Este proyecto de ley busca garantizar los derechos de las personas que habitan en zonas fronterizas de Colombia frente a cambios en las relaciones diplomáticas con países vecinos. Propone modificar la Ley 191 de 1995 para establecer la consulta previa obligatoria a las comunidades locales en la negociación de tratados bilaterales que no requieren aprobación del Congreso, siempre que puedan afectar derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital o la integridad personal. Además, permite que los acuerdos suscritos por autoridades locales con entidades extranjeras continúen vigentes incluso en escenarios de ruptura diplomática, siempre que se sigan los canales oficiales. Se excluyen de esta consulta los temas de seguridad y defensa nacional. La iniciativa fortalece la participación ciudadana, la soberanía nacional y la cooperación transfronteriza, promoviendo un marco institucional que proteja los bienes jurídicos individuales y colectivos de las comunidades fronterizas.