Esta ley establece el régimen jurídico único de la gestión integral del recurso hídrico en el territorio nacional; determina la naturaleza jurídica del agua y de los bienes asociados a ella, los principios que rigen su administración, el sistema de planificación por cuencas, el régimen de los títulos habilitantes para su uso y aprovechamiento, las reglas de protección de su calidad y de saneamiento de vertimientos, las instancias de gobernanza y participación, las reglas de concurrencia de los instrumentos económicos existentes, el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones hídricas y el régimen de transición hacia el nuevo ordenamiento.