La Renta Básica, una nueva alternativa contra de desigualdad

La Renta Básica Universal (RBU) ha sido rechazada históricamente debido a sus altos costos fiscales. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha resaltado la debilidad del sistema de protección social, lo que ha generado un resurgimiento del debate sobre la viabilidad de la RBU. Se han presentado diversos argumentos a favor y en contra de esta política.

La Renta Básica, una nueva alternativa contra de desigualdad

María Paula Álvarez Arboleda, voluntaria semillero de investigación Congreso Visible

La Renta Básica Universal (RBU de aquí en adelante) ha sido rechazada históricamente debido, posiblemente, a los altos costos fiscales que una política de estas puede implicar. Sin embargo, dada la crisis desatada por el COVID-19, la debilidad en el sistema de protección social se ha mostrado como un problema de alta magnitud por lo que ha resurgido el debate sobre si la RBU debe implementarse como política, cuya viabilidad se ha discutido en el Congreso de la República. Esta viabilidad se puede ver reflejada en los debates que se han dado alrededor de la eficiencia y conveniencia de esta política, así como también, en las propuestas que se han presentado en el Congreso y la diversidad de actores involucrados en estas. Este artículo presentará los argumentos a favor y en contra expuestos en el debate en torno a una política de esta naturaleza. También se realizará un análisis de los proyectos de ley presentados en el Congreso sobre el tema (que fueron archivados en su debate legislativo) y finalmente, se presentarán algunas conclusiones.

En este contexto, es necesario entender en primer lugar, a qué se refiere la RBU. Se trata de transferencias no condicionadas del Gobierno hacia todos los habitantes del territorio, de modo que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Frente al tema, han surgido muchas posturas contrarias. Por una parte, según la Nota Macroeconómica No.22 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (2020), quienes están en contra de la RBU afirman que puede generar desincentivos al trabajo, ya que, las personas querrán trabajar menos al tener garantizado un ingreso que consiguen sin tener que hacer ningún esfuerzo; que se trata de una política demasiado costosa y que podría generar una disminución en la financiación de otros programas sociales. De otra parte, los argumentos a favor tienen que ver con que la RBU puede ser una forma de estabilizar la economía cuando se presenten diferentes choques. Según la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (2020), serviría como seguro de desempleo, de modo que no caiga tan dramáticamente la demanda; disminuiría la migración hacia zonas urbanas, ya que permitiría un sustento básico para familia en zonas rurales; y finalmente, daría mayor poder de negociación a los trabajadores, permitiendo que accedan a empleos con salarios y condiciones más justas, sin tener que pensar en que necesitan aceptar cualquier oferta para poder subsistir. Otros argumentos a favor se fundamentan en la idea del derecho a un mínimo vital y cómo la RBU sería una medida eficiente para poder garantizarlo.

A pesar de los beneficios de la RBU, es importante resaltar que una política focalizada en los más vulnerables sería mucho más viable y beneficiosa para el país, de modo que se diera un Ingreso Básico Garantizado, en lugar de una RBU. Esto se pude explicar ya que, en términos de costos, transferencias sólo a las familias en condiciones de vulnerabilidad sería mucho más barato que a todos los ciudadanos, donde aquellos que más lo necesitan estarían recibiendo este ingreso. Adicionalmente, se deberían implementar otras políticas paralelas para garantizar el bienestar de los habitantes; políticas en materia de salud, educación, programas sociales como Familias en Acción, entre otros. Además, para poder hacer posible una política de este tipo, es necesaria una reforma tributaria, lo que podría suponer costos políticos, pero permitiría mejoras en política redistributiva y en protección social. Dada la importancia en esta materia y su relevancia en la actualidad, representantes de diferentes posturas políticas han empezado a hablar sobre la implementación de una RBU.

Al tener claros algunos de los beneficios y costos de la RBU, es importante destacar que la pandemia reveló que se necesitan políticas como estas para proteger a los más vulnerables en tiempos difíciles. Incluso, una política de este tipo hubiera podido reducir los costos actuales del Gobierno en protección social, ya que estos aumentaron sustancialmente dada la crisis. En este orden de ideas, es necesario pensar en el debate actual sobre esta política en nuestro país, discusión que ya ha comenzado en el Congreso, ya que en esta nueva legislatura se han presentado cuatro proyectos de ley en esta materia, además de algunos presentados en la legislatura pasada. La RBU es una política que ayudaría a proteger a los más vulnerables y a su vez puede ser un factor de crecimiento y estabilidad económica en el país, por lo cual es importante su discusión en un órgano como lo es el Congreso, con el fin de dar origen a una Ley que haga realidad esta política.

A continuación, se analizan los proyectos de ley que se han presentado en esta materia y cuáles serían las implicaciones de estos, dado que es una política que mejora el bienestar y protege a los más vulnerables de la sociedad.

En un primer lugar, terminando la legislatura pasada, un grupo de congresistas presentaron el proyecto de ley 310 de 2020 ante el Senado, entre los que se encontraban Luis Iván Marulanda (Alianza Verde), Iván Cepeda Castro (Polo Democrático Alternativo), Gustavo Bolívar Moreno (Coalición Lista de la Decencia), Roy Leonardo Barreras Montealegre (Partido de la U), entre otros. Este proyecto buscaba explícitamente modificar el Decreto Ley 518 de 2020, por medio del cual se creó el programa de ingreso solidario y buscaba la creación de la Renta Básica de Emergencia (RBE de aquí en adelante). Por medio de este proyecto, se proponía hacer transferencias no condicionadas a los hogares en condición de pobreza, vulnerabilidad y trabajadores de micronegocios. La transferencia sería de la suma de un salario mínimo legal vigente y se haría durante un período de tres meses, con el fin de atender la crisis ocasionada por el COVID-19. Entre los detalles de la propuesta se establece al DNP como el responsable de escoger aquellos individuos que cumplen las condiciones para ser beneficiarios del programa, usando cifras proporcionadas por el DANE. Además, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaría a cargo de realizar las transferencias, las cuales serían financiadas con fondos del FOME —fondo creado para mitigar la emergencia. Finalmente, se especifica que el ingreso que recibirán los beneficiaros no contará como ganancia ocasional ni será constitutivo de renta, es decir, que aquellos que reciban este no pagarán impuestos sobre el monto. Adicionalmente, la política se podrá extender en el tiempo dependiendo de la situación de la crisis.

Entre los partidos que se encuentran involucrados en la propuesta se encuentran el Partido de la U, Cambio Radical, FARC, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, entre otros. Esto permite visibilizar que la idea integra diferentes orillas de la política colombiana. Según Mónica Gómez Ardila (2020):

Es importante aclarar que la RBE no es un tema de izquierda o de derecha, pues en ella han convergido ya cerca de 100 congresistas —de las dos Cámaras— pertenecientes a nueve partidos políticos de distintas orillas, muchas de las organizaciones de la sociedad civil y gran parte de la ciudadanía con ideologías políticas diferentes.

Este proyecto fue archivado por tránsito de legislatura. Sin embargo, el senador Marulanda expresó sus intenciones de insistir con este tema en la siguiente legislatura (Gómez Ardila, 2020).

En este orden de ideas, el 20 de julio del presente año el proyecto de ley 54 de 2020 fue presentado en el Senado. Los autores fueron en su mayoría los mismos que habían presentado el proyecto de la legislatura inmediatamente anterior. La propuesta era similar a la planteada anteriormente, sin embargo, tenía dos cambios principales en el tiempo de vigencia de la transferencia y del monto de la misma. En este proyecto se planteaba una renta básica por un término de cinco meses, con posibilidad de extenderlo debido a las condiciones de la crisis. Por otro lado, el monto propuesto fue de un salario mínimo legal vigente por los primeros tres meses, mientras que en los últimos dos meses sería del 50% de este. Actualmente, la ponencia de primer debate fue publicada el 21 de septiembre de 2020 y se está a la expectativa de cuál será el futuro de esta propuesta.

Por otro lado, en la Cámara de Representantes también se han presentado proyectos en esta materia, a pesar de que en un principio se creía que en esta Cámara no iba a haber mucha voluntad para impulsar una renta básica, debido a que en la legislatura pasada no se logró llegar a un consenso y los proyectos que fueron presentados no llegaron ni si quiera a primer debate (Gómez Ardila, 2020). Uno de estos fue el proyecto de ley 340 de 2020, el cual buscaba reconocer una renta básica de emergencia para las personas vulnerables, en el marco de la crisis del COVID-19. En este se definió la renta básica de emergencia como el “derecho que tiene toda persona registrada en el SISBÉN a percibir una compensación monetaria, que le permita contar con recursos para atender sus necesidades vitales en el marco de la emergencia sanitaria y en los tres meses siguientes a esta” (PL 340, 2020). Esta política buscaba hacer transferencias que atendieran a la pobreza del país y generaran redistribución. Además, se basaba en los principios de individualidad, universalidad y participación. Esta renta básica consistía en una transferencia a los ciudadanos de un salario mínimo legal vigente durante toda la emergencia y tres meses después de finalizada, financiada por una subcuenta del FOME. Asimismo, se propuso que se crearan los mecanismos necesarios por el Estado para controlar el programa y que, además, se realizara veeduría ciudadana para asegurarse del cumplimiento efectivo de la política. Finalmente, es importante destacar que este proyecto fue propuesto por cuatro congresistas de la oposición: Iván Cepeda Castro (Polo Democrático Alternativo), Inti Raúl Asprilla Reyes (Alianza Verde), León Fredy Muñoz Lopera (Alianza Verde) y María José Pizarro Rodríguez (Coalición Lista de la Decencia). Este proyecto fue acumulado al PL 359/20 Cámara, el 4 de mayo de 2020.

Adicionalmente, en esta legislatura se han presentado dos proyectos en relación con la renta básica en la Cámara de Representantes. El primero de estos, es el proyecto de ley 43 de 2020, el cual intenta crear la Renta Vida. En este Proyecto se definió la Renta Vida como un “derecho de todos los ciudadanos sin importar si tiene otras fuentes de ingreso” (PL 43, 2020). En este sentido, se propuso una transferencia no condicionada y vitalicia para todos los colombianos mayores de edad y que fuera un ingreso gravable; la política haría parte del gasto social del Gobierno. Asimismo, se basó en los principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Se determinó que el Gobierno era quien decidiría el monto de la renta, pero esta debía equivaler por lo menos al umbral internacional de pobreza, establecido por el Banco Mundial al año de expedición de la ley (PL 43, 2020). Adicionalmente, se propuso que se implementara la política de manera progresiva durante un período de doce años, en donde se le diera prioridad a la población que fuera parte del SISBÉN. Los autores del proyecto fueron un grupo de representantes pertenecientes al Partido Liberal Colombiano. Por último, es importante reconocer que en esta propuesta se habla de una Renta Básica Universal —no focalizada—, de modo que estaría disponible para todos los ciudadanos mayores de edad, presentando de esta forma problemas en cuanto a su viabilidad financiera y económica, por motivos expuestos anteriormente. Este proyecto fue acumulado al PL 23/20 Cámara el 24 de septiembre de 2020, que fue archivado en debate.

Como se dijo, el proyecto anterior se acumuló con el proyecto 23 de 2020, el cual fue publicado el 4 de agosto de 2020. Este último proyecto se trata de una renta básica para las personas vulnerables, como respuesta a la crisis actual en el país. Se define la renta básica como la “transferencia monetaria no condicionada para toda persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el país” (PL 23, 2020). Los beneficiarios de esta política serían aquellos individuos en condición de pobreza y vulnerabilidad, además, el proyecto hace una precisión en incluir a persona pertenecientes a etnias, discriminadas por su género, entre otros. Al igual que en los proyectos del Senado, el DNP sería el encargado de definir quiénes son los beneficiarios y el Ministerio de Hacienda el encargado de realizar las transferencias. Además, se planea financiar con fondos del FOME, algunos programas de Estado, ganancias de empresa públicas o mixtas, entre otros. Este programa unifica diferentes programas de Prosperidad Social y de compensación monetaria implementados por el Gobierno Nacional. A pesar de que se habla de atacar la emergencia, el programa no propone una renta garantizada con una vigencia limitada de las transferencias al período de crisis, por lo que se puede intuir que busca, al igual que el proyecto anterior, establecer una renta básica de manera permanente en el país. Sin embargo, la diferencia de estos dos radica en que el proyecto de ley 43 buscaba una renta para todos los mayores de edad y este —el proyecto de ley 23— solo la establece para personas vulnerables, lo que aparentemente la hace más viable en un marco financiero y fiscal. Los autores del Proyecto, entre estos Gustavo Petro, hacen parte de los partidos Movimiento Alternativo Indígena y Social, Colombia Humana, Coalición Lista de la Decencia y Alianza Verde; partidos de izquierda y que hacen parte de la oposición.

Para el estudio de estos se presentó una ponencia positiva y una ponencia negativa y fue archivado en debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 5 de diciembre.

En conclusión, se puede afirmar que la coyuntura actual trajo a discusión la Renta Básica Universal o el Ingreso Básico Garantizado, este último, focalizado hacia los más vulnerables. La crisis ha llevado a reconocer la importancia de las políticas sociales del Gobierno, de modo que, se ataque la brecha de desigualdad que se presenta en Colombia y busque la posible erradicación de la pobreza. En este orden de ideas, una política de esta índole podría ser eficiente para cumplir con los objetivos mencionados, sin embargo, se puede cuestionar su viabilidad financiera, económica, social y política. En el último aspecto, es posible pensar que su viabilidad es alta. Esto se puede afirmar ya que al analizar los proyectos de ley que se han presentado en esta materia en el Congreso, se puede ver que hay interés por parte de todas las orillas políticas.

Teniendo en cuenta los partidos que participaron en proyectos relacionados con renta básica, se puede observar que un alto porcentaje de ambas cámaras que están interesadas en alcanzar una renta básica. Además, se pueden observar esfuerzos por promover una política de renta básica tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aunque todavía falta mucho camino para poder establecer de manera permanente una renta básica que ayude al desarrollo del país y a la protección de los más pobres, las miradas se están dirigiendo hacia esta opción. Esta tendencia no sólo se puede observar en el Congreso, sino también en expertos desde diferentes disciplinas, como la economía o el derecho, que buscan la manera más adecuada para plantear e implementar está política.

Proyectos sobre renta básica radicados en la legislatura 2020 - 2021

Fuente: elaboración propia

Referencias

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“Por medio del cual se modifica el Decreto ley 518 de 2020 “por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia. [Renta básica de emergencia]”. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10579/#tab=2 

“Por medio del cual se crea la renta vida. [Renta básica]”. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/10628/ 

“Por medio de la cual se reconoce una renta básica para toda persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el país. [Renta básica]”. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10608/ 

“Por medio de la cual se reconoce una renta básica de emergencia para las personas vulnerables con el fin satisfacer las necesidades básicas durante la Emergencia Sanitaria declarada en el país. [Renta básica de emergencia]”. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/10552/ 

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