Por el cual se expiden normas de control tarifario, protección a los usuarios y se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.

El proyecto sobre servicios públicos domiciliarios busca dar solución a los aspectos más críticos de la relación contractual empresas-usuarios, tales como la clasificación irregular de los predios, la determinación arbitraria e inequitativa de las tarifas, la liquidación arbitraria de facturas, el desconocimiento del derecho de medición, las violaciones al derecho de petición, recurso y silencio administrativo, el desconocimiento del debido proceso y el derecho a la defensa en los actos administrativos de las empresas contra los usuarios, las limitaciones al derecho de participación de los usuarios y algunas injusticias tarifarias adicionales, especialmente con los predios en los cuales se configuran usos compartidos, inquilinatos, mixtos y multiusuarios.