El debate sobre la Renta Básica de Emergencia en Colombia

La discusión de la renta básica está en toda su efervescencia. Aunque éste no es un concepto nuevo, debido a la crisis socioeconómica suscitada por la pandemia del Coronavirus, ha cobrado gran relevancia en muchos países del mundo, incluyendo Colombia.

Por: Mónica Gómez Ardila. Profesional en proyectos de investigación. Congreso Visible. 

La discusión de la renta básica está en toda su efervescencia. Aunque éste no es un concepto nuevo, debido a la crisis socioeconómica suscitada por la pandemia del Coronavirus, ha cobrado gran relevancia en muchos países del mundo, incluyendo Colombia. La definición clásica de renta básica se entiende como una transferencia gubernamental, no condicionada y universal para todos los ciudadanos de un territorio, sin distingo de ningún tipo. Sin embargo, el concepto original ha sido susceptible de modificaciones a través del tiempo y el espacio, de modo tal que logre ajustarse y responda a las condiciones socioeconómicas propias de cada país. En Colombia, una alianza interpartidista de 54 congresistas de distintas orillas políticas, liderada por el Senador Iván Marulanda Gómez (Partido Verde), ha puesto en el debate parlamentario y nacional la Renta Básica de Emergencia (RBE), la cual difiere en algunos aspectos de la definición clásica, pues como su nombre lo indica, es de emergencia. Es así como el pasado mes de abril, el Senador Marulanda y sus colegas presentaron la propuesta al Gobierno a través del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien inicialmente no la rechazó; sin embargo, pocos días después descartó su viabilidad. Ante la negativa del Gobierno, a los Senadores no les quedó otra opción que tramitar la propuesta en el Congreso a través de un proyecto de ley, el cual, evidentemente, demandará más tiempo y esfuerzo que la expedición de un decreto presidencial. El Senador Marulanda, autor, ponente y uno de los más férreos defensores de la RBE habló con Congreso Visible sobre los pormenores de este Proyecto que, a pesar de haberse caído en la legislatura pasada por falta de tiempo, volverá a empezar su trámite a partir del próximo 20 de julio, en la tercera legislatura de este cuatrienio.

Renta Básica de Emergencia vs Programa Ingreso Solidario

El Senador Marulanda define la RBE como la política social redistributiva mediante la cual el Estado le otorga el valor correspondiente a un SMMLV, a saber, $877.802, a los 9 millones de hogares más vulnerables del país; es decir, el equivalente a 30 millones de personas, durante mínimo tres meses. Asimismo, el Senador especifica que la RBE se basa en dos principios fundamentales: (i) proteger la vida de la población asegurándole los recursos económicos mínimos necesarios para suplir sus necesidades básicas -principalmente el alimento- con el fin de que puedan permanecer en casa durante el confinamiento y, (ii) impulsar la reactivación económica a través de la estimulación de la demanda interna.

Ahora bien, a pesar de que el Gobierno Nacional ha implementado una serie de medidas económicas -fundamentadas casi exclusivamente en el crédito- para intentar palear la crisis general y alivianar las cargas económicas de los colombianos, es evidente que éstas han sido insuficientes y, en ocasiones, ineficaces ante la dimensión y gravedad de la presente crisis. Prueba de ello es que el único auxilio monetario que el Ejecutivo ha creado en el marco de la crisis desencadenada por el Coronavirus para la población más afectada ha sido el Programa Ingreso Solidario (PIS), pues ninguna de las demás medidas implementadas representa una transferencia monetaria directa a la población. El PIS consiste en entregar la suma mensual de $160.000 a tres millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, bajo la condición de que no sean beneficiarios de ningún otro programa social del gobierno, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y/o Devolución del IVA. Este subsidio será distribuido por el Gobierno desde abril hasta diciembre, lo cual equivale a un valor acumulado de $1.440.000 por hogar, por nueve meses (DNP Ingreso Solidario, 2020). Así las cosas, en el mejor de los casos, a cada integrante de la familia le corresponderían tan solo $80.000 mensuales para suplir sus necesidades básicas, bajo el entendido de que el núcleo familiar más básico está compuesto por dos integrantes –lo cual raramente sucede en este sector poblacional. Tal monto está muy por debajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema. En consecuencia, el PIS es (i) ineficiente por no garantizar los recursos mínimos necesarios para suplir las necesidades básicas de esta población y (ii) insuficiente al abarcar tan solo a 3 millones de hogares, pues según cifras del DANE, la población en condición de vulnerabilidad económica asciende a 9 millones de hogares.

En perspectiva Latinoamericana, al comparar el PIS con otras transferencias monetarias implementadas en el marco de la crisis en otros países de América Latina, se evidencia que el monto del subsidio más bajo de toda la región es el de Colombia con USD41 -$160.000- mensuales (CEPAL, 2020). Por lo anterior, se constata la necesidad de una política socioeconómica coyuntural robusta que logre llenar los vacíos de cobertura y monto del actual Programa de Ingreso Solidario. Así, la propuesta de la RBE, a diferencia del PIS, no solo abarcaría a los 9 millones de hogares más vulnerables del país -6 millones más que el PIS-, sino que aumentaría el monto versado por ese auxilio en $717.802 con el fin de llegar al valor del SMMLV, garantizándole así a 30 millones de colombianos el derecho fundamental a la vida digna, inherente a un Estado Social de Derecho, tal como lo estipula la Corte Constitucional en Sentencia SU-747/98. (Corte Constitucional, 1998)

Justificación para llevar a cabo el Proyecto de Ley de la RBE

Es importante aclarar que la RBE no es un tema de izquierda o de derecha, pues en ella han convergido ya cerca de 100 congresistas –de las dos Cámaras- pertenecientes a 9 partidos políticos de distintas orillas, muchas de las organizaciones de la sociedad civil y gran parte de la ciudadanía con ideologías políticas diferentes.

La crisis socioeconómica mundial desatada por el Coronavirus ha develado las nefastas consecuencias del modelo neoliberal que reina en el planeta. Países de todos los continentes, incluso las grandes superpotencias, se han visto gravemente afectados, pues sus economías se han contraído drásticamente entrando en recesión, lo que, a su vez, ha producido una pérdida del bienestar social de sus ciudadanos.

En América Latina, el panorama es desalentador, por no decir catastrófico. Debido al abrumador aumento del desempleo y la informalidad, en todos los países de la región se incrementará drásticamente la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad. América Latina está ad portas de una segunda década perdida en la que caerá indefectible y vertiginosamente si no se toman medidas inmediatas y pertinentes para enfrentar la crisis (CEPAL, 2020).

En Colombia, la situación es aterradora, pues tan solo en abril y mayo 10,3 millones de colombianos perdieron sus empleos, el equivalente a un cuarto de la fuerza laboral; lo que, automáticamente, disparó el ya creciente desempleo hasta ubicarse en 21,4%, la cifra más alta en un siglo. Como consecuencia del aumento del desempleo y la informalidad, se estima que 2.3 millones de personas adicionales desciendan bajo la línea de pobreza; es decir, 31.9% de colombianos que subsistirían con no más de $257.433 mensuales (Portafolio, 2020). En cuanto a la pobreza extrema, el porcentaje podría llegar a 12.7% de la población total del país, quienes tendrían que sobrevivir con un ingreso no mayor a $117.605 mensuales. Con respecto a la desigualdad, se pronostica que el coeficiente de Gini se duplicará en tan solo un año (CEPAL, 2020). Teniendo en cuenta que Colombia es el país más desigual de América Latina, donde se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza (BBC, 2018), al duplicarse el coeficiente de Gini, se necesitarían 22 generaciones o, lo que es igual a 660 años.  

Ante semejante panorama macroeconómico se hace imperativa una discusión colegiada seria y juiciosa sobre la RBE, en la que trabajen mancomunadamente el Ejecutivo con el Legislativo para poder llevar esta medida a buen término. Evidentemente la RBE no es la panacea que acabará con todos los problemas socioeconómicos de Colombia. Sin embargo, sí es la alternativa más pertinente, sobre todo en este momento, para palear los nefastos efectos socioeconómicos de la pandemia. Es por esta razón que varios organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial, la ONU, la CEPAL y otros tantos han recomendado la implementación de una RB lo antes posible (World Economic Forum, 2020). Tanto así que varios países del mundo, como España, Escocia, Brasil, Canadá y EE.UU ya han implementado un subsidio de RB para sus ciudadanos en el marco de la crisis del Coronavirus.

Financiación de la RBE

La RBE es una iniciativa de gran envergadura que, indiscutiblemente, requiere cuantiosos recursos para financiarla. Así pues, el Senador Marulanda explica que el Proyecto de Ley de la RBE estipula un valor de 23,7 billones de pesos para un periodo de tres meses; es decir, el 2,3% del PIB. Sin embargo, el Legislador del Partido Verde esclarece que la propuesta de la bancada interpartidista del Senado que defiende la iniciativa es centralizar toda la política social del Estado -Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Programa Ingreso Solidario- avaluada en 3 billones de pesos durante 3 meses, en un único subsidio: la RBE. Dicho esto, el valor neto de la RBE sería de 20,7 billones de pesos, lo que equivale al 2% del PIB.

Esta propuesta de unificación de subsidios sociales en uno solo resulta no solo conveniente sino necesaria, por varias razones. En primer lugar, porque reduce la descomunal burocracia administrativa que actualmente dirige y coordina por separado los 5 programas de asistencia social existentes en Colombia. En efecto, el Senador Marulanda concuerda en que, desde el punto de vista administrativo, la operatividad de cada programa por separado resulta no solamente caótica sino extremadamente ineficiente, lo que, a su vez, conlleva a altos índices de corrupción. En segundo lugar, porque al reducir la burocracia a un solo programa, la corrupción tiende a disminuir drásticamente, pues la logística de un único programa es mucho más sencilla de manejar y vigilar, aumentando también la transparencia. El Senador afirma que se eliminaría automáticamente el riesgo de duplicidad o traslape de subsidios -fenómeno bastante común en los programas de subsidios colombianos. Finalmente, porque la unificación de subsidios desemboca, inequívocamente, en una mayor eficiencia en el proceso operativo, en la administración de los recursos y en la distribución de los mismos. En síntesis, manejar un subsidio es más simple que manejar cinco, matemática básica.

Entonces, 3 billones de pesos serían financiados bajo la medida de unificación de subsidios y el remanente de 20,7 billones provendría de diversas fuentes de financiación; el Senador promotor de la iniciativa las desglosó así: el Fondo para la Mitigación de Emergencias –FOME-, creado por el Gobierno justamente para palear la crisis socioeconómica; la reversión de las exenciones tributarias por 9 billones de pesos concedidas a las más grandes y poderosas empresas por el Gobierno Nacional a través de la reforma tributaria de 2019; la refinanciación de la deuda externa, pues en el Presupuesto General de la Nación se le destinó un rubro de 54 billones de pesos, más del doble de lo que requiere la RBE; un préstamo del Banco de la República -solo en caso de necesidad- y; finalmente, la priorización en el gasto público de lo urgente e importante, eliminando rubros innecesarios como compra de camionetas o publicidad del Gobierno.

De haber tenido voluntad, el Ejecutivo hubiese podido materializar e implementar ipso facto todas estas medidas a través de un Decreto Ley; sin embrago, se negó a hacerlo. La reticencia del Gobierno se fundamenta en que (i) no hay presupuesto para un proyecto de tal magnitud, (ii) ya existen 5 subsidios dirigidos a la población vulnerable y (iii) no es deseable ni viable el desmonte inmediato de dichos subsidios porque su creación e implementación ha tardado años en realizarse. No obstante, la propuesta de financiación consignada en el Proyecto de Ley demuestra que sí hay fuentes de financiación que podrían sufragar los costos fiscales de la iniciativa propuesta en Senado. Adicionalmente, perpetuar programas ineficientes no es deseable ni viable desde ninguna perspectiva.

El desafío de la operatividad y la logística de la RBE

Más allá del financiamiento, podrían presentarse serios problemas operacionales y logísticos a la hora de implementar un proyecto de tal magnitud y trascendencia; especialmente en Colombia, donde reina una corrupción endémica que corroe todos los ámbitos y niveles del sector público y privado. La efectividad logística de los programas de subsidios del Estado genera muchas suspicacias y temores. Ahora, teniendo en cuenta que la RBE implica la importante suma de 23,7 billones de pesos, de no gestionarse correctamente, iría a parar a las manos de los corruptos. Muestra de ello es el muy reciente escándalo de corrupción del PIS. El DNP, entidad que se supondría tiene la información demográfica idónea y actualizada sobre la población colombiana, fue la institución encargada de crear la base de datos (BD) de los 3 millones de hogares a ser beneficiados con el PIS. No obstante, a los pocos días de estar en marcha el programa, la ciudadanía comenzó a denunciar serias inconsistencias con las cédulas seleccionadas por el DNP, pues en la plataforma implementada para consulta aparecían como beneficiarias personas ya fallecidas, números de cédulas inexistentes adjudicando el subsidio a diferentes individuos y un mismo número de cédula beneficiando a grupos de 40 personas, aproximadamente; asimismo, varios funcionarios públicos denunciaron haber sido beneficiados con el subsidio sin tener necesidad de él; incluso, la alcaldesa de Luraco, Atlántico recibió el subsidio diseñado, en teoría, para la población más vulnerable del país. (El Tiempo, 2020).

Cabe resaltar, que esta inconsistencia en las BD no es exclusiva del DNP, lo mismo sucede con las de la Registraduría, el Sisbén, el Fosiga, el Icetex, etc. En consecuencia, este no es un caso aislado y más bien representa un problema sistemático que ha servido de abono para efectuar fraudes y promover la corrupción. Por las irregularidades en la BD del PIS se entregó más de medio billón de pesos a personas que no debían recibir el subsidio, estos dineros no retornarán al Estado, lo que implica un enorme detrimento patrimonial.

El tema operacional de los subsidios en Colombia es caótico, por lo cual no existe credibilidad en las bases BD del Estado, ni en la versación transparente de transferencias a manera de subsidios. Sin embargo, el Senador Marulanda, invocando el principio de la buena fe, confía en que el Gobierno estructurará meticulosamente la BD que recoja a los 9 millones de hogares para ser beneficiados con la RBE. No obstante, dado el historial de inconsistencias e irregularidades de las BD del Estado a lo largo del tiempo, es poco probable que llegue a ser así. El problema de la operatividad podría poner en grave riesgo la efectividad de la RBE al estar latente la posibilidad de malversación de fondos estatales que lleguen a los destinatarios equivocados. En efecto, la CEPAL ha identificado graves problemas operacionales para implementar eficientemente las transferencias que los gobiernos de América Latina han creado en el marco de la crisis del Coronavirus y considera indispensable que estos países cuenten con BD amplias y actualizadas que identifiquen correctamente a la población destinataria de los subsidios (CEPAL, 2020). Así las cosas, la RBE sería eficiente si, y solo si, se lleva a cabo una logística operacional extremadamente cuidadosa y rigurosa con el fin de evitar malversaciones y detrimento patrimonial, de modo tal que los recursos lleguen efectivamente a la población objetivo y no a quienes no los necesitan.

Viabilidad política de la RBE en el Congreso de la República

La RBE tiene aún un arduo camino por recorrer. Analizando las diferentes posturas de los diversos actores políticos, pareciera no ser tan sencilla su aprobación en el Congreso, por 3 razones principalmente.

Primero, requiere el apoyo de las dos Cámaras, pero solo tiene el del Senado. Como ya se explicó, está iniciativa fue propuesta por 54 Senadores bajo una alianza interpartidista, donde convergieron partidos de todas las orillas políticas. Al respecto, el Senador Marulanda aclara que, aunque el Centro Democrático no le dio un apoyo inmediato, sí manifestó su intención de hacerlo en la próxima legislatura bajo la condición de hacerle algunas modificaciones al Proyecto; es justamente por esta razón que se están llevando a cabo mesas de diálogo con reuniones informales entre los diferentes Senadores, pues se persigue llegar a un acuerdo sobre la RBE. Ahora, de lograrse el consenso en Senado se mandaría un mensaje directo a la Cámara, donde el panorama es bastante gris. En la Cámara Baja no hubo consenso sobre este tema en la legislatura pasada, tanto así que las dos iniciativas que se presentaron sobre RB no llegaron siquiera a primer debate. Por lo tanto, incluso si triunfa en el Senado, pero no hay la suficiente voluntad en Cámara, la RBE se hundiría al pasar a segundo debate en el trámite legislativo.

La segunda razón es la falta de voluntad del Gobierno Nacional. Como se mencionó anteriormente, el Ejecutivo no quiso respaldar la propuesta de los Senadores de implementar la RBE bajo decreto presidencial, que era la vía rápida, y la rechazó apresuradamente a través del Min hacienda. No obstante, si, efectivamente, se logra un consenso en el Senado, que involucre a todos los partidos, incluyendo al Centro Democrático, se enviaría un mensaje infalible al Gobierno que lo obligaría a escuchar. Implicaría un costo político muy alto para el Ejecutivo ignorar la voluntad unánime del Senado sobre un tema tan importante y apremiante como la RBE. Por eso, llegar al consenso es absolutamente indispensable para que el Gobierno Nacional escuche. Se entiende que el Ejecutivo no quiera perder el liderazgo en brindar soluciones en el marco de la crisis por el Coronavirus, pues si el Proyecto de Ley de la RBE es exitoso, sería una victoria del Legislativo y no del Ejecutivo; sin embargo, el momento histórico que atraviesa el país y el mundo no da espacio para ningún tipo de ego personal o institucional.

Finalmente, la nueva configuración del Congreso y de las mesas directivas de las dos Cámaras probablemente no favorezca el trámite legislativo de la RBE. La configuración del Congreso en la tercera legislatura va a ser muy diferente a las dos anteriores, donde Duque no tuvo mayorías seguras para gobernar. Sin embargo, después de darle el Ministerio de Agricultura a Cambio Radical (CR), el balance de poder dentro del Congreso se inclinará, indudablemente, hacia el Ejecutivo. Además, Arturo Char, quien muy posiblemente será el nuevo presidente del Senado, pertenece a CR, nuevo aliado de la presidencia. Por otor lado, Germán Blanco, conservador y próximo presidente de la Cámara, también apoya a Duque. Y, aunque aún se desconocen los nombres de los presidentes de las comisiones económicas, por donde deberá pasar el Proyecto de Ley, es claro que, dada la nueva configuración del Congreso y de las mesas directivas de las Cámaras, la RBE no va a tener un tránsito fluido y rápido en el Congreso.

La RBE podría materializarse en la próxima legislatura

Pese al camino empedrado que se vislumbra y las dificultades que se avecinan, la RBE aún tiene posibilidades de concretarse en el Legislativo. Los diálogos sobre la RBE han continuado durante el periodo de vacaciones del Congreso, pues la bancada interpartidista que apoya la iniciativa, en cabeza del Senador Marulanda, insistirá con esta propuesta al comenzar la próxima legislatura presentando un nuevo proyecto de ley acorde al consenso. Esto implicará una postura del Gobierno que responda acorde a la magnitud y gravedad de la crisis global y nacional, la cual se agudiza cada vez más. De manera que la única solución viable para llegar a acuerdos en pro del bienestar de la ciudadanía es a través de la escucha, el dialogo y el consenso de las diferentes fuerzas políticas dentro y fuera del Congreso. En palabras del Senador Marulanda: “La democracia es una construcción plural entre diversos puntos de vista y esa es nuestra propuesta para el Gobierno Nacional”.

Referencias

BBC, 2018. Por qué en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza y en Chile 6. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393

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