ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Domingo, 10 de Junio de 2012

 

Análisis de un caso que ayuda a comprender la agresividad de las compañías mineras y la velocidad con que se mueven. Ahí radica su capacidad de acumular utilidades y provocar daños ambientales y sociales en una escala inmanejable para el Estado colombiano.

Luisa Fernanda Trujillo*

 

Venía moviéndose desde el 94

La ahora famosa y polémica “locomotora minera” venía avanzando silenciosamente desde 1994, cuando comenzaron las discusiones en mesas de trabajo sobre el futuro del sector minero. Finalmente, la propuesta se consolidó durante la administración de Andrés Pastrana  mediante la sanción de la Ley 685 de 2001 o Código de Minas.

El Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión 2019, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía en 2006, consagró un nuevo lema para la identidad económica del país: “Colombia, un país minero”.

¿Por qué resultó tan atractivo convertirnos en país minero? ¿Se trata de un intento institucional deliberado por impulsar iniciativas extractivas a corto plazo, aun sabiendo que a largo plazo dejarán a su paso graves e irreparables desastres ambientales?

Dado que Colombia se halla ad portas de otorgar títulos mineros sobre el 36 por ciento de su territorio, resulta interesante conocer en detalle el proceso seguido por uno de los proyectos más representativos de este sorprendente desarrollo minero: las exitosas o promisorias exploraciones y actividades de explotación de la Gran Colombia Gold

 

Capital venezolano tras la canadiense Gran Colombia Gold

La historia de la Gran Colombia Gold —minera canadiense— guarda una estrecha relación con empresas en otros países. A lo largo de una serie de adquisiciones y fusiones se encuentran nombres como la Full Riches Investments (canadiense) y Gold Mines of Sardinia (australiana), empresas que se fusionaron entre 2004 y 2009 para dar como resultado la constitución de Medoro Resources[1].

La operación de extracción de oro y plata tenía lugar principalmente en la isla de Cerdeña, Italia, así como en Pestarena (provincia de Novara) y Lavachetto. En el caso de Cerdeña, la explotación minera se remonta al año 230 A.C., una actividad tradicional que más tarde quedaría sujeta al control directo del Imperio Romano.

Tras la unificación italiana en el siglo XIX, los recursos fueron nacionalizados preservando la explotación tradicional, pero desde mediados del siglo XX los procesos de privatización y de venta terminaron por dejar las minas en manos de extranjeros.

La última gran transacción fue ésta que involucraba a intereses australo–canadienses.   Medoro crecía: para 2006 logró extender sus adquisiciones y derechos de explotación hacia Monte Ollasteduu, otro yacimiento de oro en Cerdeña.

En ese momento, Colombia entró en la mira de Medoro. Se analizó la compra de Colombia Goldfields (británica) que ya operaba en Marmato (Caldas). Este lugar sería entonces objeto de una “agresiva exploración”[2] con un potencial incluso mayor al de Venezuela, donde ya tenían acceso a varios distritos mineros. La operación se hizo efectiva en 2009.

En octubre del mismo año, Medoro anunció la compra de Mineros Nacionales S.A (colombiana) por un monto de 25 millones de dólares, operación que se hizo efectiva en febrero de 2010.

Uno de los fundadores de Medoro es el venezolano Miguel de la Campa, también fundador de Pacific Rubiales y Presidente de la empresa Bolívar Gold Co., que adelanta explotación aurífera en Venezuela.

De la Campa era desde hacía varios años colega de Serafino Iacono, otro venezolano, quien ocupa el cargo de CEO (Chief Executive Officer) de Medoro Resources desde 2010.  Iacono fue también presidente de compañías como Alange (luego denominada Petro Magdalena Energy Corp.) y Presidente del Comité de Compensación para Pacific Stratus Energy, empresa predecesora de Pacific Rubiales.  

Ambos colegas habían sido sorprendidos en manejos financieros irregulares en la compañía Coalcorp[3], de la cual fueron despedidos en 2008, tras tres años en cargos directivos.

Siguiendo el consejo del expresidente Álvaro Uribe, Iacono y De la Campa consideraron en 2010 la creación de otra empresa minera que les permitiría acceder a la compra y titulación de una explotación minera en Segovia, Antioquia. Así, en busca de aliados e inversionistas, logran la adquisición y la fusión con Tapestry Resources Corp., otra empresa canadiense registrada en Vancouver.

Para el momento del anuncio de compra, en junio de 2010, Gran Colombia Gold (GCG) ya había sido constituida como empresa de exploración y explotación de proyectos mineros domiciliada en Panamá, pero con sede principal en Bogotá.

Su constitución había tenido lugar el 5 de enero del mismo año y registraba dentro de sus propiedades en Antioquia a Frontino Gold Mines, ubicadas en Segovia y cuya compra había sido un logro compartido entre ésta y Medoro Resources. También El Zancudo, un histórico proyecto minero ubicado en Titiribí; Concepción entre El Peñol y Barbosa, Carla y Mazamorras en Nariño.

Este repentino interés por invertir en Colombia se debió al hallazgo de al menos 10 millones de onzas de oro en Marmato y a la reactivación de las minas que antes habían pertenecido a Frontino y que para 2011 ya registraban una producción anual de 90.000 onzas.

Adicionalmente analistas financieros canadienses como David Forest fomentaban la inversión de mineras canadienses, afirmando con que “geológicamente no hay nada como Colombia. No hay nada con tanto potencial y tan inexplorado. Nada ha ocurrido allí en los últimos 50 años [hablando de explotación]. Es un terreno completamente sub-explorado. La situación de seguridad es buena en un 90 por ciento del país ahora” aunque “hay un número de issues que incluyen a las FARC y a grupos indígenas”. Advertía que “los recursos están allí floreciendo en la tierra y nadie ha hecho nada en 30 años, de manera que instalar empresas extractivas en Colombia sería a lot of fun.”

Agresiva y acelerada

Es difícil encontrar una expresión tan adecuada como “a lot of fun” para describir el impacto ambiental y social que trae la actividad extractiva de grandes empresas como Gran Colombia Gold. Hay que tener en cuenta que dichas empresas suelen aparecer, fusionarse y desaparecer con la misma rapidez con la que se agota el recurso.

Gracias al marco legal particularmente favorable que las rige, el tributo que corresponde pagar a estas empresas no supera el 4 por ciento sobre su producción anual. En cuanto al impacto ambiental, la responsabilidad de la empresa se limita a “trabajar con las autoridades ambientales locales para diseñar un plan de manejo ambiental para el área, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de ciertos estándares en la producción”, en palabras de José R. Oro, jefe operativo de la compañía en Segovia.

La expresión se ajusta al rol técnico de Oro, quien es ampliamente reconocido por su capacidad de acelerar la producción de cada mina que le es asignada y multiplicar las ganancias en tiempos muy cortos.

Además de ser ambigua, es una evidencia de la carga institucional que reciben las autoridades ambientales locales: solo después de que ha sido aprobada y titulada la extracción y se ha establecido un plan de explotación.

El impacto ambiental de la explotación minera en Segovia, solo por tomar un ejemplo, se hizo evidente a través de un estudio adelantado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Antioquia.

En el informe se explica cómo la cantidad de mercurio presente en el aire de Segovia supera en cinco veces el nivel máximo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), haciendo que el municipio se sitúe en el primer lugar de toda Latinoamérica en contaminación por mercurio.

Es preciso aclarar que la explotación de oro en Segovia tiene 150 años de historia, mucho antes de la llegada de Gran Colombia Gold. Sin embargo, la aceleración de la producción aurífera por parte de esta empresa ha impulsado indirectamente también el incremento de actividades de explotación ilegal, haciendo imposible el control del uso indiscriminado de este elemento químico, cuyos efectos nocivos para la salud humana van desde la ceguera,  pasando por la pérdida de los riñones hasta las malformaciones en neonatos. 

La política de la empresa no es clara en términos de mitigación del riesgo, de prevención del daño ambiental y de medidas para subsanarlo. Dentro de los documentos oficiales registrados hasta 2011 no se había definido ningún programa de mitigación del daño a pesar de que su plan de explotación proyectaba la remoción y procesamiento de 1.000 toneladas de tierra al día en la planta de María Dama.

Durante el año 2011, la compañía registró una producción promedio de 223 onzas diarias de oro.  Esto requirió el procesamiento de 660 toneladas de tierra.  Para extraer esa cantidad de onzas diarias se consumieron 4,4 millones de litros de agua al día (equivalente al agua de 2 piscinas olímpicas), agua que se mezcla con cianuro[4] y se inyecta a la tierra removida generando adicionalmente toneladas de residuos entre roca y barro.

 

Alta velocidad versus debilidad institucional

Si bien Hernán Martínez, exministro de Minas, insistió en que Colombia contaba con la capacidad institucional para afrontar los retos que trae consigo la bonanza minera, al parecer dicha capacidad se ha limitado a facilitar los procesos de consolidación de proyectos de extracción a gran escala, garantizando entre otros favores la flexibilidad ambiental y la institucionalización de una visión cortoplacista en términos de desarrollo.

Un ejemplo extraído de la historia reciente de Gran Colombia Gold: asumió el compromiso de mantener el mismo número de empleados en Segovia, pero tan sólo por un año de operaciones. Al año siguiente, efectivamente despidió al 40 por ciento de su fuerza laboral, para garantizar la reducción de costos y una mayor rentabilidad en la producción. El proyecto se había presentado como un aporte de gran magnitud para el desarrollo del municipio y en beneficio de sus pobladores.  Pero claro, en el cortísimo plazo de un año.

En fin, resulta sorprendente la velocidad a la que se agotan los recursos y a la que se ocasionan enormes daños ambientales y sociales. Así, la locomotora minera parece más un tren de alta velocidad que no se detiene ante nada, gracias a un marco institucional débil que permite el enriquecimiento de unos pocos en el corto plazo.

Esta dinámica tan sólo deja migajas laborales para los pocos que logran vincularse al ritmo de la lógica frenética de constitución–fusión–desaparición de las empresas extranjeras extractoras: a la hora de tomar medidas serias es muy probable que los responsables ya se hayan esfumado. 

* Politóloga. Joven Investigadora de la línea Democracia y Gobernabilidad del Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEPI de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.  Profesora de la Decanatura del Medio Universitario.



[1]Empresa que operará la mina a cielo abierto más grande del país en Marmato, Caldas 

[2]Expresado literalmente así en un comunicado oficial de la compañía en septiembre de 2010. Serían objeto de dicha agresividad: Antioquia y Nariño. La empresa cumplió con su palabra cuando en octubre de 2011 incumplió un compromiso de suspensión de actividades de exploración y propició un ataque brutal por parte del ESMAD a 30 campesinos que intentaban detener la actividad con su presencia. 

[3]Compañía que extrae carbón y actual poseedora de títulos de explotación en el Cesar. 

[4]El cianuro regresa a los cauces de los ríos poniendo en peligro a la población no necesariamente por efectos directos, sino por la mortandad en peses y animales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria.