El país fue testigo de un hecho sin precedentes en la historia de la justicia colombiana. La renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y de la Vicefiscal María Paulina Riveros a sus cargos, sienta un precedente grave para la institucionalidad del Estado.

El jefe del ente investigador estaba en una cruzada importante en contra de la impunidad y el narcotráfico que azotan al país, acción que se vio frenada por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de validar la impunidad para Jesús Santrich al negar su extradición. Un claro prevaricato por extralimitación de funciones y desconocimiento de las competencias de la Fiscalía.

La polémica decisión de la JEP de no entregar al exjefe guerrillero Jesús Santrich a Estados Unidos; país que lo requiere por el delito de narcotráfico, cometido posterior al primero de diciembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo Santos-Farc, no solo hace daño a la institucionalidad, a los compromisos de cooperación internacional previamente establecidos de lucha contra el narcotráfico; sino que deja en la impunidad su conducta criminal y da un mensaje de que los de la Farc son intocables y de protección a los reincidentes en actividades criminales.

Pero además, la decisión de la JEP de desconocer la decisión de la Fiscalía de ordenar su captura con fines de extradición, basados en el amplio material probatorio que reposa en el indicment (acusación) de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) que lleva el proceso de este delincuente, genera lo que identificó el presidente Duque en una de las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP: la urgencia de precisar  las competencias de la Fiscalía y de ese tribunal en estos temas.

Es responsabilidad de quienes están arrodillados al acuerdo de paz y de quienes defienden que tocar a las Farc es 'poner en riesgo la paz', lo cual no es cierto, que el país esté viviendo una tormenta judicial sin precedentes y que de paso se esté logrando sepultar la extradición.

Urge preservar la extradición como una de las herramientas fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, el mensaje no puede ser que la impunidad es premio para los victimarios.

Este escenario era el que el presidente Iván Duque quería evitar con las seis objeciones que hizo a la Ley Estatutaria de la JEP para defender a las víctimas, la extradición por delitos de narcotráfico y definir competencias entre estas dos instituciones: la JEP cuestionada y la Fiscalía reconocida.

Lamento la determinación irrevocable del Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, el país y la rama judicial pierden a un hombre que se dedicó a golpear todos los eslabones de las cadenas criminales sin temor y con firmeza.

La JEP comprueba una vez más que en su afán de actuar y defender a las Farc, solo toma decisiones equivocadas que no brindan garantías ni a las víctimas, ni al país. 

Como dijo Álvaro Gómez  “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.