La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo estricto y permanente de austeridad en el gasto público, mediante la fijación de techos presupuestales, la eliminación de privilegios y gastos suntuarios, así como la racionalización de la estructura del Estado, con el fin de proteger el patrimonio público, garantizar la vigencia efectiva de los principios de economía, eficacia, responsabilidad y moralidad administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993, y destinar los recursos ahorrados a la inversión social prioritaria de que trata el artículo 334 de la Constitución Política.