Balance general veeduría Comisión Legal Afro y representantes de curules afro

La Fundación ACUA presenta un resumen de la actividad legislativa de la Comisión Especial Afro y los representantes de la curul afro en el Congreso. El objetivo es mostrar el panorama de la legislatura 2019-2020 en relación a los intereses y medidas relevantes para las comunidades afrocolombianas.

BALANCE GENERAL

VEEDURÍA COMISIÓN LEGAL AFRO Y REPRESENTANTES DE CURULES AFRO

Realizado por: Juan Sebastián Santoyo y Lina Córdoba de la Fundación ACUA

Julio de 2020

La Fundación ACUA - Activos Culturales Afro, presenta un balance general que resume la actividad legislativa de la Comisión Especial Afro, así como el ejercicio congresional de los representantes de la curul afro. Este balance, acompañado de la infografía sobre la gestión  y las decisiones políticas relativas a comunidades NARP, busca presentarle a los lectores un panorama de la legislatura del año 2019-2020, conforme a los intereses de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras - NARP, a nivel territorial y nacional, así como las posturas y medidas más relevantes de los representantes de la curul afro.

Este ejercicio releva de interés general ya que, pese a que la Ley 70 crea diversas dependencias en el orden nacional para impulsar la agenda de las comunidades afrocolombianas, la gestión e impacto que han tenido en la agenda nacional y en la vida de las comunidades pasa muchas veces desapercibida. Este ejercicio es importante para trazar cómo avanza la agenda afrocolombiana en dos espacios legislativos centrales que son: la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, creada específicamente para tratar asuntos de comunidades NARP a través de propuestas normativas y políticas que contribuyan a la superación de las grandes desigualdades que separan a los afrocolombianos del resto de la sociedad y las dos curules afro, que aseguran la representatividad de las comunidades afrodescendientes en el Congreso.

La Comisión Legal Afro

La legislatura 2019 – 2020, y por supuesto, el segundo período legislativo, fue sin lugar a duda singular e inédito por el contexto de crisis sanitaria producida por el covid-19. Si bien fue una legislatura en la que solo 2 de 9 sesiones de la Comisión Legal Afro fueron presenciales, ha sido mucho más activa y debatida que la anterior (2018 – 2019) que registró solo 6 sesiones de comisión.

En la legislatura anterior (2018-2019) las sesiones de la Comisión Legal Afro centraron su trabajo en la discusión del entonces nuevo Plan Nacional de Desarrollo - PND (2018-2022), presentado por el actual Gobierno. El debate se centró en primer lugar en la falta de actualización de las cifras del censo de la población afrocolombiana, debido a que el nuevo PND se realizó con proyecciones de 2005 y la encuesta de hogares de 2016[1]. Las proyecciones de la población NARP en 2005 correspondían a 10,62% del total de la población colombiana[2], lo cual significa una reducción de 30,8% si se comparan con estimaciones de estudios universitarios que presentan resultados que combinan diferentes criterios, y rondan en un cálculo del 18% de población afrocolombiana (Urrea-Giraldo, 2006).”

Esta discusión continúa vigente en la medida que el debate de control político realizado en noviembre 2019[3] fue aprobado, pero continúa en trámite y miembros de la sociedad civil han solicitado a la Comisión Legal Afro, estudiar la metodología del DANE para entender el subregistro[4].

En este balance presenta una especial veeduría sobre las expectativas de los dos últimos presidentes de la Comisión Legal Afro, Milton Angulo Viveros (2018-2019) y Jorge Méndez Hernández (2019-2020), que han sido, por un lado, asegurar la ejecución de los 19 billones de pesos aprobados en el PND, como también defender y hacer avanzar los procesos y deudas históricas que el gobierno tiene con la población NARP como es la reglamentación integral de los capítulos IV,V,VI y VII de Ley 70 de 1993, y las centenas de solicitudes de titulación colectiva retrasadas en la Agencia Nacional de Tierras - ANT.

El enfoque étnico del PND 2018-2022

Es importante recordar que por primera vez, un PND integra un artículo propio enfocado a las comunidades afro (Art.4 Parágrafo 3 de la Ley 1955 de 2019) y estipula, como parte integral del Plan plurianual de inversiones,  239 compromisos presupuestales, por un monto de 19 billones de pesos para su implementación durante este cuatrenio en materia de salud, minería, medio ambiente, territorio, mujer, familia, primera infancia, educación, deporte, derechos humanos, desarrollo económico e infraestructura. Para su seguimiento, se ordena en el Art. 219 de la misma Ley, que las entidades nacionales faciliten la identificación mediante un marcador presupuestal especial, de manera a señalar los recursos para cada vigencia y eje temático. Sin embargo, la incorporación y asignación discriminada de montos en los presupuestos de las entidades públicas no se ha realizado, lo cual dificulta el seguimiento y cumplimiento de los 239 compromisos.

Según la veeduría realizada por el representante Jhon Arley Murillo, se puede decir que, para la vigencia del 2020, se han asignado aproximadamente 75 000 mil millones de pesos de los 19 billones comprometidos para el cuatrenio de la siguiente manera:

Fuente: Audiencia Pública, Representante Jhon Arley Murillo, 16 de Julio 2020

Este panorama preocupa al procurador Richard Moreno Rodríguez como al Defensor delegado para los grupos étnicos Jaime Alberto Escrucería en la medida que, sin claridad del manejo de los 19 billones de pesos designados en el PND para las comunidades NARP, se está incumpliendo con las metas y compromisos establecidos. En ese sentido, se espera en la siguiente legislatura que se institucionalice la rendición de cuentas mínimo una vez por año, de manera a mejorar el seguimiento de los compromisos del gobierno nacional con la comunidad afrodescendiente y garantizar la transparencia de la gestión gubernamental.

Podemos afirmar que, de los compromisos del Gobierno Nacional con las comunidades NARP para este cuatrenio, fueron asignados 500 mil millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento Organizativo de las comunidades afrocolombianas (n°14 del tablero anterior). El 12 de junio de 2020 el Representante Jhon Arley Murillo citó al Ministerio de Interior[5] quien rindió cuentas acerca del avance del presupuesto. Podemos confirmar que para el 2020, 25 mil millones de pesos están destinados a este Programa en el marco del espacio Nacional de Consulta Previa con una dotación mínima de elementos tecnológicos para espacios institucionales de comunidades NARP (computadores, impresoras, conexión internet), y para los Planes de Etnodesarrollo con los 10 puntos propuestos por la Comisión Accidental ENCP:

Fuente: Cámara de Representantes, Respuesta del Ministerio de interior Sesión Virtual, 11 de junio 2020

Dicho esto, la implementación de estos compromisos necesitará de un seguimiento especial para vigilar su cumplimiento. Siguiendo el debate de control político realizado al Ministerio de Interior citado por el Representante Murillo, es de interés notar la voluntad de la institución de expedir un Decreto “Por el cual se reglamenta la contratación estatal con consejos comunitarios y organizaciones de comunidades NARP y sus asociaciones de segundo nivel”. Esta figura, permitiría la contratación directa de estas formas organizativas de las comunidades NARP y facilitaría la contratación de los proyectos en el marco del proyecto de inversión. Con tal motivo, la figura de los consejos comunitarios y organizaciones comunitarias serán beneficiaros del programa “Fortalecimiento para consejos comunitarios y expresiones organizativas en las áreas rurales” que el Ministerio de Interior proyecta una necesidad de 275 000 millones para la vigencia 2021, y 200 000 millones para la vigencia 2022.

Otro compromiso actado en el PND fue el de adelantar un plan de choque para atender 280 solicitudes de titulación colectiva que presentan considerables retrasos en la ANT y la reactivación del Programa Especial de Compra de Tierras[6] para las comunidades negras con una inversión cercana a otros 500 mil millones de pesos. Sin embargo, esta voluntad no se ha logrado concretizar debido a que no se logra llegar a acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades NARP[7].

Frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado a raíz de la pandemia del Covid-19, y en particular, la crisis que enfrentan los territorios donde habitan las comunidades afro debido a la falta de servicios públicos, dos debates de control político para conocer el plan de acción de emergencia que está ejecutando el gobierno en los territorios afrodescendientes demostraron la falta de distribución de recursos médicos en los territorios del Pacífico. En estas rendiciones de cuentas, llama la atención la falta de exactitud y criterios técnicos específicamente para el departamento del Chocó[8].

Sumado a este llamado, más de 500 organizaciones sociales afro y activistas solicitaron al gobierno mediante una carta pública, destinar “por lo menos 9,5 del total de los 19 Billones de pesos, para atender la pandemia en los territorios y asentamientos de comunidades negras”[9] y propusieron la creación de un Fondo de Emergencia Afrocolombiano en donde Ministerio de Hacienda destine los recursos y garantice su ejecución. Pese a la petición, no se presenta información pública por parte del gobierno.

Dentro de los logros para destacar en esta legislatura fue abrir una línea especial de financiamiento agrícola con tasa subsidiada en la comisión de crédito agropecuario para las comunidades campesinas NARP[10], mediante la propuesta y el seguimiento realizado por el representante Jhon Arley Murillo. Cabe resaltar que esta solicitud estaba en trámite hace más de 7 años y los retos que vienen será la operatividad de los recursos y su implementación. Resulta evidente pero no un hecho que la gestión de esta línea especial sea realzada de un profesional y experto afrocolombiano.

En efecto, la discriminación en Colombia sigue siendo una realidad en los entes directivos y de gestión de la Nación. Un desafío para el país es aumentar la representación de expertos y profesionales afro en las dependencias afro en el país. En efecto, en la audiencia pública citada por el representante Murillo el 16 de julio, se expuso que en Colombia existen por lo menos 42 dependencias y organismos de control relativas a las comunidades NARP como la procuraduría para asuntos étnicos y la Defensoría delegada para grupos étnicos, de los cuales solo 3  son lideradas hoy por funcionarios afrodescendientes, lo que equivale a menos de 5% del total de las dependencias.

Dentro de los debates de control político que se realizaron esta legislatura sobre este tema, se puede señalar el citado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, convocado el 12 de junio de 2020 a responder sobre la participación de las comunidades NARP en los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR.

En materia de empleo, el departamento administrativo de prosperidad social ha enfatizado el enfoque diferencial afro en sus programas de empleabilidad[11]. En lo que lleva de transcurrido el plan de gobierno, se realizó un apoyo a 3000 personas que se auto reconocen como afrodescendientes de los cuales 2264 finalizaron sus estudios y de ellos 847 consiguieron una formación técnica laboral y los demás en una formación complementaria. El resultado es la vinculación laboral de aproximadamente 500 afrodescendientes. Para lo que resta del 2020, se lanzó el reto “Empléate” a través de una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para el trámite de recursos por más de 11 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, la creación de una Dependencia exclusiva para situación de pobreza afro, concertado en el DNP, no se ha cumplido a cabalidad.

En lo que respecta a las comunidades NARP, la Legislatura 2020 – 2021, será en gran medida consagrada a la veeduría del cumplimiento de los planes especiales de los diferentes sectores como la salud, la agricultura o la vivienda para afrontar las consecuencias del Covid-19 y las propuestas para contener sus impactos. En ese sentido y en el marco de la pandemia, el Ministerio de Tecnología, por ejemplo, deberá responder en qué va y cuáles son los mecanismos y estrategias urgentes que tienen para la inclusión digital de los territorios NARP, presentados en su plan de acción, y específicamente,  en el capítulo sobre el enfoque diferencial, en el marco del Pacto por la Equidad de Oportunidades para Grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022.

De mismo modo, otro desafío será el de articular y coordinar las direcciones de cada dependencia para reducir las amenazas para la buena gestión de los recursos afro. Para ello, la trazabilidad y el seguimiento de los 19 billones de pesos deben ser acompañados por exigencias presupuestales y rendiciones de cuentas.

Finalmente, pese al repetido anuncio del gobierno nacional de su voluntad para reglamentar la integralidad de la Ley 70, no se ha logrado llegar a acuerdos con la ENCP para la reglamentación de los capítulos IV, V, VI y VII de la ley 70, lo cual sigue siendo una deuda histórica necesaria de saldar para el fortalecimiento de los derechos de las comunidades NARP[12].