El Gobierno nacional presenta al Congreso un proyecto de ley orgánica que desarrolla las normas sobre competencias y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en cumplimiento del artículo 356 de la Constitución tras su modificación en 2024. La propuesta, construida mediante un amplio proceso de diálogo institucional, social y académico, busca fortalecer la autonomía territorial, avanzar en la descentralización y cerrar brechas sociales, económicas e institucionales.

El proyecto establece un marco normativo para promover una autonomía territorial efectiva a mediano y largo plazo, mediante la descentralización gradual de competencias, la transferencia progresiva de recursos, el reconocimiento de la diversidad territorial y la participación ciudadana en las decisiones locales. Se enfoca especialmente en el funcionamiento del SGP y en la descentralización de los servicios de salud, educación y agua potable y saneamiento básico, sectores priorizados para el cierre de brechas.

Asimismo, incluye disposiciones sobre planeación y ordenamiento territorial. En conjunto, la iniciativa busca avanzar hacia un Estado Social de Derecho más equitativo, solidario y descentralizado, donde los territorios cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir los fines del Estado.