El proyecto de ley busca aclarar y redistribuir las funciones de los actores del Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, especialmente a nivel territorial, ante la ambigüedad normativa que ha generado superposición de responsabilidades y deficiencias en el cumplimiento de la política criminal. En respuesta al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional, se propone regular las obligaciones de las entidades territoriales considerando factores locales como el hacinamiento y la vulneración de derechos humanos en los centros de detención transitorios. La iniciativa también aborda la falta de eficacia en las sanciones disciplinarias y la confusión jurídica entre sanción policiva y detención preventiva, promoviendo una articulación entre los niveles nacional y local para garantizar la resocialización de la población privada de la libertad y el respeto a los derechos humanos.