La legislatura 2025–2026 centró su control político en la sostenibilidad fiscal, la infraestructura vial y los programas sociales. Las Comisiones Cuartas lideraron la fiscalización del Presupuesto 2026 y la reforma agraria, citando a Juan Felipe Harman (ANT) por la compra de tierras en Magdalena y Bolívar, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien respondió por los recortes presupuestales y cuestionó al Banco de la República por el alza en las tasas de interés. En paralelo, las Comisiones Séptimas evaluaron de forma multipartidista la contratación y los programas de minorías a cargo del ministro de Igualdad, Carlos Alfonso Rosero, a la vez que vigilaron las reformas al sistema de salud y el desempeño financiero de la Nueva EPS y la Superintendencia de Salud.

Control político 2025 2026: rigurosidad presupuestal, control técnico sectorial y el debate por la ampliación de la moción de censura 

Durante la legislatura 2025 – 2026 los temas más recurrentes en los debates de control político giraron en torno a la gestión presupuestal, la infraestructura y las políticas sociales. Se destacan principalmente los temas relacionados con la administración pública y el presupuesto, con citaciones para evaluar la ejecución presupuestal, la contratación de vigencias anteriores y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. También los temas de infraestructura y transporte, donde los debates se enfocaron en el estado de la infraestructura vial (con énfasis en departamentos como Cundinamarca y Antioquia). Y finalmente, temáticas relacionadas con las minorías poblacionales y la familia con el seguimiento a los recursos, el personal y los programas de los ministerios sociales, especialmente el Ministerio de Igualdad y Equidad.

En ese orden de ideas, los debates se dirigieron con mayor frecuencia a los ministros a cargo de estos temas, entre los que destacan: 

Carlos Alfonso Rosero (Ministerio de Igualdad y Equidad) fue requerido por un grupo amplio y multipartidista de congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara (proposiciones No. 6, 7, 25, 29, entre otras) para evaluar la gestión, estructura y la destinación de los fondos de la cartera de Igualdad, así como el estado de la planta de personal y la contratación interna y el avance, cobertura y efectividad de los programas sociales enfocados en minorías poblacionales y bienestar de la familia.

También destaca Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, que fue citado principalmente ante la Comisión Cuarta de la Cámara (Proposición 96) y la Comisión Quinta de la Cámara (Proposición 34) debido al seguimiento estricto de las metas de tierras del Gobierno y el control de la contratación en vigencias recientes. De igual manera se le solicitó el detalle pormenorizado de la compra de predios, especificando los criterios técnicos, financieros y sociales utilizados para su posterior entrega a las comunidades, así como esclarecer la trazabilidad y la consistencia institucional de las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras específicamente en los departamentos de Magdalena y Bolívar.

Finalmente, las citaciones de control político dirigidas al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, se concentraron en dos frentes críticos:

La sostenibilidad fiscal y recorte presupuestal (citado, por ejemplo, a través de la Proposición 97 en comisiones económicas) para responder de manera detallada por la salud financiera del país. Los congresistas, principalmente de la oposición, le exigieron cuentas exactas sobre el tamaño y el impacto de los recortes presupuestales, el comportamiento real del recaudo tributario y el estado actual del endeudamiento del país, así como los límites alcanzados para el pago de la deuda pública. Y, en este periodo legislativo, se vieron choques por la política monetaria con el Banco de la República. Las citaciones ante la Comisión Cuarta de la Cámara sirvieron como escenario para que el ministro respondiera y argumentara sobre las decisiones macroeconómicas del país. En estos debates, el ministro Ávila Plazas defendió las posturas fiscales del Gobierno y lanzó duros cuestionamientos públicos a la Junta Directiva del Banco de la República por el incremento continuado de las tasas de interés de referencia, argumentando que las decisiones del banco central impactaban la crisis económica e inmobiliaria.

Las comisiones que citaron a la mayor cantidad de debates concentraron sus citaciones en temas muy específicos relacionados con sus áreas de especialidad legal. Destacan: 

Las Comisiones Cuartas de Cámara y Senado, en su calidad de comisiones económicas responsables de los asuntos relacionados con el presupuesto y los bienes nacionales, concentraron la mayor parte de sus debates de control político en temas fiscales y de seguimiento a la inversión pública. Entre los asuntos más recurrentes se destacó la revisión del Presupuesto General de la Nación (PGN), incluyendo el análisis de los proyectos de ley de apropiaciones para vigencias fiscales como la de 2026, así como el examen detallado de la ejecución presupuestal de diferentes ministerios durante los años 2024 y 2025.

Asimismo, estas comisiones realizaron un seguimiento riguroso a la financiación y ejecución de la reforma agraria, particularmente a la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solicitando informes sobre la adquisición de predios y los procesos de contratación adelantados entre 2023 y 2026.

De igual manera, las Comisiones Cuartas dirigieron parte importante de su labor de control hacia la infraestructura vial, fiscalizando los recursos destinados al desarrollo, mantenimiento y estado de las redes de transporte en departamentos estratégicos como Cundinamarca y Antioquia. También ejercieron vigilancia sobre las políticas dirigidas a la población con discapacidad, evaluando tanto la ejecución presupuestal como el avance físico de los programas y proyectos financiados con recursos públicos para la atención de este sector de la población.

Por su parte, las Comisiones Séptimas de Cámara y Senado, encargadas de los asuntos relacionados con la política social, la salud y la familia, enfocaron sus debates de control político en temas de alta relevancia social. En primer lugar, abordaron asuntos relacionados con las minorías poblacionales y la familia, especialmente mediante el análisis de la estructura administrativa, la planta de personal y la ejecución presupuestal de los programas desarrollados por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Estos debates buscaron evaluar la capacidad institucional y el cumplimiento de los objetivos trazados por esta entidad.

Adicionalmente, las Comisiones Séptimas dedicaron una parte significativa de sus sesiones al seguimiento del sistema de seguridad social y salud, realizando debates sobre las reformas estructurales propuestas para el sector y ejerciendo control político sobre el desempeño de entidades clave como la Superintendencia Nacional de Salud y la Nueva EPS, incluyendo aspectos relacionados con su funcionamiento, situación financiera y procesos de intervención o liquidación. Finalmente, estas comisiones también examinaron los avances del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante evaluaciones orientadas a verificar el cumplimiento de sus metas de gestión y de los programas destinados al desarrollo territorial y el acceso a la vivienda. 

Las proposiciones para estos debates de control político fueron radicadas por congresistas pertenecientes a un amplio y diverso abanico ideológico, combinando partidos de oposición, independientes y de coalición de gobierno.

Mociones de censura (julio de 2025 - junio de 2026) 

Durante la legislatura analizada se tramitó una solicitud de moción de censura en contra de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. La iniciativa fue promovida y radicada formalmente en agosto de 2025 por la bancada de oposición, liderada de manera principal por representantes a la Cámara del partido Centro Democrático en conjunto con otros congresistas de diversos sectores independientes. El debate oficial en el que se expusieron los argumentos de las partes se llevó a cabo en el transcurso de septiembre de ese mismo año.

El motivo principal que impulsó a los legisladores a buscar la destitución del funcionario se centró en la compleja situación de orden público del país. De acuerdo con registros periodísticos, los promotores argumentaron una profunda crisis de seguridad nacional, el aumento sustancial de la violencia y la recurrencia de atentados terroristas, manifestando severos cuestionamientos frente a la efectividad de la política de seguridad implementada por el Gobierno.

Finalmente, tras surtirse las deliberaciones correspondientes en el Congreso de la República, la moción de censura fue negada por la plenaria de la Cámara de Representantes el 24 de septiembre de 2025. Según reportaron medios de comunicación, la votación concluyó con un respaldo mayoritario hacia la continuidad del ministro, alcanzando un total de 102 votos por el "No" frente a únicamente 20 votos por el "Sí", lo que permitió archivar el proceso.