres momentos que marcan precedentes importantes en cuanto a la limitación del sufragio militar en Colombia (ver figura 3).

 

 

 

Figura 3. Voto militar en Colombia. Construcción propia. Adaptado de “Incidencias del proyecto de acto legislativo 03 de 2016: derecho al sufragio de los miembros de la fuerza pública (modifica el artículo 291 de la Constitución Política)”. 2017. Reproducción autorizada.  

 

Particularmente en Colombia el vínculo entre la deliberación política y la participación electoral han estado en el centro del debate sobre el derecho al voto de la fuerza pública. De hecho, en los proyectos de ley  y actos legislativos presentados en los últimos 20 años, se ha introducido la idea de que las condiciones del país han cambiado en lo jurídico, lo político, lo social y lo cultural, como para eliminar la limitación del ejercicio del voto de la fuerza pública, como lo sostiene el Senador Palacio (Cáceres, 2020).

 

Sin embargo, la limitación al voto de la fuerza pública fue refrendado popularmente previo a la Constitución Política actual, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente; razón por la cual se fortalece su legitimidad, teniendo en cuenta que la Constitución del 91 fue un pacto social eminentemente popular (Arce, 2016).

 

De este modo, la conveniencia o inconveniencia política del voto no puede superponerse a la voluntad popular, cuando el pacto social establecido así lo restringe, y por lo tanto los miembros de la fuerza pública libres aceptan, no la supresión de sus derechos fundamentales, sino la limitación del derecho a elegir y ser elegidos en tanto se encuentren en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

 

En síntesis, entender el porqué de la neutralidad política en la fuerza pública se requiere entonces de un análisis sobre el desarrollo político e institucional que determinó la limitación del voto militar, teniendo en cuenta la no deliberancia política y la subordinación civil de la fuerza pública. No por un asunto coyuntural, como se ha planteado en diferentes columnas de opinión, sino por garantizar el propio desarrollo institucional de la fuerza pública en el país, como lo ha establecido la Corte Constitucional y su jurisprudencia. Así mismo, profundizar en las razones históricas del desarrollo institucional y normativo permite el análisis amplio de la limitación del derecho al voto de la fuerza pública, no como la supresión de su derecho ciudadano a participar de la democracia, sino como una limitación del derecho al voto, para garantizar el pleno desarrollo de sus funciones constitucionales. Esto, sin perjuicio de las garantías propias que ostenta la fuerza pública en el país, como el fuero penal militar.

 

Por esto, no es acertado reducir el análisis sobre el voto de la fuerza pública a una interpretación de conveniencia o inconveniencia política por razones ideológicas o de afinidad política. Si bien, la decisión pasa por un análisis político, al profundizar en las razones del porqué la fuerza pública no puede votar en Colombia, es necesario hacer un recorrido por el desarrollo institucional y normativo, y las implicaciones que este trae para el sano desarrollo de la democracia en el país.

 

Referencias:

 

Arce Gordillo, S. E. (2016). Derecho al sufragio para la Fuerza Pública en el contexto de Colombia, Venezuela y Perú.

Cáceres, R. (2020). Senador Edgar Palacio radica proyecto que permitiría a militares y policías ejercer derecho al voto [In person]. Bogotá. Recuperado de: https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/754-senador-edgar-palacio-radica-proyecto-que-permitiria-a-militares-y-policias-ejercer-derecho-al-voto

Equipo Congreso Visible. Detalles de la propuesta de voto para militares y policías activos. (2016). Congreso Visible. Recuperado de: https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/detalles-de-la-propuesta-de-voto-para-militares-y-policias-activos/8841/

Moreno Mancera, J. D. (2014). Relaciones cívico-militares en Colombia: supremacía y control de los partidos políticos sobre la organización militar. Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 12(13), 333-352.

Nieto, P. (2004). ¿Subordinación o autonomía? El ejército colombiano, su relación Política con el gobierno civil y su configuración en la violencia, 1953-1990.

Restrepo Ramírez, A. M., & Valencia Cardona, J. M. (2017). Incidencias del proyecto de acto legislativo 03 de 2016: derecho al sufragio de los miembros de la fuerza pública (modifica el artículo 291 de la Constitución Política) (Doctoral dissertation, Universidad Libre Seccional Pereira).

Vásquez, D. J. & Gil, L. M. (2017). Modelo constitucional de la fuerza pública en Colombia.  Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 20, 39, 139-162. DOI: http://dx.doi.org/10.18359/prole.2728