Esta iniciativa busca frenar el crecimiento de la Frontera Agrícola Nacional e imponer al Gobierno la obligación de ejecutar un plan ambiental de cumplimiento obligatorio para la revegetalización, reforestación, recuperación del suelo y compensación de al menos el $10\%$ de su área total. Para garantizar su cumplimiento desde su publicación y derogando normas contrarias, el Ejecutivo deberá reglamentar los mecanismos de medición de este plan y rendir un informe anual de avances ante el Congreso de la República al inicio de cada legislatura.