Por la cual se modifica el Decreto-ley 272 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Este proyecto de ley se crea con el propósito de garantizar la autonomía e independencia a la Auditoría General de la República y evitar las intromisiones en su funcionamiento, es necesario que la aludida vigilancia se radique en un organismo imparcial y conocedor de estas materias, como quiera que es instancia en todo lo que atañe a la responsabilidad fiscal, características propias del Consejo de Estado, en este orden de ideas, la propuesta consiste en que la Auditoría General de la República continúe presentando los informes de gestión a las Altas Cortes pero que, por su naturaleza de organismo supremo de control fiscal, sea el honorable Consejo de Estado quien determine lo que estime pertinente en cuanto a la gestión fiscal de la Auditoría General de la República se refiere.