El proyecto busca establecer un régimen claro y uniforme de honorarios para conjueces, garantizando justicia, transparencia y seguridad jurídica, con el fin de dignificar su función, fortalecer la descongestión judicial, armonizar con estándares internacionales, cumplir el mandato legal vigente y asegurar independencia en sus decisiones, todo ello sin generar un impacto fiscal significativo.