El proyecto busca proteger la categoría femenina como una medida de igualdad y justicia deportiva. La existencia de competencias separadas por sexo no parte de una valoración de superioridad o inferioridad entre hombres y mujeres; responde a diferencias fisiológicas promedio que inciden en la fuerza, la potencia, la velocidad, la capacidad aeróbica, la estructura ósea y el riesgo de lesión. Sin una categoría protegida, las oportunidades deportivas de las mujeres pueden perder efectividad real. La iniciativa adopta una regla clara: la identidad de género no sustituye el sexo biológico como criterio de elegibilidad para la categoría femenina. A la vez, evita convertir esa regla en una exclusión de la práctica deportiva, pues mantiene categorías masculinas, abiertas y mixtas; prohíbe exámenes invasivos; impide tratamientos médicos forzados; protege los datos sensibles; y garantiza el debido proceso.