Por la cual se promueve la adquisición de productos amigables con el medio ambiente en las entidades estatales, se regula el uso adecuado del papel y sus derivados, y se dictan otras disposiciones. [Buenas prácticas ambientales]

El proyecto tiene por objeto promover un cambio en las entidades estatales enfocado a la demanda de productos que sean respetuosos o amigables con el medio ambiente. Para tal efecto, se establecen una serie de medidas cuyo ámbito de aplicación debe extenderse a la totalidad de la administración pública nacional. Adicionalmente, se busca implementar y estandarizar modelos de conducta en el interior de las entidades estatales respecto de los elementos y recursos utilizados en las oficinas, de tal forma que ello implique una contribución en términos de preservación ambiental. Esto se logra con la Guía de Buenas Prácticas Ambientales que deberá expedir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la posterior adopción y mejoramiento de la misma por parte de las entidades estatales, las cuales serán competentes para expedir sus propios Manuales Internos de Buenas Prácticas Ambientales en los que, además incorpora las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determinarán las prácticas que generen beneficios para el entorno, de conformidad con el funcionamiento y las necesidades particulares de cada entidad. Con el fin de obtener un mayor grado de compromiso de las entidades estatales con la adquisición de productos amigables con el medio ambiente, se les ordena elaborar un informe dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de cada vigencia fiscal, y remitirlo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad esta que como rectora de la política nacional relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales deberá recopilar los datos suministrados y publicar un gran informe final en el que se cuantifique la contribución medioambiental de las compras públicas verdes. Finalmente, se pretende contribuir con la reducción de los niveles de deforestación y con la mitigación de los efectos del cambio climático, estableciendo unas directrices especiales en relación con el uso correcto y la adquisición de papel y sus derivados por parte de las entidades estatales.