La presente ley fortalece e incentiva la autonomía y el desarrollo territorial a través de la asignación gradual y sostenible de competencias entre niveles de gobierno y la transferencia progresiva de recursos a las entidades territoriales beneficiarios del Sistema General de Participaciones para la atención de los servicios a su cargo e incluye normas para ajustar la estructura de la administración pública, en los términos de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para contribuir al cierre de brechas social, económica e institucional, priorizando la garantía de los derechos de servicios a la salud, educación y agua apta para el consumo humano y saneamiento básico, así como las inversiones en los otros sectores financiables con el Propósito General.