Incorporar en el marco legal la figura de la flagrancia por geolocalización, permitiendo que la ubicación transmitida por un dispositivo robado sea considerada como indicio suficiente para una intervención policial inmediata, exclusivamente en delitos contra el patrimonio. La medida se limita a dispositivos de la víctima, exige reacción inmediata, control judicial posterior, y criterios de proporcionalidad para evitar abusos, garantizando así una herramienta eficaz, fiscalizable y respetuosa de los derechos fundamentales en el contexto digital.