Busca actualizar el régimen de propiedad horizontal en Colombia para adaptarlo a las dinámicas actuales de convivencia, administración y sostenibilidad en conjuntos residenciales y edificios. La iniciativa propone incorporar principios como la función social y ecológica de la propiedad, la dignidad humana, el acceso a la información y el respeto al debido proceso, además de redefinir conceptos clave para mejorar la seguridad jurídica. También plantea fortalecer la estructura de los órganos de administración, regular nuevas prácticas como la vivienda turística y el uso exclusivo de bienes comunes, crear un registro único de administradores, y garantizar una gobernanza más transparente, participativa y funcional, respondiendo así a las necesidades reales de quienes habitan en propiedad horizontal.