El proyecto de ley propone la supresión de la Veeduría Distrital de Bogotá con el fin de racionalizar y optimizar la estructura administrativa del Distrito Capital, considerando que sus funciones pueden ser asumidas por la Contraloría de Bogotá y la Personería Distrital, entidades que cuentan con competencias suficientes en materia de vigilancia, control y prevención. La iniciativa establece un régimen de transición para garantizar la continuidad de los trámites, evitar vacíos institucionales y proteger los derechos laborales de los servidores públicos afectados. Asimismo, busca reducir duplicidades administrativas, mejorar la eficiencia del gasto público y destinar los recursos ahorrados a otros sectores.