Esta ley busca aliviar la carga del impuesto predial sobre los hogares colombianos, especialmente los de menores ingresos, sin afectar la sostenibilidad fiscal de los municipios. Propone una reducción progresiva y equitativa del impuesto mediante lineamientos sobre topes, exenciones y mecanismos de revisión, respetando la autonomía territorial. Además, permite que los concejos municipales adapten estas directrices según sus condiciones locales, promoviendo un sistema tributario más justo, eficiente y socialmente responsable.