La presente ley establece medidas de coordinación, oportunidad, continuidad y eliminación de reprocesos administrativos frente a los traslados por necesidades del servicio del personal uniformado de la Policía Nacional, con el fin de proteger la continuidad educativa de sus hijos y beneficiarios educativos y la continuidad integral de la atención en salud del personal trasladado y de sus beneficiarios. Para el cumplimiento de este objeto, la ley define responsabilidades institucionales, rutas de atención, mecanismos de seguimiento, intercambio seguro de información y acciones de mejoramiento, sin modificar la naturaleza, cobertura, requisitos de acceso, financiación ni régimen de beneficios de los servicios educativos y de salud existentes.