Durante el cuatrienio 2022-2026, el Congreso de la República realizó 1240 citaciones a debates, transitando desde la confrontación ideológica inicial hacia una rigurosa fiscalización técnica y presupuestal. El presupuesto de la nación fue el eje central de la agenda con 182 citaciones, duplicando a sectores críticos como infraestructura, minas y salud; esto consolidó a las comisiones económicas (Cuartas y Terceras) como el motor de control y al ministro de Hacienda como el funcionario más requerido con 189 llamados. Mientras la oposición (Centro Democrático y Cambio Radical) lideró las citaciones criticando la desfinanciación de obras y las reformas de salud, los partidos independientes y de gobierno (Alianza Verde, Pacto Histórico y tradicionales) balancearon el control vigilando fallos ambientales y defendiendo la inversión en las regiones. Finalmente, el Congreso ejerció como un fuerte contrapeso institucional al rechazar y frenar los estados de excepción en La Guajira y la Emergencia Económica nacional de 2025 junto a la Corte Constitucional, además de tramitar 12 mociones de censura en plenarias; aunque ninguna prosperó ante las mayorías aliadas del Ejecutivo, el periodo forzó la renuncia previa de la ministra del Deporte e impulsó reformas para extender esta responsabilidad política a los directores de agencias estatales.

Los números del control político durante el cuatrienio

La citación a debates es una herramienta de control político con que cuentan los congresistas para indagar las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como para obtener información relevante sobre de su gestión.

Durante el cuatrienio 2022 - 2026 se realizaron 1240 citaciones a debates de control político, audiencias públicas e invitaciones, aunque por supuesto, no todas se llevaron a cabo.

Los temas que acumularon el mayor número de citaciones de control político durante el cuatrienio 2022-2026 fueron:

• Presupuesto: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (182 citaciones)

• Infraestructura: █ █ █ █ █ █ █ █ █ (85 citaciones)

• Minas y energía: █ █ █ █ █ █ █ █ (75 citaciones)<br>

• Seguridad Social y salud: █ █ █ █ █ █ █ █ (75 citaciones)

• Agropecuario y agrícola: █ █ █ █ █ █ (60 citaciones)

• Educación, cultura, ciencia y tecnología: █ █ █ █ █ █ (57 citaciones)

• Seguridad, defensa y fuerza pública: █ █ █ █ █ (48 citaciones)

• Servicios Públicos: █ █ █ █ (43 citaciones)

• Política Internacional: █ █ █ █ (39 citaciones)

• Tránsito y transporte: █ █ █ 1 (38 citaciones)

Como se observa en el gráfico, el eje central del control político en estos cuatro años fue el Presupuesto, duplicando con creces al segundo tema más recurrente. Detrás se ubicaron los sectores de Infraestructura, Energía y Salud, los cuales concentraron el grueso de los debates debido a las constantes crisis sectoriales y reformas discutidas a lo largo de las legislaturas.

Fueron las comisiones económicas (Cuartas y Terceras) las que lideraron con amplia ventaja la actividad fiscalizadora debido a la centralidad de los debates presupuestales, seguidas de cerca por las comisiones encargadas de los asuntos de salud y servicios públicos (Séptimas) y recursos naturales (Quintas).

• Comisión Cuarta de Cámara: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (184 citaciones)

• Comisión Tercera de Cámara: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (152 citaciones)

• Comisión Séptima de Senado: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (104 citaciones)

• Comisión Quinta de Senado: █ █ █ █ █ █ █ █ █ (95 citaciones)

• Comisión Cuarta de Senado: █ █ █ █ █ █ █ █ (84 citaciones)

• Comisión Séptima de Cámara: █ █ █ █ █ █ █ █ (81 citaciones)

• Comisión Primera de Cámara: █ █ █ █ █ █ █ (72 citaciones)

En cuanto a los funcionarios públicos más citados al Congreso fueron los jefes de las carteras ministeriales con mayor asignación de recursos y aquellos al frente de las reformas sociales estructuradas por el Gobierno Nacional los más requeridos para rendir cuentas en el Capitolio.

• Ministro(a) de Hacienda y Crédito Público: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (189 citaciones)

• Ministro(a) de Salud y Protección Social: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (112 citaciones)

• Ministro(a) de Minas y Energía: █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (101 citaciones)

• Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural: █ █ █ █ █ █ █ █ (86 citaciones)

• Ministro(a) de Transporte: █ █ █ █ █ █ █ █ (83 citaciones)

• Ministro(a) del Interior: █ █ █ █ █ █ (64 citaciones)

• Director(a) del Departamento Nacional de Planeación (DNP): █ █ █ █ █ (55 citaciones)

(Nota: El conteo consolida las citaciones hechas a los ministros que ocuparon la titularidad de estas carteras durante el cuatrienio).

Al consolidar las firmas de los congresistas citantes en los reportes de control político del cuatrienio (2022-2026), se observa que la labor fiscalizadora estuvo impulsada de manera principal por los partidos declarados en oposición e independencia.

No obstante, las coaliciones de gobierno también mantuvieron una participación alta, enfocándose en debates técnicos, de seguimiento presupuestal en regiones periféricas y cumplimiento de fallos judiciales.

A continuación, se presentan las bancadas y colectividades con el mayor volumen de citaciones radicadas en el Congreso de la República:

• Centro Democrático (Oposición): █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (192 citaciones)

• Partido Alianza Verde (Independiente / Coalición): █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (148 citaciones)

• Partido Conservador Colombiano (Independiente): █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (122 citaciones) 

• Partido Cambio Radical (Oposición): █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ (115 citaciones)

• Partido Liberal Colombiano (Independiente): █ █ █ █ █ █ █ █ █ (94 citaciones)

• Coalición Pacto Histórico (Gobierno): █ █ █ █ █ █ █ █ (85 citaciones)

• Partido de la U (Independiente): █ █ █ █ █ █ █ (78 citaciones)

Enfoque de los principales citantes:

1. Centro Democrático y Cambio Radical: Encabezaron el bloque opositor con cuestionamientos severos en las comisiones económicas y de minas sobre las alertas de desfinanciación de infraestructura, la política de hidrocarburos, el cargo por confiabilidad y los procesos de intervención del sector salud.

2. Alianza Verde y Pacto Histórico: Concentraron gran parte de sus esfuerzos en debates de corte bioético, garantías de derechos civiles, protección a la fauna silvestre (con el caso del río Magdalena) y citaciones para vigilar la lucha contra la deforestación amazónica.

3. Conservadores, Liberales y de la U: Operaron frecuentemente bajo un enfoque de cohesión regional (especialmente defendiendo los recursos públicos del litoral Caribe, San Andrés y departamentos como Antioquia o Cundinamarca), condicionando el debate a que la inversión nacional llegara a las regiones.

En general, el balance del control político ejercido por el Congreso de la República durante el cuatrienio comprendido entre julio de 2022 y junio de 2026 revela un proceso de maduración legislativa, caracterizado por el tránsito desde la confrontación ideológica inicial hacia una rigurosa fiscalización predominantemente técnica, regional y presupuestal.

Durante el periodo de instalación, que abarcó la legislatura 2022-2023, la agenda parlamentaria estuvo profundamente marcada por la transición gubernamental, la estructuración del nuevo presupuesto nacional y el examen temprano a las grandes reformas estructurales. Los temas dominantes en las citaciones se concentraron prioritariamente en asuntos económicos, con un fuerte foco en la asignación y distribución de recursos para la Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2023, a la par que el legislativo priorizó debates de alta trascendencia social enfocados en evaluar los retos del sistema de salud y lanzar las primeras alertas de la oposición sobre presuntos riesgos de desfinanciación en la infraestructura vial y la rigurosidad técnica de las metas trazadas por el nuevo Gobierno.

Para la legislatura 2023-2024, el foco del control político se orientó decididamente hacia la supervisión de los recursos públicos descentralizados y la viabilidad de las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida". Las citaciones dominantes auditaron por qué las inversiones aprobadas presentaban marcados rezagos en la contratación o no estaban impactando con la celeridad requerida a las regiones periféricas del país, especialmente en el departamento del Atlántico, al tiempo que el parlamento concentró sus esfuerzos en debates de alta sensibilidad social relacionados con la estabilidad financiera del sector salud, la parálisis de macroproyectos viales estratégicos y el manejo institucional de crisis ambientales emergentes, como el control de la fauna exótica invasora en la cuenca del río Magdalena y los cuestionamientos contractuales de la Cancillería en el proceso de elaboración de pasaportes.

Posteriormente, en la legislatura 2024-2025, la dinámica legislativa experimentó una profunda intensificación caracterizada por la fiscalización en bloque de las problemáticas intersectoriales más agudas del país. Las citaciones congregaron de forma sistemática a múltiples altos funcionarios, principalmente de las carteras de Hacienda y Transporte, para responder conjuntamente ante el Congreso por el colapso financiero y operativo de los sistemas de transporte masivo urbano de las principales capitales, así como para fijar el monto definitivo de las rentas y apropiaciones previas al estudio de la Ley de Financiamiento. Asimismo, esta etapa se destacó por la vigilancia parlamentaria especializada sobre el estado de la reforma agraria y el nivel de acatamiento institucional de sentencias de la Corte Suprema, como la que reconoció a la Amazonia colombiana como un sujeto de derechos frente a la deforestación.

Finalmente, el cuatrienio cerró en la legislatura 2025-2026 bajo una marcada rigurosidad presupuestal y control técnico sectorial que priorizó la administración pública, dejando de lado la confrontación ideológica directa en comisiones. Los debates se dirigieron de manera recurrente a evaluar la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, la consistencia de los recortes presupuestales y el comportamiento del recaudo tributario frente al endeudamiento público, con fuertes choques macroeconómicos respecto de la política monetaria del Banco de la República. De igual forma, las células legislativas mantuvieron un control riguroso sobre la adquisición, trazabilidad y criterios de entrega de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras en el litoral caribeño y sobre los programas sociales, plantas de personal y fondos destinados al Ministerio de Igualdad y Equidad.

A lo largo de los cuatro años, la intensidad de la labor de fiscalización estuvo repartida estratégicamente según las especialidades legales de las células legislativas, donde las Comisiones Cuartas y Terceras se consolidaron como el motor financiero y presupuestal, las Comisiones Séptimas lideraron el seguimiento a las reformas de la seguridad social, salud y vivienda, y comisiones como la Primera, Quinta y Sexta encabezaron debates bioéticos, de transporte masivo regional y ambientales.

Por último, el comportamiento de las bancadas reflejó un sólido equilibrio de fuerzas en el Congreso de la República, en el que los partidos oficiales y de coalición alternativa impulsaron agendas temáticas muy definidas sobre protección de fauna, derechos civiles y cumplimiento de fallos judiciales, mientras que la oposición tradicional actuó bajo una fuerte cohesión en bloque para exigir rendición de cuentas y defender los recursos regionales. Este pulso político reactivó con fuerza el mecanismo de la moción de censura en las plenarias contra carteras clave como Minas, Cancillería, Defensa, Salud, Deporte e Igualdad por ruidos de contratación, crisis de orden público o negligencias administrativas; y aunque la mayoría de estas citaciones fueron negadas gracias al respaldo de las coaliciones de gobierno, el cuatrienio cerró con hitos históricos como la renuncia de la ministra del Deporte ante la inminencia de su destitución por la pérdida de los Juegos Panamericanos y la promoción de reformas constitucionales para ampliar la responsabilidad política y aplicar la moción de censura a los directores de agencias estatales.

Control político a los estados de excepción

Mención aparte merece el control político y judicial a los estados de excepción declarados por el presidente Gustavo Petro. Conforme al artículo 215 de la Constitución, el Ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos con fuerza de ley en momentos de crisis, pero estos quedan sujetos al control automático de la Corte Constitucional y a la rigurosa fiscalización y capacidad de derogatoria por parte del Congreso de la República.

En julio de 2023, el presidente Petro implementó su primer gran estado de excepción mediante el Decreto 1085, declarando la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira para mitigar la crisis humanitaria de desabastecimiento de agua y desnutrición.

En este caso, el control político en el Congreso sirvió para encender las alarmas sobre el alcance de los 14 decretos de desarrollo que emitió el Ejecutivo (incluyendo medidas fiscales como la reducción del IVA al turismo). Los partidos independientes y de oposición cuestionaron la efectividad técnica y la improvisación en el flujo de los recursos asignados para la emergencia. El contrapeso judicial finiquitó la medida: la Corte Constitucional tumbó el decreto madre y, de forma sucesiva, para marzo de 2024, anuló el último de los decretos regulatorios que quedaban vigentes. El tribunal exhortó conjuntamente al Gobierno y al Congreso a usar los canales institucionales y presupuestales ordinarios para resolver los problemas estructurales de La Guajira, enfatizando que los estados de excepción no se pueden convertir en mecanismos permanentes de gobierno.

Pero el episodio más agudo de control político y división en el Congreso ocurrió tras la expedición del Decreto Legislativo 1390 en diciembre de 2025. El presidente Petro declaró el Estado de Emergencia Económica a nivel nacional luego de que el Capitolio le hundiera una reforma tributaria de 16,6 billones de pesos (Ley de Financiamiento).

La reacción de control político en el Congreso expuso una profunda fractura en su cúpula directiva. Desde el Senado, su presidente Lidio García (Partido Liberal) lideró una postura férrea de resistencia e independencia, manifestando que el Congreso "no se subordina" y citando a debates urgentes para examinar con rigor los decretos presidenciales. García y los sectores de oposición argumentaron que el Ejecutivo pretendía saltarse las competencias del Legislativo para imponer gravámenes e impuestos (como el IVA a licores o cargas a generadoras eléctricas) por vía de decreto, lo que normalizaba la usurpación de funciones. En contraste, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (Partido de la U), asumió una postura defensiva en favor del Gobierno, argumentando que negar estas herramientas dejaba desprotegida a la población ante riesgos sociales.

Finalmente, el control judicial resolvió la disputa en abril de 2026, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional (con ponencia del magistrado Carlos Camargo) declaró inexequible la emergencia nacional. La Corte respaldó la soberanía del Congreso al reiterar que el hundimiento de una reforma tributaria en las comisiones ordinarias no constituye un "hecho sobreviniente o imprevisible", y recordó que la competencia presupuestal y de impuestos es de exclusividad del legislador legítimo.

En suma, el control político del Congreso a los estados de excepción en la administración actual ha operado como un dique de contención frente a las facultades extraordinarias del Ejecutivo. El debate legislativo ha defendido de manera categórica el principio de separación de poderes, impidiendo que las derrotas o bloqueos de los proyectos del Gobierno en las comisiones ordinarias sean subsanados mediante legislaciones excepcionales de la Presidencia.

La moción de censura

La moción de censura sucede cuando una de las Cámaras reprocha la actuación de un alto funcionario del Ejecutivo por asuntos relacionados con sus funciones o por desatención a los requerimientos o citaciones del Congreso. Debe ser propuesta por al menos la décima parte de los miembros de la Cámara respectiva, y para su aprobación requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la propuso. Su aprobación da lugar a la separación del cargo del funcionario implicado. Desde su introducción en la Constitución Política Colombiana, nunca se ha adelantado un proceso de moción de censura: uno, porque los ministros cuestionados han renunciado antes de ser usada la figura o el presidente lo ha cambiado; y dos, porque se requiere el voto afirmativo de la mayoría, en Congresos donde el gobierno cuenta con las mismas.

Este es un cuadro resumen de las citaciones a moción de censura de ministros y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro: