El proyecto persigue tres decisiones. Primera, tipificar como delito autónomo la alteración fraudulenta del ordenamiento territorial, conocida como volteo de tierras, mediante la adición de los artículos 318A y 318B al Código Penal, en el capítulo que ya alberga la urbanización ilegal. Segunda, crear un registro nacional, público y gratuito de las modificaciones del uso del suelo, que hoy no existe y sin el cual ni los organismos de control ni la ciudadanía pueden seguir la traza de esas decisiones. Tercera, elevar a rango legal deberes de publicidad y motivación sobre las iniciativas de revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial. El proyecto no crea entidades, no redistribuye competencias entre la Nación y las entidades territoriales y no interfiere en la facultad de los concejos de reglamentar los usos del suelo. Interviene sobre tres cosas: lo que debe hacerse público, lo que debe quedar registrado y lo que debe ser castigado.