Por: Mónica Gómez Ardila. Investigadora. Congreso Visible.

 

¿Qué propone el Congreso en Lucha contra las drogas?

 

Parte I

 

Regulación de la Marihuana de Uso Adulto: ¿Utopía o realidad?

 

La verdadera terminación del conflicto armado y la verdadera construcción de una paz estable y duradera nunca será posible en Colombia mientras subsista el lucrativo negocio del narcotráfico; y este, a su vez, permanecerá mientras exista el prohibicionismo estatal

 

El próximo mes de noviembre se cumplen ya cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y, a pesar de lo que representa este hito histórico, la crueldad y brutalidad de la guerra solo se han intensificado a lo largo y ancho de todo el país. La esperanza de paz se difumina cada vez más con el recrudecimiento de la violencia sistemática, principalmente, pero no únicamente, en los territorios más afectados por el narcotráfico. Sin duda, una paradoja difícil de entender que la subyace una explicación muy sencilla: Mientras existan cultivos ilícitos derivados de una política prohibicionista, existirán también grupos armados narcotraficantes dispuestos a perpetuar los horrores de la guerra. La disputa entre estos grupos armados por los territorios donde abundan los cultivos ilícitos que  buscan usufructuar a cualquier precio ha dejado en lo corrido de este año 214  líderes sociales y defensores de DD.HH. brutalmente acribillados, 42 excombatientes asesinados y 57 masacres con más de 270 colombianos muertos (Indepaz, 2020).

 

En respuesta a esta dramática situación, se ha consolidado una alianza multipartidista en el Congreso de la República que buscará sacar adelante varias iniciativas en materia de lucha contra las drogas a través de un cambio de enfoque en dicha política. Así pues, convencidos de que la única solución para el fin del conflicto, alimentado por el narcotráfico, es la regulación, el bloque de proyectos se cimentará en un cambio de paradigma, del prohibicionismo a la regulación. Para tal fin, se han propuesto tres proyectos clave que le apuntan a este objetivo, estos son: (i) la regulación de la Marihuana de Uso Adulto (MUA) o también llamada recreativa, del Senador de Decentes, Gustavo Bolívar; (ii) la regulación de la hoja de coca,  del Senador Verde, Iván Marulanda y; (iii) la prohibición del glifosato para erradicación de cultivos de uso ilícito, del también Senador Verde, Antonio Sanguino. El primero de estos proyectos es el objeto del presente artículo, los 2 restantes se analizarán posteriormente. El Senador Bolívar, autor de este Proyecto y defensor acérrimo de la regulación, desde hace un año viene liderando acciones, dentro y fuera del Congreso, en favor de la regulación de la MUA, pues cree fervientemente que éste es el único camino efectivo en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que se nutren de él. Congreso Visible dialogó con el Senador Bolívar, quien explicó en detalle las causas, los efectos y el contenido de esta importante iniciativa radicada al inicio de esta legislatura. Sin embargo, antes de ahondar en dicho Proyecto, es primordial conocer el contexto internacional de la legalización, ejemplificado en dos de los casos más emblemáticos en el mundo.

 

Contexto internacional de la legalización de la Marihuana de Uso Adulto

 

En los últimos diez años, el número de consumidores de drogas a nivel mundial ha aumentado 30%. Entre todas las drogas, la demanda de marihuana sigue siendo la más alta a nivel mundial, con un estimado de 188 millones de consumidores en 2019; y, aunque la tendencia global de consumo de cannabis se mantiene estable, en América y Asia continúa al alza (UNODC, 2019). Ahora, por el lado de la oferta, las ventas mundiales, en 2018, registraron un incremento del 17% con respecto al año anterior, mientras que el aumento en 2019 superó con creces los años anteriores, con un alza de 45,7%, alcanzando una suma de USD 14,9 billones, que para el 2024 se prevé llegará a USD 42,7 billones (Arcview Group & BDS Analytics, 2020). El vertiginoso aumento tanto en la demanda como en la oferta de cannabis a nivel mundial explica por qué el debate de la legalización de la marihuana está presente en el mundo desde hace ya más de dos décadas. Países como Portugal, Holanda, Canadá, Uruguay –en América Latina- y 11 estados junto con Washington D.C en los Estados Unidos ya han cruzado la controvertida línea que separa la prohibición de la legalización de la MUA.

 

Uno de los casos más representativos es el de Portugal, que en 2001 se convirtió en el primer país en el mundo en legalizar todas las sustancias psicoactivas con fines recreativos. Desde entonces, su política de descriminalización, basada en la prevención, ha dado resultados sorprendentemente positivos. Durante la década de 1990, Portugal ostentaba la mayor tasa de consumo de opioides en toda Europa, además de tener serios problemas de contagios de VIH, muertes y criminalidad a causa de drogadicción. A pesar de haber tomado una postura armamentista, llevando a cabo una guerra frontal contra las drogas –de acuerdo a las pautas norteamericanas-, las altas y crecientes cifras en consumo, muertes, enfermedades y criminalidad por esta causa evidenciaban el fracaso de la estrategia guerrista implementada por casi dos décadas. Por esta razón, en 2001, el gobierno tomó la decisión de despenalizar el porte y consumo de todas las sustancias ilícitas. Esta medida legislativa estuvo acompañada de una fuerte política pública de salud orientada a la prevención y al tratamiento de la enfermedad de la adicción. Casi dos décadas después de su implementación, el modelo portugués de legalización es referente mundial, soportado en las estadísticas que demuestran la dramática caída de todos los indicadores expuestos anteriormente. (Transform Drug Policy Foundation, 2019).

 

Por otro lado, el caso de los Estados Unidos es bastante particular, por lo que merece una mención especial, pues a pesar de encarnar el paradigma vivo de la lucha armada y frontal contra las drogas frente a la comunidad internacional, en muy corto tiempo, varios de sus estados ya han legalizado la MUA. En 2012, el estado de Colorado y Washington D.C. fueron los primeros en dar el paso hacia la legalización; y, desde entonces, cada vez son más los estados que se suman a este creciente grupo. En 33 de los 50 estados la marihuana medicinal es legal; en tan solo 8 años, 11 estados ya han legalizado la MUA y; 9 más están en proceso de legalización (Drug Policy Alliance, 2018). Es decir que, de seguir esta tendencia, en 22,5 años, a lo sumo, la legalización de la MUA sería un hecho en la totalidad de los estados del país norteamericano. Este tránsito a pasos agigantados hacia la legalización es revelador, pues significa, nada más ni nada menos, que el mayor patrocinador y promotor de la prohibición en el mundo está cambiando de paradigma en materia de drogas; paradójico, cuando menos, que mientras EE.UU flexibiliza su legislación y legaliza, Colombia se empecina en endurecer las leyes para mantener la prohibición a perpetuidad. Así se evidencia el poder y la influencia del discurso dominante norteamericano antidrogas en Colombia, bajo el cual, se ha propiciado y justificado la política armamentística antidrogas que se ha implementado en el país desde sus orígenes con el Plan Colombia, y hasta hoy.

 

Igualmente, vale la pena mencionar que el negocio de la MUA en EE.UU. no solo ha excedido los estimativos que se tenían sobre las rentas estatales por concepto de impuestos, licencias y ventas, sino que además, ha dinamizado su economía generado gran cantidad de puestos de trabajos; de igual manera, han disminuido los arrestos por esta causa y así el hacinamiento carcelario y los costos asociados y; también, ha producido un gran impacto social, mejorando significativamente el bienestar de los ciudadanos al cerrar brechas de pobreza entre los mismos, pues los ingresos obtenidos, en su mayoría, se han invertido en gasto social (Drug Policy Alliance, 2018).

 

El caso colombiano

 

Legalización de la Marihuana con Fines Medicinales

 

Colombia ha dado ya sus primeros pasos en el camino hacia la legalización. El 2 de septiembre de 2014, el entonces senador Juan Manuel Galán, radicó el Proyecto de Ley No. 080 de 2014. El objeto de dicha iniciativa, posteriormente aprobada, era “crear un marco para la regulación del cannabis en el territorio nacional colombiano, con fines terapéuticos, medicinales o científicos” (Senado de la República, 2014). Para tal fin, el Estado colombiano, a través de los Ministerios de Justicia y Salud, hoy en día otorga las licencias que autorizan a los poseedores de las mismas para sembrar, cultivar, producir y comercializar el cannabis y todos sus derivados, mas únicamente con fines de investigación científica o para la elaboración de productos medicinales. Por tanto, dicho objetivo se distancia de la regulación de la MUA, pues su foco se centra en ofrecer a los pacientes, predominantemente crónicos, una herramienta valiosa para sobrellevar los síntomas ocasionados por su condición médica. Este Proyecto fue apoyado por varios parlamentarios, académicos, farmacéuticas y organizaciones de la sociedad civil; así como también por el entonces Presidente, Juan Manuel Santos, y por sus ministros del interior y salud, Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria, respectivamente. Finalmente, el 6 de julio de 2016, el primer mandatario sancionó la Ley 1787 de 2016, dando luz verde a la producción y consumo de marihuana medicinal en Colombia (Senado de la República, 2014).

 

Ahora bien, es cierto que la legalización de la Marihuana con Fines Medicinales (MFM) ha traído beneficios económicos al país en su conjunto y que, además, representa un avance en la lucha contra la ilegalidad; pero también es cierto que su implementación ha brindado ínfimas oportunidades de participación directa en este mercado a las comunidades rurales más afectadas por la lucha armada a causa de los cultivos ilícitos. A su vez,  la disparidad en el acceso a este lucrativo mercado ha exacerbado la ya abrumadora desigualdad social en Colombia. Así lo evidencia la Ley 1787 de 2016, la cual establece que para poder solicitar una licencia, se debe pagar previamente una tarifa de trámite de aproximadamente $4’869.322,08; si y solo si la documentación es aceptada, se podrá pagar el monto correspondiente a la licencia que confiere el derecho legal de producir y/o comercializar; dependiendo del tipo de licencia, su valor oscila entre $10.297.214,39 y $36.027.668,53, para el año 2020, con una vigencia de 5 años y posibilidad de reexpedición condicionada al desembolso de un nuevo pago (Ministerio de Justicia, 2020; Ministerio de Salud, 2020). Además de estos desembolsos, aquellos que desean incursionar en este fructífero mercado deben presupuestar el pago de abogados, agrónomos, ingenieros químicos, técnicos, etc., para poder competir con las poderosas multinacionales que, en tan poco tiempo, ya han logrado cooptar el mercado interno de la MFM. Y es que estas empresas extranjeras no solamente cuentan con copiosos recursos económicos, humanos y técnico-científicos, sino que, adicionalmente, han comprado miles de hectáreas de tierra fértil para cultivar y, también, han adquirido numerosas empresas locales dedicadas al negocio (BBC News, 2018), logrando así adquirir un enorme poder de mercado que las faculta a fijar precios que, por lo general, hacen que los pequeños productores no sean competitivos. Lo anterior es posible gracias al contenido de la legislación colombiana en la materia, excesivamente permisivo con las empresas transnacionales, que propicia, al menos indirectamente, un modelo de mercado que fomenta aún más la desigualdad social en el país. Es más, las ganancias de dichas empresas han sido tan exorbitantes, que han logrado llamar la atención de multinacionales dedicadas tradicionalmente al negocio del licor, el tabaco y los refrescos -industrias de por sí bastante lucrativas. Por eso, desde 2018, algunas de las más poderosas de estas empresas, como la tabacalera Marlboro o la cervecera Corona incursionaron en el negocio de la marihuana medicinal y recreativa; mientras que Coca Cola ha manifestado sus intenciones de seguirles los pasos (El Espectador, 2018).

 

Así las cosas, los altos costos en tramitología, licencias y personal capacitado, así como la competencia desigual han otorgado automáticamente una ventaja competitiva a las grandes multinacionales. Esto, a su vez, ha provocado una masiva llegada y participación de las mismas, mayoritariamente de las gigantes canadienses, quienes dominan y controlan toda la cadena productiva de la MFM en el país, dejando rezagados a los pequeños y medianos productores, especialmente a los campesinos y comunidades rurales que, paradójicamente, son quienes más cruelmente han sufrido las nefastas consecuencias del conflicto armado, donde los cultivos ilícitos juegan un rol preponderante. En consecuencia, el error radica, esencialmente, en las falta de especificidades y los vacíos del contenido normativo de la Ley 1787 de 2016, los cuales, aunque indirectamente, han condenado a estos cultivadores a continuar trabajando como jornaleros asalariados, en lugar de impulsarlos a surgir como empresarios.

 

Regulación de la Marihuana de Uso Adulto en el Congreso de la República

 

Pues bien, así como numerosos países se vieron enfrentados en su momento a la disyuntiva entre la lucha armada o la regulación para confrontar eficientemente el flagelo de las drogas, hoy Colombia también afronta el mismo dilema en el Congreso: la continuidad de la política prohibicionista-armamentística o el tránsito hacia una política de regulación. En este sentido, el Senador Gustavo Bolívar, pone, una vez más, la regulación de la MUA en el debate público y legislativo. Previamente al Proyecto del Senador Bolívar, ya se habían presentado otros tipos de iniciativas legislativas referentes a la marihuana, como la legalización de la MFM, expuesto anteriormente. De otro lado, el Representante liberal por Bogotá, Juan Carlos Losada, presentó en agosto de 2019 un Proyecto de Acto Legislativo para modificar el artículo 49 de la Constitución Política de forma tal que se levantase el impedimento constitucional de legislar sobre sustancias psicoactivas; no obstante, el contenido del Proyecto no ahondaba más allá de esta mera pretensión. Esta iniciativa alcanzó a cursar primer debate, pero, posteriormente, se hundió por trámite legislativo; razón por la cual, el Representante Losada la ha vuelto a presentar en esta legislatura en coautoría con el también  Representante Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri.

 

Sin embargo, a pesar de los legítimos propósitos  de la iniciativa del Representante Losada, es necesario poner de manifiesto que su contenido adolece de amplias generalizaciones, lo cual genera vacíos y ambigüedades que, posteriormente, durante la reglamentación de las leyes, podría prestarse para múltiples interpretaciones, por lo general en detrimento de las poblaciones más vulnerables. Además, el articulado del Proyecto carece de componente social, especialmente importante en este tipo de proyectos que tratan temas de legalización de la producción y consumo de drogas, pues al no incluirlo explícita y detalladamente se desprotege la vulnerabilidad de las comunidades campesinas frente a los emporios comerciales ávidos de participar en estos mercados. Reflejo de lo anterior, son las falencias de la Ley 1787 de 2016, expuesta previamente, la cual ha privilegiado a las grandes multinacionales sobre las comunidades rurales locales.

 

Así, el Senador Bolívar es el primer parlamentario que se atreve a hacer una apuesta audaz por la regulación de la MUA con un proyecto de ley cuyo eje central es la participación activa y la obtención del máximo beneficio de las comunidades rurales más afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado. Con un articulado mucho más elaborado y detallado busca resarcir los daños, errores y ambivalencias de otros proyectos, pasados y presentes, con respecto a la marihuana. Una verdadera odisea, pues en un país tan conservador en la materia y, además, con un gobierno abierta y categóricamente opuesto a la regulación, el Proyecto del Senador Bolívar no tendrá un camino fácil en la búsqueda de un cambio de paradigma en la política antidrogas a través de la regulación de la MUA. No obstante, el Senador afirma estar dispuesto a dar la batalla por esta causa que considera apremiante e imperativa para lograr la verdadera paz en los territorios.

 

Y es que las dificultades se hicieron evidentes desde sus inicios, cuando el Proyecto fue presentado por primera vez, en septiembre de 2019, para ser debatido en la Comisión Primera del Senado. El Senador Bolívar recuerda que su colega del Centro Democrático, Santiago Valencia, entonces presidente de dicha Comisión, dio siempre prioridad a los proyectos de su partido para ser debatidos y relegó los de sus opositores, por lo que nunca estuvo siquiera en el orden del día y, al no haber alcanzado a cursar primer debate, quedo archivado en tránsito; o, en términos coloquiales, se cayó. Es por esta razón que las mesas directivas son tan relevantes, tanto en las comisiones como en las plenarias, pues tienen la potestad, entre otras cosas, de decidir cuáles iniciativas entran en el orden del día para ser debatidas y cuáles no. Sin embargo, este procedimiento de trámite legislativo está avalado por la Ley 5 de 1992, la cual rige el funcionamiento del Congreso. Al respecto, el parlamentario de Decentes dice que ha pensado proponer una reforma a esta Ley para que las ponencias se adjudiquen por reparto, como en el poder judicial; así, se abriría una posibilidad real de que proyectos de cualquier orilla política, especialmente aquellos de las minorías y de la oposición, fuesen debatidos en igualdad de condiciones, de modo tal que los presidentes de las mesas directivas no podrían seleccionar a dedo las iniciativas que entran al debate y las que no, como ocurre en la actualidad. No obstante, pese a todas estas vicisitudes, el Proyecto del Senador surge nuevamente en esta legislatura, pero con algunos cambios en su articulado.

 

¿En qué consiste el Proyecto para regular la Marihuana de Uso Adulto?

 

El Proyecto de Ley por medio del cual se regula la MUA en Colombia pretende crear un marco regulatorio para la producción, comercialización y consumo del cannabis y sus derivados para uso adulto con fines recreativos. Concretamente, esta iniciativa busca la consecución de cuatro objetivos principales: (i) desincentivar el mercado ilegal del cannabis y por ende la violencia conexa; (ii) asegurar que los campesinos y comunidades tradicionalmente afectadas por el narcotráfico y la guerra tengan una vida digna; (iii) generar rentas estatales por concepto de impuestos, licencias y ventas de MUA y; (iv) proveer a los consumidores de un sistema de salud que atienda sus necesidades en materia de consumo y adicción (Proyecto de Ley Cannabis de Uso Adulto, 2020). Así, el Proyecto abarca varios principios rectores por medio de los cuales se regirá la regulación de la MUA, entre los cuales se destacan, por ejemplo, la defensa de los DD.HH., la construcción de paz -basada en el punto 4 del Acuerdo de Paz que trata sobre narcotráfico- la protección ambiental, la justicia social, la defensa de los derechos de niños y adolescentes como sujetos de especial protección y, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico. Este Proyecto tiene un fuerte contenido social construido en conjunto con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado en los territorios, que lo catapultan como una política antidrogas verdaderamente vanguardista, encaminada a la defensa de quienes históricamente han sufrido las consecuencias más atroces de la guerra asociadas al negocio ilegal de las drogas.

 

Pero, ¿por qué este proyecto justo ahora?

 

Dice un conocido adagio popular que “locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”. Pues en Colombia, los últimos ocho gobiernos han pretendido, durante los últimos 40 años, acabar con el narcotráfico con la misma política: el prohibicionismo estatal respaldado con la fuerza armada; esto, a pesar de que numerosos estudios de renombre demuestran que ni la demanda, ni la oferta de marihuana se han reducido con este método. Sin duda una incongruencia, pues cuesta creer que el fracaso manifiesto de esta política, cuatro décadas después, no haya propiciado un viraje en la lucha contra las drogas. Al respecto, el Senador Bolívar afirma que los efectos que ha provocado esta política armamentística han sido completamente opuestos a los que se buscaban con su implementación, pues a pesar de una multimillonaria inversión de USD140.600 millones, durante los 15 años del Plan Colombia, la producción ha aumentado de 134 mil hectáreas sembradas a más de 150 mil, el consumo también se ha incrementado y las muertes directas por esta causa alcanzaron las 31.000 personas en el año 2015.

 

De otro lado, el Congresista promotor de esta iniciativa arguye que el mercado de las drogas maneja una dinámica transnacional con una demanda creciente que incide directamente en la producción de marihuana en Colombia; razón por la cual la posibilidad de que el comercio de marihuana vaya a acabarse es nula. En efecto, como se explicó anteriormente, el número de consumidores de marihuana a nivel mundial aumenta cada año, llegando a 118 millones de personas en 2019. Dicho de otro modo, cualquier esfuerzo que se lleve a cabo para erradicar los cultivos ilícitos y acabar con la producción de marihuana en Colombia será infructuoso porque cuanto más demanda internacional haya, habrá mayor oferta nacional.

 

 Según el Senador Bolívar, las cifras son claras y hablan por sí solas, pues reflejan el fracaso de la política prohibicionista del Estado colombiano al no responder con eficacia a las realidades globales y nacionales que demuestran un crecimiento tanto en la producción como en el consumo, además de la clara tendencia mundial a la legalización. Para el legislador es incomprensible que Colombia insista en perpetuar una política antidrogas obsoleta, anacrónica e ineficiente que ha ignorado deliberadamente, durante cuatro décadas consecutivas, los desastrosos efectos adversos y las múltiples externalidades negativas que ha dejado la guerra por la disputa de los territorios donde se encuentran los cultivos ilícitos.

 

¿Cómo se elaboró el proyecto?

 

En primer lugar, para elaborar el Proyecto de Ley, el Senador y su UTL realizaron un trabajo de campo en los territorios más afectados por el conflicto armado, donde los cultivos ilícitos de marihuana han sido históricamente fuente de violencia y retraso para las comunidades que los habitan. Cuenta el parlamentario que se llevaron a cabo audiencias públicas en Popayán, Cauca y Tumaco con más de mil personas entre líderes locales, indígenas, campesinos cultivadores y miembros de las comunidades. También se reunieron con representantes de Open Society Foundations y Drug Policy Alliace en Nueva York para debatir el tema de la legalización. En Bogotá, se establecieron mesas de trabajo y diálogos con la COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), plataforma que coordina campesinos productores de cultivos ilícitos que buscan el tránsito hacia los cultivos lícitos. Dichas audiencias y diálogos se establecieron con el fin de establecer como eje central de la elaboración del Proyecto la perspectiva de estas comunidades frente a la regulación de la MUA. Así, el Proyecto fue diseñado en estricto consenso con estos grupos poblacionales, priorizando su bienestar y desarrollo sobre el de otros grupos de la sociedad. De ahí, el fuerte contenido social y rural del Proyecto. Cabe resaltar que además, la propuesta fue expuesta frente a Red Papaz, quienes han dado su apoyo al Proyecto por minimizar riesgos de salud y violencia para los niños y jóvenes, pues gran parte de los ingresos recaudados por concepto de la regulación de la MUA serían destinados a la implementación de una poderosa política pública de prevención y tratamiento de adicción, similar al exitoso modelo portugués.

 

 ¿Cuál es el enfoque de priorización de las comunidades rurales?

 

De acuerdo con el Senador Bolívar, durante las giras en los territorios se evidenció gran inconformidad de las comunidades frente a la implementación de la legalización de la MFM, pues según los propios campesinos, además de que los requisitos impuestos por el gobierno para solicitar las licencias son extremadamente disímiles, el valor de las mismas es completamente desmesurado para ellos. En efecto, tal como se expuso anteriormente, la estructura del contenido de la Ley 1787 de 2016, por medio de la cual se legalizó la MFM es vaga y carece del detalle pertinente con respecto a la participación de las poblaciones rurales en este mercado. En consecuencia, estos vacíos fueron posteriormente reglamentados burocráticamente por los Ministerios de Justicia y Salud; lo que ocasionó la disparidad en la competencia entre oferentes, perjudicando a aquellos que tradicionalmente han cultivado marihuana en los territorios.

 

El Congresista asegura que el descontento de campesinos e indígenas es evidente, razón por la cual los ha puesto como protagonistas de este Proyecto. En palabras del Senador, este Proyecto está pensado y diseñado principalmente para otorgar los máximos beneficios derivados de la potencial regulación de la MUA a estas comunidades. Por tanto, a diferencia de la Ley 1787 de 2016 y del Proyecto de Acto Legislativo del Representante Losada, esta iniciativa regula al detalle tanto la implementación como la forma de otorgar licencias; justamente para evitar vacíos que perjudiquen posteriormente a los campesinos. Para tal fin, se propone la creación del ICORECA (Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis), tal como se ha hecho en los países donde la legalización de la MUA ya es una realidad. Dicha entidad sería la encargada de otorgar las licencias, dándole prioridad a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sobre las multinacionales. Así, para obtener una licencia, estas empresas deberán estar asociadas a una cooperativa de campesinos, al dueño de la tierra o a un campesino. Adicionalmente, el 35% de las licencias será para usufructo exclusivo de estas comunidades. De esta forma, se pretende acabar con la disparidad y desigualdad que tienden a generar estas leyes cuando albergan vacíos en su articulado. No obstante, el legislador es claro en afirmar que el Proyecto no pretende excluir la participación de grandes empresas, pues son éstas quienes aportan ciencia, tecnología y desarrollo; mas su intención sí es evitar que este multimillonario negocio se quede únicamente en sus manos, como efectivamente viene sucediendo con la MFM.

Regulación de la Marihuana de Uso Adulto: ¿Utopía o realidad?

 

El ambiente está dado, dice el Senador Bolívar. El Proyecto fue firmado por 34 Congresistas integrantes de la alianza multipartidista compuesta por parlamentarios de Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal y los seis partidos de la bancada alternativa. Incluso, el autor del Proyecto asegura que ya hay mayorías en la Comisión Primera, la cual preside un miembro del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, por lo que es muy factible que sea debatido prontamente. Con todo, la plenaria será sin duda un tanto más complicada, pues las cuentas no son tan claras como en comisión. En extremos opuestos se encuentran la bancada de gobierno y la bancada de oposición con 53 y 23 senadores respectivamente. Si bien es cierto que el Senador Bolívar cuenta con el apoyo de algunos independientes, es incierta la posición que tomarán la mayoría de ellos y, teniendo en cuenta que en total suman 32 parlamentarios, fácilmente podrían inclinar la balanza para cualquiera de los dos lados. Ahora, de pasar en Senado, entraría a debate en la Cámara Baja, donde también existen probabilidades de éxito, pues recordemos que el Acto Legislativo relativo a este mismo tema, de autoría del Representante Juan Carlos Losada, ya pasó primer debate en 2019, lo cual indica que, al menos en la Comisión Primera, hay un ambiente propicio. El Senador Bolívar piensa que el éxito de este Proyecto en esta Corporación es muy factible, pues ya existe la voluntad política necesaria para sacarlo adelante. Cada vez son más los parlamentarios que consideran infructuoso el exorbitante gasto destinado a la lucha armada contra las drogas y esto se verá reflejado en los debates y votaciones que están por venir. No obstante, pese al entorno favorable que rodea al Proyecto, el Senador Bolívar es consciente de que la regulación de la MUA es solo un primer paso en el largo camino de la legalización de las drogas, pues, insiste en afirmar que Colombia solo podrá obtener la paz cuando se regulen todas las sustancias psicoactivas.

 

Así las cosas, la regulación de la MUA en Colombia, en un mediano plazo, ya no es una utopía y bien podría convertirse en realidad: Hay una creciente tendencia internacional que evidencia el inminente cambio de paradigma; hay voluntad política por gran parte del legislativo; hay un creciente apoyo de los diferentes grupos de la sociedad civil; hay, en realidad, 9.041.303 [1] razones para hacer de la regulación de la MUA una realidad.

 

 

 [1] Personas reconocidas como víctimas del conflicto armado interno e incluidas en el Registro Único de Víctimas -RUV- por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno de Colombia.

 

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