La presente ley tiene por objeto establecer medidas que garanticen la moralidad administrativa y la protección del erario en los procesos electorales, impidiendo el pago o asegurando el reintegro de la reposición de votos en los casos en que la elección sea anulada por las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, estableciendo como prohibición que el candidato con la elección anulada pueda participar dentro de las elecciones atípicas, así como habilitar mecanismos para la recuperación de los costos de elecciones atípicas derivadas de tales nulidades.