Control político al Ministerio de Educación y entidades adscritas para evaluar los planes, la destinación de recursos (incluidos USD 48 millones de un crédito CAF) y las acciones de reconstrucción en la infraestructura escolar tras un sismo. Asimismo, exige rendir cuentas sobre la continuidad del servicio educativo y del PAE, el estado financiero del FFIE, y las garantías en salud, apoyo psicosocial y trámites prestacionales que brindará el FOMAG a los docentes afectados.