La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las entidades que participan en el proceso de Justicia y Paz, la agilización en la definición de la situación jurídica de los beneficiarios y la modificación del procedimiento transicional. Sus disposiciones se aplicarán a las personas que hubieran participado en el conflicto armado no internacional (CANI) conforme al Derecho Internacional Humanitario y los grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que suscriban a acuerdos de sometimiento a la justicia y desmantelamiento con el Gobierno Nacional.