El primer periodo de la cuarta legislatura (2025–2026) representó el momento de mayor debilidad legislativa para el gobierno de Gustavo Petro, caracterizado por una marcada fragmentación política y la pérdida de tracción de su agenda debido a la cercanía de las elecciones de 2026. Con una tasa de éxito de apenas el 4,5% —donde solo el Presupuesto General de la Nación logró convertirse en ley de los 22 proyectos radicados—, las principales reformas del Ejecutivo (salud, financiamiento, jurisdicción agraria, entre otras) quedaron estancadas o fueron rechazadas ante la falta de mayorías estables. Esta parálisis se vio agudizada por el ausentismo y el enfoque territorial de los congresistas en campaña, lo que generó una alta congestión normativa en la que, a pesar de radicarse 711 proyectos, la producción efectiva fue mínima, desplazando el protagonismo del Congreso hacia debates de control político en sectores como infraestructura, seguridad y la política de Paz Total.

Cuarta legislatura 2025 – 2026 

El primer periodo de la cuarta y última legislatura del cuatrienio estuvo marcado por el debilitamiento definitivo de la capacidad del Gobierno para construir mayorías estables en el Congreso. En un escenario atravesado por la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la actividad parlamentaria comenzó a responder cada vez más a las dinámicas electorales que a las prioridades del Ejecutivo. El resultado fue una legislatura caracterizada por la baja productividad legislativa, la fragmentación política y la pérdida de tracción de las principales reformas gubernamentales. 

La efectividad legislativa del Gobierno alcanzó su nivel más bajo desde el inicio del mandato de Gustavo Petro. De los 22 proyectos radicados por el Ejecutivo durante el periodo, únicamente uno logró convertirse en ley: el Presupuesto General de la Nación. Esto se tradujo en una tasa de éxito del 4,5%, una caída significativa frente al 33% registrado en las dos primeras legislaturas y al 22% observado durante la tercera. Esta tendencia evidencia el progresivo deterioro de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y la dificultad del Gobierno para sostener las mayorías necesarias para impulsar su agenda. 

Varios de los proyectos más importantes del Ejecutivo enfrentaron serios obstáculos legislativos. La ley de financiamiento fue rechazada en las comisiones económicas por falta de consensos, la reforma a la salud permaneció estancada tras su archivo en la Comisión Séptima del Senado, la jurisdicción agraria continuó sin culminar su trámite, y otras iniciativas, como la reforma a los servicios públicos, la ley de sometimiento y el fortalecimiento institucional del Ministerio de la Igualdad, quedaron suspendidas o aplazadas. El hundimiento de la reforma tributaria generó además un efecto dominó que terminó afectando buena parte de la agenda gubernamental. 

La dinámica legislativa estuvo fuertemente condicionada por el ambiente preelectoral. Con las elecciones legislativas de marzo de 2026 en el horizonte, numerosos congresistas comenzaron a concentrar sus esfuerzos en actividades territoriales y de campaña, reduciendo la asistencia a las sesiones y disminuyendo la capacidad del Congreso para adelantar debates de fondo. La ausencia de incentivos políticos para asumir los costos de respaldar iniciativas gubernamentales contribuyó a la pérdida de cohesión de las mayorías y a la consolidación de acuerdos cada vez más frágiles y coyunturales. 

Agenda Legislativa 

En términos de producción legislativa, durante el primer semestre de la legislatura se radicaron 711 proyectos de ley, manteniendo la tendencia de alta actividad normativa observada en años anteriores. Cerca del 60% de las iniciativas se originaron en la Cámara de Representantes y el 40% restante en el Senado. Sin embargo, la mayoría de los proyectos permanecieron en trámite, consolidando un importante nivel de congestión legislativa heredado de periodos anteriores. Las comisiones Primera, Sexta y Séptima concentraron buena parte de las iniciativas pendientes, convirtiéndose nuevamente en los principales cuellos de botella del proceso legislativo. 

Los temas que concentraron el mayor número de proyectos fueron cultura y honores, medio ambiente, educación, transporte y asuntos laborales. No obstante, la elevada cantidad de iniciativas presentadas contrastó con la baja capacidad institucional para completar los trámites legislativos, ampliando la brecha entre la radicación de proyectos y su aprobación efectiva. 

Por otra parte, el control político adquirió una importancia creciente durante esta legislatura. El Congreso realizó más de un centenar de debates, audiencias y citaciones, concentradas principalmente en los sectores de transporte, tecnologías de la información, seguridad, defensa y relaciones exteriores. Las dificultades en infraestructura, la implementación de la red 5G, la situación de las relaciones internacionales y los avances de la política de Paz Total se convirtieron en algunos de los temas más discutidos por las comisiones constitucionales. 

En perspectiva, el primer periodo de la cuarta legislatura representa el momento de mayor debilidad legislativa del Gobierno Petro. La combinación entre la fragmentación partidista, la ausencia de una coalición estable y la cercanía del calendario electoral redujo significativamente la capacidad del Ejecutivo para impulsar sus reformas. Al mismo tiempo, el Congreso mostró una menor disposición para asumir grandes debates y concentró buena parte de su actividad en el control político y en agendas de menor complejidad.