¿Cómo le ha ido a la agenda gubernamental en esta legislatura (2024-2025)?

La tercera legislatura del gobierno de Gustavo Petro, iniciada el 20 de julio de 2024, se ha caracterizado por una intensa actividad política y crecientes desafíos. El ambicioso programa de reformas de Petro enfrenta obstáculos significativos en un Congreso cada vez más fragmentado y reticente. Para septiembre de 2024, solo tres de las ocho reformas propuestas habían sido radicadas oficialmente. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha deteriorado, con figuras clave del Congreso como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, oponiéndose a las iniciativas gubernamentales. La composición de las comisiones del Congreso refleja esta fragmentación, impactando directamente en la capacidad del gobierno para avanzar su agenda. En respuesta, el Ejecutivo ha desplegado estrategias para impulsar su agenda, incluyendo intensas negociaciones lideradas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el uso de herramientas constitucionales como los mensajes de urgencia. Sin embargo, estos esfuerzos han encontrado resistencia no solo en la oposición sino también dentro de la propia coalición de gobierno. La proximidad de las elecciones de 2026 ha añadido complejidad, con muchos congresistas priorizando iniciativas que puedan capitalizar políticamente en futuras campañas. Esta dinámica electoral ha llevado a algunos legisladores, incluso dentro de la coalición gubernamental, a distanciarse de las propuestas más polémicas del Ejecutivo. El gobierno enfrenta una carrera contra el tiempo para avanzar en su agenda de reformas antes de que la dinámica electoral domine completamente el panorama político. En última instancia, el desenlace de esta legislatura no solo definirá el éxito del gobierno Petro, sino que también tendrá implicaciones profundas para el futuro político y social de Colombia.

La tercera legislatura del gobierno de Gustavo Petro, iniciada el 20 de julio de 2024, se ha convertido en un escenario de intensa actividad política y crecientes desafíos para el Ejecutivo. El ambicioso programa de reformas del presidente, que abarca áreas cruciales como salud, trabajo, educación y sistema agrario, enfrenta obstáculos significativos en un Congreso cada vez más fragmentado y reticente. Esta situación se ha visto exacerbada por la polarización política que caracteriza el panorama colombiano actual, donde las divisiones ideológicas y los intereses partidistas frecuentemente eclipsan los debates sobre políticas públicas. 

El lento avance de las iniciativas gubernamentales es evidente en el hecho de que, para septiembre de 2024, solo tres de las ocho reformas inicialmente propuestas habían sido radicadas oficialmente: la reforma laboral, la reforma a la salud, y una versión reducida de la reforma a la educación superior. Este progreso limitado refleja no solo la complejidad inherente a estas propuestas, sino también la resistencia activa que enfrentan en el legislativo. Por ejemplo, la reforma laboral, que busca modificar aspectos fundamentales como la jornada laboral y el pago de horas extras, ha enfrentado una fuerte oposición de sectores empresariales y de partidos de centro-derecha, quienes argumentan que podría afectar negativamente la competitividad y el empleo. 

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha deteriorado notablemente, como se evidencia en las interacciones tensas con figuras clave del Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, ha sido particularmente crítico con iniciativas gubernamentales. Un ejemplo ilustrativo es su oposición a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, donde Cepeda ha argumentado que el Congreso no puede aprobar proyectos "a ciegas" y ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso. Además, ha expresado serias reservas sobre el proyecto de Jurisdicción Agraria, alertando sobre posibles disposiciones de expropiación que, según él, carecerían de garantías judiciales adecuadas para los afectados. 

Por otro lado, Jaime Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes y miembro de Alianza Verde, ha adoptado una postura más conciliadora, aunque manteniendo un equilibrio delicado entre la apertura al diálogo con el gobierno y la preservación de espacios para la oposición. Esta dinámica divergente entre las dos cámaras del Congreso ha creado un escenario complejo para el avance de las reformas, donde los proyectos que logran progresar en la Cámara frecuentemente se estancan al llegar al Senado. 

La composición de las comisiones del Congreso refleja esta fragmentación y ha tenido un impacto directo en la capacidad del gobierno para avanzar su agenda. Mientras que el Ejecutivo ha logrado mantener cierto control en comisiones estratégicas de la Cámara, como la de relaciones internacionales y la de servicios públicos, enfrenta una resistencia significativa en el Senado. Un caso particularmente relevante es el de la Comisión Tercera del Senado, encargada de asuntos económicos y presupuestarios, que ha quedado bajo el control de la oposición. Esta situación ha complicado enormemente la aprobación de reformas económicas y tributarias cruciales para el plan de gobierno de Petro. 

Ante estos obstáculos, el Ejecutivo ha desplegado una serie de estrategias para impulsar su agenda. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha asumido un papel protagónico en este esfuerzo, liderando intensas negociaciones con diferentes bancadas. Su objetivo ha sido sumar los aproximadamente 30 votos adicionales necesarios en comisiones clave como la Primera y la Séptima, fundamentales para el avance de reformas constitucionales y de salud, respectivamente. Estas negociaciones han implicado un delicado equilibrio entre mantener la integridad de las propuestas gubernamentales y hacer concesiones para ganar apoyo. 

El gobierno también ha recurrido a herramientas constitucionales como los mensajes de urgencia para acelerar el trámite de proyectos prioritarios. Esta táctica se ha utilizado, por ejemplo, con la reforma a la salud, buscando evitar que el proyecto se estanque en largos debates en comisión. Además, el Ejecutivo ha priorizado estratégicamente la presentación de reformas en la Cámara de Representantes antes que en el Senado, aprovechando la mayor receptividad en la primera y buscando generar impulso antes de enfrentar el escrutinio más riguroso del Senado. 

Sin embargo, estos esfuerzos han encontrado resistencia no solo en la oposición sino también dentro de la propia coalición de gobierno. La bancada del Pacto Histórico, núcleo de la coalición gubernamental, ha expresado en varias ocasiones su descontento por no ser suficientemente consultada en la elaboración de algunas reformas importantes. Este malestar se manifestó claramente durante la discusión de la reforma laboral, donde algunos miembros del Pacto Histórico criticaron públicamente aspectos del proyecto que consideraban insuficientemente progresistas, generando tensiones internas y complicando la estrategia de negociación del gobierno. 

La frustración del gobierno ante estos obstáculos se ha traducido en acciones más confrontativas. En un movimiento polémico, el presidente Petro llegó a amenazar con decretar el presupuesto de 2025 ante la falta de consenso en el Congreso. Esta amenaza, aunque posteriormente matizada, generó fuertes críticas de diversos sectores políticos y aumentó las tensiones institucionales. Además, el presidente ha recurrido a la convocatoria de manifestaciones ciudadanas para presionar la aprobación de sus propuestas, una táctica que refleja la dificultad de avanzar por los canales legislativos tradicionales y que ha sido vista por algunos como un intento de bypasear las instituciones democráticas. 

El rol de las mesas directivas del Congreso ha sido crucial en el limitado agendamiento de las iniciativas gubernamentales. Las presidencias de las cámaras y de las comisiones ejercen un poder significativo para determinar qué proyectos se discuten y en qué orden, un poder que se ha utilizado estratégicamente para frenar o impulsar la agenda del gobierno. Un ejemplo claro de esto se vio en el manejo de la pasada reforma laboral en el Senado. A pesar de haber avanzado en la Cámara, el proyecto enfrentó retrasos significativos en el Senado, donde la mesa directiva priorizó otros temas en la agenda legislativa, efectivamente postergando el debate sobre esta reforma clave para el gobierno. 

La proximidad de las elecciones de 2026 ha añadido una capa adicional de complejidad a este escenario ya de por sí complicado. A medida que se acerca el período preelectoral, muchos congresistas han comenzado a priorizar iniciativas que puedan capitalizar políticamente en sus futuras campañas. Este fenómeno se ha manifestado en un aumento notable de la actividad legislativa individual, con un incremento en la presentación de proyectos de ley por parte de congresistas buscando ganar visibilidad electoral. 

Esta dinámica electoral ha llevado a algunos legisladores, incluso dentro de la coalición de gobierno, a distanciarse de las propuestas más polémicas del Ejecutivo. Por ejemplo, varios congresistas que inicialmente apoyaban la reforma a la salud han comenzado a expresar reservas públicas sobre aspectos controvertidos del proyecto, como la eliminación de las EPS en su forma actual. Estos legisladores citan preocupaciones de sus bases electorales sobre los posibles impactos negativos de la reforma en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud, ilustrando cómo las consideraciones electorales están influyendo directamente en el apoyo a las iniciativas gubernamentales. 

La reforma laboral también ha sido afectada por estas dinámicas electorales. Congresistas de partidos de centro, que inicialmente se mostraban abiertos a apoyar la reforma, han comenzado a expresar preocupaciones sobre aspectos como los cambios en la jornada laboral y el pago de horas extras. Estos legisladores temen que su apoyo a medidas percibidas como potencialmente perjudiciales para el sector empresarial pueda afectar negativamente sus perspectivas electorales, especialmente en regiones donde el empleo y la inversión son temas electorales sensibles. 

Esta realidad ha complicado significativamente las negociaciones del gobierno, que ahora debe considerar no solo los méritos de política pública de sus propuestas, sino también cómo estas se alinean con los intereses electorales de los legisladores. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha visto obligado a ajustar constantemente su estrategia de negociación, buscando formas de "vender" las reformas no solo en términos de sus beneficios para el país, sino también como iniciativas que puedan ser políticamente rentables para los congresistas que las apoyen. 

En este contexto, el gobierno enfrenta una carrera contra el tiempo para avanzar en su agenda de reformas antes de que la dinámica electoral domine completamente el panorama político. Esta urgencia ha llevado al Ejecutivo a considerar medidas más agresivas para impulsar sus proyectos, como el uso más frecuente de mensajes de urgencia o incluso la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, estas tácticas corren el riesgo de alienar aún más a los legisladores y de intensificar las tensiones ya existentes. 

La situación se complica aún más por los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país. Las preocupaciones sobre el empleo y la seguridad, y los debates sobre la transición energética han creado un ambiente de incertidumbre que influye en las decisiones legislativas. Los congresistas están cada vez más cautos sobre apoyar reformas que puedan ser percibidas como riesgosas o impopulares en este contexto económico delicado. 

En conclusión, la tercera legislatura del gobierno Petro se perfila como un período crítico y extremadamente desafiante. El éxito de su ambiciosa agenda de reformas dependerá de la capacidad del Ejecutivo para navegar un terreno político cada vez más complejo y fragmentado. El gobierno deberá encontrar formas de construir consensos más amplios, negociar efectivamente con un Congreso dividido y cada vez más enfocado en las próximas elecciones, y al mismo tiempo mantener el apoyo de su base política. 

La combinación de resistencia institucional, divisiones dentro de la coalición de gobierno, creciente influencia de intereses electorales, y un contexto económico y social desafiante, ha creado un escenario donde el avance de las reformas clave de Petro parece cada vez más incierto. La capacidad del gobierno para adaptar su estrategia, hacer concesiones estratégicas sin comprometer los principios fundamentales de sus reformas, y mantener la movilización de su base de apoyo, será crucial para determinar el legado legislativo de esta administración. 

En última instancia, el desenlace de esta legislatura no solo definirá el éxito del gobierno Petro, sino que también tendrá implicaciones profundas para el futuro político y social de Colombia. La forma en que se resuelvan estos desafíos legislativos podría determinar si el país avanza hacia las transformaciones prometidas por Petro o si se mantiene en un statu quo marcado por la polarización y la resistencia al cambio.