El proyecto busca establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la protesta social en Colombia, garantizando tanto los derechos de quienes participan en las manifestaciones como los de quienes no participan en ellas. Su propósito es asegurar un equilibrio entre el derecho fundamental a la protesta y la protección de los derechos de toda la ciudadanía.

Para ello, la iniciativa se fundamenta en el deber del Estado de garantizar los derechos, la convivencia pacífica y un orden justo, bajo el principio de que los derechos deben protegerse de manera universal. Asimismo, reconoce que el ejercicio de los derechos implica responsabilidades, por lo que promueve reglas que permitan armonizar la protesta social con el respeto a los derechos de terceros.

En síntesis, el proyecto pretende conciliar libertades y responsabilidades en el espacio público, mediante un marco jurídico que garantice la protesta pacífica, la convivencia ciudadana y la protección proporcional de todos los derechos involucrados.