La legislatura 2023–2024 centró su control político en la baja ejecución presupuestal regional —especialmente en el Atlántico—, la crisis financiera de la salud y el manejo de los pasaportes en la Cancillería. Las comisiones Cuarta y Primera de la Cámara y la Tercera del Senado lideraron los debates, impulsados por partidos como Alianza Verde, Cambio Radical y el Conservador en defensa de la descentralización. Adicionalmente, la oposición intensificó la presión mediante mociones de censura contra los ministros de Defensa, Salud, Minas, Interior e Igualdad; aunque ninguna prosperó, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, renunció antes de su votación ante la inminente destitución por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027.

Control político en la Legislatura 2023 – 2024: riguroso control a la ejecución regional del gasto y vigilancia a los macroproyectos y alertas ambientales

Durante la legislatura comprendida entre julio de 2023 y junio de 2024, el Congreso de la República orientó su agenda de control político hacia la supervisión de los recursos públicos descentralizados y la viabilidad técnica de las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los debates de citación dominantes giraron en torno a asuntos presupuestales y económicos, centrándose de manera particular en auditar por qué las inversiones aprobadas presentaban marcados rezagos en la contratación o no estaban impactando con la celeridad requerida a las regiones periféricas del país, especialmente en el departamento del Atlántico. Al mismo tiempo, el parlamento concentró sus esfuerzos en debates de alta sensibilidad social relacionados con la estabilidad financiera del sector salud y la procreación asistida, la parálisis de macroproyectos viales estratégicos y el manejo institucional de crisis ambientales emergentes, como el control de la fauna exótica e invasora en la cuenca del río Magdalena.

En este periodo, los llamados legislativos más recurrentes se focalizaron en las carteras con mayor responsabilidad fiscal y de ejecución en los territorios. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, fue citada de manera prioritaria para rendir informes detallados sobre los planes de contingencia, esterilización y manejo de la población de hipopótamos en libertad. De igual forma, ministros como Luz Cristina López Trejos en Deporte, Catalina Velasco Campuzano en Vivienda y Luis Fernando Velasco Chaves en el Ministerio del Interior debieron comparecer de manera conjunta ante los legisladores para responder de forma pormenorizada por las demoras en los giros sectoriales, el cumplimiento de los programas de fomento territorial y el estancamiento de las obras comunitarias aprobadas

Y finalmente, el otro tema que llamó la atención del Congreso fue las citaciones a la Cancillería, dado que el ministro Álvaro Leyva no asistió al Congreso, por lo que el entonces ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, debió dar respuesta a los cuestionamientos sobre el proceso contractual de la elaboración de pasaportes, el presunto uso indebido de sedes consulares con fines políticos y las críticas al decreto con el que el presidente Gustavo Petro dio luz verde a la creación de 9 embajadas nuevas.

Esta dinámica de fiscalización parlamentaria estuvo liderada principalmente por tres células legislativas estratégicas. La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes se consolidó como el escenario con mayor volumen de debates económicos, exigiendo explicaciones técnicas continuas al gabinete ministerial por la falta de ejecución de las partidas del presupuesto nacional. Por su parte, la Comisión Primera de la Cámara concentró las citaciones de carácter bioético y legal para analizar la viabilidad constitucional del proyecto de ley estatutaria sobre reproducción humana asistida, mientras que la Comisión Tercera del Senado de la República articuló los principales llamados sectoriales destinados a destrabar la infraestructura terrestre nacional y evaluar el impacto real de la inversión pública en los municipios colombianos.

Por último, las solicitudes de control político reflejaron una marcada actividad por parte de sectores independientes y de coalición con agendas temáticas muy definidas, mientras que la oposición se sumó a esfuerzos conjuntos de control regional. La Alianza Verde y la coalición Alianza Verde Centro Esperanza se posicionaron como unas de las bancadas más activas en la radicación de proposiciones; sus congresistas impulsaron con fuerza citaciones asociadas a la protección de la fauna silvestre en cautiverio y debates sobre garantías de derechos civiles y salud. Paralelamente, partidos tradicionales e independientes, de manera particular Cambio Radical y el Partido Conservador Colombiano, actuaron bajo una fuerte cohesión política regional para radicar citaciones conjuntas en defensa de la costa Caribe, cuestionando de forma sistemática la centralización del gasto del Gobierno Nacional y la falta de soluciones eficaces ante la parálisis de obras clave de transporte.

Mociones de censura

Durante la legislatura 2023-2024 (20 de julio de 2023 al 20 de junio de 2024) se radicaron y tramitaron varias mociones de censura contra ministros del Gobierno de Gustavo Petro. Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa, fue uno de los ministros que enfrentó mayor presión política durante la legislatura. La oposición promovió una moción de censura por el deterioro del orden público, el incremento de la violencia en distintas regiones del país, particularmente en el Cauca, y los cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno. También se señalaron los resultados de la denominada “Paz Total” y el aumento de ataques contra la Fuerza Pública. Además, en junio de 2024 enfrentó un nuevo debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, relacionado con la situación general de seguridad del país.

Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo enfrentó una moción de censura impulsada en la Cámara de Representantes por partidos de oposición (como el Centro Democrático y Cambio Radical) e independientes. Los motivos principales fueron la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el país, las presuntas irregularidades y retrasos en los giros de los presupuestos máximos a las EPS, y el colapso en el nuevo modelo de salud para los profesores (Fomag). El debate y la votación se llevaron a cabo entre marzo y abril de 2024. Finalmente, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura gracias a que las bancadas aliadas del Gobierno consolidaron una mayoría de 96 votos en contra de la destitución frente a solo 36 votos a favor.

Sectores de oposición impulsaron una moción de censura contra Andrés Camacho Morales, ministro de Minas y Energía, por decisiones relacionadas con la política energética, la disminución de las reservas de gas y petróleo, los riesgos para la seguridad energética nacional y la falta de respuestas frente al aumento de las tarifas de energía.

También la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez Mina, fue objeto de una moción de censura por presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal de la entidad, baja ejecución de programas sociales y cuestionamientos sobre los resultados obtenidos por el Ministerio de Igualdad desde su creación. Los citantes argumentaron una gestión insuficiente frente a los recursos asignados y los objetivos institucionales.

La ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez fue citada debido a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, luego de que el Gobierno Nacional incumpliera los plazos de pago acordados con la organización Panam Sports. La prensa y el Congreso tildaron el hecho como una "vergüenza internacional" y una grave negligencia administrativa. El debate se programó para finales de febrero de 2024; sin embargo, ante la inminencia de su destitución por la falta de apoyos políticos en el Senado, la ministra presentó su renuncia irrevocable al cargo el 15 de febrero de 2024, días antes de que se realizara la votación formal de la moción.

Y hacia el final de la legislatura se radicó una moción de censura contra Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La oposición buscó establecer posibles responsabilidades políticas del ministro por presuntos hechos relacionados con la gestión gubernamental y las denuncias conocidas en ese momento.

Ninguna de estas citaciones prosperó.