La presente ley tiene como objetivo prevenir y sancionar el volteo de tierras, una forma de corrupción que implica la alteración fraudulenta del uso del suelo y del ordenamiento territorial, mediante medidas penales, disciplinarias y administrativas. Establece un nuevo tipo penal para castigar estas conductas, así como sanciones para funcionarios que, por acción u omisión, faciliten estas prácticas en connivencia con particulares. Además, incorpora mecanismos de control y seguimiento a nivel nacional para proteger el desarrollo urbano y rural, el medio ambiente, el derecho a la alimentación, el patrimonio colectivo y la confianza ciudadana en las instituciones.