Crea un mecanismo oficial y periódico mediante el cual el Estado colombiano evalúe, de manera anual, el grado de cooperación de los países consumidores de drogas ilícitas y/o con índices elevados de lavado de activos asociados al narcotráfico, con los siguientes fines: 1) visibilizar la responsabilidad compartida en la materia, 2) promover compromisos internacionales verificables y 3) afirmar la soberanía de Colombia en el diseño de su política antidrogas.