Durante la legislatura 2024-2025, el Gobierno Nacional abandonó las coaliciones formales debido a la fragmentación política y optó por construir mayorías coyunturales proyecto a proyecto, lo que facilitó avances puntuales pero redujo su efectividad legislativa general al $22.6\%$. Esta dinámica, sumada a una estrategia gubernamental de presión mediante la movilización ciudadana, profundizó la confrontación entre el Ejecutivo y un Congreso que, pese a radicar la cifra récord de 910 proyectos, sufrió un grave atasco institucional con una tasa de aprobación general de apenas el $2\%$. Al final, este periodo dejó un balance ambivalente: demostró que es viable gobernar mediante acuerdos específicos, pero a costa de un severo desgaste en la relación de poderes, una baja capacidad del Legislativo para consolidar una agenda autónoma y un escenario de alta polarización de cara a la recta final del cuatrienio.

Tercera Legislatura 2024 – 2025

La tercera legislatura estuvo marcada por un escenario de profunda fragmentación política y por el abandono definitivo de las coaliciones formales que caracterizaron el inicio del cuatrienio. Ante la imposibilidad de reconstruir una mayoría estable en el Congreso, el Ejecutivo optó por una estrategia basada en acuerdos coyunturales con sectores de distintos partidos, negociando cada proyecto de manera individual y construyendo mayorías ad hoc según la iniciativa en discusión. Esta dinámica permitió avances puntuales en reformas clave, pero también incrementó los costos de transacción y redujo la capacidad del Gobierno para impulsar una agenda legislativa amplia y sostenida. <br>Durante este periodo, el Ejecutivo complementó la negociación parlamentaria con una estrategia de presión política basada en la movilización ciudadana y en la opinión pública. La discusión de la reforma laboral evidenció esta dinámica, donde la narrativa gubernamental aumentó la presión sobre el Congreso y contribuyó a reactivar el trámite legislativo de la iniciativa. Sin embargo, esta postura también profundizó las fisuras entre el Ejecutivo y el Legislativo, alimentando un entorno de confrontación con las instituciones representativas.

Agenda legislativa

En términos de gobernabilidad, esta tercera legislatura consolidó la disminución de la efectividad legislativa global del Gobierno, en comparación con el arranque del cuatrienio. La tasa de éxito de las iniciativas gubernamentales se situó en un 22,6%, ubicándose lejos de 33% alcanzado en la primera legislatura. El Ejecutivo conservó la capacidad de destrabar proyectos específicos, perdió la facultad de sostener una agenda reformista integral. Cada votación se convirtió en una negociación independiente, condicionada por las divisiones partidistas, las tensiones institucionales y un prematuro ambiente preelectoral.

La producción legislativa general también reflejó los síntomas de atasco en el Capitolio. Durante la legislatura 2024-2025 se radicaron 910 proyectos de ley, la cifra más alta del cuatrienio, de los cuales el 60% inició su trámite en la Cámara de Representantes y el 40% en el Senado. No obstante, únicamente 18 iniciativas lograron convertirse en ley de la República, lo que equivale a una tasa de aprobación general del 2%. Por su parte, 328 proyectos sobrevivieron para continuar su trámite en la siguiente legislatura, mientras que cerca de una quinta parte de las iniciativas fueron archivadas. Este comportamiento evidencia una severa congestión legislativa y una baja capacidad institucional para transformar el volumen de la oferta legislativa en normas aprobadas.

Los temas que concentraron la mayor actividad legislativa fueron cultura y honores, medio ambiente, educación, transporte y asuntos laborales. Sin embargo, buena parte de estos proyectos permanecieron represados en segundo debate, especialmente en las comisiones sextas de ambas corporaciones, lo que generó un cuello de botella en las plenarias. La práctica de aprobar proyectos en primer debate para evitar su archivo terminó trasladando la congestión hacia las etapas finales del trámite legislativo y limitando la capacidad del Congreso para culminar con éxito las iniciativas.

Aunque algunos sectores anticipaban que este sería el "año del Congreso" - en el que el Legislativo asumiría un papel más autónomo - los resultados mostraron una realidad distinta. Las prioridades de la Casa de Nariño continuaron marcando buena parte de la agenda parlamentaria y la acumulación de proyectos pendientes redujo el espacio disponible para las iniciativas de origen legislativo. De hecho, solo el 2,8% de los proyectos presentados por los congresistas logró convertirse en ley, mientras que las iniciativas gubernamentales mantuvieron una tasa de éxito sustancialmente superior.

Por otra parte, la función de control político adquirió mayor relevancia durante esta legislatura. El seguimiento a las reformas a la salud y laboral, los debates sobre la baja ejecución presupuestal, la infraestructura y las finanzas públicas concentraron buena parte de los debates de control político. El Ministerio de Hacienda fue la entidad más citada, seguido por las carteras de Relaciones Exteriores, Transporte y Comercio. Estos debates reflejaron las principales tensiones políticas del periodo, entre ellas la crisis del sistema de salud, las dificultades presupuestales, los problemas de infraestructura y diversos escándalos administrativos.

En perspectiva, la tercera legislatura dejó un balance ambivalente tanto para el Gobierno como para el Congreso. El Ejecutivo demostró que es estructuralmente viable gobernar y rescatar proyectos neurálgicos sin una coalición formal; sin embargo, esta estrategia implicó mayores niveles de confrontación política, un desgaste de la relación entre poderes y una menor tracción legislativa general.

Al mismo tiempo, el Congreso mostró dificultades para consolidar una agenda legislativa propia, mitigar la hiperinflación de proyectos y fortalecer su autonomía frente al poder presidencial. En consecuencia, el cierre de la tercera legislatura dejó a las instituciones políticas en un escenario de marcada polarización, mínimos consensos y desafíos complejos para la gobernabilidad en la recta final del cuatrienio.