Por la cual se crea la Abogacía General del Estado, se dictan normas para su funcionamiento y se determina su estructura y organización.

Se requiere la creación de una Abogacía General de la Nación, ente encargado exclusivamente de defender los intereses del Estado, de proteger el patrimonio público y salvaguardar los recursos oficiales, cuyo director sea un Abogado General de la Nación, cuyas funciones sean las de defensa, consulta y asesoría del Estado en todas sus dependencias del orden nacional, en asuntos de contratación pública, licitaciones, defensa de la ley y en general atender los diversos procesos contra los entes públicos nacionales, a nivel interior y exterior.