La legislatura 2024–2025 intensificó su control político en la crisis financiera del transporte masivo urbano, el debate técnico del Presupuesto 2025 y el freno a la deforestación amazónica. Ministros como Ricardo Bonilla (Hacienda) y María Constanza García (Transporte) fueron citados recurrentemente por las comisiones económicas, la Quinta de la Cámara y la Sexta del Senado. Mientras el oficialismo vigiló el cumplimiento de fallos ambientales, la oposición e independientes exigieron respuestas sobre movilidad y tierras. Al cierre del periodo, el Congreso tramitó mociones de censura contra los ministros de Minas (Andrés Camacho) por la crisis energética y de Hacienda (Ricardo Bonilla) por el escándalo de la UNGRD; no obstante, ambas fueron rechazadas por las mayorías.

Control político 2024 -2025: La lupa en el transporte masivo y el presupuesto de 2025: un Congreso en bloque contra la crisis urbana y la deforestación amazónica.

Durante la legislatura comprendida entre julio de 2024 y junio de 2025, la dinámica del control político en el Congreso experimentó una profunda intensificación, caracterizada por la fiscalización a los sistemas de transporte masivo urbano, la discusión en bloque del Presupuesto General de la Nación de 2025 y la vigilancia del cumplimiento de fallos judiciales ambientales de trascendencia global. Los debates dominantes en las citaciones se concentraron prioritariamente en los sectores de transporte y tránsito, abordando de manera profunda las crisis financieras, operativas, el déficit de usuarios y el deterioro de la infraestructura de los sistemas integrados de las principales capitales del país. Del mismo modo, el legislativo priorizó debates fiscales conjuntos para fijar el monto definitivo de las rentas y apropiaciones de la Nación previo al estudio de la Ley de Financiamiento, además de hacer seguimiento al estado de la reforma agraria y al nivel de acatamiento de sentencias de la Corte Suprema, como la que reconoció a la Amazonia colombiana como un sujeto de derechos frente a la deforestación.

En este periodo, las citaciones congregaron de forma sistemática a múltiples altos funcionarios para responder en bloque por las problemáticas intersectoriales más agudas. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, figuraron entre los más citados del gabinete. Fueron requeridos de manera recurrente para comparecer conjuntamente ante el Congreso con el fin de justificar el flujo de los recursos nacionales destinados a mitigar el colapso financiero de los sistemas de transporte masivo, destrabar los retrasos de las flotas y resolver los crecientes conflictos con los transportadores afiliados. Asimismo, compartieron escenario de citación con directores técnicos como Alexánder López Maya (DNP) y Gustavo Bolívar Moreno (Prosperidad Social) para dar cuenta de la ejecución física de los presupuestos de inversión en las regiones más vulnerables.

Esta rigurosa actividad de fiscalización parlamentaria estuvo dinamizada en gran medida por comisiones económicas y ambientales bajo estrategias de control especializado. Las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas (tanto de Senado como de Cámara) citaron amplios debates de control enfocados de manera exclusiva en el estudio técnico del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2025, evaluando la sostenibilidad fiscal del país y la viabilidad del recaudo tributario. Por su parte, la Comisión Sexta del Senado concentró la citación y debate de las problemáticas operativas de infraestructura de transporte masivo de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, mientras que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes lideró audiencias y citaciones clave para evaluar el cumplimiento de la Sentencia 4360/18 de la Amazonia, revisando con lupa los avances y deficiencias institucionales en la lucha contra la deforestación de este ecosistema estratégico.

Por último, el comportamiento de las bancadas reflejó un sólido equilibrio entre la oposición tradicional, los sectores oficialistas encargados de vigilar fallos de gran calado y las coaliciones alternativas e independientes. Congresistas pertenecientes al Pacto Histórico Coalición (como el representante Jorge Andrés Cancimance López) ejercieron un rol activo en la citación de audiencias para vigilar que las agencias gubernamentales implementaran medidas efectivas de protección ambiental. En contraste, la oposición, representada por partidos como el Centro Democrático (a través de figuras como Esteban Quintero Cardona), en articulación con sectores independientes y de coalición como la Alianza Verde Centro Esperanza (Gustavo Adolfo Moreno), el Partido Conservador Colombiano (Soledad Tamayo) y el Partido de la U (Julio Alberto Elías), lideraron las citaciones más críticas de control sectorial. Estas colectividades actuaron en bloque para exigir explicaciones de fondo sobre el manejo de las crisis de transporte urbano y la efectividad en los procesos de redistribución de tierras en los departamentos del archipiélago y el litoral caribeño.

Mociones de censura

Durante la legislatura que comprendió el periodo entre julio de 2024 y junio de 2025, la tensión política en el Congreso escaló a tal punto que se activó formalmente el mecanismo de moción de censura contra dos destacados miembros del gabinete ministerial del Gobierno Nacional.

Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público por solicitud impulsada principalmente por el senador Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández) y congresistas de las bancadas de oposición. Los motivos se fundamentaron en el fuerte escándalo mediático y judicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que testimonios de exdirectores de la entidad salpicaran presuntamente al ministro con la supuesta coordinación de asignación de contratos públicos en municipios para favorecer el trámite de las reformas en el Congreso. El debate se realizó en septiembre de 2024 y la votación final tuvo lugar el 1 de octubre de 2024. La moción fue rechazada de manera contundente por la plenaria del Senado con 51 votos por el "No" y 19 por el "Sí", permitiéndole mantenerse en su cargo.

Y Omar Andrés Camacho Morales, ministro de Minas y Energía. Fue citado a debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes por sectores de la oposición a raíz de los crecientes cuestionamientos técnicos por la crisis energética y de abastecimiento de gas que enfrentaba el país, las alertas sobre un eventual racionamiento de energía eléctrica y el incremento sostenido en las tarifas del servicio en la región Caribe. La votación se llevó a cabo el 14 de agosto de 2024. Las mayorías de la coalición del gobierno lograron consolidar los votos necesarios para respaldar la gestión del ministro, por lo cual la moción de censura fue negada y archivada.