Este proyecto de ley busca modificar el régimen de protección al consumidor financiero para prohibir y sancionar las prácticas contractuales abusivas por parte de las entidades bancarias, nivelando la balanza en los contratos de adhesión. Para ello, establece que el silencio o la inactividad del usuario jamás podrán interpretarse como aceptación tácita de cargos, renovaciones o nuevos servicios, al tiempo que prohíbe categóricamente la modificación unilateral de las condiciones originalmente pactadas —como cupos de crédito, exenciones de cuotas de manejo o programas de fidelización— en perjuicio del cliente. En consecuencia, la iniciativa impone el respeto a la confianza legítima y la oferta comercial, dictaminando que cualquier cambio en las condiciones del producto solo será válido si genera un beneficio directo y cuantificable para la economía del consumidor.