Por Daniela Moreno Martínez, monitora de investigación de Congreso Visible

 

La legislación del aborto en Colombia

 

El debate sobre el aborto en Colombia se ha reabierto en la opinión pública tras la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Natalia Bernal en 2019 contra los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, y contra el artículo 122 del Código Penal colombiano. En la demanda, Bernal asegura que pudo verificar que los nasciturus -como los llama la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006- tienen la capacidad de sentir en el vientre de la mujer aun con apenas 26 semanas de gestación (El Espectador, 2019), y que por tanto, la Corte Constitucional debe declarar el aborto inconstitucional pretendiendo que el sistema de salud colombiano retire los procesos abortivos; pues, entre sus argumentos, ella sustenta que si se despenaliza el aborto habrá más mujeres violadas y además Colombia habrá incurrido en “genocidio” al permitir que los embarazos sean interrumpidos (El Espectador, 2019)[1]. Adicionalmente, en el mes de febrero del presente año Juan Pablo Medina demandó a su exnovia por haberse practicado un aborto con 7 meses de embarazo, alegando homicidio (BBC, 2019). El debate en la Corte Constitucional sobre penalizar totalmente el aborto o progresar en la garantía y ejercicio del derecho se ha puesto sobre la mesa desde 2019 gracias a la demanda de Bernal. Pero sin duda alguna, la coyuntura del aborto practicado por una mujer con 7 meses de embarazo encendió a la opinión pública en redes sociales para pronunciarse sobre la regulación de este derecho.

 

Según datos de Congreso Visible, desde 1998 a 2020 solo se han tramitado 9 proyectos de ley sobre el aborto en Colombia (con la etiqueta "aborto"). Según las cifras de la base de datos, de las 9 iniciativas legislativas, 7 fueron archivadas y 2 fueron retiradas por el autor del proyecto de ley. Es decir, el Congreso colombiano ha presentado muy pocos proyectos de ley que pretendan debatir sobre los derechos de la salud reproductiva de las mujeres entorno al aborto y, además, lo poco que ha tramitado, se ha hundido en el proceso legislativo. De los 9 proyectos presentados en el Congreso para evaluar el aborto como parte de la salud pública del país, 2 proyectos han sido claros frente a sus pretensiones: prohibir rotundamente el aborto y realizar campañas para tal fin. Los otros 6 proyectos de ley han procurado reformar la Constitución Política para admitir el aborto como un derecho, otros han pretendido establecer causales que permitan la legalización del aborto, y los restantes han sido tibios frente a los objetivos que persiguen, pues no es claro si pretenden penalizarlo o simplemente hacer pedagogía por una mayor responsabilidad de la salud sexual.

 

Países del mundo que legalizaron el aborto. Fuente: Center for Reproductive Rights. 

 

Según el Centro de Derechos Reproductivos, solo 67 países del mundo han legalizado el aborto, lo cual implica que tener la voluntad de interrumpir el embarazo es razón suficiente para exigir a la salud pública que se tramite el servicio de practicar dicho aborto (CDR, 2019). A partir de la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional colombiana reconoció 3 causales que permiten a las mujeres interrumpir su embarazo: 1) en caso de que este sea producto de acceso carnal violento, 2) en caso de que el feto tenga malformaciones que lo hagan incompatible con la vida, o 3) en caso de que la salud física o mental de la madre se encuentre en riesgo (Corte Constitucional, C-355/2006). Estas 3 condiciones declaradas por la jurisprudencia han permitido que cientos de mujeres en Colombia puedan abortar de forma legal y segura. El debate que hoy se pone sobre la mesa es si, a raíz de la demanda de la abogada Bernal y del caso particular de la mujer que se practicó un aborto legal en Profamilia con 7 meses de gestación, la Corte Constitucional debería penalizar el aborto sin importar las motivaciones ya declaradas por la misma rama, o si debería ampliar las motivaciones que permiten el ejercicio de este derecho de las mujeres.

Países del mundo donde abortar es legal solo en causas como: riesgo a la salud de la mujer, el embarazo es producto de violación sexual, o por condiciones socioeconómicas particulares que permiten para dicha jurisdicción permitir el aborto. Fuente: Center for Reproductive Rights. 

 

En primer lugar, es interesante comprender por qué el Congreso no ha legislado sobre el tema de forma seria en más de 20 años. Es bien sabido que los congresistas pocas veces tienen posiciones definidas entorno a temas que invocan la sensibilidad nacional, como la eutanasia, el consumo de dosis mínima, matrimonio y adopción por parte de parejas homosexuales, etc. Tomar posiciones sólidas entorno a este tipo de temas tiene un costo electoral, pues al tomar posición sobre temas tan sensibles como el aborto, un congresista puede asegurar los votos de un sector de la población, pero también perder el apoyo de otros. Idealmente, el objetivo de un foro democrático es que los debates políticos, económicos y sociales se lleven a cabo en la institución que por excelencia incluye sectores diversos de la sociedad para deliberar y decidir -como el Congreso de la República. Sin embargo, la situación del país entorno a la protección y ampliación de ciertos derechos fundamentales plantea un problema general académico y político profundo: ¿la protección de los derechos debería estar a cargo del poder de las mayorías eventuales o de la rama judicial? La pregunta concreta es ¿la despenalización del aborto debería estar a cargo de la democracia representativa, o a cargo de la Corte Constitucional?

 

No hay respuesta correcta para dicha pregunta. Por un lado, es deseable que el Congreso sea ese escenario donde se delibera y se decide entorno a los temas que necesitan ser atendidos por el bienestar general e individual de los ciudadanos. Ahora bien, cabe preguntarse si los intereses y preocupaciones de las mujeres se encuentran políticamente representados en el Congreso y si existen partidos políticos que abanderen de forma seria los derechos sexuales y reproductivos de ellas. El proyecto de ley más reciente presentado en el Congreso para despenalizar el aborto fue radicado en 2018 por el entonces Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. El último proyecto en el que los partidos políticos tomaron posición sobre el tema y pretendieron despenalizar el aborto fue en 2012 en una iniciativa legislativa liderada por el Polo Democrático Alternativo. Actualmente en el Congreso se encuentran solo 53 mujeres de 280 miembros que tiene la rama, lo cual sugiere que cuantitativamente, pocas mujeres en el Congreso pueden tener influencia sobre las decisiones que las conciernen o que involucran sus derechos sexuales. Cabe hacer la salvedad que la representación descriptiva (es decir, tener mujeres en el Congreso) no siempre se traduce en representación sustantiva (es decir, que dichas mujeres pretendan representar los intereses y preocupaciones de las mujeres en pro de su bienestar y una agenda política de género).

 

La Corte Constitucional colombiana determinó en la sentencia C-366 de 2006 que “la prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es abiertamente desproporcionada porque anula completamente los derechos de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad” (Sentencia C-366/2006). Es válido preguntarse si el poder del juez constitucional va en detrimento de la democracia directa, al estar bajo el supuesto de que un amplio sector de la opinión pública no apoya el aborto como un derecho que las mujeres deberían poder ejercer. La labor de la Corte Constitucional es velar por los derechos fundamentales y las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política colombiana incluso cuando la opinión de las mayorías se oponga al reconocimiento de dichos derechos. Una rama de la doctrina constitucionalista desconfía de la energía de las mayorías eventuales, por lo cual admite que la soberanía no recae directamente en el pueblo, sino en la constitución, postulando así la idea de soberanía constitucional como el fundamento que soporta que los jueces constitucionales defiendan los valores consagrados en la Carta Política y no la voluntad de las mayorías populares (Hesse, 2001).

 

El ejercicio jurídico que realizó la Corte Constitucional en el 2006 fue una ponderación de derechos que pretendía poner en la balanza la protección de la vida de las mujeres que no desean agotar su proyecto de vida en ser madres, versus los derechos de un nasciturus que tiene solamente la posibilidad potencialidad de desarrollar un proyecto de vida. La prohibición del aborto bien sea vía Congreso o vía Corte Constitucional, no evitará que las mujeres interrumpan un embarazo no deseado. La reglamentación del aborto y su reconocimiento como un derecho de las mujeres, permitiría por el contrario que ellas puedan acceder a métodos legales y seguros donde en vez de abortar con ganchos de ropa, aborten con las precauciones y apoyos médicos y psicológicos que una mujer necesita al someterse a un procedimiento que pone en riesgo sus vidas (Ginzburg, 2016; BBC, 2018; Amnistía Internacional, 2019).

 

El Congreso de la República debe poner sobre la mesa el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ampliando el margen de participación que ellas tienen en la agenda legislativa. Los Representantes a la Cámara y Senadores deben conectarse con los territorios y entender las condiciones precarias en las que cientos de mujeres viven por la ausencia de métodos seguros de planificación y falta de atención clínica para aquellas que no quieran someterse a un embarazo, bien sea por las razones expuestas por la Corte en la Sentencia C-355 de 2006, o porque simplemente no quieren ser madres. La Corte, por otro lado, tiene el deber de proteger la Constitución y defender los derechos de las minorías y los sujetos históricamente víctimas de discriminación aún cuando las mayorías pretendan ignorar que las mujeres como sujetos de derechos tienen la autonomía para determinar qué proyecto de vida quieren desarrollar como parte del libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la vida digna, el derecho a la igualdad y una garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.

 

Referencias:

Amnistía Internacional (2019). Datos clave sobre el aborto. Encontrado en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/datos-clave-sobre-el-aborto/

BBC (2018). Aborto en Argentina: por qué una percha se convirtió en un poderoso símbolo a favor de la desplenalización de esta práctica. Encontrado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45136748

Corte Constitucional Colombiana (10 de mayo de 2006). Sentencia C-366/006. Encontrado en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm

Center for Reproductive Rights (2019). The World’s Abortion Laws. Encontrado en: https://reproductiverights.org/worldabortionlaws?category[325]=325&category[295]=295&category[296]=296

Ginzburg, N (2016). Del aborto. En Las tareas de la casa y otros ensayos. Editorial Penguin Random House: Colombia. Primera impresión: Pp 268-270.

Pardo, D (20120). Aborto en Colombia: el caso de interrupción del embarazo a los 7 meses de gestación que reavivó el debate en ese país. BBC News. Encontrado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51483601

El Espectador (2019). Habla abogada que reabrió debate sobre el aborto en la Corte Constitucional. Encontrado en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/habla-la-abogada-que-reabrio-debate-sobre-el-aborto-en-la-corte-constitucional-articulo-894169

Hesse, Konrad (2001). “Constitución y derecho constitucional”, en Benda, E. et al.: Manual de derecho constitucional. Marcial Pons, Madrid.

 

[1] Puede consultar la entrevista completa del diario El Espectador a la abogada Natalia Bernal en el siguiente enlace: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/habla-la-abogada-que-reabrio-debate-sobre-el-aborto-en-la-corte-constitucional-articulo-894169